La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente, que preside el diputado de Coherencia Carlos D’Alessandro, retomó este martes el debate de un tema de vieja data: la creación de una ley de envases. Así, se trabaja sobre la base de un proyecto de ley del diputado Guillermo Snopek, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Envases.

A su vez, hay cinco proyectos a la vista para considerar en el debate, pertenecientes a Pamela Calletti, Gisela Marziotta, Carlos D’Alessandro, Maximiliano Ferraro y Natalia Zaracho.

Al cabo de la exposición de una veintena de invitados, el presidente de la comisión reconoció que este es un debate que lleva entre 25 y 30 años, sin un resultado eficiente. Agradeció el trabajo de todos, especialmente el de los asesores y los diputados Zaracho, Snopek y Ferraro y garantizó que “vamos a tratar de buscar el consenso y lograr el dictamen para si es posible lograr el tratamiento en el recinto para que esta ley salga al menos de Diputados”.

Y despidió a todos pidiéndoles “que se queden tranquilos que esto no va a dormir en un cajón”, e insistió en que “se va a trabajar lo más rápido posible, intentando conseguir los consenso con mis colegas para que antes de fin de año se pueda trabajar en la sesión.

El primer expositor fue Manuel Frávega, presidente Departamento Ambiente de la UIA, quien señaló que vienen trabajando en la búsqueda de un consenso respecto de lo que debería considerar un proyecto de ley de envases. El empresario anticipó en ese sentido que remitirían los puntos alcanzados a todos los integrantes de la comisión, fruto del trabajo de todas las cámaras del sector.

Puntualmente dijo que apoyan el proyecto de D’Alessandro por el proceso realizado para llevarlo a cabo, porque “recoge el espíritu necesario de gradualidad que la situación socioeconómica demanda. Apunto además que ese es el único proyecto que cumple con los 14 puntos de consenso de la UIA.

La licenciada Florencia Canzonieri, directora ejecutiva de la industria de bebidas sin alcohol, CADIBSA, señaló que las empresas del sector ya vienen trabajando en puntos que tienen que ver con la sustentabilidad y el cuidado del ambiente: vienen usando envases reciclables, plástico, vidrio, tetra, aluminio, también resina reciclada en los envases. También vienen desarrollando acciones de recupero de envases, separación en origen, cosas que consideró fundamental para hacer ese circuito exitoso.

“La industria está en una baja de volumen que viene desde hace años”, agregó, destacando que el sector tiene una alta carga tributaria, al punto tal que la mitad del precio de una gaseosa corresponde a impuestos. Se quejó también de las leyes provinciales vigentes, ante lo cual consideró necesario contar con una ley de envases a nivel nacional para unificar los puntos de vista. Se mostró, en definitiva, de acuerdo con los puntos expuestos por la UIA.

A su turno, Manuel Matheu, de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral, dijo que ellos vienen trabajando en propuestas para leyes de envases. Habló de una situación crítica en ese sentido en la Argentina, donde no se ha logrado tener una ley, y hay más basurales a cielo abierto, contaminación de agua y suelo, emisiones, pérdida de valor económico y malas condiciones de trabajo.

A su juicio, una ley de envases debe tener tres elementos: en primer lugar hay que lograr que los envases que se colocan en el mercado sean mejores, que haya más material reciclado; en segundo lugar, que lo que ya está en el mercado se gestione. Apuntó en tal sentido que la mayor parte de eso viene de los recuperadores. Hay que establecer entonces, dijo, cómo se articula esto con el trabajo de los municipios y es necesaria una ley de responsabilidad extendida.

Como tercer punto, habló de “promover una cadena de valor virtuosa, que genere que esos envases sean valorizados, porque sino vamos a recuperar los envases para volverlos a enterrar”.

Para los proyectos en danza, aclaró que el tema del cobro de  una tasa es algo que se ha discutido mucho, pero no es el punto central. La primera opción de los sistemas tiene que ser hacer una ley versátil, precisó, que permita otras opciones: tiene que darle a las empresas la posibilidad de optar, hay sistemas prvados, mixtos; “también es cierto que hay lugares donde a las empresas no les va a ser rentable ni eficiente ir a buscar los envases. El sistema público puede llegar a ser la opción en esos casos”, estimó. Por otra parte, hace falta resolver cómo se incorporan los recuperadores en este esquema. “Hoy el material que se recupera está a cargo de las cooperativas y los recuperadores independientes. “Si ellos no participan, el sistema va a ser peor”, advirti´.

