La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto que propone el Plan de refinanciación de deudas de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos respecto a Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).

El texto obtuvo 119 votos afirmativos, 11 negativos y 25 abstenciones correspondientes al Pro y la Coalición Cívica y algunos diputados radicales. Desde la oposición propusieron dos pequeñas modificaciones a los artículos, que en aras de mantener el consenso y lograr la aprobación fueron aceptados por el oficialismo.

Autor del proyecto, el diputado cordobés Eduardo Fernández recordó que esos créditos se otorgaron en tiempos de la convertibilidad, e hizo especial hincapié en ello en tiempos en que algunos vuelven a hablar de ese sistema, señaló, recordando que el problema que tuvieron los endeudados fue que no se contemplara la pesificación de sus deudas.

Recordó también el largo peregrinar que tuvo este tema en el Congreso, a través de numerosas iniciativas que buscaron encontrarle una solución al tema. “En el año 2004, 44 diputados presentaron iniciativas para resolver esta problemática”, ejemplificó, destacando que eran de 14 partidos políticos. Llegó a tener media sanción, pero no se convirtió en ley.

En 2014 ENOHSA comenzó a hacer intimaciones, sobre todo en la provincia de Córdoba, y en 2015, diputados nacionales lograron sacar un dictamen que establecía la necesidad de pesificar las deudas, pero la iniciativa “chocó con problemas administrativos”.

“Este problema no es de los municipios, sino de los ciudadanos, porque sobre ellos recae deuda y los municipios, entes y provincias que han servido de garantes tienen esta deuda en dólares y la imposibilidad de adquirir nuevos préstamos”, agregó el legislador oficialista.

Al 30 de junio, la deuda total que tienen las provincias es de 85.607.746 dólares, de los cuales más de 40 millones son intereses, detalló Fernández, quien destacó que “lo que vamos a hacer esta noche, si hay consenso, es condonar los intereses y recargos que han surgido a partir del atraso de los municipios en mora para posibilitar afrontar esta deuda con un plan de pago”.

Su comprovinciano Carlos Gutiérrez, de Córdoba Federal, destacó que “lo único novedoso de este proyecto que atiende una situación absolutamente inequitativa para los municipios de 13 provincias es que estas deudas, debido al contexto de la convertibilidad, fueron los únicos que quedaron sin pesificar”.

Recordó que los intendentes les pidieron a todos los diputados de Córdoba buscar una solución para una deuda “impagable”. “Nos pusimos de acuerdo, nos pusimos a trabajar, fuimos al ENOHSA, recibimos una propuesta que ha sido rediscutida y hoy llegamos a esta conclusión. Me parece que estamos ante un acto de reparación de algo que viene desde el año 1991”, apuntó.

Sobre el final, el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, valoró que a este tema, como al de los créditos UVA, productos orgánicos, acompañamiento terapéutico, se les había encontrado solución después de tanto tiempo, “aun con todas las dificultades, quizá parcialmente”.  

“Todas las votaciones están siendo con buenos niveles de acuerdo, que sea un aliciente también para poder después comunicarlo, porque después comunicamos a los medios las diferencias y no hacemos alusión a los temas en los que nos ponemos de acuerdo”, concluyó.

A la hora de proponer modificaciones, Alejandro “Topo” Rodríguez intervino para proponer “dos pequeñas modificaciones” en el artículo 4°, en aras de agregar precisiones. En el primer párrafo, donde se consignaba que “el plan de refinanciación contemplará plazos no inferiores a 10 años, ni superiores a 20 años, con un año de gracia”, se agrega “de capital e intereses”.

Y en el tercer párrafo del artículo 4°, que señala: “Dicho capital adeudado devengará una tasa equivalente al 25% de la tasa Badlar”, solicitó eliminar esa frase por la siguiente: “que fijará la autoridad de aplicación en la reglamentación de la presente ley y que no podrá ser superior al 20% de la tasa Badlar”.

Eduardo Fernández aceptó la modificación. “Queremos que salga, queremos llevarle a las provincias y a nuestros intendentes una solución, y en ese ánimo vamos a aceptar las modificaciones propuestas”, concedió.

