El proyecto de ley impulsado por Martín Maquieyra y Lorena Villaverde propone extender hasta 2045 los beneficios impositivos para la generación eléctrica con fuentes limpias. La iniciativa busca sostener el ritmo de inversión y consolidar una matriz energética más diversa y sustentable.
En medio de un contexto de reestructuración normativa del mercado eléctrico, ingresó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que busca extender los beneficios fiscales para el uso de fuentes renovables de energía hasta el año 2045. La iniciativa, firmada por los diputados nacionales Martín Maquieyra y Lorena Villaverde, propone modificar artículos centrales de las leyes 26.190 y 27.191, pilares del régimen de fomento nacional para la generación eléctrica limpia.
El texto legislativo apunta a consolidar una política energética de largo plazo, reforzando la seguridad jurídica y la previsibilidad para los inversores del sector. Entre los cambios propuestos, se destaca la prórroga de la exención tributaria para el acceso y uso de fuentes renovables, que originalmente vencía en diciembre de 2025. De aprobarse, esta exención se extendería por dos décadas más, eliminando gravámenes específicos, cánones y regalías a nivel nacional, provincial y municipal.
Además, el proyecto propone redefinir las condiciones de contratación para los grandes usuarios del mercado eléctrico, eliminando la posibilidad de adquirir energía renovable directamente a CAMMESA, aunque manteniendo otras modalidades como la autogeneración o la compra a generadores, comercializadores o distribuidoras. También se impulsa una diversificación tecnológica y geográfica de la matriz energética, con énfasis en la medición inteligente y la gestión de demanda.
Los fundamentos del proyecto trazan un recorrido histórico desde la sanción de la ley 25.019 en 1998, pasando por los avances normativos de 2006 y 2015, hasta llegar a los logros alcanzados en 2025, donde las fuentes renovables representan el 17,4% de la demanda del Mercado Eléctrico Mayorista. En ese marco, se destaca la inversión de 6,5 GW en generación renovable durante los últimos años, resultado de políticas públicas sostenidas a lo largo de tres administraciones de distinto signo político.
La iniciativa se enmarca en los lineamientos de desregulación y modernización impulsados por la Ley Bases, que habilita al Poder Ejecutivo a reformar el marco regulatorio eléctrico. En ese sentido, el proyecto busca compatibilizar los beneficios fiscales con los principios constitucionales, evitando litigios y fortaleciendo la confianza de los actores privados.
Mientras el Congreso se prepara para debatir el texto, el sector energético observa con atención. La continuidad de los incentivos podría ser determinante para sostener el dinamismo alcanzado y proyectar nuevas inversiones en un país que aún tiene vasto potencial por explotar en materia de energías limpias.
Con recursos naturales privilegiados, Argentina busca consolidarse como proveedor estratégico de hidrógeno renovable y de bajas emisiones. Un proyecto de ley presentado en el Congreso propone incentivos fiscales y estabilidad normativa para captar capitales en un mercado global en plena expansión.
Argentina tiene las condiciones para convertirse en uno de los grandes jugadores en la industria del hidrógeno, un vector energético que se proyecta como pieza clave en la transición hacia economías bajas en carbono. Con vastos recursos eólicos y solares –especialmente en la Patagonia–, abundancia de agua dulce y salada, y disponibilidad territorial, el país aparece en los radares de empresas y gobiernos que buscan diversificar sus fuentes de energía limpia. Pero la ventana de oportunidad es estrecha, y capitalizarla requiere algo que ha escaseado en la historia reciente: un marco normativo estable y competitivo para inversiones de largo plazo.
Eso es lo que busca el proyecto de ley presentado por los diputados Martín Maquieyra (Pro) y Lorena Villaverde (LLA). La iniciativa establece un régimen de promoción para el desarrollo de la industria del hidrógeno de origen renovable y de bajas emisiones, que incluye beneficios fiscales, estabilidad tributaria por tres décadas y un marco jurídico orientado a atraer grandes inversiones extranjeras.
Un mercado global en crecimiento exponencial
La Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA) estima que el hidrógeno y sus derivados podrían cubrir el 14% de la demanda mundial de energía en 2050, lo que implicaría multiplicar por cinco la producción actual. En paralelo, la Agencia Internacional de Energía (IEA) proyecta una producción global de 140 millones de toneladas anuales para 2030 y 500 millones para mediados de siglo.
