A través del Boletín Oficial, el Ejecutivo nombró a los cinco integrantes del directorio del ENRGE, el organismo que unifica las funciones del ENRE y el ENARGAS. Néstor Lamboglia será el presidente por cinco años.
El Gobierno nacional formalizó la conformación del directorio del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), el nuevo organismo que concentrará la regulación de ambos servicios energéticos. Las designaciones fueron oficializadas este martes mediante su publicación en el Boletín Oficial y llevan las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.
El ENRGE fue creado por la Ley de Bases N° 27.742 con el objetivo de reemplazar al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), que hasta ahora actuaban de manera separada. Con la reforma, ambas estructuras quedaron fusionadas en una única entidad autárquica que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Energía, dentro del Ministerio de Economía.
La iniciativa apunta a centralizar en un solo organismo la supervisión y el control de dos áreas clave del sistema energético, en línea con el esquema de reorganización del Estado impulsado por el Gobierno. De acuerdo con la normativa, el ENRGE tenía un plazo máximo de 180 días, contados desde julio de 2025, para iniciar formalmente sus operaciones.
Tras completar el proceso administrativo y el concurso de antecedentes, el Ejecutivo designó como presidente del directorio a Néstor Marcelo Lamboglia, quien ejercerá el cargo por un período de cinco años. Lamboglia es abogado, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, y cuenta con una especialización en Derecho de la Regulación Económica de los Servicios Públicos de la Universidad Austral.
Según informó el Ministerio de Economía, el flamante titular del ENRGE acumula más de tres décadas de trayectoria en el sector eléctrico. A lo largo de su carrera se desempeñó como secretario letrado del Directorio y gerente de Control de Concesiones del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), además de haber sido coordinador legal de la Secretaría de Energía Eléctrica.
También integró la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande como asesor letrado argentino y cumplió funciones como asesor jurídico de Yacyretá, lo que le permitió participar en ámbitos de regulación y gestión vinculados a grandes infraestructuras energéticas binacionales.
La vicepresidencia del nuevo ente estará a cargo del ingeniero Vicente Serra, quien fue designado por un mandato de cuatro años. En tanto, el licenciado Marcelo Alejandro Nachon ocupará el puesto de vocal primero, con un período de gestión de tres años.
Los cargos con mandatos más breves recaen en los otros dos vocales: la doctora Griselda Lambertini fue nombrada vocal segunda por dos años, mientras que el ingeniero Héctor Sergio Falzone ejercerá como vocal tercero durante un año.
Desde el Gobierno explicaron que todas las designaciones surgieron de un concurso público y abierto de antecedentes, convocado mediante la Resolución 388/25, en línea con los mecanismos establecidos por la nueva normativa para la conformación de los órganos de conducción del ente regulador.
Con la puesta en marcha del ENRGE, el Ejecutivo busca avanzar en un esquema de regulación unificado del gas y la electricidad, en un contexto de reconfiguración del sistema tarifario, revisión de subsidios y redefinición del rol del Estado en los servicios públicos.
El Gobierno autorizó nuevos aumentos en las tarifas eléctricas para Edenor y Edesur, que ya rigen en las facturas de mayo. En paralelo, dispuso bonificaciones extraordinarias para usuarios con subsidios en gas y electricidad, con el objetivo de amortiguar el impacto de los ajustes.
El Gobierno avanzó con una nueva actualización de las tarifas energéticas que comenzará a impactar desde mayo en las facturas de electricidad y gas. A través de distintas resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, se autorizaron incrementos en el servicio eléctrico para los usuarios de Edenor y Edesur, mientras que se anunciaron bonificaciones adicionales para los hogares que reciben subsidios en el consumo de gas.
En el caso de la electricidad, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó los nuevos cuadros tarifarios que regirán a partir de este mes. La actualización incluye el ajuste del Costo Propio de Distribución (CPD), así como la aplicación de los componentes habituales de la tarifa, entre ellos el Precio Estabilizado de la Energía (PEE), el Precio de Referencia de la Potencia (POTREF) y los cargos por servicios adicionales.
