Los diputados del Frente de Izquierda presentaron un proyecto de ley que propone declarar la emergencia financiera de los hogares, con condonación de deudas onerosas y un programa de desendeudamiento de las familias trabajadoras.

La norma, que prevé un plazo de dos años de emergencia, sería aplicable exclusivamente a personas humanas con deudas vigentes de préstamos personales, tarjetas de crédito, o de otro tipo de préstamos al consumo, estén o no en situación de mora crediticia.

Al presentar la iniciativa, el diputado Nicolás del Caño señaló que es "para dar una respuesta a las millones de familias sobreendeudadas a las que sus salarios, jubilaciones y otros ingresos por changas, etc., no les alcanzan para vivir".

"La situación es alarmante y preocupante. Frente a la crisis social y el creciente endeudamiento familiar, se necesita en primer lugar y de forma urgente una suba de emergencia de salarios, prestaciones sociales y jubilaciones, que han sido afectados por el Gobierno para cumplir con el plan de ajuste que exige el FMI y el gran capital", resaltó.

Además, el legislador manifestó que "es necesario cortar la pesada carga de estas deudas que recae en las familias, no por irresponsabilidad, especulación o mala administración financiera, sino como consecuencia de las políticas de ajuste, asfixia salarial y financiera del gobierno de (Javier) Milei y todos sus cómplices, que no dudan en seguir incrementando el endeudamiento externo y los grados de sumisión al imperialismo. Mientras, los bancos y entidades de préstamo han incrementado sus ganancias".

"Proponemos este proyecto de ley como una medida de emergencia ante la crisis, un alivio económico y financiero a las familias trabajadoras", dijo sobre la propuesta, que también fue firmada por sus pares Myriam Bregman, Romina Del Plá y Néstor Pitrola.

En el marco de la emergencia crediticia, el proyecto plantea la suspensión de las posibles ejecuciones de sueldos y la inclusión de los sujetos alcanzados en carácter de situación de mora crediticia mayor a 90 días en el registro de deudores del BCRA (CENDEU) y en el Veraz (Equifax).

Asimismo, plantea un régimen de repago y condonación de deudas totales y parciales, en función de una segmentación que beneficie principalmente a las familias de menores ingresos y para quienes la carga de deuda es mayor. Así, para ingresos familiares por debajo de la Canasta Básica de Pobreza, o en casos en que los gastos en alimentos, servicios, alquiler y expensas superen el 70%, o en otras situaciones especiales (despido en el Estado, períodos de desempleo mayores a tres meses, jubilaciones insuficientes, personas con discapacidad, baja de planes sociales), se condona el total de deuda hasta un monto de 2 canastas básicas (estimadas por los trabajadores de la Junta Interna ATE-Indec). Para el saldo de deuda por encima de 2 canastas básicas se propone una quita de 50% de capital de deuda y un plan de refinanciación a tasa de interés 0%.

Por su parte, para las personas con ingresos individuales inferiores a 1,5 veces la canasta básica (establecida por la JI de ATE-Indec) que no ingresen en categorías anteriores se establece un plan de refinanciación con quita del 50% del capital de deuda y una tasa de interés que no puede superar la evolución de los salarios del sector público nacional o la tasa de inflación, de ellas, la menor.

En tanto, para morigerar la posibilidad que se siga generando un nuevo proceso de endeudamiento familiar con excesivas tasas de interés, se establece un tope a los futuros préstamos personales o tasas que cobran las tarjetas de crédito, cuya tasa de interés no puede superar la variación de salarios, total registrados (CVS-Indec).

Por último, también se propone la conformación de una comisión independiente de auditoría y control de su cumplimiento, compuesta por familiares endeudados, profesionales especialistas, referentes sindicales y barriales.

En el marco de los apartamientos de reglamento votados al principio de la sesión, el primero fue uno presentado por la diputada fueguina de Unión por la Patria Andrea Freites, para introducir en el temario del día los proyectos referidos al endeudamiento familiar, un problema que es asiduamente expuesto en el Congreso.

El tema necesitaba las ¾ partes de los votos emitidos que previsiblemente no consiguió: fue rechazada al obtener solo 110 votos positivos y 121 en contra.

“El endeudamiento familiar es un problema que ya existía, pero este año se triplicó”, argumentó la diputada fueguina, que precisó que el mismo es con tarjetas, créditos personales y con muchos préstamos informales. Pero agregó: “Hoy se endeudan no para adquirir un bien, o irse de vacaciones, sino para comprar medicamentos, alimentos, para pagar servicios básicos”.

Agregó que hay 5,3 millones de argentinos en situación de mora: 26,4%, razón por la cual pedía introducir esos temas al temario, cosa que no consiguió.

