El diputado nacional y presidente del bloque de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por evadir las interpelaciones para las que lo convocó el Congreso de la Nación y sostuvo que “tiene un problema psicológico” porque “desprecia” el Parlamento.

En una entrevista por El Destape 1070, el diputado nacional cuestionó los faltazos del ministro de Economía ante las citaciones del Congreso para que dé explicaciones sobre distintas decisiones económicas del Gobierno: "Caputo desprecia al Congreso", y agregó: "Luis Caputo tiene un problema psicológico con el Congreso, debería tratarlo con el psicoanalista. un ministro de Economía mínimamente debería presentarse para explicar el Presupuesto. Hay una visión de clase creen que hay gente ignorante".

A principios de octubre, la cámara baja del Congreso resolvió citar a Caputo para que responda preguntas frente a los parlamentarios. La oposición consideró que era necesaria una explicación oficial sobre los acuerdos que el Gobierno firmó con Estados Unidos, después de que el secretario del Tesoro de ese país, Scott Bessent, anunciara un swap por 20 mil millones de dólares. Sin embargo, no asistió.

Por otra parte, fue consultado por el plan del oficialismo de una reforma laboral y anticipó: "Ampliar la jornada laboral no va a pasar”, y argumentó que la reforma laboral "no es la solución mágica para un contexto recesivo”.

Pichetto remarcó que “todos los problemas de gobiernos no peronistas comenzaron con la reforma laboral”. Además, cuestionó los proyectos de reforma laboral que presentó el oficialismo en la Cámara de Diputados, como el que firmó la legisladora santafesina Romina Diez: "El proyecto de reforma laboral que presentó la diputada Diez es aberrante”.

“Es un tema que hay que abordar con seriedad y esperar a ver qué presenta el gobierno porque aún no hay ninguna letra escrita, lo mismo en la reforma impositiva donde la idea es reducir impuestos”, sentenció.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño del bloque Encuentro Federal presentó un proyecto de ley que propone la creación de una comisión bicameral que elabore en el plazo de 180 días los principales lineamientos de una reforma laboral, previsional, fiscal, y, además, una modifiación a la Ley de Coparticipación Federal.

“La Comisión tendrá por finalidad redactar los anteproyectos de Ley y elevarlos a consideración del Congreso junto con sus respectivos dictámenes”, quien además se refirió a los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo: “Justo hoy vuelve a estar en agenda el tema, a partir de las declaraciones del ministro, por lo que tal vez sea de su interés”.

La propuesta del cordobés menciona a una comisión bicameral integrada por 32 legisladores (16 de cada cámara) que serán designados por los titulares de cada cuerpo, pero respetando la proporcionalidad de las bancadas y un criterio de representación federal. La misma tendrá un presidente, dos vicepresidentes y un secretario.

El plazo será de 180 días (seis meses) para elevar sus dictámenes, pudiendo ser prorrogado por única vez por otros 90 días, mediante resolución conjunta de los presidentes de ambas Cámaras. Una vez que el tratamiento de las reformas esté listo, la bicameral será disuelta.

“La Argentina enfrenta una triple crisis estructural: un sistema laboral que no logra generar empleo formal en el sector privado; un régimen previsional crecientemente deficitario e inequitativo; y una estructura tributaria compleja, ineficiente y regresiva, que desalienta la inversión y fragmenta la competitividad regional”, explicó Agost Carreño.

Luego, agregó esto se suma a “la necesidad impostergable de una nueva Ley de Coparticipación Federal, pendiente desde la reforma constitucional de 1994, que garantice una distribución más justa y transparente de los recursos entre la Nación y las provincias”. “La magnitud y transversalidad de estas reformas exige un espacio institucional de diálogo parlamentario federal, donde diputados y senadores puedan trabajar en conjunto, con el aporte de especialistas, universidades, organizaciones sindicales, empresariales y de la sociedad civil”, concluyó.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño presentó proyecto de ley que propone incorporar un nuevo párrafo al artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. El objetivo trata de garantizar que los trabajadores con más de un año de antigüedad en empresas que superen los cien empleados puedan percibir su salario durante un período mínimo de seis meses en casos de enfermedad o accidente inculpable.

Actualmente, la ley contempla plazos de tres a seis meses según la antigüedad y las cargas de familia del trabajador. Sin embargo, el proyecto advierte que muchas enfermedades graves requieren tratamientos prolongados que exceden esos tiempos. “Una cirugía traumatológica o un tratamiento oncológico difícilmente demanden menos de seis meses de recuperación”, refirió el legislador cordobés.

El cordobés Agost Carreño propuso una iniciativa de modificación a la Ley de Contrato de Trabajo.

La propuesta excluye a las pequeñas y medianas empresas porque consideró que “una licencia extendida podría afectar su funcionamiento”. Así las cosas, el diputado que integra el bloque Encuentro Federal explicó en los fundamentos que “la medida está pensada para empleadores con más de 100 trabajadores, que cuentan con estructura y recursos para afrontar estas contingencias sin comprometer su operatividad”.

El legislador también fundamentó la iniciativa en la jurisprudencia de la Corte Suprema, que avala distinciones razonables en la legislación laboral. “El principio de igualdad no impide establecer diferencias cuando se basan en criterios objetivos y persiguen fines legítimos”, amplió.

El diputado cordobés Carlos Gutiérrez un proyecto de ley para definir la obligatoriedad de los bancos nacionales y privados respecto a la recepción de billetes deteriorados en tanto sean de curso legal en su país de origen. Según los fundamentos se trata de “garantizar a los usuarios del sistema financiero argentino el pleno ejercicio de su derecho es a realizar depósitos en moneda extranjera”.

En los fundamentos, mencionaron que la iniciativa propone la normalidad de utilizar efectivo en dólares con “manchas, inscripciones, roturas parciales, ‘cara chica’ o pertenecientes a series discontinuas siempre que no hayan sido oficialmente retirados de circulación por la Reserva Federal de los Estados Unidos”.

El texto fue acompañado por Alejandra Torres y Oscar Agost Carreño que junto a Gutiérrez integran el bloque de Encuentro Federal.

En tercera instancia, establecen sanciones para los bancos que incumplan con la medida a instancias de lo establecido por la Ley de Entidades Financieras (21.526), puesto que se califican a esas prácticas como de “selectividad financiera”, provocando una “discriminación indirecta por razones socioeconómicas, vulnerando principios de equidad y acceso igualitario al sistema financiero”.

En otro punto, definieron que las entidades financieras están obligadas a difundir de manera clara y visible estos derechos en sus sucursales y plataformas digitales, para evitar abusos por desinformación o asimetría de poder.

Finalmente, señalaron que los más usuarios más afectados “son ahorristas minoristas, trabajadores informales, jubilados y personas no bancarizadas, quienes muchas veces reciben billetes en dichas condiciones como parte de sus ingresos o ahorros”.

Tras el escándalo que se desató en la sesión del pasado miércoles en la Cámara de Diputados, el jefe del bloque de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, hizo un llamado a la reflexión y criticó los niveles de violencia en el Congreso: “La visión de categorizar al otro como enemigo, es muy malo para la política”.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Pichetto se mostró crítico sobre los niveles de enfrentamiento y señaló que “esa visión de casi categoría de enemigo es muy malo para la política”, reclamando reflexionar sobre el rol del debate parlamentario: “A veces nos quejamos del Presidente que agravia, que insulta. Y después, bueno, me parece que lo que pasó el miércoles no fue bueno”.

Además, abordó el debate legislativo por el aumento a los jubilados, al considerar que “ha habido una realidad social en ese sector muy dura, que ha sido quizás el que más ha sufrido el ajuste que llevó adelante el Gobierno”. De esta manera, propuso avanzar en “un aumento prudente, razonable” y señaló que el Congreso debe “abordar el volumen del aumento y el costo fiscal, que no es realmente significativo”.

El diputado también mencionó la falta de respuestas del Gobierno “en el tema de las universidades y el Hospital Garrahan”, reclamando políticas “más inteligentes” para evitar el aumento de la conflictividad social. “La consigna y la bandera del Gobierno no pueden ser únicamente el ajuste fiscal o el estilo de confrontación permanente”, advirtió.

Respecto a la política previsional, el diputado de EF fue contundente al rechazar la moratoria jubilatoria: “Yo creo que el sistema previsional está liquidado en la Argentina. Persistir en la moratoria de manera demagógica termina lesionando después en el haber previsional a los que trabajaron y aportaron toda la vida”. No obstante, reiteró su apoyo a un aumento y bono a los jubilados: “Lo hago pensando fundamentalmente en los futuros jubilados también”.

Al referirse a la situación de YPF, Pichetto señaló que “el problema radica precisamente en no haber abordado la estatización del 25% del empresario nacional Eskenazi”, lo que derivó en un fallo judicial adverso y advirtió sobre las dificultades legales para cumplir la sentencia. Planteó que es imprescindible “una resolución muy fuerte” del Congreso que defienda el interés nacional sobre los activos de la petrolera y ratificó la necesidad de “una posición uniforme” para defender los recursos estratégicos.

La situación de CFK

En otro tramo de la nota, analizó la situación judicial de Cristina Kirchner y opinó: “La condena de inhabilitación perpetua no puede ser más alta que la propia pena privativa de la libertad”. En ese sentido, sostuvo que el caso presenta interrogantes “desde el punto de vista de la sentencia”.

En tanto, cuestionó a los abogados defensores: “Validaron una prueba que no fue parte de la instrucción en silencio durante el juicio oral”, en alusión a los chats que presentó el fiscal Diego Luciano durante sus alegatos y que la propia Corte Suprema consideró este punto al analizar el expediente.

“La inhabilitación, que es una pena complementaria, no puede ser más alta que la propia pena privativa de la libertad”, remarcó, y citó ejemplos internacionales: “Si analizas el caso Le Pen o el propio caso Bolsonaro, la inhabilitación no puede ser perpetua”.

A lo largo de la entrevista, el diputado subrayó que la condena “significa que el liderazgo más fuerte, más contundente aún en declinación, que es el del peronismo, está preso. Es un dato que también empieza a tener repercusiones en el plano de la política argentina”.

De esa forma, vinculó este escenario con el endurecimiento del clima en el Congreso y un “aumento de la virulencia por parte del Presidente”, aludiendo no solo a Javier Milei sino también a las respuestas frente a opositores, economistas y periodistas. Pichetto sostuvo: “Eso tampoco ayuda al sistema, la democracia, la paz social. El presidente tiene que convocar a la unidad de los argentinos, trabajar sobre el diálogo”.

El dirigente valoró la presencia de Lula da Silva junto a Cristina Kirchner como “un dato significativo en el escenario de la política clínica” y advirtió: “Eso también, indudablemente ha aumentado el nivel de conflicto y de confrontación por parte de los diputados de Unión por la Patria”.

Por último, reiteró su defensa de un camino de diálogo político y de superación de la polarización: “El centro y el espacio del centro democrático hay que abonarlo. Hace falta en la democracia argentina para poder salir también de la polarización en oficialismo y kirchnerismo”.

Después de la confirmación de la sesión especial pedida por las facciones del radicalismo para emplazar los proyectos de financiamiento universitario y emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan, Unión por la Patria y Encuentro Federal pidieron una segunda cita -que fue oficializada a los pocos minutos- en el recinto para el miércoles 2 de julio a las 14.30. Una diputada de Democracia para Siempre también acompañó la petición.

En esta ocasión, los bloques opositores presentaron un temario con cuatro iniciativas de rechazo a diferentes decretos de necesidad y urgencia: al 340 que aprobó el nuevo régimen de la Marina Mercante; al 344 sobre organismos fusionados de la orbita del Ministerio de Justicia; al 345 que cerró organismos que dependen de la Secretaría de Cultura; y al 351 que dispuso la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos.

También está contemplado el proyecto de ley que modifica a la Ley 24.769 y establece un nuevo Régimen Penal Tributario sobre actualización de montos por el delito de evasión tributaria, impulsado por el diputado cordobés Oscar Agost Carreño. El texto tiene dictamen unificado y está listo para votarse en el recinto desde noviembre de 2024.

El proyecto que presentó el Gobierno sobre el Régimen Penal Tributario ya existe, tiene dictamen unificado y está listo para votarse en el recinto desde noviembre de 2024.

No hace falta empezar todo de nuevo: podemos aprobarlo la semana que viene.

Mientras el nuevo texto… pic.twitter.com/gd0AeMOcuT

— Oscar Agost Carreño (@oagost) June 6, 2025

Cabe recordar que el pasado 5 de junio el Gobierno nacional, con José Luis Espert como orador, presentó el proyecto de ley de principio de inocencia fiscal. La iniciativa del Poder Ejecutivo propone incrementar el monto mínimo considerado como delito de $1.500.000 a $100.000.000.

