La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) presentó una denuncia penal contra la senadora nacional por Salta Flavia Royón, a quien acusa de la presunta comisión de delitos contra la administración pública en el marco de su desempeño como funcionaria y legisladora nacional. La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público Fiscal y solicita la apertura de una investigación federal.

Según el escrito, firmado por el presidente de la entidad, Enrique Viale, y patrocinado por varios abogados de la organización, Royón habría incurrido en conductas tipificadas en los artículos 256, 256 bis y 265 del Código Penal, referidas a negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y cohecho. La imputación, aclaran los denunciantes, no se dirige contra sus opiniones legislativas —protegidas por el artículo 68 de la Constitución Nacional— sino contra su actuación vinculada a intereses privados del sector minero.

La denuncia reconstruye la trayectoria de Royón en los últimos años, destacando que ocupó cargos clave en el área energética y minera tanto a nivel provincial como nacional. Fue secretaria de Minería y Energía de Salta, luego secretaria de Energía de la Nación durante la gestión de Alberto Fernández, más tarde secretaria de Minería bajo la presidencia de Javier Milei y, posteriormente, secretaria ejecutiva de la Mesa del Litio. Desde diciembre de 2025, se desempeña como senadora nacional.

De acuerdo con el planteo, en paralelo a esa carrera pública, Royón habría mantenido —o desarrollado— vínculos societarios y profesionales con empresas privadas del sector minero, en particular con la firma Zelandez, dedicada a la prestación de servicios tecnológicos e hidrogeológicos para proyectos de litio y otros minerales, y con la consultora Minenco SAS. La denuncia sostiene que integró el directorio de Zelandez y tuvo un rol relevante en Minenco, empresas que asesoran a compañías mineras con proyectos en zonas alcanzadas por la legislación ambiental.

El núcleo de la acusación se concentra en la actuación de la senadora durante el tratamiento y la votación del proyecto que modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial. Según los denunciantes, Royón impulsó activamente la reforma y votó a favor de la iniciativa sin excusarse, a pesar de que la modificación beneficiaría de manera directa o indirecta a empresas que son clientas de las firmas con las que ella estaría vinculada.

Entre los proyectos mencionados se encuentran emprendimientos de litio y cobre en Salta, Jujuy, Catamarca y San Juan, impulsados por grandes compañías internacionales. La presentación subraya que varios de estos desarrollos se ven actualmente limitados por la ley de glaciares vigente y que la reforma permitiría flexibilizar las restricciones en ambientes periglaciares, habilitando nuevas etapas de explotación.

La denuncia hace especial hincapié en un aspecto técnico del proyecto aprobado por el Congreso, que habilita la exclusión de determinadas geoformas del régimen de protección cuando estudios “técnico-científicos” concluyan que no cumplen funciones hídricas relevantes. Según los denunciantes, ese tipo de estudios coincidiría exactamente con los servicios que presta Zelandez, lo que configuraría un interés económico directo en el nuevo marco normativo.

Además, se plantea que Royón habría incumplido la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (Ley 25.188), que prohíbe a los funcionarios intervenir en asuntos en los que tengan intereses personales o vínculos recientes, y exige períodos de abstención o carencia. En ese sentido, la presentación remarca que la legisladora no se excusó del debate ni de la votación, pese a su cercanía temporal con cargos en el sector privado.

La Asociación también cuestiona una presunta omisión o irregularidad en la presentación de la declaración jurada patrimonial integral, obligación legal de los senadores nacionales. Según la denuncia, no surge de los registros públicos que Royón haya cumplido con todas las instancias formales exigidas por la normativa vigente, lo que refuerza —a criterio de los denunciantes— la sospecha de vínculos económicos no transparentados.

En el tramo final, el escrito solicita una serie de medidas de prueba, entre ellas pedidos de información a organismos públicos, requerimientos a registros societarios, informes a la AFIP y al Senado, y allanamientos en sedes de las empresas mencionadas. La entidad reclama que se instruya el sumario correspondiente y se investigue la eventual existencia de un concurso de delitos contra la administración pública.

La presentación quedó ahora en manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá analizar la admisibilidad de la denuncia y resolver si corresponde avanzar con la investigación.

Después de venir cuestionando públicamente el método de inscripción a la audiencia pública, el abogado ambientalista Enrique Viale acusó a la senadora nacional Flavia Royón de “tener una consultora que asesora a Río Tinto”. Luego, anunció que este jueves 26 irá a denunciarla penalmente bajo la acusación de “incompatibilidad en la función pública para que se investigue el cohecho”.

