El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Julio Cobos (UCR – Mendoza), propuso este miércoles cambiar el huso horario en toda la región argentina para ahorrar energía.

El radical lo explicó a través de su perfil en x y amplió que “Argentina tiene un desfasaje entre la hora oficial (-3) y el huso horario que realmente nos corresponde (-4) y esto provoca varios inconvenientes”.

“Por eso presenté un proyecto para modificar el horario oficial en todo el territorio nacional y llevarlo al huso horario correcto”, agregó en relación a la iniciativa que llevó al Congreso.

Además, señaló que nuestro país “se encuentra casi en su totalidad dentro del huso horario de 4 horas al Oeste de Greenwich, solamente la zona cordillerana ingresa en el Huso -5. Sin embargo, usamos la hora del Huso -3. Además, parte de Brasil, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Chile, hoy están en el Huso -4”.

En este caso, lo que Julio Cobos propone sería adelantar una hora los relojes de todo el país y así poder aprovechar mas tiempo las horas de luz. De esta manera se busca promover el ahorro de energía.

Cabe recordar que cuando el mendocino fue vicepresidente de la Nación durante el primer mandato de Cristina Kirchner (2007 – 2011), esta medida fue llevada a cabo durante los veranos de los años 2008 y 2009.

NOTICIA EN DESARROLLO

Segunda jornada maratónica tuvo lugar este miércoles en Diputados durante el plenario de comisiones que continuó con el debate por la ley ómnibus a la que asistieron un total de ocho funcionarios del Poder Ejecutivo.

Los primeros en exponer fueron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro del Interior, Guillermo Francos. Promediando la tarde, fue el turno de Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía; Pablo Quirno, secretario de Finanzas; Pablo Lavigne, secretario de Comercio; Carlos Casares, interventor del Enargas; Juan Paso, secretario de Industria y Desarrollo, y Fernando Vilella, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Quirno y Lavigne no alcanzaron a exponer. A la 1.43, después de más de 16 horas de plenario, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, anunció que tal cual lo acordado con las autoridades de los bloques y los propios funcionarios se había decidido reprogramar la presentación de Pablo Quirno y Pablo Lavigne, para exponer a partir de las 17.30 de este jueves. Tenía sentido, pues de lo que iban a hablar ambos secretarios involucraba un centenar de artículos de la ley ómnibus.

Un sistema de energía con riesgo de desabastecimiento

Por segunda vez consecutiva asistió el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien puntualizó a explicar la situación actual y el por qué de ciertas medidas. Al iniciar su presentación, Chirillo alertó que “el sistema energético actual está desinvertido, desfinanciado y es altamente ineficiente, con alto riesgo de desabastecimiento. La balanza comercial acumulada de los últimos 10 años en materia energética nos dio una pérdida de 30 mil millones de dólares acumulados”, y lamentó: “Parece mentira que, en un país tan rico en recursos, tengamos una pérdida así en materia energética”.

El funcionario explicó: “La situación actual tiene un debilitamiento institucional del sector donde el ente regulador no funciona como tal. Requiere la necesidad de recuperar la capacidad técnica y la idoneidad y se encuentra con una estructura sobredimensionada”.

“En cuanto al parque de generación, que es muy preocupante, es que al no haber inversiones en generación la potencia disponible, que no es la instalada, esta muy cerca de la demanda máxima por lo que los riesgos de cortes son muy altos y tenemos que apelar a importar electricidad por parte de Brasil”, alertó y detalló que “esa desinversión que hay en generación además viene de la mano de que está disociado del precio que reciben los generadores respecto del precio que pagan los distribuidores y pasan a la tarifa del usuario final. Hay un pago a los generadores cuyo precio no se pasa a la tarifa y por lo tanto es el Estado el que realiza continuos aportes a un parque que está al limite y no se hace nueva inversión”.

En tanto, indicó que “a esto se suma que respecto de los costos que significa generar electricidad la tarifa solo cubre el 40% del costo del suministro. Hemos pasado por tanto durante dos décadas, esto no es de un gobierno o de dos, sino que fue progresivamente pasamos de un mercado competitivo a uno regulado pagando costos medios y requiere de importantes aportes del Tesoro Nacional para poder sostener esa generación”.

Chirillo contó que “el Estado financia en los 2023 7 mil millones de dólares y en el 2022 fueron 10 mil millones de dólares. Además, el Estado decidió que CAMESA que es el organismo que organiza el mercado sea el comprador de combustibles por lo cual se generan sobrecostos, y que el Estado tiene que pagar”.

“Los cuadros tarifarios al estar planchadas y congeladas desde el 2020 las tarifas y solo durante estos últimos años con ajustes parciales han fomentado el crecimiento de la demanda porque cuando la energía esta barata, no cuesta y por tanto se gasta más de lo que se necesita”, planteó.

Por tanto, contó que “en algún momento del tiempo de estas últimas décadas hemos roto con algo fundamental que es que la tarifa refleje el costo del suministro y esto que parece tan básico decirlo lo hemos mezclado, en realidad, con que la tarifa se tiene que asociar a la capacidad adquisitiva de la gente. Ese tema está relacionado con el subsidio, no con la tarifa”.

“El esquema que se viene haciendo con la segmentación, donde algunas personas pagan un precio y otros pagan otro costo por el poder adquisitivo, eso conceptualmente esta mal y es a través de los subsidios que el Estado debe ayudar a las personas de bajos ingresos que no pueden pagar el costo del suministro”, planteó el secretario de Energía.

A su vez, advirtió que “en materia de transporte estamos peor aún, la red no crece y está saturada y esto nos lleva a una situación de total ineficiencia porque no se hacen las redes de transporte. Por tanto, no aprovechamos de nuestro país los lugares donde se pueden obtener las fuentes primarias de energía de forma más económica, no se hacen redes hace muchísimo tiempo. No hemos crecido y tampoco acompañado”.

“Sumado a toda esta situación de déficit, de desfinanciamiento y de desinversión, la situación que tenemos en el sector eléctrico es muy vulnerable y realmente preocupante”, alertó Chirillo y siguió: “Como contrapartida a todo esto, desde el punto de vista económico el sistema no es autosuficiente y tiene que serlo, pero no logramos hace tiempo conseguirlo. Entonces, ocurre que el Estado financia, subsidia a la generación y a todos los usuarios y, por otro lado, las tarifas no logran recaudar lo que las distribuidoras deben pagar y entonces se generan deudas y si eso prospera nos quedamos sin un sistema funcionando”.

En materia de gas, también indicó que existe “ese debilitamiento institucional” porque “las señales de precios se han perdido. Tenemos Vaca Muerta que es la segunda reserva de gas en el mundo y solo explotamos el 6% de su potencial”.

“El Estado cubre dos tercios del costo del precio de la molécula de gas a través de subsidios pagando parte del Plan Envasar a precios que no paga el usuario, paga el Estado y a las distribuidoras se les pasa una parte y como no viene inversión de nada y viene justa y en momentos de pico necesitamos importar. Compramos a Bolivia a un costo de 10 dólares que luego a las distribuidoras se las pasa a 1,2 dólares y el resto lo paga el Estado”

Sobre el GNL, informó que “es insostenible”, al igual que los cuadros tarifarios porque “hay 90 tipos de tarifas”.

Al referirse a la transición energética, lamentó que “no hemos logrado casi nada, en ningún año se cumplió con los porcentajes de energía renovable previstos en las leyes. No se conocen multas por incumplimientos, tampoco se cumplieron las metas de transición, solo son expresiones de deseo”.

“Esta situación que es preocupante requiere de medidas importantes a tomar que algunas se tomarán por DNU y resoluciones. Nos permitirían recuperar el sector energético que necesitamos, es una cuestión de actualización”, planteó el funcionario y explicó que son 10 las propuestas: “Respetar derechos adquiridos, revisar las funciones del Estado, recuperar confianza en la inversión, indispensable transparencia en la regulación que dictan, en infraestructura estamos escasos y por eso se propone ese régimen de iniciativa privada y tenemos que integrarnos con el exterior, fomentar los contratos a largo plazo, cambios con senderos de precios, incentivas inversiones, dar estabilidad fiscal, aggiornar los tratados de protección de inversiones. Algunas medidas que necesitamos, requieren de una modificación de ley”.

Chirillo explicó que hubo cambios en la redacción porque “se han producido algunos errores” y precisó que “daban a entender que el Estado quería nacionalizar los recursos de las provincias, se ha tomado la modificación de una ley con el texto original y se mantuvo el nombre de Poder Ejecutivo que se usaba en ese momento. Es un error que se está arreglando”.

Sobre los hidrocarburos, contó que proponen un cambio que “es sustancial para la seguridad jurídica y de inversión que es reconocer el derecho de las empresas a la libre comercialización al exterior de petróleo y gas sujeto a la no objeción del Estado, que se puede oponer a ese derecho cuando se produce un sobrecosto en el abastecimiento local. Cambia el régimen de ser un derecho a una autorización que eran parciales y precarias. La misión es bajar el riesgo país”.

También aclaró sobre el tema de los biocombustibles que han “actualizado la versión que ingresó con unos artículos y que ahora van a estar alineados a comentarios de gobernadores y diputados”, y explicó que “el Estado libera el precio y se aumenta el corte obligatorio de 7 al 10 y luego aumentar al 15% hasta el 2026, lo cual permitirá alinearnos con Brasil. En materia de bioetanol se aumenta al 12% y se aumenta en tres años un 18% hasta seguir un sendero del 27%”.

“Los cupos queremos que sean cambiados por licitaciones pero que ninguna empresa pueda tener mas del 14% de la participación de demanda interna, no pueden participar más allá del 100% de la capacidad instalada, tiene que haber elación ente la producción y la capacidad de todas las integradas debe ser iguala  las no integradas, vamos a permitir que tanto empresas chicas y grande participen del mismo modo”, agregó y contó que el cuarto capítulo propone la unificación de los entes reguladores con una buena gobernanza dará mayor seguridad a los inversores y en materia eléctrica los cambios son menores”.

Con la base de un informe de la Universidad Nacional de Salta sobre pobreza energética, el senador nacional Sergio Leavy (FdT) presentó un proyecto de ley que propone la creación de un “Programa para la Reducción de la Inequidad Energética” en las provincias del norte argentino. La iniciativa tiene como objetivo “cubrir las necesidades de energía térmica de las poblaciones rurales dispersas, con un enfoque eficiente”.

Además, apunta a beneficiar a comunidades que habitan bajo condiciones extremadamente precarias, sin instalaciones sanitarias o que cocinan en fogatas al interior de la vivienda, mejorando sus condiciones de higiene y salud, y el acondicionamiento básico -estructural y sanitario- de la vivienda.

En su articulado, se propone realizar, junto con las provincias y municipios, un registro de las necesidades de energía térmica de sus territorios junto al análisis de las alternativas más eficientes para resolver esta problemática. En base a ese registro, se determinaría para cada usuario o grupo poblacional si es más conveniente la provisión e instalación de sistemas solares térmicos o la conexión domiciliaria a la red de gas natural, que en grandes extensiones resulta de difícil acceso y de costos altos.

En el texto impulsado por el salteño se detalla que el programa será financiado en un 80% con fondos nacionales y el 20% restante será integrado por aportes de los gobiernos locales, y se aclara que la contraparte correspondiente al financiamiento nacional podrá ser atendida con fuente de financiamiento local o a través de créditos internacionales.

Al respecto, Leavy expresó: “Esta problemática es algo que he constatado en las recorridas por algunas localidades salteñas, por ese motivo junto a mi equipo hicimos la búsqueda de datos sobre el tema y encontramos este trabajo de los investigadores de la Universidad Nacional de Salta que elaboraron un índice de pobreza energética, a partir de información del INDEC, a nivel de departamento. El mismo indica que los niveles más elevados de pobreza energética se ubican en Salta, Formosa, Santiago del Estero, Misiones y Jujuy”.

En los fundamentos del proyecto se destaca que “las provincias del noreste no disponen de redes de gas natural, reflejan los más bajos niveles de calidad de vida, de renta y de calidad constructiva de viviendas. En ellas se observan los mayores porcentajes de población dependiente de la leña para cocinar”.

“Este proyecto se concentra en la provisión de energía térmica a través de sistemas solares térmicos, que presentan ventajas frente a la conexión a la red de gas ya que implican una menor inversión en la instalación; menor consumo de gas y consecuentemente menores gastos y emisiones de gases efecto invernadero”, se agregó.

Con una decena de senadores se alcanzó quórum en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, para tratar un  único tema: el proyecto del senador Edgardo Kueider, que establece la disminución de las tarifas del servicio eléctrico, y cuyo tratamiento el entrerriano había puesto como condición para dar quórum en la sesión en la que el oficialismo busca aprobar 75 pliegos judiciales, entre ellos el de la camarista Ana María Figueroa.

Luego de la exposición inicial del autor de la norma, habló el jefe del interbloque Frente de Todos, José Mayans, para plantear que compartían la preocupación del bloque Unidad Federal, al que pertenece Kueider, y contó que venían charlando del tema hace mucho tiempo. Advirtió que la cuestión de los subsidios insume el 15% del Presupuesto Nacional y que por eso allí está “la verdadera discusión” que se debe dar en torno a los costos.

“Hay una fuerte distorsión generada por el endeudamiento público, porque el gran problema de la Argentina es ese. Ese endeudamiento distorsiona todo el sistema económico; y obviamente que afecta también el tema de los subsidios”, señaló Mayans, que luego de detallar los cuestionamientos que le merecía el proyecto, remarcó que “compartimos esta preocupación para que la gente reciba un servicio con un precio justo”. Así las cosas aclaró que “tenemos algunas diferencias con el proyecto”, pero admitió que “el compromiso nuestro es el tratamiento del tema”.

Y resumió: “Aceptamos la discusión que plantea Kuekder y su bloque. Es un temazo para discutir, pero no vamos a meter la  pata de que el remedio sea peor que la enfermedad. Acompañamos la discuisión, tenemos que lograr un consenso, (porque) queremos que tenga futuro esta ley y que no muera en Diputados. Tiene que haber consenso, tiene que ser política de Estado. Voy a acompañar con disidencia parcial. Habrá tratamiento y trataremos todos estos temas. En ese entendimiento vamos a firmar también el dictamen”.

Intervino entonces la senadora mendocina Mariana Juri (de Juntos por el Cambio la acompañaban solo la cordobesa Carmen Alvarez Rivero y el fueguino Pablo Daniel Blanco), quien celebró el tratamiento de ese tema, pero alertó sobre el tema de los subsidios al transporte que desde la oposición vienen proponiendo. “Y no se ha podido dar un solo paso. ¿Por qué la urgencia de algunos temas y otros no? Pero bueno, no importa, ojalá lo tratemos”, dijo.

“Lo que nos parece de una irresponsabilidad absoluta es que hoy se pretenda dictaminar el proyecto”, dijo, advirtiendo que se había convocado en pocas horas, y antes de dictaminar se debía citar a la Secretaría de Energía, a las distribuidoras, a las asociaciones de consumidores. “Doy por descontado que hoy no se pretende dictaminar”, advirtió, reclamando que se cumpliera con lo pactado en su momento redactando un cronograma de visitas para exponer y anunció que propondrían el tratamiento inmediato y en conjunto con el proyecto del senador Kueider los proyectos de los senadores Rodas, Corpacci, Leavy, Zimmermann y otros.