El crecimiento del crédito digital y el deterioro en la capacidad de pago de las familias encendieron alarmas en el Senado. En ese contexto, el bloque Convicción Federal presentó un proyecto de comunicación para que el Poder Ejecutivo elabore un informe exhaustivo sobre la evolución del endeudamiento familiar vinculado a préstamos otorgados por plataformas digitales, billeteras virtuales y proveedores no financieros.

La iniciativa fue impulsada por el senador nacional Guillermo Andrada (Catamarca), acompañado por Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán), quienes solicitaron que la respuesta sea canalizada a través del Ministerio de Economía, el Banco Central de la República Argentina y otros organismos competentes.

El planteo se apoya en datos recientes que evidencian un aumento sostenido de la morosidad. Según cifras oficiales del BCRA a marzo de 2026, la irregularidad del crédito al sector privado alcanzó el 7%, mientras que en el caso de las familias trepó al 11,5%, ubicándose por encima del nivel registrado en el sector empresario.

A la par, informes de la Cámara Argentina Fintech y el ITBA indican que más de 8,1 millones de personas utilizan crédito fintech en el país. De ese total, unas 2,3 millones dependen exclusivamente de estas plataformas como canal formal de financiamiento.

Sin embargo, el crecimiento del sector también presenta señales de alerta: la mora operativa de las carteras fintech ronda el 22,7%, mientras que la mora total se ubica cerca del 30,5% en el inicio de 2026.

“En numerosos casos, estos instrumentos financieros rápidos son utilizados por las familias para afrontar gastos corrientes o esenciales, como alimentación, salud, educación, servicios públicos o alquileres, o bien para cancelar deudas previas”, advirtió Andrada. En esa línea, señaló que este fenómeno genera “ciclos de refinanciación recurrente que derivan en situaciones de sobreendeudamiento”.

A través del proyecto, los legisladores buscan conocer si el Gobierno dispone de estudios sobre el uso de créditos digitales para consumos básicos, qué información tiene sobre la incidencia de refinanciaciones sucesivas y qué medidas regulatorias están vigentes o en evaluación para fomentar prácticas responsables y proteger a los usuarios.

El senador catamarqueño aclaró que la intención no es restringir el desarrollo del sector. “No estamos cuestionando la innovación financiera ni proponiendo limitar el crédito digital”, sostuvo, y concluyó: “Estamos intentando contribuir a que ese crecimiento se dé sobre bases sostenibles, compatibles con la protección de los consumidores y la estabilidad económica de los hogares”.

La diputada provincial UP Ana Balor brindó detalles del proyecto de ley que presentó para ayudar a las familias que no pueden resolver su situación de morosidad y dijo que “el endeudamiento se está convirtiendo en un ciclo vicioso que no tiene fin”.

En diálogo con la radio pública de la provincia, en AM1270, la diputada provincial Ana Balor se refirió a la iniciativa presentada en la Legislatura que apunta a reformar el Código Provincial de los Derechos de Consumidores y Usuarios, para incorporar el concepto de “sobreendeudamiento” y un procedimiento judicial especial para estos casos.

La diputada del bloque de UP sostuvo que “estamos viendo con mucha preocupación el aumento de la morosidad de las familias”, que “se está convirtiendo en un ciclo vicioso que no tiene fin”.

Explicó que “no sólo toman una deuda, si no que después vuelven a endeudarse para sobrellevar los pagos anteriores”.

El proyecto remarca que “son deudas contraídas para vivir o sobrevivir”, debido a que “las familias se endeudan para llegar a fin de mes, pagar los servicios o llenar el changuito del supermercado”.

Por otro lado, señaló que la propuesta incluye una modificación al proceso administrativo, de modo que “se suspenden las actuaciones judiciales por 90 días”, de modo que, “aquellas familias que estén endeudadas y tienen trabado algún embargo o futura confiscación de bienes, esto se detiene hasta que haya una mediación”.

Planteó que en esa instancia se evalúa “si el préstamo fue entregado de manera correcta y no hubo un abuso por parte de los prestadores”, así como también “si el acreedor tomó el préstamo de buena fe”.

Posteriormente, el proceso “intenta llegar a un acuerdo, que puede incluir quita de intereses, plazos de gracias u otras resoluciones que lleven tranquilidad a las familias”. La Legisladora aclaró que el proyecto no incluye quita de deuda o subsidios.

A su vez, la iniciativa propone la incorporación de la educación financiera a la enseñanza oficial, para que, “aquel usuario que va a tomar un crédito pueda tomar ciertos recaudos, porque hay lugares que están ofreciendo créditos muy fáciles, que parecen una estafa”; como también están las sintech, que permiten que “desde un simple clic se pueda acceder a un crédito que luego es muy difícil de salir”.