Desde que el texto ingresó por la mesa de entradas de la Cámara de Diputados, jamás hubo anuncios, ni convocatoria a debate en comisiones. Según supo parlamentario.com, el plan original de La Libertad Avanza era el de avanzar con la sanción de la ley antes del receso invernal (el cual sería del 21 de julio al 4 de agosto), pero con el correr de los días esa meta se fue desvaneciendo y el tratamiento jamás comenzó.

La sesión especial pedida cerca del mediodía y oficializada a los pocos minutos contó con la firma de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Pablo Carro, Carolina Gaillard, Silvana Ginocchio, Gustavo González, Ramiro Gutiérrez, Blanca Osuna, Lorena Pokoik, Agustina Propato, Vanesa Siley, Martín Soria, Julia Strada y Hugo Yasky de Unión por la Patria; Emilio Monzó, Nicolás Massot, Oscar Agost Carreño, Natalia de la Sota, Mónica Fein, Esteban Paulón y Margarita Stolbizer de Encuentro Federal; y Danya Tavela de Democracia para Siempre.

El destino de la convocatoria a rechazar los decretos de necesidad y urgencia mencionados y el tratamiento del nuevo Régimen Penal Tributario está directamente ligado a la suerte de la sesión especial de las 12. Las miradas estarán puestas en el quórum, que a estas horas se presenta como muy difícil.

Los decretos en cuestión

El primer DNU cuestionado por Unión por la Patria fue el que se publicó el 21 de mayo en el Boletín Oficial por el cual se aprobó el nuevo Régimen de Excepción de La Marina Mercante. La medida declaró la esencialidad de la navegación por agua marítima y/o fluvial destinada al transporte comercial de personas, de mercaderías, de carga, servicios conexos y operaciones costa afuera.

Respecto el 344 con fecha del 22 de mayo pasado, el Gobierno nacional dispuso la transformación del Archivo Nacional de la Memoria y del Museo de la ESMA en unidades organizativas a incorporarse a la estructura del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos.

A través del 345, el gobierno de Javier Milei dispuso de la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeano y del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas . Y por último, el 351  que decretó la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos.

En medio de la tensión creciente entre los gobernadores y el Gobierno nacional por la retención de fondos coparticipables y el uso discrecional de los recursos públicos, el diputado nacional por Córdoba Juan Fernando Brügge presentó una iniciativa legislativa que busca poner un freno a lo que califica como “desviaciones peligrosas del Poder Ejecutivo Nacional en materia presupuestaria”.

El proyecto, propone la modificación del artículo 27 de la Ley de Administración Financiera para limitar de manera estricta la vigencia de los presupuestos reconducidos. Según la propuesta, si al inicio del ejercicio financiero no se encuentra aprobado el presupuesto general, solo podrá regir —de manera excepcional— el del año anterior, por un único período y sin posibilidad de prórrogas. Vencido ese plazo, el Estado nacional deberá restringirse exclusivamente a gastos en seguridad, defensa, salud y educación.

“El presupuesto es uno de los pilares de la República. Su manipulación discrecional pone en riesgo la credibilidad institucional, el equilibrio federal y la vigencia misma del Estado de Derecho”, enfatizó Brügge en los fundamentos de su propuesta, a la vez que advirtió que la actual interpretación de la ley habilita prórrogas indefinidas del presupuesto sin debate ni aprobación legislativa, lo que calificó como inconstitucional.

Un límite claro al Ejecutivo

En un mensaje directo al oficialismo, el legislador cordobés apuntó contra la reciente decisión del Gobierno de modificar por decreto el presupuesto 2024, sin discusión parlamentaria. Para Brügge, esto configura un “atropello a las competencias del Congreso Nacional y debilita la transparencia democrática”.

“El Ejecutivo no puede seguir gobernando con presupuestos vencidos indefinidamente, ni reasignar partidas a su antojo. Hay una Constitución, hay principios básicos del federalismo y hay responsabilidades institucionales que deben respetarse”, sostuvo.

La iniciativa va más allá de una modificación técnica. Establece que cualquier gasto dispuesto por fuera de los límites fijados será nulo de nulidad absoluta y que tanto el Presidente como los ministros y el jefe de Gabinete que suscriban los actos serán civil y penalmente responsables, debiendo el Estado reclamar el reintegro de los recursos comprometidos ilegalmente.

Contexto de conflicto con las provincias

La presentación del proyecto se da en un contexto de máxima tensión política. Los gobernadores reclaman que el Gobierno nacional retiene partidas que les corresponden por ley, mientras el Ejecutivo central se ampara en la prórroga del presupuesto 2023 para administrar discrecionalmente los recursos del Estado.

Brügge remarcó que la ausencia de un presupuesto actualizado afecta la planificación, la inversión pública y el desarrollo territorial, generando mayor desigualdad e incertidumbre social.

“El Congreso tiene la obligación de devolverle al país previsibilidad institucional. No se puede gobernar por decreto ni administrar los recursos públicos como si fueran propios. Estamos hablando de plata de los argentinos, de las provincias, de los municipios, de los hospitales, de las escuelas”, sentenció el diputado.

Comparación con modelos internacionales

El legislador incluyó en su iniciativa un análisis comparativo con otros países que enfrentan situaciones similares. En Estados Unidos, por ejemplo, si no se aprueba el presupuesto, se produce un shutdown o parálisis de la administración pública. En Alemania, México y España, las prórrogas presupuestarias están acotadas a pocos meses y bajo fuertes restricciones legales. En todos los casos, los Estados democráticos priorizan el debate legislativo y la legitimación parlamentaria del gasto público.

Responsabilidad y transparencia

Finalmente, Brügge recalcó que el objetivo de su proyecto es garantizar que cada peso del Estado tenga origen, destino y control legislativo. “El principio republicano exige que los funcionarios rindan cuentas. No podemos seguir naturalizando la ilegalidad ni la falta de control. Este proyecto es una herramienta para devolverle a la ciudadanía confianza en el sistema y en sus instituciones”.

De ser aprobado, el proyecto entraría en vigencia inmediatamente y aplicaría al ejercicio financiero en curso, sentando un precedente que podría cambiar radicalmente la forma en que se manejan los recursos del Estado en la Argentina.

Con esta presentación, Juan Fernando Brügge se posiciona como una de las voces más firmes en defensa del equilibrio entre poderes y la reconstrucción institucional del país en un año signado por el ajuste, la crisis y el debilitamiento del federalismo.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal - Córdoba) presentó un proyecto de ley para modificar el huso horario argentino. La propuesta propone cambios en la Ley 26.351 y pasar a cuatro horas al oeste del Meridiano de Greenwich (UTC -4) en forma permanente.

“Esta modificación no solo se sustenta en criterios científicos, históricos y energéticos, sino también en razones productivas, laborales y sociales        que resultan claves para el desarrollo del país con un enfoque de equidad federal funcional, según la cual las decisiones del Estado nacional deben minimizar las asimetrías geográficas y sociales”, explicó el cordobés.

Asimismo, propuso en segundo artículo a modificar que “se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a modificar el huso a tres horas al oeste (UTC -3) en todo o parte del territorio nacional, en determinadas épocas del año y atendiendo a razones debidamente justificadas que así lo aconsejen”.

Esta medida fue utilizada en los primeros dos veranos de la primera presidencia de Cristina Kirchner (2008 y 2009), pero nunca más se volvió a modificar el huso.

En el final del texto, Agost Carreño señaló que “la modificación propuesta representa un ajuste lógico y necesario a la hora oficial argentina. Alinear el huso horario con nuestra posición geográfica no solo es una corrección técnica, sino una medida de eficiencia económica, salud pública y federalismo funcional”.

Con el objetivo de relevar todas las denuncias existentes por hechos de corrupción en PAMI, las diputadas nacionales Margarita Stolbizer y Mónica Fein (Encuentro Federal) presentaron un proyecto de resolución para definir la creación de una comisión investigadora en la órbita de la Cámara baja. La función será interpelar a denunciantes y funcionarios para presentar un informe en la Justicia.

En la misma línea, ambas diputadas encabezaron otro proyecto de resolución para citar en carácter de urgente al titular del PAMI, Esteban Leguízamo, con el objetivo de rendir explicaciones y cuentas en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

“En los últimos días se han sucedido una serie de denuncias públicas, algunas de las cuales incluso reflejan acciones judiciales y están relacionadas con el funcionamiento del PAMI, el Instituto de Prestaciones sociales para jubilados y pensionados, tratándose de posibles hechos de corrupción cometidos por los propios funcionarios del organismo”, expresaron las legisladoras.

En caso de que el tema pueda meterse en la agenda legislativa de la Cámara de Diputados y que prospere en el recinto (las iniciativas de resolución solo necesitan el aval de la cámara de origen), propone una composición con dos legisladores por bloque o interbloque; autoridades elegidas por sus integrantes; quórum reglamentario para sesionar; y un plazo de tres meses para tareas de investigación, diagnóstico y conclusiones.

En los fundamentos, Stolbizer y Fein enumeraron una serie de casos que trascendieron en las noticias en los últimos días: El escándalo desatado en Santa Cruz por las denuncias contra funcionarios de La Libertad Avanza en diferentes localidades y la posterior acusación en la sede de Río Gallegos contra Lucas Oyarzo Mansilla, referente libertario en el sur, quien es señalado por “registrar movimientos de muebles e incluso cámaras de seguridad que habrían salido del instituto para ser puestos a disposición en su domicilio particular”.

Nombraron, también, lo acontecido en Caleta Olivia por las “graves denuncias del aprovechamiento de bienes y recursos públicos contra Sergio Torres, delegado (desplazado) del PAMI de esa ciudad y a Jairo Guzmán, comprometidos en manejos directos de dinero del instituto y el otorgamiento de beneficios particulares”, según reza el texto del proyecto. En ese sentido,  Sergio Torres aclaró ante parlamentario.com que “en realidad yo soy el denunciante de las maniobras realizadas por Jairo Guzmán, actual jefe de PAMI en la provincia y candidato de La Libertad Avanza. Torres le atribuye a  Guzmán, referente en la provincia del gobierno de La Libertad Avanza, el pedido de retornos para la contratación de médicos y otros prestadores al PAMI.

En diálogo con ABC Radio por FM Records, Torres recordó que “el aporte partidario yo lo hacía de manera voluntaria, lo que detonó la denuncia fue que intentaron que una médica auditora que teníamos que contratar también debía poner la plata para los aportes partidarios”.

Volviendo al proyecto de Stolbizer y Fein, hicieron referencia a la denuncia en la provincia de Jujuy, donde señalaron que “una vez más, la falta de diferenciación entre lo público y lo privado basada en el aprovechamiento de recursos y de posiciones de poder que se vuelca en el armado de beneficios para particulares saqueando a través de mecanismos espúreos, las arcas del estado que ellos mismos se ocupan de defenestrar en sus discursos”.

También, refirieron a la denuncia hecha en Chaco por la investigación llevada adelante por el fiscal federal Patricio Sabadini por presuntos pedidos de dinero a funcionarios de PAMI y Anses, entendiendo que podrían constituir delitos de acción pública en perjuicio de la Administración Nacional, por haber utilizado mecanismos de intimidación para apropiarse de dinero perteneciente a los empleados públicos.

Por último, mencionaron las denuncias en provincia de Buenos Aires, Ciudad y PAMI central: “Las denuncias realizadas por una dirigente del partido La Libertad Avanza, ex funcionaria del PAMI, diputada suplente en la provincia de Buenos Aires, han puesto sobre la mesa una serie de irregularidades que serán oportunamente calificadas como delitos de comprobarse esa naturaleza a partir de la intervención del Poder Judicial”.

En el final del proyecto, Fein y Stolbizer remarcaron que “el objetivo es abrir un proceso de investigación e involucramiento que nos permita alcanzar conclusiones que puedan ayudar a la justicia pero que sobre todo puedan plasmarse en recomendaciones de funcionamiento hacia quienes tienen a su cargo nada menos que asegurar las prestaciones a los jubilados y pensionados de la Argentina”.

La diputada nacional Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) presentó un proyecto de ley para ejecutar una nueva asignación del número de bancas en la Cámara de Diputados con el fin de dar cumplimiento al artículo 45 de la Constitución Nacional. Bajo los resultados del Censo Nacional 2022, el texto establece un Cuerpo integrado por 334 legisladores.

“El presente proyecto pretende hacer el máximo esfuerzo para corregir las múltiples distorsiones actuales que afectan el principio de representación en la Cámara de Diputados de la Nación, haciéndolo de una forma progresiva, equilibrada y federal, sin atentar contra la situación actual de las provincias menos pobladas”, señaló Stolbizer en los fundamentos.