Los puntos centrales del proyecto

El plan de refinanciación incluirá exclusivamente créditos otorgados en el marco de programas de financiamiento por organismos multilaterales de créditos BID a cargo de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos y comprenderá las garantías por deudas asumidas en convenios complementarios celebrados con el ENOHSA, que no hayan sido cancelados al momento de la publicación de la ley en el Boletín Oficial.

Además, propone que se condonen las deudas en concepto de intereses compensatorios, moratorias y punitorios generadas por obligaciones contraídas. En tanto, detalla que el plan de refinanciación contemplará plazos no inferiores a diez (10) años ni superiores a veinte (20) años, con un (1) año de gracia.

También propone que el capital adeudado se calculará a la cotización dólar estadounidense tipo de cambio vendedor que fija el Banco de la Nación Argentina, correspondiente al día anterior al de la fecha de la suscripción de los instrumentos de refinanciación respectivos, que será efectivizado en cuotas mensuales y consecutivas. Dicho capital adeudado devengará una tasa que fijará la autoridad de aplicación en la reglamentación de la presente ley y que no podrá ser superior al 20% de la tasa Badlar (o la que la reemplace en el futuro) y se amortizará mensualmente según el método que elija la autoridad de aplicación de esta ley.

Las cuotas de amortización que surjan de la aplicación de las nuevas condiciones financieras que se implementen no podrán superar en los casos en que la deuda se encuentre en cabeza del municipio, o actúe en calidad de garante, el tope de erogación del 5 % de la coparticipación mensual que recibe en su caso, o el 4 % del total de los ingresos originados en recursos mensuales de jurisdicción municipal. En caso de superar ambos topes, el municipio erogará aquel que resulte menor. El saldo que haya superado los topes mencionados, será refinanciado en cuotas.

Se trata de deudas contraídas en los 90’, en dólares, de créditos BID que el Estado tomó y los pasó a las provincias y las provincias a las cooperativas. Esas deudas no fueron pesificadas y, tras la devaluación del 2002, las cifras originales se triplicaron. El monto total de la deuda vencida y a vencer al 31 de marzo de 2023 asciende a USD 85.756.662.58, correspondiendo a deuda vencida el 76,52%.

La Cámara de Diputados vuelve a abrir este miércoles las puertas del recinto para tratar proyectos, cosa que no sucedía desde el pasado 19 de abril. Será a partir de este mediodía, para tratar nueve proyectos consensuados, entre los que se destaca la iniciativa que busca darle una solución a los tomadores de créditos hipotecarios.

Será una sesión especial, cuya reunión de Labor Parlamentaria para organizarla está prevista para las 10.30. Según lo que se acuerde en la misma se verá de qué manera el contexto político se introduce en la primera parte de la sesión, en el marco de cuestiones de privilegio. Es que el tema Jujuy, que sonó muy fuerte por razones opuestas en oficialismo y oposición los últimos días, estará seguramente presente en esas presentaciones que puedan hacerse en el inicio.

Precisamente porque el clima político está un poco caldeado entre las partes es que a pesar de tratarse temas de consenso un sector de Juntos por el Cambio era propenso en la previa de esta sesión a no dar quórum. Se verá.

La cuestión es que más allá del clima electoral que no estará ajeno a este encuentro, hay temas muy esperados, como el primero que figura en la nómina presentada por el oficialismo a la hora de solicitar esta sesión especial: Violencia de género digital. El proyecto de Mónica Macha y Danya Tavela modifica la Ley 26.485, de Protección Integral a las Mujeres.

También conocido como “Ley Olimpia”, busca incorporar a nuestra ley una tipificación de la violencia digital como una forma de violencia por motivos de género, lo que permitirá incluirla en las políticas públicas.

“Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el plano analógico o virtual, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”, señala uno de los artículos que considera Violencia Digital o en Línea a “aquella que se ejerce mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y que implique la obtención, reproducción y difusión por cualquier medio de datos personales, material digital real o simulado, íntimo o de desnudez de las mujeres, sin su consentimiento, discursos de odio de género, patrones estereotipados sexistas, o que impliquen situaciones de acoso, amenaza, extorsión o control virtual, o acciones que atenten contra la integridad sexual o identidad digital de las mujeres a través de las TIC, así como cualquier otra que pueda surgir a futuro ejercida por este medio, que afecte los derechos protegidos de la presente ley”.

