En el día que vence el plazo para que los bloques de la Cámara de Diputados envíen quiénes serán sus integrantes en la comisión investigadora del caso $LIBRA, los legisladores de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño y Nicolás Massot le mandaron una carta al titular del Cuerpo, Martín Menem, en la que le reclaman no hacer "trampa".

Luego de que el oficialismo moviera sus piezas junto a aliados, con la conformación de dos interbloques, para obtener dos lugares más en la comisión que se conformará el próximo 23 de abril, desde uno de los bloques opositores que impulsó su creación pidieron que se respete la proporcionalidad en función al mapa de bloques que había al momento de la aprobarse la resolución.

Tras la sesión en la que resultó derrotado, La Libertad Avanza sumó a la tucumana Paula Omodeo, mientras que el Pro se alió al MID y el monobloque Somos Fueguinos. Pero además, este jueves, cuando se hizo efectiva la renuncia de Mónica Schlotthauer, desde el oficialismo advirtieron que el interbloque del Frente de Izquierda (que ya operaba de esa manera) quedó en 4 miembros y no en 5, número que le permitía un diputado en la comisión. Así, trascendió que desde Presidencia evaluaban no darle un lugar al FIT, que envió tempranamente como integrante a Christian Castillo.

Al citar notas periodísticas sobre la movida del oficialismo, Agost Carreño y Massot -quienes integrarán la comisión por su bloque- le solicitaron a Menem este viernes que "se abstenga de realizar tales maniobras, y en consecuencia constituya la comisión investigadora creada en la sesión del pasado 8 de abril en base a la conformación de bloques e interbloques previa a la sesión en la cual se aprobó la resolución".

"Admitir que, tras su creación, se reordenen los bloques e interbloques al solo efecto de cambiar la conformación de una comisión creada por el pleno, sería un artilugio que tensionaría las reglas republicanas y de funcionamiento del Congreso Nacional", advirtieron, además de considerar que "ello desnaturalizaría el fin tenido en cuenta por el dictamen de mayoría" así como "la votación efectuada por el Cuerpo con una rotunda mayoría".

Y agregaron que "sería de mayor gravedad si ello se hiciere para bloquear o entorpecer una investigación que la H. Cámara de Diputados de la Nación claramente dispuso que debe realizarse a través de las tres vías aprobadas por votación: pedido de informes, interpelación a funcionarios y la creación de una comisión especial".

Los diputados aclararon que "no está en discusión la capacidad de los bloques de reunirse en interbloques, ni tampoco la de acordar mayorías circunstanciales para tomar determinadas decisiones parlamentarias", pero resaltaron que "lo que se discute es que ello se haga como una trampa: que se creen interbloques artificiales con posterioridad o de manera concomitante a una sesión en la que, los -ahora- luego de que sus integrantes perdieran una votación; y por ello buscan un atajo para no aceptar lo decidido por el pleno con contundente mayoría".

También, en la misiva mencionaron el antecedente de cómo se pronunció la Corte Suprema de Justicia sobre la creación de interbloques (caso Luis Juez y Consejo de la Magistratura). "El Parlamento debe proceder con seriedad, rigurosidad y buena fe", insistieron y señalaron que "si funcionarios del Gobierno que resultaren investigados nada tienen que esconder, y contando el oficialismo con la garantía de participación en la comisión, esa Presidencia, en lugar de bloquear y entorpecer el proceso, debería brindar todas las herramientas necesarias para permitir esclarecer los hechos que se dispuso investigar sin artimañas".

"La investidura que usted reviste en carácter de presidente de este H. Cuerpo, lo obliga a actuar respetando la decisión del pleno que es a su vez quien lo eligió en dicha posición y no en beneficio de una minoría parlamentaria que además representa a su espacio político. Obrar contrariamente dañaría su legitimidad en el ejercicio de la presidencia", enfatizaron Agost Carreño y Massot.

Finalmente, anticiparon: "En caso de no procederse de la manera solicitada, hacemos reserva de exigir la debida interpretación al cuerpo, de recurrir la resolución que se dicta, así como toda otra acción que permita quitar los obstáculos que se pongan para cumplir con la investigación que dispuso sea hecha por la H. Cámara de Diputados de la Nación, el pasado 8 de abril".

Luego de un caliente primer plenario, la oposición en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento presentó con 36 firmas un dictamen de mayoría que propone la creación de una comisión investigadora por el caso de la estafa $LIBRA, que tiene como protagonista principal al presidente Javier Milei.

Al igual que sucedió en la reunión anterior, el oficialismo recordó que los emplazamientos a las comisiones votados en la sesión de la semana pasada preveían el día miércoles para dictaminar y no el martes.

Sin embargo, los opositores enviaron el despacho a la comisión por correo electrónico, acompañado por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica (éste último bloque en disidencia parcial).

El reclamo reglamentario podría ser parte de la sesión convocada por el oficialismo, para tratar el DNU sobre el acuerdo con el FMI, este miércoles, dada la negativa de La Libertad Avanza de aceptar los despachos. Por su parte, la oposición sostiene que la fecha del 19 de marzo era un plazo tope y nada impide que se pudieran presentan los despachos antes.

Autor del proyecto, el jefe de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, aseguró que “la oposición lo que busca es la verdad”. “Nosotros desde el minuto uno dijimos que no queríamos empezar por el final” en referencia al juicio político, aclaró el radical. Sobre la intención de crear la comisión investigadora, argumentó que “no es para corroborar si hay delito, de eso se va a encargar la justicia”, pero “este Parlamento es el encargado de verificar si hubo lesión institucional”.

“Necesitamos una comisión investigadora porque en la búsqueda de fortalecer a nuestro país, de devolverlo a una senda de desarrollo, necesitamos de las instituciones”, sostuvo y afirmó que “tenemos que verificar si la actitud del presidente el 14 de febrero nos va a traer responsabilidades a todo el pueblo argentino”, al mencionar las demandas realizadas en el exterior.

El bonaerense enfatizó: “Nosotros como el Congreso no podemos mirar para el costado. No hay vocación destituyente por el hecho de que queramos saber la verdad, terminen con esa teoría. La sociedad argentina desde el 14 de febrero necesita una respuesta seria”.

Desde Unión por la Patria, el diputado Pablo Carro recordó la reunión informativa con especialistas del mundo cripto realizada en febrero pasado en el marco de la Comisión de Comunicaciones e Informática -que preside- y consideró que “es imprescindible constituir esta comisión investigadora, más allá de lo que tenga que investigar la propia justicia en términos penales o civiles sobre la estafa” para lograr “separar la paja del trigo” y “saber quiénes fueron responsables o inocentes”.

Por su parte, su par de bloque Sergio Casas aseveró que “estamos frente a un presidente que ha cometido un acto delictivo”. “Están las firmas para que esta comisión investigadora cumpla con su cometido y el pueblo argentino sepa la verdad”, celebró.

A su turno, el jefe de UP, Germán Martínez, ponderó el acuerdo en “una única posición, ni una disidencia” sobre el proyecto de comisión investigadora, a raíz de que “hay una cantidad de diputados que creemos que esto es grave y tiene que investigarse a fondo, y la Cámara de Diputados no puede mirar al costado”.

“Esperamos que no entren en una irregularidad más, en una arbitrariedad más y en un nuevo gesto de autoritarismo”, advirtió sobre la negativa del oficialismo a recibir los dictámenes. “Espero que no obliguen al personal a impedir que se refrende un dictamen que cuenta con las firmas suficientes de este plenario. Esperamos que no lo hagan. No fuercen a que estas cosas pasen”, agregó.

Aliada del oficialismo, la diputada del Pro Silvana Giudici manifestó: “Acá no se está cometiendo ningún tipo de irregularidad, se está cumpliendo con la decisión de la mayoría del cuerpo”.

La secretaria parlamentaria del bloque de La Libertad Avanza, Nadia Márquez, leyó la versión taquigráfica de la sesión en la que se aprobaron los emplazamientos y lanzó: “Ellos mismos se limitaron en la forma de tratarlo, no fuimos nosotros”.

“No tenemos intenciones de obstaculizar, por eso en Labor Parlamentaria vamos a proponer que se posponga el horario, para que la sesión de mañana no impida que se realicen los plenarios (para dictaminar)”, insistió.

Finalmente, el oficialista Nicolás Mayoraz, presidente de Asuntos Constitucionales, mantuvo la postura: “Como dije en el plenario anterior, no se aceptan dictámenes. Tenemos que ser muy respetuosos de lo que ha dicho el pleno”.

El primer capítulo del debate sobre criptogate en comisiones de la Cámara de Diputados este martes culminó con la presentación de distintos dictámenes por parte de la oposición sobre pedidos de interpelaciones de funcionarios y de informes por escrito al Ejecutivo, aunque el oficialismo los desconoció, al asegurar que la fecha que se votó por emplazamiento para dictaminar era para este miércoles.

Los bloques Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Frente de Izquierda reunieron 53 firmas en un único despacho sobre pedido de informes con preguntas por escrito.

En tanto, en su despacho, UP y el FIT (40 firmas) reclamaron la interpelación a varios funcionarios, entre ellos la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. El de Democracia para Siempre (6 firmas) incluye al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y al vocero presidencial, Manuel Adorni; en igual sentido que el de Margarita Stolbizer y Esteban Paulón (EF), que también suman a la hermana del presidente. Finalmente, el de la Coalición Cívica y Oscar Agost Carreño (EF) sólo pide la interpelación de Francos.

En el inicio del plenario de Asuntos Constitucionales, Finanzas y Justicia, el libertario Nicolás Mayoraz ratificó que este miércoles 19 se procedería “a dictaminar”, pero teniendo en cuenta la sesión convocada para el mismo día a las 10 para tratar en el recinto el DNU del acuerdo con el FMI, anticipó que el plenario iba a pasar para las 18.

Luego, el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño -quien solicitó el emplazamiento a comisiones del tema- criticó que el Gobierno “tiene apuro por aprobar los pliegos, por sacar el acuerdo con el FMI con una aprobación exprés sin tener Presupuesto”, cuando el Congreso por su parte tiene “mucho más apuro en exigir explicaciones claras y serias por una estafa en la que se vio involucrado el presidente y su entorno”.

El cordobés aclaró que el Congreso “sólo busca lo que hacen los demás Parlamentos, que cuando ve al presidente y su entorno involucrados en un escándalo internacional que salió en todos lados, requiere explicaciones para reestablecer la credibilidad del país ante el mundo”. En tanto, aclaró que desde su bloque no están de acuerdo con el pedido de juicio político porque “creemos que no están dadas las condiciones”.

“Nadie debe ofenderse por pedir explicaciones”, planteó y resaltó: “Estamos ante un Gobierno que confunde mucho lo público y lo privado, es ahí donde el Congreso tiene que estar pidiendo explicaciones”.