El letrado es el titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y hace unos días participó del Observatorio junto a legisladores de la oposición. Desde hace varios días viene cuestionando el mecanismo de intervención en las audiencias públicas por la modificación a la Ley de Glaciares: “En esta farsa de audiencia pública tuve siete controles para llegar hasta acá y solo participa el 0,3% de los inscriptos”.

Reiteró que se trata de “la audiencia pública más loca del mundo” y trajo a colación una serie de argumentos que según Viale fueron explicados en varios obras literarias redactadas por ambientalistas: “Esto erosiona la democracia, pero el extractivismo es así porque a más extractivismo, menos democracia”. Luego, volvió a repetir que “101 mil personas quedaron afuera”.

En medio de cruces fuera de micrófono con la bancada libertaria, Viale ironizó: “No les pedimos que se ‘deslomen’, pero estírenla quince días porque podrían haber ido a las provincias a escuchar a la gente”. Luego, agregó que “lo peor de todo es que nos plantean que esta ley viene a impulsar la minería… pero la Ley de Glaciares tiene un inventario hecho por la ciencia que es lo que quieren destruir”.

Para Viale, el marco normativo que lanzó el Consejo de Mayo y avaló el Gobierno nacional , establece que las decisiones respecto a los glaciares y las zonas periglaciares las define “un funcionario de tercer nivel para poder ser destruido”. “El IANIGLA cubre el 0,21% del territorio continental argentino y esta reforma esta hecha a medida de grandes trasnacionales mineras”, acusó.

Enumeró también que -señalando a los diputados de La Libertad Avanza- que “ustedes están trabajando para Vicuña quien se reunió dos veces con el presidente (Javier Milei) y que es de BHP, la que hizo el desastre en Brasil donde se rompió el dique y arrasó un pueblo entero”. Mientras continuaba su exposición en el Anexo C de la Cámara baja, reiteró que “Vicuña consume dos litros por segundo durante 30 años”.

Enumeró también que -señalando a los diputados de La Libertad Avanza- que “ustedes están trabajando para Vicuña quien se reunió dos veces con el presidente (Javier Milei) y que es de BHP, la que hizo el desastre en Brasil donde se rompió el dique y arrasó un pueblo entero”. Mientras continuaba su exposición en el Anexo C de la Cámara baja, reiteró que “Vicuña consume dos litros por segundo durante 30 años”.

También mencionó a Glencore, BlackRock (Estados Unidos), el Proyecto Mara y Río Tinto. A partir de esto, lanzó las acusaciones contra la legisladora que responde a la Gobernación de Salta: “Ustedes saben que hay una senadora de Salta que representa a las mineras, Flavia Royón”. Y cargó: “Tiene una consultora que asesora a Río Tinto que es una de las principales beneficiadas por esto”. Agregó por ello que “mañana la estamos denunciado penalmente por  incompatibilidad en la función pública y que se investigue el cohecho”.

En el final, señaló a José Peluc, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y le consultó: “¿Usted tiene relación con proveedores mineros?”. Agregó que “esto tiene nombre y apellido”; reiteró que irá a la justicia; y cerró: “la Ley de Glaciares no se toca”.

Las explicaciones de Royón

Generado el revuelo por las acusaciones, parlamentario.com se puso en contacto con fuentes del Senado, desde donde dejaron trascender que la consultora en cuestión es Zelandez. Una alta fuente reveló a este medio que Royón prestó servicios, efectivamente, pero renunció el 9 de diciembre del 2025, antes de ocupar la banca en la Cámara alta.

Zelandez se presenta como “una empresa autosuficiente, rentable y con infinito potencial”. Además, está el boletín informativo en la web que presentó a la actual senadora en julio del 2024 luego de pasar por la Secretaría de Energía -durante el gobierno del Frente de Todos- y de Minería en el primer año de Milei. En el portal la presentaban como una funcionaria con “ conocimiento del sector minero de litio argentino  conocimiento del sector minero de litio argentino”.

Como funcionaria de los últimos dos gobiernos, Royón fue varias veces a Diputados.

La senadora salteña responde al gobernador Gustavo Sáenz y ha conformado el monobloque "Primero los Salteños". Es vocal de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles; y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, entre varias más.

Minutos después, la senadora nacional hizo referencias al anticipo de Enrique Viale y deslizó: "Las afirmaciones respecto a una supuesta asesoría a Río Tinto carecen de sustento probatorio. La senadora no posee vínculo alguno con dicha empresa". Y concluyó: "Si el doctor Viale cuenta con pruebas, que las presente".