Después de los cortes de luz que afectaron a gran parte de la población en medio de la ola de calor y de que el ministro Sergio Massa anunciara la intervención de la empresa Edesur, los legisladores de las diversas bancadas salieron a criticar con dureza al Gobierno Nacional y advirtieron que los cortes en el suministro eléctrico son producto de “la falta de confianza para invertir”.

En ese sentido, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y legislador de Vamos Juntos (VJ), Hernán Reyes, afirmó que “esto es típico del kirchnerismo pensar que el problema de la falta de luz se soluciona con una intervención estatal a Edesur” y recordó que “ya intervinieron el ENRE, se designó un veedor en Edesur y nada han logrado”.

“El problema es la destrucción de las tarifas, la falta de confianza para invertir, la falta de inversiones, y la nula capacidad para asegurar la calidad del servicio”, añadió.

Mientras que el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Ramiro Marra, consideró que “esto es una estupidez y refleja la ideología kirchnerista de culpar de todo a las empresas ¿cómo podes intervenir una empresa para controlar sus inversiones si tenes tarifas congeladas?” y sentenció: “cada día me sorprende más lo inútil que puede ser Sergio Massa, un desastre”.

En tanto el trotskista Gabriel Solano (PO) concluyó aseverando que “el anuncio del gobierno sobre Edesur es puro humo. Ya tenía veedores en la empresa y no sirvieron para nada. Hay que echar a Edesur y administrarla de modo independiente al propio Gobierno”.

En medio de los cortes de luz que afectan a miles de usuarios, el interventor del Ente Regulador de Energía, Walter Martello, opinó que el Estado “tendría que tener el control de las empresas de energía”, algo a lo que salió a responder duramente la diputada Jimena Latorre (UCR).

“Martello nos trae una idea muy original para el kirchnerismo, justo el Día de los Enamorados, ya que son enamorados del déficit y la pésima administración del Estado”, ironizó la mendocina.

La radical señaló que la propuesta del funcionario consiste en que “la distribución de más de 2,5 millones de usuarios de AMBA esté en manos de una empresa del Estado y pase a engrosar el listado de las ‘eficientísimas’ empresas a las que financiamos todos los contribuyentes, vía fondos del Tesoro”.

“Mientras tanto, Flavia Royón no sabe si tiene que bajarle el precio a Edesur para autorizar la cesión para quienes le indique Sergio Massa o, cómo propone Mantello, llevar adelante la estatización de YPF al estilo (Axel) Kicillof que de salir ‘cero pesos’ pasó a costarnos millones de dólares”, advirtió la legisladora.

Por último, agregó: “Declarar la caducidad con una ruptura sistemática de los contratos de concesión por parte del Estado es una constante durante todas las gestiones kirchneristas, y solo tienen como resultado juicios millonarios perdidos que, obviamente, ellos no pagan de su bolsillo” y pidió al Gobierno que “no rompan nada más”.

La diputada nacional Jimena Latorre (UCR-Mendoza) participó este jueves de la audiencia pública convocada por el ENRE para tratar los regímenes tarifarios de transición en 2022.

En su exposición, la legisladora planteó una serie de interrogantes y algunas reflexiones “en función de los datos y declaraciones, dispersión, improvisación e incoherencias de los funcionarios de la cartera”.

En su primer planteo, Latorre hizo referencia a los subsidios para la tarifa eléctrica y cuestionó: “¿Son conscientes que si seguimos en este sendero en diciembre vamos a alcanzar los niveles de subsidios de 2015?”.

Sobre ello, puntualizó: “En 2015 los subsidios cubrían el 88% del precio de la energía para un residencial. En 2019 se bajó a un 22%. Hoy, según la programación provisoria de CAMMESA, un residencial solo paga el 19% del costo de generación, es decir el 81% es cubierto por subsidios”.

Luego, se preguntó si “¿en serio van a plantear como ‘circunstancias exógenas’ asimilables a la sequía, la inflación y el atraso cambiario?”. “Los subsidios crecen a un ritmo del 140% interanual por la decisión política de congelar el precio con una inflación anual superior al 50%”, señaló.