“¿Qué pasó en estos 22 días que se  habían comprometido con un cronograma de visitas para que fijemos el cronograma para dictaminar recién después?”, preguntó, para advertir luego que le parecía fundamental que “este proyecto que tiene gran costo fiscal no tenga giro a Presupuesto y Hacienda, y repentinamente se le quitó giro a esa comisión. Me parece sumamente imprudente que no pase por ahí”.

Si bien sobre el mismo tema había proyectos de otros senadores, que además estaban bajo la competencia de Presupuesto y Hacienda, el proyecto de Kueider solo tenía giro a Energía. En ese sentido, en el final, el riojano Ricardo Guerra, presidente de la Comisión de Presupuesto, admitió que “sin dudas” la iniciativa “tiene su complejidad”, sin embargo confirmó: “Nuestro bloque ya estableció una definición de que emitamos dictamen con disidencias parciales”. Acto seguido, el titular de Energía, Rubén Uñac, dio por cerrada la reunión y afirmó que iban a circular “el dictamen para su firma”.

Kueider defendió su proyecto

Protagonista principal de la reunión, el senador Edgardo Kueider sostuvo que su proyecto “responde a una fuerte demanda de la sociedad que tiene que ver con el costo de la energía eléctrica. En las provincias nos viene impactando desde hace mucho tiempo. De hecho, mi proyecto fue presentado a principio de año. En la Ciudad de Buenos Aires se están sintiendo recién ahora esos aumentos, porque no habían operado, como sí lo hicieron en el interior en el verano”.

“Los impactos han llegado a niveles muy complicados para las economías regionales, el comercio y la gente común”, enfatizó.

Continuó diciendo que “sigue habiendo una inequidad total entre el costo que se paga por la energía eléctrica en la Ciudad de Buenos Aires y en el interior, por distintos factores: costos de distribución, dada la concentración de medidores que hay en CABA, por ejemplo, el costo es muy menor a lo que sucede en el resto del país; y porque hay circunstancias que deberían ser tratamiento de este Congreso vinculadas a la falta de actualización tarifaria del órgano regulador”.

Kueider sostuvo que “recién ahora empezó a actualizar en cierta manera la tarifa y las distribuidoras no estaban pagando tampoco lo que corresponde a Camesa, lo que tiene mucho que ver también con esto, porque es muy fácil abaratar la energía cuando no se le paga al que la vende”.

Puso como ejemplo a Enersa, la empresa de energía de su provincia, Entre Ríos, y otras más pequeñas: “Están al día con Camesa, no le deben un centavo, y además hacen las inversiones correspondientes para no tener cortes. Y todo eso encarece el servicio, No sucede lo mismo con Edenor y Edesur, que han dejado de pagarle cifras multimillonarias a Camesa y por eso están sufriendo cortes”.

Agregó que el Estado nacional “interviene condonando parte de esas deudas y financiándosela a la otra parte en comodísimas cuotas en largos pasos y en pesos. Y todo esto lo pagan todos los argentinos. Esa situación de inequidad la tengo que definir como una falta total de federalismo… Un traslado hacia el interior de esos costos de energía eléctrica. Le terminamos financiando la energía a la Ciudad… Yo felicito a los ciudadanos de Buenos Aires que pagan la boleta barata, pero somos los del interior los que terminamos subsidiando esa energía”.

Puso también otro ejemplo al señalar que en el interior se genera electricidad. Por esa electricidad que genera Entre Ríos, por ejemplo, el Estado nacional paga a razón de 731 pesos el megavatio. “Un dólar y pico, una suma irrisoria… Tenemos que poner en debate los costos de financiación de la energía: ¿por qué, si ese es el costo, a las distribuidoras de todo el país se les vende a más de 13 mil pesos esa misma energía?”.

Al explicar puntualmente su iniciativa, Kueider señaló que la ley propone modificar el IVA reduciéndolo del 21% al 5%, para el caso de usuarios residenciales; y en el caso de las PyMEs, del 27 al 10,5%. Por el efecto fiscal que eso podría tener, aclaró que su proyecto estaba abierto al debate, manifestándose dispuesto a aceptar los cambios que permitieran “generar un equilibrio en este tipo de puntos que son discutibles, pero no menos importantes”.

Dijo que su proyecto modifica la Ley 24.965, donde hay limitaciones por ejemplo para las hidroeléctricas binacionales. La iniciativa establece la forma de calcular el precio de la energía, no basándose en el costo de generación, sino estableciendo un precio promedio del mercado eléctrico mayorista.

Luego el proyecto propone el aumento de las regalías. “Todos sabemos que la modificación de la Constitución del 94 estableció que los ríos pertenecen a las provincias. Se creó el sistema de regalías donde están situadas las hidroeléctricas. Eso genera recursos para las provincias generadoras y esos recursos la ley propone que vayan directamente a la reducción de la tarifa eléctrica”, explicó.

En otro aspecto, el proyecto propone impedir a las distribuidoras que sean agentes de percepción de cualquier tributo. “Esto quiere decir que por ejemplo la tasa de alumbrado público que cobran muchos municipios lo hagan por los mecanismos que consideren pertinentes y no que las distribuidoras hagan esa recaudación en base al consumo eléctrico. Porque eso encarece la boleta de luz hasta el 16%, y porque es injusto e inequitativo. No puede ser que un kiosko que tiene 5 metros de frente y un consumo elevado, pague el 16% de tasa y alumbrado público, y a lo mejor una propiedad -residencial u otro comercio- que está pegada, con 20 metros de frente, con un consumo muy bajo de electricidad, por ejemplo una mueblería, paga un monto sustantivamente mayor sobre un servicio que ocupa mucho más que ese kiosquito. Esto se tiene que discutir en el ámbito de los municipios”.

El acompañamiento de Mayans

“Compartimos la preocupación del bloque al cual pertenece Kueider”, arrancó José Mayans, que detalló las diferencias que tienen con el proyecto.

“Hay puntos como el factor K en el que tenemos disidencias. La visión que tiene él de que cada provincia tiene una condición distinta. Tenemos que llegar a un acuerdo de cuál sería la polinómica que rija a todos los distritos”.

Cabe consignar que sobre ese tema hay tres artículos en el proyecto de Kueider (de ahí viene la K del factor en cuestión). “El Factor K será determinado por jurisdicción, afectará al Precio Estacional y tendrá una relación inversamente proporcional al Valor Agregado de Distribución (VAD) que le corresponde a cada una de los agentes distribuidores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)”, reza el artículo3°, mientras que el siguiente establece que “el Factor K será calculado por la Secretaría de Energía y, para su determinación, se deberán tener en cuenta las variables que caracterizan la prestación del servicio público de electricidad. A dicho efecto, se deberán considerar parámetros tales como: área abastecida, cantidad de usuarios, energía consumida, longitud de las líneas eléctricas y otros que resulten representativos del servicio que se brinda”.

Por último, el proyecto indica que “la aplicación del Factor K debe garantizar que el valor medio del Precio Estacional se corresponda con el que trimestralmente determine la Secretaría de Energía”.

Mayans citó luego el tema del IVA. Reconoció que Kueider se había manifestado dispuesto a escuchar. “Son recursos coparticipables, recursos que están puestos en el Presupuesto nacional. También hay que trabajarlo, a ver a quién ajustamos; si vamos a hacer una baja impositiva, cuánto va a incidir esto en el sistema. Sé que él también hizo consultas y se puede ver, pero a ver a quién le bajamos el tema impositivo, a quién estamos beneficiando”.

Ante los cuestionamientos de la oposición respecto de dictaminar en esa misma jornada, Mayans advirtió a los senadores de JxC presentes que “ustedes hoy están acá, pero generalmente hay mucha gente de ustedes que no aparece; es imposible hacer el quórum en las comisiones. Vamos a cumplir con la responsabilidad; este proyecto hace rato que está acá. Si la estrategia es silenciar al Parlamento, no sé para qué se postulan en tantos cargos si después no quieren venir a trabajar”. Al responderle, la senadora Alvarez Rivero arrancó pidiéndole que no retara a los que sí habían venido. Y luego remarcó: “No es un proyecto simple, distorsiona mucho más el sistema ya distorsionado. Lo primero que digo es que necesitamos poner en esta comisión a todos los factores afectados” por la norma.

Continuando con la defensa del proyecto de promoción de GNL, enviado por el Gobierno nacional, este martes fue el turno de la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, quien remarcó que el proyecto “cambiaría la realidad productiva y económica de Argentina”, que debe tener un marco regulatorio para que le brinde “seguridad jurídica a los inversores”. Al primer encuentro asistió el presidente de YPF, Pablo González.

La funcionaria disertó ante una reunión conjunta de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Santiago Igon y Carlos Heller, respectivamente que se realizó en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara de Diputados. También expusieron la licenciada María Daniela Bossio, asesora de Regulación Financiera del BCRA; Juan José Imirizaldu, director nacional de Impuestos; el licenciado Germán Plessen, subsecretario de Programación Macroeconómica; y Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos.

Al comienzo de su exposición, Royón sostuvo que han “trabajado mucho en la ley “y remarcó que “es una ley fundamental para el futuro del país por las posibilidades que hoy tenemos en la ventana de transición energética y puntualmente con Vaca Muerta”.

Respecto de Vaca Muerta, resaltó que es la segunda reserva de gas no convencional del mundo y “nuestro desafío hoy es poder aprovechar y monetizar el potencial de Vaca Muerta”. “Hoy existe una oportunidad de mercado para el país en lo que es GNL y los proyectos van a posibilitar que podamos exportar, más allá de lo que es la región de Chile, Brasil y Uruguay, los recursos de Vaca Muerta”, agregó.

La funcionaria planteó que el GNL “es un desafío” para la Argentina, pero “una posibilidad para agregar valor y para industrializar el gas de Vaca Muerta”, y precisó que el recurso de Vaca Muerta al día de la fecha solo está desarrollado al 8%. “Tenemos un gran recurso y en los tiempos de transición energética claramente la ventana del uso de los hidrocarburos y no hay una fecha a ciencia cierta de finalización, pero somos conscientes que los hidrocarburos tienen hoy una ventana acotada en el tiempo”, expresó.

Royón contó que Argentina está pronto a firmar con la Convención de la Unión Europea un Memorándum energético donde se reconoce el gas como combustible de transición porque “el gas natural emite muchas menos emisiones que el carbono”.

¿Por qué la necesidad de un marco convencional?

Sobre este punto, la secretaria de Energía explicó que el GNL es un desafío que va a generar industrialización y ejemplificó: “Hoy los proyectos que están en marcha, el más grande es el de Petronas – YPF que significa para el país una inversión multimillonaria y es una oportunidad de industrializar y agregar valor al recurso”.

“Se requiere de un marco promocional porque estas inversiones son de capital intensivo. El proyecto de YPF arranca en una primera etapa con una inversión de más de 10 mil millones de dólares y estiman en lo sucesivo llegar a los 40 mil millones de dólares. Son proyectos muy importantes en los cuales Argentina no es formador de precios sino tomador, son negocios de grandes volúmenes, pero de poco margen y de largo período de recupero en los que los inversores plantean la necesidad de tener, por sobre todas las cosas, un marco de estabilidad fiscal durante 30 o 35 años que es donde evalúan el proyecto de inversión”, explayó.

También resaltó que el desafío es “favorecer el proceso de industrialización del gas natural e incentivar el desarrollo de toda la cadena de valor, así como la industria de bienes de capital asociada a ella con el fin de fomentar el crecimiento de la industria local porque consideramos que es algo importante para el desarrollo del país”.

“El gas natural y Vaca Muerta es una cuestión seguridad energética, no solo para nuestro país sino también para la región y hoy los temas de seguridad energética son parte prioritaria en la agenda a nivel mundial”, agregó y sumó: “Los recursos de Vaca Muerta, con la demanda actual del país, tenemos recursos para más de 150 años. Podemos tener la ambición de pensar en Vaca Muerta mucho más allá de nuestro mercado interno o más allá de nuestro mercado regional. Por eso consideramos pertinente tener un marco para promocionar la instalación de proyectos de GNL en la Argentina”.

La transición energética

Por otro lado, Royón explicó que la transición energética es “indispensable” en todas las agendas energéticas del mundo y Argentina adhirió al Acuerdo de París donde se planteó la neutralidad climática en 2050 y “la transición energética ofrece oportunidades para la Argentina en el marco del gas, así como también, de otros recursos de la Argentina”.

Además, contó que han enviado el proyecto de Hidrógeno Verde que “es un desafío” porque el país tiene “los minerales en el marco de la transición energética que es una oportunidad para la Argentina”. “En el mundo hay un crecimiento de la demanda energética impulsada también por los países en desarrollo y hay una tendencia a la electrificación de las demandas energéticas y al incremento de fuentes renovables”.

“Las energías renovables tiene el tema de la intermitencia. La energía solar o eólica se producen cuando hay sol o viento. El gas natural es una oportunidad y una complementariedad con las energías renovables y a bajo costo”, planteó la funcionaria. En esa línea, añadió: “El paradigma de la transición energética no es tan solo la emisión sino también los temas de seguridad y de asequibilidad. Todos los países toman en cuenta que la transición energética no demande un incremento de costos excesivos a la población y ahí el rol del gas natural es claro”.

“El almacenamiento energético también es un desafío porque el gas natural puede almacenarse y complementa las energías renovables”, manifestó e informó que en el mundo el porcentaje de energía generado a base de carbón es de más del 20% y ahí es donde hay una oportunidad en aquellas economías que tienen una energía generada principalmente a carbón que van a transicional primero al gas natural”.

Según Royón el gas natural genera el 45% menos de emisiones que el carbón, aporta estabilidad a los sistemas energéticos renovables y está definido como el combustible de transición.

El contexto mundial del mercado de gas natural

Tomando como base los datos aportados por el BP Energy Outlook 2023, la funcionaria explicó que se “espera que la demanda de GNL se duplique entre el 2021 y 2050. Hoy el volumen es de 550 miles de millones de toneladas anuales de GNL y se espera que al 2050 este volumen se duplique”.

Al detallar los distintos escenarios posibles que pueden llevar al mundo sostuvo que “si no se hiciera nada la demanda de GNL se duplicaría al corto plazo por la situación de Rusia que no se prevé en los próximos años que esté saliendo como proveedor mundial. Estas diferentes tendencias van de acuerdo a las perspectivas de la velocidad en la que el mundo encare la transición energética”.

“Hasta el 2030 y en el corto plazo hay un incremento de la demanda del GNL en el mundo y luego hay incertidumbre de acuerdo a cómo el mundo encare y con qué velocidad el tema de la transición energética, pero al corto plazo el comercio aumenta y va a estar dominado principalmente por Estados Unidos y Medio Oriente”, avizoró.

A su vez, precisó que habrá dos tendencias: “Por un lado la de las economías energéticas emergentes que van a crecer y se van a industrializar y van a demandar más energía como China, India, África, Asia. Por otro lado, la tendencia contraria de que si el mundo avanza a gran velocidad a la transición energética se va a cortar el plazo de utilización de hidrocarburos y del gas”.

“Al corto plazo hay un aumento del comercio de GNL, se puede duplicar al 2050 pero más alejados al 2040 hay una situación de incertidumbre de cómo el mundo va a avanzar en la transición energética”, resumió.