Créditos UVA

Como dijimos, la principal atención de esta sesión estará puesta en el proyecto denominado Sistema Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios. Este tema que atiende la situación de alrededor de 106.000 tenedores de créditos UVA cuenta con dos dictámenes.

El despacho de mayoría, fruto de un consenso alcanzado a lo largo de tres meses, fue acompañado por los legisladores del Frente de Todos y la UCR. Obtuvo en total 50 firmas a favor, de las cuales 10 fueron con disidencias parciales de los radicales. El interbloque Juntos por el Cambio exhibió sus diferencias a partir de un dictamen de minoría encabezado por el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz, que a su vez fue suscripto por sus pares del Pro y la CC-ARI, pero también con disidencias parciales.

El proyecto establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará por el coeficiente de variación salarial, tomando como referencia el RIPTE (salario formal de la economía). En los meses que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC (inflación), pagarán siempre el índice más bajo.

Estipula que la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores, ni podrá extender la duración del crédito más del 25% del plazo originalmente pactado.

También se tratará la creación del Régimen de Promoción de la Producción y/o Elaboración de Productos Orgánicos. El mismo tendrá una vigencia de 10 años, con beneficios impositivos y un certificado de crédito fiscal, entre otros puntos. El autor del proyecto es el formoseño Ramiro Fernández Patri, presidente de la Comisión de Economías y Desarrollo Regional, una de las que aprobó el dictamen que se abordará este miércoles.

La iniciativa busca contribuir a un empleo de inclusión, puede generar divisas; es una producción muy amigable con el medio ambiente y apunta a lograr una soberanía alimentaria con calidad. Un proyecto para el fomento de la producción orgánica tuvo media sanción en 2013 y perdió estado parlamentario en 2015.

Entre los beneficios previstos, se establece que a partir de la inscripción en el registro, los productores van a poder tener un bono fiscal por el 70% de los aportes patronales que hagan y ese bono les va a permitir cancelar deudas impositivas ante la AFIP -salvo Ganancias-, y reducción del 60% en el pago del impuesto a las Ganancias.

Las deudas con el ENOHSA

Otro de los proyectos que serán tratados este miércoles es el plan de refinanciación de deudas a cargo de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos, respecto al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).

Durante la vigencia de la Ley de Convertibilidad, esas provincias y municipios tomaron deuda en moneda extranjera especialmente con el ENOHSA, que otorgó créditos para obras de infraestructura de provisión de agua potable y saneamiento.

El plan de refinanciación impulsado por el diputado Eduardo Fernández incluirá exclusivamente créditos otorgados en el marco de programas de financiamiento por organismos multilaterales de créditos a cargo de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos y comprenderá las garantías por deudas asumidas en convenios complementarios celebrados con el ENOHSA. La mayoría de los créditos otorgados por ENOHSA durante el período de convertibilidad en el que un dólar equivalía a un peso argentino se pautaban a un plazo de 12 a 15 años, con aval provincial garantizado por los fondos de la coparticipación federal.

El monto total de la deuda vencida y a vencer al 31 de marzo de 2023 asciende a USD 85.756.662,58, correspondiendo a deuda vencida el 76,52%. La deuda total afecta a 13 provincias: Córdoba, Corrientes, Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro, Neuquén, Santiago del Estero, Chaco, Mendoza, Chubut, Misiones, Tucumán y Catamarca.

En la provincia de Córdoba, los municipios que hoy afrontan estas deudas son Río Tercero, Cosquín, Villa General Belgrano, Monte Maíz, San Basilio, Huinca Renancó, y se suma la Cooperativa de Agua Potable de Villa Nueva. Al mes de marzo 2023, el monto de la Deuda Total es de USD 55.475.0.14,65.

