El Reporte de Sustentabilidad publicado por la distribuidora de gas natural señala que la compañía llegó a 60 mil Km de cañería, sumó 44.220 usuarios y distribuyó 10.700 millones de metros cúbicos de gas.
Mediante un documento denominado "Reporte de Sustentabilidad", Camuzzi dio a conocer los resultados económicos, sociales y ambientales de su gestión durante 2023, donde señala que amplió su infraestructura hasta llegar a 60.000 km lineales de cañería, que incorporó 44.200 usuarios en un año y que distribuyó más de 10.700 millones de metros cúbicos de gas natural. Los datos, según la compañía, fue elaborado bajo Estándares GRI de Global Reporting Initiative y verificado externamente.
El documento indica además que " la empresa reafirma su compromiso en seguir trabajando en el camino hacia un futuro más sostenible", y remarca que "continuará fortaleciendo su cadena de valor, implementando mejoras en sus sistemas de gestión, y acompañando a las más de 360 comunidades donde tiene presencia, promoviendo el uso seguro y responsable del gas, fomentando la educación, apoyando el desarrollo de jóvenes y emprendedores, y promoviendo la cultura local".
Sobre el informe presentado el presidente de Camuzzi Jaime Barba dijo que: “Comprendemos la sustentabilidad como un pilar fundamental de nuestra estrategia de negocio y un eje transversal que guía todas nuestras acciones. En línea con los principios del Pacto Global, nos mantenemos firmemente comprometidos en mejorar año a año nuestra gestión integral, con el desafío de brindar un servicio que cumpla con los más altos estándares de calidad, seguridad y respeto por el ambiente”.
Camuzzi destaca que el nuevo reporte incorporó una verificación externa, encargada a la empresa de auditoría Crowe, para ratificar y transparentar de una manera más idónea los esfuerzos de la organización en pos de una gestión sustentable.
Camuzzi operó sin cortes durante todo el año. Superó los 2.213.886 usuarios, lo que representa la incorporación de más de 44.200 usuarios respecto al año anterior. Se alcanzó una tasa de digitalización del 94%, lo que le permitió a la compañía generar importantes ahorros en materia de comunicación y gestión comercial de los usuarios, y una mayor cobrabilidad.
La empresa amplió su infraestructura, superando los 60.000 km lineales de cañería, lo que representa más de 16 veces la longitud del país. Distribuyó más de 10.700 millones de metros cúbicos de gas natural, lo que ratifica que, en volumen de gas entregado, es la distribuidora más grande del país. Conectó a la localidad de América al gas natural, liberando factibilidades en esa ciudad y otras 5 aledañas, tras una década de restricciones en el servicio. Además, se incorporó a la localidad de Batán, en la provincia de Buenos Aires. Logró el cumplimiento del 100% de los indicadores definidos por el ENARGAS.
En el plano del desempeño social: Por cuarto año consecutivo, certificó Great Place To Work y se posicionó dentro de las mejores empresas para trabajar. Se han alcanzado las 976 horas de capacitación, con una participación de 1.444 personas (más del 84% de la dotación). Se lanzó el portal de proveedores para facilitar la autogestión de los casi 2.400 proveedores activos, con compras y contrataciones en el orden de los $22.315.500.000 en el 2023.
La compañía potenció su Portal de matriculados, logrando que 67.000 proyectos de instalaciones internas puedan ser canalizados de manera digital, ahorrando tiempo y dinero. A través del programa educativo “A PRENDER EL GAS” (prevención de accidentes por monóxido), se capacitó a más de 8.000 niñas y niños. En 2023 se creó además una obra de teatro itinerante sobre la temática, para potenciar el mensaje preventivo. En alianza con distintas organizaciones, la empresa creó futuro a través de la formación de habilidades para el empleo de más de 170 emprendedores de Tierra del Fuego y Mar del Plata. Se desarrollaron espacios de visibilidad para que más de 600 artistas emergentes de distintas comunidades donde Camuzzi está presente puedan mostrar su talento, a través de ciclos vinculados con la música, el arte y la fotografía.
Cabe destacar que Camuzzi abastece a más de 2.213.000 de usuarios de siete provincias del país: Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
El jefe comunal exigió que la audiencia sea virtual para que los vecinos puedan participar de la misma.
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó una acción de amparo ante la Justicia Federal con el pedido de suspender la audiencia pública que el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) llevará adelante de manera virtual el próximo 8 de enero para definir aumentos en las tarifas.