El legislador cerró: “Entendemos que la justicia es la que tiene que investigar si hubo delitos y tendrá que castigar a los culpables. Pero el Congreso tiene que tener respuestas políticas como un contrapeso del Poder Ejecutivo sin perjuicio de la tarea que hace el Poder Judicial. Si no hay nada que esconder, entonces expliquen y respondan las consultas. El Gobierno se metió solo en esto”.

Por su parte, el santafesino de UP Eduardo Toniolli reclamó la presencia del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ya que en palabras del propio Javier Milei: “Iba a planificar su defensa técnica frente a las requisitorias de la justicia en el caso $LIBRA. Milei al decir eso asumió la comisión de un delito peculado de servicio. Queremos que venga y explique cuál es su rol en la defensa técnica”.

Toniolli recordó lo sucedido el pasado 14 de febrero cuando se produjo una “estafa informativa con decenas de damnificados”, donde un tuit del presidente de la Nación “fue el gancho” que permitió que esos damnificados entraran en la estafa. Por ello, acusó: “Milei, o ha sido partícipe de un delito o es un funcionario público irresponsable”, y reiteró que “en uno u otro caso cabe la figura de mal desempeño y, por lo tanto, entendemos que corresponde avanzar con un juicio político”.

El santafesino cuestionó que “circula la idea entre otros diputados de exclusivamente reducir el papel del Congreso en la investigación de esta estafa a una comisión investigadora y a un cúmulo de pedidos de informes. Este ámbito legislativo no puede sustraerse a sus responsabilidades”.

“El presidente ha violado la Ley de Ética Pública, viola sistemáticamente la Constitución Nacional. Estos atropellos y avances irregulares del Gobierno nacional solo pueden ser posibles por la acción, omisión y cobardía de otros poderes del Estado y particularmente de éste, que parecen olvidar el artículo 29 de la Carta Magna que Milei viola cotidianamente. Es tiempo que el Congreso se haga cargo de la responsabilidad y que le haga frente a esta situación y le ponga un freno a un régimen de un orden autocrático”, remató.

A su turno, la diputada Margarita Stolbizer denunció que la ausencia de funcionarios en el Congreso para que den las explicaciones necesarias no es otra cosa que “un intento de ocultamiento y opacidad a la gestión y que no le hace bien al país que necesita reconstruir un vínculo y funcionamiento institucional que se basan en el principio republicano de la transparencia”.

Para la bonaerense, lo ocurrido es de “una gravedad que afecta el funcionamiento institucional y la credibilidad a la que deberá aspirar el Gobierno que llegó con promesas de cambio”. La legisladora de Encuentro Federal también hizo hincapié en que hay una violación a las normas de ética pública y reclamó la presencia de los funcionarios a que den explicaciones: “Me animo a decir que muchos de esos funcionarios jamás leyeron ni la Constitución ni la Ley de Ética Pública”.

“Necesitamos explicaciones porque el episodio es sumamente grave”, planteó y denunció que el tuit de Milei “fue directamente llamar a que se firme un contrato particular porque tenía el link del contrato, no fue solo publicidad”. Así, mostró preocupación por los que se beneficiaron con ese posteo y exigió que la justicia investigue sobre quiénes se beneficiaron e invirtieron en esa criptomoneda.

Stolbizer señaló que hubo una “gran cantidad de reuniones previas” que se llevaron a cabo en Casa de Gobierno con empresarios que aparecen como dueños de la cripto y apuntó: “En todas las reuniones tuvo una actuación decisiva la secretaria general de la Presidencia -Karina Milei-, que tiene funcionalmente y ejerce un cargo de enorme relevancia en el Gobierno y gran poder de decisión y fue una figura determinante en el vínculo del presidente con los empresarios”.

Sobre esa línea, remarcó que Karina Milei es “la persona más importante” que debe concurrir al Congreso por el papel que ejerce en el Gobierno y que tuvo en la generación de “este escándalo y promoción de este negocio privado”.

Por el oficialismo, el jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, subrayó que la reunión era de “carácter informativa” y que “no se puede emitir dictamen de ninguna manera”. Al igual que Mayoraz, el cordobés aseguró que si la sesión de este miércoles se extiende más allá de las 13, su bloque va a acompañar el pedido de que el plenario se reúna a las 18 para dictaminar porque “estamos abiertos a que se cumplan con los emplazamientos”.

Sobre el tema cripto, acusó al kirchnerismo y sus aliados de “hacer un show $LIBRA por un tuit” porque “plantean cuestiones que no tienen nada que ver con las problemáticas de los argentinos. Les molesta que al presidente le vaya bien, ese es el problema de ellos y les molesta. Lo que se está discutiendo acá no les interesa a los argentinos”.

El diputado de UP Martín Soria consideró que hay “nerviosismo” en la bancada libertaria respecto a este tema y añadió: “Clarín muestra como cae la imagen de Milei después de la estafa cripto”. Respecto a la discusión y la posibilidad de un juicio político, sumó que “no es la primera vez que lo hace (el Congreso) y no tiene nada que ver con un espíritu destituyente”.

El exministro de Justicia llevó recortes periodísticos sobre el tema y nombró a Hayden Davis, a quien le adjudicó “cuatro reuniones en Casa Rosada con Karina Milei”. Luego, fue más allá y aseveró que “la mitad de los argentinos se dio cuenta que Milei es un chanta, un fantoche y un estafador”.

En la misma línea, y con más recortes, Soria vinculó Hernán Gómez, subsecretario de Transporte Aéreo, de ser quien “contrató a Royal Class”, la empresa en la que habría volado Davis en varias oportunidades y que ahora estaría relacionada al vuelo que trajo a Laura Belén Arrieta, quien fue señalada de “arribar al país sin pasar por ningún tipo de control”.

En el final de su intervención, apuntó contra la bancada macrista: “Entiendo que el Pro, los grandes socios de los libertarios, quieran desarmar esta comisión”, pero “espero que no se agarren a trompadas como el papelón que hicieron los libertarios la semana pasada”. Finalmente dijo que “confundir lo público y lo privado, eso es lo que está mal, eso es estafa”.

Otra de las que habló en el debate fue Victoria Tolosa Paz, quien también apuntó contra el bloque que preside Cristian Ritondo e ironizó: “¿El Pro? Más que Propuesta Republicana será ‘propuesta represiva’”. Responsabilizó al oficialismo y a los aliados de buscar que se cayera este plenario y lanzó que “han intentado cometer una estafa y quieren hacer de cuenta que no pasó nada. Somos legisladores nacionales y debemos hacer lo propio porque acá hay incumplimiento de la Ley de Ética Pública”.

El diputado nacional Esteban Paulón se dirigió a los oficialistas que inicialmente defendieron al jefe de Estado alegando que no hacía uso de sus funciones cuando publicó el mensaje en X: “El ejercicio de la Presidencia de la Nación es 24/7, no termina cuando uno se va a la casa”. Llamó al hecho como “una estafa del mundo cripto”, y explicó que hay “dos grupos de damnificados: los patrimoniales que perdieron su dinero y el otro grupo que somos los 47 millones de argentinos”.

“Interesa saber cuál fue la trama de las reiteradas reuniones del vocero presidencial y la secretaria de Presidencia sindicada como ‘la cajera’”, enfatizó el socialista del bloque Encuentro Federal, quien también cargó contra el asesor de Milei: “No sabemos si Santiago Caputo participó de las reuniones con Hayden Davis, pero como no es funcionario público no debe responder por nada (en tono irónico)”.

En el final del primer plenario de comisiones, el radical de Democracia para Siempre Fernando Carbajal denunció “una maniobra política muy lamentable y muy patética de intentar encubrir e impedir que avancen la comisión investigadora y los pedidos de interpelación; la convocatoria a una sesión para el día de mañana en coincidencia con el emplazamiento es una maniobra”.

“El emplazamiento es para que las comisiones dictaminen, se dio la posibilidad de un doble debate, pero de ninguna manera esto impide que si existe un número se convierta en una cuestión burocrática de no poder emitir dictamen”, aclaró ante la postura del oficialismo de que el dictamen debía ser este miércoles.

Al igual que LLA y Pro, desde la UCR Karina Banfi recordó que “el día para dictaminar era el día 19”. “Hoy algunos diputados imponiendo números quieran adelantar decisiones que son propias de las decisiones que tomaron la semana pasada; no hubieran emplazado con fecha, señores”, expresó y consideró que “no podemos generar un antecedente totalmente perverso”.

En el cierre, la vicejefa del bloque de UP, Cecilia Moreau, avisó que antes que se terminara el plenario ya se habían firmado los dictámenes. “Esta presidencia no recibió absolutamente nada y la secretaría tampoco”, afirmó Mayoraz, titular de Asuntos Constitucionales. Pero Moreau exclamó que “esto va a tener consecuencias penales, civiles y políticas. Están pasados de rosca”.

Tras detallar todos los despachos, la diputada se preguntó; “¿en qué lugar del reglamento dice que no se puede dictaminar? Están poniendo en un problema a la Dirección de Comisiones”. Y agregó que la citación al plenario “no discrimina reunión informativa de otra de otro tipo”.

“Háganse cargo de seguir incumpliendo el reglamento. Presentamos los dictámenes como corresponde. Acá están los dictámenes que ustedes se están negando a recibir. Esto traerá consecuencias reglamentarias. Sigan tirando nafta”, cerró.

La oposición logró este miércoles en la Cámara de Diputados aprobar el emplazamiento a un plenario de comisiones para tratar un proyecto que propone crear una comisión investigadora del caso de la criptomoneda $LIBRA, por el cual el presidente Javier Milei fue denunciado.

Los 134 votos a favor fueron 95 de Unión por la Patria, 11 de Democracia para Siempre, 8 de Encuentro Federal, 6 de la Coalición Cívica y 5 del Frente de Izquierda.

También lo hicieron -como se anticipó de manera un tanto sorpresiva- los tres integrantes del MID, habitual aliado del oficialismo: Oscar Zago, Cecilia Ibáñez y Eduardo Falcone.

Asimismo, por el Pro votaron afirmativamente los larretistas Álvaro González y Héctor Baldassi.

Los votos se completaron con Sergio Acevedo de Por Santa Cruz y los monobloquistas Mario Barletta (Unidos), Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe) y Lourdes Arrieta (Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal).

Los 94 votos en contra fueron de La Libertad Avanza, el Pro, la UCR, las dos sanjuaninas del bloque Producción y Trabajo y el rionegrino Agustín Domingo de Innovación Federal, el único que estuvo presente de su bloque.

Además, se opusieron la tucumana Paula Omodeo, el neuquino Osvaldo Llancafilo y el fueguino Ricardo Garramuño, cada uno con bloque unipersonal.

