El Poder Ejecutivo Nacional extendió hasta diciembre de 2027 la emergencia del sector energético y redefinió el esquema de importación de GNL: el Estado dejará de comprar directamente y convocará a un operador privado para abastecer los próximos dos inviernos, mientras continúan demoradas las obras clave de transporte desde Vaca Muerta.
El Gobierno nacional oficializó la prórroga de la emergencia del Sector Energético Nacional hasta el 31 de diciembre de 2027, centrada en los segmentos de transporte y distribución de gas natural. La decisión, publicada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 49/2026, apunta a garantizar el abastecimiento durante los próximos dos inviernos, en un contexto donde la infraestructura disponible sigue siendo insuficiente para trasladar el gas producido en Vaca Muerta hacia los principales centros de consumo del país.
El texto, firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, reconoce que las obras de ampliación de los gasoductos troncales “recién entrarían en operación en el período invernal del año 2027”. Esa demora obliga a la Argentina a mantener su dependencia del Gas Natural Licuado (GNL) importado para cubrir los picos de demanda residencial y sostener la generación eléctrica durante los meses más fríos.
En paralelo, el decreto introduce un cambio de fondo en la operatoria del comercio exterior de gas: el Estado busca retirarse del rol de importador directo -hoy ejercido por la estatal ENARSA- y transferir esa función al sector privado. Para eso, instruyó a la Secretaría de Energía a lanzar un concurso competitivo destinado a seleccionar a un comercializador que asuma la importación y el proceso de regasificación utilizando la terminal de Escobar, actualmente la única en funcionamiento.
El Ejecutivo argumentó que la intervención estatal en años anteriores “ha sido incapaz de dar una solución eficiente y ha implicado erogaciones de mucha envergadura”, por lo que la apertura al sector privado se presenta como una vía para reducir costos y mejorar la previsibilidad del sistema.
Sin embargo, el propio Gobierno reconoce que la existencia de una única terminal de ingreso configura un “monopolio natural”. Para evitar abusos de posición dominante, el DNU establece un “precio máximo” para la venta del gas importado durante los inviernos de 2026 y 2027, calculado en función de un marcador internacional más los costos logísticos asociados.
En los considerandos, el Poder Ejecutivo detalla la fragilidad estructural del sistema gasífero. Advierte sobre el persistente cuello de botella que impide transportar mayores volúmenes de gas desde la Cuenca Neuquina hacia Buenos Aires y el Litoral; y subraya que, sin el aporte de barcos metaneros, “la demanda necesaria para abastecer a los usuarios residenciales y garantizar el funcionamiento de las centrales térmicas quedaría insatisfecha en los días más fríos”.
Como mecanismo de contingencia, el DNU prevé un “plan B”: si la licitación para designar a un operador privado fracasa, ENARSA retomará de manera inmediata la responsabilidad de importar GNL para asegurar el suministro invernal.
El Gobierno aprobó los pliegos técnicos y precalificó a las empresas que competirán por el control de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Mañana se abrirán las ofertas económicas en la plataforma CONTRAT.AR.
El Gobierno nacional dio un paso decisivo en el proceso de privatización de cuatro complejos hidroeléctricos estratégicos. A través de la Resolución 1910/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial, se aprobaron los pliegos técnicos del Concurso Público Nacional y se precalificó a las empresas que cumplieron con los requisitos exigidos.
La medida habilita a los oferentes a participar en la segunda etapa del proceso: la apertura de las ofertas económicas, prevista para mañana a las 10, mediante la plataforma del Sistema CONTRAT.AR.
En paralelo, la autoridad económica desestimó la propuesta presentada por Ips Renewal S.A. para todos los renglones del concurso, siguiendo la recomendación de la comisión evaluadora ad hoc.
Las sociedades en venta son Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A., Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A. El paquete accionario incluye el 51% de acciones Clase “A”, el 47% de Clase “B” y el 2% de Clase “C”, conforme a lo establecido en las leyes 27.742 y 23.696, que declararon sujetas a privatización a empresas como ENARSA y Nucleoeléctrica Argentina.