El jefe comunal de Esteban Echeverría ya había hecho un reclamo el pasado 22 de diciembre donde señalaba que la modalidad virtual correspondió al régimen de emergencia sanitaria provocado por el COVID-19 y que, en la actualidad, “no se observa disposición alguna que habilite al ENARGAS a modificar la modalidad presencial”.
En ese marco, el intendente Gray solicitó que la audiencia se realice a través de una modalidad híbrida para que los vecinos que quieran participar puedan hacerlo sin necesidad de contar con las herramientas tecnológicas requeridas para el formato virtual.
También se señala que la convocatoria realizada por ENARGAS a través de la Resolución 704/2023 no incluyó la información necesaria para efectuar un análisis previo de los temas a tratar, lo que imposibilita el ejercicio pleno del derecho de participación y defensa de las/os usuarios y consumidores.
Desde el despacho de la diputada Antola sostienen que existe un “trato especial, diferencial, raro” del Ente Nacional Regulador del Gas respecto al cuadro tarifario de la subdistribuidora Redengas SA.
Marcela Antola, legisladora nacional de Juntos por el Cambio, presentó junto a otros nueve diputados de ese espacio un pedido de informes para conocer los motivos por los cuales el Ente Nacional Regulador del Gas equiparó el cuadro tarifario de la subdistribuidora Redengas SA al de la distribuidora Gas NEA SA.
“Queremos saber porqué Enargas otorgó este beneficio tarifario a la subdistribuidora Redengas”, expresó Antola.
“REDENGAS tiene el servicio concentrado solo en la ciudad de Paraná y está cobrando con los mismos cuadros tarifarios de la distribuidora Gas NEA SA., que tiene usuarios repartidos entre las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones”, concluyó la diputada.
El proyecto de resolución Nº2578/23 solicita también detalles sobre los motivos de la demora en la publicación de los cuadros tarifarios y el criterio que utiliza el Ente Nacional para establecer las tarifas.
En este sentido, sostuvo que “con mi equipo técnico indagamos en cada una de las Resoluciones del Ente Nacional y resulta llamativo este marcado trato diferencial que tiene para con Redengas evidenciado en la equiparación del cuadro tarifario”.
Al finalizar, remarcó que “Argentina presenta grandes complejidades en su política energética y este tipo de definiciones no hacen otra cosa que generar suspicacias”.
La diputada radical Jimena Latorre presentó un pedido de informes dirigido al organismo de control, de modo que se examinen "las eternas e infructuosas intervenciones de los entes reguladores".
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR) solicitó a la Auditoría General de la Nación (AGN) que controle la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial y legal de las intervenciones en el Ente Nacional Regulador de Energía Eléctrica (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).
Entre los fundamentos del pedido de informes se mencionan como "hechos relevantes" los numerosos cortes del suministro eléctrico que ha sufrido la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense (en áreas de concesión de EDESUR y EDENOR) en reiteradas oportunidades, particularmente durante los días del mes de enero, incluyendo un apagón masivo ocurrido el día 11 de enero de 2022. "Esto resulta alarmante: ha habido miles de ciudadanos afectados y privados de un servicio esencial como es la electricidad", apuntó la legisladora.
La mendocina enfatizó que “llama la atención la falta de información disponible para la ciudadanía en materia de las intervenciones dispuestas, situación que se profundiza ante la confusión que generan las nuevas prórrogas de dichas intervenciones, las cuales entendemos, distan de encontrarse lo suficientemente fundadas legalmente y con resultados positivos a la vista. Por el contrario, los hechos parecen hablar por sí solos y los apagones en la provincia de Buenos Aires y la CABA ponen de manifiesto la necesidad de contralor efectivo que requieren actualmente las empresas distribuidoras eléctricas y del cual no parece haber eco alguno por parte del ente regulador”.
“La intervención del ENRE y del ENARGAS se inicia a partir de una norma de emergencia pública legalmente cuestionable y sujeta a continuas prórrogas. Las intervenciones por Decreto N° 871/2021 se encuentran actualmente vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022, sin mediar autorización por ley de dicha excepción al plazo de intervención original y estando aún algunos de los directores elegidos por el proceso que marca la ley en un limbo jurídico, en el caso de ENARGAS, suspendidos sin goce de haberes. Esta situación es a todas luces completamente irregular”, sostuvo la radical.
En el pedido de informes se requiere, en particular, realizar auditorías financieras, de legalidad, de gestión, exámenes especiales de las jurisdicciones y de las entidades bajo el control de los entes reguladores, así como las evaluaciones de programas, proyectos y operaciones. También examinar y emitir dictámenes sobre la memoria y los estados contables financieros de los entes, indicando la evolución contable financiera en relación al estado anterior a la intervención, destacando en particular los costos de operaciones internas y externas (contrataciones por medio de universidades, profesionales independientes, y otros).