En caso de que la iniciativa prospere, en el texto se propone facultar al Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Dirección Nacional Electoral, determine el mecanismo para que la Cámara baja este íntegramente conformada por legisladores correspondientes a cada jurisdicción, al finalizar las elecciones del 2027. Reiteró, además, que el mecanismo debe responder a los principios de equidad e igualdad de tratamiento entre las jurisdicciones.

Este proyecto de ley con giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales ya fue presentado en anteriores períodos legislativos: En el 2016 bajo la presidencia de Emilio Monzó, Stolbizer propuso modificar el Cuerpo a 297 miembros; y también, a principios del 2023 tras los resultados preliminares del último Censo Nacional.

La propuesta de Stolbizer eleva en más de centenar la actual composición de la Cámara baja.

El otro punto distintivo que la diputada bonaerense propone es que el número de escaños a elegir sea de uno por cada 140.000 habitantes en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o fracción no menor a 70.000. A su vez, establece un mínimo de cuatro representantes por distrito.

Esta modificación fue explicada en el proyecto en base a la situación demográfica de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la cual según Stolbizer “ha violentado durante años al artículo 45 de la Constitución Nacional”, debido a que se establece un representante cada 33.000 habitantes y la provincia sureña tiene uno por cada 25.411. Cabe recordar que esa composición se dio por un decreto de 1983 sobre el piso de cinco diputados por provincia.

En el final, Margarita Stolbizer señaló que “observamos entonces la clara necesidad de una ley de la democracia que subsane la actual situación de ilegalidad e ilegitimidad”.

En síntesis, la diputada propone una a cifra repartidora de un diputado cada 140.000 habitantes o fracción no menor a 70.000, con un piso mínimo de representación por provincia de 4 diputados, de acuerdo a la población por distrito indicada por los resultados del Censo Nacional 2022, se conformaría una Cámara de Diputados con un total de 334 bancas.

En el final, explicó que “la aplicación de la legislación que rige actualmente la repartición de escaños sobre los resultados del último censo, conducirían a un nuevo total de 360 diputados nacionales; por lo cual la fórmula propuesta en el presente proyecto, además de reducir las distorsiones en la proporcionalidad de la representación, permite acotar el incremento del tamaño de esta Honorable Cámara que naturalmente se produce por el crecimiento de la población”.

Si bien no se menciona en el proyecto de ley, en caso de que esta iniciativa encuentre rumbo en la actual agenda parlamentaria y prospere, se contemplaría un quórum con 167 diputados nacionales; y una mayoría calificada con 220.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal – Córdoba) presentó un proyecto de ley para declarar obligatoria la educación financiera en los establecimientos educativos de gestión estatal y privada a partir del nivel secundario del sistema educativo nacional, al que cuestionó: “Sigue repitiendo esquemas, modalidades y planes de estudios que remiten a comienzos del siglo XX”.

En segunda instancia, explicó que educación financiera es “el proceso de aprendizaje y comprensión de los conceptos y productos financieros para tomar decisiones informadas sobre el manejo del dinero y el bienestar financiero, a través de la adquisición de conocimientos sobre presupuestos, ahorros, inversiones, administración de deudas, activos digitales y otros aspectos relacionados a las finanzas”.

Para ello propone incorporar una modificación a la a Ley de Educación Nacional (26.206). “Creo que es de vital importancia que los jóvenes que terminan el colegio secundario cuenten con algunas herramientas básicas en términos de formación financiera, que les permitan partir de una mejor posición de cara al mercado laboral del futuro o, simplemente, poder tomar decisiones con mayor sustento respecto de cómo desenvolverse con relación a su realidad económico-financiera”, consideró el cordobés.

El proyecto presentado por Agost Carreño propone un tiempo de aplicación gradual de seis a 24 meses.

Luego, explicó que los cuatro preceptos básicos de esa nueva asignatura serán el conocimiento y comprensión; los riesgos y beneficios; la responsabilidad y la administración; y los activos digitales que operan en el mundo tales como, criptomonedas, stable coins, meme coins, nfts y las variantes de activos tokenizados.

Así las cosas, definió que cada jurisdicción deberá arbitrar los medios necesarios para la realización, a lo largo del ciclo lectivo de los educandos de nivel secundario en adelante, de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos escolares, para el efectivo cumplimiento de las previsiones de esta iniciativa.

En el último artículo, propuso una aplicación gradual y progresiva, acorde al desarrollo de las acciones preparatorias en aspectos curriculares y de capacitación docente. Sugirió que la autoridad de aplicación establezca un plazo de 180 días hasta dos años para el cumplimiento, en caso de que se apruebe.

“Veo como la falta de conocimientos financieros básicos deja a la ciudadanía expuesta y vulnerable a los distintos modelos de estafas disfrazadas de oportunidad de inversión, teniendo en cuenta que en los últimos tiempos ha ido en aumento el número de víctimas estas estafas, sin ir más lejos el año pasado la ciudad de Pergamino sufrió una “mega estafa” que afectó a gran parte de su población”, manifestó en los fundamentos.

En el final, Oscar Agost Carreño señaló que “el proyecto prevé que cada comunidad educativa pueda incluir en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, así como a su desarrollo económico, financiero, industrial y tecnológico”.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal – Córdoba) solicitó, a través de un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional, información detallada sobre a los controles que ha llevado adelante sobre la empresa Flybondi y otras aerolíneas low cost que operan en el país en medio de una acumulación de denuncias por cancelaciones, demoras y reprogramaciones de vuelos.

“Los usuarios tienen derecho a saber si están siendo protegidos”, reclamó el cordobés, quien además, cuestionó: “Queremos saber si las empresas que incumplen con sus obligaciones están siendo sancionadas como corresponde, y si existen mecanismos eficaces para que los pasajeros damnificados puedan reclamar”.

Oscar Agost Carreño remarcó que hubo gran cantidad de denuncias sobre vuelos cancelados.

Este proyecto está dirigido a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y a la Secretaría de Transporte. El propósito de Agost Carreño es poner el foco en la situación de la aerolínea de bajo costo que concentra buena parte de su operación en el Aeropuerto Internacional de Córdoba. “En los últimos días, una serie de demandas judiciales presentadas en juzgados federales de la provincia reavivaron las críticas contra la compañía, que según los denunciantes ha causado graves perjuicios económicos y personales sin ofrecer respuestas adecuadas”, relató.

El legislador también reclamó información sobre posibles sanciones aplicadas, mecanismos de monitoreo, y la evaluación oficial respecto a los efectos de la llamada “Revolución de los Aviones”, impulsada en años anteriores.

El proyecto advierte que, pese a que el Gobierno nacional reconoció el problema en 2023 e intimó a Flybondi a presentar un plan correctivo, los conflictos persisten. Para Agost Carreño, “es hora de determinar si el sistema de transporte aéreo en Argentina está a la altura de los estándares de previsibilidad, seguridad y respeto al consumidor que la ciudadanía merece”.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal – Córdoba) presentó un proyecto de ley para establecer un marco normativo que regule la actividad de “lobby” en los asuntos públicos. El objetivo planteado está relacionada a ordenar y visibilizar una práctica que en Argentina “opera desde hace años en una zona gris”, consideró.

La iniciativa contempla la creación de un registro nacional de gestión de intereses, de carácter público, digital y obligatorio, donde los gestores deberán inscribirse y declarar periódicamente sus actividades, reuniones y vínculos con funcionarios.

El diputado de Encuentro Federal expresó que “la influencia sobre decisiones del Estado no puede seguir ocurriendo en la opacidad”, y afirmó que “necesitamos saber quién gestiona intereses, ante quién, con qué fines y con qué recursos”.

Con el criptogate en agenda parlamentaria, el cordobés vinculó: “La necesidad de una regulación específica se volvió evidente tras el escándalo de Libra, la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei desde sus redes personales, luego de mantener reuniones con supuestos empresarios vinculados al mundo cripto”.

También, sostuvo que “lo de Libra dejó al desnudo los peligros de no tener normas claras. Una sola publicación presidencial, hecha tras esos encuentros con figuras del ecosistema Fintech, disparó el valor de una moneda sin respaldo y, con ello, benefició a algunos pocos y perjudicó a miles de pequeños ahorristas que confiaron en una supuesta legitimidad institucional”.

“Este proyecto no demoniza el lobby. Lo ordena, lo documenta y lo vuelve visible. Porque en una democracia sana, la ciudadanía tiene derecho a saber quién influye, con qué medios y para qué”, concluyó Agost Carreño.

La senadora cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal) se refirió al tratamiento del proyecto de ley de ficha limpia y planteó una serie de cuestionamientos respecto a la postergación del debate en la Cámara alta: “Cualquier intento de modificar el dictamen del proyecto de Ficha Limpia en el Senado implica dilatar su aprobación”.

En esa línea, la senadora agregó que “si se agregan modificaciones, vuelve a Diputados y retrasa la sanción, lo que dejaría en claro el acuerdo entre el kirchnerismo y el Gobierno nacional”. El mensaje fue comunicado, donde la legisladora exigió que se convierta en ley el próximo miércoles 7 de mayo.

FICHA LIMPIA DEBE SER LEY EL PRÓXIMO 7 DE MAYO

Cualquier intento de modificar el dictamen del proyecto de Ficha Limpia en el Senado implica dilatar su aprobación.
Si se agregan modificaciones, vuelve a Diputados y retrasa la sanción, lo que dejaría en claro el acuerdo entre el…

— Alejandra Vigo (@alevigo) April 28, 2025

Esto fue adherido por el diputado cordobés de Encuentro Federal, Carlos Gutiérrez, quien afirmó que “si la Ley de Ficha Limpia no se sanciona el 7 de mayo en el Senado, ya no quedarán dudas del pacto entre kirchnerismo y Gobierno para frenar la transparencia”.

Si la Ley de Ficha Limpia no se sanciona el 7 de mayo en el Senado, ya no quedarán dudas del pacto entre kirchnerismo y Gobierno para frenar la transparencia. https://t.co/L5BkGYDBVE

— Carlos Gutierrez (@Dip_Gutierrez) April 28, 2025

Luego de que el presidente provisional Bartolomé Abdala diera marcha atrás con la sesión especial para tratar ficha limpia en el Senado luego de que la oposición, con los votos de los aliados, volteará los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García – Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia por no tener los votos, se especuló con que se podía tratar la semana que pasó.

Con el duelo nacional por el fallecimiento del papa Francisco, la titular del Senado, Victoria Villarruel, postergó la sesión especial para el miércoles 7.

Si bien en La Libertad Avanza dicen tener las adhesiones para sancionar la ley que impediría que aquellas personas condenadas en segunda instancia por delitos de corrupción puedan ser candidatas, los dialoguistas y provinciales desconfían de que esto sea así.

En los últimos días, los senadores santacruceños reiteraron su apoyo al proyecto de ley y consideraron que, en palabras de Natalia Gadano, “el oficialismo no quiere aprobar ficha limpia”. Según supo parlamentario.com, estos dos legisladores estuvieron a favor desde el primer momento.

A la espera de la sesión, los bloques aliados y dialoguistas de la Cámara alta son quienes exigen que se le dé celeridad a la sesión que busca aprobar el proyecto de ley que impediría la candidatura a nivel nacional de Cristina Kirchner.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal - Córdoba) presentó un proyecto de resolución dirigido al Poder Ejecutivo Nacional, en el cual exige respuestas por la falta de placas de identificación vehicular. Según el texto, hace más de seis meses que la problemática afecta a quienes adquieren un auto cero kilómetros.

A pesar del reclamo, el cordobés diferenció que “es positivo que haya más ventas de autos, pero si la gente no puede usarlos por falta de patentes por problemas de gestión de chapas es muy grave”. La iniciativa solicita información sobre las razones del desabastecimiento, las licitaciones realizadas y los plazos estimados para la normalización de la producción.

Hiciste el esfuerzo, juntaste el dinero, cambiaste el auto o compraste tu primer 0km. ¡Lo lograste! 🎉

Pero ahora… el verdadero desafío: patentarlo 🙄 Más difícil que pagarlo.

Por eso le pedí al Gobierno que explique qué está pasando con esta situación que, después de meses,… pic.twitter.com/IDkODodkCF

— Oscar Agost Carreño (@oagost) March 6, 2025

Así las cosas, el diputado nacional afirmó que0 “el problema no solo no fue resuelto, sino que se agravó con el tiempo”. También, alertó sobre la distribución desigual de las pocas chapas disponibles, lo que profundiza el problema en ciertas provincias. También cuestionó la implementación del nuevo Registro Único Nacional del Automotor (RUNA)

Y señaló: “Parece poco probable llevar adelante un sistema moderno cuando ni siquiera se puede garantizar algo tan básico como la provisión de patentes”. “La falta de patentes no solo afecta a los compradores, sino que también compromete la seguridad vial y la identificación de vehículos en casos de infracciones o delitos”, cargó.