Otro de los proyectos a tratarse es la derogación de la Ley 11.317, relacionado con el trabajo de las mujeres y niños, y el y decreto 2.699 del 28 de mayo de 1925. Se trata de un proyecto impulsado por las diputadas Silvia Lospennato, Lorena Masín y Vanesa Siley, que deroga las normas relacionadas con prohibición de tareas peligrosas o insalubres para personas menores de 18 años.

Asimismo se incluye un artículo que prohíbe hacer discriminaciones entre los trabajadores por motivo de género, orientación sexual, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales, discapacidad o de edad.

También se tratará el proyecto de ley de Regulación del Ejercicio Profesional del Acompañamiento. El dictamen consensuado contempla proyectos de Daniel Gollán, Soledad Carrizo y Virginia Cornejo.

Se entiende por “Acompañante Terapéutico” al trabajador y profesional del campo de la salud con título habilitante, cuya función consiste principalmente en acompañar a la persona asistida a través de un abordaje biológico, psicológico y social integral en el marco de un equipo interdisciplinario y/o por indicación de un profesional tratante a cargo, para facilitar la rehabilitación del sujeto acompañado, prevenir eventuales recaídas, identificar situaciones de riesgo y promover su reinserción en el ámbito comunitario.

Asimismo se tratará la aprobación de cargos de cónsules y vicecónsules honorarios a ciudadanos argentinos propuestos por gobiernos extranjeros, como así también un acuerdo sobre Transporte Aéreo entre la República Argentina y la República Portuguesa, suscripto en la ciudad de Lisboa el 25 de junio de 2007, y la declaración de monumento histórico nacional del Parque de la Constitución Nacional.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, a cargo del oficialista Carlos Heller –quien no pudo estar presente por un tema de salud y fue reemplazado por Sergio Palazzo vicepresidente de la comisión-, se reunió este miércoles en el Anexo “C” con invitados y pasaron a la firma el proyecto que establece el Régimen de refinanciación de deudas a cargo de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos respecto a Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).

Sobre 32 presentes, el dictamen obtuvo 27 firmas y hubo disidencia parcial sobre uno de los artículos.

Además, con críticas por parte de JxC dictaminaron sobre el Régimen de promoción de la producción orgánica para economías regionales que había sido tratado previamente en la comisión cabecera. También pasó a la firma el proyecto para declarar Monumento Histórico nacional al conjunto Parque de la Constitución Nacional, sito en la ciudad de Santa Fe, provincia Santa Fe.

Al comienzo de la reunión, hizo uso de la palabra el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, quien aclaró que la reunión había sido convocada para “tratar expedientes, no es informativa” y solicitó que al debatir el proyecto sobre ENOHSA alguno de los directos presentes pudiera “explayarse” sobre el texto en cuestión.

Régimen de refinanciación de deudas con ENOHSA

El primero en abrir el tema fue el subadministrador del Ente, Néstor Álvarez, sostuvo que es un tema “importante”, ya que ENOHSA es el “único ente federal que se encarga de hacer aguas y cloacas en todo el país”.

Al respecto, contó que el 12 de septiembre de 2019 cuando “nos tocó ingresar con el exadministrador a ENOHSA a los pocos días empezamos a recibir a diferentes actores de la política que nos vinieron a plantear una necesidad que había deudas contraídas desde hacía 25 y 30 años atrás, deudas en dólares de créditos BID que el Estado había tomado y los había pasado a las provincias y las provincias a las cooperativas. Que esas deudas no habían sido pesificadas y que hoy estaban siendo impagables”.

Al respecto, ejemplificó que una cooperativa de una localidad de Buenos Aires paga de ese crédito 6.000 dólares por mes y pierde más de un millón. “Es una cooperativa que brinda servicios a toda la localidad y lo que paga con ENHOSA es lo mismo de lo que pierde por mes. Lo mismo pasaba con la cooperativa de Azul. Las deudas equivalían a lo que gasta un municipio por mes. Son obras y créditos contraídos entre el 94 y el 95”, precisó.

Álvarez contó que, junto a su equipo de trabajo y el ministro Gabriel Katopodis, encontraron ocho proyectos a lo largo de los años que planteaban esta necesidad. “Creo que tiene que ver con la coyuntura económica del hoy y lo que significa que las obras estén dolarizadas”.