Por otra parte, se solicita verificar el nivel y evolución salarial y patrimonial de los funcionarios públicos de los entes (interventor y gerentes) y el cumplimiento de información sobre aquella a la Oficina Anticorrupción; verificar el funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de ambos organismos y establecer qué inconvenientes se subsanaron y cuáles persisten sobre la base de lo señalado en sus informes; establecer cuál es la situación legal de los directores con mandatos vigentes, suspendidos sin goce de haberes de sus funciones sin fundamento alguno; analizar la evolución y los perfiles y tareas desempeñadas de los empleados que componen la planta de personal permanente y temporaria de los entes en la actualidad, efectuando análisis comparativo con el estado de situación anterior al dictado de la intervención.
También se incluye auditar los procedimientos de multas remanentes de la revisión tarifaria integral (RTI) y su tratamiento en la Revisión Tarifaria Transitoria; establecer los fundamentos técnicos de los criterios de incrementos tarifarios realizados por las intervenciones de ambos organismos; brindar detalle de las auditorías e inspecciones realizadas desde el comienzo de las respectivas intervenciones y detallar y cuantificar los potenciales reclamos pecuniarios de las empresas concesionarias por la interrupción de la RTI y la puesta en marcha de la RTT.
El ENRE, organismo autárquico en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Desarrollo Productivo, fue creado con el objeto de regular y fiscalizar la prestación del servicio de distribución y transporte eléctrico, ambos elementos esenciales en la prestación de los servicios públicos. Tiene por función controlar que las empresas del sector eléctrico nacional cumplan con las obligaciones establecidas en el Marco Regulatorio (Ley N°24.065) y en los Contratos de Concesión, velando por el buen funcionamiento de las redes de distribución (circunscripta al Área Metropolitana de Buenos Aires) y el transporte eléctrico. "La acción del ENRE resulta fundamental para la prevención de apagones y problemas energéticos generados por las empresas prestadoras de servicio eléctrico, como actualmente ocurre en la Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano de la provincia de Buenos Aires", argumentó en los fundamentos Latorre.
Por su parte, el ENARGAS es un organismo autárquico creado mediante la Ley N°24.076 en el año 1992. Se encuentra en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación, y cumple con las funciones de regulación, control, fiscalización y resolución de controversias, que le son inherentes en relación con el servicio público de transporte y distribución de gas en la República Argentina.
El proyecto fue acompañado por sus pares Mario Negri, Juan Manuel López, Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Soledad Carrizo, Ximena García, Karina Banfi, Francisco Monti, Mario Barletta, Roberto Sánchez, Lidia Ascárate, Juan Martín, Roxana Reyes, Ricardo Buryaile, Gabriela Lena, Jorge Vara, Pedro Galimberti, Marcela Coli, Marcos Carasso y Gerardo Cipolini.
En una extensa serie de tuits, Federico Bernal le salió al cruce a cada argumento de los senadores de Juntos por el Cambio que hicieron uso de la palabra en el debate por la ampliación de la zona fría para tarifa subsidiada de gas. Al final, festejó.
Desde su cuenta de Twitter, el interventor del Enargas, Federico Bernal, le respondió a cada una de las críticas de los senadores opositores a la ley de Zona Fría que luego de 6 horas de debate se aprobó por 51 votos a favor y 12 en contra, y se convirtió en ley.
Antes del inicio del debate en el recinto de dicha norma, Bernal ya comenzó a tuitear y apuntó: “En Senado TV empiezan a ser entrevistados senadores y senadoras. Recién escuché a Humberto Schiavoni y dijo que Misiones se verá perjudicada y que no se benefician a usuarios garrafas. Creo que el senador no leyó el proyecto. Muy grave”.
Respuestas al jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naifenoff
“Naidenoff, Mire el mapita y la tablita. ¿Le explica al pueblo argentino como fue que con el incremento astronómico de tarifas y precio del gas durante su gobierno se verificó la PEOR expansión de la red domiciliaria de gas por redes DE LA HISTORIA? ¿Nos explica?”.
“Trabajemos para que Formosa tenga gas por redes. Ya va a llegar pronto porque reactivamos el GNEA que su gobierno paralizó. Explíquele eso a los formoseños y las formoseñas”.
“Naidenoff, vaya a la casa quinta de Las Leñas, que la Ley brinda la posibilidad de que renuncie voluntariamente al beneficio. Lo acompaño!”