En el final, relató: “Con solo caminar por cualquier ciudad del país vemos autos sin patente o con un papelito en el vidrio. ¿Cómo se identifica a un vehículo que comete una infracción o un delito? Esto atenta contra la seguridad pública”.

El texto presentado por Oscar Agost Carreño exige que el Gobierno informe qué medidas ha adoptado para solucionar el problema y garantice que la provisión de chapas no vuelva a ser interrumpida en el futuro. “Los ciudadanos merecen soluciones, no excusas”, concluyó.

El diputado nacional Ricardo López Murphy (CABA) anunció a través de X que se va de Encuentro Federal y conformará la bancada Republicanos Unidos. De esta manera, volverá a conformar el monobloque que tuvo hasta diciembre del 2023.

“Desde acá voy a formular las propuestas legislativas y enfrentaré el camino electoral para este año, manteniendo siempre los valores republicanos y de defensa de la libertad”, acompañó el legislador liberal al anuncio de su salida del bloque multisectorial.

Con esta decisión, la Cámara de Diputados va a tener siete monobloques contabilizando a Creo de la tucumana Paula Omodeo; Defendamos Santa Fe de Roberto Mirabella; Movimiento Popular Neuquino de Osvaldo Llancafilo; Somos Fueguinos de Ricardo Garramuño; y a Unidos del santafesino Mario Barletta.

Según supo parlamentario.com, la salida del diputado porteño es meramente electoral. En el plano legislativo, continuará trabajando en línea con el bloque Encuentro Federal. Cabe recordar que López Murphy tiene mandato hasta el 10 de diciembre del 2025 y deberá renovar su banca en las próximas elecciones.

Una fuente consultada de la bancada multisectorial agregó que "está todo bien" en referencia a que la salida se dio en buenos términos. Ante esto, el bloque que preside Miguel Pichetto pasa a tener 15 integrantes.

El diputado nacional del bloque Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, anticipó que presentará al inicio del año parlamentario un proyecto que busca modificar el artículo 117 de la Ley 24.156, con el objetivo de garantizar que las empresas y sociedades con participación estatal, sin importar su tipo o forma societaria, estén sujetas al control externo de la Auditoría General de la Nación (AGN).

La iniciativa surge en respuesta a las recientes medidas del Poder Ejecutivo, que han impulsado la conversión de diversos organismos públicos, como el Banco Nación y Yacimientos Carboníferos Río Turbio, en sociedades anónimas.

El diputado enfatizó que, más allá de la forma jurídica que adopten estas entidades, es fundamental que no se reduzca la injerencia de los organismos de control externo: "No se trata de cuestionar el encuadre jurídico que pretenda darle el gobierno a los organismos involucrados, pero, para justificar su decisión, deberá gestionarlos eficientemente".

"Por otra parte, resulta necesario garantizar que la transformación en sociedad anónima u otro tipo societario no implique una menor injerencia de los organismos de control externo, puesto que estas sociedades tienen una relevancia social que trasciende su aspecto económico", señaló Agost Carreño. Además, aclaró que el Decreto 116/2025 no implica una privatización, sino de una conversión a sociedad anónima manteniendo el control accionario en manos del Estado.

El diputado también recordó la firme postura de su bloque en contra de la privatización de organismos clave como Nucleoeléctrica, Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación. "Nuestro bloque fue enfático durante el tratamiento de la ley Bases en impedir la privatización de diversos organismos", afirmó, y destacó el modelo de privatización parcial aplicado en YPF como un ejemplo exitoso que podría replicarse en otras empresas estratégicas, como Aerolíneas Argentinas.

"Ese modelo ha demostrado que es posible combinar la gestión estatal con la inversión privada, logrando un equilibrio que beneficia tanto a la empresa como al país. Este enfoque podría aplicarse en Aerolíneas Argentinas, permitiendo una mayor flexibilidad en la gestión y la inversión en tecnología y expansión de rutas, sin perder el control estatal sobre los intereses estratégicos", señaló el diputado.

El proyecto que presentará el diputado cordobés busca asegurar que, incluso en casos de gerenciamiento privado, el Estado mantenga el control mayoritario de las empresas y que estas sigan sujetas a los mecanismos de control externo. La iniciativa propone que remitan sus memorias, balances y estados contables anuales a la AGN dentro de los 30 días posteriores a su emisión, para su publicación en la página web del organismo, garantizando así la transparencia y el acceso público a la información.

A días que se inicie el período ordinario, la oposición ya apretó el acelerador en la Cámara de Diputados y pidió una sesión para el próximo 11 de marzo, a las 12, con la intención de que se traten una serie de proyectos vinculados al escándalo cripto protagonizado por el presidente Javier Milei.

La solicitud fue presentada por los radicales díscolos del bloque Democracia para Siempre y por el bloque de Encuentro Federal, comandado por Miguel Pichetto.

El temario incluye los proyectos de resolución para crear una comisión investigadora del caso, pedidos de informes dirigidos al Poder Ejecutivo y todas las interpelaciones planteadas por las diferentes bancadas a la plana mayor del Gobierno, desde Javier y Karina Milei al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

“La intención del bloque Democracia para Siempre es que Diputados no mire al costado como hizo el Senado. Es nuestra responsabilidad como Poder Legislativo controlar los actos de gobierno, máxime cuando estamos ante un escándalo de proporciones globales y observamos que desde el presidente de la Nación a su entorno más cercano podrían haber cometido hechos reñidos con la ética pública", expresaron los diputados de DpS.

Los legisladores del bloque que preside Pablo Juliano agregaron que "tal como lo indica la Constitución, el Congreso además de legislar es un contrapeso del Ejecutivo y debe funcionar en ese sentido".

En el pedido de sesión se incorporaron los expedientes presentados por Democracia para Siempre para crear una comisión investigadora, pedidos de informes y una interpelación a Francos.

Pero también se contempla el de interpelación a Milei presentado por el Frente de Izquierda; otro pedido de interpelación presentado por Encuentro Federal que incluye a Karina Milei, Francos, Adorni y Cúneo Liberona; y un pedido de interpelación al jefe de Gabinete planteado por la Coalición Cívica. Además, se incluyó una interpelación presentada por Unión por la Patria a la secretaria General de la Presidencia.

En cuanto a los pedidos de informes al PEN se sumaron todos los proyectos presentados por DpS, Unión por la Patria, Encuentro Federal y CC.

Con presencia plena, todos los bloques de los cuales hay proyectos en el temario (UP, EF, DpS, CC y FIT) reunirían quórum -se requieren 129-, pero el desafío estará en que puedan tener sus bancadas completas. Por un lado, faltan dos semanas para la convocatoria. Por otro, no será menor la incidencia de los gobernadores sobre legisladores que les responden y forman parte de esos espacios.

La mano de los mandatarios provinciales ya se vio en más de una oportunidad en las votaciones del Congreso, siendo la última la que influyó para que fracasara la creación de una comisión investigadora en el Senado, con el rol clave de los radicales.

En caso de sortear el primer desafío de lograr quórum y abrir la sesión, al no contar con dictamen de comisión, ninguno de los proyectos puede aprobarse por mayoría simple, sino que necesitan de los dos tercios de los votos, algo imposible de alcanzar ante el bloqueo del oficialismo y aliados.

Sin embargo, el número de 129 le alcanzaría a los bloques opositores para emplazar a las comisiones y poner fecha y hora para que las iniciativas se debatan y puedan tener despacho para ir al recinto. Proyectos hay de todo tenor y color; se verá cuál o cuáles prevalecen si se diera ese plan.

El pedido de sesión fue firmado por los diputados Pablo Juliano, Marcela Coli, Carla Carrizo, Fernando Carbajal, Facundo Manes, Danya Tavela, Manuel Aguirre, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti, Juan Carlos Polini (DpS); Miguel Ángel Pichetto, Oscar Agost Carreño, Margarita Stolbizer, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Natalia de la Sota y Mónica Fein (EF).

Los diputados nacionales del bloque Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño y Ricardo López Murphy, presentaron un proyecto de declaración instando al Poder Ejecutivo que garantice la comparecencia de la República Argentina ante la justicia de los Estados Unidos de América en el marco del juicio por la expropiación de YPF S.A. a contestar el requerimiento efectuado por la jueza del caso Loretta Preska, cumpliendo con una adecuada y diligente defensa antes del vencimiento del plazo establecido.

Además, solicitan que se adopte todas las medidas necesarias para la adecuada defensa de los intereses de la República Argentina en el litigio mencionado, evitando sanciones procesales, costos adicionales o fallos adversos por incomparecencia.

“El fallo adverso, que condena al país a pagar 16.000 millones de dólares, podría revertirse gracias a una nueva instancia judicial abierta por la ONG RAFA, que denuncia irregularidades en el proceso de nacionalización”, señalaron.

Presta efectúo un requerimiento a las partes involucradas con motivo de la presentación efectuada la semana pasada por la ONG Republican Action for Argentina (RAFA), con el objetivo de que se revoque el fallo en el juicio por la expropiación de YPF. Dicho plazo vence el martes 25 de febrero. La presentación referida se basa en la supuesta existencia de presuntas irregularidades en el proceso de nacionalización de la petrolera, que finalmente terminó, años después, con la expropiación de la mayoría accionaria que estaba en manos de la española Repsol.

“De no cumplirse en el plazo requerido, se expone a consecuencias graves, incluyendo sanciones económicas adicionales y la imposibilidad de apelar futuras decisiones. La inacción del Gobierno en este contexto pone en riesgo el patrimonio nacional y la credibilidad del país en el ámbito internacional”, advirtieron.

Además, alertaron que el litigio por YPF “no solo afecta a la reputación de la Argentina en los mercados financieros internacionales, sino que también tiene impacto directo en la economía nacional”.

“La pérdida de este juicio podría traducirse en embargos sobre activos argentinos en el exterior y un deterioro de la confianza de los inversores. Adicionalmente, la magnitud del fallo puede generar presiones sobre las reservas internacionales y comprometer la estabilidad macroeconómica del país”, sumaron.

Un grupo de diputados del bloque Encuentro Federal presentó un proyecto de resolución que pide por la interpelación a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, a raíz del escándalo cripto, desatado por la promoción que hizo el presidente Javier Milei de $LIBRA, el activo digital que alcanzó una alta cotización y luego se desplomó, generando pérdidas por 87 millones de dólares y afectando a múltiples inversores. 

La iniciativa incluye además al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y al portavoz presidencial, Manuel Adorni. 

En el texto, que lleva las firmas de los legisladores Nicolás Massot, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, Natalia De La Sota, Mónica Fein y Esteban Paulón, se reclama que los funcionarios asistan al Congreso para responder sobre “las consecuencias económicas, institucionales y legales derivadas” de la situación. 

Además, en el proyecto plantean que “sin perjuicio de otras preguntas o repreguntas que resulte necesario efectuar al momento de la comparecencia”, deberán “mínimamente informar” respecto de “la participación del presidente en la promoción del activo digital; la relación con los promotores del activo; la posible existencia de beneficios indebidos; el impacto económico y financiero; y la responsabilidad institucional y medidas a futuro”. 

Dentro de las preguntas que incluyeron, los diputados consultan sobre los motivos que llevaron al presidente a promocionar públicamente el token $LIBRA; y si tuvo acceso a informes técnicos sobre los riesgos de dicho activo antes de su promoción. 

“¿Obtuvo usted o el presidente alguna remuneración como contraprestación a la opinión emitida? En caso afirmativo, indique cuánto y cómo se formalizaron dichos pagos”, indagan y también interrogan si alguno de estos funcionarios o el mandatario tienen o tuvieron “alguna relación laboral o contractual con las empresas involucradas”. 

En otra pregunta, reclaman que se informe “si existió una acción coordinada para efectuar la promoción de la criptomoneda en cuestión, toda vez que el token respectivo fue puesto en circulación escasos momentos antes de que el presidente hiciera el anuncio”. “En caso afirmativo, indique quien coordinó la acción. En caso de no existir una acción coordinada, informe quien solicitó que se publicara exactamente ese día y a esa hora”, agregan, en referencia a la publicación que Milei hizo desde su cuenta de X el viernes 14 de febrero. 

También buscan conocer cuál es la relación del presidente y los funcionarios con Mauricio Novelli, Hayden Davis y Julián Peh “o con algún otro promotor del activo”. 

“¿Conoce si algún funcionario público o persona de su entorno obtuvo beneficios económicos derivados de la promoción del activo $LIBRA?”, consultan los diputados, y también incluyen pedidos de explicación sobre “cómo responderá el presidente a las denuncias efectuadas en su contra. En particular exprese la postura en relación a las acciones legales iniciadas en los Estados Unidos de América”. “¿Utilizará recursos propios o del Estado Argentino para pagar los costos de su defensa?”, añaden. 