Entre los exportadores, enumeró que el 75% están concentrados en Qatar, Australia, Rusia, Estados Unidos y Malasia, y entre los importadores “hay más diversificación” el 60% entre Japón, China, Corea del Sur, Francia y España. “Argentina tiene un desafió por la posición geográfica que tenemos. Es un mercado donde el país va a ser tomador de precio y es un negocio de gran volumen y bajo margen, por lo que es un desafío poder ser competitivos en este escenario”, analizó.

Entre la competencia se encuentran Estados Unidos y Medio Oriente que “van a concentrar la mayor cantidad de producción de GNL”. También indicó el mapa de ruta del GNL que debería enfrentar el país para “llegar de manera objetiva a sus mercados que serían Brasil, Europa y China”.

En otro punto, Royón explicó que para un proyecto de 5 millones de toneladas por año se necesita una inversión de 6 mil millones de dólares, generar exportaciones por 2.700 millones de dólares, 80 mil puestos de trabajo de forma directa e indirecta, tiene que contemplar un gasoducto, puestos de trabajo generados en operación 20 mil, regalías 350 mil dólares por día.

“Vaca Muerta ha tenido una curva de aprendizaje y demuestra estar en niveles de productividad muy similares a Estados Unidos. Tenemos un recurso que puede ser competitivo, tenemos la segunda reserva de gas no convencional, tenemos un país que está en una situación geopolítica sin mayores conflictos”, enumeró la secretaria y sumó: “Tenemos que dar las condiciones de estabilidad fiscal y tributaria para poder dar la competitividad que requieren estos proyectos que tienen un gran impacto en la economía argentina. No solo en la generación de exportaciones y lo que significa para el país de diversificar sus exportaciones sino en la posibilidad generar mano de obra y el efecto que genera en Vaca Muerta”.

“Consideramos que este proyecto de ley realmente cambiaría la realidad productiva de Argentina y económica. Dios quiera que se puedan hacer porque son proyectos muy intensivos en capital, muy fuertes en inversión que requieren tres años de construcción, pero estamos convencidos que Argentina y Vaca Muerta tiene en un todo la posibilidad enorme en proyectos de GNL”, planteó Royón.

Los aspectos del proyecto

Por otro lado, la funcionaria remarcó la necesidad de acceder a la tecnología que es innovadora en la materia como la licuefacción que “hoy en el país no existe esta tecnología por eso uno de los puntos que plantean los inversores es poder acceder a la importación de esta tecnología y un porcentaje de contenido nacional porque creemos que el proyecto de este tipo tenemos que tener cuidado de que si participen proveedores locales y la industria nacional”.

Al hacer referencia al almacenaje y transporte de GNL, la secretaria explicó que las obras de infraestructura que se llevan a cabo para cumplir con las etapas “generarán inversiones de envergadura previstas en zonas diferentes a las provincias hidrocarburífera que propiciarán la creación de nuevos empleos, que se caracterizan por su estabilidad”. Sobre la comercialización, significará la apertura de nuevos mercados con el ingreso de divisas para el país.

Retomando el aspecto central del marco regulatorio, sostuvo que es necesario que “brinde seguridad jurídica a inversores locales y extranjeros”. También un encuadre impositivo de nivel internacional, y estabilidad fiscal, regulatoria y cambiaria.

“El acceso a las divisas es uno de los puntos que plantean los inversores para la importación de bienes porque un proyecto de esta magnitud requiere de préstamos internacionales y la seguridad de que van a poder acceder al mercado de cambios. Argentina tiene un desafío de los dólares que va generando tienen que ingresar para fortalecer las reservas por eso el proyecto habla de la libre aplicación”, cerró.

La palabra de los diputados

El primero en hacer uso de la palabra fue el neuquino Francisco Sánchez (Pro) planteó que el proyecto es “clave” para el desarrollo de un recurso que “tenemos los argentinos no solo en Neuquén, Rio Negro y Mendoza, sino en todo el país tenemos reservas de gas y es importante generar las condiciones para que ese recurso pueda ser explotado para lo cual se necesitan inversiones”.

Al coincidir con Royón recordó que hace tres años presentó un proyecto que va en el mismo sentido, pero que “incluye otros aspectos, no solo los que incluye este proyecto del cual no estamos conformes con que sea restrictivo específicamente a una intención de inversión que llegaría de la mano de Petronas en un acuerdo con YPF”, y cuestionó que YPF es una empresa que tiene mayoría accionaria del Estado, también tiene acciones privadas. “Tenemos que ser prudentes a la hora de legislar sobre proyectos que benefician a determinadas empresas”, analizó.

“Me parece importante este tipo de proyectos para sectores como es el de hidrocarburos en Argentina y en mi provincia, si deseo que haya una apertura a que haya modificaciones al proyecto que trajeron. En línea generales hay cuestiones para trabajar”, planteó Sánchez y cuestionó: “Son un Gobierno que está terminando y tuvieron tres años para presentar un proyecto de esta naturaleza. No hay excusas de no haberlo presentado antes y no sobre el final del mandato o no haber incorporado proyectos de la oposición”.

Entre los aspectos a modificar, el neuquino planteó: “Entre las cuestiones que me gustaría que se consideren que me hacen ruido y al futuro gobernador de la provincia también le puede llegar a hacer ruido que no contempla el riesgo precio que corre para las bocas de pozo y pueden verse afectadas las regalías de la provincia”.

“Todos sabemos la votalidad del mercado de gas y puede afectar los ingresos. También nos genera dudas que el mínimo de inversión sea de mil millones de dólares. Puede haber excelentes proyectos de cifras inferiores que deberían ser contemplados que pueden beneficiar a gran parte de la actividad y no sólo a grandes empresas que están involucradas. También tengo la duda del por qué los yacimientos dedicados si estamos dejando afuera yacimientos de gas húmedo que pueden ser aprovechados. El proyecto establece prioridad y exclusividad para yacimientos y transporte dedicado. Nos gustaría que no sea un proyecto cerrado y poder trabajarlo en la comisión”, agregó.

Royón le explicó que había “ambiciones más grandes” por parte de las empresas y que el proyecto se trabajó mucho. “La disponibilidad al 100% es algo complejo porque no se quedarían todos los dólares acá”, remarcó y reiteró: “El proyecto original era más ambicioso. El transporte de Vaca Muerta está pensado para el mercado interno no para la exportación”.

Luego fue el turno del titular del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad bonaerense), quien sostuvo que la licuefacción ya es una política de Estado y destacó: “Es un muy buen proyecto. Lo voy a votar muy entusiasmado. El gas licuado está en la agenda política y de los candidatos”.

“Voy a tratar de hablar con mis pares de otros bloques para que lo votemos en la medida que haya acuerdos. Quizás haya que ver algunos puntos para mejorar el contenido nacional de las inversiones. Son detalles”, adelantó.

La funcionaria le aclaró: “Desde la Secretaría de Energía no estamos trabajando en términos electorales, sino en políticas de Estado. Estamos avanzando en el sistema eléctrico en obras que ya licitamos y en las que estamos licitando, además del Gasoducto que es importante. Trabajamos para construir un país y hacer patria u este proyecto de GNL justamente se trata de eso de construir políticas de Estado, de que cuando venga un inversor que viene desde el año pasado pidiendo un marco legal, asumimos en agosto para que salga este proyecto lo antes posible porque los argentinos no pueden esperar más y estamos comprometidos de que antes de que termine esta gestión de poder dar este marco jurídico. Este proyecto no puede esperar”.

De forma crítica, la radical Jimena Latorre recordó que “faltan sólo seis meses para el final de su gestión y hace una semana aprueban y publican el Plan Nacional de Transición energética 2030. Para que haya un plan de transición energética, que ordene el paso de la matriz actual a una futura, primero y elementalmente debería haber un ´plan energético´ sobre la matriz actual. No lo hay”.

“De hecho, está reconocido en el propio contenido del plan de transición que aprueban, que las últimas políticas públicas, traducidas en programas concretos relacionados con la generación de energías renovables fueron dispuestos por el gobierno nacional anterior: RenovAr, Régimen de Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuentes Renovables (MATER), Generación Distribuida”, enumeró Latorre, quien lamentó que  todas estas iniciativas fueron discontinuadas por el gobierno de Alberto Fernández.

En esta línea, la legisladora, que es secretaria de la Comisión de Energía y Combustible de la Cámara baja, advirtió: “El oficialismo pretende hacer pasar esta comisión como una escribanía cuando nunca la hicieron funcionar”.

“Mis críticas no son vacías, en ese Plan de Transición tratan el tema ‘resiliencia del sistema energético’, con el objeto de prevenir riesgos en el sistema. En 2021 presenté un proyecto sobre infraestructuras críticas en materia de energía, que intenta mejorar los sistemas para prevenir riesgos masivos y cuyos costos son imposibles de cuantificar y prever de antemano, antes inclusive de los cortes masivos de energía eléctrica en Buenos Aires y ni siquiera ha sido tratado en esta comisión”, le señaló Latorre a la funcionaria de energía.

Respecto a la propuesta oficial para la federalización del desarrollo energético, la mendocina deseó que “eso se traduzca en el reconocimiento de jurisdicción provincial de las represas hidroeléctricas, tal como propuse en un proyecto recientemente”.

“En esa “planificación” de último momento, pretenden vendernos este proyecto de Promoción del GNL, que más que de promoción, yo lo llamaría una liquidación por cierre de un gobierno decadente y sin planificación que remata los últimos activos ajenos antes de irse”, advirtió Latorre.

“Esos ´proyectos´ celebrados entre YPF y Petronas. que entre dientes vienen a contarnos, para exponer la necesidad de la promoción del GNL, han sido objeto reiterados de pedidos de informes acerca de su contenido y alcance, obviamente por la inacción de esta comisión, nunca se le dio curso”, recalcó la diputada y añadió: “Ustedes son muy selectivos, para transparentar el contenido de los convenios YPF es una S.A. y no tiene por qué brindar tal información; pero para pedir beneficios hechos a medida es la empresa de bandera y todos los argentinos tienen que hacer esfuerzos contributivos a su favor”.

“Todo se enrarece más si agregamos a la opacidad sobre los convenios, las acusaciones que pesan sobre la empresa Malaya que nos traen de socia”, aseguró la legisladora mendocina y destacó que “diferentes medios del mundo de hace poco más de un mes publican títulos como estos: “Malasia investiga por supuesta corrupción a la petrolera estatal Petronas”; “Exejecutivo de Petronas enfrenta 37 cargos de corrupción y seis cargos contra el lavado de dinero”; “Nueve detenidos en presunto caso de corrupción de Petronas”.

“La empresa YPF la semana pasada no supo contestar acerca de las reservas comprobadas y expresamente manifestó que el precio de producción era confidencial y entonces me pregunto: ¿Confidencial? ¿Cómo los convenios con Petronas? ¿Por qué hay que garantizarle beneficios que no tiene ninguna otra actividad en el país a ciegas, con un cheque en blanco?”, sostuvo Latorre y le preguntó a Royón: “¿Sabe cuántas son las reservas comprobadas de gas que permitan contractualizar a largo plazo para sobre esos contratos apalancar las inversiones y financiamiento? ¿Por qué primero no se certifican reservas y luego se solicitan los beneficios?”.

“Hay algo que queda claro de este régimen de promoción y es que el gobierno reconoce abiertamente la inestabilidad económica en la que han sumido al país. Pero, reconocer las inconsistencias macroeconómicas de la coyuntura, mediante garantías para los próximos 30 años seria convalidar “un riesgo argentino”, que en lugar de bajar el costo de capital podría incrementarlo”, enfatizó Latorre.

Por último, Latorre le preguntó a Royón: “¿Usted puede mirar a la cara a cualquier argentino de a pie y decirle que n puede prever cuánto menos va rendir su sueldo a fin de mes, ni cuánto más lo va a asfixiar la presión impositiva, ni por cuánto tiempo van a mantener las mismas políticas económicas para que pueda ahorrar en su moneda; pero que en cambio, a YPF por 30 años sí le va a garantizar Estabilidad fiscal, Estabilidad cambiaria y estabilidad regulatoria, sin dimensionar el compromiso de los fondos públicos, ni el gasto tributario que ello significa?. Señora, sin macro no hay micro medida de nadie”.

La contadora de la Nación, Balestrini Claudia, aclaró que “este proyecto de ley no tiene impacto fiscal porque para determinar un impacto fiscal desde la Subsecretaría de ingresos públicos para poder tener la cantidad del impacto fiscal se compara contra los ingresos proyectados en el presupuesto. Como son ingresos que tienen que ver cuando se empiece a generar alguna actividad productiva que genere ganancias por este tipo de inversiones, no están incluidas dentro de las proyecciones vigentes presupuestarias. No hay impacto fiscal ni para este ejercicio ni para el que viene”.

Su par Pamela Verasay apuntó que fue “un error que el proyecto haya ingresado por un privado y no por la secretaria de Energía que son la cabecera. Nadie discute la importancia, pero lo podrían haber coordinado de otra manera”.

“Vino una empresa a pedir subsidios o a opinar sobre un régimen a donde preguntas respondieron con confidencialidad. Fue impertinente porque vienen de esperar leyes de acuerdo a negocios de acuerdos a escalas en lugar de políticas de energía con visión de corto y mediano plazo”, cuestionó.

El diputado del Pro Pablo Torello también se sumó a las críticas respecto del tratamiento del proyecto a “pocos meses de la finalización del gobierno”, y señaló el tema de las exportaciones comparando que “al sector agropecuario se le meten tantas trabas”.

De la vereda de enfrente, salió en respaldo el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, quien destacó: “Es valiosa la reunión que tenemos. Nos están permitiendo profundizar el tema y acercarnos al momento donde muchas de las cosas anticipadas vamos a tener que ponerlas sobre la mesa. Estamos dando un debate de alto contenido estratégico donde el país está atravesando una situación electoral que eso nos permite a veces o no de profundizar los temas. Ustedes permiten dar ese debate de un proyecto vital para la Argentina en medio de un proceso electoral”.

Cerró la reunión el electo gobernador por Neuquén, Rolando Figueroa, quien manifestó: “Tenemos que analizar este tipo de políticas de estado independientemente de quién gobierne”, porque “este tipo de acciones terminan beneficiando al país”, y concluyó: “Deberíamos preguntarnos qué pasaría si no se realiza este proyecto. Argentina se va a conformar en un país gasífero siempre y cuando podamos monetizar las reservas”.

Los puntos centrales del proyecto

Mediante una serie de beneficios fiscales, el Ejecutivo propone en su iniciativa declarar de “interés público nacional y como objetivo prioritario” la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de gas natural licuado (GNL), y sus actividades asociadas, vinculadas con almacenamiento, comercialización, transporte y la instalación de infraestructura en el territorio Argentino”, el cual “se presenta como un combustible intermediario de la transición energética a nivel mundial”, expresa en los fundamentos del texto compuesto por 38 artículos.

Desde el Ministerio de Economía se resaltó que el proyecto “es una consecuencia positiva del crecimiento sostenido de la producción de gas natural en nuestro país y la ampliación del horizonte de recursos gasíferos, como resultado del desarrollo de nuevos proyectos en las distintas cuencas productivas y, principalmente, de los altos rendimientos provenientes de la producción no convencional en Vaca Muerta, cuyos recursos estimados alcanzan aproximadamente ochocientos trillones de pies cúbicos de gas”.

