El diputado Oscar Agost Carreño consideró que "la violencia contra educadores no puede ser tratada como un conflicto escolar más, sino como una amenaza al sistema educativo y al orden social".
El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto que propone endurecer las penas por amenazas y agresiones contra docentes, directivos y personal no docente de establecimientos educativos públicos y privados. La iniciativa incorpora agravantes específicos al Código Penal y crea una prohibición de acercamiento obligatoria de hasta cinco años para quienes ejerzan violencia dentro del ámbito escolar.
La propuesta llega en un contexto marcado por episodios de extrema gravedad en distintos puntos del país. Para el legislador, estos casos ilustran un fenómeno que “hace apenas algunas décadas hubiera resultado impensable” y que hoy exige una “respuesta normativa clara, proporcionada y eficaz”.
El proyecto incorpora un nuevo inciso al artículo 80 del Código Penal que agrava las penas cuando la víctima sea un docente o personal escolar y prevé un aumento de un tercio en las escalas penales para amenazas y coacciones cometidas contra ellos. Además, modifica el artículo 237 para que la violencia ejercida contra educadores sea considerada atentado a la autoridad. Según sostiene el diputado cordobés, la escuela, como institución central del Estado, “se encuentra hoy expuesta a situaciones de agresión” que ponen en riesgo su funcionamiento.
Agost Carreño destacó que el deterioro de la convivencia escolar no puede analizarse de manera aislada. “Los episodios de amenazas, coacciones, lesiones y agresiones pueden provenir tanto de alumnos como de padres, madres o tutores”, señaló, y advirtió que esto evidencia “un deterioro profundo en el respeto a la autoridad educativa”.
El legislador aclaró que la iniciativa no busca "criminalizar" conflictos escolares cotidianos ni intervenir en desacuerdos institucionales, sino actuar sobre hechos que superan ese umbral. “La violencia contra educadores no puede ser tratada como un conflicto escolar más, sino como una amenaza al sistema educativo y al orden social”, afirmó. En esa línea, subrayó que estos episodios no sólo dañan a la víctima directa: "erosionan la disciplina, deterioran el clima institucional, desalientan la vocación docente y afectan el aprendizaje de toda la comunidad educativa".
Con la violencia escolar instalada como tema urgente en la agenda pública, el diputado sostuvo que proteger a los docentes es proteger el derecho a la educación. Por eso, concluyó que "reforzar la protección penal es una condición necesaria para recuperar la convivencia y garantizar la estabilidad de una de las instituciones más importantes de la República”.
La iniciativa busca imponer ese tipo de condena incluso si no causa la muerte. Busca crear un nuevo delito autónomo en el Código Penal y endurecer penas frente al avance del crimen organizado.
El diputado nacional Gabriel Chumpitaz presentó un proyecto de ley que crea una nueva figura penal: el delito de disparo contra personal de las fuerzas de seguridad, que será castigado con pena de prisión perpetua. La iniciativa alcanza a quienes abran fuego contra efectivos policiales, gendarmes, prefectos o miembros del Servicio Penitenciario en ejercicio de sus funciones o por causa de ellas, aunque el disparo no cause la muerte.
“Si un delincuente le dispara a un policía, tiene que saber que va a pasar el resto de su vida preso. Basta de impunidad para quienes siembran violencia y muerte”, afirmó Chumpitaz, quien es especialista en seguridad e impulsor de una agenda legislativa centrada en la lucha contra el crimen y el respaldo a las fuerzas de seguridad.
El proyecto prevé la incorporación de este nuevo delito al Código Penal, como una figura autónoma con pena de prisión perpetua, y busca enviar un mensaje claro: quien intente matar a un agente del orden, deberá asumir las consecuencias más severas que prevé la ley.
“Esto no es una medida simbólica. Es una respuesta concreta al narcotráfico, a las mafias y a todos los que creen que pueden atacar al Estado armado y salir impunes. Proteger a nuestras fuerzas es proteger la paz social”, concluyó el legislador santafesino, quien recientemente dejó el bloque Pro y conformó con su comprovinciana Verónica Razzini el bloque Futuro y Libertad.