“Que de una provincia vengan todos los actores políticos esto habla de la importancia que tiene y estamos contentos de exigir de cobrar la deuda. Vinieron desde Córdoba y consensuamos un proyecto que, en tantos momentos de grietas que se vive en la política, esto me parece que es un ejemplo de que cuando hay una necesidad o problemática que no tiene una solución desde el Ejecutivo, el Legislativo permite con este dictamen, si es que se aprueba, la obligación de recuperar esa inversión, cobrarla, pero sabiendo que no estamos fundiendo a municipios, cooperativas o a algunas provincias”.

“La deuda hoy es de aproximadamente 85 millones de dólares. No estamos hablando de condonación, sino que los entes ejecutores de las obras quieren pagar, pero montos que pueden ser pagables”, cerró Álvarez.

En una breve interrupción, el diputado Martín Tetaz (Evolución Radical) preguntó si la deuda con el BID fue pagada y si han estudiado el comportamiento en materia de gestión de las cooperativas y municipios que solicitan la facilidad para pagar porque “no vaya a ser que se termine de pagar sueldos para una actividad política de cada municipio”. Al respecto, el subadministrador contestó: “Hay cooperativas que hoy cumplen, refinanciaron y cumple, la situación es dispar. Las cooperativas en su mayoría son buenas y nos ocupamos de ver eso y vamos a hacer un análisis”.

Como autor del proyecto, el oficialista Eduardo Fernández (Córdoba) hizo hincapié en que es una refinanciación que se les hace a las provincias, a los municipios o al ente prestador del servicio público porque “son garantes con coparticipación”. Ratificó lo dicho por Álvarez de que los préstamos fueron tomados, en su mayoría, entre el 94 y el 98’ y “luego vinieron decretos como el del 2003 que post convertibilidad que estableció cuáles eran las operaciones que se pesificaban y una de las que quedó excluida fue las que el ENOHSA que es un represtamista”.

“Este proyecto tiende a solucionar una clara inconsistencia que es la imposibilidad de afrontar por parte de municipios y provincias que están implicadas 13 provincias. Quizás es Córdoba la que tiene el mayor problema porque fueron de las operatorias que se hicieron y fueron imposibilitadas de negociar o tramitar”, precisó Fernández.

Además, explicó que fue incluido la condonación de la carga que son los intereses punitorios y resarcitorios que significaban que “es imposible de pagar”. “Hay distintas situaciones de incumplimiento, hay una clara inequidad de exigir deuda en dólares y lo que tratamos de solucionar no es algo nuevo”.

“Hubo más de 11 proyectos con firmas de distintos bloques que tuvieron dictamen de comisión y por distintas situaciones no llegaron al recinto. Tenemos la oportunidad de dar tranquilidad y permitirle al ENOHSA de recuperar esos créditos y habilitar a los municipios que están en mora hoy y precisan de créditos para obras de saneamiento y agua”, cerró el cordobés al presentar el proyecto.

Al hacer uso de la palabra, el titular del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense) sostuvo que “estamos frente a la posibilidad cierta de una solución razonable y equilibrada”.

“Es razonable ponerle exigencias, pero posibilidad de cumplimientos a organizaciones públicas que han quedado dentro de ese nicho de compromiso dolarizado. Con esta decisión también vamos a estar poniendo una cuota de responsabilidad para que los municipios puedan cumplir en más de la mitad de las provincias. Es un proyecto federal”, manifestó.

El radical Víctor Romero (Córdoba) subrayó que se trata de una situación de hace 20 años. “En 2003 se pesificaron las deudas en dólares por un decreto especial varias operaciones financieras quedaron excluidas y ahí vino el gran problema porque no es que los municipios no pagaron nunca, sino que fueron amortizando la deuda hasta que le fue imposible pagar”. En una breve aclaración, remarcó que estamos hablando de 28 años de gestión de todos los partidos políticos “no podemos venir, más allá de las diferencias, es un producto de 28 años”.