Ese volumen posiciona a Argentina “entre los países con mayores reservas a nivel mundial, con estimaciones de abastecimiento para más de trescientos años, lo que permitirá no solo satisfacer la demanda doméstica, sino que también generará saldos para ser exportados mediante la cadena de valor de la industria del GNL, entre otros, lo que provocará el consiguiente ingreso de divisas para el país”, remarca.

Sobre la cadena de valor, el proyecto contempla pozos y ductos dedicados en las zonas de producción y licuefacción.

Los beneficiarios del régimen serán quienes presenten proyectos dentro de los primeros 5 años de su sanción. Se otorgará beneficios impositivos a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año.

De acuerdo a la iniciativa, se establece un “compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria”; y propone garantizar un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante 30 años.

Como contrapartida, demanda a los beneficiarios requisitos de integración de contenido nacional y contribución al desarrollo local que van escalando periódicamente.

Más de doscientos CEOs, altos ejecutivos, funcionarios y sindicalistas debatieron en la ciudad de Neuquén sobre las oportunidades y los desafíos que representa para la Argentina un contexto global caracterizado por la inseguridad energética y la volatilidad de los precios de los hidrocarburos. Fue en el marco de “Experiencia IDEA Energía 2023”, un evento organizado por la asociación empresarial IDEA.

“Desde IDEA tratamos de impulsar un debate para que se desarrollen políticas de Estado que se mantengan en el tiempo y que nos permitan aprovechar la ventana de oportunidad inédita creada por el contexto geopolítico, que se encuentra en creciente búsqueda de seguridad energética por parte de los países y proyecta avanzar con la transición energética”, enfatizó Daniel González, director ejecutivo de IDEA.

“Estamos ante un nuevo mundo; es el comienzo de una década de inseguridad energética a nivel mundial que se va a caracterizar por la volatilidad de los precios”, planteó Bob Dudley, presidente de la Iniciativa Climática de Petróleo y Gas (OGCI, por su sigla en inglés) y ex presidente y director ejecutivo de BP. Consultado sobre las implicancias de este contexto global para Argentina, Dudley destacó la trayectoria local en ingeniería de producción de petróleo y gas; el potencial de Vaca Muerta y las ventajas geográficas de un país que puede exportar por el Atlántico y por el Pacífico hacia cualquier destino. En este sentido, consideró que se debe seguir invirtiendo en petróleo y gas. “Dado el crecimiento de la población mundial, se van a necesitar todas las formas de energía. Argentina tiene que desarrollar no solo el petróleo, sino también el gas natural”, concluyó.

Por su parte, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, conversó con el Group CEO de Pan American Group y presidente del comité organizador de Experiencia IDEA Energía 2023, Marcos Bulgheroni, y consideró: “Tenemos la oportunidad de tener dos turbinas de desarrollo que son el campo y la capacidad de exportación en el sector energético”. Luego, destacó que “la energía tiene que ser una política de estado, independiente de los cambios de gobierno”.

Por su parte Flavia Royón, secretaria de Energía de la Nación, dijo que “el litio en nuestro país es una realidad como lo es Vaca Muerta” y que hacia 2030 Argentina se podrá convertir en el segundo productor mundial de ese mineral.

Por su parte, los ex secretarios de Energía de la Nación Gustavo Lopetegui y Darío Martínez coincidieron en que la jornada mostró que hay muchas empresas dispuestas a desarrollarse.

Además, hubo un panel de sindicalistas compuesto por Claudio Vidal, secretario General del Sindicato Petrolero, Gas Privado, Energías Renovables de Santa Cruz y diputado nacional; Marcelo Rucci, secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa; y Jorge Ávila, secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Chubut. Los tres destacaron su voluntad de colaborar con el desarrollo de la industria energética y remarcaron la importancia de haber participado del debate en Experiencia IDEA Energía 2023.

Hacia el cierre de la jornada, Bulgheroni señaló la oportunidad que significa Vaca Muerta, la cuenca del Golfo San Jorge y el offshore para el país: “Me llevo de esta jornada una visión muy positiva de inversión, de desarrollo; vamos a llegar a sustituir el neto de las importaciones, para generar más de 20.000 millones de dólares en exportaciones y muchos puestos de trabajo”.

Por su parte Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol, explicó lo que se necesita para que la oportunidad se materialice: “A pesar del desarrollo de Vaca Muerta y del trabajo conjunto con los gremios, que ha bajado los tiempos de exploración y de perforación, nos vemos condicionados por la macroeconomía”.

Para finalizar, Paula Altavilla, vicepresidente 1° de IDEA y Country President Argentina, Uruguay & Paraguay de Schneider Electric, puso el foco en las oportunidades y desafíos que la transición energética representa en materia de hidrógeno y litio: “Tuvimos una confirmación de la importancia de la energía como motor del crecimiento, de desarrollo en nuestro país y en el mundo. Vaca Muerta es una realidad y estamos viendo progreso gracias a los acuerdos logrados. Los minerales críticos nos permiten desarrollar economías regionales a lo largo del país. Construir esta matriz energética amplia requerirá de inversiones a largo plazo y de acuerdos, mencionados hoy tanto por el sector político como por los sindicalistas”, afirmó.

Aproximadamente dos horas después de que el presidente Alberto Fernández diera su discurso ante la Asamblea Legislativa, medio país se quedó sin luz por una falla en el sistema interconectado, provocado por un incendio en la localidad de Campana, que derivó en la salida de funcionamiento de manera preventiva de la central nuclear Atucha I.

“La Argentina es la energía que el mundo está necesitando”, fue una de las frases del mandatario en el Congreso, expresión que la oposición utilizó luego para fustigar al Gobierno por lo sucedido.

En sus redes sociales, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo (UCR), escribió: “Hoy @Alferdez habló, mejor dicho, mintió sobre lo maravillosa de su gestión. Mientras tanto medio país está sin luz. Dato mata relato”.

Hoy @Alferdez habló, mejor dicho, mintió sobre lo maravillosa de su gestión. Mientras tanto medio país está sin luz. Dato mata relato. #SinLuz pic.twitter.com/rOW9q8Dxdw

— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 1, 2023

“No pasaron ni 5 horas desde que @Alferdez terminó su discurso y la realidad mató al relato. Medio país sin luz. El presidente no pega una. El gobierno es un #Apagón”, ironizó el senador Pablo Blanco (UCR).

Por su parte, el diputado Emilio Monzó (EF) sostuvo que “Argentina no es la energía del mundo, como dijo el Presidente hoy. El apagón masivo es una muestra, producto de la desinversión por falta de confianza. El gobierno atiende los problemas judiciales de su vice y no se ocupa de los argentinos. Total desconexión con la realidad”.

“¡LA MITAD DEL PAÍS SIN LUZ! Hoy dijo el presidente: ‘Argentina producirá la energía que el mundo está necesitando’ y, en este momento, se cayó Atucha I. ¿Dónde está la inversión histórica? ¿Dónde está la energía? Alberto Fernández y su mundo paralelo”, enfatizó la diputada Laura Rodríguez Machado (Pro).

¡LA MITAD DEL PAÍS SIN LUZ! Hoy dijo el presidente: "Argentina producirá la energía que el mundo está necesitando" y, en este momento, se cayó Atucha I. ¿Dónde está la inversión histórica? ¿Dónde está la energía? Alberto Fernández y su mundo paralelo. #SinLuz pic.twitter.com/PC8teaxqlg

— Laura Rodríguez Machado (@laurmachado) March 1, 2023

No solo desde Juntos por el Cambio hubo críticas, el diputado de la izquierda Nicolás Del Caño (PTS-FIT) señaló: “Medio país sin luz. La Argentina de fantasía que describió Alberto Fernández en su discurso a la Asamblea Legislativa es su propia realidad auto-construida”.

El senador nacional Oscar Parrilli (FdT – Neuquén) habló sobre la nota que le presentó a la secretaría de Energía de la Nación para que la administración de las represas pase a manos de Enarsa, en conjunto con las provincias de Neuquén y Río Negro al denunciar que en 30 años “no hubo una sola inversión en nuevas centrales hidroeléctricas”. Por otro lado, apuntó contra el Poder Judicial y el reciente fallo en favor de Silvio Robles, vocero de Horacio Rosatti -titular de la Corte-.

En diálogo por El Destape Radio, el oficialista aclaró que “no” quiere dar opinión sobre el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema hasta que “institucionalmente me corresponda hacerlo”.

Al ser consultado por la nota que presentó a la Secretaría de Energía a Flavia Royón con autoridad concedente en su momento, explicó que fue “en virtud de que este año vencen los 30 años de concesiones de centrales hidroeléctricas construidas por el Estado Nacional y en cumplimiento de ese contrato, que establecía que a los 30 años finalizaba la concesión y se revertirá al Estado Nacional la administración y operación en mantenimiento”.

“Lo que solicito es que se haga efectiva el cumplimiento del contrato, que se le de seguridad jurídica, que se revierta al Estado Nacional como dicen los contratos y que la Secretaría de Energía le otorgue a ENARSA la administración, el mantenimiento y la operación de esas centrales que es una empresa del Estado”, planteó Parrilli

También pidió que “ENARSA coordine y acuerde con la provincia de Neuquén y Rio Negro y que conjuntamente sea la administración, el mantenimiento y la operación y que busquen la conformación de las mejores unidades de negocio que correspondan para llevar adelante y retomar la administración de estas represas que generan una importante energía eléctrica para el país. Del total de energía consumida en el país estas centrales generan el 7% y del sector hidroeléctrico son casi un 30%”.

“Se buscan unidades de negocio donde no se descarte la participación del capital privado, pero ya desde una óptica diferente, distinta de la que fue en su momento las concesiones del 93’”, propuso.

En suma, criticó: “Durante estos 30 años están en un buen estado de mantenimiento, no necesitan grandes inversiones, lo cierto es que las abultadas ganancias que han tenido estamos hablando de en los últimos cinco años las concesionarias ganaron más de u$s 2.000 millones, participaron de la fuga de capitales que vimos en el 2016-2019 los dólares que se llevaron al exterior y no hubo una sola inversión en nuevas centrales hidroeléctricas, no invirtieron un solo peso en la generación de nueva energía. Por eso creemos que debe cambiar el mecanismo de participación donde parte de la ganancia sea reinvertida en la Argentina”.

“Presenté un proyecto sobre esto, que no se llegó a tratar, pero no necesariamente necesitamos una ley, lo que hay que hacer es cumplir con los contratos vigentes y darles seguridad jurídica a las empresas”, recordó el neuquino.

Al ser consultado por el funcionamiento de la justicia respecto al fallo en favor de Silvio Robles, el kirchnerista cuestionó: “Está claro que hay un partido judicial que ha decidido proscribir a Cristina Kirchner con los fallos que está llevando adelante y lo hemos visto en los últimos días con este fallo que no se permite investigar a la Corte actual y a los funcionarios de (Mauricio) Macri y de (Horacio) Rodríguez Larreta por la filtración de escuchas ilegales. La doble vara que se ha utilizado porque las escuchas ilegales solo sirven para los peronistas ¿no? recordemos que la causa del memorándum con Irán fue generada de esta forma”.

“Hoy todo este partido judicial con el aval de la Corte, están diciendo que no se pueden utilizar las escuchas ilegales para llevar adelante investigaciones de proceso, para los macristas, ahora para los peronistas las escuchas ilegales sirven como está demostrado en la historia de manera que esta muy claro que hoy las disputas electorales contra el macrismo y grupos de poder, sino también contra el poder judicial y la Corte Suprema”, disparó Parrilli.

Por otro lado, sobre la situación de Milagro Sala sostuvo: “El indulto es una cuestión de estricta justicia para revertir un proceso penal absolutamente armado por Gerardo Morales con clara intención y fin político de persecución de una dirigente social. Lo único que queda es la acción del Ejecutivo, esta en manso del presidente y es el que tiene que decidir. El indulto es posible ante las irregularidades que hay”.

Por último, al ser consultado por la postura de la principal bancada opositora de cara a extraordinarias, lanzó: “En Cambiemos hay un grupo reducido, que hoy conduce al conjunto, que está en una actitud de imposibilitar la gestión del gobierno. Para ellos la democracia es hacer lo que ellos quieren y nada más”.

“En el Senado ni siquiera van a las comisiones no participan, no debaten, no discuten, están en una política errada de cuanto peor mejor, no permiten ni discutir temas trascendentes como Consejo de la Magistratura, como la deuda, como todos los proyectos que están parados por esta actitud irresponsables y destituyente que tiene un sector de JxC que no permiten que el Congreso funcione”, cerró.

Por Santiago Rodríguez Lamas.

Hace semanas ya que los vecinos de varios barrios de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz sufren repetidos cortes de luz, Internet y agua, tras el paso de una fuerte tormenta que azotó la zona. Al respecto, el concejal del Pro, Raúl Sancho manifestó su malestar con la gestión local, reclamó una mayor preponderancia de los organismos de control, y adelantó que competirá por la intendencia, en una localidad que ya lleva 32 años bajo el mismo signo político. 

–Son constantes los reclamos de los vecinos por el servicio que brinda CEPRAL, ¿a qué se debe? 

-Exaltación de la Cruz, en general, tiene un problema energético tremendo. Para que se pueda dimensionar, nosotros tenemos un parque industrial sobre la ruta 6 que lo inauguró Daniel Scioli cuando era gobernador, y ese parque todavía no está electrificado. Hay algunas empresas funcionando adentro, pero sólo con generadores propios. Eso te da una idea lo atrasado que viene la situación.  

CEPRAL es una cooperativa eléctrica, que básicamente, lo que hace es recibir la energía de ENEL y redistribuirla; el tema es que muchos aspectos están atados a lo que provee ENEL, que es como una especie de ente que está por arriba de todo, y que no le da bolilla a nadie. Nosotros desde el Concejo Deliberante los hemos citado y ni si quiera te contestan. Parte del problema es que contamos con unos organismos de control que son inexistentes. 

–Los últimos cortes de servicio afectaron a más del 65% de los usuarios. 

-El mes pasado hubo una tormenta fuerte que rompió las torres de alta tensión y hubo sectores más de una semana sin luz. 

–¿Es posible el ingreso de otras compañías de servicios? 

-Lo que pasa con el servicio de electricidad, como con la mayoría de los servicios públicos, es que no hay posibilidad de que haya competencia. Lo que uno ve es una gruesa falta de mantenimiento, tremenda. En la zona de EDEL y en la zona de CEPRAL, vemos infraestructura a medio caerse por todos lados.  

Para que te des una idea, nosotros en 2022 tuvimos la primera sesión en el Concejo Deliberante y había barrios que estaban sin luz hace tres o cuatros días. Y en la última sesión que tuvimos del año, estamos aún con el mismo panorama. 

Esto es la explicación de la falta absoluta de gestión y desidia. Yo creo que hay una responsabilidad directa del municipio en varias cosas. Primero, no estar detrás de estos temas, porque vos tenés que ejercer ahí presión y control. El municipio tiene un organismo de control que prácticamente no hace nada, que responde directamente al intendente. 

–¿Qué rol cumple el municipio al respecto? 