Entre los 28 ausentes estuvieron los tres tucumanos que forman parte de Independencia, bancada aliada del oficialismo. También los cuatro misioneros y tres salteños de Innovación Federal, con terminal en sus gobernadores; y otros siete de Encuentro Federal, que fueron cuatro cordobeses, un chubutense, un entrerriano (influidos por los mandatarios Martín Llaryora, Ignacio ‘Nacho’ Torres y Rogelio Frigerio, respectivamente) y el bonaerense Florencio Randazzo, que había dado quórum para la sesión.

El bloque Por Santa Cruz tuvo un ausente, José Luis Garrido; al igual que Democracia para Siempre, con la entrerriana Marcela Antola. Tampoco participó de la votación el porteño Ricardo López Murphy. El Pro tuvo dos ausentes, UP tres y la UCR otros tres.

Desde las 12.19 la Cámara baja realiza su primera reunión del 143° período de sesiones ordinarias, para debatir una decena de proyectos relacionados con el escándalo de las criptomonedas protagonizado por el presidente Javier Milei el 14 de febrero pasado, cuando publicó un posteo en sus redes sociales convocando a participar del negocio $Libra, una criptomoneda que a partir de esa promoción alcanzó altos niveles de venta y terminó desplomándose, generando grandes pérdidas a quienes se sumaron a la propuesta.

La sesión fue convocada por el bloque Democracia para Todos, al que se sumó Encuentro Federal y siempre estuvo en duda esta sesión, por las fuertes presiones oficiales para desactivarla.

Al quórum aportaron los bloques de Unión por la Patria (incluidos santiagueños y catamarqueños), el grueso de Democracia para Siempre, más de la mitad de Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, y Álvaro González, del Pro, quien se había sumado al pedido de sesión. También los aliados habituales del oficialismo del MID, bloque que conduce Oscar Zago.

A pesar de que en la previa se esperaba que una mayoría de la UCR bajara al recinto, sólo lo terminaron haciendo los dos bonaerenses Karina Banfi (oriunda de Bahía Blanca) y Fabio Quetglas. También se sentaron en sus bancas los monobloquistas Roberto Mirabella (DSF), Mario Barletta (Unidos) y Lourdes Arrieta (EF-FC).

Por tratarse de proyectos sin dictamen, todas las propuestas de la oposición necesitarían de los dos tercios para avanzar, por lo que la apuesta pasa por alcanzar un emplazamiento a las comisiones para establecer un cronograma de tratamiento.

El temario también incluye un proyecto presentado por la diputada de UP Victoria Tolosa Paz junto a legisladores de casi todas las bancadas para declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional por el término de 90 días, prorrogables por igual plazo en la ciudad de Bahía Blanca y toda la región afectada por el temporal ocurrido el pasado 7 de marzo.

Precisamente por esa tragedia, en el inicio de la sesión la bandera fue izada a media asta; y luego, se cumplió un minuto de silencio por las víctimas de la tragedia.

NOTICIA EN DESARROLLO

En el arranque de la semana, se oficializó este lunes la convocatoria a una sesión especial en la Cámara de Diputados pedida por la oposición para este miércoles a las 12, con el fin de abordar el criptogate, tema más que incómodo para el Gobierno.

La solicitud de los radicales de Democracia para Siempre, el bloque de Encuentro Federal y un diputado del Pro, estimaba el horario de las 10, pero en la citación firmada por el secretario Parlamentario, Adrián Pagán, se convocó al recinto a las 12.

Según explicaron desde fuentes de la Presidencia de la Cámara baja, el cambio en el horario fue para que la sesión no se superponga con el plenario de comisiones previsto para reanudar la discusión sobre un nuevo régimen penal juvenil, citado para las 11, pero que también cambió su horario y será este miércoles a partir de las 10.

Varios bloques de la oposición, la más dura pero también de sectores llamados dialoguistas, firmantes de los proyectos de resolución que incluye el temario, tienen expectativa de lograr el quórum con 129 presentes para debatir sobre el caso $LIBRA, que se convirtió en la crisis más importante vivida hasta ahora por la administración de Javier Milei.

La convocatoria había sido presentada incluso antes del inicio del período de sesiones ordinarias. Fue el martes 25 de febrero e incluía una decena de iniciativas que, comenzado el nuevo período legislativo, fueron representadas con nuevo número de expediente.

Así, el nuevo pedido de sesión fue encabezado por Democracia para Siempre, integrantes de Encuentro Federal y hasta se sumó al final un legislador del Pro. La sumatoria de los convocantes, más la totalidad de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda permitirían garantizar el quórum, cosa que a priori muchos creían imposible, pero ahora casi dan por descontada. El desafío estará en que los impulsores puedan tener sus bancadas completas. Algo en lo que no será menor la incidencia de los gobernadores sobre legisladores que les responden y forman parte de esos espacios.

En efecto, ese será el primer desafío de los bloques opositores. Uno de los legisladores convocantes fue concreto al señalar que esperan tener quórum “ya que el tema criptoestafa está creciendo" y "quien no asista estará blindando a Milei”.

Las últimas medidas del Gobierno no hicieron más que avivar el clima beligerante en buena parte de la oposición dialoguista, que no ha visto con buenos ojos la designación de jueces para la Corte “en comisión” por decreto, o el envío de un DNU sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El temario incluye proyectos para crear una comisión investigadora del caso, pedidos de informes dirigidos al Poder Ejecutivo y todas las interpelaciones planteadas por las diferentes bancadas a la plana mayor del Gobierno, desde Javier y Karina Milei al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Entre las iniciativas presentadas por Democracia para Siempre se incluyó una para crear una comisión investigadora, pedidos de informes y una interpelación a Francos. Pero también se contempla una de interpelación al presidente Milei presentada por el Frente de Izquierda; otro pedido de interpelación presentado por Encuentro Federal que incluye a Karina Milei, Francos, Adorni y Cúneo Liberona; y un pedido de interpelación al jefe de Gabinete planteado por la Coalición Cívica. Además, se incluyó una interpelación presentada por Unión por la Patria a la secretaria General de la Presidencia. En cuanto a los pedidos de informes al PEN, había de DpS, Unión por la Patria, Encuentro Federal y CC.

En caso de habilitarse la sesión, también se intentaría tratar sobre tablas un proyecto presentado el viernes pasado por la diputada Victoria Tolosa Paz, que tiene las firmas de diputados de todos los bloques, para declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional por el término de 90 días en la ciudad de Bahía Blanca y toda la región afectada por el terrible temporal que se abatió allí.

Para garantizar la asistencia de miembros de la UCR -que cuenta dentro con un número importante de aliados al oficialismo-, se sumó un proyecto presentado por el presidente de esa bancada, Rodrigo de Loredo, que exige al Poder Ejecutivo cumplir con la obligación de asistencia al Congreso del jefe de Gabinete, con el fin de brindar informes sobre el caso.

Precisamente para tratar de desactivar la movida, desde el Gobierno iniciaron contactos con un sector de la oposición para ofrecer la presencia de Francos para brindar la información requerida en torno al escándalo cripto. Pero esto no sería a modo de interpelación, sino en el marco de una sesión informativa, cosa que hay que ver si convence.

Otro lugar donde apuntará el oficialismo para tener ausencias en las bancas será a los mandatarios provinciales, cuyas influencias ya se vieron en más de una oportunidad en las votaciones del Congreso, siendo la última la que provocó que fracasara la creación de una comisión investigadora en el Senado, con el rol clave de los radicales.

A sabiendas de la imposibilidad de garantizar las mayorías especiales (dos tercios) para tratar sobre tablas cualquiera de esos proyectos, la idea -si se abre la sesión- será lograr emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para dictaminar alguno de los proyectos; cuestión de llevar al recinto el tema en un plazo perentorio.

El pedido de sesión fue firmado por los diputados Pablo Juliano, Marcela Coli, Carla Carrizo, Fernando Carbajal, Facundo Manes, Danya Tavela, Manuel Aguirre, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti y Juan Carlos Polini (DpS); Miguel Ángel Pichetto, Oscar Agost Carreño, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Natalia de la Sota y Mónica Fein (EF); y en el segundo pedido se sumó Álvaro González (Pro).

Lo que en un principio fue tomado como un intento casi testimonial de parte de bloques de la oposición en Diputados, se perfilaba este fin de semana con perspectivas de éxito. Hablamos del llamado a sesionar esta semana, para debatir los proyectos presentados por bloques de toda la oposición a partir del estallido del caso $Libra, que se convirtió en la crisis más importante vivida hasta ahora por la administración Milei.

La convocatoria había sido presentada incluso antes del inicio del período de sesiones ordinarias. Fue el martes 25 de febrero e incluía una decena de iniciativas presentadas en torno al caso conocido como “criptogate”, y era para este martes 11 de marzo. La última semana se corrigió la fecha de la sesión que todavía no ha sido oficializada, pero que la Presidencia de la Cámara baja no podrá eludir convocar: será este miércoles a las 10 de la mañana.

El pedido de sesión fue encabezado por Democracia para Siempre, pero cuenta con las firmas de diputados de Encuentro Federal y hasta se sumó al final un legislador del Pro. La sumatoria de los convocantes, más la totalidad de Unión por la Patria y la izquierda permitirían garantizar el quórum, cosa que a priori muchos creían imposible, pero ahora casi dan por descontada. El desafío estará en que los convocantes puedan tener sus bancadas completas. Algo en lo que no será menor la incidencia de los gobernadores sobre legisladores que les responden y forman parte de esos espacios.

En efecto, ese es el primer desafío de los bloques opositores. Como ya señalamos oportunamente, uno de los legisladores convocantes fue concreto al señalar que esperaban tener quórum “ya que el tema criptoestafa está creciendo. Quien no asista estará blindando a Milei”.

Las últimas medidas del Gobierno no hicieron más que avivar el clima beligerante en buena parte de la oposición dialoguista, que no ha visto con buenos ojos medidas como la designación de jueces para la Corte “en comisión”, o el envío de un DNU sobre el acuerdo con el Fondo Monetario.

En caso de concretarse la sesión, se levantaría la reunión del plenario de comisiones prevista para las 11 para tratar la modificación del Régimen Penal Juvenil.

El temario incluye proyectos para crear una comisión investigadora del caso, pedidos de informes dirigidos al Poder Ejecutivo y todas las interpelaciones planteadas por las diferentes bancadas a la plana mayor del Gobierno, desde Javier y Karina Milei al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Entre las iniciativas presentadas por Democracia para Siempre se incluyó una para crear una comisión investigadora, pedidos de informes y una interpelación a Francos. Pero también se contempla una de interpelación al presidente Milei presentada por el Frente de Izquierda; otro pedido de interpelación presentado por Encuentro Federal que incluye a Karina Milei, Francos, Adorni y Cúneo Liberona; y un pedido de interpelación al jefe de Gabinete planteado por la Coalición Cívica. Además, se incluyó una interpelación presentada por Unión por la Patria a la secretaria General de la Presidencia. En cuanto a los pedidos de informes al PEN, había de DpS, Unión por la Patria, Encuentro Federal y CC.