Según se desprende de las resoluciones oficiales, el CPD registró un incremento del 4,10% para Edenor y del 3,91% para Edesur en comparación con los valores vigentes en abril. A la par, el Valor Agregado de Distribución (VAD) medio también mostró subas y se ubicó en $63.237 para el área norte del Área Metropolitana de Buenos Aires y en $58.087 para la zona sur.
La medida alcanza tanto a usuarios residenciales sin subsidios como a aquellos que aún reciben asistencia del Estado en el marco del esquema de segmentación tarifaria. También impacta sobre clubes de barrio, entidades de bien público y usuarios-generadores, en un contexto de continuidad de la emergencia energética declarada por el Poder Ejecutivo.
Para atenuar el efecto de estos aumentos, el Gobierno dispuso una bonificación adicional extraordinaria en el servicio eléctrico. Para el período comprendido entre mayo y julio, los usuarios incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) contarán con un descuento del 10,67% sobre el consumo base. La decisión apunta a evitar subas bruscas en las facturas durante el proceso de reordenamiento de los subsidios.
En paralelo, también se actualizaron cargos específicos del sistema eléctrico. Entre ellos, el recargo destinado al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE), que pasó a fijarse en $2.280 por megavatio hora, además de los valores asociados a la energía no suministrada y a deficiencias en la calidad del servicio.
En cuanto al gas, el Ejecutivo adoptó una medida adicional para mitigar el impacto del aumento en el costo del abastecimiento. Mediante la Resolución 111/2026, se estableció una bonificación extraordinaria del 25% sobre el consumo para los usuarios residenciales alcanzados por el régimen de subsidios focalizados.
Este descuento se aplicará durante el mes de mayo y se suma a la bonificación general ya vigente, generando una reducción acumulada en las facturas de gas natural y gas propano por redes. El beneficio alcanza a hogares de menores ingresos, así como a entidades sin fines de lucro, como clubes de barrio y organizaciones sociales.
Para garantizar la implementación de la medida, el Gobierno instruyó al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a adecuar los cuadros tarifarios y los mecanismos de facturación correspondientes, con el objetivo de preservar el acceso al consumo energético esencial en un escenario de suba de costos.
La Secretaría de Energía oficializó su designación, tras la renuncia de Osvaldo Rolando. El nombramiento se da en medio de la transición hacia un nuevo organismo regulador unificado.
El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía, oficializó la designación del doctor Néstor Marcelo Lamboglia como nuevo interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 330/2025, que establece su nombramiento con carácter ad honorem a partir del 1° de agosto.
Lamboglia reemplazará al ingeniero Osvaldo Ernesto Rolando, quien presentó su renuncia tras haber asumido el cargo en noviembre de 2024. El ENRE, creado por la Ley N° 24.065, tiene como función regular, controlar y fiscalizar el servicio público de distribución y transporte de energía eléctrica, además de supervisar aspectos vinculados a la generación.
La intervención del organismo fue dispuesta originalmente en marzo de 2020 mediante el Decreto N° 277, en el marco de la emergencia pública. Desde entonces, ha sido prorrogada en varias oportunidades para garantizar la continuidad operativa en un sector estratégico.
El nombramiento de Lamboglia se produce en un contexto de transición institucional.
El proyecto fue presentado por Roxana Monzón y propone conocer el accionar del ENRE, el cumplimiento de las obligaciones de inversión por parte de Edenor y Edesur, y la existencia de sanciones.
La diputada nacional Roxana Monzón presentó un proyecto de resolución para solicitar que la secretaria de Energía, María Tettamanti, brinde explicaciones ante la Comisión de Energía y Combustibles sobre los cortes de suministro eléctrico ocurridos en el Área Metropolitana de Buenos Aires a fines de junio. La iniciativa apunta a esclarecer las causas, identificar responsabilidades y evaluar las medidas adoptadas por el Estado nacional frente a la emergencia.