-El referente de OCEBA, que es el organismo de control de energía eléctrica, es el presidente del PJ de acá, forma parte del Gobierno local. Nosotros, en la primera sesión del año, cuando arrancamos había barrios que estaban cortando la ruta, hicimos una convocatoria, una audiencia pública que salió aprobada por unanimidad del Consejo Deliberante, y de los organismos de control no vino ninguno. De ahí, 9 meses para adelante seguimos en una situación similar tras una tormenta. 

Hay una falta absoluta de presión. No hay presión de ningún lado. Exaltación tiene un potencial industrial enorme, pero si viene una industria americana y necesita energía y va a CEPRAL o va ENEL y le dicen yo no te lo puedo asegurar, siguen de largo. Y de eso está lleno. Tenemos acá dos o tres parques industriales y no hay electricidad para hacerlos funcionar. La energía tendría que estar puesta arriba de la mesa de la agenda de cualquier Gobierno municipal. 

Vos ves que hay distritos alrededor como Luján, Mercedes, Campana, y funcionan con otra lógica. No tienen un problema de falta de energía. Y en Exaltación de la Cruz nadie gestiona para que esas cosas lleguen.  

–¿Competirá por la intendencia este año? 

– Así es, preparándome para ser candidato a intendente. Nosotros vamos competir a ver si después de 32 años podemos tener un cambio de Gobierno en Exaltación.  

–¿Cómo ve la coyuntura nacional? Se acercan las elecciones… 

-Yo creo que en el 2019 este Gobierno llegó con una gran cantidad de promesas y soluciones mágicas, y a la vista está que no fueron solucionados. Ninguno de los problemas que había en 2019, cuando la sociedad decidió cambiar de Gobierno, no solo no están hoy resueltos, si no que estamos todavía peor. No hay un solo aspecto de aquello que estaba mal en el 2019 que uno pueda decir que esto mejoró. Tenemos un país que no camina para ningún lado, faltan insumos, faltan recursos, no hay previsión en nada. 

Y se va a seguir agravando, porque seguramente este año van a salir a emitir plata a lo loco para ver si con eso pueden sostener un Gobierno que no tiene rumbo ni objetivo. 

Sí creo que va a haber que plantear desde el lado de la oposición seriamente qué es lo que se propone hacer para resolver la situación. 

–La oposición necesita definir las internas. 

-Las internas deberán moderarse y limitarse. Hay demasiado dando vueltas, propio de la época en la que estamos. Seguramente en un par de meses se despejará el panorama y tengamos una mejor idea. No falta tanto, las alianzas se presentan en abril y a partir de ahí las listas se presentan en junio, y la elección es en agosto. Está más cerca de lo que parece.  

El tema no escapa mucho a la situación que es generalizada, es la misma discusión. Volviendo al tema de la energía, acordate cuando se quiso recortar los subsidios, el mismo Gobierno que está pidiendo moderar el consumo, vuelve a la situación que propone una energía más barata hasta cuando dios quiera. 

Y eso también te habla de una irresponsabilidad de la política, porque la mitad de las cosas que termina haciendo Alberto, son las mismas que le cuestionaban a Macri. De esa forma es muy difícil que podamos progresar. Si el que gobierna te dice blanco, y el otro dice negro, y cuando se invierte la situación, se invierten los discursos. Hay que empezar a buscar puntos de contacto, tenemos todo para ser mucho más de lo que somos. 

Durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, en la que se emitió dictamen al proyecto de Presupuesto 2023, el senador oficialista Edgardo Kueider (Entre Ríos) expresó su “queja y enojo” hacia la resolución de la secretaría de Energía en la que establece una tarifa diferencial eléctrica para las provincias del norte argentino solicitada por 10 gobernadores y adelantó que “si esto conlleva a alguna cuestión que involucra en el Presupuesto este gasto yo voy a manifestar mi rechazo”.

En ese contexto, parlamentario.com dialogó con el legislador entrerriano quien ratificó su rechazo a la resolución 719 y sostuvo que es un criterio “arbitrario y discriminatorio”, al tiempo que brindó los motivos por los que no firmó el dictamen del Presupuesto 2023: “No vamos a convertirnos en los financistas del norte y del sur y nosotros en el medio”.

Por otro lado, el senador criticó a su bloque porque ha presentado proyectos sobre zonas cálidas, pero “quedó ahí durmiendo en comisiones, no se trata, no hay voluntad política de sacarlo. Hice planteos en el bloque, tensionamos en el bloque varias veces, hicimos muchos movimientos. Sin embargo, oídos sordos a esto no pasó nada”.

–Se termina de tratar el Presupuesto 2023 y usted en el debate en Comisión hizo un planteo en torno a la situación que se da en su provincia y en otras sobre los subsidios que tienen que ver con la energía eléctrica que se da con respecto a la región de la Patagonia que tiene la zona fría, pero ¿qué pasa con Entre Ríos y otras provincias que son de zona caliente?

-El año pasado cuando tratamos el proyecto de zona fría que era algo que ya estaba vigente, pero para las provincias y regiones del sur. El proyecto que vino fue una ampliación de esos límites, corrieron las líneas más al norte basándose en los criterios técnicos establecidos en los mapas de calor isotérmicos con los que cuenta la Secretaría de Energía. ¿Cómo se financia zona fría? se conforma un Fondo Fiduciario donde todos los usuarios del país del gas pagan en sus boletas un porcentaje, se les incrementa el costo por ejemplo nosotros los entrerrianos que no estamos beneficiados por zona fría, pagamos nuestras boletas todo el año al aporte para financiar el descuento que se le hace a las zonas frías. Es un criterio solidario, el sur tiene frío, tiene que calefaccionase, gasta más gas, entonces bueno hacemos nuestro aporte desde ahí.

En el debate en Comisión alguien dijo ¿qué pasa con el norte, con el calor y con la electricidad? Ahí dijeron que estaban trabajando algo para el Norte Grande que no incluye Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, la parte centro del país y nosotros tampoco vamos a convertirnos en los financistas del norte y del sur y nosotros en el medio siendo que, por el mismo criterio técnico que se aprobó zona fría, a nosotros nos correspondería zonas cálidas porque, de hecho, si se ve el mapa isotérmico, provincias como Salta, Tucumán, tiene la misma consideración que Entre Ríos en términos de temperatura.

Lo que pasó es que yo presenté un proyecto de zonas cálidas para beneficiar a todas las provincias que no están incluidas en zona fría que quedó ahí durmiendo en comisiones, no se trata, no hay voluntad política de sacarlo hice planteos en el bloque, tensionamos en el bloque varias veces, hicimos muchos movimientos, pero sin embargo oídos sordos a esto no pasó nada. Ahora viene secretaría de Energía, saca una resolución 719/22 donde favorece a las provincias del Norte Grande con una salvedad: no aplica ningún criterio técnico para beneficiar a las provincias. El argumento es que esas provincias lo solicitaron, porque lo pidieron. Entonces yo planteo que, si es por pedirlo, aviso que yo también lo estoy pidiendo. Lo pido, mande un escrito al presidente de la Nación, al ministro de Economía y también a la secretaria de Energía de la Nación.

Además, presenté un proyecto en el Senado para que incorporen a las provincias que no están incluidas en zona fría teniendo en cuenta un criterio técnico vigente en la propia secretaria de Energía que justifica y avala porque le da mucho mayor respaldo a una medida de semejante naturaleza. Ese planteo lo hice por escrito y se lo hice a Massa también y hoy en la reunión de Presupuesto lo dejé claramente planteado para que la provincia de Entre Ríos y demás regiones se incluyan en estos beneficios para la temporada estival vinculados a un descuento en el costo de la energía, debido al incremento del consumo que se va a dar naturalmente por la necesidad de refrigeración de la temporada.

-Entre Ríos aporta a través de la represa de Salto Grande

-Bueno ese es un tema que… a ver ¿por qué a uno lo motiva con mucho énfasis a presentar y pelear por esto? Porque nosotros somos una provincia energética. Nosotros somos, y la región de Salto Grande particularmente yo soy de Concordia, ahí está emplazada la represa que es un complejo hidroeléctrico que abastece el 3,7% de la energía del país. Pero, además, si consideramos el consumo eléctrico de Entre Ríos, consume el mismo caudal de generación de energía, por lo tanto, si estuviera vivo Pancho Ramírez y dijera ‘vamos a declarar a la provincia de Entre Ríos como República’ tendríamos soberanía energética. Tendríamos energía suficiente para autoabastecernos, independientemente de que la represa fue una construcción financiada por el Gobierno Nacional, en este caso fue binacional, pero ya está totalmente amortizada porque es una construcción del 78’, pero está emplazada en Recursos Naturales de Entre Ríos y, por lo tanto, el recurso natural lo produce la provincia y por eso existen las regalías.

Con ese criterio uno viene a plantear este tipo de cosas y, además, teniendo en cuenta que cuando se construyó la represa esto nace en la época de Perón en el 46’ se firmaron los convenidos con la República de Uruguay para la construcción y se establecieron puntos básicos como objetivos que perseguía la construcción de la represa, esos eran los beneficios que iba a haber para la región. Con esas premisas se trabajó para convencer a toda la gente de la región de que emplazar una represa allí no era algo que iba a causar un daño, sino que iba a ser beneficioso para la región. Uno de los beneficios más importantes era la energía barata y hoy, si le traigo una boleta de luz es varias veces más cara que la de capital federal.

Hay una deuda con la región vinculado a este tema que no está saldada y así como están las cosas no se van a saldar nunca porque el marco regulatorio energético, así como está dispuesto, de ninguna manera prevé que si no se modifica esto se solucione. Encima de esto, tenemos que soportar que se tomen medidas arbitrarias como la que establece la resolución 719 donde beneficia, en la temporada estival, a las provincias del norte y deja totalmente afuera a la provincia de Entre Ríos. Es intolerable.

Estamos, por un lado, trabajando ya, de hecho, ayer tuvimos una Reunión con el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet; el presidente de CTM, Luis Benedetto; estuvo la gente de ENERSA, que es la distribuidora de energía de Entre Ríos; invitamos a algunas cooperativas; estuvieron colegios de ingeniarnos, UTN; la secretaria de Energía de la provincia, trabajando en una iniciativa mía que tiene que ver con esto de las generadoras de energía como Salto Grande.

CAMESA, que es quien compra y distribuye y vende la energía, les compra a las generadoras, en este caso a Salto Grande y le paga $1.500. ¿Sabe a cuánto les vende a las distribuidoras? en $5.000. ¿Cómo le explico a los entrerrianos semejante barbaridad y cuál es la lógica? El proyecto que estamos trabajando es que las distribuidoras cobren el mismo costo de que les compran a las generadoras de energía de todas las provincias en los términos de su producción. Nosotros generamos el 100%, pero hay provincias que generan el 70%. También es una suerte de incentivo a las provincias.

Me opuse a la resolución 719, me opongo férreamente porque solicito y exijo que se incorpore a las provincias de Entre Ríos y, como considero que debe ser equitativo, también que se sume a Santa Fe, Córdoba y demás provincias que no están incluidas a la zona fría como debería haber sido en un principio y que se deje de lado este criterio arbitrario y discriminatorio que ha tomado la secretaría de Energía.

-Senador por este motivo usted no ha firmado el despacho del proyecto de la mayoría del Presupuesto

-Si, porque yo estoy analizando cómo se compensa el costo de esa baja de energía que se va a dar por la resolución 719 al Norte, no vaya a ser, no lo pude discernir aún, pero ¿de dónde sale esa diferencia, esa rebaja que se va a hacer en las provincias del norte? No vaya a ser que nosotros encima que ya financiamos al sur ahora tengamos que subsidiar al norte. En ese caso, de ninguna manera lo vamos a permitir. Si eso tiene un impacto presupuestario quería ver en qué artículo se impactaría para discutirlo oportunamente en el recinto.

En el marco de la presentación de la Hoja de Ruta que elaboró Enel, junto con otras áreas y empresas del sector energético, la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, adelantó que próximamente comenzarán a trabajar en el camino hacia la transición energética a nivel mundial, con el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de ley de GNL.

En ese sentido, Royón señaló que “la transición energética debe ser llevada en un proceso justo, asequible y sostenible”.

La funcionaria sostuvo que “la transición tiene que saber generar mano de obra argentina e industria argentina. Argentina tiene un complejo industrial para saber aprovechar y que cada vez estos proyectos tengan más contenido y valor agregado nacional. Tenemos todo para lograr este proceso con estas características”.

Por eso anticipó que en el marco del mes de octubre, la secretaría que conduce “impulsará proyectos de GNL y de hidrógeno porque entendemos que Argentina tiene factores de ventajas comparativas y competitivas únicos en el mundo. Pero queremos hacerlo con acuerdos políticos y una mirada a largo plazo”, planteó.

La legisladora de Juntos Somos Río Negro Julia Fernández, junto a su par Elbi Cides, presentaron un proyecto ante el Parlamento Patagónico, que aprobó la Legislatura provincial el pasado viernes 9 de septiembre, respecto a la preocupación por la situación energética que atraviesa la región. 

En este sentido, la iniciativa comunica que “vería con agrado que las provincias que lo integran se pronuncien ante el Gobierno Nacional solicitando realice las gestiones necesarias para llevar adelante la ejecución de las obras del montaje de plantas compresoras para la construcción del proyecto denominado ‘Ampliación Sistema de Transporte y Distribución de Gas Natural’ del gasoducto cordillerano”.  

En el proyecto, los parlamentarios comparten su preocupación ante la falta de finalización de la obra que “ha generado que el sistema vuelva a operar al límite de su capacidad”, afectando la confiabilidad de la operación en los momentos de mayor exigencia operativa, como lo manifestó en un comunicado a fines del mes de julio la empresa distribuidora Camuzzi Gas del Sur: “Nos comunicamos en ese entonces con el secretario de Energía y hoy con la actual secretaria, para volver a poner el tema en agenda”, explicó la legisladora. 

A principios de agosto la Legislatura envió una comunicación al Ejecutivo nacional pidiendo la concreción de las obras pendientes; trabajando también en conjunto con el diputado nacional Agustín Domingo (JSRN) quien hizo un pedido de informe al Ejecutivo en este sentido. 

“Es importante que el Gobierno nacional pueda concluir con las obras de ampliación del sistema de transporte y distribución de gas natural, involucrando las plantas compresoras en la provincia de Chubut, que no han comenzado ni mostrado avances”, explicó la legisladora Julia Fernández. “Nos preocupa porque esto afecta a nuestras comunas, a vecinos y vecinas, a los proyectos de desarrollo e inversión y a la actividad turística”, resumió. 

El senador nacional Dionisio Scarpin (UCR) junto con su par santafesina Carolina Losada; enviaron una nota al secretario de Energía de la Nación, Diego Martínez; para solicitarle que tome las medidas necesarias para asegurar la provisión de gas con destino a GNC. En el mismo sentido, los legisladores remitieron otra misiva a la Comisión de Energía, Minería y Combustible de la Cámara de Senadores y presentaron un proyecto de declaración, donde manifiestan su preocupación por el tema.

“El domingo primero de mayo, miles de usuarios de GNC se pueden quedar sin el abastecimiento de este combustible. Entre ellos muchos trabajadores y emprendedores que usan este combustible, porque es el 50% más económico que el tradicional. Esto sucede, porque el Gobierno Nacional no autoriza a que las estaciones puedan firmar los nuevos contratos que se van a vencer”, indicó el legislador nacional.