La demanda estará liderada por Europa, que prevé importar hasta el 50% de su consumo futuro de hidrógeno, y por Asia, donde países como Japón y Corea del Sur planean cubrir más del 80% de sus necesidades mediante compras externas. Alemania, pionera en este campo, actualizó en 2023 su Estrategia Nacional del Hidrógeno, que contempla la importación de hasta el 70% de la demanda prevista para 2030.
En este contexto, Argentina aparece como un candidato natural para convertirse en proveedor estratégico, gracias a:
Pero la competencia es feroz. Países como Chile, Australia y Marruecos también están desarrollando estrategias para captar capitales y consolidarse como exportadores.
Claves del régimen propuesto
El proyecto de Maquieyra y Villaverde busca dar respuesta a las particularidades de la industria del hidrógeno, que requiere plazos largos de desarrollo y grandes inversiones iniciales. Por eso, incluye:
✅ Estabilidad tributaria por 30 años: los proyectos no podrán ser afectados por nuevos impuestos ni por aumentos de tributos existentes.
✅ Ampliación del plazo para adherirse al RIGI: de 2 a 5 años, con posibilidad de prórroga por un año más.
✅ Flexibilización de requisitos de inversión: las inversiones mínimas deberán cumplirse en un plazo de 3 años desde la aprobación del plan, considerando que la fase de factibilidad puede durar entre 2 y 3 años y la construcción hasta 5 años.
✅ Sistema de certificación alineado a estándares internacionales para garantizar la trazabilidad y sustentabilidad del hidrógeno producido.
✅ Facilidades para el uso de infraestructura existente (gasoductos, redes eléctricas) y derechos de servidumbre para la instalación de nuevas plantas eólicas, solares e industriales.
La oportunidad económica para Argentina
Un estudio de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) estima que, con un marco regulatorio adecuado, Argentina podría captar inversiones por más de US$ 15.000 millones hacia 2030 en proyectos de hidrógeno verde y derivados como amoníaco y metanol. Esto generaría:
📈 Miles de empleos directos e indirectos en la construcción y operación de plantas.
📦 Exportaciones anuales por más de US$ 5.000 millones hacia mercados europeos y asiáticos.
🌱 Reducción de emisiones y diversificación de la matriz energética local.
El proyecto también apuesta a fomentar el desarrollo tecnológico local, promoviendo la fabricación nacional de electrolizadores, celdas de combustible y sistemas de almacenamiento, lo que permitiría a Argentina insertarse en las cadenas de valor globales con mayor valor agregado.
Riesgos y desafíos
“El hidrógeno no es solo una opción energética: es una oportunidad para reconfigurar la matriz productiva del país y generar divisas genuinas”, sostienen los autores del proyecto. Pero advierten que la carrera es contra el reloj: si Argentina no consolida pronto un marco competitivo, el capital global buscará otras geografías más seguras.
El proyecto de ley impulsado por Maquieyra y Villaverde no solo busca establecer un marco regulatorio para el desarrollo del hidrógeno de origen renovable y de bajas emisiones, sino también dotar al sector de las condiciones económicas y fiscales necesarias para atraer inversiones de gran escala. Al declarar de interés nacional la producción, transporte, almacenamiento, exportación y uso del hidrógeno, la iniciativa reconoce explícitamente su rol estratégico en la transición energética global y en la diversificación de la matriz productiva argentina.
El corazón económico del texto está en la incorporación de incentivos concretos: estabilidad tributaria por 30 años, ampliación del plazo de adhesión al RIGI de 2 a 5 años, y flexibilización de los requisitos de inversión mínima para facilitar el ingreso de proyectos que requieren largos períodos de maduración tecnológica y financiera. Estas herramientas buscan mitigar el riesgo regulatorio, uno de los principales obstáculos identificados por inversores internacionales para apostar por Argentina.
Desde el punto de vista técnico, la ley prevé la creación de un sistema de certificación homologable a estándares internacionales, lo que permitiría garantizar la trazabilidad de las emisiones y abrir la puerta a los mercados más exigentes, como la Unión Europea y Asia. También faculta a la autoridad de aplicación a intervenir en la Estrategia Nacional del Hidrógeno, dictar normas de seguridad y articular con provincias y municipios, generando un ecosistema institucional robusto para un sector incipiente.