Por último,  pidió establecer cómo se van a distribuir las metas, la trazabilidad, y abordarlo con más detalle.

Verónica Ramos, directora de Ecoplas, pidió “no demonizar el material plástico, sino gestionar de manera eficiente su ciclo de vida. El mayor desafío está en la gestión de su vida útil”. Habló de diseñar más envases reciclables, y contó que ellos crearon la primera certificación del país para que las empresas puedan certificar y prepararse para el modelo que viene. “La lanzamos hace 2 años y tenemos 8 empresas certificadas. Hay mucho por hacer y esta ley va a potenciar este mercado”, comentó, señalando en otro pasaje que “nos oponemos a la figura de percepción anticipada que figura en el cuarto artículo del proyecto de Snopek; no hay antecedentes internacionales que la respalden. Podría hacer inviable la aplicación de la ley”.

A su turno, la doctora Laura Díaz Roig, coordinadora ambiental de la Municipalidad de Formosa, se comunicó por Zoom para señalar que el plástico se introdujo en materia de envases como una salvación y terminó siendo el principal problema a la hora de tratar los residuos. Advirtió entonces sobre “el desastre que estamos provocando en el sistema”.

Resaltó lo hecho en su provincia en materia de gestión ambiental de envases, como la instalación de una planta de residuos urbanos, con la que pudieron pasar de un basural a cielo abierto a un centro ambiental. Así, 150 personas que antes trabajaban en el basural, hoy son operadores en el centro, y  pudieron obtener datos que son muy difíciles en materia de residuos, ya que es muy difícil procesar esa información en la materia. “Estos datos nos permiten saber dónde estamos parados”, dijo, detallando que el 68,9% corresponde a residuos domiciliarios. “Más del 70% de la basura que tratamos en el centro ambiental es consecuencia directa del consumo”, apuntó. Respecto de la composición de los residuos recuperados, el 47% de lo recolectado en 2024 corresponde a envases, incluyendo vidrio, plástico y latas, cartón. Casi el 50% de los residuos reciclables son envases.

En representación de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, Matías Capoblanco trazó la situación “compleja” que atraviesan los recicladores urbanos, en el marco de un contexto en el que se ha resentido mucho la actividad. “Hay un montón de gente laburando en basurales… Estamos en un contexto de crisis económica y social en la que no cobran con plata, sino que cobran con la sustancia que venden los narcos en el basural”, denunció. Dijo además que “el laburo de los cartoneros se está cayendo a pique”, y se preguntó “qué va a pasar si no hay cartoneros. ¿De qué van a vivir y quién se va a llevar el material?”.

Participaron también de la jornada Renata Santa Cruz Carauni, de Política Ambiental y Sustentabilidad de la COPA; el ingeniero José Luis Piccone, director ejecutivo de Cairplas (Cámara de Industria del Reciclado Plástico); Daniel González Blanco, de Relaciones Institucionales de Alpek Polyester; Nicolás Pell Richards, Reciclar SA Empresa de reciclados plásticos; Mercedes Pombo, Jóvenes por el Clima; Consuelo Bilbao, directora Política del Círculo de Políticas Ambientales; Carlos Briones, presidente Fundación Banco de Plásticos, y Giselle Elizabeth Munno Dithurbide, FARN, entre otros.

Esta última advirtió que “estamos en un momento crítico para el presente y el futuro de la Argentina en materia ambiental. Mäs de 5.000 basurales a cielo abierto se encuentran activos en el país, generando impacto severo en la salud pública, el ambiente y el clima. Estos basurales liberan principalmente gas metano, un gas de efecto invernadero 80 veces más potente que el dióxido de carbono en un período de 20 años y que contribuye de manera directa a la formación de ozono troposférico de la atmósfera, que es responsable además de un millón de muertes prematuras por causas respiratorias a nivel global”.