“Si no pueden dar precisiones sobre las principales variables macroeconómicas desde las carteras dependientes del Ministerio de Economía de la Nación, que por otra parte son las que están prometiendo y comprometiendo medidas de ajuste para una necesaria negociación con el FMI, ¿a quién se las pedimos? La economía energética está directa e íntimamente vinculada con la política económica. O en este Gobierno hay ‘dos políticas disociadas’: una que responde a las ideologías del subsecretario (Federico) Basualdo y al Instituto Patria y otra que responde al Ministro de Economía y las metas de reducción de gasto y del déficit”, lanzó la legisladora de Juntos por el Cambio.

Enfática, la opositora expresó que “el ministro del que dependen los funcionarios que abrieron esta audiencia, aunque lo desconozcan, envió un proyecto de Presupuesto al Congreso para 2022 y, por más que lo rechazamos, ha afirmado que será la pauta de gasto que seguirá para poder acordar con el FMI. Ese programa tiene un solo objetivo: la reducción de los subsidios energéticos”.

Entonces Latorre sostuvo: “¿Cuál es la pauta presupuestaria que debe cumplir el programa destinado al subsidio de la generación eléctrica? ¿Cuál es el aumento del precio estacional necesario para cumplir esa meta? ¿A cuánto ascenderían las partidas presupuestarias adicionales de no realizar aumentos?”.

“Si tomamos lo aquí expuesto, el aumento será entre el 17 y 20% en las tarifas del AMBA. Pero reconocieron que en 17 provincias del interior el aumento en 2021 fue del 23% promedio y lo corrijo, fue del 30% promedio, mientras que en el AMBA fue del 9%. ¿Ese es el federalismo de este Gobierno? Los ciudadanos del interior pagamos las tarifas nuestras, los impuestos y la inflación para subsidiar las del AMBA”, cuestionó la mendocina.

Y le consultó a la interventora del ENRE, María Soledad Manín, “¿cuándo van a realizar las revisiones tarifarias que ordena realizar la Ley de Emergencia 27.541 de diciembre 2019? ¿Cuándo comenzará la renegociación de contratos que su Gobierno volvió a romper a partir del congelamiento y que expone al Estado Argentino y a los usuarios a un enorme pasivo contingente frente a las empresas por incumplimiento de contratos? ¿No le da vergüenza la indignidad de ocupar un cargo vacío de funciones, ilegítimo y sin absolutamente ningún resultado a dos años de una tarea que le encomendaron por 180 días?”.

En referencia a la segmentación tarifaria, Latorre se quejó de que se quedó “esperando la exposición del subsecretario Basualdo que después de dos años de vagancia e inoperancia terminó encontrando la solución en un GPS, un criterio de georreferencia, obsoleto y no utilizado en ningún otro país del mundo. Que ese 10% de los usuarios del AMBA, unos 487 mil usuarios que representan el 4% de la población total, soporten aumentos tarifarios muy por encima de la inflación representa un ahorro entre 200/500 millones de dólares de las 7.200 millones de dólares que destinaron a subsidios eléctricos en 2021”.

“Esta audiencia es una puesta en escena, una falta de respeto a la ciudadanía. Los funcionarios se limitan a leer saludos vacíos de contenidos, la información publicada carece de datos que permitan un análisis serio, no hay informes del Ente que debería ser técnico y no político, y menos que menos planificación que permita ver un sendero de recuperación de las cuentas públicas y la balanza comercial energética”, finalizó la diputada.

La diputada nacional Jimena Latorre (UCR) solicitó a la Auditoría General de la Nación (AGN) que controle la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial y legal de las intervenciones en el Ente Nacional Regulador de Energía Eléctrica (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

Entre los fundamentos del pedido de informes se mencionan como “hechos relevantes” los numerosos cortes del suministro eléctrico que ha sufrido la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense (en áreas de concesión de EDESUR y EDENOR) en reiteradas oportunidades, particularmente durante los días del mes de enero, incluyendo un apagón masivo ocurrido el día 11 de enero de 2022. “Esto resulta alarmante: ha habido miles de ciudadanos afectados y privados de un servicio esencial como es la electricidad”, apuntó la legisladora.