“Naidenoff, la casa quinta de Las Leñas (q creo que no hay, pero bueno) y que según Ud tiene gas, ustedes también la subsidiaron. ¿Se acuerda de la Resolución 46? Por favor! Empobrecieron en energía a más de 3 millones de nuevos hogares, q este gobierno rescató en 2020”.
“Naidenoff, espero que algún día entienda el significado y concepto de servicio público. Violaron el fallo de la Corte de 2016. Violaron la Constitución Nacional. Violaron la Ley 24076... Empecemos por ahí...”
“Naidenoff, agradezco su preocupación en mi trabajo. Estoy y estamos trabajando en la segmentación con ANSES, SINTYS, AFIP, SE, MECON, RENAPER etc. como nunca se hizo. Como no hizo Cambiemos. ¿Qué segmentación hizo Macri digame por favor?”.
“Naidenoff miente con la ausencia de inversiones durante 2003 a 2015. Miente con la caída de la producción heredada. Miente con lo hecho por Macri con la tarifa social. Las inversiones en Vaca Muerta con su gobierno... Lea senador y deje de mentir”.
“Naidenoff, el discurso neoliberal energético x excelencia. Superavit y déficit. No existe el ser humano. Dice que costó muy caro la política energética 2003/15. El costo macrista fueron más de 12 millones de argentinos y argentinas empobrecidos energéticos”.
Durante el debate, Bernal también escribió: “Ya q preocupa tanto el "subsidio" a legisladores de la oposición INFORMO q el proyecto Ley Zona Fría prevé renuncia al beneficio. Propongo, por lo tanto, se pongan en campaña y militen el ajuste del supuesto subsidio. Mesas en las esquinas y a anotar piletas climatizadas”.
“¿Notaron algo? En los discursos de todxs lxs legisladores opositores, preocupados x los subsidios, el costo, la balanza comercial, las importaciones, brilla por su ausencia lo sucedido con el ser humano, usuario y usuaria del servicio público, durante 2016/19 ¿¿¿por qué???”, agregó.
“Porque violaron los derechos y las garantías constitucionales de esos usuarios y usuarias... LA SALUD ENERGÉTICA DE UNA NACION NO ES LA SALUD DE SU BALANZA COMERCIAL ENERGÉTICA NI LA CANTIDAD MUCHA O POCA DE SUBSIDIOS. LA SALUD ENERGÉTICA DE UNA NACION ES LA SALUD DE SU PUEBLO”, publicó.
El festejo
¡ES LEY! 3,1 millones de nuevos beneficiarios, 13 millones de compatriotas, 28% de la población. Los gastos de los hogares para este servicio público, residan donde residan, se equilibran. Argentina a la vanguardia mundial para países de nuestras mismas latitudes en gas por redes
¡ES LEY! Y no solo LEY, sino un paso estratégico para que incluso opositores pidan beneficios similares para zonas cálidas (servicio público de electricidad) y garrafas. ¡Excelente! Afianzamos a los servicios públicos energéticos como derecho social y garantía de derechos humanos
A Humberto Schiavoni
“Schiavoni, no hay impacto fiscal. No afecta inversiones porque Distribuidoras reciben el precio pleno. No afecta producción porque productoras reciben precio pleno. O sea, cualquier cosa”.
“El senador Schiavoni ignora que para el IRAM en las "zonas templadas" se incluyen regiones en las que se registran temperaturas bajo cero en los meses invernales. Tal es el caso de Olavarría en la provincia de Buenos Aires”.
“Schiavoni, la tarifa del servicio público no paga el precio del gas! No hay ningún subsidio cruzado. Señor Senador, cuando Cambiemos aumentó el recargo del 0,1% al 4,46% vigente entre 2017 y 2019... ¿Hubo subsidio cruzado?”, continuó.
“Schiavoni menciona la tarifa social eléctrica y se olvida que durante la gestión de Iguacel el gobierno nacional eliminó la partida presupuestaria destinada a los usuarios vulnerables”.
“Schiavoni basa sus críticas en el nefasto grupo de los ex secretarios de Energía (Montamat, Apud, Lapeña, etc.). Fueron ungidos por Aranguren como consejeros consultivos, responsables de la política energética de Macri. Por favor Senador”.
A Laura Rodríguez Machado
“Laura Machado, CELEBRE JUNTO AL PUEBLO DE CÓRDOBA LA AMPLIACION DE MAS Y MEJORES DERECHOS... 85% del total usuarios beneficiados, 55% de la población de la provincia! CELEBRE Senadora que habrá 2 millones de cordobeses y cordobesas más que felices!”.