Advirtió que “este sistema colapsado está directamente vinculado a la producción y el consumo masivo de envases descartables, sobre todo plásticos. Desde 1990 el consumo de plásticos per capita en nuestro país se cuadruplicó, llegando casi a 43 kilos por persona por año”.

La  palabra de los diputados

Sobre el final de la reunión, el diputado Snopek consideró que se había dado con ese encuentro “un paso importante”, y recordó que lleva una década en la Cámara viendo cómo no logran ponerse de acuerdo para avanzar con una ley. “Creo que no hay que convencer a nadie, sino construir ese consenso”, señaló, agradeciendo a las autoridades haber dado la posibilidad de conseguir el escenario que habían logrado este martes.

El legislador jujeño contó que en su provincia tienen basurales a cielo abierto en las principales ciudades. “En la Quebrada de Humahuaca hubo un crecimiento sostenido del turismo, pero cuando sopla el viento norte aparecen todos los plásticos. Por último, abogó por dar el debate y conseguir un dictamen para llegar finalmente al recinto.

A su vez, Natalia Zaracho aclaró que “este no es el proyecto que nosotros presentamos, pero estamos dispuestos a discutirlo. La crisis ambiental que estamos viviendo hoy la sufren los sectores populares, los más pobres. Hoy entendemos que la vara está muy baja, por eso estamos dispuestos a negociar, que no haya tasa, por ejemplo. Aunque estoy convencida de que tiene que haber, que las empresas se hagan cargo de lo que está  pasando”.

“Estoy a disposición de trabajar una ley donde todos podamos ser beneficiados”, resumió.

La diputada bonaerense de UP Ayelén Rasquetti, ingresó en la Legislatura un proyecto de ley para establecer un nuevo etiquetado frontal en los envases de productos alimenticios que se comercialicen en la provincia de Buenos Aires, con una propuesta que busca que, además de la información nutricional, se indique el tiempo estimado de degradación y el modo adecuado de tratamiento de cada paquete.

Según el texto que lleva la firma de la diputada bonaerense del Frente Renovador, el objetivo es que los consumidores tomen mayor conciencia sobre el impacto ambiental de los envases que desechan a diario.

Para ello, cada producto debería incluir en su etiquetado frontal una leyenda clara que informe cuánto tarda en degradarse el packaging, y cuál es el mejor modo de tratarlo una vez convertido en residuo.

De sancionarse, la normativa establecerá una nueva responsabilidad legal para las empresas productoras de alimentos, que estarán obligadas a cumplir con esta exigencia, mientras que el Poder Ejecutivo designará a la autoridad de aplicación y será esta la encargada de fiscalizar el cumplimiento de la medida, así como de imponer sanciones en caso de infracción.

En principio, y de acuerdo al escrito ingresado por Rasquetti en la Legislatura bonaerense, las multas podrán ir desde 10 hasta 500 salarios mínimos vitales y móviles, dependiendo de la gravedad del incumplimiento, la capacidad económica del infractor y la posible reincidencia.

En los fundamentos del proyecto de ley, Rasquetti destaca la urgencia de generar conciencia sobre la contaminación plástica, y advierte que el plástico es uno de los materiales más utilizados en la vida cotidiana y también uno de los más perjudiciales por el tiempo que tarda en descomponerse, incluso en condiciones controladas como los vertederos.

De esta manera, la iniciativa de la diputada bonaerense de Unión por la Patria busca impulsar prácticas más responsables por parte de las empresas, y brindar a los consumidores información útil para decidir cómo disponer correctamente de los residuos.

“Hoy casi todo viene en un envase hecho con plástico, por lo que la cantidad de desechos que se generan es alarmante”, argumenta la legisladora en el proyecto de ley, al tiempo que señala que “es necesario que las empresas sean responsables en materia ambiental”, y que este etiquetado permitirá visualizar “la real magnitud de lo que sucede a partir del uso generado”.

La propuesta se inscribe en una tendencia más amplia de iniciativas legislativas que buscan visibilizar y mitigar los efectos de la crisis ambiental, promoviendo la transparencia en los ciclos de vida de los productos. Por eso, la diputada concluye su presentación solicitando el acompañamiento de todos los bloques para avanzar en esta medida, que considera urgente y necesaria.