“Estamos tratando de adecuar una deuda a un problema que afecta a los vecinos que viven en ese municipio”, indicó el cordobés y sostuvo que “es una obligación nuestra en este Parlamento encontrarle una solución definitiva, no condonando deuda en capital, sino dando la posibilidad de que este dinero que ya lo pagó el Estado tenga la posibilidad de que los vecinos que lo deben lo devuelvan en condiciones accesibles que lo puedan pagar que no impliquen incremento de impuestos o resignación de obra pública”.

Por otro lado, celebró el artículo 3 del texto que plantea: “Se condonan los conceptos de intereses”.

Además, propuso una modificación al artículo 4 respecto al modo de actualización tomando el equivalente al 15% que sea una tasa ajustable por inflación equivalente a la Badlar. “Eso lo saco de los acuerdos que hacen las provincias con Nación en 2017 cuando le devolvieron el 15% de coparticipación y que no habían hecho demanda judicial”, explicó el radical. También pidió modificar el artículo 5 sobre la capacidad contributiva de la recaudación que toma un tope de la cuota inicial establece el 10% de coparticipación anual y 8% del total de los ingresos. “Es un tema de despropósito porque habría una gran injusticia”, planteó y propuso bajarlas al 5 y 4% cada una.

Por último, propuso llevar las actualizaciones de 15 años como plantea el proyecto- a 20 años para que “de esa forma se compense el capital actualizado”.

Régimen de promoción de la producción orgánica para economías regionales

La iniciativa, que prevé una serie de beneficios fiscales, fue presentada por un grupo de diputados oficialistas encabezados por el formoseño Ramiro Fernández Patri, presidente de la Comisión de Economías y Desarrollo Regional, quien destacó el tratamiento reciente en dicha comisión y el giro del dictamen a Presupuesto y Hacienda.

En esa línea, el formoseño explicó que “estamos promoviendo un régimen de fomento de este tipo de producción que tiene beneficios integrales para la sociedad. Se promueve la alimentación saludable, pero sabemos que eso significa cuidar el ambiente, el suelo, el agua, no usar fertilizantes químicos. Significa arraigo para muchos productores, más mano de obra intensiva y profesionalización de la agricultura. También genera divisas en un momento tan duro para el país”.

Así, el legislador detalló que en el país hay “casi cuatro millones de hectáreas en las que se está trabajando en certificación orgánica. Unas 100 mil hectáreas se cosecharon en el último año. Hoy se exporta el 98% de la producción, en un 45% a los Estados Unidos y un 40% a la Unión Europea, el consumo interno es bajo”.

En esa línea, Fernández Patri sostuvo que el proyecto busca “generar un bono fiscal que esté representado por el 70% de todo lo que paguen de masa salarial aquellas empresas que se dediquen a la producción orgánica”.

Al hacer nuevamente uso de la palabra, Martínez aclaró que se realizaron “cambios importantes” en el dictamen que se firmó en la Comisión de Economías Regionales “en algunos elementos que permiten focalizar el instrumento en aquellas empresas medianas que permiten valores razonables sobre el porcentaje de los tributos, estimular y promocionar la actividad y también el piso de presupuesto sujeto a los módulos que son de 8 mil pesos. estaríamos hablando de 12.500 módulos que equivalen a 100 millones de pesos”.

A continuación, el diputado Martín Tetaz (Evolución Radical) preguntó si esos 100 millones de monto que se autorizarían: “¿Contemplan el gasto fiscal producido por la reducción de impuestos que estamos generando o solo es para financiar el tipo de programa que aparecen en los capítulos siguientes? ¿Los 100 millones son para financiar los programas y esta institucionalidad nueva que creamos ahora o incluye el gasto fiscal? ¿Cuánto sería el gasto fiscal estimado? ¿Cuál es la elasticidad que esperan que tenga este tipo de incentivos respecto de la actividad?

“Podría tener un gasto fiscal contrafactual que alguien me diga ‘si, claro esta actividad pagaría más impuestos si se hiciera, pero con el esquema de incentivos no se hace’. Podría ser perfectamente que alguien me explique que hay una alta elasticidad, hay muchos proyectos esperando en cola que con esta sanción aparentemente se harían. Entonces el 30% que queda de las cargas patronales o el 40% que queda del impuesto a las ganancias es más que el 0”, planteó Tetaz.