“Senadora, esto pasó durante la gestión de su presidente con la tarifa social en SU PROVINCIA... De 130.244 beneficiarios en 2017 a 78.985 en 2019! Hermoso”.
“Laura Machado, la soberanía energética no es el aumento de la pobreza energética (4,3 millones de hogares en 2019), no es el aumento de las deudas en usuarios (3,3 millones endeudados en 2019), no es el aumento de cortes de servicio (205 mil en 2019)”.
“Laura Machado, soberanía energética es la ampliación de derechos y la mejora en la accesibilidad y asequibilidad en materia energética para aquellos y aquellas que lo necesitan, especialmente sus compratiotas ubicados en zonas frías”.
“Si la tarifa social era un buen instrumento, Laura Machado, ¿por qué su gobierno la destruyó x completo, eliminándola del presupuesto nacional en el caso de la electricidad y cortando beneficiarios y eliminando el monto de los beneficios en el caso del gas natural y de la garrafa?”.
“Laura Machado ahora se preocupa por las empresas y sus tarifas. Señora legisladora, ¿qué dijo usted cuando entre 2016 y 2019 su gobierno logró la mayor (Y UNICA) desconexión de usarios PyMEs de la historia?”.
En otra parte del debate, Bernal escribió: “Senadores/as de la oposición... ¿¿¿Se acuerdan de esto??? Aún le deben al pueblo argentino la explicación de cómo le mintieron y lo empobrecieron energéticamente como nunca en su historia. Un caso de brutal incremento tarifario único en la historia contemporanea de la humanidad”.
A Gladys González
“Senadora Gladys González se preocupa x la incidencia distributiva de subsidios cuando tratamos de ampliar derechos. Cuando su gobierno eliminó la tarifa social eléctrica, recortó 800 mil usuarios de la tarifa social de gas y +1 millón del Programa Hogar... ¿Dónde estaba usted?”.
A Julio Cobos
“Julio Cobos me bloqueó. El recargo se aumenta en 1pp y alcanza Senador, ya se lo expliqué y estoy a su disposición para hacerlo otra vez. Además nunca dije que hay un exceso de consumo en la Patagonia xq es más barato. Como sea, es muy bueno que acompañe el proyecto!!”.
“Julio Cobos, q me tiene bloqueado se preocupa por las inversiones en gas. ¿Qué pasó entre 2016 y 2019 con las inversiones hidrocarburíferas? Miré estos gráficos Senador. El famoso diluvio del presidente Mauricio Macri”.
A Víctor Zimmermann
“Zimmermann le recuerdo q las obras paralizadas con Macri están incluidas AHORA en el presupuesto nacional, como por ejemplo: el ramal a Parque Industrial de Fontana y ERP N 3 en Resistencia y Resistencia Norte! Esto, obviamente, en su provincia, incluyendo el GNEA!”.
“El recargo no es un impuesto, Senador Zimmermann. Por favor!!”.
A Pamela Verasay
“La senadora Pamela Verasay se olvida q Macri congeló su propia tarifa. Otra legisladora que se desvive x los subsidios. Subsidios q Macri no bajó entre 2017/19, mientras los precios del gas, las tarifas de los serv públicos y la inflación volaban x el aire. Nula memoria la Senadora”.
“El aumento del recargo de 1pp (Cambiemos lo aumentó 4 pp Senadora!) no afecta las inversiones de las licenciatarias. La Revisión Tarifaria Transitoria no tiene nada que ver con la ampliación de zona fría, Verasay”.
“Sobre inversiones... le pregunto a la Senadora: ¿¿¿Dónde fueron las inversiones con Macri y su incremento estratosférico de tarifas que la expansión del sistema de transporte de gas x redes fue el peor de la historia y el de distribución menor al de 2012/15????”, agregó.
A Lucila Crexell
“Senadora, le preocupa la transferencia de ingresos... Entre 2016 y 2019 la ciudadanía transfirió a las licenciatarias y productoras unos 15.000 millones de dólares. ¿Senadora algo para decir?”, cerró.
Diputados de la oposición lo cruzaron con diferentes acusaciones. El sustento económico, la elección de las zonas beneficias, el aumento del consumo de gas y la legitimidad de su cargo fueron los ejes de Juntos por el Cambio. El intervento de Enargas recogió el guante y fustigó: "Macri aumentó la tarifa de gas a niveles increíbles. Haganse cargo". Este miércoles se realizará la reunión plenaria para emitir dictamen de mayoría. Ramón lo defendió y también recibió las críticas de JxC.