En los fundamentos del proyecto, los legisladores de EF señalaron que la citación a Francos “responde a su rol como principal coordinador del Gobierno nacional y responsable de su relación con el Congreso, por lo que debe rendir cuentas sobre la participación del Ejecutivo en este episodio”; mientras que Karina Milei, hermana del presidente, “es citada debido a su posible implicancia en la coordinación de reuniones o gestiones relacionadas con la promoción del activo digital”. 

“Por su parte, Manuel Adorni, como portavoz presidencial, debe explicar cuál fue el alcance de su participación en la promoción y respaldo institucional que se le dio al token $LIBRA desde el Ejecutivo”, consideraron. 

De acuerdo al artículo 71 de la Constitución Nacional, “cada una de las Cámaras (del Congreso) puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes”. 

En tanto, el artículo 204 del reglamento de la Cámara baja establece que “todo diputado puede proponer la citación de uno o más ministros del Poder Ejecutivo y juntamente con ellos la de los secretarios de Estado que corresponda para que proporcionen las explicaciones e informes a que se refiere el artículo 71 de la Constitución”. 

En la previa al comienzo del trabajo legislativo de las sesiones extraordinarias con la reforma electoral que contempla la suspensión de las elecciones PASO como tema principal, el bloque de diputados nacionales de Encuentro Federal, presidido por Miguel Pichetto, anunció que habrá "libertad de acción" en la postura de sus 16 integrantes.

Desde el interior de la bancada heterogénea, trascendió que hay diferentes posturas respecto al tema y tras una reunión este lunes, confirmaron el anuncio. Asimismo, este martes, en vísperas del plenario de las 14, habrá otra reunión del bloque para definir si firmarán el despacho de comisiones saliente.

Al momento, los legisladores cordobeses Carlos Gutiérrez, Ignacio Garcia Aresca, Juan Brugge, Alejandra Torres y Natalia De la Sota; más el entrerriano Francisco Morcchio y el chubutense Jorge Ávila, serían quienes podrían acompañar con su voto la derogación de las primarias.

Por otro lado, el titular de bancada Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Florencio Randazzo, Ricardo López Murphy y los santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón, optarían por mantenerlas. El diputado cordobés Oscar Agost Carreño todavía no definió su posición.

La diputada nacional Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) presentó un pedido de informes al Ejecutivo para que brinde explicaciones sobre “privilegios” a funcionarios que compraron pasajes para irse a vacacionar al exterior.

En la iniciativa, solicita saber si el vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, Juan Pablo Alvarado, que viajó recientemente a Brasil, y el funcionario de Aerolíneas Argentinas, Facundo del Villar, que viajó Punta del Este - ambos con pasajes de la compañía- el pago que hicieron para la adquisición de los mismos, especificando el monto abonado y la forma de efectivizarlo.

ALERTA CORRUPCIÓN DE LA NUEVA CASTA LIBERTARIA
¿Pasajes para funcionarios de Aerolíneas a Brasil y Punta del Este?
¿El Vice Presidente de una agencia estatal factura honorarios aparte de su sueldo?
Presenté un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo rinda cuentas de… pic.twitter.com/hTKXP7AnrI

— Margarita Stolbizer (@Stolbizer) January 21, 2025

También pide que se indique cuál es el costo de los mencionados tickets para la compra ordinaria que cualquier persona puede hacer de manera directa a través de cualquiera de los mecanismos de la empresa.

Además, exige saber a través de qué disposición se ha autorizado la emisión de pasajes para funcionarios de Aerolíneas Argentinas, debiendo informar, asimismo, si se trata de una norma de aplicación general o quiénes pueden ser beneficiarios de la misma.

“¿Quién autorizó, en el año 2024, que el físico Ernesto Kirchuk, designado vicepresidente de la compañía estatal Dioxitek, pudiera facturar a la empresa nuclear 3,5 millones de pesos mensuales en concepto de ‘honorarios por servicio de asistencia tecnológica’?”, planteó en otro punto del proyecto.

Stolbizer cuestionó el “mantenimiento de dichos privilegios a funcionarios del actual gobierno que, con alta discrecionalidad y poca vergüenza pareciera han utilizado de los mismos en beneficio propio”.

El Gobierno nacional incluyó un nuevo cargo fijo en las facturas de electricidad de todos los usuarios del país, para todos los usuarios de todo el país, a fin de financiar una obra de infraestructura en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Al cruce salió el bloque de diputados de Encuentro Federal, liderado por Miguel Pichetto, quienes a través de un comunicado expresaron su rechazo a la medida “destinado a financiar exclusivamente obras en la infraestructura eléctrica del AMBA”.

“Esta decisión no solo recarga injustamente a los usuarios de todo el país, sino que se contradice con la política del gobierno de interrumpir las transferencias a las provincias, lo que demuestra una vez más la ausencia de un verdadero federalismo”, criticaron y sumaron: “En lugar de fortalecer la equidad entre regiones, el Gobierno sigue priorizando a la capital y al AMBA en detrimento del resto del país”.

Desde Encuentro Federal exigieron una revisión de la medida que “debe considerar alternativas más justas y equitativas, y llamar a un debate amplio sobre cómo financiar proyectos de infraestructura sin perjudicar a las provincias ni a los ciudadanos de todas las regiones”.

#contradicciones
Hace un mes el Gob Nac. Perseguía a los municipios por cobrar tasas locales en la fact. de Servicios Públicos.#Hoy Milei quiere que toda la Argentina pague una carga extra en facturación para financiar obras SOLO para AMBA

Otra vez la Argentina Ambacentrista pic.twitter.com/T0MrrdncZt

— Carlos Gutierrez (@Dip_Gutierrez) December 13, 2024

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto para exigir respuestas inmediatas al Poder Ejecutivo sobre el faltante y la calidad deficiente de las chapas patentes en Argentina.

“Este problema no solo afecta a quienes necesitan reemplazos, sino que también paraliza en muchas regiones del país el patentamiento de vehículos 0 km, lo que tiene consecuencias graves para el comercio automotor y la movilidad de los ciudadanos”, argumentó y sumó: “Denuncian que por falta de chapas patentes se complica el patentamiento de autos y motos nuevas, dejando unidades inmovilizadas en concesionarias. Además, se reportan problemas con chapas defectuosas que se deterioran rápidamente y con duplicados que demoran meses en entregarse”.

El legislador explicó que “la falta de chapas físicas es particularmente crítica en los autos y motos nuevas. Sin la chapa, no se puede asignar el dominio vehicular en el registro, lo que impide patentar el vehículo, cobrar impuestos y formalizar su circulación. Esto deja a las unidades inmovilizadas en las concesionarias, perjudicando tanto a los compradores como al mercado automotor”.

A esta situación se suma el drama de quienes deben reponer chapas por robo o extravío. “Pagás el trámite y te hacen esperar meses para recibir algo que muchas veces tiene una calidad inaceptable. Hay chapas que se despintan al primer lavado con hidrolavadora, una muestra clara de las falencias de fabricación”, criticó Agost Carreño en relación a la situación que enfrentan miles de usuarios.

El proyecto busca que el Poder Ejecutivo informe sobre las causas de este desabastecimiento, las medidas adoptadas para normalizar la provisión y los mecanismos de contingencia implementados. Además, busca esclarecer los criterios de distribución que, según el legislador, profundizan las desigualdades entre provincias.

El impacto de esta situación no se limita a la dificultad para circular, sino que puede complicar aún más el inicio de las vacaciones de verano, especialmente para quienes deben salir del país y enfrentan trabas burocráticas adicionales por permisos provisorios o cédulas digitales.

En línea con esta iniciativa, el diputado cordobés adelantó que la próxima semana presentará un nuevo proyecto orientado a resolver problemas similares en el uso de cédulas físicas, cédulas digitales y permisos provisorios, que también dependen de Casa de Moneda. “Nuestro objetivo es garantizar el despegue del comercio automotor, los derechos básicos como la movilidad y la seguridad jurídica para todos los argentinos”, concluyó.

El Gobierno logró frenar la sesión especial solicitada para este martes en Diputados que tenía como objetivo darle tratamiento al dictamen que busca reformar la Ley 26122 de DNU. Al respecto, el diputado nacional Juan Fernando Brügge del bloque Encuentro Federal –uno de los espacios que pidió la sesión- explicó los motivos que llevaron a pedir la postergación del encuentro para la próxima semana.

En diálogo por DTV, Brügge manifestó: “Somos los promotores de esta sesión especial y estamos justamente con despacho de mayoría para modificar la Ley 26.122 que es inconstitucional y produce un desequilibrio en lo que es la división de poderes”.

“Estábamos dispuestos para sesionar, pero aparentemente los otros bloques que también han firmado el pedido no cuentan con algunos de sus legisladores que no han podido venir”, detalló y sumó: “Se va a pedir una postergación de la sesión especial para la semana que viene y veremos si se junta el quórum para darle tratamiento”.

El cordobés planteó que “este es el juego de la democracia”, y respaldó: “Entendemos que la modificación de la ley es muy necesaria. No solo por los antecedentes que hay, sino porque en un esquema de equilibrio y de respeto por las libertades de las personas”.

“Las reglas en la democracia tienen que ser claras y, si no nos adecuamos al esquema de división de poderes que establece la Constitución, van a ser los jueces quienes en definitiva van a tener que resolver y se va a judicializar la política lo cual no es bueno para el refuerzo de las instituciones ni tampoco es una buena imagen para dentro y fuera del país”, consideró.

El diputado de EF justificó: “El Pro adelantó que no iba a dar quórum, la LLA tampoco, parte del radicalismo aliado al Gobierno de la mano de De Loredo tampoco iba a dar quórum por lo tanto recaía sobre UP, Encuentro Federal, el FIT y la Democracia para Siempre y otros parlamentarios provinciales”.

Brügge sostuvo que “ha habido casos de ausencias que no han podido estar presente por lo que el quórum estaba ajustado y por eso pedimos la postergación para la semana que viene. Quienes no pudieron estar por diferentes motivos estén y así avanzar con el quórum propio y dar el debate”.

“El Parlamento es para debatir. Esto del quórum o no quórum es una mala práctica que venimos arrastrando de varios periodos legislativos que nada bien le hacen al país”, criticó.

En vísperas de la sesión especial que contempla, en el temario, al proyecto de ley de reforma al marco normativo de los decretos y el DNU 486­/24 que permite el canje de deuda sin pasar por el Congreso, el diputado nacional Esteban Paulón (Encuentro Federal – Santa Fe) confirmó que habrá quórum y reafirmó que están los votos para avanzar con ambos textos.

A través de una publicación en X, el representante de Socialismo santafesino en Diputados se refirió a las versiones periodísticas que hablan de una estrategia del Gobierno nacional para truncar el encuentro de este martes en el recinto: “Para quienes tienen dudas, mañana SI habrá quorum y media sanción para la ley que modifica los DNU”.

Para quienes tienen dudas, mañana SI habrá quorum y media sanción para la ley que modifica los DNU 💪
Esta ley NO es un intento desestabilizador, sólo persigue devolver equilibrio y roles a las instituciones de la República 🏛️
Vamos por más y mejor #democracia ❤️ https://t.co/lhOfwjfTnj

— Esteban Paulon 🌈💚 (@EstebanPaulon) November 11, 2024

Del mismo modo le mandó un mensaje al jefe de Estado: “Esta ley no es para Javier Milei y no es contra ningún gobierno”, sino que “es para fortalecer la división de poderes en el mediano y largo plazo”, remarcó Paulón.

En tal sentido, amplió que los proyectos del temario de la sesión “no pretende desestabilizar a nadie, sino devolver el equilibrio a la República y brindar mayor seguridad jurídica que es lo que necesita el país para atraer inversiones que generen desarrollo y empleo”.

Para ello, destacó que su espacio político se opuso a gobernar vía DNU, desde la reforma constitucional de 1994; y recordó que desde el 2007 el PS presenta proyectos para modificarlos, planteado que “son un desequilibrio inadmisible para la democracia. Los DNU ofrecen más facilidades para dictar leyes, que pasando por el Congreso”.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal – Córdoba) presentó un proyecto de ley por el que propone regular la gestación por sustitución, una práctica que, si bien no está contemplada explícitamente en la legislación argentina, ha sido permitida en varios casos por la jurisprudencia.

Con esta iniciativa, el legislador cordobés propone la creación de un marco normativo transparente y equitativo que proteja tanto a la mujer gestante como al niño nacido bajo esta modalidad, así como a quienes deseen asumir el rol de padres y madres.

“No podemos seguir ignorando las dificultades que atraviesan quienes desean ser padres y se ven obligados a enfrentar largos procesos judiciales e incertidumbres legales para que se les permita el acceso a esta técnica”, agregó Agost Carreño.