Entre las firmas precalificadas figuran Edison Inversiones, Hidroeléctrica Futaleufú (con asociados como Genneia y Aluar), BML y Orazul Energy, Central Costanera, Central Puerto, Pampa Energía, ENEL Argentina y AES Argentina Generación, entre otras, según el complejo por el que compiten.
La empresa de gas fue la única oferente en la licitación nacional e internacional convocada por Enarsa para ejecutar y financiar la ampliación del Tramo I del gasoducto. El proyecto aumentará la capacidad de transporte desde la Cuenca Neuquina.
Con una inversión estimada en 500 millones de dólares, Transportadora de Gas del Sur (TGS) fue la única empresa que presentó una oferta en la licitación pública nacional e internacional para la ejecución y financiamiento de la ampliación del Tramo I del Gasoducto Perito Moreno (GPM), anteriormente denominado Gasoducto Néstor Kirchner. El proceso fue llevado adelante por la empresa estatal Energía Argentina S.A. (Enarsa).
La presentación se dividió en dos partes: una técnica, que contempla la ejecución de las obras y la operación y mantenimiento del sistema; y otra económica, respaldada por una garantía de mantenimiento de 5 millones de dólares.
Se trata del primer llamado a licitación para una obra de iniciativa privada dentro del sistema nacional de transporte de gas natural. El proyecto fue declarado de interés público por el Gobierno Nacional en diciembre de 2024, mediante el Decreto 1060/2024, con el objetivo de ampliar la capacidad de transporte desde la Cuenca Neuquina.
Bajo el nombre “Incremento de la Capacidad de Transporte de Gas Natural en la Ruta Tratayén - Litoral Argentino”, la obra será la primera de este tipo durante la gestión del presidente Javier Milei. El gasoducto, originalmente construido durante el gobierno de Alberto Fernández con fondos provenientes del impuesto a las grandes fortunas, será ampliado entre Tratayén (Neuquén) y Salliqueló (Buenos Aires), incluyendo trabajos en cuatro plantas compresoras.
Una vez finalizada, la obra permitirá sumar 14 millones de metros cúbicos diarios a los 26 millones actuales, alcanzando una capacidad total de 35 millones de metros cúbicos por día.
Según el decreto oficial, el proyecto permitirá sustituir importaciones de gas natural licuado y combustibles líquidos durante los 100 días de mayor demanda invernal, generando un ahorro fiscal estimado en 500 millones de dólares anuales y un impacto positivo en la balanza comercial superior a los 700 millones de dólares.
La iniciativa se estructura en dos componentes: por un lado, el tramo Tratayén–Salliqueló, bajo el Régimen de Iniciativa Privada y la Ley de Hidrocarburos; y por otro, un conjunto de obras dentro del sistema regulado de TGS, que la empresa ejecutará bajo los términos de su licencia.
“El proyecto está basado en el máximo aprovechamiento de la infraestructura existente, con alta eficiencia en términos de inversión por metro cúbico transportado, lo que se traduce en menores costos para el usuario final y plazos constructivos más cortos”, destacaron desde TGS.
A partir de una denuncia de un economista, el diputado de JxC afirmó que “cuando los recursos son escasos debemos auditar los gastos más onerosos del Estado”.
El diputado nacional Martín Tetaz (Evolución Radical – CABA) presentó un proyecto de resolución para citar a Agustín Gerez, presidente del directorio de la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa), para solicitar cual fue el último cierre de balance y los flujos y fondos de Estado de los últimos ocho años, y que sean presentados en las comisiones de la Cámara baja.
En el proyecto, también se pide convocar a Gastón Leydet, subgerente general de Enarsa, y a Flavia Royón, secretaria de Energía de la Nación. Esto nace a partir de la denuncia del economista Nicolás Gadano respecto a la falta de publicación de los balances y estados financieros de la empresa.
“Gran parte del déficit fiscal en el Presupuesto de la Administración Nacional se explica por los giros que se hacen a EnArSA. Frente a esta situación es imperioso garantizar la transparencia de sus estados financieros, balances, flujos de Caja y Estado de Resultados, entre otros. Nada de lo mencionado aparece en la página web oficial tal como dispone la Ley de Acceso a la Información Pública”, expresó el diputado.