En el mismo sentido, tanto en las notas enviadas como en el proyecto ingresado en la Cámara, los legisladores nacionales señalaron que esta situación es preocupante en la provincia de Santa Fe, donde el 40% de las bocas de expendio de GNC se encuentran con sus contratos de provisión de gas, con vencimiento en los primeros días de mayo.

“Estamos realmente preocupados por esta situación. Deber resolverse lo antes posible para brindar tranquilidad y previsión a los usuarios que van a ser los mayores perjudicados, si esto no se soluciona antes del sábado”, afirmó Scarpin.

La senadora nacional Alejandra Vigo (Córdoba Federal) presentó ante el Senado un proyecto de ley para transferir las prestatarias de agua y energía en AMBA: AySA, Edenor y Edesur, desde el Estado nacional a las jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La iniciativa propone el traspaso de jurisdicción en su artículo 1 y, en un segundo artículo, establece la plena vigencia del control del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) sobre las empresas eléctricas.

“Que solo esos servicios estén todavía en cabeza de la Nación afecta el modelo federal de gobierno adoptado por la Constitución Nacional. Este proyecto pretende que se reestablezca el sistema federal y la equiparación del trato igualitario hacia todas las provincias”, explicó la senadora y fundamentó: “Con esta ley, tanto la provincia de Buenos Aires como CABA deberán decidir sobre tarifas, subsidios, inversiones, etcétera, con sus propios recursos y presupuestos, tal como lo hacen el resto de las provincias”.

En la actualidad, la provisión del agua potable y desagües cloacales en 26 partidos de la provincia de Buenos Aires y en CABA son prestados por la empresa AySA, integrada en un 90% por el Estado nacional; además de ser subsidiada para gastos de funcionamiento, AySA acrecienta su déficit mes a mes y se beneficia con las transferencias que la Nación hace con dinero de todos los argentinos para gastos corrientes. “¿Por qué todos los argentinos subsidiamos a una empresa que presta servicios de agua y cloacas únicamente para AMBA?”, se preguntó Vigo. 

En el caso de la energía eléctrica que prestan Edenor y Edesur en esas mismas jurisdicciones, también son concesionados y subsidiados por la Nación.

En los fundamentos de la iniciativa, Vigo repasa la historia de la prestación de los servicios de agua en AMBA que se vuelven a nacionalizar en 2006 cuando se crea AySA. Hace lo propio con los servicios de energía eléctrica, cuyos intentos para que retornen a las respectivas jurisdicciones en 2011 y en 2018 quedaron sin efecto.

“Lo más justo y federal -acordado tanto en el Consejo Federal de Energía como en el Pacto Fiscal, en el caso de la energía eléctrica- es que la Nación se retire de la regulación de Edenor y Edesur, eliminando así los privilegios otorgados”, argumentó.

Enfatizó que las empresas eléctricas que prestan servicio al AMBA le adeudan a Cammesa unos 1500 millones de dólares. “¿Por qué de las 79 distribuidoras a las que Cammesa les vende energía, a algunas les exige los pagos al día, mientras que a otras no? ¿Por qué a Edenor y Edesur no les reclama siendo las mayores deudoras del país? Si no les reclama el cumplimiento, eso también es un subsidio y esa deuda obviamente se ‘compensa’ con dinero del presupuesto nacional, o sea con los recursos de todos los argentinos”, señaló la legisladora por Córdoba.

“Reclamar por más federalismo no es ser opositor, es defender los derechos de las y los cordobeses y de todos los habitantes del interior. Es claro: queremos que, a través de una ley, y no por voluntad del gobierno de turno, se distribuyan los subsidios que surgen del esfuerzo de todos”, remarcó.

“En definitiva, -sintetizó la senadora- hoy el Estado nacional financia las tarifas del AMBA con fondos aportados por todas las jurisdicciones lo que, a todas luces, es injusto y desigual con el resto de las provincias que deben hacerlo con su propio presupuesto. La mayoría de los recursos quedan en el AMBA, o sea CABA y la provincia de Buenos Aires, en una Argentina en la que vivir en el interior resulta siempre más caro. Y ya es hora de que se supere esta injusticia”, concluyó.

Proyecto-Ley-EDESUR-EDENOR-AYSA

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por la radical Pamela Verasay, presentaron un proyecto por el cual se pide que el ministro de Economía, Martín Guzmán; y el secretario de Energía, Darío Martínez, den explicaciones ante la Cámara baja respecto al rumbo actual de política energética de la Argentina.

También piden que expliquen sobre “las situaciones coyunturales que de ella se desprenden para el presente ejercicio y sobre situaciones que han trascendido luego de que el secretario de Energía informara al ministro de Economía y al presidente de la Nación que, como consecuencia del ‘Techo de Caja’ impuesto por la Tesorería General de la secretaria de Hacienda, no se lograría cumplir, en el mes de marzo del corriente, el pago del gas que se importa de Bolivia”.

Entre otras cuestiones, solicitan que se den detalles sobre el estado de las negociaciones con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y las condiciones contractuales que se estarían negociando o se hubieran alcanzado a la fecha (particularmente en lo referente a volúmenes del suministro, precios, posibles revisiones contractuales y su periodicidad, vencimientos, etc.

Además exigen que informe sobre “otras alternativas contempladas por la Secretaria de Energía para cubrir el suministro de las centrales térmicas del país, frente a la posible suspensión por incumplimientos en los pagos con los proveedores de GNL importado; y sobre la estimación presupuestaria -frente a los nuevos valores del GLP- para cubrir las compensaciones para los productores de butano y propano de uso doméstico por el descalce entre Precios Máximos de Referencia establecidos mediante Resolución N°49/15 de la Secretaría de Energía y sus modificatorias y los valores actuales de GLP destinado al Programa Hogares con Garrafa (HOGAR)”.

A su vez, quieren que los funcionarios detallen si, frente al escenario de escasez y caída en el suministro de gas para los meses de invierno, contemplan o estudian implementar cortes temporales en el suministro de algún sector.

“La situación energética en la Argentina es preocupante, y puso una situación de alerta máxima cuando al conocerse que mediante nota NO-2022-24313669-APN-SE#MEC, el Secretario de Energía Sr. Darío Martínez, informó al Ministro de Economía y al Presidente de la Nación que, como consecuencia al ‘Techo de Caja’ impuesto por la Tesorería General de la Secretaria de Hacienda impuesto mediante Nota NO-2022-22867542-APN-DPYCEF no se lograría cumplir, en el mes de marzo del corriente, el pago del gas que se importa de Bolivia, del Barco Metanero de GNL contratado por la estatal IEASA, ni los 17 barcos con gas oil contratados por CAMMESA para abastecer las centrales térmicas”, explicó Verasay.

En el mismo sentido, agregó: “La situación es extremadamente delicada, ya que sin energía no hay industria y sin industria se estaría asestando un duro golpe a la economía y a cualquier posible recuperación. Si bien, la situación de virtual ‘default’ con los proveedores energéticos para el mes de marzo parecería encontrar algún tipo de solución, es de vital importancia que se ponga en conocimiento del Congreso Nacional cuál es la situación para el resto de los meses, y principalmente en el inminente periodo invernal”.

“Este plan de contingencia debería ser informado a este Parlamento, a los sectores productivos y a la opinión pública en general, para la toma de conciencia de la compleja situación que enfrentará el sector energético de nuestro país en los próximos meses. El Gobierno debe dar a conocer de forma urgente su plan de abastecimiento para los próximos meses y establecer un plan de contingencia que incluya diferentes escenarios, medidas de mitigación y la probabilidad de faltantes en determinados sectores de la demanda”, finalizó.

El secretario de Energía, Darío Martínez, defendió este jueves ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de promoción de los biocombustibles, pero la oposición mantuvo sus críticas y el debate continuará en los próximos días.

Martínez expuso en una reunión virtual de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Omar “Chafi” Félix y Carlos Heller, respectivamente.

El funcionario habló de “un muy buen proyecto” que “le da previsibilidad a una actividad que la necesita”, y consideró que “en un esquema de transición energética, los biocombustibles son una actividad importante”.

“Se articula convenientemente la necesidad de desenvolvimiento del sector; su interacción con la actividad de destilación de combustibles líquidos; la protección de las pymes y empresas no integradas; y el resguardo del bolsillo de los consumidores, en un proceso de fomento positivo de la actividad, también impulsando la sustitución de importaciones de combustibles líquidos”, explicó.

Al repasar el proyecto artículo por artículo, Martínez confirmó que el corte de biodiesel, a pesar de las críticas de las cámaras empresarias, se bajará al 5% -actualmente es del 10%-, aunque “puede ser aumentado si las condiciones de mercado o la demanda lo aconsejan”.

También detalló que se prevé “un mecanismo para amortiguar en surtidor la suba del precio internacional del aceite de soja, el componente básico del biocombustible”, para lo cual se otorga la facultad de disminuir “hasta el 3%, para amortiguar el impacto”.

Ese mecanismo, indicó, se aplicará en forma similar para el bioetanol de maíz, cuyo corte se mantendrá en el 12% -igual que en la actualidad-, con un nivel del 6% para la caña de azúcar y del 6% para el maíz.

Por otra parte, Martínez destacó la protección a las pymes y empresas no integradas, que “serán las abastecedoras con un cupo máximo de 50.000 toneladas”, y agregó que “se preserva una distribución equitativa entre las empresas del sector impidiendo la concentración de esos cupos”.

En tanto, “el precio se calculará teniendo en cuenta los costos distintivos de los biocombustibles así como la rentabilidad adecuada para las empresas”.

Otros aspectos del proyecto son la creación de un comité de seguimiento con carácter federal y la sustitución de importaciones de combustibles líquidos, que “puede significar un sendero virtuoso para la actividad”, destacó el secretario de Energía.

“El Gobierno nacional tiene entre sus objetivos el desarrollo del sector de biocombustibles, asociándolo de manera virtuosa al desarrollo nacional”, afirmó Martínez, al señalar que el contexto actual es diferente al de 2006, cuando se sancionó la ley original que ahora se intenta modificar.

Al aportar cifras, precisó que participan activamente en el sector de los biocombustibles más de 40 empresas productoras localizadas en 10 provincias argentinas, que ocupan a más de 32.500 trabajadores de manera directa e indirecta.

Las provincias dedicadas al biodiesel son Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Buenos Aires y La Pampa, mientras que el bioetanol involucra a Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, Santa Fe y San Luis, puntualizó el funcionario.

“El impacto en las economías regionales es muy importante”, aseguró, y por otra parte destacó que “de las 28 empresas que producen biodiesel dentro del régimen de promoción, 25 son pymes”.

Asimismo, detalló que anualmente las empresas dentro del régimen de promoción produjeron un total de 1,2 millones de toneladas en 2017; 1,1 millones en 2018; la misma cantidad en 2019; y 0,5 millones en 2020, producto de la parálisis de la actividad por la pandemia.

La oposición, con dudas

Los radicales Fabio Quetglas, Jimena Latorre y José Cano abrieron la ronda de preguntas con fuertes críticas al proyecto. “¿Cuál es la lectura de la Secretaría sobre la transición energética en marcha? Si no sabemos hacia dónde queremos ir en materia energética, los instrumentos van a ser ineficaces”, advirtió Quetglas.

Latorre coincidió en preguntar “cuál es el plan energético en el que se enmarca este proyecto”. “Si seguimos en esta política de parche sobre parche, no vamos a poder tener una política de mediano y largo plazo”, dijo, y tildó a la propuesta del oficialismo de “retrógrada”.

A su vez, Cano recordó que la ley sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner tuvo una “mirada estratégica de hacia dónde quería ir la Argentina, daba una hoja de ruta”, pero también mostró dudas sobre la visión hacia adelante. “¿Cómo imagina a la Argentina en 2030 en materia energética?”, insistió, al señalar que si ese año la participación del etanol de caña de azúcar sigue siendo del 6%, “no da una proyección de futuro”.

Martínez respondió que “hay que sostener esta transición energética y bajar la huella de carbono”, y añadió que “los biocombustibles son una de las herramientas que hay que desarrollar en materia de transición energética”, porque “nuestra matriz es en base a gas”.

Por su parte, Juan Manuel López (Coalición Cívica) consideró que “necesitamos más información para definir un nuevo régimen para poder evaluar esta política pública y tener un diagnóstico completo”. “Para evaluar los escenarios futuros tenemos que contar con datos”, insistió.

Desde el oficialismo, el pampeano Ariel Rauschenberger y el puntano Carlos Ponce pidieron atender más explícitamente en la ley el tema de la distancia al puerto. “En la fijación del precio es necesario el reconocimiento de los costos de transporte” porque eso “afecta la igualdad de oportunidades”, dijo Rauschenberger.

Por el Interbloque Federal, el salteño Andrés Zottos reconoció que para su provincia “y para el norte azucarero, todo lo que pidió el sector se ha cumplido”. “No podemos debatir quién gana o quién pierde porque estamos en un año electoral. Tenemos que buscar los equilibrios necesarios para garantizar inversiones”, enfatizó, y confesó su temor de que el tema se termine judicializando.

Hacia el final, el santafesino Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) subrayó que “la baja del corte de biodiesel es un error. Es cierto que en los últimos ocho, nueve, diez años todo el sector no ha producido más allá del 5%, el 7%, pero no se olviden que esos sectores venían de tener los precios congelados, y no se necesitó modificar ley: colocaron a las pymes del biodiesel al borde de la desaparición durante el gobierno anterior”.

La vigencia de la ley

Al inicio del plenario de comisiones, el diputado mendocino Omar De Marchi (Pro) consideró “improcedente” el decreto de prórroga de la ley vigente (el 322/21), publicado el último lunes en el Boletín Oficial.

Según recordó De Marchi, la Ley 26.093 “fue sancionada el 12 de mayo de 2006 y le dada una vigencia de 15 años, por lo tanto vencía el 11 de mayo de 2021, pero le daba una posibilidad al Ejecutivo de tomar una fecha alternativa para la vigencia de 15 años, a partir del primer día del cuarto año de entrada en vigencia, o sea el 1ro de enero de 2010”.

“De tomar esta segunda fecha, la ley debía estar vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. La ley no da opciones intermedias para sancionar prórrogas”, dijo el legislador.

Luego de que el Poder Ejecutivo prorrogara por dos meses el Régimen de Promoción de los Biocombustibles -que vencía este miércoles-, la Cámara de Diputados retomará el debate sobre el proyecto presentado por el oficialismo, con Omar “Chafi” Félix y Marcos Cleri a la cabeza.

La discusión continuará este jueves a las 15 en un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, que contará con la participación del secretario de Energía, Darío Martínez.

El oficialismo busca consensos para avanzar con el nuevo régimen, que fue duramente criticado por representantes de las cámaras empresarias que asistieron semanas atrás a la Comisión de Energía.

Es que la iniciativa del Frente de Todos rebaja el corte obligatorio de biodiesel en el gasoil del 10% al 5%, lo que consideran un retroceso respecto de la ley vigente. En el caso del bioetanol, se mantiene el corte actual del 12%.