Presenté un proyecto para regular la gestación por sustitución en Argentina. Actualmente, esta práctica no tiene un marco legal claro, aunque en algunos casos ha sido permitida por la justicia. Quiero que todas las partes involucradas tengan seguridad jurídica. 🇦🇷

— Oscar Agost Carreño (@oagost) November 5, 2024

La iniciativa es dirigida al interés superior del niño, asegurando que no quede en una situación de vacío legal. “La filiación del niño debe estar garantizada desde el nacimiento, evitando conflictos posteriores”, explicó Agost Carreño, quien también insistió en la necesidad de un procedimiento expedito y seguro.

Asimismo, el contenido del proyecto hace foco en resguardar los derechos de la mujer gestante, estipulando que en ningún caso el acuerdo pueda vulnerar su salud, libertad o integridad física. De igual manera, se incorpora la obligación de que la gestante cuente con contención y apoyo psicológico, además de una cobertura de salud completa durante el embarazo y hasta un año después del nacimiento.

En el proyecto se establece que la práctica puede realizarse tanto de forma altruista como con compensación económica, lo cual coloca a Argentina en una posición intermedia respecto de otras legislaciones internacionales. Agost Carreño destacó la importancia de reconocer la voluntad de quienes participan en el proceso de gestación subrogada: “Es fundamental proteger la autonomía y libertad de cada una de las partes, sin desatender la necesidad de evitar abusos y ofrecer garantías”.

Por medio de esta presentación, Agost Carreño considera que el inmediato tratamiento de este texto será beneficioso para la inclusión de una práctica cada vez más extendida en el mundo, asegurando así los derechos de las personas gestantes y de los futuros niños, que merecen nacer bajo un marco de total protección y amparo legal.

El presidente del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, salió a defenderse, vía X, de las acusaciones que le hizo el presidente de la Nación, Javier Milei, la semana pasada y aseveró que “lo único miserable es la realidad en la que viven muchos argentinos”.

El titular de la bancada multisectorial, uno de los principales referentes de la oposición dialoguista, suele tener intervenciones dirigidas al Gobierno nacional en cada sesión. La última fue más un reclamo que las usuales sugerencias en el marco del veto a la ley de financiamiento universitario.

Ya sin la mesura que tenía en el tratamiento de la Ley de Bases, Pichetto fue más allá y comparó al Gobierno con “un barco sin luces en el mar, un tren que no llega a ninguna estación; una sociedad anónima de destrucción masiva de lo poco que nos queda de un poco de bienestar del Estado argentino”.

“¿Qué es lo que expresan con este plan económico, que no sabemos cuál es el plan? ¿Cuál es el ajuste al estilo de Martínez de Hoz? Ahora abrieron las exportaciones chinas… Cuando Estados Unidos aprieta para controlar a través de la Aduana, acá abrimos alegremente”, se había quejado. Y aseveró: “Expliquen el plan económico, adónde nos llevan; dígannos adónde van, porque ahora tenemos que abordar el debate del Presupuesto… Esperamos que el ministro venga, que tenga un gesto con esta casa”.

Como era de esperar, la respuesta del jefe de Estado llegó una semana después en una entrevista con Antonio Laje en el canal LN+, donde arremetió contra el histórico legislador: “Pichetto es un ignorante en términos de economía porque, primero, es absolutamente inválida la comparación con el programa de Martínez de Hoz”.

Respecto al comentario de Milei sobre mi discurso: lo único miserable es la realidad en la que viven muchos argentinos.

Le incomodó lo de la tablita de Martínez de Hoz y Ricardo Arriazu durante la Dictadura. Lamentablemente, se parece mucho al crawling peg de Caputo.

También…

— Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) October 21, 2024

Y añadió: “Básicamente una de las cosas que no hizo el programa de Martínez de Hoz fue el ajuste fiscal. Otra cosa que yo también le podría decir es que eso fue en un régimen dictatorial y esto es en democracia. Estas analogías son bastante poco felices”.

A casi dos semanas del discurso de Pichetto y a una de la respuesta de Milei, el jefe de bancada de EF volvió a la carga, esta vez por X: “Respecto al comentario de Milei sobre mi discurso, lo único miserable es la realidad en la que viven muchos argentinos”, y acompañó: “Le incomodó lo de la tablita de Martínez de Hoz y Ricardo Arriazu durante la Dictadura. Lamentablemente, se parece mucho al crawling peg de Caputo”.

En ese punto, también apuntó contra el periodista que entrevistó al jefe de Estado: “También es miserable la actitud del periodista que lo entrevistó, incapaz de defender a un colega del mismo medio”. “Cuidado con seguir agitando la violencia”, alertó Miguel Ángel Pichetto.

Durante los primeros meses de la gestión del libertario, el jefe de bloque de Encuentro Federal se mostró con una actitud dialoguista que mes a mes lo fue alejando cada vez más de acordar con el oficialismo, incluso, dejándolo sin quórum en la primera sesión tras el receso.

El diputado nacional Juan Brügge (Encuentro Federal – Córdoba) es cofirmante de un proyecto de ley, impulsado desde Unión por la Patria, destinado a la regularización de las billeteras virtuales garantizando la protección de los usuarios.

El legislador, que integra la bancada multisectorial que preside Miguel Ángel Pichetto, quien también firmó el texto, amplió que la iniciativa es para “beneficiar exclusivamente a los usuarios porque, en definitiva, lo que queremos con esto, es proteger el sistema financiero en su conjunto, pero especialmente dar protección a los usuarios que lo utilizan”.

Entrevistado por parlamentario.com, el cordobés alertó sobre la desprotección respecto a los usuarios en caso de que las marcas de billeteras virtuales cierren, desaparezcan o quiebren: “Esta ley viene a proteger a los usuarios en ese punto en donde están totalmente desprotegidos y están a la buena de Dios”.

El proyecto de ley en cuestión fue presentado por el diputado opositor Sergio Palazzo, y además de los avales de Brügge y Pichetto, también rubricaron el texto Germán Martínez, jefe de bancada de Unión por la Patria, Carlos Cisneros, Julia Strada y Eduardo Valdés.

El diputado cordobés Juan Brügge alertó que "las billeteras virtuales no llevan un legajo de sus clientes".

- En líneas generales ¿A qué apunta el proyecto de ley?

- “El proyecto de ley apunta a regular todo lo referente a aspectos que hacen a la protección del usuario de este tipo de instrumentos de pago. En principio, las billeteras virtuales no llevan, como si lo llevan los bancos y las otras entidades financieras, un legajo de sus clientes, no hacen un control sobre el origen de los fondos, ni tampoco tienen áreas específicas de protección de usuarios como si la tienen si las entidades bancarias. Por lo tanto, el gran volumen de dinero que manejan justifica, sobradamente, la exigencia de una regulación mínima. No queremos equiparar al 100% a las exigencias que establece el Banco Central hacia los bancos, pero sí exigencias mínimas para protección de los usuarios”.

- Hoy las billeteras virtuales son utilizadas por todos los sectores de la sociedad ¿La propuesta no perjudicará a los usuarios?

- “No para nada. Al contrario, lo va a proteger porque en principio lo que dijimos recién: A los bancos se le exige tener garantía de los fondos que recibe. Hoy, con las billeteras virtuales es muy común que el usuario o el cliente deje en fondos allí en su billetera virtual. ¿Qué sucede si la billetera virtual por cualquier circunstancia cierra desaparece o quiebra? ¿Quién va a responder por esos fondos cuando no se le exige ningún tipo de garantías de los depósitos que allí está? Por lo tanto, esta ley viene a proteger a los usuarios, también, en ese punto en donde están totalmente desprotegidos y están a la buena de Dios en función a la seriedad o no, o la responsabilidad o no, de los titulares o los dueños de las billeteras virtuales”.

- Hay una pelea entre el sector bancario y las Fintech ¿El proyecto a qué sector beneficiaría?

- “Exclusivamente a los usuarios del sistema financiero y de los usuarios de los sistemas de bibliotecas de bibliotecas virtuales porque en definitiva lo que queremos con esto es proteger el sistema financiero en su conjunto, pero especialmente dar protección a los usuarios que lo utilizan”.

Luego de que el oficialismo se alzara con el triunfo del blindaje al veto presidencial hacia la Ley de Financiamiento Universitario, la sesión se desmadró cuando, al momento de continuar con las cuestiones de privilegio y los homenajes tal como habían acordado en Labor Parlamentaria, el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño hizo una moción de emplazamiento a comisiones sobre los proyectos de modificación a la Ley que regula los DNU.

El cordobés dispuso leer el pedido: “De acuerdo a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 106 del reglamento esta Cámara formulo moción a fin de que se disponga el emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales; de Peticiones, Poderes y Reglamento para que, en forma conjunta y en trabajo plenario, inicien en el tratamiento de todos los proyectos de ley referidos a la modificación de la Ley 26.122 de Régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia”.

En tanto, propuso que se realicen reuniones informativas de estas dos comisiones el día miércoles 16 de octubre a las 17; la segunda el día 23 de octubre en el mismo horario y el día 30 de octubre estar en condiciones para dictaminar. Tras ello, la moción de emplazamiento resultó afirmativa con votación a mano alzada.

La propuesta que trajo conflicto

El cordobés respaldó su pedido en los términos del penúltimo párrafo del artículo 106 del reglamento interno de la Cámara respecto de los proyectos de ley que modifican la Ley 26.122 del régimen de los DNU. “El tema de los emplazamientos los vamos a hacer al final como hemos quedado. Primero las cuestiones de privilegio, homenajes. Es lo que acordamos en Labor Parlamentaria entre todos”, le aclaró el presidente del Cuerpo, Martín Menem.

Al darle la palabra al diputado de izquierda Alejandro Vilca para que realice una cuestión de privilegio, éste decidió cederle su tiempo al diputado Nicolás Massot, pero Menem le reiteró enojado: “Ya se la he dado, no es una moción del 127…  Lo hemos planteado en Labor Parlamentaria que venía el debate de la sesión, votábamos, Luego cuestiones de privilegio, homenajes y durante la sesión vinieron a pedirme un emplazamiento y lo vamos a hacer al final como hemos quedado porque estamos cumpliendo el plan que nos hemos trazado todo y no vamos a cambiar”.

“Retiro mi cuestión de privilegio para que tenga la oportunidad el diputado Massot”, reiteró Vilca, pero el titular del Cuerpo lo volvió a rechazar, aunque luego le cedió finalmente la palabra al diputado de Encuentro Federal.

Massot le planteó a Menem que no es la primera vez que, por cuestiones de la dinámica, se altere el plan de labor. “Tampoco va a ser la primera vez que para respetar el plan decidamos votar mociones de orden y, si resultan afirmativas, tratarlas al final. Quizás sea una solución y usted lo ha hecho en sesiones pasadas presidente...”. Atento que Menem no lo estaba mirando, lo chicaneó: “Si quiere le mando un mensaje de texto si lo va a leer desde el teléfono”. “Lo estoy escuchando diputado”, le retrucó el libertario, pero Massot le contestó: “No parece”.

“Estoy cumpliendo con lo que nos hemos comprometido todos en Labor Parlamentaria”, reiteró Menem, pero el diputado de Encuentro Federal insistió: “Entonces no me está escuchado, porque las mociones no atentan contra el plan de labor y se puede cumplir simplemente respetando las mociones, votándolas y si resultan afirmativas se votan al final. No está fácil el clima acá. Por favor tenga la prudencia de respetar las mociones”.

El titular del Cuerpo solicitó al secretario parlamentario dar lectura al artículo 127 del reglamento de la Cámara sobre las mociones de orden.

Se sumó al cruce el jefe del bloque de la CC, Juan Manuel López, quien le recordó a la Presidencia que el pasado 1 de octubre se aceptó una moción por el tema de los incendios en San Luis que alteró el plan. “Está claro en el reglamento, no lo violenten. El diputado Agost tiene que poder completar la moción que estaba haciendo y votarla inmediatamente, no veo por qué tensar y hacer decir algo que no dice el reglamento y por qué no podemos en los términos del 106 emplazar una facultad que circunstancialmente tiene usted”, le planteó López y le enrostró que hubo cinco antecedentes “pacíficos” sobre lo mismo.

Como titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario Nicolás Mayoraz, comentó que le propuso a Agost Carreño, ante la posibilidad de pérdida de quórum en la sesión, la realización de una reunión de la comisión para tratar los 16 proyectos que hay de reforma de la Ley de DNU, teniendo en cuenta que es una ley que requiere de mayoría especial, para el miércoles siguiente y armar un plan de trabajo. “Pasaron 12 años sin tener ley de DNU y entendemos que hay que modificarla”, afirmó Mayoraz.

Menem lo interrumpió en tono enojado y le aclaró: “No se trata convocar o no. Las mociones de orden están en el 127 no es que no se van a tratar, solo estamos respetando el orden en el que hemos quedado… No se trata de no tratar algo, simplemente que al final se vota y se emplaza. No hay voluntad de no tratar algo”.