Además, comentó: “Me hace un poco de ruido esta idea de que hay una actividad que agrega valor, pero que nosotros tenemos que sostenerla porque choca con el principio básico de agregación de valor, es decir, que estamos produciendo un bien que cuesta menos que lo que lo valora la sociedad. Sino no estamos agregando valor, estamos agregando costos que lo tiene que pagar otro que no está dispuesto a pagarlo”.

“No estoy seguro de que estén agregando valor. Hay una teoría de valor nueva acá por lo cual la definición de valor la empieza a dar el Congreso. Si vamos a reemplazar sistema de precios para definir qué es valor estamos en un problema que conduce al subdesarrollo y no estoy de acuerdo con ese cambio en la regla de juego y no lo voy a acompañar”, anticipó el economista.

Por último, remarcó que “no es la primera vez que hicimos esto. Estamos convirtiendo en una gran pantomima al funcionamiento del Estado porque le pone un montón de impuestos y trabas burocráticas a las actividades y nosotros y después venimos y llamemos promoción a la remoción de algunas de esas trabas. Eso no es promoción, es el propio Estado que pone los impuestos.  Deberíamos estar debatiendo cómo hacemos para eliminar más impuestos a la producción porque si no favorecen el subdesarrollo”.

“Ustedes asumen en el proyecto que los impuestos frenan ese tipo de desarrollo de las actividades que están queriendo promover. A punto tal que están convencidos que si eliminan impuestos promueven actividades. ¿Por qué no eliminamos los impuestos a la producción?”, cerró Tetaz.

También se expresó el mendocino Lisandro Nieri (UCR) propuso que trabajar las inversiones porque “las cargas impositivas en el país son elevadísimas”, y cuestionó: “Me parece muy poco serio que estemos dando tratamientos particulares a cada uno de los sectores. Son alivios ante la alta carga impositiva. No creo que sea razonable ir por cada uno de los sectores”.

“Tomémosno un tiempo para discutir cuáles son todos los sectores económicos que tenemos voluntad de promocionar y demos tratamiento a una ley única, sino estamos haciendo la misma ley para cada una de los sectores que nos interesan”, planteó.

A su vez, criticó: “No veo que sea para proyectos de escala pequeña como se está presentando. Igual, corresponde indicar cuál es el costo fiscal en materia de beneficios impositivos. El fondo de promoción no me parece que sea un piso si hubo una modificación. Es muy parecido a otros proyectos, pero el capítulo de Régimen sancionatorio no está definidas las faltas leves. Si están definidas las faltas graves. Se estable las sanciones ante faltas leves, pero no ante una grave. Lo mas delicado que de encontrarse faltas leves la autoridad de aplicación podría aplicar multas cosa que me parece que no corresponde porque si encuentra irregularidades debe multarlo. Este capítulo queda desfasado”.

De la vereda de enfrente, Martínez respaldó la iniciativa y recordó que “ya tuvo una media sanción de Diputados hace una década. Aquellas iniciativas que buscan promover una actividad son todos muy parecidos”.

Al respecto, destacó el trabajo “sistemático” de quienes están organizados alrededor de la producción orgánica porque “no han bajado los brazos ante la necesidad de promover la actividad”. “Nosotros creemos en la promoción de las actividades y lo hemos hecho a lo largo de los años y creemos que cuando estamos hablando de agregar valor este tipo de herramientas sirven”, manifestó el santafecino.

En tanto, sostuvo que “siempre nos quedan cosas por hacer y entramos en una especie de inconformismo permanente que nos deja atados de pies y manos. Sabemos que la cuestión impositiva se habla como una cuestión de cliché. No nos cabe la menor duda de que este proyecto beneficia claramente”.

Ante la duda de Nieri, el jefe oficialista explicó que agregaron un párrafo en el artículo 3 que “justamente enfoca mucho más en lo que son los montos máximos de facturación planteando el tope de las empresas medianas tramo 1”. Asimismo, Martínez lamentó que no se pudo realizar un plenario de comisiones para tratar el tema porque “hubiese permitido hacer un análisis más integral”. Sin embargo, subrayó que se incorporaron “varios aspectos presupuestarios” en la discusión en la comisión anterior “para acelerar el tratamiento”.