Es preciso mencionar que, de convertirse en ley el proyecto de Rasquetti, el nuevo etiquetado ambiental podría posicionar a la provincia de Buenos Aires como pionera en la adopción de herramientas de concientización ecológica vinculadas al consumo cotidiano.

 

El tratamiento y disposición final de los envases de los productos que consumimos a diario es un gran problema no resuelto, que afecta a una porción importante del planeta tierra, pero fundamentalmente a países subdesarrollados y que intentan subirse al tren de los en vías de desarrollo, entre los que se encuentran la República Argentina.

Atento a esta problemática, el diputado nacional Guillermo Snopek (PJ - Jujuy) presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone una norma de avanzada, inclusiva y sustentable y que está alineada con las recomendaciones sugeridas por los organismos internacionales rectores en materia ambiental.

“De aprobarse este proyecto -opinó el diputado Snopek-, tanto en Jujuy como en el resto del país, se podrá terminar con los basurales a cielo abierto, que los hay y en cantidades, aun en puntos de interés turísticos que atraen a personas de todo el mundo, como la Quebrada de Humahuaca”, y finalizó diciendo que “si al esfuerzo de los Estados le sumamos el compromiso del sector privado, sin dudas significará menos carga económica para las provincias y municipios”.

En su articulado, Snopek plantea que la gestión ambiental de envases (GAE) post consumo deberá desarrollarse, respetando el siguiente orden de prioridad, mediante las siguientes actividades:

1. Reducción en la fuente de producción;
2. Reutilización;
3. Reciclado;
4. Valorización;
5. Disposición final de las fracciones de rechazo.

Asimismo, se dará cumplimiento a las metas de valorización dispuestas en la presente ley y las futuras actualizaciones que pueda establecer la autoridad de aplicación.

El legislador por el peronismo jujeño establece en su proyecto metas de valorización de los envases, que será hecha por los Sujetos Obligados: importadores, fabricantes, envasadores y comerciantes de productos contenidos en envases o embalaje para su transmisión de dominio, comercialización o cesión por cualquier título que corresponda.

Estos sujetos obligados que hayan obtenido la aprobación de los planes de inversión y alcancen las metas establecidas, tendrán derecho a un crédito fiscal para el que la ley prevé una escala.

En ese mismo sentido, el diputado jujeño establece en su iniciativa que se otorguen beneficios para trabajadores recicladores y cooperativas inscriptas, conforme lo determine la reglamentación de la ley.

Snopek propone la creación del Programa Nacional de Fortalecimiento de los Trabajadores Recicladores en el ámbito de la autoridad nacional de aplicación, cuyas principales funciones estarán dirigidas a fomentar políticas de integración y organización de cooperativas de trabajo, establecer incentivos para los trabajadores recicladores, y concientizar a la ciudadanía acerca de la importancia de la separación de residuos en origen.

Por Lourdes López

La Ley de Gestión Integral de Envases en Argentina es una iniciativa legislativa que tiene como objetivo regular y promover la gestión responsable de los envases, con el fin de reducir el impacto ambiental generado por estos materiales y fomentar la economía circular. Conscientes de los desafíos que representa la generación y el manejo de los envases, se ha propuesto esta ley para establecer un marco normativo que impulse prácticas sostenibles en el ciclo de vida de los envases.

Uno de los objetivos de la norma -vuelta a presentar el 14 de junio pasado por la diputada oficialista Natalia Zaracho- es la reducción de residuos de envases, fomentando la adopción de diseños eco-eficientes, la utilización de materiales reciclables y la implementación de estrategias de prevención de la generación excesiva de envases innecesarios.

También otro de los puntos centrales es promover y facilitar la implementación de sistemas de recolección selectiva y reciclaje de envases, incentivando la creación de infraestructuras adecuadas para su tratamiento y estableciendo metas de reciclaje ambiciosas.

La ley establece la responsabilidad compartida entre los diferentes actores involucrados en el ciclo de vida de los envases, incluyendo fabricantes, importadores, distribuidores, consumidores y gestores de residuos. Cada uno de ellos debe asumir su rol y contribuir activamente a la gestión adecuada de los envases.