En caso de habilitarse la sesión, también se trataría sobre tablas un proyecto presentado el viernes pasado por la diputada Victoria Tolosa Paz, que tiene las firmas de diputados de todos los bloques, para declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional por el término de 90 días en la ciudad de Bahía Blanca y toda la región afectada por el terrible temporal que se abatió este viernes allí.

Para garantizar la asistencia de radicales, se sumó un proyecto presentado por el presidente de esa bancada, Rodrigo de Loredo, que exige al Poder Ejecutivo cumplir con la obligación de asistencia al Congreso del jefe de Gabinete, con el fin de brindar informes sobre el denominado caso $Libra.

Precisamente para tratar de desactivar la movida, desde el Gobierno iniciaron contactos con la oposición dialoguista para ofrecer la presencia del jefe de Gabinete para brindarles la información requerida en torno al escándalo cripto.

La mano de los mandatarios provinciales ya se vio en más de una oportunidad en las votaciones del Congreso, siendo la última la que influyó para que fracasara la creación de una comisión investigadora en el Senado, con el rol clave de los radicales.

A sabiendas de la imposibilidad de garantizar las mayorías especiales (dos tercios) para tratar sobre tablas cualquiera de esos proyectos, la idea es lograr emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para despachar en comisión la creación de una comisión investigadora. Cuestión de llevar al recinto el tema en un plazo perentorio.

El pedido de sesión fue firmado por los diputados Pablo Juliano, Marcela Coli, Carla Carrizo, Fernando Carbajal, Facundo Manes, Danya Tavela, Manuel Aguirre, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti, Juan Carlos Polini (DpS); Miguel Ángel Pichetto, Oscar Agost Carreño, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Natalia de la Sota y Mónica Fein (EF); y en el segundo pedido se sumó Álvaro González (Pro).

Iniciado un nuevo período ordinario, distintos bloques de la oposición volvieron a presentar una serie de proyectos de resolución vinculados al caso de la estafa con la criptomoneda $LIBRA, con la intención de debatirlos en el recinto de la Cámara de Diputados la próxima semana.

Al perder estado parlamentario las iniciativas -a partir del 1ro. de este mes-, las mismas debían recibir un nuevo número de expediente y, luego de ello, los convocantes presentaron otro pedido de sesión. Este miércoles se conoció que ya no lo harán para el martes 11 a las 12, sino para el miércoles 12 a las 10, una hora antes de un plenario de comisiones citado por el tema del régimen penal juvenil.

El primer desafío para los bloques de la oposición que convocan será reunir a 129 diputados presentes para el quórum. “Esperamos tener quórum ya que el tema criptoestafa está creciendo. Quien no asista estará blindando a Milei”, dijo un diputado interesado en que avance el tema.

En caso de alcanzar ese número y abrir el recinto, el objetivo de los impulsores de la sesión será votar un emplazamiento a las comisiones que deben tratar los proyectos, ya que ninguno cuenta con dictamen y, por lo tanto, requerirían dos tercios de los votos para su aprobación, algo imposible ante el bloqueo del oficialismo y sus aliados.

El temario incluye proyectos para crear una comisión investigadora del caso, pedidos de informes dirigidos al Poder Ejecutivo y todas las interpelaciones planteadas por las diferentes bancadas a la plana mayor del Gobierno, desde Javier y Karina Milei al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Entre las iniciativas presentadas por Democracia para Siempre se incluyó una para crear una comisión investigadora, pedidos de informes y una interpelación a Francos.

Pero también se contempla una de interpelación al presidente Milei presentada por el Frente de Izquierda; otro pedido de interpelación presentado por Encuentro Federal que incluye a Karina Milei, Francos, Adorni y Cúneo Liberona; y un pedido de interpelación al jefe de Gabinete planteado por la Coalición Cívica. Además, se incluyó una interpelación presentada por Unión por la Patria a la secretaria General de la Presidencia.

En cuanto a los pedidos de informes al PEN había de DpS, Unión por la Patria, Encuentro Federal y CC.

Con presencia plena, todos los bloques de los cuales hay proyectos en el temario (UP, EF, DpS, CC y FIT) reunirían quórum -se requieren 129-, pero el desafío estará en que puedan tener sus bancadas completas. Algo en lo que no será menor la incidencia de los gobernadores sobre legisladores que les responden y forman parte de esos espacios.

La mano de los mandatarios provinciales ya se vio en más de una oportunidad en las votaciones del Congreso, siendo la última la que influyó para que fracasara la creación de una comisión investigadora en el Senado, con el rol clave de los radicales.

El pedido de sesión fue firmado por los diputados Pablo Juliano, Marcela Coli, Carla Carrizo, Fernando Carbajal, Facundo Manes, Danya Tavela, Manuel Aguirre, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti, Juan Carlos Polini (DpS); Miguel Ángel Pichetto, Oscar Agost Carreño, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Natalia de la Sota y Mónica Fein (EF); y en este pedido se sumó Álvaro González (Pro).

El bloque de diputados nacionales de la UCR, presidido por Rodrigo De Loredo, salió este martes a reclamar por la presencia en el Congreso del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para responder varias preguntas relacionadas al caso $LIBRA.

Entre otros puntos, los radicales quieren que el funcionario explique cuál fue el rol específico del presidente de la Nación, Javier Milei, en la difusión/promoción de la criptomoneda; qué conocimiento tenía el Gobierno sobre los riesgos asociados con $LIBRA antes de su lanzamiento; quiénes fueron los responsables de la difusión/promoción de $LIBRA dentro del Gobierno y cómo llegó al presidente de la Nación la dirección del contrato de la memecoin.

También solicitan detalles sobre las reuniones que Hayden Mark Davis, Manuel Terrones Godoy, Mauricio Novelli y Julián Peh tuvieron en Casa Rosada, con quiénes se reunieron, y los procedimientos para acceder a una audiencia con el presidente, entre otras cuestiones.

A días que se inicie el período ordinario, la oposición ya apretó el acelerador en la Cámara de Diputados y pidió una sesión para el próximo 11 de marzo, a las 12, con la intención de que se traten una serie de proyectos vinculados al escándalo cripto protagonizado por el presidente Javier Milei.

La solicitud fue presentada por los radicales díscolos del bloque Democracia para Siempre y por el bloque de Encuentro Federal, comandado por Miguel Pichetto.

El temario incluye los proyectos de resolución para crear una comisión investigadora del caso, pedidos de informes dirigidos al Poder Ejecutivo y todas las interpelaciones planteadas por las diferentes bancadas a la plana mayor del Gobierno, desde Javier y Karina Milei al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

“La intención del bloque Democracia para Siempre es que Diputados no mire al costado como hizo el Senado. Es nuestra responsabilidad como Poder Legislativo controlar los actos de gobierno, máxime cuando estamos ante un escándalo de proporciones globales y observamos que desde el presidente de la Nación a su entorno más cercano podrían haber cometido hechos reñidos con la ética pública", expresaron los diputados de DpS.

Los legisladores del bloque que preside Pablo Juliano agregaron que "tal como lo indica la Constitución, el Congreso además de legislar es un contrapeso del Ejecutivo y debe funcionar en ese sentido".

En el pedido de sesión se incorporaron los expedientes presentados por Democracia para Siempre para crear una comisión investigadora, pedidos de informes y una interpelación a Francos.

Pero también se contempla el de interpelación a Milei presentado por el Frente de Izquierda; otro pedido de interpelación presentado por Encuentro Federal que incluye a Karina Milei, Francos, Adorni y Cúneo Liberona; y un pedido de interpelación al jefe de Gabinete planteado por la Coalición Cívica. Además, se incluyó una interpelación presentada por Unión por la Patria a la secretaria General de la Presidencia.

En cuanto a los pedidos de informes al PEN se sumaron todos los proyectos presentados por DpS, Unión por la Patria, Encuentro Federal y CC.

Con presencia plena, todos los bloques de los cuales hay proyectos en el temario (UP, EF, DpS, CC y FIT) reunirían quórum -se requieren 129-, pero el desafío estará en que puedan tener sus bancadas completas. Por un lado, faltan dos semanas para la convocatoria. Por otro, no será menor la incidencia de los gobernadores sobre legisladores que les responden y forman parte de esos espacios.

La mano de los mandatarios provinciales ya se vio en más de una oportunidad en las votaciones del Congreso, siendo la última la que influyó para que fracasara la creación de una comisión investigadora en el Senado, con el rol clave de los radicales.

En caso de sortear el primer desafío de lograr quórum y abrir la sesión, al no contar con dictamen de comisión, ninguno de los proyectos puede aprobarse por mayoría simple, sino que necesitan de los dos tercios de los votos, algo imposible de alcanzar ante el bloqueo del oficialismo y aliados.

Sin embargo, el número de 129 le alcanzaría a los bloques opositores para emplazar a las comisiones y poner fecha y hora para que las iniciativas se debatan y puedan tener despacho para ir al recinto. Proyectos hay de todo tenor y color; se verá cuál o cuáles prevalecen si se diera ese plan.

El pedido de sesión fue firmado por los diputados Pablo Juliano, Marcela Coli, Carla Carrizo, Fernando Carbajal, Facundo Manes, Danya Tavela, Manuel Aguirre, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti, Juan Carlos Polini (DpS); Miguel Ángel Pichetto, Oscar Agost Carreño, Margarita Stolbizer, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Natalia de la Sota y Mónica Fein (EF).

Alberto Fernández se autopercibía “un hombre común” y usaba esa definición como carta de presentación. En un spot de campaña, se definía así: “Soy profesor de la UBA, fana del Bicho y me gusta pasear a Dylan. Soy un tipo común”. Ya siendo presidente, en la todavía denominada Twitter, usaba también una presentación similar; recién al final ponía su condición presidencial.

Javier Milei también dice ser un hombre común, que asume la presidencia como “un trabajo” que debe hacer, al cabo del cual se volverá a su casa para dedicarse a leer. En estos días -a modo de defensa ante el escándalo en el que él solito se metió- ha confesado que le cuesta disociar entre el hombre común y el mandatario que es. Está claro que, como cualquiera, se sabe presidente, pero sigue actuando como si fuera el economista excéntrico que era hasta ser elegido para ocupar cargos públicos. Eso, que hasta ahora contribuía a la imagen que quería dar de sí mismo como “ajeno a la casta”, comenzó súbitamente a hacer ruido.

Un ruido que en cambio no hubo cuando en su primer viaje a España como presidente realizó la presentación de su último libro, lo cual podía ser objetado por tratarse de la promoción de un negocio personal que hacía desde su condición tan especial. Pero nadie elevó la voz entonces.