El nuevo régimen tendría una vigencia hasta 2030 con posibilidad de prórroga. Prohíbe que las empresas petroleras sean a la vez productoras de hidrocarburos, y busca fomentar la producción nacional para la sustitución de importaciones.

Ante la incertidumbre que prevalecía en más de medio centenar de plantas productoras de hidrocarburos en todo el país por el vencimiento de la Ley 26.093, el Ejecutivo la prorrogó por 60 días a través del decreto 322/2021, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

Diputados de la oposición reclamaron este lunes una prórroga del Régimen de Promoción de Biocombustibles, que caduca el 12 de mayo, hasta tanto se acuerde una nueva ley entre todos los sectores, tal como impulsa el Gobierno.

Fue durante la reunión informativa de la Comisión de Energía y Combustibles, presidida por Omar “Chafi” Félix (Frente de Todos), que contó con la presencia del secretario del área, Darío Martínez, quien propuso trabajar en una nueva ley pero no dio detalles de la propuesta oficial.

El encuentro tuvo lugar a tres días de la sesión especial pedida por Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal para tratar el proyecto aprobado en el Senado que extiende el régimen actual por cuatro años.

El radical Fabio Quetglas fue el primero en preguntarse “si no es conveniente prorrogar la ley vigente y constituir una comisión que trabaje durante un año” para generar un nuevo régimen. “La señal que damos si legislamos a las corridas no es positiva”, consideró, y como “alternativa” propuso que el Poder Ejecutivo prorrogue la ley por decreto hasta el 31 de diciembre.

La representante del Movimiento Popular Neuquino Alma Sapag habló de lo que significan los hidrocarburos para su provincia: “Más de la mitad del abastecimiento interno de gas y un cuarto de la producción de petróleo son aportados por la riqueza del suelo neuquino. Treinta mil empleados en forma directa y pymes de 17 provincias trabajan en relación con Vaca Muerta”.

Sapag informó que “estos recursos contribuyen al fisco neuquino en un 35%”, por lo que afectarlos “dañaría severamente la capacidad de la provincia de sostener servicios básicos”. “Como neuquina no tengo otra opción que defender el trabajo de la gente de mi provincia”, admitió, y por eso llamó a buscar consensos: “Esto no es una cuestión de compulsa ambiental, si los biocombustibles o los hidrocarburos son buenos o malos. Todo es bueno para el país”.

El santafesino Germán Martínez (Frente de Todos) recogió el guante y dijo que “el consenso no tiene por qué ser unanimidad”. “Necesitamos avanzar hacia una norma con el mayor nivel de consenso sabiendo que no vamos a lograr la unanimidad”, afirmó, y señaló que “hoy el régimen pareciera tener un consenso unánime cuando en aquel momento, en 2006, no fue así”.

Por su parte, la radical Jimena Latorre -extitular del Ente Provincial Regulador Eléctrico de Mendoza- ponderó que se haya llegado a “un punto de coincidencia: necesitamos una nueva discusión, la Argentina no es la misma de 2006”. Sin embargo, expresó sus dudas sobre el borrador de proyecto que circuló en las últimas horas y la futura composición de la supuesta mesa multisectorial para abordar el tema.

“Se debe seguir trabajando, pero tomémonos el tiempo para trabajar en una planificación para no seguir con el mismo régimen de promoción vigente hace 15 años si queremos ser progresistas y trabajar en un crecimiento, ampliación y diversificación real de la matriz energética. Deben estar todos los actores sentados en el momento de rediseñar el régimen e incluso expandirlo para que haya una real diversificación”, especificó Latorre.

El tucumano José Cano, también de la UCR, sostuvo que “para nuestras economías regionales, es fundamental tener certeza” y mencionó que “la industria azucarera genera más de 60.000puestos de trabajo con la producción de bioetanol”. “Lo más sano sería hacer una prórroga y poner una fecha tope para tratar de tener la mejor ley”, coincidió.

Desde Chubut, Gustavo Menna aportó: “Pertenezco a una provincia petrolera, pero entiendo perfectamente la necesidad de prorrogar este régimen”. “Toda una actividad productiva depende de la suerte de esta ley”, afirmó, y consideró que “debe primar un principio de solidaridad regional” entre las provincias, al poner como ejemplo que la Ley Ovina (25.422), que beneficia a la Patagonia, “vence en pocos días”.

El oficialista Marcos Cleri subrayó que la 26.093 “fue una excelente ley que ha podido construir una gran cantidad de inversión y trabajo en el interior del país”. Detalló que de las 55 plantas que producen biocombustibles, 16 son de bioetanol de azúcar, seis de bioetanol a base de maíz, una no funciona (Vicentin Avellaneda) y las restantes plantas son a base a soja (biodiesel).

El santafesino resaltó que con el proyecto que comenzó a circular, “de las 55 plantas, 47 estarán incorporadas al nuevo régimen”. Además, observó que “si se prorroga la ley actual va a quedar el corte del 5% mínimo para el bioetanol y el biodiesel” cuando “en resoluciones anteriores se les fue dando mayor participación en el mercado”.

Hacia el final, uno de los diputados más duros fue el mendocino Omar De Marchi (Pro), que dijo desconocer el borrador de proyecto y lanzó: “No hay proyecto de ley que discutir porque no hay un proyecto energético integral en Argentina, no hay un plan económico integral en Argentina que nos oriente para saber hacia dónde estamos yendo”.

Félix, titular de la comisión, adelantó que habrá otros encuentros futuros, pero no opinó sobre la prórroga de la ley. “Mi gran duda es ni no nos animamos a generar el debate que construya una ley… todos sabemos que es un año político, hay que animarse a intentarlo”, se limitó a decir.

El secretario de Energía, Darío Martínez, llamó a discutir un nuevo régimen para los biocombustibles diferente al actual, que vence el 12 de mayo, en el marco de una mesa multisectorial. Lo dijo al participar de una reunión informativa de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, que el oficialismo convocó debido a la presión opositora para prorrogar la ley vigente.

“El objetivo del Gobierno nacional es dar un esquema donde se logre la mayor sinergia entre todos los objetivos de la transición energética, donde se tengan en cuenta todas las realidades”, expresó Martínez al exponer en la comisión presidida por Omar “Chafi” Félix (Frente de Todos), que también contó con la presencia de representantes de cámaras empresarias que apoyaron la discusión de un nuevo esquema (Ver abajo).

El funcionario admitió que “la evolución mundial en materia de cuidado del medioambiente es un eje en esta discusión” pero también pidió “proteger a las pymes” y “los puestos de trabajo”, y “entender cuál es el impacto (de las medidas a tomar) en los consumidores, en la industria y en el transporte”.

Martínez -que asumió el cargo en agosto pasado- recordó que en noviembre pasado el Gobierno estuvo a punto de lograr un acuerdo con el sector, pero “se demoró y terminamos en enero en un sendero de precios para recomponer la industria y la actividad”, y el tema se judicializó.

Ahora, participando de la reunión informativa de la Comisión de Energía de @DiputadosAR sobre el Régimen Regulatorio de Biocombustibles

🔴Transmisión en vivo https://t.co/Wpr3WAKDCU pic.twitter.com/4SqkW9MRH7

— Darío Martínez (@dariomartinezpj) March 22, 2021

Si bien no brindó detalles del nuevo régimen propuesto, resaltó que “tiene la obligación de tener en cuenta la protección de aquellos que en 15 años de régimen no les alcanzó para desarrollarse”. “Me refiero a las pymes, a los sectores que no tienen la capacidad financiera de poder desarrollarse”, explicó el secretario del área.

También llamó a “entender los diferentes mercados con la caña de azúcar, el maíz y la soja”, ya que “no son las mismas realidades: hay que hacer un esfuerzo compartido pero mayor, porque no tienen la posibilidad de un mercado internacional creciente”.

Finalmente, propuso la creación de una comisión multisectorial con la participación de todos los actores involucrados “en función del nuevo escenario a nivel nacional e internacional, y de la fecha en la que estamos”, dado el vencimiento inminente de la Ley 26.093.

El origen y la transición energética

Al inicio de su exposición, Martínez recordó que a comienzos del año 2000 “los biocombustibles nos plantearon un horizonte muy positivo, muy alentador” ya que “parte de la transición energética en el mundo” se orientaba a ellos, y así surgió en 2006 la Ley 26.093, bajo la presidencia de Néstor Kirchner.

El secretario de Energía insistió en que “fue una gran herramienta en el marco en el que se la tomó”, pero “hoy estamos de vuelta analizando el tema porque tenemos el vencimiento de los 15 años de ese régimen”. Por eso, pidió “ver cuáles fueron las cuestiones que no funcionaron bien si queremos tener un régimen que funcione mejor y que optimice el esquema que teníamos”.

“En el contexto internacional, de 2006 hasta ahora también se modificaron situaciones: la transición energética ahora también tiene otras variables a ser consideradas”, como “la electromovilidad, el hidrógeno y tomar al gas como combustible de transición”, describió el funcionario, y graficó: “En 20, 25 años, poner en marcha un motor a combustión también va a ser mirado de reojo, y esto no lo podemos negar”.

La voz de las cámaras empresarias

Federico Pucciarello, de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER), reconoció que vienen “de dos años nefastos para el sector” y que estaban “al borde de perderse todas las inversiones que se habían hecho en 15 años” hasta que Martínez asumió en la Secretaría de Energía y se buscó “una solución parcial hasta llegar a este punto del vencimiento de la 26.093”. “Siempre las cámaras hemos buscado una nueva ley”, dijo.

Por su parte, Luis Zubizarreta, de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), coincidió en que “esta ley ha tenido enormes beneficios”. “Venimos trabajando en una ley superadora que contemple los cambios que ha habido, una ley moderna que incluya a toda la industria y que potencie los beneficios obtenidos”, aseguró.

De todos modos, consideró que “sería necesaria una prórroga que nos dé tiempo para debatir una ley superadora”, y agregó que el nuevo régimen “debe tener en cuenta todo lo bueno de lo que sucedió hasta ahora pero también corregir algunos temas”.

Juan Carlos Bojanich, de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradas de Biocombustibles (CEPREB), afirmó a su vez que “esta ley dará previsibilidad jurídica a la actividad y permitirá la realización de inversiones que incrementarán las fuentes de trabajo”.

A su turno, el director ejecutivo de Biomaíz, Patrick Adam, también reclamó “más tiempo para que todos podamos participar de la elaboración de una ley que tranquilamente puede salir por consenso. Para eso hay que escuchar a todos los productores, sean de la materia prima que sean, sean pequeños, medianos o grandes”, dijo, y añadió que “el mundo avanza decididamente hacia una matriz energética sustentable reduciendo la utilización de combustibles fósiles”.

Por la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustibles de Origen (CIGBO), José Porta, criticó que se haya tardado tanto en iniciar la discusión parlamentaria y también llamó a buscar consensos: “Las leyes son perfectibles, vía resoluciones o acuerdos. No hay forma de que una ley sea perfecta”.

Además, Porta explicó que “hay una diferencia clara entre la materia prima con la cual se genera el biocombustibles, como la caña o el maíz. Así y todo, hay que cuidar a todas las industrias, chicas o grandes, cada una con sus particularidades”.

El presidente del Centro Azucarero Argentino, Jorge Feijoó, destacó que “ninguna otra cadena agroindustrual en estos 15 años puede acreditar las inversiones que los biocombustibles han hecho como consecuencia de esta ley, distribuidas en diez provincias”. Agregó que en el sector azucarero esto se traduce en “20 ingenios, 16 destilerías de alcohol y 60.953 trabajadores en forma directa”.

“No voy a alimentar dilemas falsos sobre ‘Vaca Muerta o vaca viva’. Argentina no se pude permitir eso en esta coyuntura. Lo inteligente sería aprovechar todos los recursos disponibles que tenemos como país”, señaló Feijoó, y subrayó: “La 26.093 fue un éxito político. Argentina se anticipó rente a otros países del mundo, eso tenemos que capitalizarlo”.

En la comisión también expusieron Juan Facciano (Cámara Santafesina de Energías Renovables), Hilarion Del Olmo (Cámara Panamericana del Biocombustible) y Tomás Lorda (Cámara de Empresas y Pymes Regionales).

El Frente de Todos en la Cámara de Diputados resolvió activar la Comisión de Energía y Combustibles, que no se reúne desde hace casi un año, como respuesta a la presión ejercida por la oposición al convocar a dos sesiones especiales para el próximo jueves con el fin de aprobar la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles.

El oficialista Omar “Chafi” Felix, titular de la comisión, convocó a una reunión informativa para este lunes a las 17 con la presencia del secretario de Energía, Darío Martínez, quien deberá justificar por qué el Gobierno decidió, hasta el momento, frenar la prórroga de la ley que otorga beneficios fiscales a plantas productoras de biocombustibles.

En octubre pasado, el Senado aprobó por unanimidad la extensión de la ley por cuatro años, es decir hasta 2024, pero el Poder Ejecutivo no incluyó el proyecto en el temario de extraordinarias para que pudiera ser tratado en la Cámara de Diputados a pesar de que los tiempos apremian, ya que el régimen vigente caduca en mayo.

Con el período ordinario ya en marcha, la oposición profundizó el reclamo para sancionar la ley y convocó a dos sesiones para el próximo jueves: la primera fue citada para las 11 a pedido de Juntos por el Cambio, y la segunda, a las 12, fue impulsada por el Interbloque Federal.

Si ambas bancadas aúnan esfuerzos y consiguen sumar a diputados de otros espacios, como Unidad Federal para el Desarrollo o el Frente de Izquierda, lograrían llegar a los 129 necesarios para el quórum, pero luego deberán reunir dos tercios de los votos para aprobar el proyecto ya que no cuenta con dictamen de comisión.

Es por eso que el Frente de Todos, con 117 integrantes sumados a aliados como el riojano Felipe Álvarez y la neuquina Alma Sapag, no tendría inconvenientes en bloquear la sanción de la ley, a menos que varios oficialistas se rebelen y acompañen la votación.

Es que en el bloque presidido por Máximo Kirchner hay posiciones encontradas, dado que se trata de un tema transversal que enfrenta a las provincias que tienen plantas productoras de biocombustibles con aquellas que producen petróleo.

Sin ir más lejos, en los últimos días la diputada oficialista Carolina Moisés, de Jujuy, presentó un proyecto propio para prorrogar la ley no por cuatro, sino por diez años, con el objetivo de “dar señales claras a los empresarios que aportarán los fondos a ser invertidos”.

“Es pertinente dar un marco de previsión en donde ellos puedan prever los volúmenes que se demandarán, para así poder planificar las nuevas instalaciones necesarias y los niveles de empleo”, sostuvo la jujeña en su iniciativa.

Durante la primera audiencia pública para definir el precio de las tarifas del gas, la diputada Fernanda Vallejos (Frente de Todos) destacó la importancia de este debate “como instancia de participación popular, en un proceso tan importante para las familias argentinas, para nuestros sectores productivos, para nuestra economía, como lo es el debate en torno al precio del gas”.

“Los subsidios representan una política que significa salario indirecto para las familias -continuó-, cuyos ingresos vienen sufriendo pérdidas reales durante los últimos cinco años, marcados por el programa de ajuste y redistribución profundamente regresiva aplicado por el gobierno anterior y un 2020 de pandemia”.