Durante la ola de frío polar que afectó al país, más de 80.000 usuarios del AMBA padecieron cortes prolongados de luz, especialmente en municipios del conurbano bonaerense como La Matanza, Quilmes, Avellaneda y Almirante Brown. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informó que solo el lunes 30 de junio más de 96.000 personas quedaron sin servicio eléctrico, muchos en condiciones climáticas extremas.
El proyecto legislativo pide explicaciones sobre las causas técnicas y operativas de las interrupciones, así como el estado de situación de las empresas concesionarias Edenor y Edesur. Se apunta a saber si los cortes obedecieron a fallas en generación, transporte o distribución, y si hubo déficit de inversión por parte de las compañías.
También se solicita información sobre las acciones de fiscalización llevadas adelante por el ENRE, la existencia de sanciones en curso contra las empresas y el cumplimiento de los planes de inversión previstos en los contratos de concesión. Además, se invita al interventor del ente regulador, Osvaldo Ernesto, a participar en la reunión con el objetivo de ampliar detalles técnicos y administrativos sobre el control estatal.
En los fundamentos del proyecto, Monzón advirtió que ´”los cortes no son eventos aislados sino síntomas de problemas estructurales en el sistema energético concesionado. Señala que estas interrupciones ponen en riesgo derechos básicos como la salud, el trabajo y la seguridad, afectando en particular a grupos vulnerables como personas mayores, niños y pacientes electrodependientes”.
Finalmente, el proyecto sostuvo que la energía eléctrica “debe ser garantizada” como un derecho fundamental y que la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de exigir respuestas concretas al Poder Ejecutivo. La iniciativa busca fortalecer el control legislativo sobre la prestación de servicios públicos esenciales, promoviendo mayor transparencia e inversión en infraestructura energética.
Diputados de las diferentes bancadas cuestionaron la intervención a Edesur y advirtieron que el problema de los cortes de luz es “la destrucción de las tarifas y la falta de confianza para invertir”.
Después de los cortes de luz que afectaron a gran parte de la población en medio de la ola de calor y de que el ministro Sergio Massa anunciara la intervención de la empresa Edesur, los legisladores de las diversas bancadas salieron a criticar con dureza al Gobierno Nacional y advirtieron que los cortes en el suministro eléctrico son producto de “la falta de confianza para invertir”.
En ese sentido, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y legislador de Vamos Juntos (VJ), Hernán Reyes, afirmó que “esto es típico del kirchnerismo pensar que el problema de la falta de luz se soluciona con una intervención estatal a Edesur” y recordó que “ya intervinieron el ENRE, se designó un veedor en Edesur y nada han logrado”.
“El problema es la destrucción de las tarifas, la falta de confianza para invertir, la falta de inversiones, y la nula capacidad para asegurar la calidad del servicio”, añadió.
Mientras que el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Ramiro Marra, consideró que “esto es una estupidez y refleja la ideología kirchnerista de culpar de todo a las empresas ¿cómo podes intervenir una empresa para controlar sus inversiones si tenes tarifas congeladas?” y sentenció: “cada día me sorprende más lo inútil que puede ser Sergio Massa, un desastre”.
En tanto el trotskista Gabriel Solano (PO) concluyó aseverando que “el anuncio del gobierno sobre Edesur es puro humo. Ya tenía veedores en la empresa y no sirvieron para nada. Hay que echar a Edesur y administrarla de modo independiente al propio Gobierno”.
La diputada radical rechazó las declaraciones del interventor del ENRE, quien habló de estatizar las empresas de energía.
En medio de los cortes de luz que afectan a miles de usuarios, el interventor del Ente Regulador de Energía, Walter Martello, opinó que el Estado "tendría que tener el control de las empresas de energía", algo a lo que salió a responder duramente la diputada Jimena Latorre (UCR).
"Martello nos trae una idea muy original para el kirchnerismo, justo el Día de los Enamorados, ya que son enamorados del déficit y la pésima administración del Estado", ironizó la mendocina.