De la vereda de enfrente, el jefe de la bancada de UP, Germán Martínez, reafirmó que un emplazamiento en el recinto se puede hacer “en cualquier momento de la sesión”, y le advirtió: “Ya hizo todo lo que tenía que hacer y no nos va a voltear el quórum”, a lo que Menem reaccionó: “Diputado no se trata de voltear el quórum…si quieren votar lo van a hacer”, a lo que el santafecino le salió al cruce: “Lo que tiene que hacer es interpretar el reglamento porque la moción de emplazamiento no tiene nada que ver con las mociones del 127”, y le pidió votar la propuesta de Agost Carreño.

También se metió el diputado de izquierda Christian Castillo al debate quien le recordó a Memen que “se han hecho en las sesiones numerosas oportunidades donde se ha hecho mociones de orden que debían ser puestas a votar y no se votó. Se han modificado propuestas de moción que usted transformó en apartamientos. Apoyamos la propuesta del diputado Agost Carreño”.

Por el Pro, la diputada Silvana Giudici le tiró más leña al fuego y arremetió: “Me da escozor que el partido que defiende la institucionalidad y la república la que se siente con estas maniobras a querer torcer la voluntad de una mayoría. El plan de labor se cumple y el que se haga cargo que quiere llevarse puesto al Gobierno o la voluntad de la mayoría de los argentinos expresados en este Congreso decida de qué lado se queda. Queremos que se cumpla el plan de labor y no hay cuestión reglamentaria para que sea diferente”.

Tras ello y para poner paños fríos, el presidente de la Cámara invitó a los jefes de bloque a un breve cuarto intermedio de un minuto para “resolver el tema como corresponde. Nos tenemos que poner de acuerdo porque estamos incumpliendo”. Para dar cierre a la situación, pidió al diputado Agost Carreño que reitere la moción y pidió no volver a repetir lo ocurrió porque “damos un mal ejemplo”.

El diputado nacional por Córdoba Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo brinde información detallada sobre el funcionamiento y la gestión del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), creado por el Decreto 725/2021. El legislador solicitó que se aclaren los montos erogados, los proyectos financiados y los resultados de las auditorías realizadas hasta la fecha.

“El Fondo fue creado con el objetivo de financiar proyectos productivos en Tierra del Fuego y mejorar la competitividad de la provincia, pero necesitamos conocer si ha cumplido con ese propósito”, expresó Agost Carreño.

Además, señaló la necesidad de transparentar el uso de los recursos: “Desde su creación, este fideicomiso ha manejado miles de millones de pesos, por lo que es indispensable saber a qué proyectos se destinaron los fondos y cuál fue el impacto real en la ampliación de la matriz productiva”.

El legislador también hizo hincapié en las críticas que el presidente Javier Milei realizó sobre este tipo de fondos fiduciarios, refiriéndose a ellos como “cajas negras de la política”. En este sentido, Agost Carreño resaltó que el pedido tiene el propósito de aclarar si se tomaron medidas para corregir las deficiencias señaladas por la Sindicatura General de la Nación en materia de control y rendición de cuentas.

“El control del FAMP está en manos del Ministerio de Economía, y es fundamental saber si han subsanado las debilidades en los procedimientos administrativos y de auditoría que la SIGEN advirtió en su informe”, añadió el diputado.

El proyecto de Agost Carreño fue acompañado con las firmas de los diputados Ricardo López Murphy, Alejandra Torres y el titular del bloque CC, Juan Manuel López.

El bloque de diputados nacionales de Encuentro Federal advirtió su preocupación por el DNU 780/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, por el que el Gobierno nacional modificó la la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.

A través de un pedido de informes impulsado por Margarita Stolbizer y acompañado por el jefe de bancada Miguel Ángel Pichetto, le piden explicaciones al Poder Ejecutivo explique qué dependencias, organismos o expertos han intervenido en la redacción del decreto y si ha sido consultada la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), ya que se “restringe su función y se altera su sentido”.

“Entendemos que con esta medida el gobierno restringe el derecho de los ciudadanos a preguntar e informarse sobre los funcionarios públicos, quienes desde el momento en que toman la decisión de ejercer cargos en los que se administran recursos del Estado deben estar sometidos al control de la sociedad”, agregaron.

Del mismo modo, explicaron que “la reserva de información respecto del patrimonio, la agenda y los gastos de los funcionarios que plantea el Decreto 780/24 nos retrotrae a la opacidad del pasado, marcada por la corrupción y abusos de poder. De esta manera se debilita el funcionamiento de nuestra democracia y se genera una pérdida de confianza social en las instituciones”.

Asimismo, señalaron que “desde Encuentro Federal seguiremos bregando por la transparencia en el funcionamiento del Estado, la consolidación de las instituciones públicas y la igualdad de derechos a todas las personas”, y cerraron que este pedido de informes fue dirigido a la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), máxima garante de derecho de acceso a la información pública, y a la Jefatura de Gabinete, de quien la AAIP tiene dependencia funcional.

Acompañaron, también, con su rúbrica los diputados nacionales Emilio Monzó, Mónica Fein, Ricardo López Murphy, Oscar Agost Carreño, Nicolás Massot, Esteban Paulón y Juan Brügge.

A través de un comunicado, el bloque de diputados de Encuentro Federal manifestó que “desconocer la voluntad de los legisladores es desconocer la esencia de la democracia misma”, y cuestionó al Gobierno que “impulsa medidas que benefician a patrimonios más altos”.

El bloque de diputados de Encuentro Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto, desafía al oficialismo y le anticipó que van a “insistir para que la movilidad jubilatoria sea ley” ante el anuncio del presidente, Javier Milei, de que vetará por completo la norma.

A través de un comunicado, ratificaron su apoyo a la ley que “busca recomponer los ingresos de los jubilados y darles previsibilidad, que fuera aprobada por una amplia mayoría en el Congreso de la Nación y que, a pesar de ello, el presidente Javier Milei anunció que vetará en las últimas horas”.

“Estamos comprometidos con la búsqueda del equilibrio fiscal, por el que hemos militado y trabajado desde que el hoy presidente era un comentarista mediático”, aseguraron, pero sostuvieron: “Creemos que no hay un único camino para alcanzarlo. Por eso, en reiteradas ocasiones puntualizamos sobre la necesidad de que exista proporcionalidad en el sendero de baja del déficit”.

En el texto, el bloque que forma para de la oposición dialoguista criticaron que “a pesar de que ‘no hay plata’, el Gobierno impulse medidas que benefician a los patrimonios más altos, como una importante baja del Impuesto a los Bienes Personales y un blanqueo que premia a quienes no aportaron, al tiempo que define la vuelta del Impuesto a las Ganancias que afecta principalmente a la clase media. O que destina 100 millones de dólares para la SIDE y más de 650 millones de dólares para la compra de aviones F-16. Tan solo el dinero de los fondos reservados para los espías representa 463.772 jubilaciones mínimas”.

“Observamos con preocupación una distorsión en las prioridades de gestión del Gobierno. Es falso que el ajuste lo está pagando la casta. Más de un tercio de ese ajuste recae sobre los jubilados, quienes con la Ley de Movilidad sancionada por el Congreso pueden ver sus ingresos ajustarse mensualmente por inflación para no perder poder adquisitivo”, expresaron.

En esa línea, reiteraron su compromiso con la búsqueda del equilibrio fiscal, por lo que instaron al presidente a que “revise los 32 regímenes especiales que representan unos 4.7 puntos del PBI. Ahí puede encontrar fondos suficientes para compensar lo que perdieron los jubilados por el 20,6% de inflación de enero, tal como prevé la ley que vetó”.

“El Congreso tomó una decisión sobre las jubilaciones con el firme propósito de compensar la inflación y poner fin a la práctica de otorgar bonos discrecionales, una política iniciada por Alberto Fernández”, señalaron y advirtieron: “Las amplias mayorías que respaldaron esta medida enviaron un mensaje inequívoco de legitimidad que el Gobierno no debiera ignorar. Reviste aún más gravedad que el actual régimen previsional pende de la fragilidad de un DNU.

Por último, consideraron que “desconocer la voluntad de los legisladores es desconocer la esencia de la democracia misma, que no solo establece a quien comanda el poder central, sino también a quienes representan a la sociedad en el Parlamento y tienen la responsabilidad de actuar como contrapeso. La verdadera fortaleza del Estado reside en el equilibrio y la cooperación entre los poderes en beneficio de todos los ciudadanos”.

Protagonista de la fallida sesión de este miércoles en Diputados, horas después de lo ocurrido en el recinto, el bloque de Hacemos Coalición Federal, presidido por Miguel Pichetto, fue rebautizado como Encuentro Federal.

La nota formal enviada al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, fue firmada por Pichetto y Oscar Agost Carreño, el secretario de la bancada.

El bloque actualmente está conformado por 16 miembros, entre los que hay exreferentes de Juntos por el Cambio, peronismo disidente, oficialismo cordobés y socialismo santafesino, entre otros.

Además de Pichetto y Agost Carreño, a Encuentro Federal lo integran Emilio Monzó, Nicolás Massot, Ricardo López Murphy, Margarita Stolbizer y Florencio Randazzo.

También están los cordobeses Juan Brügge, Natalia de la Sota, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres; los santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón; el entrerriano Francisco Morchio y el chubutense Jorge Ávila.

El bloque Encuentro Federal de la Cámara de diputados de la Nación presentó un proyecto de ley para que los sectores de la población de menores ingresos sean incluidos en forma automática para continuar recibiendo el subsidio en los servicios de tarifas de electricidad y de gas. 

La iniciativa del bloque presidido por la diputada Margarita Stolbizer, plantea en sus fundamentos evitar el “complejo procedimiento de confección de declaraciones juradas por parte de los usuarios y la obligación por parte de las autoridades de aplicación de incluir a un determinado universo en el Nivel 2, menores ingresos, de acuerdo a la segmentación, sobre todo para los más vulnerables, permitirá una inclusión más justa y equitativa dentro del régimen propuesto, permitiendo que sólo puedan acceder a los beneficios aquellos que realmente necesitan que su tarifa resulte subsidiada”. 

Al respecto Stolbizer manifestó que “la concesión automática del subsidio para los sectores más vulnerables simplificará su inclusión, optimizando su asignación con mucho menos margen de error”. 

Así también, el proyecto de ley considera que la información vertida en los registros con que cuentan las distintas áreas de gobierno es, en todos los casos, suficientes para asignar el nuevo beneficio sin imponer nuevas obligaciones. 

La presentación lleva la firma de los diputados nacionales, Domingo Luis Amaya, Margarita Stolbizer, Emilio Monzó y Sebastián García de Luca. 

La diputada nacional por el bloque Encuentro Federal Margarita Stolbizer afirmó que el país se debe un debate serio sobre “el gasto productivo e improductivo del Estado”. Al respecto, señaló que “no se trata de cortar por cortar o aumentar por aumentar presupuestos, sino de definir un Estado eficaz para cumplir con los objetivos necesarios y eficiente a la hora de utilizar recursos y tiempo”. 

En este sentido, la legisladora de Juntos por el Cambio mencionó el caso de la educación, sobre lo que remarcó que, “si bien existe hace años una ley que nunca se cumple que establece un 6 por ciento del presupuesto a esa área, lo importante es cómo y dónde se invierte, porque si ese dinero va a solventar la enorme cantidad de cargos jerárquicos en el Ministerio, mientras hay escuelas que no pueden comenzar las clases por falta de gas, de qué sirve ese gasto, por eso sostengo que hay que evaluar la calidad del gasto”. 

Cuestionada respecto a los problemas que aquejan a la Argentina, la titular del Partido para un Encuentro Nacional (GEN), aseveró que “el peor problema que tiene la Argentina es el gobierno que tiene” y explicó que “sería diferente si tuviéramos un gobierno ocupado en resolver los grandes problemas que tiene el país: la pobreza, la inflación o la inseguridad”. 

En el marco de las audiencias públicas convocadas por la Secretaría de Energía de la Nación, los diputados del bloque Encuentro Federal (JxC) elevaron una presentación al secretario de esa cartera, Darío Martínez, en la que proponen reformular los subsidios de las tarifas de gas y electricidad con el fin de favorecer a los sectores de menores ingresos. Al mismo tiempo, alertaron sobre la falta de información brindada por el Ejecutivo para que los usuarios opinen sobre los nuevos cuadros tarifarios durante dichas audiencias.

La nota fue presentada por Margarita Stolbizer, presidenta del bloque, y lleva las firmas de Emilio Monzó, Sebastián García de Luca y Domingo Amaya. Los legisladores plantean en ella que “resulta prioritario establecer un esquema de subsidios energéticos que auxilie a quienes menos tienen ya que el esquema actual, que asigna beneficios de manera generalizada a los usuarios, termina favoreciendo a los sectores de mayores ingresos en la medida en que los subsidios que estos reciben son financiados -en parte- por emisión monetaria”.