Al momento de tomar la palabra, dentro de una lista de 42 oradores, la economista remarcó “el impacto favorable que tiene la política de subsidios para los hogares  y el sector productivo, después de los años de ajuste y recesión macristas y a un año del inicio de la pandemia”.

“Esos subsidios también representan una política de competitividad para nuestras empresas, porque la energía es un vector crucial de competitividad. Estos dos elementos, el de ser salario indirecto y, por ende, impulso del consumo y la demanda, y factor de mejora de la competitividad, hacen de los subsidios a la energía una importante política de fortalecimiento del mercado interno, de la actividad económica y de las exportaciones argentinas”, resaltó la presidenta de la Comisión de Finanzas de Diputados.

La primera audiencia se abocó al tratamiento de la porción del precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) que tomará a su cargo el Estado nacional a través de subsidios, y también a determinar qué porcentaje de las facturas pagarán los usuarios finales.

La audiencia empezó a las 10, convocada por la Secretaría de Energía a través de la resolución 117/20. Se desarrolló de manera virtual y fue presidida por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, y moderada por la asesora legal de esa cartera, Verónica Tito.

Otro punto que abordó Vallejos es la relación entre los “tarifazos” durante la gestión de Macri y la inflación durante ese período: “Lo que estamos discutiendo aquí es parte del debate, también, sobre la inflación que es un objetivo crítico de la política económica, determinante para el crecimiento real de los ingresos, que son el combustible de la demanda efectiva, que es el verdadero tractor de la producción, de la inversión -inducida por la demanda- y, por supuesto, de la generación de puestos de trabajo que requiere del crecimiento de la actividad”.

Vallejos reforzó cómo los “tarifazos” durante el macrismo alentaron los altos niveles de inflación. “La política tarifaria de aquel entonces, que se popularizó bajo el rótulo de tarifazos, constituyó, junto con la devaluación, uno de los principales motores de la inflación del periodo que, recordemos, terminó el ciclo, a pesar de la política monetaria de ‘emisión cero’, con el nivel más alto en 3 décadas: 55% de inflación en 2019”, precisó la diputada oficialista.

Asimismo, cuestionó que durante el macrismo, además de reducirse los subsidios, los argentinos subsidiaron la rentabilidad de las empresas. “Durante esos cuatro años, el Estado redujo los subsidios a las tarifas, pero, en cambio, los ciudadanos y las ciudadanas argentinos subsidiaron la rentabilidad de las empresas, con una fenomenal transferencia de recursos hacia las arcas de las empresas del sector. Sólo durante los primeros 2 años de gobierno de Macri esa transferencia alcanzó a USD 16.000 millones”, detalló.

Por otro lado, alertó que, lejos de realizar las inversiones necesarias, las empresas de la producción, el transporte y la distribución fueron protagonistas de la fuga de capitales. “Entre las empresas del sector, la fuga, medida como formación de activos externos, registrados en el balance cambiario del BCRA, entre 2015 y 2019, fue escandalosa”, aseveró, y acto seguido detalló el listado de las mismas.

Por último, en el marco de la pandemia de coronavirus, Vallejos sostuvo que “los argentinos no se han recuperado para absorber mayores aumentos de tarifas. Por eso a esta Secretaría le toca la inmensa tarea y la inmensa responsabilidad de determinar el costo real de producción del gas y la ecuación que asegure que las empresas funcionen y garanticen el abastecimiento de la demanda energética nacional, pero dentro de una lógica de racionalidad”.

Las exposiciones

Representantes de usuarios y consumidores, asociaciones civiles, legisladores, abogados y economistas, entre otros, coincidieron en que los aumentos de las tarifas de gas no deben afectar los bolsillos de la población. También subrayaron que al informe técnico que presentó la Secretaría de Energía previo a la audiencia le faltaron detalles del costo de gas de boca de pozo.

“No podemos estar hablando de cifras que no son el resultado de un análisis previo que se llevó a cabo por las autoridades. Y esto es lo que está faltando”, planteó Héctor Polino, titular de Consumidores Libres.

En tanto Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), cargó contra los aumentos de la era Macri. “Los consumidores estábamos esperando que se hubiera hecho alguna revisión de lo que significó entre 2000% y 5.000% de aumento de los últimos años, con audiencias públicas en las que ya estaba todo resuelto”, remarcó. 

En representación de las empresas habló Daniel Martini, de la Asociación de Distribuidores de Gas, que engloba a las empresas Camuzzi, Ecogas, Gasnor, MetroGas, Naturgy, Litoral Gas y Ganea. “Resulta necesario finalizar el congelamiento de tarifas y es atribución del Estado decidir la manera en que instrumenta los subsidios, sea a través de procesos de segmentación y/o de la profundización de la tarifa social”, afirmó.

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"No hagan el mismo desastre que el gobierno anterior, donde estas 5 empresas ajustaron un 6.800% el valor de las tarifas, trasladándolo a los usuarios".@Energia_Ar @Economia_Ar pic.twitter.com/7ANwxnMq22

— José Luis Ramón (@JoseLuisRamonOk) March 15, 2021

A su turno, José Luis Ramón, diputado y presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, sostuvo que los subsidios del Estado en las facturas de gas es una “herramienta” para que este servicio “esté adecuado a la capacidad económica de los hogares y no a las necesidades del mercado dolarizado de las cinco empresas que tienen la concesión de este bien tan preciado”.

Además, el legislador cuestionó a las empresas por buscar incrementar sus ganancias a pesar de la delicada situación social y de haberse visto favorecidas por el gobierno anterior. “La justicia obligó al gobierno anterior a blanquear el valor del millón de BTU, y se supo que es de USD 3,51. Ahora estos cinco empresarios quieren que el promedio sea de USD 7,60″. Y remató: “Le sugiero al gobierno que no haga lo mismo que el macrismo, donde estas cinco empresas obtuvieron 6.800% del ajuste del valor trasladado a los usuarios”.

El secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, sostuvo este viernes en el Senado que la actividad “está llamada a cumplir un rol crucial en la situación difícil que atraviesa nuestro país” en lo que hace a la generación de divisas, y por otra parte aseguró que el Gobierno apunta a una minería “verde” y “sustentable”.

“Argentina necesita producir, crecer, exportar, fortalecer todos sus complejos exportadores, para conseguir las divisas que el país hoy necesita, porque allí es donde radica la debilidad de nuestra moneda. Por lo tanto, la minería está llamada a cumplir un rol crucial en la situación difícil la que atraviesa nuestro país”, sostuvo Hensel.

El funcionario expuso durante tres horas en una reunión virtual de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles de la Cámara alta, presidida por José Rubén Uñac (Frente de Todos).

Allí, destacó que en San Juan la minería representa prácticamente el 80% de sus exportaciones; en Santa Cruz, casi el 88%; en Jujuy, el 68%; y en Catamarca -antes del cierre de Bajo de la Alumbrera-, el 90%. También puntualizó que en el período 2009-2017, la minería “captó el mayor flujo de inversión extranjera directa, por un monto de 16.000 millones de dólares”.

Hensel puso como ejemplo que “el año pasado, Argentina exportó en total poco más de 65.000 millones de dólares, mientras que Chile exportó por poco más de 69.000 millones”. “¿Cómo es posible que un país que no tiene complejo sojero, ni complejo maicero, ni complejo automotriz, ni complejo de cueros y carnes, que prácticamente no tiene industria, haya exportado más que Argentina? Eso tiene una sola respuesta: la minería”.

El secretario indicó que “el principal potencial” de nuestro país está en el oro, el cobre, la plata y el litio. “Argentina tiene lo que hoy el mundo está demandando”, resumió.

El plan estratégico

Hensel resaltó que se está elaborando un “Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino”, que fijará las reglas del juego para los próximos 30 años. “No es el plan de los mineros para los mineros, sino el plan de todos los argentinos definiendo cuál es el rol que pretendemos darle a la actividad minera en el desarrollo del país”, dijo.

Informó que se convocó a las comunidades religiosas, a los empresarios, a los sindicatos, a las asociaciones civiles y a la academia “para constituir un documento base para poder discutir no si hacemos o no hacemos minería, sino cómo la hacemos”.

En ese sentido, consideró que “la minería debe ser ambientalmente sostenible, socialmente inclusiva, económicamente integrada, globalmente competitiva” y con “institucionalidad en el aprovechamiento de los recursos naturales”.

La gestión de la Secretaría

Al dar su informe de gestión, Hensel explicó que “teniendo en cuenta que los recursos y el ambiente son de las provincias, la función de la Secretaría es, por un lado, la promoción de las inversiones mineras en el país, empujar para conseguir las mejores condiciones posibles para la inversión; y a su vez, acompañar a las provincias con distintas guías o procedimientos que contemplen los más altos estándares internacionales que deben regir la actividad”.

“Esto no es algo que se nos haya ocurrido por generación espontánea: tiene que ver con años de experiencia en este sector desde el mostrador público, defendiendo los intereses del sector público”, dijo, al recordar su paso como ministro de Minería de San Juan.

En ese marco, el funcionario precisó que se elaboraron “informes de impacto ambiental, guías de cómo debe ser una declaración de impacto ambiental”, la cual “debe ser un verdadero instrumento de gestión, que debe contener no solo aspectos ambientales sino también sociales, económicos, institucionales, porque es lo que permite que cada jurisdicción con proyectos mineros en operación pueda revisar cada dos años el cumplimiento de los condicionantes de esas declaraciones, que además tienen que tener plazos de cumplimiento y no ser solo declaraciones de deseos”.

Hensel también informó que se está trabajando en “una guía de evaluación temprana de riesgos, porque la prevención es fundamental”, y a su vez se trabaja junto a las provincias “un manual de buenas prácticas de la actividad minera, sobre la base de lo dispuesto en el Código de Minería”.

La Secretaría de Minería trabaja con la AFIP en una resolución conjunta de estabilidad fiscal.

Por otra parte, destacó que la Secretaría “apunta a una minería más verde, mucho más amigable, que esté vinculada a los principios de la economía circular, a las energías renovables, la eficiencia energética y la trazabilidad de los metales”.

El funcionario objetó el concepto de “responsabilidad social empresaria” aplicado a la minería:  “Considero que pareciera ser un gesto de liberalidad, y en realidad en minería los dueños de los recursos somos nosotros, y esto implica la participación del estado, las empresas y las comunidades”, opinó.

En otro orden, Hensel detalló que “en la minería solo el 8% de los trabajadores son mujeres, y la mayoría se desempeñan en ámbitos administrativos, pero poco a poco estamos avanzando en un proceso de incorporación de las mujeres en distintos sectores que comprenden a la actividad”, en un trabajo conjunto con la Asociación Obrera Minera Argentina y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros.

Asimismo, afirmó que se está trabajando en un convenio marco con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos relativo a la capacitación de comunidades indígenas respecto de la actividad.

También aseguró que “no hay ninguna posibilidad de desarrollar la minería si no es una minería sustentable, ambientalmente sostenible, y esto nadie lo discute. El nivel de consumo indiscriminado tiene un impacto importante desde el punto de vista ambiental que, por supuesto, termina trayendo consecuencias sociales”.

Otro aspecto importante mencionado por Hensel es el trabajo con la AFIP para lanzar una resolución conjunta de estabilidad fiscal.

“Si se vulnera la carga tributaria y no hay posibilidad de recuperar esos créditos fiscales, tenemos un problema que se traslada a la vida útil de los proyectos, y el acortamiento de la vida útil de un proyecto, como Cerro Negro, Cerro Vanguardia o Venadero, significa la pérdida de puestos de trabajo, de exportaciones y de tributos generados por las pymes de la cadena de valor”, explicó.

En la única actividad programada por el momento para esta semana en el Senado, se constituyeron este lunes las comisiones de Minería, Energía y Combustibles; Infraestructura, Vivienda y Transporte; e Industria y Comercio.

En primer lugar se conformó la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, donde fue electo presidente el sanjuanino Rubén Uñac (Frente de Todos), mientras que como vicepresidenta quedó la mendocina Pamela Verasay (UCR), y como secretario, Sergio “Oso” Leavy (Frente de Todos).

“Es un alto honor haber sido designado para presidir esta comisión”, expresó Uñac, y adelantó que habrá un trabajo coordinado con las Secretarías de Energía y Minería de la Nación.

A continuación, se constituyó la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, que quedó a cargo de la formoseña Teresa González (Frente de Todos), quien será secundada por la riojana Clara Vega (Interbloque Federal), mientras que el porteño Mariano Recalde (Frente de Todos) fue nombrado secretario.

“Esta es una comisión estratégica y espero que podamos trabajar en equipo”, manifestó González, y adelantó que citarán a los ministros Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Mario Meoni (Transporte) y María Eugenia Bielsa (Desarrollo Territorial y Hábitat) a próximas reuniones.

A su vez, el jefe del bloque oficialista, José Mayans, destacó que “estamos próximos a la presentación del Presupuesto, donde la inversión pública va a ser importante para la economía de las provincias”.

La tercera comisión en constituirse fue la de Industria y Comercio, que presidirá el correntino Pedro Braillard Poccard (Pro), mientras que como vicepresidente fue electo el entrerriano Edgardo Kueider y como secretaria, la chaqueña María Inés Pilatti Vergara, ambos del Frente de Todos.

“Esta comisión está llamada a cumplir un rol importante en el tiempo que se viene. Tenemos el desafío de trabajar todos juntos en la post-pandemia”, dijo Braillard Poccard.

Por el oficialismo, Anabel Fernández Sagasti pidió el tratamiento -en conjunto con la Comisión de Salud- del proyecto de ley de etiquetado frontal, con el objetivo de que “los argentinos podamos acceder a una alimentación más saludable”.

Mayans resaltó que con las reuniones de este lunes “quedaron constituidas prácticamente todas las comisiones”, y adelantó que esta semana el Senado no sesionará.

El diputado del Frente de Todos Darío Martínez, quien renunciará a su banca para asumir como secretario de Energía, sería reemplazado por el exlegislador provincial Guillermo Carnaghi, quien figuraba como primer suplente en la lista del Frente Neuquino en 2019.

Carnaghi había sido nombrado a principios de agosto como como director titular de la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP) en representación del Ministerio de Defensa de la Nación, a través del decreto presidencial 595/2020.

El año pasado, la provincia de Neuquén renovó dos bancas, quedando una para Martínez y la otra para Francisco Sánchez, del Pro.

Si bien la segunda candidata de la lista liderada por Martínez era una mujer -Asunción Miras Trabalón, presidenta del partido Nuevo Encuentro en Neuquén-, se aplicará la Ley de Paridad de Género, que establece que los reemplazos deben ser efectuados por personas del mismo sexo que el renunciante.

En el artículo 3 de esa ley se establece que “en caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a diputado/a nacional, lo/a sustituirán los/as candidatos/as de su mismo sexo que figuren en la lista como candidatos/as titulares según el orden establecido”.

Y agrega: “Una vez que ésta se hubiere agotado ocuparán los cargos vacantes los/as suplentes que sigan de conformidad con la prelación consignada en la lista respectiva y el criterio establecido en el párrafo anterior”.

De todos modos, en caso de que Carnaghi decida conservar su cargo en la CIP, la banca en cuestión podría quedar finalmente para Miras Trabalón.

Darío Martínez, que presidía la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara baja, sucederá en la Secretaría a Sergio Lanziani, quien fue desplazado este viernes por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.