La radical señaló que la propuesta del funcionario consiste en que "la distribución de más de 2,5 millones de usuarios de AMBA esté en manos de una empresa del Estado y pase a engrosar el listado de las 'eficientísimas' empresas a las que financiamos todos los contribuyentes, vía fondos del Tesoro".
"Mientras tanto, Flavia Royón no sabe si tiene que bajarle el precio a Edesur para autorizar la cesión para quienes le indique Sergio Massa o, cómo propone Mantello, llevar adelante la estatización de YPF al estilo (Axel) Kicillof que de salir 'cero pesos' pasó a costarnos millones de dólares", advirtió la legisladora.
Por último, agregó: "Declarar la caducidad con una ruptura sistemática de los contratos de concesión por parte del Estado es una constante durante todas las gestiones kirchneristas, y solo tienen como resultado juicios millonarios perdidos que, obviamente, ellos no pagan de su bolsillo" y pidió al Gobierno que "no rompan nada más".
La diputada mendocina cuestionó a funcionarios y alertó por la suba de subsidios. También consideró que, en esta materia, en el oficialismo hay "dos políticas disociadas".
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR-Mendoza) participó este jueves de la audiencia pública convocada por el ENRE para tratar los regímenes tarifarios de transición en 2022.
En su exposición, la legisladora planteó una serie de interrogantes y algunas reflexiones “en función de los datos y declaraciones, dispersión, improvisación e incoherencias de los funcionarios de la cartera”.
En su primer planteo, Latorre hizo referencia a los subsidios para la tarifa eléctrica y cuestionó: “¿Son conscientes que si seguimos en este sendero en diciembre vamos a alcanzar los niveles de subsidios de 2015?”.
Sobre ello, puntualizó: “En 2015 los subsidios cubrían el 88% del precio de la energía para un residencial. En 2019 se bajó a un 22%. Hoy, según la programación provisoria de CAMMESA, un residencial solo paga el 19% del costo de generación, es decir el 81% es cubierto por subsidios”.
Luego, se preguntó si “¿en serio van a plantear como 'circunstancias exógenas' asimilables a la sequía, la inflación y el atraso cambiario?”. “Los subsidios crecen a un ritmo del 140% interanual por la decisión política de congelar el precio con una inflación anual superior al 50%”, señaló.
“Si no pueden dar precisiones sobre las principales variables macroeconómicas desde las carteras dependientes del Ministerio de Economía de la Nación, que por otra parte son las que están prometiendo y comprometiendo medidas de ajuste para una necesaria negociación con el FMI, ¿a quién se las pedimos? La economía energética está directa e íntimamente vinculada con la política económica. O en este Gobierno hay 'dos políticas disociadas': una que responde a las ideologías del subsecretario (Federico) Basualdo y al Instituto Patria y otra que responde al Ministro de Economía y las metas de reducción de gasto y del déficit”, lanzó la legisladora de Juntos por el Cambio.
Enfática, la opositora expresó que "el ministro del que dependen los funcionarios que abrieron esta audiencia, aunque lo desconozcan, envió un proyecto de Presupuesto al Congreso para 2022 y, por más que lo rechazamos, ha afirmado que será la pauta de gasto que seguirá para poder acordar con el FMI. Ese programa tiene un solo objetivo: la reducción de los subsidios energéticos”.
Entonces Latorre sostuvo: “¿Cuál es la pauta presupuestaria que debe cumplir el programa destinado al subsidio de la generación eléctrica? ¿Cuál es el aumento del precio estacional necesario para cumplir esa meta? ¿A cuánto ascenderían las partidas presupuestarias adicionales de no realizar aumentos?”.