La mendocina enfatizó que “llama la atención la falta de información disponible para la ciudadanía en materia de las intervenciones dispuestas, situación que se profundiza ante la confusión que generan las nuevas prórrogas de dichas intervenciones, las cuales entendemos, distan de encontrarse lo suficientemente fundadas legalmente y con resultados positivos a la vista. Por el contrario, los hechos parecen hablar por sí solos y los apagones en la provincia de Buenos Aires y la CABA ponen de manifiesto la necesidad de contralor efectivo que requieren actualmente las empresas distribuidoras eléctricas y del cual no parece haber eco alguno por parte del ente regulador”.

“La intervención del ENRE y del ENARGAS se inicia a partir de una norma de emergencia pública legalmente cuestionable y sujeta a continuas prórrogas. Las intervenciones por Decreto N° 871/2021 se encuentran actualmente vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022, sin mediar autorización por ley de dicha excepción al plazo de intervención original y estando aún algunos de los directores elegidos por el proceso que marca la ley en un limbo jurídico, en el caso de ENARGAS, suspendidos sin goce de haberes. Esta situación es a todas luces completamente irregular”, sostuvo la radical.

En el pedido de informes se requiere, en particular, realizar auditorías financieras, de legalidad, de gestión, exámenes especiales de las jurisdicciones y de las entidades bajo el control de los entes reguladores, así como las evaluaciones de programas, proyectos y operaciones. También examinar y emitir dictámenes sobre la memoria y los estados contables financieros de los entes, indicando la evolución contable financiera en relación al estado anterior a la intervención, destacando en particular los costos de operaciones internas y externas (contrataciones por medio de universidades, profesionales independientes, y otros).

Por otra parte, se solicita verificar el nivel y evolución salarial y patrimonial de los funcionarios públicos de los entes (interventor y gerentes) y el cumplimiento de información sobre aquella a la Oficina Anticorrupción; verificar el funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de ambos organismos y establecer qué inconvenientes se subsanaron y cuáles persisten sobre la base de lo señalado en sus informes; establecer cuál es la situación legal de los directores con mandatos vigentes, suspendidos sin goce de haberes de sus funciones sin fundamento alguno; analizar la evolución y los perfiles y tareas desempeñadas de los empleados que componen la planta de personal permanente y temporaria de los entes en la actualidad, efectuando análisis comparativo con el estado de situación anterior al dictado de la intervención.

También se incluye auditar los procedimientos de multas remanentes de la revisión tarifaria integral (RTI) y su tratamiento en la Revisión Tarifaria Transitoria; establecer los fundamentos técnicos de los criterios de incrementos tarifarios realizados por las intervenciones de ambos organismos; brindar detalle de las auditorías e inspecciones realizadas desde el comienzo de las respectivas intervenciones y detallar y cuantificar los potenciales reclamos pecuniarios de las empresas concesionarias por la interrupción de la RTI y la puesta en marcha de la RTT.

El ENRE, organismo autárquico en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Desarrollo Productivo, fue creado con el objeto de regular y fiscalizar la prestación del servicio de distribución y transporte eléctrico, ambos elementos esenciales en la prestación de los servicios públicos. Tiene por función controlar que las empresas del sector eléctrico nacional cumplan con las obligaciones establecidas en el Marco Regulatorio (Ley N°24.065) y en los Contratos de Concesión, velando por el buen funcionamiento de las redes de distribución (circunscripta al Área Metropolitana de Buenos Aires) y el transporte eléctrico. “La acción del ENRE resulta fundamental para la prevención de apagones y problemas energéticos generados por las empresas prestadoras de servicio eléctrico, como actualmente ocurre en la Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano de la provincia de Buenos Aires”, argumentó en los fundamentos Latorre.

Por su parte, el ENARGAS es un organismo autárquico creado mediante la Ley N°24.076 en el año 1992. Se encuentra en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación, y cumple con las funciones de regulación, control, fiscalización y resolución de controversias, que le son inherentes en relación con el servicio público de transporte y distribución de gas en la República Argentina.

El proyecto fue acompañado por sus pares Mario Negri, Juan Manuel López, Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Soledad Carrizo, Ximena García, Karina Banfi, Francisco Monti, Mario Barletta, Roberto Sánchez, Lidia Ascárate, Juan Martín, Roxana Reyes, Ricardo Buryaile, Gabriela Lena, Jorge Vara, Pedro Galimberti, Marcela Coli, Marcos Carasso y Gerardo Cipolini.

