A través del DNU 580/2026, el Gobierno reformó el esquema de transporte de gas natural, eliminó un régimen heredado de la crisis de 2002 y estableció un precio unificado para la capacidad del Gasoducto Perito Moreno. La medida busca dar previsibilidad a las inversiones y acelerar las obras de ampliación de la infraestructura energética.
El Gobierno nacional avanzó con una reforma del sistema de transporte de gas natural al establecer un nuevo esquema tarifario para las obras de ampliación de la infraestructura y eliminar mecanismos vigentes desde la crisis económica de 2002.
La medida fue oficializada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 580/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, en el marco de la emergencia energética y en momentos de máxima exigencia para el sistema por el aumento de la demanda provocado por las bajas temperaturas.
Según argumentó la administración de Javier Milei, el objetivo es corregir distorsiones regulatorias, otorgar mayor previsibilidad a las inversiones y garantizar reglas de funcionamiento más homogéneas para el mercado del gas.
Entre los principales cambios, la norma deroga el Decreto 689/2002, una disposición dictada durante la crisis económica que había excluido a las tarifas de transporte de gas destinadas a la exportación y a determinados contratos de compraventa del régimen de pesificación, permitiendo que mantuvieran valores expresados en moneda extranjera.
El nuevo esquema pone especial foco en el Gasoducto Perito Moreno (GPM), una infraestructura clave para el transporte de gas desde Vaca Muerta hacia los principales centros de consumo del país.
De acuerdo con el DNU, una vez que entren en operación las obras de ampliación del ducto —particularmente en el tramo que conecta Tratayén, en Neuquén, con Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires— todos los cargadores deberán abonar un precio único por la capacidad de transporte.
Ese valor surgirá de un promedio ponderado entre el precio correspondiente a la capacidad actualmente contratada y el valor que resulte de la nueva capacidad incremental, que será adjudicada mediante una licitación pública para las obras de expansión propuestas por Transportadora de Gas del Sur (TGS).
Con el fin de evitar incrementos abruptos en los costos para los usuarios del sistema, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) quedó facultado para implementar un mecanismo de transición que permita converger gradualmente desde las tarifas vigentes hacia el nuevo precio unificado.
La iniciativa forma parte de un proceso más amplio de reordenamiento del mercado gasífero que comenzó a regir el 1° de mayo de este año. En los fundamentos de la medida, el Gobierno sostuvo que resulta necesario “dotar de inmediata certeza y estabilidad a las relaciones jurídicas vigentes”, con el propósito de evitar perjuicios económicos y reducir el riesgo de paralización de inversiones privadas en el sector.
La reforma fue anunciada en un contexto de fuerte presión sobre el sistema energético, que en los últimos días obligó a interrumpir el suministro de gas a estaciones de servicio e industrias para priorizar el abastecimiento residencial ante la ola de frío. En ese escenario, el Ejecutivo apuesta a acelerar las inversiones en transporte y ampliar la capacidad de evacuación del gas producido en Vaca Muerta, considerado uno de los principales activos estratégicos del país.
El Gobierno corrigió un error detectado en los cuadros tarifarios de Edenor y dispuso una suba en los valores aplicados al segmento General. Según explicó el ente regulador, se habían utilizado por equivocación precios subsidiados en lugar de los valores plenos de mercado al calcular las tarifas vigentes desde junio.
El Gobierno nacional corrigió los cuadros tarifarios de Edenor luego de detectar un error en la aplicación de los precios de la energía para un segmento de usuarios que no recibe subsidios. La modificación fue oficializada mediante la Resolución 233/2026 del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE), publicada este lunes en el Boletín Oficial.
La medida busca subsanar una falla técnica que afectó el cálculo de las tarifas eléctricas vigentes desde el 1° de junio. Según precisó el organismo regulador, al confeccionar los valores correspondientes al sistema de medición autoadministrada de la categoría General se utilizaron, de manera incorrecta, precios estacionales de energía y potencia con subsidio, cuando debían haberse aplicado los valores plenos.
El error tuvo origen en la Resolución 26/2026 y fue calificado por el ENREGE como un “error material”. Bajo esa figura, el organismo avanzó con la rectificación amparándose en la normativa de procedimientos administrativos, que permite corregir errores aritméticos o de hecho sin alterar el espíritu de la decisión original.
Como consecuencia de la corrección, se actualizaron los precios de la energía expresados en pesos por kilovatio hora (kWh) para los distintos segmentos de la Tarifa General. Los nuevos valores reflejan el reemplazo de los montos subsidiados por los precios que efectivamente debían haberse aplicado desde un principio.
De acuerdo con la resolución, los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:
La corrección se suma a las actualizaciones tarifarias ya previstas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Durante junio, las tarifas eléctricas registraron un incremento promedio del 1,5%, porcentaje que volvió a aplicarse en julio como parte del esquema de actualización impulsado por el Gobierno.
En paralelo, la administración nacional mantuvo mecanismos de asistencia para los usuarios alcanzados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). En junio se estableció una bonificación extraordinaria del 11,97% sobre el consumo base de hasta 300 kWh mensuales para los hogares beneficiarios, mientras que para julio ese descuento fue elevado al 16,59%.