"El esquema actual profundiza los desequilibrios macroeconómicos que más afectan a los sectores de menores ingresos. Según la información proporcionada por Energía para las audiencias públicas más del 70% de los subsidios en energía eléctrica y en gas natural se destinan a los deciles de población en los cuales menos impacto proporcional tienen los gastos en estos dos servicios", argumentaron.

En suma, sostuvieron: “Nunca es una buena idea destinar subsidios a quienes no lo necesitan, siempre deberían focalizarse en quienes sí los necesitan. Pero además esta ineficiente asignación de fondos públicos se realiza en el contexto de una fuerte restricción fiscal. Ordenar las cuentas públicas beneficiará a toda la población, pero muy especialmente a los sectores con menor ingreso disponible”.

Por último, llamaron la atención sobre la falta de precisiones respecto a los criterios de segmentación que se utilizarán para establecer el nuevo esquema de subsidios. Si bien en los informes que se brindaron para las audiencias públicas se establece que se aplicarán variables socioeconómicas y espaciales, “los cruces de datos para precisar los alcances en cada región de los criterios de segmentación propuestos por el Estado, aún están sujetos a cruces adicionales de bases de datos y confección de padrones que a esta altura ya deberían estar resueltos”, señalaron los legisladores.

La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz celebró el encuentro federal de mujeres que este sábado reunió en Tecnópolis a más de 800 concejalas e intendentas de todo el país en una jornada de capacitación y debate, al sostener que “primó el bien superior, que es la unidad del Frente de Todos”.

En esa línea, la dirigente peronista instó a “dejar las diferencias de lado para que la unidad sea el bien superior a custodiar por todas nosotras”, algo que definió como un “ejemplo de enorme responsabilidad política”, y un “enorme compromiso con la etapa que atraviesa la Argentina”.

Allí estuvieron la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario; la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta; la ministra de Gobierno de la Provincia, Cristina Álvarez Rodríguez; la presidenta de AySA, Malena Galmarini;  la ministra de  las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz; y la ministra de Igualdad y Género de la provincia de Santa Fe, Florencia Marinaro.

La jornada fue promovida por la Red Federal de Concejalas de la Federación Argentina de Municipios (FAM), y se realizó en el marco del esquema “Nosotras movemos al mundo”, que impulsa el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

La cumbre de concejalas e intendentas sumará este domingo un nuevo capítulo, en un encuentro que mantendrán las referentes de la red más grande del país con el presidente Alberto Fernández, a las 10 en el Centro Cultural Kirchner.

“Cuando empezamos a trabajar en este encuentro de la red federal de intendentas y concejalas con María Higonet lo hicimos con la convicción y el desafío de multiplicar la acción de las mujeres, y así poder despejar el duro camino para las nuevas generaciones”, explicó Tolosa Paz sobre la iniciativa que este sábado desembarcó en Villa Martelli y el domingo se trasladará al CCK. En esa línea insistió en la necesidad de transitar “un sendero de unidad”. Y remarcó que “hoy aquí construimos unidad sin distinguir agrupaciones políticas. Nuestro norte es la patria justa, libre y soberana que siempre soñamos, y no vamos a aflojar”.

Los diputados del bloque Encuentro Federal presentaron un proyecto que propone transferir a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires los fondos recaudados con el Impuesto PAIS, de forma automática y de acuerdo a los porcentajes establecidos en la Ley de Coparticipación 23.548.

El proyecto fue presentado por Sebastián García de Luca y lleva las firmas de Margarita Stolbizer, Emilio Monzó, Domingo Amaya, legisladores de Juntos por el Cambio, Provincias Unidas y SER. En él se plantea una modificación del artículo 42 de la Ley 27.541 (Ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública) a fin de que se incluya a los gobiernos provinciales y a la Ciudad de Buenos Aires en la distribución de los fondos que se recaudan con el Impuesto.

“Este año el Impuesto PAIS va a ser el de mayor crecimiento, alrededor de un 80% según estimaciones del presupuesto que presentó Guzmán. Y durante el 2020 y el 2021 el Gobierno nacional se quedó con todo el dinero recaudado para hacer frente a la pandemia, pero también los gobiernos provinciales y municipales asumieron enormes costos y desafíos” comentó García de Luca. Asimismo, explicó que “por no coparticipar este impuesto, en dos años las provincias resignaron $233.400 millones, que en el caso de la provincia de Buenos Aires fueron unos $50.000 millones”.

Por último, indicó que “tal como está planteado, este impuesto acentúa la concentración de recursos por parte del Gobierno nacional y no tenemos manera de enfrentar los problemas estructurales que tiene la Argentina si en las medidas que se toman no se respeta que somos un país federal”, puntualizó el ex secretario de Interior durante la gestión de Cambiemos.

La diputada nacional y presidenta del partido GEN Margarita Stolbizer (Encuentro Federal- Buenos Aires) analizó el principio de entendimiento de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las consecuencias que traería: “Si no se llega al acuerdo, los riesgos de empeorar nuestra situación política, económica y social son realmente muy grandes”. En suma, opinó sobre la puja entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación por los subsidios al transporte de pasajeros, y el proyecto que presentó su espacio respecto a la conformación del Consejo de la Magistratura.

En una entrevista exclusiva con Grupo La Provincia, Stolbizer analizó el principio de entendimiento con el FMI y aseguró que “el acuerdo es necesario”, pero “insuficiente, si pensamos en que el acuerdo vaya a resolver los problemas que la Argentina tiene, no, obviamente que los problemas que tenemos, aunque se cerrara un acuerdo absolutamente beneficioso no se resuelven”. Sin embargo, consideró que “si no se llega a un acuerdo los riesgos de empeorar nuestra situación política, económica y social son realmente muy grandes”.

“Por eso me parece que hay que hacer todas las gestiones, hay que tratar de transparentar la negociación, lo que no implica de ninguna manera dar un cheque en blanco sobre cuál sea el contenido de la negociación, lo que es necesario es aprobar que el Gobierno pueda llevar adelante una negociación y que esté obviamente obligado a transparentar y brindar toda la información sobre los contenidos que esa negociación tiene y que todavía se desconoce”, expresó la diputada de Juntos.

Sin embargo, señaló que “lo que el Gobierno está buscando no es resolver un tema de una deuda hacia atrás, sino como contrae una deuda hacia adelante, porque si no parece un doble discurso demonizando el acuerdo con el Fondo, y en realidad lo que se está buscando es ampliar el crédito que tenemos, y por eso muchos celebran que en pocos días va a ingresar una cantidad de dinero importante, entonces hay que sincerar un poco la situación de la negociación”.

Consultada por cómo votará JxC, afirmó: “Es una posición razonable, pero también me parece que hay que tener un poco de autoridad para estas cuestiones porque en el momento en que se tomó el préstamo durante el gobierno de (Mauricio) Macri se aumentaron los impuestos y las tarifas también, entonces creo que tenemos que tener un poco de resguardo sobre esto y que no se pueden fijar posiciones tan terminantes sin conocer un poco más sobre los contenidos del acuerdo. Yo sería un poco más prudente en este punto respecto de cómo poner condicionamientos o qué condicionamientos poner”.

Por otro lado, sobre la polémica que se generó entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación por los subsidios al transporte de pasajeros, la legisladora con una mirara más pacífica opinó: “Hay que tratar de encontrar un punto de equilibrio y evitar una confrontación que no conduce a ningún lugar, siempre hay que pensar este tipo de cuestiones en función del usuario, las personas que toman el transporte público, y de qué manera el costo del transporte impacta hoy en el bolsillo del trabajador”.

“Hay que tratar de sacar estos temas de una puja política. Es lógico que los gobernantes defiendan los intereses de su territorio y de las personas que viven en él, pero me parece que hay que tratar de ponerle racionalidad y equilibrio a la discusión”, precisó.

Por último, se refirió al proyecto sobre la reforma al Consejo de la Magistratura que presentó su bloque: “Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el proyecto hoy que demanda una sanción urgente, según lo que estableció la Corte en su fallo de diciembre es restablecer el equilibrio que la Constitución fijó para la conformación de ese Consejo, el equilibrio entre los tres estamentos que componen el Consejo de la Magistratura, entonces el proyecto lo primero que apunta es a reconstruir ese equilibrio, por lo tanto nosotros llevamos el número de componentes al número que tenía antes, cuando realmente existía ese equilibrio que era el de 20, que debe estar distribuido entre los tres estamentos”.

“La otra cuestión en nuestro proyecto es que consideramos que la presidencia del Consejo debe estar en cabeza de un miembro de la Corte, la diferencia que tenemos con otros proyectos es que algunos no ponen a la corte en cabeza del Consejo, y otros ponen al presidente de la Corte, nuestro proyecto es que la Corte tiene que enviar uno de sus ministros a integrar y ese tiene que presidir, sin que la exigencia sea el presidente de la Corte”, agregó Stolbizer.

En ese sentido, remarcó que tiene “como novedoso nuestro proyecto, dos cuestiones diferentes al resto, una es que nosotros modificamos el jurado de enjuiciamiento para que no sea un organismo de tipo permanente, sino que constituya también respetando las normas de equilibrio en la composición, pero exclusivamente cuando hay una acusación, cuando el Consejo decide acusar a un magistrado, en este momento se conforma el jurado de enjuiciamiento”.

“Y la otra cuestión que incorporamos es una perspectiva de género muy marcada, no solo para que los estamentos estén obligados a elegir en paridad representante varones y mujeres, sino que lo que incorporamos como una cláusula transitoria es que en esta integración que se debe hacer ahora para completar un año de mandato, tengan que ingresar transitoriamente en esta oportunidad todas mujeres, porque todos los que están son varones, entonces nosotras decimos que ingresen ahora todas mujeres para cumplir este año ya en paridad, y después hacia adelante se elijan siempre por mitades”, cerró.

Desde el bloque Encuentro Federal compuesto por los legisladores nacionales Margarita Stolbizer, Emilio Monzó, Domingo Amaya y Sebastián García De Luca, presentaron un proyecto de ley del Consejo de la Magistratura y remarcaron que el Congreso debe sancionar con urgencia un nuevo marco legal para cumplir con el fallo de la Corte que en diciembre pasado declaró inconstitucional la ley actual.

“Este proyecto es nuestro aporte al debate por una nueva ley. El objetivo principal es restablecer el equilibrio en la composición del organismo y también en el Jurado de Enjuiciamiento que además proponemos que no sea estable, sino que se constituya cuando se decide acusar a un magistrado”, declaró Stolbizer.

La diputada sostuvo que “el kirchnerismo buscó esa herramienta para cooptar o para disciplinar a los jueces como parte de una estrategia de impunidad necesaria para silenciar los delitos que se cometieron para el enriquecimiento de muchos funcionarios”.

“Lo que está en juego con la sanción de esta nueva ley es preservar el estado de derecho, la independencia del poder judicial y crear de esa manera las mejores condiciones para ser un país creíble, previsible para crear empleo y combatir la pobreza”, finalizó Stolbizer.

La norma impulsada por el bloque que integra Juntos por el Cambio contempla una integración del Consejo de 20 miembros, tal como sugiere la Corte Suprema, incluyendo a uno de los integrantes del Tribunal Supremo. Asimismo suman dos jueces que “deberán garantizar la representación de primera instancia, cámaras de apelación y de la justicia federal del interior del país”.

En cuanto a la representación política, el proyecto sugiere un representante del Poder Ejecutivo y 8 miembros del Poder Legislativo. ¿Cómo se designarían los mismos? Por la Cámara alta, un senador y una senadora del bloque con mayor número de miembros; otro y otra del segundo bloque en ese sentido. Por Diputados, un varón y una mujer propuestos por el bloque que tenga más miembros; lo mismo para el segundo bloque.

Asimismo se contempla la presencia de dos abogados y dos abogadas; más dos representantes del ámbito científico y académico, elegidos a través del Consejo Interuniversitario Nacional: una mujer y un varón.

Como se ve, el proyecto también contempla la incorporación de la paridad de género no sólo para la integración del Consejo sino también para las listas que presenten los sectores: político, jueces, abogados y académicos. Y como cláusula transitoria que, a los fines de la incorporación de los nuevos integrantes para completar mandato, sean mujeres para alcanzar de inmediato una representación paritaria.

Cabe recordar que la Corte Suprema declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura que impulsó el kirchnerismo en el 2006 con la única finalidad de tener mayorías propias en el organismo que selecciona y remueve magistrados. “De esa forma, rompieron el equilibrio que la Constitución Nacional impone para la conformación del organismo y sobre todo para que ningún sector tenga mayorías propias y hegemonía sobre los otros”, señalaron desde el bloque.