“La iniciativa se basa en el principio de la responsabilidad extendida del productor, que implica que los productores deben financiar el tratamiento de sus envases”, dijo Sergio Federovisky viceministro de Ambiente al defender la iniciativa, y remarcó: “La tasa no es un impuesto, es una tasa”.

La importancia de la educación ambiental y la concienciación de la población en relación con la gestión responsable de los envases. Se promoverán campañas de información para fomentar la reducción, el reciclaje y el consumo responsable.

Con la implementación de sistemas de depósito y retorno: Se establecerán sistemas de depósito y retorno para envases de bebidas y otros productos, incentivando a los consumidores a devolver los envases y promoviendo su reutilización o reciclaje.

A su vez, se impulsará la creación de infraestructuras adecuadas para el tratamiento y reciclaje de los envases, incluyendo plantas de reciclaje, centros de clasificación y puntos de recogida selectiva.

La ley establecerá metas de reciclaje progresivas para los diferentes tipos de envases, con el objetivo de aumentar gradualmente los índices de reciclaje y reducir la cantidad de residuos destinados a la disposición final.

“Sumamos aportes de empresas, sindicatos y diputados. Lo está defendiendo el sector y da una discusión más profunda. Esto no es una ley cualquiera, necesitamos una ley con consenso y que se pueda implementar”, dijo Natalia Zaracho, diputada del Frente de Todos.

Se promoverá la transición hacia un modelo de economía circular, incentivando la reutilización de envases, la incorporación de materiales reciclados en la fabricación de nuevos envases y la adopción de prácticas de diseño sostenible.

Con la participación de varios expositores, representantes de todos los sectores, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, reflotó la discusión del proyecto de la ley de envases, enviada por el Poder Ejecutivo y que el año pasada quedó trabada en su tratamiento. 

Arrancó la reunión como primer expositor el viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, quien destacó que en casi tres años de gestión se comenzaron a planificar “ocho centros de tratamiento de residuos” que harán al “cierre de basurales a cielo abierto”. “La primera de esas ocho obras fue formalmente inaugurada en Formosa”, informó y reveló que “Argentina tiene otorgado para los próximos cuatro años un préstamo de 450 millones de dólares que va a permitir poner en marcha una docena de centros de tratamiento de esta envergadura”. De esta manera, se dará “un paso sustancial para que en un lapso de cinco, seis, siete años más los basurales a cielo abierto sean parte del olvido”. 

En segundo lugar, advirtió por “la importación cada vez más creciente de residuos como insumos industriales”, alcanzado desde 2020 a esta parte “las 800 toneladas de importación de PET”. 

En ese contexto, el funcionario resaltó que “la ley de envases no es un fetiche, la ley de envases es la respuesta a esas dos cuestiones que señalaba y que son visibles, y que no pueden completarse de la manera adecuada en tanto no exista una normativa que favorezca seriamente y de manera contundente” el reciclado. “Ni la reducción de importación de PET o el cierre de basurales a cielo abierto van a tener éxito” sin esta norma, insistió. 

En su exposición, Federovisky ratificó la intención del oficialismo de que se cree la “Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida del Productor (TAREP)”, prevista en el proyecto: “Seguimos creyendo en la necesidad de una tasa, pero nos sorprendió de manera bastante fuerte que incluso aquellos con los que habíamos conversado hasta el día antes y le habíamos explicado cuál era el propósito de esa tasa, al día siguiente la calificaran de impuesto extorsivo, de impuesto inflacionario, de un montón de adjetivaciones que no solamente no están en nuestro interés, sino que no están en el proyecto”. 

Así, explicó que “a lo que se aspira es que coexistan dos sistemas y que la ley pueda reflejarlo, un sistema privado pero con control, supervisión y aprobación de la autoridad competente, que para nosotros inevitablemente tiene que ser el Ministerio de Ambiente; con otro sistema financiado con la recaudación de una tasa por parte de aquellos que no adhieran a un sistema privado o que no presenten sus propios sistemas de tratamiento”.