Recién ahora estallaron las alarmas, porque el tema impacta en el mundo virtual donde Milei habita la mayor parte del día, como queda claro por su actividad permanente en las redes sociales. Cosa que exhibe como un activo importante: dice tener como nadie antes una percepción muy especial de lo que piensa la gente por la atención constante que le dedica a las redes.

Milei siempre alardeó de que los poderosos pagaban por escucharlo, lo cual le daba la posibilidad de no vivir de su dieta de diputado (que sorteaba mensualmente, una modalidad de promoción personal que hacía con dinero público sin que nadie se rasgara jamás las vestiduras por ello). No hay pruebas de que haya sido parte de $Libra; tampoco de que le hayan pagado por promocionarla (él dice que solo la “difundió”). Pero está claro que al defenderse se cuidó de no atacar a quienes promovieron ese negocio. Raro en él.

Los personajes al que Milei se cuidó esta vez de no destratar deslizaron en cambio referencias que le apuntan directamente a la hermana presidencial, el corazón del poder en la Argentina. Imposible que Milei vaya a soltarle la mano, pase lo que pase.

Lo que él mismo definió como “el tridente de hierro”, que componen Milei, su hermana y el super asesor presidencial Santiago Caputo, es insustituible aunque por primera vez los tres quedaron severamente expuestos. En el caso del joven Caputo, por una vez parecía haber quedado fuera del radar de los críticos por no tener aparentemente relación con el tema cripto. Sin embargo entró en escena cuando justamente fue exhibido impúdicamente en el “crudo” de la entrevista de TN que insólitamente se publicó en Youtube. Esa intervención fue uno de los temas que acaparó la discusión popular durante esta semana tan complicada para el Gobierno, y el principal damnificado (aunque nada salva su responsabilidad), Jonatan Viale, feamente expuesto en la ocasión, contó que el propio Caputo lo llamó pidiéndole que lo culpara a él. En efecto, él fue quien intervino la entrevista, pero el periodista se lo permitió y el presidente no se quejó, más bien obedeció la recomendación que su asesor le hizo al oído.

El momento de la interrupción de Santiago Caputo en el reportaje a Milei para TN.

“Claro… claro, sí, obvio”, fue la respuesta presidencial ante la indicación que Caputo le hizo al oído; lejos del “Santiago, eso fue innecesario”, que al día siguiente se le adjudicó haber expresado como reprimenda. Fue parte del operativo de control de daños que se inició a partir de la difusión de la entrevista “completa”, consistente en cargar las tintas sobre Caputo, para limpiar de cualquier responsabilidad de Milei en el episodio.

Así, los funcionarios salieron en línea a “atender” a esa figura central del Gobierno que es Santiago Caputo, con la intención de que éste “se llevara la marca”. Con la venia presidencial, varios le apuntaron, notándose que alguno lo hizo con más ganas que otros, como Guillermo Francos, que de paso advirtió que el joven “aprendió la lección: nadie es superpoderoso”.

Mucho se especuló detrás de este episodio y en lo que la mayoría coincide es en que un error de esas características -el de subir el video completo, no el editado- es difícil que se cometa. En tren de buscar interesados, hasta podría sindicarse al propio gobierno detrás de semejante gaffe, cuestión de llevar la atención a otras direcciones.

Entre las cosas que se dijeron a posteriori, se enfatizó que el joven asesor se había “equivocado”, pues los dichos de Milei que motivaron su intervención no afectaban en nada al presidente. En rigor, no eran inocuos, como está claro que el propio Milei reconoció en ese momento. En la entrevista estaban hablando de la estrategia judicial y Milei involucró a su ministro Mariano Cúneo Libarona -que de hecho se había ofrecido a intervenir- en su eventual defensa. El tema es que el Gobierno ya había decidido que fuera la Oficina Anticorrupción la que se ocupara de la investigación, y ese organismo depende de la cartera de Justicia.

Como sea, el presidente fue imputado por el fiscal Eduardo Taiano en la investigación que se ha abierto por “negociaciones incompatibles con la función pública”. Interviene la jueza María Servini.

Pese a las repercusiones que el escándalo ha tenido en la Argentina y el mundo, la sensación al cabo de la primer semana es la de que el Gobierno la sacó barata. Sobre todo en los mercados, donde no se produjo el impacto que algunos temían; tampoco en la consideración general, pues las primeras encuestas hablan de una baja mínima de la imagen presidencial, aunque la negativa haya crecido y el tema haya prendido en la gente, pues el conocimiento público del caso tiene niveles elevadísimos.

Ni tampoco afectó como se temía en el Congreso, en una semana decisiva donde el Senado debía completar la tarea iniciada en Diputados con las leyes mandadas por el Ejecutivo a extraordinarias. Tan solo se suspendió una reunión en la que el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio (hombre de Santiago Caputo, dicho sea de paso) debía presentarse ante los senadores. No era un buen momento para eso. Y más allá de los embates sobre el tema que la oposición (no toda) hizo, el impacto fue moderado.

Lo más importante no se concretó: fue rechazada la conformación de una bicameral investigadora, instancia más viable que el juicio político que no tiene ninguna chance de prosperar ni siquiera en su parte preliminar. La comisión investigadora que quiso poner en marcha el Senado necesitaba doble 2/3: uno para habilitar el tratamiento y el segundo para darle aprobarla. Lo primero lo consiguieron con 53 votos; pero en la segunda votación le faltó a los impulsores de la movida un solo voto. El presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, quedó en la picota porque primero votó a favor del debate y después rechazó la comisión. En el bloque argumentó que -obviamente- se lo había pedido su gobernador, el correntino Eduardo Valdés.

Solo un voto faltó para que pudiera avanzar la comisión investigadora.

El papel de los gobernadores (sobre todo los radicales) fue clave en esa extensa jornada en la que el oficialismo se alzó también con la suspensión de las PASO y el paquete judicial. Aunque no todo vino redondo para el Gobierno, que algo debía resignar y fue la consagración de Ariel Lijo como juez supremo.

Como señal para lo que después vendría, el Gobierno dejó trascender al mediodía del jueves la noticia de que levantaba la sesión del día siguiente para tratar el pliego del juez federal. Y hasta algunos voceros dieron a entender que le soltaban la mano a Lijo, deslizando nombres alternativos.

Dicen que esta semana se publicaría el decreto nombrando en comisión a dos nuevos miembros de la Corte, y entre ellos no estaría Lijo, que ha dicho que no quiere ser nominado así. No por pruritos especiales, sino porque tendría que renunciar a ser juez federal y es probable que en un año se quede sin nada. Pero hay quienes sugieren que nada sucederá esta semana: Lijo, cuyo dictamen ya está, seguiría en la lista de espera, para ver si en algún momento se abren las chances en el Senado. No es un buen momento para que el Gobierno tenga un juez enojado en Comodoro Py, justo cuando empiezan a aparecer causas que lo involucran.

Lo de Manuel García-Mansilla quedaría para fin de año, con la nueva conformación del Congreso y un gobierno que se presupone victorioso entonces.

Es que nada indica que el escándalo cripto vaya a afectar electoralmente a Milei. Hay antecedentes más graves de que en Argentina pasa así: si va bien la economía, lo demás es tolerable. Recordar el “Yomagate”, que involucró nada menos que a la cuñada de Carlos Menem, Amira Yoma, secretaria de Audiencias de entonces, a quien el juez español Baltasar Garzón llegó a pedir su detención por lavado de dinero. Detalles de color: la jueza que intervino en el caso fue María Servini; y el abogado de Amira era Mariano Cúneo Libarona.

El Pro justificó este viernes su decisión de no acompañar el pedido de creación de una comisión investigadora en el Congreso. Lo hizo a través de un comunicado difundido a través de las redes sociales en el que marca su postura desde el título: “La Justicia debe investigar, el Congreso legislar”.

“Nuestro rol es exigir que la Justicia investigue y no intentar reemplazar a la Justicia”, señaló el Pro en un mensaje en el que señaló que “en una República, cada poder del Estado debe cumplir su rol constitucional sin interferencias de los otros poderes y con la máxima eficiencia”.

Para el partido amarillo, “la facultad de constituir comisiones investigadoras se considera una atribución implícita del Congreso, derivada del artículo 75, inciso 32, de la Constitución Nacional. La doctrina reconoce esta prerrogativa, pero la concibe como un medio para cumplir las funciones propias del Poder Legislativo: elaborar leyes y ejercer el control institucional. Por ello, existe consenso en que una comisión legislativa no debe constituirse con el propósito principal de investigar delitos, ya que esa es una función exclusiva del Poder Judicial”.

Por esta razón, agrega el Pro, “nuestro bloque de senadores decidió no acompañar la creación de una comisión investigadora. La búsqueda de la verdad no debe prestarse a maniobras de oportunismo político”.

Y cerró: “Reafirmamos nuestro reclamo de una investigación judicial pronta y exhaustiva que despeje todas las dudas y ayude a recuperar la confianza en las instituciones, base fundamental para un crecimiento económico sostenible”.

Por un voto fracasó en la sesión de este jueves en el Senado la creación de una comisión que investigue el accionar del presidente Javier Milei por la promoción de la criptomoneda $LIBRA, tema que marcó el inicio de la jornada. Lo más llamativo de la derrota que mostró el tablero para los impulsores del proyecto fue la división del bloque radical y el giro del jefe de la bancada, Eduardo Vischi, quien había acompañado con su firma la iniciativa encabezada por el fueguino Pablo Blanco. 

En la votación se vio la fuerte intervención de los mandatarios radicales Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes) y también el del Pro Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Después de una serie de cuestiones de privilegio planteada por varios integrantes de Unión por la Patria, comenzaron los pedidos de apartamiento del reglamento y expuso Blanco. 

“Muchos estábamos festejando el Día de los Enamorados y el presidente se ve que, como por ahí 'Yuyito' (Amalia González) se había ido del país o no estaba, se dedicó a tuitear y lo que hizo me parece que no es lo correcto”, arrancó el legislador sobre el posteo realizado por el presidente. 

Blanco afirmó que “esencialmente violó la Ley de Ética Pública” y, sobre la explicación posterior de Milei de que no estaba interiorizado lo suficiente, lanzó: “¿Cómo no va a estar en conocimiento alguien que se proclama premio Nobel de economía?”. 

“Esta comisión va ser muy positiva y es la herramienta adecuada que tiene el presidente, para sí es como él dice, que no tiene nada que ver, venir a explicarle a estos senadores, que tienen la misma legitimidad y representatividad del voto popular que tiene él. Porque a él no lo eligieron emperador o rey, lo eligieron presidente de un sistema democrático”, sostuvo. 

Y agregó que crear una comisión serviría para que “el Senado de la Nación no se haga el distraído, no haga caso omiso” ante “el daño que el presidente se autoinfringió y le infringió al país, que es la pérdida de confianza”. 