Además, presentó un pedido de Acceso a la Información Pública ante la agencia que regula dicha ley para sumar una herramienta más en el intento de garantizar la transparencia de la empresa pública.
E tal sentido, manifestó que “en épocas donde los recursos son escasos como oposición tenemos la responsabilidad de auditar los gastos más onerosos del Estado”.
PR-ENARSAEl proyecto de resolución contó con la firma de los diputados nacionales: Florencia Klipauka, Jimena Latorre, Dolores Martínez, Pablo Torello, Dina Rezinovsky, Paula Oliveto, Héctor Stefani, Marcela Antola, Paula Omodeo, Jorge Vara, Camila Crescimbeni, José Luis Espert, Gerardo Cipolini, Lidia Ascarte, Alberto Asseff, Germana Figueroa Casas, Gabriela Lena, Carlos Zapata y Lisandro Nieri.
La empresa de Integración Energética Argentina recuperaría su nombre original, como así también su rol energético, en caso de prosperar un proyecto del senador que comenzó a ser analizado en comisión.
La Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado, que preside el sanjuanino José Rubén Uñac (Frente Nacional y Popular) se reunió este jueves en el Salón Arturo Illia para tratar un proyecto de ley, uno de comunicación y cinco de declaración.
En primer lugar se trató el proyecto de ley del senador neuquino Oscar Parrilli (Unidad Ciudadana) y otros, sobre la modificación de la denominación y del objeto social de Integración Energética Argentina SA.
El senador Parrilli explicó que "este proyecto ratifica que la denominación del nombre es Enarsa, algo ya resuelto en asamblea de autoridades pero que quede con fuerza de ley. En segundo lugar lo que planteo es la intangibilidad de los bienes de Enarsa. También que pueda ser una empresa que se dedique a la producción, exploración y explotación de litio".
“No pretendo que se firme hoy dictamen pero sí que se inicie el debate para tener antes de fin de año a esta empresa que se dedique a estas cosas tan importante", expresó el senador neuquino.
El catamarqueño Flavio Fama (UCR) sostuvo que "el proyecto va a cuestiones sustanciosas y de fondo, se propone crear una súper empresa de energía nacional. Me preocupa si se ha consultado esto a los gobernadores, porque los recursos van a salir de las provincias".
A su vez, la senadora por Neuquén Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) manifestó que "la planificación estratégica de la política energética a nivel nacional requiere de una coordinación y no de proyectos aislados".
En tanto, la senadora Gladys González (Frente Pro) propuso que venga el secretario de Energía concurra a la comisión “para ver si cree que este proyecto va a generar la certidumbre que necesitamos para que haya una política energética que garantice soberanía energética, accesibilidad y el plan de transición energética".
A su turno, la neuquina Silvia Sapag (FdT) se manifestó de acuerdo con el proyecto, "porque es importante tener una empresa estatal que atienda todas las situaciones energéticas del país, en especial las energías producidas a través de nuevas tecnologías".
Luego se trató el proyecto de comunicación de la senadora por Santa Cruz Ana María Ianni (Unidad Ciudadana), que solicita avanzar con las obras de la infraestructura del gasoducto de la zona norte de la provincia de Santa Cruz.
Por último, se pusieron a consideración tres proyectos de declaración de la senadora Ianni: el que expresa beneplácito por la conmemoración del 76º aniversario del "Día nacional del gas", el pasado 5 de marzo; el que expresa beneplácito por el 100º aniversario de la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), el 3 de junio de 2022 y el que adhiere a la conmemoración del "Día de la Minería", a celebrarse el 7 de mayo de 2022.
El proyecto de declaración de la senadora por Jujuy Silvia Giacoppo (UCR) declara de interés el proyecto "Eficiencia energética en viviendas sociales de la provincia de Jujuy", que obtuviera el primer puesto en los "Premios Latinoamérica Verde" y el del senador por Chubut Carlos Alberto Linares (Unidad Ciudadana) que declara de interés el primer "Foro de Energía de Futuro" que se llevará a cabo en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, en el mes de junio del 2022.