La diputada nacional por Mendoza Jimena Latorre participó de la audiencia pública convocada por el ENRE para debatir sobre la adecuación tarifaria de transición en 2021, donde destacó “la falta de expertise técnica” en el Informe de Auditoria 2020, que “contiene información incompleta y desordenada, donde es notoria la falta de intervención del cuerpo técnico regulatorio y técnico jurídico pero si hay abuso de argumentos políticos en los informes y con una pobrísima solidez para fundamentar”. 

Luego destacó que “éste avasallamiento institucional y normativo empezó con la Ley de Emergencia 27.541 y la declaración de Emergencia Energética”. 

En cuanto a la intervención, Latorre afirmó: “Ha excedido los plazos, sin mostrar resultados, para llegar así a las próximas elecciones con tarifas congeladas. No es más que una politización de los Entes que fiel al relato populista esconde la realidad sólo para ‘contener’ al votante”.  

En ese sentido, se refirió a que la intervención “desconoce” los principios regulatorios y tarifarios consagrados la Ley 24.065 y desconoce la teoría de las nulidades administrativas y es por ello que sugiere la nulidad de la RTI llevada a cabo en 2016, como así también de los nombramientos del directorio anterior, designado por concurso.  

“Pero lo más grave aquí es que no existe informe final del Ente y no podemos analizar si lo que solicitan las distribuidoras está bien o mal, básicamente porque la intervención del Ente no sabe o no quiere determinar cuánto es lo necesario para que las transportistas y distribuidoras puedan prestar un servicio público esencial en condiciones de eficiencia y accesibilidad”. 

Por otra parte, Latorre destacó que: “La energía eléctrica de la argentina deriva en un 60% de hidrocarburos, el valor de producción de esa energía y el nivel de subsidios de la misma aún no se ha decidido por el Poder Ejecutivo y tendrán impacto en los segmentos regulados de la tarifa. Tras haber perdido el carácter técnico y autárquico este ente regulador, es entendible que su interventora esté a la espera de la decisión política de cuáles son los números. Por lo tanto no podemos esperar de esta audiencia más que otra puesta en escena vacía de contenido y de definiciones regulatoria”.  

En este escenario de incertidumbre y ‘transición’ ha trascendido la venta del paquete accionario mayoritario (55,14%) de la Distribuidora EDENOR de Pampa Energía a Edelcos, sociedad de los empresarios Manzano, Vila y Filiberti. Para Latorre “es importante conocer el proceso de cesión, si se contempla el desistimiento por parte de los grupos económicos intervinientes (comprador y vendedor) de reclamos y/acciones en contra del Estado Argentino en tribunales locales y/o internacionales, de forma de liberar al Estado Nacional de contingencias legales futuras; y cuál es la rentabilidad garantizada a los pretendidos cesionarios, en el marco de un proceso de re determinación de tarifas y renegociación de contratos vigentes, recientemente iniciado”. 

“Me extraña que empresarios, que en mi provincia son accionistas mayoritarios de EDEMSA, quieran comprar el paquete accionario mayoritario de otra distribuidora que tampoco retira dividendos y se encuentra en un estado de incertidumbre total acerca de la rentabilidad. Quizá sea mal pensada, o el nivel de altruismo de algunos empresarios argentinos los hace propensos a rescatar empresas deficitarias concesionarias de servicios regulados”. 

“También puede pensarse un escenario en que esas empresas no sean deficitarias, en el que las deudas de éstas empresas quedarán alcanzadas por el ‘Régimen Especial de Regularización de Obligaciones’ que consagró el art. 87 de la LP 2021. Y de tal forma los $18.000 millones que EDENOR le debe a CAMMESA por la energía cobrada a los usuarios y no pagada a la Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista quedarán licuados en un acuerdo discrecional que la misma Ley dejó en manos del Secretario de Energía de la Nación”. 