Durante el debate, el jefe de UP, José Mayans, confirmó el acompañamiento de su interbloque al proyecto impulsado por Blanco y pidió “hacer un cuarto intermedio, pedir los nombres y constituirla hoy”.

A continuación, la rionegrina Mónica Silva recordó que ella había presentado un proyecto para conformar una bicameral porque “según la lectura de los antecedentes es lo que ha ocurrido; que las dos cámaras se pongan de acuerdo en conjunto para poner los medios disponibles”.

Blanco respondió entonces que primero se pensó, pero luego se decidió una unicameral “en vista a la necesidad de la rapidez” y por el hecho de que el año pasado varias bicamerales no se conformaron “porque se tienen que poner de acuerdo” los presidentes de ambas cámaras.

Desde UP, el rionegrino Martín Doñate advirtió: “Le corresponde a este bloque tener mayoría en esa comisión”. Y reclamó que “los senadores que vayan a integrar esta comisión vayan a fondo, que no arruguen, porque después va a haber llamados de los gobernadores que le van a poner freno”.

El jefe de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, consideró: “Está muy bien que sea tratado porque es parte del derecho que tenemos como senadores y la transparencia que le queremos dar”. “Es un tema serio, importante, que no tiene que ser parte de una estrategia golpista”, subrayó, pero propuso que se pusiera en marcha una vez iniciado el período ordinario, “con la mayor premura y la prolijidad necesaria”. 

Luego se pasó a votar en primer lugar la habilitación del tema, que resultó favorable con 53 votos positivos y 17 negativos. Se requerían dos tercios de los presentes. Pero luego sobrevendría el rechazo, en el que mucho protagonismo tuvieron los gobernadores radicales. Allí se necesitaban dos tercios de los miembros del Cuerpo, es decir, 48, y la votación arrojó 47 votos a favor y 23 en contra. Es decir, resultó rechazado por un voto. 

Por la UCR se pronunciaron en contra los correntinos Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela; la mendocina Mariana Juri; el chaqueño Víctor Zimmerman; el santafesino Eduardo Galaretto y la entrerriana Stella Maris Olalla. 

A ellos se sumaron los 6 de La Libertad Avanza, 7 del Pro, con la única excepción de la porteña Guadalupe Tagliaferri, quien más tarde solicitó la interpelación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cosa que tampoco fue aceptada, aunque sí un pedido de informes. También votaron en contra la mayoría de los integrantes del bloque de Las Provincias Unidas, encabezados por Carlos “Camau” Espínola (Corrientes), Juan Carlos Romero (Salta), Lucila Crexell (Neuquén) y Alejandra Vigo (Córdoba).

Por su parte, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut no participaron de la votación.

Por una diferencia más grande, tampoco prosperó un pedido del senador K Oscar Parrilli para interpelar a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La votación para habilitar el tema resultó con 39 votos afirmativos y 28 votos negativos. 

No con una larga lista de oradores, pero sí con algunos discursos picantes, senadores de Unión por la Patria aprovecharon el tramo de las cuestiones de privilegio en el comienzo de la sesión de este jueves y apuntaron contra el presidente Javier Milei y su hermana Karina, entre otros funcionarios, por el escándalo $LIBRA. También criticaron duramente a los miembros de otros bloques dialoguistas por ser “colaboracionistas” del Gobierno. 

“Este es un evento que le da el golpe de gracia final al relato de la lucha contra la corrupción que ha formado Milei y su banda”, arrancó el jefe del principal interbloque opositor, José Mayans. “Después de esto es imposible reponerse”, siguió y señaló que “tenemos un presidente que se justifica, que dice que él actuó como economista, recomendando esta memecoin, pero que no lo hizo como presidente. Por supuesto que es presidente las 24 horas, parece que nunca entendió eso”. 

Para el formoseño, “todo esto empieza a caerse con un senador (en referencia a Edgardo Kueider) que llevaba a Paraguay 200 mil dólares y después aparece con su novia joven comprando seis departamentos. Acá se compraron voluntades para hacer una ley que entrega el patrimonio nacional”. Y denunció que el entrerriano “sigue teniendo protección de los servicios de inteligencia argentino, ¿por qué? Y porque claramente no es conveniente que cante”. 

Mayans reclamó que “tenemos temas que son fundamentales para el país que se niegan a tratar” y “el ministro de Economía (Luis Caputo) se niega a venir al Parlamento a explicar el Presupuesto o por qué tenemos 100 mil millones de dólares más de deuda”, mientras “hay un presidente que está dedicado a la joda; se dedica a conformar una banda para cometer una estafa”. 

“Decían que iban contra los corruptos, contra la casta, ¿qué van a decir ahora? El corrupto número uno está sentado en la Casa Rosada, dedicándose a la joda, formando fondos para estafar a la gente”, lanzó.

En alusión a la entrevista de Milei con Jonatan Viale, el legislador opinó: “Muchos dicen que fue mala la entrevista, yo digo que fue espectacular, porque se mostró todo. No tiene desperdicio la autoincriminación que hizo el presidente y las barbaridades que dijo”. “(Juan Domingo) Perón decía que las instituciones empiezan a pudrirse por la cabeza, bueno, acá el pescado podrido está por la cabeza; un presidente que ha montado una estafa, aplicando políticas que deterioran todo el sistema social argentino”, sumó. 

Después, al hablar del editorial de Viale -por los cuestionamientos ante la interrupción de Santiago Caputo en la entrevista-, el senador dijo que “nos enteramos de toda la corrupción, de lo que hizo Horacio Rodríguez Larreta con la plata de la Ciudad”. “Y Rodríguez Larreta después le dice a Milei ‘me hinchaste las pelotas’, y acá viene la senadora representante (en alusión a Guadalupe Tagliaferri), y está dando quórum. Vergonzoso”, disparó. 

Al hablarle a sus pares de la oposición dialoguista, Mayans pidió: “No hablen más de la corrupción, ¿qué están esperando? ¿Que estalle el país? Porque el presidente confesó ser un corrupto y la hermana otra corrupta. Para qué quieren armar la comisión investigadora, ¿para investigar o para dilatar? ¿Para que no pase nada? ¿Para poner a ‘Camau’ (Espínola) de presidente de la comisión? ¿Para darle transparencia? Y van a aparecer 20 departamentos más en Paraguay. Un nivel de corrupción espectacular. No hablen más de corrupción, están inhibidos de hablar de corrupción porque tienen un presidente corrupto”. 

Muy dura también, Juliana Di Tullio apuntó contra Milei y su hermana Karina. “Me siento agraviada como senadora de la Nación y este Cuerpo que debería sentirse agraviado”, expresó y habló de “un presidente que estafa a la luz de todos los argentinos y de todos los senadores que estamos acá”. “La verdad que nos hizo quedar pésimamente mal y tenemos que hablar en nombre de los argentinos, nos hizo quedar espantosamente mal. Este Gobierno es un gobierno de estafadores”, enfatizó. 

“Me extraña que se haya abierto el recinto con la colaboración de todos los bloques políticos que dicen llamarse opositores dialoguistas, creo deberían llamarse como son: son oficialistas a este Poder Ejecutivo estafador, son cómplices, son parte, le abrieron las puertas a un tema que nos puede interesar a nosotros, pero que no le interesan al pueblo como es la suspensión de las PASO”, cargó contra senadores del Pro, la UCR y fuerzas provinciales. 

La jefa de Unidad Ciudadana denunció que “le abren el recinto al presidente Milei porque es su agenda, porque quieren darle una aspirina a esta situación que es grave, gravísima, de toda gravedad mundial”. “El presidente piensa a la Argentina como un casino, eso les propone el presidente a los jóvenes, tragarse el dinero”, cuestionó. 

La bonaerense reclamó que en este “escándalo político, financiero, judicial, por la memecoin $LIBRA no escuché a ninguno de los 37 del oficialismo expresarse y tuvieron que llamar a un compañero porque se quedaban sin quórum”. “Dijeron ‘¿quién podrá defendernos’ y vino el Chapulín Colorado, que es el senador del Chaco (Víctor Zimmermann) a darles número y a ayudarlos”, chicaneó sobre el regreso del radical. “Una vergüenza, todo esto es para poder tapar este escándalo que no se puede tapar, no lo van a poder tapar”, continuó. 

La legisladora K afirmó que “el presidente vulneró el artículo 19 de la Ley de Administración Financiera que veda toda publicidad o acción tendiente a captar recursos públicos por parte de personas no autorizadas”. Sobre la entrevista de Milei dijo que fue “pautada, escandalosa, horrible” y que el presidente “no se anima a hacer una conferencia, no se anima a dar la cara frente a los argentinos”. “¿Cómo le abrieron el Congreso los senadores a este presidente antes de que diera explicaciones?”, volvió a reclamar. 

“El presidente promocionó un token con un memecoin -no difundió- para estafar a 44 mil personas, cuatro vivos se quedaron con la guita. Este Congreso tiene facultades para investigar, además de la justicia. Hay 120 denuncias en menos de 48 horas y el presidente ni su hermana se presentaron ante la justicia”, resumió y agregó: “El presidente dijo que el ministro de Justicia va a hacer una comisión para investigar. ¿Quiénes son los que van a investigar? No lo dice. ¿Es una joda esto? ¿La Oficina Anticorrupción? Esto no va, no camina. El presidente se fue a Estados Unidos sin haberse presentado ante la justicia, para dejar tranquilo al pueblo argentino de que el presidente está decidido a que esto se investigue. Tiene miedo Milei, fue a buscar refugio, huyó”.

En el cierre, Di Tullio sostuvo: “Frente a esta estafa del presidente y del Gobierno me da mucha pena que el Senado de la Nación no esté a la altura de las circunstancias, que estemos dándole la espalda al pueblo argentino para que 38 senadores ayudan al presidente Milei. Son todos oficialistas, ¿van a asumir también la defensa en este caso? Me siento agraviada y quería hablar en nombre de los millones de argentinos estafados por el presidente Milei y su hermana”.

En la sesión, también planteó una cuestión de privilegio contra Milei la senadora Alicia Kirchner, quien habló de “estupor y vergüenza por lo que ha pasado en los últimos días con la memecoin; realmente, que nuestro presidente esté promoviendo o difundiendo esto, es absolutamente inadecuado”. “En el mundo cripto un token tiene un valor cuando se inicia de un 10% y después sube en función del libre mercado. Pero acá, al segundo cero, ya estaban absolutamente manipuladas las transacciones que fueron millonarias”, continuó. 

Para la legisladora de UP, este hecho “perjudicó no sólo a nuestro país, sino la imagen en el mundo”, y criticó que la situación se da mientras que en el país “hay industrias que cierran”. Sobre esto, la exgobernadora santacruceña apuntó que en su provincia “YPF se retira, dejando entre 2.200 y 2.500 familias sin trabajo”. Además expresó su preocupación “por las represas de Río Santa Cruz, que hace un año que no funcionan y hay 2.200 trabajadores que no perciben salario” y respecto a YCRT. 