A minutos de iniciar la reunión informativa por videoconferencia del plenario de comisiones Energía y de Presupuesto y Hacienda con la presencia del titular del Enargas, Federico Bernal, llegó la primera crítica por parte de la oposición que no esperó el informe técnico ni la visión de los especialistas sobre cuestiones tarifarias ni cuestiones climáticas y asestó el primer golpe.
El diputado chubutense Gustavo Menna (JxC) señaló que la ley que permitía que se intervenga el Enargas "está vencida" y por eso "el puesto de Bernal es ilegítimo e ilegal", lo que no cayó bien al interventor ni al oficialismo y el clima ya se puso tenso.
Luego del informe del interventor del organismo, fue el turno de las consultas y allí otra vez Juntos por el Cambio volvió a la carga.
En esa tónica, la diputada mendocina Jimena Latorre manifestó: "El proyecto de zonas frías es discrecional y no se funda en criterios técnicos y objetivos" porque "hay regiones que por sus condiciones geográficas, térmicas y productivas ameritan una tarifa diferencial, teniendo en cuenta a su vez la capacidad de pago de los usuarios, pero este proyecto no respeta ninguno de esos criterios y dejan abierta la puerta para discrecionales nuevas incorporaciones, con un solo criterio: el interés electoral del Frente de Todos”.
“Los afectados seremos todos los Argentinos que lo pagaremos con mayor inflación, la industria y la producción, que es la que genera y sostiene con muchísimo esfuerzo las fuentes de trabajo y lo que es más grave, los que no son usuarios de gas natural, la enormísima cantidad de argentinos que aún están excluidos de la red y con sus garrafas subsidiarán a quienes ya tienen subsidios”, agregó.
En el mismo sentido, el legislador radical Fabio Quetglas afirmó: "¿Han calculado cuanto será el delta de aumento del consumo a partir del subsidio? Eso determinará una aumento de las importaciones de gas a un precio que la Argentina no determina", advirtió.
En tanto, Menna insistió sobre el sustento del proyecto a través del Fondo Fiduciario: "Un incremento del 400% en la cantidad de usuarios aumentando de un modo tan exiguo el cargo no cierra por ningún lado".
"¿No hay alguna cuestión prevista para controlar los aumentos de consumo? Muchas veces a las tarifas subsidiadas se les pone un límite sobre una base de consumo medio razonable", propinó el diputado Facundo Suárez Lastra.
Ante las críticas, el interventor Bernal hizo una defensa del proyecto desde el punto de vista político y fustigó a la oposición por la política tarifaria implementada en el gobierno de Mauricio Macri, quien fue "protagonista de los tarifazos de gas y luz, empobreció a los argentinos energéticamente y en 2019 cuando dejó el gobierno, 3 de cada 10 argentinos no podía pagar el servicio, lo tenía cortado y estaba endeudado".
"El criterio fundamental de esta ley es llevar el beneficio a aquellas regiones del país que necesitan un respaldo, ya que viven en zonas donde durante el año tienen una mayor necesidad usar el servicio público de gas por redes", destacó Bernal, quien disparó: "Estamos ampliando un derecho como es el servicio de gas para los que más necesitan y viven en zonas de bajas temperaturas, pero desde Juntos por el Cambio no lo van a entender porque Macri aumentó el gas a niveles increíbles y no dijeron nada. Háganse cargo", espetó.
Durante una de sus alocuciones, se pudo escuchar "y este que vino a hacer acá con ese discurso militante" deslizó uno de los diputados opositores que participaba de la videoconferencia que tuvo como centro a Bernal, que respondió las preguntas con una crítica constante a Juntos por el Cambio por el periodo anterior mientras se podía observar detrás de él un cuadro de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en su oficina.
En uno de los momentos calientes, el diputado mendocino José Luis Ramón salió al cruce de la oposición y acusó a los diputados de "ser lobbistas, defensores de las grandes empresas y siempre que se presenta un proyecto de ley que beneficia directamente a la parte del pueblo que menos tiene, siempre, tienen un problema o una objeción y lo hacen para que nadie cambie y en defensa de las grandes empresas".
Esto generó el repudio de varios diputados radicales y fue el propio Menna que le planteó a Ramón que "el verdadero defensor de las empresas energéticas era el Gobierno que através de Enargas le perdonaba deudas a las empresas y le saca la obligación de invertir en diferentes obras".