“Como argentina me preocupa la arbitrariedad y discrecionalidad de la intervención de un Ente que ha perdido su capacidad técnica, los daños emergentes de políticas populistas que significarán subsidios anárquicos, discrecionales e insostenibles en un Estado sin recursos, el deterioro del servicio y la desinversión en infraestructura que significará restricciones e impedimentos para la producción y el desarrollo y por supuesto el daño futuro que estas medidas significarán en juicios millonarios que lamentablemente no pagan los decisores políticos sino todos los contribuyentes argentinos”.  

“Como mendocina, me preocupa que una vez más la fiesta de subsidios para mantener el voto del AMBA a costas del interior productivo y la clase media”. 

Los diputados nacionales Jimena Latorre y Alfredo Cornejo, presentaron un pedido de informe por el cual instan al Poder Ejecutivo Nacional a responder en forma precisa y detallada sobre la situación actual de los Entes Reguladores intervenidos ENRE y ENARGAS, las revisiones tarifarias y las renegociaciones de contratos a las que los facultó la Ley 27.541, los congelamientos tarifarios y en particular sobre el procedimiento de aprobación de la venta del paquete accionario mayoritario de Edenor. El pedido cuenta con el amplio apoyo de diputados de Juntos por el Cambio.

El DNU 1020/2020 dispuso el inicio de una renegociación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural que estén bajo jurisdicción federal. El plazo de la renegociación dispuesta no podrá exceder los dos años desde la fecha de entrada en vigencia de la medida, hasta entonces quedan suspendidos los acuerdos correspondientes a las respectivas revisiones tarifarias integrales con los alcances que en cada caso determinen los entes reguladores, atento existir razones de interés público.

“El Poder Ejecutivo aprovechó esta norma limitada y de excepción para incorporar delegaciones de facultades no incluidas en la ley original, evadiendo así el correspondiente tratamiento legislativo” sostuvo la diputada Latorre y agregó: “El marco regulatorio eléctrico permite la realización de Revisiones Tarifarias extraordinarias, la intervención y el apartamiento de la normativa vigente no tuvo ni tiene fundamento alguno más que acrecentar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para inmiscuirse en los Entes de control que deben ser técnicos y autárquicos, no políticos y funcionales. Pero lo que es peor, ni aún así han cumplido con la manda que la Ley 17.541 les impuso.”

El proceso de renegociación de las RTIs cuyo inicio declara el DNU 1020/20 significa reabrir la renegociación de las licencias y concesiones iniciada en 2001 desconociendo los acuerdos alcanzados inicialmente, suspendiéndolos hasta que sean reemplazados por otros. Esta situación abre contingencias legales tanto en estrados nacionales como internacionales para el Estado Nacional de monto incierto y de afectación cierta al patrimonio público.

Para los diputados, con estas medidas el Poder Ejecutivo Nacional apela a una tríada que ya mostró su fracaso: congelamientos tarifarios que se suceden;  intervención administrativa sine die de entes reguladores; y demoras injustificadas en la celebración de los acuerdos de renegociación y luego de su implementación.

“Es preocupante y amerita nuestro pedido de informe, que ante este escenario de incertidumbre y descalabro institucional se pretenda aprobar la cesión del paquete accionario mayoritario de la concesionaria EDENOR, una de las dos distribuidoras de servicio eléctrico de competencia federal, de cuya prestación dependen millones usuarios en la CABA y Gran Buenos Aires”, afirmó Alfredo Cornejo.

Para los diputados, tanto el Ente de Control como el Poder Ejecutivo Nacional deberán explicar cuál es la propuesta de los pretendidos cesionarios, dar las instancias de participación ciudadana a los usuarios para que conozcan los antecedentes de quienes estarán a cargo de un servicio público esencial. Señala el pedido de informe que “no es claro para ningún ciudadano usuario de servicios públicos y tampoco para éste cuerpo legislativo con facultades de control, cuál es el interés de un grupo empresario que en un contexto de congelamiento tarifario y renegociación de contratos de concesión, pretende justamente controlar una empresa como Edenor, fuertemente endeudada y según esos mismos empresarios deficitaria. En otras palabras, quién invertiría a ciegas sin saber cuál será la tarifa de los próximos años y particularmente cuál será la rentabilidad que reconocerán esos nuevos contratos que el Poder Ejecutivo autoriza renegociar”.