"Si tomamos lo aquí expuesto, el aumento será entre el 17 y 20% en las tarifas del AMBA. Pero reconocieron que en 17 provincias del interior el aumento en 2021 fue del 23% promedio y lo corrijo, fue del 30% promedio, mientras que en el AMBA fue del 9%. ¿Ese es el federalismo de este Gobierno? Los ciudadanos del interior pagamos las tarifas nuestras, los impuestos y la inflación para subsidiar las del AMBA”, cuestionó la mendocina.
Y le consultó a la interventora del ENRE, María Soledad Manín, "¿cuándo van a realizar las revisiones tarifarias que ordena realizar la Ley de Emergencia 27.541 de diciembre 2019? ¿Cuándo comenzará la renegociación de contratos que su Gobierno volvió a romper a partir del congelamiento y que expone al Estado Argentino y a los usuarios a un enorme pasivo contingente frente a las empresas por incumplimiento de contratos? ¿No le da vergüenza la indignidad de ocupar un cargo vacío de funciones, ilegítimo y sin absolutamente ningún resultado a dos años de una tarea que le encomendaron por 180 días?”.
En referencia a la segmentación tarifaria, Latorre se quejó de que se quedó "esperando la exposición del subsecretario Basualdo que después de dos años de vagancia e inoperancia terminó encontrando la solución en un GPS, un criterio de georreferencia, obsoleto y no utilizado en ningún otro país del mundo. Que ese 10% de los usuarios del AMBA, unos 487 mil usuarios que representan el 4% de la población total, soporten aumentos tarifarios muy por encima de la inflación representa un ahorro entre 200/500 millones de dólares de las 7.200 millones de dólares que destinaron a subsidios eléctricos en 2021”.
“Esta audiencia es una puesta en escena, una falta de respeto a la ciudadanía. Los funcionarios se limitan a leer saludos vacíos de contenidos, la información publicada carece de datos que permitan un análisis serio, no hay informes del Ente que debería ser técnico y no político, y menos que menos planificación que permita ver un sendero de recuperación de las cuentas públicas y la balanza comercial energética”, finalizó la diputada.
La diputada radical Jimena Latorre presentó un pedido de informes dirigido al organismo de control, de modo que se examinen "las eternas e infructuosas intervenciones de los entes reguladores".
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR) solicitó a la Auditoría General de la Nación (AGN) que controle la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial y legal de las intervenciones en el Ente Nacional Regulador de Energía Eléctrica (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).
Entre los fundamentos del pedido de informes se mencionan como "hechos relevantes" los numerosos cortes del suministro eléctrico que ha sufrido la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense (en áreas de concesión de EDESUR y EDENOR) en reiteradas oportunidades, particularmente durante los días del mes de enero, incluyendo un apagón masivo ocurrido el día 11 de enero de 2022. "Esto resulta alarmante: ha habido miles de ciudadanos afectados y privados de un servicio esencial como es la electricidad", apuntó la legisladora.
La mendocina enfatizó que “llama la atención la falta de información disponible para la ciudadanía en materia de las intervenciones dispuestas, situación que se profundiza ante la confusión que generan las nuevas prórrogas de dichas intervenciones, las cuales entendemos, distan de encontrarse lo suficientemente fundadas legalmente y con resultados positivos a la vista. Por el contrario, los hechos parecen hablar por sí solos y los apagones en la provincia de Buenos Aires y la CABA ponen de manifiesto la necesidad de contralor efectivo que requieren actualmente las empresas distribuidoras eléctricas y del cual no parece haber eco alguno por parte del ente regulador”.
“La intervención del ENRE y del ENARGAS se inicia a partir de una norma de emergencia pública legalmente cuestionable y sujeta a continuas prórrogas. Las intervenciones por Decreto N° 871/2021 se encuentran actualmente vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022, sin mediar autorización por ley de dicha excepción al plazo de intervención original y estando aún algunos de los directores elegidos por el proceso que marca la ley en un limbo jurídico, en el caso de ENARGAS, suspendidos sin goce de haberes. Esta situación es a todas luces completamente irregular”, sostuvo la radical.