Con el clima en su punto máximo, el diputado tucumano Cano señaló que "no pueden venir al Congreso a plantear que la historia comienza a partir de hoy y no hacerse cargo de lo que ocurrió entre el 2010 y 2015 en la matriz energética. Dejaron al país en 2015 con gran déficit fiscal en la balanza comercial energética", apuntó.
Sin dudarlo, Bernal volvió a insistir en las críticas a Juntos por el Cambio por las políticas tarifarias y remató: "En el balance no puede haber solo números sino que primero tiene que estar el ser humano y nosotros ponemos por delante el bienestar de la gente y la que necesite calefaccionarse, lo pueda hacer".
Al finalizar, el intervento de Enargas prefirió no hacer un cierre y el presidente de la Comisión de Energía, Omar Félix, convocó para este miércoles a una reunión presencial para la firma del dictamen, que apriori, tendrá un debate intenso.
En un pedido de informes dirigido al jefe de Gabinete, diputados de Juntos por el Cambio encabezados por Gustavo Menna pusieron en duda la legalidad de la decisión.
Diputados de Juntos por el Cambio encabezados por Gustavo Menna presentaron un pedido de informes al Jefe de Gabinete Santiago Cafiero para que explique por qué el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) exceptuó a las distribuidoras de realizar inversiones. Opinaron que “el abandono de los planes de inversión compromete el presente y, sobre todo, el futuro” del país.
“Enargas acordó con las 9 empresas concesionarias del servicio de distribución un aumento tarifario del 6% en el gas residencial, pero además exceptuó a las firmas de su obligación contractual de realizar planes de inversión”, explicó el diputado nacional Gustavo Menna, al fundamentar el pedido de explicaciones al Jefe de Gabinete sobre tal decisión.
Los legisladores solicitaron que Cafiero explique si existe un dictamen legal que avale eximir a las concesionarias de su obligación de cumplir con los planes de inversiones comprometidos contractualmente. Además pidieron un informe técnico que garantice que la suspensión de los planes de inversiones no impactará en la regularidad, continuidad y calidad del servicio que debe garantizarse a los usuarios y las razones por las cuales la autoridad de aplicación dispuso dispensar a las concesionarias de su obligación de llevar adelante los planes de inversión.
“Los planes de inversión resultan esenciales para sostener la regularidad, continuidad y calidad del servicio, como así también para responder a los requerimientos de expansión en todas aquellas ciudades que van ampliando su planta urbana”, consideraron los diputados de la oposición.
Los legisladores recordaron además que “nuestro país vivió entre 2003 y 2015 una etapa de desinversión aguda en esta materia, que provocó el resentimiento del servicio y privar a amplios sectores de la población el acceso al gas de red. El abandono de los planes de inversión compromete el presente y, sobre todo, el futuro, y atenta contra el derecho de miles de usuarios actuales o potenciales”.
“Por otra parte, los planes de inversión están comprometidos en el marco de una concesión regida por pautas de derecho público y están contemplados en la tarifa que paga el usuario. Con dicha tarifa no solo se remunera la provisión de gas sino también las inversiones para sostener e incluso expandir el servicio”, ampliaron.
El pedido de informes lleva también la firma de los diputados Jimena Latorre, Omar Demarchi, Roxana Reyes, Facundo Suárez Lastra, Héctor Stefani, Jorge Rizzotti y Francisco Sánchez.
A través de un pedido de informes, los diputados Jimena Latorre y Alfredo Cornejo advierten que el Poder Ejecutivo aprovechó un DNU para incorporar delegaciones de facultades no incluidas en la ley original, evadiendo así el correspondiente tratamiento legislativo,
Los diputados nacionales Jimena Latorre y Alfredo Cornejo, presentaron un pedido de informe por el cual instan al Poder Ejecutivo Nacional a responder en forma precisa y detallada sobre la situación actual de los Entes Reguladores intervenidos ENRE y ENARGAS, las revisiones tarifarias y las renegociaciones de contratos a las que los facultó la Ley 27.541, los congelamientos tarifarios y en particular sobre el procedimiento de aprobación de la venta del paquete accionario mayoritario de Edenor. El pedido cuenta con el amplio apoyo de diputados de Juntos por el Cambio.
El DNU 1020/2020 dispuso el inicio de una renegociación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural que estén bajo jurisdicción federal. El plazo de la renegociación dispuesta no podrá exceder los dos años desde la fecha de entrada en vigencia de la medida, hasta entonces quedan suspendidos los acuerdos correspondientes a las respectivas revisiones tarifarias integrales con los alcances que en cada caso determinen los entes reguladores, atento existir razones de interés público.
