El Gobierno puso en marcha la licitación pública nacional e internacional para la construcción de AMBA I, una de las obras más relevantes previstas para ampliar la capacidad del sistema de transporte de energía eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La convocatoria quedó oficializada mediante la Resolución 202/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, luego del anuncio realizado esta semana por las autoridades nacionales. La iniciativa forma parte de la estrategia oficial para fortalecer la infraestructura energética y responder al crecimiento de la demanda eléctrica en el Gran Buenos Aires.

Desde la administración nacional señalaron que la obra se enmarca en la emergencia energética vigente y busca impulsar inversiones indispensables para garantizar la prestación de los servicios de transporte y distribución eléctrica bajo condiciones técnicas y económicas adecuadas.

Considerado un proyecto de carácter prioritario, AMBA I apunta a mejorar sustancialmente la confiabilidad y el abastecimiento del sistema eléctrico en una de las regiones con mayor consumo energético del país. La ejecución se desarrollará bajo el régimen de Concesión de Obra Pública contemplado en la Ley 17.520.

Uno de los aspectos centrales del esquema definido por el Gobierno es que la empresa adjudicataria podrá solicitar el ingreso del proyecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). De ese modo, accedería a beneficios fiscales, estabilidad regulatoria y garantías jurídicas previstas para los Vehículos de Proyecto Único (VPU), una herramienta que el Ejecutivo busca utilizar para atraer capital privado a obras de infraestructura estratégica.

A la vez, el proyecto podría contar con respaldo de organismos multilaterales. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se encuentra analizando una garantía destinada a respaldar el futuro contrato de concesión. De concretarse, la cobertura podría extenderse por un plazo de hasta 25 años y equivaldría a un máximo de seis meses de remuneración para el concesionario.

En paralelo, el Ejecutivo autorizó la utilización de recursos acumulados en la Cuenta de Exportaciones del Fondo de Estabilización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para efectuar aportes financieros al proyecto. La decisión se adoptó luego de que CAMMESA confirmara la disponibilidad de fondos durante marzo de este año.

Todo el proceso licitatorio será administrado a través de la plataforma oficial CONTRAT.AR. Los interesados podrán realizar consultas sobre los pliegos hasta 30 días antes de la apertura de ofertas.

Según el cronograma oficial, las propuestas deberán presentarse dentro de los 120 días corridos posteriores a la publicación de la resolución. La recepción de ofertas cerrará a las 11 horas y la apertura de sobres se realizará una hora más tarde, el mismo día.

La evaluación técnica y económica de las propuestas estará a cargo de una comisión especialmente designada para el proceso, integrada por Pedro Cattaneo, Favio Ramírez y Claudia Contarino como miembros titulares. El organismo tendrá la responsabilidad de analizar las ofertas y definir la adjudicación de una obra que el Gobierno considera clave para el futuro abastecimiento energético del Área Metropolitana de Buenos Aires.

El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha del Plan Nacional de Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, una iniciativa clave para modernizar la infraestructura y garantizar la seguridad energética del país.

Mediante el Decreto 921/2025, se habilitará la ejecución de obras consideradas prioritarias bajo el régimen de concesión de obra, con participación de inversión privada y reglas claras. El objetivo es mitigar riesgos de cortes de suministro, fortalecer la red eléctrica y eliminar cuellos de botella que hoy limitan el traslado de energía desde los centros de generación hacia los principales polos de consumo.

Según fuentes oficiales, la medida busca normalizar el sector eléctrico, destrabar inversiones postergadas y acompañar el crecimiento de la demanda, condiciones indispensables para el desarrollo productivo y la incorporación de nueva generación.

El esquema prevé licitaciones públicas nacionales e internacionales para la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura, sin comprometer recursos fiscales directos. “Se garantiza previsibilidad jurídica y sostenibilidad económica”, destacó el comunicado.

La Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, será la autoridad encargada de aprobar pliegos, convocar a oferentes, evaluar propuestas y adjudicar contratos. Con esta reorganización, la cartera económica asumirá el rol de aplicación y control del proceso.

El Gobierno considera que este plan es una pieza central para contar con un sistema energético más confiable, moderno y preparado para el crecimiento de la Argentina.

El senador nacional Martín Doñate (UC-UP) presentó un proyecto de ley que crea la tarifa eléctrica diferencial para la región Comahue, de modo de establecer que el precio estacional nunca supere el 100% del costo de generación, que exista una mayor transparencia total en los contratos de generación de energía, y que posibilite que las provincias perciban regalías en energía y se pueda garantizar equidad tarifaria. 