En el pedido de informes se requiere, en particular, realizar auditorías financieras, de legalidad, de gestión, exámenes especiales de las jurisdicciones y de las entidades bajo el control de los entes reguladores, así como las evaluaciones de programas, proyectos y operaciones. También examinar y emitir dictámenes sobre la memoria y los estados contables financieros de los entes, indicando la evolución contable financiera en relación al estado anterior a la intervención, destacando en particular los costos de operaciones internas y externas (contrataciones por medio de universidades, profesionales independientes, y otros).
Por otra parte, se solicita verificar el nivel y evolución salarial y patrimonial de los funcionarios públicos de los entes (interventor y gerentes) y el cumplimiento de información sobre aquella a la Oficina Anticorrupción; verificar el funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de ambos organismos y establecer qué inconvenientes se subsanaron y cuáles persisten sobre la base de lo señalado en sus informes; establecer cuál es la situación legal de los directores con mandatos vigentes, suspendidos sin goce de haberes de sus funciones sin fundamento alguno; analizar la evolución y los perfiles y tareas desempeñadas de los empleados que componen la planta de personal permanente y temporaria de los entes en la actualidad, efectuando análisis comparativo con el estado de situación anterior al dictado de la intervención.
También se incluye auditar los procedimientos de multas remanentes de la revisión tarifaria integral (RTI) y su tratamiento en la Revisión Tarifaria Transitoria; establecer los fundamentos técnicos de los criterios de incrementos tarifarios realizados por las intervenciones de ambos organismos; brindar detalle de las auditorías e inspecciones realizadas desde el comienzo de las respectivas intervenciones y detallar y cuantificar los potenciales reclamos pecuniarios de las empresas concesionarias por la interrupción de la RTI y la puesta en marcha de la RTT.
El ENRE, organismo autárquico en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Desarrollo Productivo, fue creado con el objeto de regular y fiscalizar la prestación del servicio de distribución y transporte eléctrico, ambos elementos esenciales en la prestación de los servicios públicos. Tiene por función controlar que las empresas del sector eléctrico nacional cumplan con las obligaciones establecidas en el Marco Regulatorio (Ley N°24.065) y en los Contratos de Concesión, velando por el buen funcionamiento de las redes de distribución (circunscripta al Área Metropolitana de Buenos Aires) y el transporte eléctrico. "La acción del ENRE resulta fundamental para la prevención de apagones y problemas energéticos generados por las empresas prestadoras de servicio eléctrico, como actualmente ocurre en la Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano de la provincia de Buenos Aires", argumentó en los fundamentos Latorre.
Por su parte, el ENARGAS es un organismo autárquico creado mediante la Ley N°24.076 en el año 1992. Se encuentra en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación, y cumple con las funciones de regulación, control, fiscalización y resolución de controversias, que le son inherentes en relación con el servicio público de transporte y distribución de gas en la República Argentina.
El proyecto fue acompañado por sus pares Mario Negri, Juan Manuel López, Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Soledad Carrizo, Ximena García, Karina Banfi, Francisco Monti, Mario Barletta, Roberto Sánchez, Lidia Ascárate, Juan Martín, Roxana Reyes, Ricardo Buryaile, Gabriela Lena, Jorge Vara, Pedro Galimberti, Marcela Coli, Marcos Carasso y Gerardo Cipolini.
La diputada nacional por Mendoza participó de la audiencia pública convocada por el ENRE para debatir sobre la adecuación tarifaria de transición en 2021, y sostuvo que solo se trata “de otra puesta en escena”.
La diputada nacional por Mendoza Jimena Latorre participó de la audiencia pública convocada por el ENRE para debatir sobre la adecuación tarifaria de transición en 2021, donde destacó “la falta de expertise técnica” en el Informe de Auditoria 2020, que “contiene información incompleta y desordenada, donde es notoria la falta de intervención del cuerpo técnico regulatorio y técnico jurídico pero si hay abuso de argumentos políticos en los informes y con una pobrísima solidez para fundamentar”.