Y se comprometió a “que si hay elementos a revisar en el capítulo 5 lo hacemos y lo incorporamos en el recinto. No hay ninguna dificultad. Lejos está que no podamos tener un régimen sancionatorio”.

Sobre el costo fiscal, recordó que en la reunión informativa dijo que “en lugar de ponernos a pensar tanto en el presupuesto que contamos para poner en marcha la ley, no nos olvidemos que en Diputados tenemos que la posibilidad de discutir todos los años la ley de presupuesto y allí podemos agregar en función del cumplimiento de una determinada ley”.

“Estos montos apuntan a poner en marcha la ley bajo todos los objetivos de la ley y hay que tener en cuenta cuándo se pone en funcionamiento. Lo vamos a actualizar porque hemos hecho cambios”, expresó Martínez e informó que le pedirán a un organismo especializado en producción orgánica que funciona dentro de la órbita del Ministerio de Economía.

En síntesis, destacó que el proyecto “mejora”, es claramente “un paso respecto a lo que veníamos teniendo. Es un estímulo a aquellos que ven en la producción orgánica un desarrollo territorial inclusivo para promover el arraigo y que se produzca empleo local. Es un proyecto federal”.

En su intervención, el jefe del bloque CC-ARI, Juan Manuel López, cuestionó que en el sector de producción de alimentos orgánicos la “tasa de asistencia del Estado es negativa del -25%, es una ridiculez”. “El presupuesto que rige este año tenía una separata que hablaba del gasto tributario, algo que nunca se discute, que Argentina tiene del más del 2%. El Congreso tendría que revisar todos los gastos tributarios y que esos números estén disponibles siempre, sino estamos legislando sobre un tema sin saber, a ciegas”.

“Nuestra economía asiste a un montón de sectores distintos, no solo con gasto tributario, sino con otras medidas como arancelarias. En estas condiciones no puedo acompañar el dictamen”, anticipó López.

De forma breve, el entrerriano Pedro Galimberti (UCR) solicitó, a los efectos de ver el alcance de la promoción que se tiene en el proyecto, ver la redacción final del artículo 3 al ser modificado a los efectos de tener una real magnitud de quién se pretende ir porque “más allá de los módulos de 100 millones que es lo de menos, tenemos que ver que en la conjugación con la Ley 25.127 hay un beneficio impositivo que está disponible para cualquiera con la redacción que hay en la norma”.

La catamarqueña Silvana Ginocchio (FdT) ponderó la iniciativa porque “cuando se habla de producción orgánica también se habla de los conocimientos que tienen las poblaciones donde se necesita innovación. Teníamos que agregar un marco regulatorio y también crea un fondo. Es un sector de gran potencial para las economías regionales. Son pequeños productores que le estamos dando un beneficio que estaban solicitando”.

Y enumeró que en su provincia hay producción orgánica en miel, naranja, vid, soja, pasas de uva, arándanos. “Es todo una economía importante, trascendente e incipiente que sin estas políticas es muy difícil”, planteó.

En el mismo sentido se expresó la rionegrina Susana Landriscini al destacar que se trata de una política pública que “favorece a un sector diferenciado, a determinados territorios que buscan una especialización e innovación. Van en la misma línea con la Ley de etiquetado frontal por el tipo producción”.

“Cuando se cuestiona a una política pública orientada específicamente a una rama o sector de actividad quiere señalar que el estado esta para hacer esas políticas específica cuando quiere orientar una región y tiene la legitimidad de diseñarlo con un costo fiscal y con ingresos complementarios de una producción que tiene la mejor cotización de mercados internacionales”, respaldó la oficialista.

Por último, Martínez respaldó la propuesta de López respecto de que la Oficina de Presupuesto del Congreso para ver con qué nivel de actualización se puede hacer el informe. Al cerrar el tratamiento del proyecto, Palazzo informó que de los 32 miembros presentes de la comisión firmaron el dictamen 24 y giró a la Comisión de Agricultura y Ganadería.