“Este año, familias, jubilados, comerciantes y empresas sufrieron aumentos desmedidos, mientras la pasividad política permitió estos atropellos. Pero nosotros no nos quedamos en la crítica, tenemos un proyecto”, señaló el rionegrino. 

En esa línea, explicó que la iniciativa “es una reivindicación histórica para las provincias productoras de energía; garantizará tarifas justas para las familias y empresas, aliviando el impacto de un sistema diseñado para beneficiar a unos pocos a costa de muchos”.

“Frente a la amenaza de privatización de los complejos hidroeléctricos de nuestra región, defendemos el federalismo, los recursos provinciales y el derecho de Comahue a decidir sobre su energía y su futuro”, enfatizó el camporista. 

A su vez, el legislador resaltó que el proyecto “no sólo beneficiará a Comahue, sino que propone un sistema más transparente y sostenible para todo el país. No más negocios espurios ni contratos leoninos. Apostamos por una Argentina más equitativa y federal”.

Doñate lanzó: “Mientras algunos miran para otro lado, nosotros defendemos los intereses del pueblo rionegrino. Este proyecto es una herramienta para debatir y pensar un país con justicia energética”.

“¿Cómo es posible que los rionegrinos paguen la tarifa más cara del país mientras se habla de un antes y un después con las mega inversiones? No es justo ni sostenible. Es hora de defender a Río Negro y a la Patagonia de las políticas de (Javier) Milei, (Mauricio) Macri y los negocios con la energía”, continuó. 

El senador de Unión por la Patria afirmó que “el negocio de la energía en Argentina beneficia a empresas con multimillonarias ganancias a costa del dolor del pueblo patagónico y rionegrino”. “Pero hoy presentamos una propuesta para terminar con esta inequidad y dar a Comahue lo que le corresponde”, insistió. 

Sobre esta región, conformada por Río Negro, Neuquén y La Pampa, apuntó que “produce el 20% de la energía del país, mayormente renovable e hidroeléctrica; sin embargo, los habitantes de estas provincias pagan tarifas hasta un 300% más altas que las del AMBA. Inaceptable”. 

En tal sentido, el rionegrino llamó a ser “razonables, ya que las provincias dueñas de los recursos naturales, que generan energía eficiente y sustentable, son las más castigadas por un sistema tarifario centralista que favorece a Buenos Aires y sus alrededores”. “Es hora de cambiar esto”, exhortó.  

Por último, Doñate aseguró que “este desbalance tiene dos causas principales: los contratos en dólares firmados entre 2016-2019 durante el gobierno de Macri, y el cobro de costos de transporte ficticios para la región Comahue, cuando nuestra energía no requiere ese traslado”.

Días pasados los intendentes del conurbano bonaerense sur se reunieron con el interventor del Ente Regulador de la Electricidad, Federico Basualdo, y el subsecretario de Energía del gobierno de la provincia, Gastón Ghioni, luego de la falta de respuesta de la empresa proveedora de energía eléctrica Edesur por los múltiples y repetidos cortes de luz durante las últimas semanas.

Ahora y a partir de las reiteradas interrupciones del servicio eléctrico por parte de la empresa EDESUR, el tema llegó a la legislatura provincial pues desde los bloques del Frente de Todos se presentaron un proyecto de declaración en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires y un proyecto de solicitud de informes en la Cámara de Diputados.

El Proyecto de Solicitud de Informes presentado por la diputada provincial María Cristina Vilotta propone que la empresa EDESUR brinde al Poder Ejecutivo provincial información respecto a cambios de tensión y suministro eléctrico.

También solicita información respecto a inversiones, planes de contingencia y mecanismos para garantizar el servicio a electrodependientes.

Respecto a esta problemática que se repite desde fines de marzo, la diputada Vilotta señaló que “la conducta de la empresa EDESUR coloca a nuestros vecinos en una situación de vulnerabilidad y de lesión de sus derechos como consumidores”.

Por su parte, el proyecto del senador provincial Emmanuel González Santalla busca que la Cámara de Senadores manifieste su preocupación, no solo por los cortes de luz y problemas técnicos, sino también por los aumentos de tarifas.

A su respecto, el senador afirmo que "EDESUR fue uno de los sectores más beneficiados por el gobierno de (Mauricio) Macri a costa del bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, pues aumentaron la luz 3.200 % en 4 años castigando a millones de familias, comercios, asociaciones civiles y pymes”.

“Hoy -prosiguió el senador del FdT-, en plena crisis sanitara, continúan especulando en un contexto en el que millones de bonaerenses están haciendo un enorme esfuerzo por enfrentar esta pandemia”, sostuvo Santalla que concluyó: “es inaceptable la falta de inversión y mantenimiento, EDESUR tiene que dar una respuesta inmediata ante los cortes de luz”.