“El Poder Ejecutivo aprovechó esta norma limitada y de excepción para incorporar delegaciones de facultades no incluidas en la ley original, evadiendo así el correspondiente tratamiento legislativo” sostuvo la diputada Latorre y agregó: “El marco regulatorio eléctrico permite la realización de Revisiones Tarifarias extraordinarias, la intervención y el apartamiento de la normativa vigente no tuvo ni tiene fundamento alguno más que acrecentar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para inmiscuirse en los Entes de control que deben ser técnicos y autárquicos, no políticos y funcionales. Pero lo que es peor, ni aún así han cumplido con la manda que la Ley 17.541 les impuso.”
El proceso de renegociación de las RTIs cuyo inicio declara el DNU 1020/20 significa reabrir la renegociación de las licencias y concesiones iniciada en 2001 desconociendo los acuerdos alcanzados inicialmente, suspendiéndolos hasta que sean reemplazados por otros. Esta situación abre contingencias legales tanto en estrados nacionales como internacionales para el Estado Nacional de monto incierto y de afectación cierta al patrimonio público.
Para los diputados, con estas medidas el Poder Ejecutivo Nacional apela a una tríada que ya mostró su fracaso: congelamientos tarifarios que se suceden; intervención administrativa sine die de entes reguladores; y demoras injustificadas en la celebración de los acuerdos de renegociación y luego de su implementación.
“Es preocupante y amerita nuestro pedido de informe, que ante este escenario de incertidumbre y descalabro institucional se pretenda aprobar la cesión del paquete accionario mayoritario de la concesionaria EDENOR, una de las dos distribuidoras de servicio eléctrico de competencia federal, de cuya prestación dependen millones usuarios en la CABA y Gran Buenos Aires”, afirmó Alfredo Cornejo.
Para los diputados, tanto el Ente de Control como el Poder Ejecutivo Nacional deberán explicar cuál es la propuesta de los pretendidos cesionarios, dar las instancias de participación ciudadana a los usuarios para que conozcan los antecedentes de quienes estarán a cargo de un servicio público esencial. Señala el pedido de informe que “no es claro para ningún ciudadano usuario de servicios públicos y tampoco para éste cuerpo legislativo con facultades de control, cuál es el interés de un grupo empresario que en un contexto de congelamiento tarifario y renegociación de contratos de concesión, pretende justamente controlar una empresa como Edenor, fuertemente endeudada y según esos mismos empresarios deficitaria. En otras palabras, quién invertiría a ciegas sin saber cuál será la tarifa de los próximos años y particularmente cuál será la rentabilidad que reconocerán esos nuevos contratos que el Poder Ejecutivo autoriza renegociar”.
Entre otros temas le plantearon a Federico Bernal el establecimiento de una tarifa diferenciada para la provincia de Mendoza.
El titular del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), Federico Bernal, mantuvo este martes una reunión con varios diputados nacionales, entre los que se encontraban José Luis Ramón y Marisa Uceda representando a la provincia de Mendoza, como primer paso para acordar la tarifa diferenciada de gas para esa provincia.
Durante el encuentro se planteó que el ente estaría dispuesto a presentar y acompañar la inclusión de Mendoza en lo que se conoce como “tarifa patagónica” y que, para ello, el Fondo Fiduciario que sostiene las tarifas diferenciadas, debería aportar 2.400 millones de pesos por año aproximadamente.
El diputado Ramón, destacó la importancia de que se pueda efectivizar la tarifa diferenciada, ya que hace varios años que el proyecto está cajoneado en la Cámara de Diputados de la Nación, y sostuvo que se debe volver a pensar a los servicios públicos como un derecho humano y no como un bien de mercado.
Bernal por su parte, propuso que los diputados presentes lograran consensuar un nuevo proyecto que incluya a todos los municipios y/o provincias representadas que requieren ser incorporadas a la tarifa diferenciada, teniendo en cuenta las diferencias de ingresos de los habitantes de cada lugar para lograr mayor equidad.
En ese mismo sentido, Ramón sostuvo que Mendoza requiere en su totalidad de la tarifa diferenciada, y que es necesario pensar no sólo en los sectores vulnerables sino también, “en los nuevos vulnerables, trabajadores precarizados o monotributistas que hoy necesitan también de esta tarifa”.
Participaron también de la reunión virtual, las diputadas Liliana Schwindt, vice presidenta de la Comisión de Usuarios y Consumidores de la Cámara baja, María Jimena López y el diputado Walberto Allende, quienes incluirán en la tarifa diferenciada a algunos municipios de Buenos Aires y del sur de San Juan.