“¿Por qué insistimos en la permanencia de la tasa?”, se preguntó, para señalar luego: “Básicamente porque todos los ejemplos de funcionamiento estrictamente privados en el mundo, y también en la Argentina como la Ley de Fitosanitarios, tienen una renguera, una parte a la cual no se alcanza y siempre tienen, y en el caso de los envases de plástico con mayor potencia, el riesgo de quedar fuera del sistema, fuera de cualquier control y terminar en basurales a cielo abierto de manera sistemática”. 

“Debemos cerrar esa brecha y darle a las empresas que no tienen deseo, convicción o exigencia de su casa matriz la decisión de poner en marcha un sistema administrado por ellos mismos, la posibilidad de que lo haga el Estado con la recaudación correspondiente”, expresó. 

Finalmente, pidió que “haya antes de fin de año una ley de envases” porque “sabemos que el año que viene es un año electoral y muy probablemente muchas cuestiones se tensen y sea más complejo llevar adelante debates de este tipo”. “Nos debemos en materia ambiental normativas que hagan a políticas públicas”, sumó. 

A continuación, Candela Nassi, jefa de Gabinete del Ministerio de Ambiente, se refirió en primer lugar al “diagnóstico inicial a nivel global” de “cuánto representan los plásticos”. “Se compran aproximadamente un millón de botellas cada minuto y se usan hasta cinco billones de bolsas plásticas cada año”, detalló, además de que “el 80% de los residuos plásticos en los océanos provienen de fuentes terrestres y 13 millones de toneladas de plástico terminan en el mar cada año”. 

“Solo se ha reducido un 9% de todo el desecho de plásticos que se ha producido a lo largo de la historia”, indicó la funcionaria, apoyada en filminas, y alertó que “se espera que para 2040 los niveles de plástico en el mar se triplicarán, con una cantidad de entre 23 y 27 millones de toneladas”. 

Nassi apuntó que “diariamente en nuestro país se generan 45 mil toneladas de Residuos Sólidos Urbanos”; que hay 5.000 basurales a cielo abierto en más de 2.000 municipios y que “en esos basurales el 40% de los residuos son reciclables”. Sin embargo, “solamente recuperamos el 10% de los envases que se ponen en el mercado local”, en una cifra “sumamente baja”. 

La jefa de Gabinete de la cartera que conduce Juan Cabandié defendió que se necesita de una ley de envases “por todas las consecuencias que esto ambientalmente genera, pero también por las consecuencias que genera para los trabajadores que están involucrados en la gestión diaria de los residuos”. 

Sobre la iniciativa, explicó que tiene “tres ejes centrales”. El primero de ellos es “mejorar el diseño de los envases” a través del ecodiseño, de modo que “se generen menos y mejores envases”. El segundo consiste en “sistemas de gestión de envases” con el “desarrollo y fortalecimiento de todo tipo de sistemas”, no solo los provinciales o municipales, sino también los privados. Y el tercero es el de la economía circular, porque “necesitamos fortalecer la cadena de valor, generar inversión, desarrollo y tecnología”. 

Puntualmente se refirió a la cuestión de la tasa Manuel Mateu, coordinador de Residuos Sólidos Urbanos, quien expresó que “la ley propone tres opciones de asumir la responsabilidad extendida del productor”. Una es a través del “depósito de devolución y el retorno a un sistema virtuoso que impacta en el medioambiente”; otra es “el plan de gestión de envases, presentado por las empresas privadas y aprobado por la autoridad de aplicación, que tiene que ser con objetivos y metas”; y la tercera opción “es el pago de la tasa que va a un fideicomiso de administración específica, lo que quiere decir que solo se puede utilizar para recuperar materiales”. 

“Esto le da muchísima flexibilidad a la ley”, consideró y sostuvo que la tasa se pensó con una orientación sobre la fabricación de los envases, de modo que aquellos que sean más “amigables” con el ambiente “paguen menos que un envase que es difícil de reciclar”. “La tasa no depende del valor del producto ni tiene que ver con el costo”, aclaró, sino que se define en función de factores como “reciclabilidad, incidencia ambiental, ecodiseño, e inclusión de material reciclado”. 