Al plantear una cuestión de privilegio contra Milei por el accionar del Gobierno nacional en relación a los incendios en la Patagonia, la rionegrina de UP Silvina García Larraburu cuestionó que el mandatario haya actuado “jugando al influencer internacional” en el Día de los Enamorados y “el sábado, el pueblo argentino se levantó desayunándose con lo que luego se llamaría el criptogate y este desfalco de más de 100 millones de dólares que los va a terminar pagando el pueblo”. 

A su turno, la neuquina Silvia Sapag leyó el posteo publicado por Milei el pasado 14 de febrero y recordó que fue compartido por otros referentes libertarios, entre ellos los diputados Lilia Lemoine, José Luis Espert y Martín Menem. “Hubo 75 mil estafados por un total de 284 millones de dólares”, afirmó y mencionó la larga lista de países donde habría habido afectados, entre ellos Alemania, Australia, Bélgica, China, Estados Unidos. 

“¡Qué vergüenza! Somos famosos a nivel mundial gracias a nuestro presidente que estafó a 75 mil personas. ¡Mentira que era para beneficiar a las PyMEs! El presidente es parte de la organización de lanzamiento, Milei siempre estuvo al tanto y sabía muy bien que nada era para apoyar a los emprendedores”, enfatizó la senadora de UP y reclamó: “Esto es tremendo, nosotros no podemos no hacernos eco de lo que está sucediendo en nuestra Patria”. 

Al reclamar al Gobierno por el retiro de Argentina de la OMS, la catamarqueña Lucía Corpacci también hizo referencia al escándalo cripto. “Este presidente forma parte del mayor escándalo que recuerda el país. No voy a decir más de lo que dice la prensa, no voy a decir más de lo que vi en los medios. Cuando lo acusan a él de que pudo haber sido, él dice ‘ah no, bueno…’. No le importa, pero se destapa una olla mucho más grande porque, entre las cosas que yo escuché, en esta novela de la que estamos todos pendientes, del escándalo, de la vergüenza que nos da lo que sucedió, la esposa de un ministro (en alusión a la periodista Cristina Pérez) dice que a su oído le llegaron versiones de que el entorno del presidente cobraba para que haga esto”, señaló. 

En esa línea, la legisladora de UP le pidió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “que siempre dice ‘el que las hace, las paga’, que la cite a esta periodista, esposa del ministro (de Defensa, Luis Petri), que diga quién le dijo que el entorno cobra y cuánto; porque mencionaron a la hermana del presidente”.

“Este presidente aplica la política de la bestialidad, ya no se trata de no tener empatía por el otro, se trata simplemente de cagar al otro, con tal de conseguir lo que quiero y eso es lo que hace el presidente. Imita como corderito a su jefe de Estados Unidos, es león para los que no tienen, pero cordero para los que no puede enfrentar. Va a quedar como un presidente bestial que nos atropelló a todos”, completó. 

Escueta defensa libertaria

Agotada la lista de oradores, después de Mayans se le dio la palabra a la oficialista Vilma Bedia, quien planteó -de forma leída- una cuestión de privilegio para los “colegas preopinantes”. Así, expresó su “preocupación por la cantidad de imputaciones que se han vertido en este recinto cuando el verdadero ámbito de discusión debe darse en la justicia”.

Para la jujeña, “esto no afecta el desarrollo de nuestra actividad como legisladores, convirtiendo la sesión en un show mediático y no en un debate de proyectos que mejoren la vida de la gente”. “El uso de acusaciones con fines políticos debilita la democracia y desvía el foco de las verdaderas responsabilidades. La justicia debe actuar con base en los hechos y no en campañas de desprestigio”, añadió.

Los diputados nacionales Karina Banfi y Fabio Quetglas (UCR-Buenos Aires) presentaron un pedido de acceso a la información pública, de acuerdo a la Ley 27.275, para que “el Poder Ejecutivo brinde a la sociedad toda la información necesaria” respecto del caso $LIBRA. 

Los radicales reclaman conocer “los vínculos del presidente con las personas y empresas a cargo de esta operación financiera, el dispositivo económico-financiero por el que se supone que se beneficiaría a la inversión privada nacional, y todo otro dato que conduzca a dimensionar correctamente la operación”. 

“Las investigaciones judiciales y parlamentarias que eventualmente se pongan en marcha deben ser respondidas por el Poder Ejecutivo con la imprescindible puesta a disposición, colaboración y apertura en la información”, enfatizó Banfi. Y agregó: “El Poder Legislativo, por su parte, también debe colaborar urgentemente en mostrar a la sociedad que de esta crisis las instituciones saldrán mejoradas”. 

A raíz de la promoción por parte del presidente Javier Milei de una criptomoneda que luego se desplomó, afectando a miles de inversores, y todos los reclamos de explicaciones que se sucedieron como consecuencia, Banfi y Quetglas aprovecharon para anunciar que este año propondrán una serie de iniciativas sobre transparencia. 

Entre esos temas enumeraron: una reforma de la Ley de Ética Pública, a fin de actualizar una norma de 1999 y detallar el alcance del desempeño de la función pública, las conductas incompatibles, conflictos de interés y gestión de intereses en mayor grado que la legislación vigente; una regulación de la autonomía de la Oficina Anticorrupción; y un proyecto sobre la protección de testigos y denunciantes de corrupción.

También, la derogación del decreto 780/2024 que limita el acceso a la información pública; y sumar la convocatoria a expertos, organizaciones de la sociedad civil, representantes de los gremios empresarios y de trabajadores, y otras instituciones, a participar activamente del proceso de reformas.

"Es importante que la sociedad sepa qué preguntas están aún sin responder por parte del presidente. Esta crisis debe ser una oportunidad fortalecer las instituciones de nuestra República" consideró Banfi.

Dos meses después de su última reunión, aquella en la que procedió a la expulsión de uno de sus miembros, Edgardo Kueider, el Senado de la Nación realiza este jueves su primera sesión del año, con el objetivo de sancionar cuatro de las leyes propuestas por el Poder Ejecutivo para estas sesiones extraordinarias.

La cita es a las 12 del mediodía y el tema central de la sesión -que será presidida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, por el viaje de Javier Milei a Estados Unidos- es la aprobación o no del proyecto que suspende la realización de las elecciones PASO este año. Toda la expectativa está puesta ya no en si están o no los números para aprobar sobre todo el proyecto sobre las primarias -que se sabe que están-, sino en la obtención o no del quórum.

Para desvelo del oficialismo, esta reunión se da en un contexto hasta hace una semana impensado, ya que a partir del viernes pasado, con la difusión por parte del presidente de la Nación de un tuit promoviendo una token de criptomonedas, el Gobierno quedó envuelto en una polémica de consecuencias imprevisibles. Eso se palpó a lo largo de los días previos a esta sesión y se vivirá muy especialmente en el transcurso de esta sesión, para la cual la oposición más dura intentará acaparar toda la atención de al menos la primera parte, con un sinfín de cuestiones de privilegio.

En la reunión de Labor Parlamentaria realizada este miércoles se habló de más de 30 cuestiones de  privilegio, aunque voceros calificados del oficialismo consultados por parlamentario.com señalaron que intentarían reducir ese número a “diez o doce”. Total, dijeron, “todos dirán más o menos lo mismo”, puntualizó la fuente.

Está claro que el bombardeo opositor sobre el tema de la supuesta estafa no se centrará solamente en las cuestiones de privilegio, sino que será tomado como ejemplo en el transcurso del debate, cuando se aborden por ejemplo los proyectos de reiterancia  y reincidencia, y el proyecto de ley antimafia, dos de las iniciativas que esperan ser convertidas en ley a lo largo de esta jornada que se presume muy extensa.

En el inicio se espera la asunción de la dirigente camporista Stefanía Cora, quien figuraba en el segundo lugar en la lista que consagró senador al entrerriano Edgardo Kueider, preso en Paraguay desde principios de año y expulsado del Cuerpo en la sesión del 12 de diciembre pasado. Con la asunción de Cora, el interbloque que conduce José Mayans pasará a tener 34 miembros.

Ya mencionamos a tres de los proyectos que se debatirán durante esta jornada; el último, que será tratado en segundo lugar, según lo establecido en Labor Parlamentaria, es el de juicio en ausencia. Todas estas iniciativas cuentan con media sanción de Diputados y, de ser aprobadas sin modificaciones, serán ley al cabo de la jornada.

En el transcurso de la sesión se registrarán pedidos de apartamientos de reglamento para temas diversos, pero muy especialmente dos: el tratamiento del proyecto recientemente presentado por el oficialismo para que se le quiten al Poder Ejecutivo las facultades delegadas por la Ley de Bases, a raíz del escándalo de las criptomonedas. Como así también convocatorias a diversos funcionarios al Congreso para dar explicaciones y, sobre todo, la constitución de una comisión bicameral investigadora sobre este tema que involucra al presidente de la Nación.

Todo esto se dará en el inicio de una sesión que, como se ve, puede llegar a tener una extensión impensada.

El diputado nacional Nicolás Massot (Encuentro Federal) se refirió al proyecto presentado por él y sus pares para interpelar a funcionarios clave a raíz del Libragate y enfatizó que desde el Gobierno “tienen una aversión a la explicación”. 

“Creemos que el Congreso puede servir institucionalmente para aclarar esta situación de una manera más rápida”, sostuvo este miércoles y, sobre las distintas propuestas de otros legisladores, opinó: “No estoy en contra de una comisión que investigue, pero la verdad que la investigación es una potestad del Poder Judicial”. 

En diálogo con Radio 10, el legislador resaltó que “el Ejecutivo hasta ahora no ha brindado explicaciones” y en la entrevista que dio por TN el presidente Javier Milei “no brindó explicaciones, jugó a la grieta. Básicamente el argumento fue ‘no me pueden decir nada los que tienen causas de corrupción’; entonces, es alarmante”. 

Para el diputado, “la envergadura del tema requiere que se haga en el recinto, no en una comisión. Es un lugar más formal, es más cuidado”. “La interpelación no es una figura contemplada para el propio presidente”, aclaró. 

En cuanto a los funcionarios que se incluyen en la iniciativa, consideró que “lo de (Guillermo) Francos y (Mariano) Cúneo Libarona es más aleatorio, lo de (Manuel) Adorni y Karina Milei creo que es ineludible, porque presuntamente son los que tenían el contacto permanente con los beneficiarios directos y estructuradores de esta moneda digital”. 

“Le estamos dando al Gobierno la posibilidad y el escenario ideal para que los funcionarios que lo han asesorado en esta aventura den las explicaciones que hasta ahora no ha dado nadie”, completó.  