Según explicó el Ejecutivo, estos porcentajes sustituyen los que habían sido fijados inicialmente para ambos meses y buscan amortiguar el impacto de las facturas durante el período de mayor demanda energética derivado de las bajas temperaturas. La corrección aplicada a Edenor, en tanto, apunta a alinear los cuadros tarifarios con los valores de mercado previstos para los usuarios que no cuentan con asistencia estatal.
El Gobierno habilitó la venta del 50% de CITELEC por más de US$356 millones. El control de la mayor red de alta tensión queda en manos de un nuevo consorcio, con aval regulatorio y bajo condiciones de competencia.
El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) autorizó a Energía Argentina S.A. (ENARSA) a desprenderse de la totalidad de su participación en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (CITELEC), en una decisión que redefine la estructura de control sobre el sistema de transporte de energía en alta tensión en el país. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 130/2026, publicada en el Boletín Oficial.
La operación, adjudicada a las firmas Edison Transmisión y Genneia, asciende a US$356.174.811,78 y marca el ingreso de un nuevo actor privado en un segmento estratégico del sistema eléctrico. El paquete transferido representa el 50% del capital social de CITELEC, la sociedad que controla Transener —principal transportista de energía eléctrica en alta tensión— y Transba, encargada de la red troncal en la provincia de Buenos Aires.
La adquisición se canalizó mediante Transmisión Eléctrica Sociedad Anónima (TESA), vehículo societario creado específicamente para la transacción y conformado en partes iguales por Edison Transmisión y Genneia. Mientras Edison pertenece a un holding internacional con presencia en infraestructura energética, Genneia se posiciona como uno de los principales jugadores locales en generación renovable, lo que introduce un componente adicional en la integración del sector.
Antes de convalidar la operación, el ENReGE evaluó su encuadre dentro de las restricciones a la integración vertical y horizontal establecidas por la Ley 24.065, que regula el mercado eléctrico. El punto crítico era la participación previa de los compradores en generación y distribución. Sin embargo, el regulador concluyó que no existe violación normativa: la participación adquirida no implica control exclusivo, ya que el 50% restante de CITELEC continúa en manos de Pampa Energía, lo que impide la conformación de un accionista mayoritario con dominio unilateral.
El dictamen oficial también subrayó que el diseño regulatorio vigente actúa como contención frente a eventuales conductas anticompetitivas. En ese sentido, remarcó tres mecanismos centrales: la obligación de libre acceso a la red de transporte para todos los actores del mercado, la fijación estatal de tarifas —que elimina la posibilidad de precios discriminatorios— y el control público de las expansiones del sistema, que requieren aprobación previa y audiencias públicas.
La venta se inscribe en el marco de una licitación pública impulsada bajo los lineamientos de reforma del Estado definidos en las leyes 23.696 y 27.742. Con la resolución del ENReGE, se cumple una de las condiciones regulatorias clave para avanzar hacia el cierre definitivo de la operación.
Más allá del aspecto técnico, la decisión implica un nuevo paso en la reconfiguración del rol estatal en el sector energético, con un retiro parcial de posiciones accionarias y una mayor participación privada en áreas consideradas críticas para el funcionamiento del sistema eléctrico nacional.
El Gobierno aprobó los nuevos cuadros tarifarios para distribuidoras de gas natural y propano, con subas que alcanzan a usuarios de distintas regiones en el marco de la emergencia energética vigente hasta 2027.
El Gobierno nacional oficializó los nuevos cuadros tarifarios para las principales distribuidoras de gas natural y de propano indiluido por redes en todo el país, a través de una serie de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.
La actualización fue dispuesta por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) y forma parte del proceso de readecuación de costos en el contexto de la emergencia energética, que se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. El ajuste impacta en usuarios residenciales y comerciales de distintas regiones.
Entre los puntos centrales, las normativas establecen un nuevo esquema de precios para el gas propano indiluido por redes. Siguiendo lineamientos de la Secretaría de Energía, el organismo regulador fijó el valor de este insumo en el 60% del precio determinado por los mecanismos técnicos vigentes, con el objetivo de homogeneizar los costos en localidades que no cuentan con acceso al gas natural.
Asimismo, se mantendrá la obligación de detallar en las facturas las bonificaciones correspondientes al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), con el fin de garantizar que los sectores más vulnerables continúen recibiendo asistencia estatal.
Los nuevos cuadros entraron en vigencia tras su publicación oficial, aunque las distribuidoras deberán difundirlos durante al menos tres días en diarios de amplia circulación en sus áreas de concesión, para asegurar el acceso a la información por parte de los usuarios.
Nuevos valores por región
En la región Pampeana, los usuarios residenciales de bajo consumo (categoría R1) de Camuzzi Gas Pampeana afrontarán un cargo fijo de $13.034,97 y un valor de $361,63 por metro cúbico. En el sur del país, la actualización alcanza a Chubut, Santa Cruz y Neuquén, a través de Camuzzi Gas del Sur, HIDENESA y Distrigas.
En el Litoral, los clientes de Litoral Gas en Santa Fe tendrán cargos fijos desde $11.085,09 para la categoría inicial. En tanto, en Mendoza, la Distribuidora de Gas Cuyana estableció un valor de $399,97 por metro cúbico, con cargos fijos que ascienden a $17.890,82.
Por su parte, en el Noreste Argentino (NEA), Gas Nea S.A. aplicará tarifas diferenciadas según provincia, con valores que van desde $452,63 por metro cúbico en Corrientes hasta $502,93 en Formosa.