“Pusimos que esta tasa cuando se calcule no puede ser nunca superior al 3% del valor del producto”, afirmó el funcionario, y dijo que fue en base a “simulaciones de cuánto daría la tasa con criterios técnicos”. Pero “para todos los productos que simulamos, para ninguno esta tasa nos dio por encima del 3%”, remarcó. Entonces, avaló que ese porcentaje se debe “exclusivamente porque no podemos analizar todos los envases que están en el mercado y podría llegar a haber un producto que por ahí es muy muy barato y la tasa nos da por encima del 3%”. 

En el final, el coordinador de RSU comparó que “a nivel internacional se está avanzando en estos lineamientos” y puso como ejemplo que “España a partir de este año está implementando una tasa de 0,45 euros por kilo de plástico que se pone en el mercado”. “Lamentablemente nosotros estamos llegando muy tarde”, añadió. 

En el encuentro también habló María Castillo, directora Nacional de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo Social, quien se refirió al programa Argentina Recicla. “El sistema de gestión de residuos de nuestro país, y del mundo también, está en crisis, por ende necesitamos que se pueda sancionar una ley de gestión de envases”, manifestó. Además, precisó que en hay 320 cooperativas en todo el país, donde se estima que hay 150 mil cartoneros trabajando en esos lugares, donde se llegan a “recuperar 10 mil toneladas de residuos reciclables”. 

Claudio Terres, presidente de Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Unión Industrial Argentina (UIA), manifestó que “la Unión industrial apoya la ley. Hemos analizado proyecto por proyecto y hemos hecho comentarios en donde hemos consensuado con todas las cámaras e incluyen temas que se comentan acá”. “El sector industrial quiere la ley y buscar el mayor consenso posible, pero que sea una ley aplicable, en ese sentido tenemos algo más que debatir”, dijo.

“La importación es necesaria porque cuando uno utiliza material reciclable para nuevos productos necesita una determinada calidad del mix, la fibra no dura toda la vida y al reutilizar va perdiendo las características intrínsecas del material. Tenemos datos de que se importó fibra virgen y se fueron más divisas”, aseguró. “Estamos trabajando hace muchos años en la economía circular, respecto a la tasa en la mayoría de los municipios se paga tasa de higiene y seguridad y debería ir dirigida a un proyecto de este tipo”, agregó.

A su turno, José Luis Piccone, director Cámara Argentina Industria del Reciclado Plástico, comentó que durante 2021 se reciclaron 300 mil toneladas, “un 17% del consumo aparente del plástico, por qué no reciclamos más si y se podría reciclar el doble”, aseveró. “Cada 100 toneladas de plástico eso significa una persona trabajando en blanco, en la industria recicladora y más mano de obra indirecta”. “Los residuos tienen que ser clasificados, cantidad, calidad y continuidad. Apoyamos una ley de envases y nos interesa que ayude a esto. Todo el apoyo de la industria, deberíamos aumentar la recaudación y valorización de los residuos”, dijo.

Desde la cooperativa de Cartoneros de la Matanza FACCYR, Matías Capoblanco, contó que son “300 compañeros organizados. Organizarlos es mejor calidad de vida y precios, dignificar el trabajo de los compañeros”. “Es una de las leyes más reivindicativas para nosotros, sobre todo para los que no están organizados. Hay compañeros de quinta generación entendiendo este principio colectivo y de ambientalismo. Ese rol que le aportamos al ambiente es uno de los principales y más fuertes”, reflexionó.

De manera virtual expuso Bruno Rodríguez, de Jóvenes por el Clima, y habló del “fenómeno de dilataciones” de sectores para que no salga la ley. “Es una demanda de Argentina y de aplicarse unifica dos criterios: justicia climática y justicia social. Es parte de las trayectorias de descarbonización, contempla a recuperadores y a municipios. La función del cobro de esta tasa también funciona como incentivo”, advirtió.

Jordana Carvallo, presidenta del departamento de Sustentabilidad y Política Ambiental (COPAL), expresó que “creemos que un marco regulatorio puede dar un paso cualitativo. Ese recupero tenga metas ambientales progresivas, la COPAL representa en un 97% a empresas pequeñas por eso es muy importante poder participar para poder hacer de esto un marco legal exitoso y eficiente, que sea de esta aplicable a todas las empresas e inclusivo”.