Luego destacó que “éste avasallamiento institucional y normativo empezó con la Ley de Emergencia 27.541 y la declaración de Emergencia Energética”.
En cuanto a la intervención, Latorre afirmó: “Ha excedido los plazos, sin mostrar resultados, para llegar así a las próximas elecciones con tarifas congeladas. No es más que una politización de los Entes que fiel al relato populista esconde la realidad sólo para ‘contener’ al votante”.
En ese sentido, se refirió a que la intervención “desconoce” los principios regulatorios y tarifarios consagrados la Ley 24.065 y desconoce la teoría de las nulidades administrativas y es por ello que sugiere la nulidad de la RTI llevada a cabo en 2016, como así también de los nombramientos del directorio anterior, designado por concurso.
“Pero lo más grave aquí es que no existe informe final del Ente y no podemos analizar si lo que solicitan las distribuidoras está bien o mal, básicamente porque la intervención del Ente no sabe o no quiere determinar cuánto es lo necesario para que las transportistas y distribuidoras puedan prestar un servicio público esencial en condiciones de eficiencia y accesibilidad”.
Por otra parte, Latorre destacó que: “La energía eléctrica de la argentina deriva en un 60% de hidrocarburos, el valor de producción de esa energía y el nivel de subsidios de la misma aún no se ha decidido por el Poder Ejecutivo y tendrán impacto en los segmentos regulados de la tarifa. Tras haber perdido el carácter técnico y autárquico este ente regulador, es entendible que su interventora esté a la espera de la decisión política de cuáles son los números. Por lo tanto no podemos esperar de esta audiencia más que otra puesta en escena vacía de contenido y de definiciones regulatoria”.
En este escenario de incertidumbre y ‘transición’ ha trascendido la venta del paquete accionario mayoritario (55,14%) de la Distribuidora EDENOR de Pampa Energía a Edelcos, sociedad de los empresarios Manzano, Vila y Filiberti. Para Latorre “es importante conocer el proceso de cesión, si se contempla el desistimiento por parte de los grupos económicos intervinientes (comprador y vendedor) de reclamos y/acciones en contra del Estado Argentino en tribunales locales y/o internacionales, de forma de liberar al Estado Nacional de contingencias legales futuras; y cuál es la rentabilidad garantizada a los pretendidos cesionarios, en el marco de un proceso de re determinación de tarifas y renegociación de contratos vigentes, recientemente iniciado”.
“Me extraña que empresarios, que en mi provincia son accionistas mayoritarios de EDEMSA, quieran comprar el paquete accionario mayoritario de otra distribuidora que tampoco retira dividendos y se encuentra en un estado de incertidumbre total acerca de la rentabilidad. Quizá sea mal pensada, o el nivel de altruismo de algunos empresarios argentinos los hace propensos a rescatar empresas deficitarias concesionarias de servicios regulados”.
“También puede pensarse un escenario en que esas empresas no sean deficitarias, en el que las deudas de éstas empresas quedarán alcanzadas por el ‘Régimen Especial de Regularización de Obligaciones’ que consagró el art. 87 de la LP 2021. Y de tal forma los $18.000 millones que EDENOR le debe a CAMMESA por la energía cobrada a los usuarios y no pagada a la Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista quedarán licuados en un acuerdo discrecional que la misma Ley dejó en manos del Secretario de Energía de la Nación”.
“Como argentina me preocupa la arbitrariedad y discrecionalidad de la intervención de un Ente que ha perdido su capacidad técnica, los daños emergentes de políticas populistas que significarán subsidios anárquicos, discrecionales e insostenibles en un Estado sin recursos, el deterioro del servicio y la desinversión en infraestructura que significará restricciones e impedimentos para la producción y el desarrollo y por supuesto el daño futuro que estas medidas significarán en juicios millonarios que lamentablemente no pagan los decisores políticos sino todos los contribuyentes argentinos”.
“Como mendocina, me preocupa que una vez más la fiesta de subsidios para mantener el voto del AMBA a costas del interior productivo y la clase media”.