En términos económicos, el régimen propuesto podría catalizar inversiones por miles de millones de dólares en el mediano plazo, con efectos multiplicadores en la creación de empleo, el desarrollo de proveedores locales y la infraestructura energética asociada. El sector del hidrógeno de bajas emisiones exige grandes proyectos integrados (parques eólicos y solares, plantas de electrólisis, logística portuaria) cuya magnitud hace indispensable un marco legal de largo plazo y certidumbre.
Sin esa previsibilidad, advierten sus impulsores, Argentina corre el riesgo de volver a quedar al margen de una nueva ola de desarrollo tecnológico-industrial, como ocurrió en el pasado con otras industrias estratégicas. Con ella, en cambio, el país podría posicionarse como un proveedor competitivo de hidrógeno y sus derivados, capitalizando su abundancia de recursos renovables y su potencial geográfico para exportar a mercados deficitarios.
Los legisladores porteños aprobaron una iniciativa que establece la incorporación de dicha forma de energía en los establecimientos públicos, a fin de disminuir la huella de carbono y contribuir con el medio ambiente.
Buscando avanzar hacia una ciudad más sustentable, los diputados de la Ciudad de Buenos Aires aprobaron –durante la sesión ordinaria de este jueves- una Ley que tiene por objeto regular el uso de energía de fuentes renovables en las dependencias del Gobierno porteño con el fin de promover el aumento gradual de su uso y contribuir a la reducción de la huella de carbono y a la sostenibilidad ambiental.
Se trató de una iniciativa de la oficialista Natalia Fidel (VJ), mediante la cual se estableció que el Ejecutivo local aumentará gradualmente el porcentaje de energía eléctrica de fuentes renovables utilizadas por sus dependencias.
En los fundamentos de la medida, la diputada explicó que “el uso de energías renovables es una herramienta clave para lograr estos objetivos, ya que permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la seguridad energética” y consideró que “resulta sumamente oportuna la presente propuesta, siendo que su objeto es regular el uso de energía de fuentes renovables en las dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el fin de promover el aumento gradual de su uso y contribuir a la reducción de la huella de carbono y a la sostenibilidad ambiental”.
Además, remarcó que “esta norma establece metas ambiciosas para el uso de energías renovables en las dependencias que sean grandes consumidores de energía eléctrica, y establece lineamientos y pautas generales para su implementación. A su vez, cuenta con un Plan Estratégico, y en los casos en los que la Ciudad o la Autoridad de Aplicación defina como la alternativa más conveniente la adquisición de energía eléctrica renovable”.
“Asimismo, su implementación y fiscalización serían lideradas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, promoviendo la transparencia y la participación ciudadana en todas las acciones y decisiones relacionadas con el ambiente y el uso de energías renovables”, cerró Fidel.
El proyecto de la diputada del FdT Eugenia Alianiello apunta a consolidar y alentar una actividad que “marca un salto de calidad en la producción de energía en el país”.
la diputada nacional del Frente de Todos Eugenia Alianiello presentó un proyecto que propone que la provincia de Chubut sea reconocida como “la capital nacional de las energías renovables”. El mismo lleva la firma de más de una docena de diputados de diversos sectores políticos y cuenta con el acompañamiento del gobierno provincial.
De acuerdo a los fundamentos, el proyecto busca reconocer el trabajo de la provincia en materia de energía renovable, siendo la mayor generadora del país con 433,7 MW. Actualmente, existen nueve parques eólicos ubicados en Puerto Madryn, Rawson, Trelew, Garayalde y Comodoro Rivadavia.
Al respecto, Alianiello afirmó “hoy en día, Chubut produce casi el 38% del total de las energías renovables que se generan en la Argentina. Nos llena de orgullo estar a la vanguardia del desarrollo productivo con una visión de futuro y sostenibilidad”.
En cuanto a la presentación del proyecto, señaló que desde su llegada al Congreso ha trabajado fuertemente para que el mismo cuente con gran apoyo político. “Creemos firmemente que esta iniciativa es un beneficio directo a la provincia, y eso debe estar por encima de las diferencias partidarias”, puntualizó.
El proyecto -que lleva la firma de los diputados Alicia Aparicio, Carlos Selva, Pablo Cervi, Varinia Marin, Rosana Bertone, Mabel Caparros, Estela Hernández, Santiago Igon, Ana Clara Romero, Matías Taccetta, María Luisa Montoto, Leila Chaher y Liliana Yambrun-, apunta a consolidar y alentar una actividad que marca un salto de calidad en la producción de energía en el país. A diferencia del petróleo, el gas o el carbón, las energías renovables son recursos limpios que no corren riesgo de agotarse.