A través de un pedido de informes, los diputados Jimena Latorre y Alfredo Cornejo advierten que el Poder Ejecutivo aprovechó un DNU para incorporar delegaciones de facultades no incluidas en la ley original, evadiendo así el correspondiente tratamiento legislativo,
Los diputados nacionales Jimena Latorre y Alfredo Cornejo, presentaron un pedido de informe por el cual instan al Poder Ejecutivo Nacional a responder en forma precisa y detallada sobre la situación actual de los Entes Reguladores intervenidos ENRE y ENARGAS, las revisiones tarifarias y las renegociaciones de contratos a las que los facultó la Ley 27.541, los congelamientos tarifarios y en particular sobre el procedimiento de aprobación de la venta del paquete accionario mayoritario de Edenor. El pedido cuenta con el amplio apoyo de diputados de Juntos por el Cambio.
El DNU 1020/2020 dispuso el inicio de una renegociación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural que estén bajo jurisdicción federal. El plazo de la renegociación dispuesta no podrá exceder los dos años desde la fecha de entrada en vigencia de la medida, hasta entonces quedan suspendidos los acuerdos correspondientes a las respectivas revisiones tarifarias integrales con los alcances que en cada caso determinen los entes reguladores, atento existir razones de interés público.
“El Poder Ejecutivo aprovechó esta norma limitada y de excepción para incorporar delegaciones de facultades no incluidas en la ley original, evadiendo así el correspondiente tratamiento legislativo” sostuvo la diputada Latorre y agregó: “El marco regulatorio eléctrico permite la realización de Revisiones Tarifarias extraordinarias, la intervención y el apartamiento de la normativa vigente no tuvo ni tiene fundamento alguno más que acrecentar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para inmiscuirse en los Entes de control que deben ser técnicos y autárquicos, no políticos y funcionales. Pero lo que es peor, ni aún así han cumplido con la manda que la Ley 17.541 les impuso.”
El proceso de renegociación de las RTIs cuyo inicio declara el DNU 1020/20 significa reabrir la renegociación de las licencias y concesiones iniciada en 2001 desconociendo los acuerdos alcanzados inicialmente, suspendiéndolos hasta que sean reemplazados por otros. Esta situación abre contingencias legales tanto en estrados nacionales como internacionales para el Estado Nacional de monto incierto y de afectación cierta al patrimonio público.
Para los diputados, con estas medidas el Poder Ejecutivo Nacional apela a una tríada que ya mostró su fracaso: congelamientos tarifarios que se suceden; intervención administrativa sine die de entes reguladores; y demoras injustificadas en la celebración de los acuerdos de renegociación y luego de su implementación.
“Es preocupante y amerita nuestro pedido de informe, que ante este escenario de incertidumbre y descalabro institucional se pretenda aprobar la cesión del paquete accionario mayoritario de la concesionaria EDENOR, una de las dos distribuidoras de servicio eléctrico de competencia federal, de cuya prestación dependen millones usuarios en la CABA y Gran Buenos Aires”, afirmó Alfredo Cornejo.
Para los diputados, tanto el Ente de Control como el Poder Ejecutivo Nacional deberán explicar cuál es la propuesta de los pretendidos cesionarios, dar las instancias de participación ciudadana a los usuarios para que conozcan los antecedentes de quienes estarán a cargo de un servicio público esencial. Señala el pedido de informe que “no es claro para ningún ciudadano usuario de servicios públicos y tampoco para éste cuerpo legislativo con facultades de control, cuál es el interés de un grupo empresario que en un contexto de congelamiento tarifario y renegociación de contratos de concesión, pretende justamente controlar una empresa como Edenor, fuertemente endeudada y según esos mismos empresarios deficitaria. En otras palabras, quién invertiría a ciegas sin saber cuál será la tarifa de los próximos años y particularmente cuál será la rentabilidad que reconocerán esos nuevos contratos que el Poder Ejecutivo autoriza renegociar”.