Un grupo de diputados del bloque Encuentro Federal presentó un proyecto de resolución que pide por la interpelación a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, a raíz del escándalo cripto, desatado por la promoción que hizo el presidente Javier Milei de $LIBRA, el activo digital que alcanzó una alta cotización y luego se desplomó, generando pérdidas por 87 millones de dólares y afectando a múltiples inversores. 

La iniciativa incluye además al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y al portavoz presidencial, Manuel Adorni. 

En el texto, que lleva las firmas de los legisladores Nicolás Massot, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, Natalia De La Sota, Mónica Fein y Esteban Paulón, se reclama que los funcionarios asistan al Congreso para responder sobre “las consecuencias económicas, institucionales y legales derivadas” de la situación. 

Además, en el proyecto plantean que “sin perjuicio de otras preguntas o repreguntas que resulte necesario efectuar al momento de la comparecencia”, deberán “mínimamente informar” respecto de “la participación del presidente en la promoción del activo digital; la relación con los promotores del activo; la posible existencia de beneficios indebidos; el impacto económico y financiero; y la responsabilidad institucional y medidas a futuro”. 

Dentro de las preguntas que incluyeron, los diputados consultan sobre los motivos que llevaron al presidente a promocionar públicamente el token $LIBRA; y si tuvo acceso a informes técnicos sobre los riesgos de dicho activo antes de su promoción. 

“¿Obtuvo usted o el presidente alguna remuneración como contraprestación a la opinión emitida? En caso afirmativo, indique cuánto y cómo se formalizaron dichos pagos”, indagan y también interrogan si alguno de estos funcionarios o el mandatario tienen o tuvieron “alguna relación laboral o contractual con las empresas involucradas”. 

En otra pregunta, reclaman que se informe “si existió una acción coordinada para efectuar la promoción de la criptomoneda en cuestión, toda vez que el token respectivo fue puesto en circulación escasos momentos antes de que el presidente hiciera el anuncio”. “En caso afirmativo, indique quien coordinó la acción. En caso de no existir una acción coordinada, informe quien solicitó que se publicara exactamente ese día y a esa hora”, agregan, en referencia a la publicación que Milei hizo desde su cuenta de X el viernes 14 de febrero. 

También buscan conocer cuál es la relación del presidente y los funcionarios con Mauricio Novelli, Hayden Davis y Julián Peh “o con algún otro promotor del activo”. 

“¿Conoce si algún funcionario público o persona de su entorno obtuvo beneficios económicos derivados de la promoción del activo $LIBRA?”, consultan los diputados, y también incluyen pedidos de explicación sobre “cómo responderá el presidente a las denuncias efectuadas en su contra. En particular exprese la postura en relación a las acciones legales iniciadas en los Estados Unidos de América”. “¿Utilizará recursos propios o del Estado Argentino para pagar los costos de su defensa?”, añaden. 

En los fundamentos del proyecto, los legisladores de EF señalaron que la citación a Francos “responde a su rol como principal coordinador del Gobierno nacional y responsable de su relación con el Congreso, por lo que debe rendir cuentas sobre la participación del Ejecutivo en este episodio”; mientras que Karina Milei, hermana del presidente, “es citada debido a su posible implicancia en la coordinación de reuniones o gestiones relacionadas con la promoción del activo digital”. 

“Por su parte, Manuel Adorni, como portavoz presidencial, debe explicar cuál fue el alcance de su participación en la promoción y respaldo institucional que se le dio al token $LIBRA desde el Ejecutivo”, consideraron. 

De acuerdo al artículo 71 de la Constitución Nacional, “cada una de las Cámaras (del Congreso) puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes”. 

En tanto, el artículo 204 del reglamento de la Cámara baja establece que “todo diputado puede proponer la citación de uno o más ministros del Poder Ejecutivo y juntamente con ellos la de los secretarios de Estado que corresponda para que proporcionen las explicaciones e informes a que se refiere el artículo 71 de la Constitución”. 

A los proyectos que se multiplican en relación al caso $LIBRA, este martes se sumó una iniciativa por parte de la senadora nacional Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), que propone crear una comisión bicameral investigadora ante las “presuntas irregularidades que pudieran existir” en las publicaciones efectuadas por el presidente Javier Milei sobre la criptomoneda. 

De acuerdo al texto, la bicameral podría investigar “las posibles irregularidades en las publicaciones efectuadas por el presidente de la Nación y su rol y el de los funcionarios nacionales involucrados en la apreciación, retiro de fondos por unos pocos inversores y posterior depreciación de la criptomoneda”.

En los fundamentos, la legisladora señaló “la profunda preocupación que nos ha generado en la sociedad el actuar del presidente de la Nación el pasado viernes 14 de febrero cuando publicó en su cuenta de la red social X la promoción de una criptomoneda llamada ‘$LIBRA’ y que horas después se arrepintiera y borrara”. 

La iniciativa establece que la comisión estaría integrada por seis senadores y seis diputados, quienes elegirán un presidente, un vicepresidente y un secretario. 

La misma tendría por objeto “el estudio, conocimiento, investigación y esclarecimiento de posibles incumplimientos y la falta de debida diligencia y ética de los funcionarios públicos involucrados”. 

A través de esta propuesta se pretende “determinar cuál fue el proceso de evaluación y debida diligencia que se llevó a cabo antes de efectuar las publicaciones relacionadas con la criptomoneda Libra y cuál es el grado de compromiso del presidente con los promotores y/o creadores y/o captadores de fondos del token $LIBRA”.

Silva insistió que debe investigarse el grado de “participación en la promoción de dicho token” por parte del jefe de Estado y si hay “otros funcionarios públicos nacionales involucrados en las presuntas maniobras fraudulentas”. 

Mientras transcurre el Libragate, diputados radicales identificados como “pelucas” por su alineación con el Gobierno nacional salieron este martes a bancar al presidente Javier Milei con posteos en sus redes sociales. 

“Hoy más que nunca, apoyamos a @JMilei. Mientras algunos pretenden aprovechar cualquier situación para desestabilizar, nosotros blindamos la gobernabilidad. Trabajamos, todos los días, para que el Presidente continúe con el plan económico que lleve a la Argentina a la prosperidad”, escribió el tucumano Mariano Campero, cabecilla del quinteto que el año pasado fue a Casa Rosada en la previa de sostener el veto a la ley que aumentaba las jubilaciones. 

Hoy más que nunca, apoyamos a @JMilei
Mientras algunos pretenden aprovechar cualquier situación para desestabilizar, nosotros blindamos la gobernabilidad. Trabajamos, todos los días, para que el Presidente continúe con el plan económico que lleve a la Argentina a la prosperidad.…

— Mariano Campero 🇦🇷 (@mariano_campero) February 18, 2025

Además de Campero, compartieron mensajes el neuquino Pablo Cervi, el cordobés Luis Picat y el misionero Martín Arjol. El correntino Federico Tournier, quien no pertenece al partido de la UCR pero sí al bloque, fue el único que no posteó, aunque en su perfil de la red social X no muestra actividad desde junio del año pasado. 

“Mientras algunos pretenden aprovechar cualquier situación para desestabilizar al gobierno, nosotros somos un escudo para la gobernabilidad de @JMilei. Trabajamos todos los días para que el presidente continúe con el plan económico que lleve a la Argentina a la prosperidad”, publicaron Cervi, Picat y Arjol. 

Con un extenso mensaje se sumó -oficialmente, pues en los pasillos se sabía que compartía la visión de sus pares- el catamarqueño Francisco Monti. Luego de copiar y pegar el mismo mensaje de sus compañeros, agregó: “Sin dudas existió un error y el gobierno debe preservar el valor de la palabra del presidente y su investidura. Lo ocurrido no debe hacer mella en el proceso de cambio por el que transita la Argentina en el plano fiscal, desregulatorio y de tantas reformas estructurales necesarias para nuestro país”. 

Mientras algunos pretenden aprovechar cualquier situación para desestabilizar al gobierno, nosotros seguimos convencidos de la necesaria gobernabilidad.
Trabajamos todos los días para que el presidente continúe con el plan económico que lleve a la Argentina a la prosperidad.
Sin…

— Francisco Monti (@franmmonti) February 18, 2025

El jefe del bloque Encuentro Federal en la Cámara de Diputados, Miguel Pichetto, se refirió este martes al escándalo cripto y opinó: “Esperaría que el Gobierno y el presidente hagan una depuración. Hay que tirar a algunos del camión”. 

En ese sentido, el legislador habló de un “daño autoinfligido" del mandatario, a partir de la promoción de $LIBRA y consideró que “llega el momento en donde es imprescindible arrojar por la borda lastre. ¿Qué significa esto? Algún colaborador importante del presidente tiene que irse del Gobierno, tiene que asumir las responsabilidades para preservar la propia imagen del presidente. Tiene que renunciar".

En ese sentido, Pichetto enfatizó que una medida de esas características "está en los manuales del proceso político, de la conducción y la preservación del líder. Pero bueno, aquí parecería que no, que no va a ocurrir esto". 

Por otra parte, se distanció de la herramienta del juicio político contra Javier Milei que plantea Unión por la Patria. "No vamos a acompañar un juicio político, me parece que es totalmente prematuro y no hay elementos todavía, y tiene que haber una toma de conciencia en la sociedad para emprender una medida de esa naturaleza", subrayó.

Aseguró que "el tema que requiere la Argentina y también el Congreso como ámbito de resonancia es, bueno, ¿qué pasó? (el presidente) ¿fue engañado?, ¿fue operado por estos personajes siniestros?".

Por ello, el diputado dijo que "estaría más cerca" de una comisión investigadora, "antes que eventualmente un juicio político que no se puede llevar adelante todavía porque no hay elementos de prueba".

En declaraciones a radio Rivadavia, Pichetto insistió con "el Gobierno y el presidente hagan una depuración". "Acá se está hablando mucho de los que perdieron plata, y lo importante, como me dijo un amigo hace un ratito, son los que ganaron. Acá lo que hay que ver es quiénes son los cuatro que ganaron", añadió. 

La diputada nacional Silvina Giudici se pronunció en contra del juicio político contra el presidente Javier Milei, y apostó a que la Justicia investigue y el Gobierno ponga a disposición la información correspondiente.

A través de un posteo publicado en su cuenta de X, la diputada del Pro señaló que “la Justicia investigará, el Gobierno pondrá a disposición la información correspondiente y a los organismos de control”.

A continuación, envió un mensaje a quienes promueven el juicio político contra el mandatario. “A los que tienen listo el traje azul siempre planchado en el placard, les decimos NO cuenten con nosotros para abrir un juicio político, ahora o en otras instancias”.

Y cerró: “Hace 15 meses la sociedad eligió un cambio, nuestra misión fundamental es impedir que vuelvan los mismos”.

El costo político sigue en ascenso. El presidente Javier Milei enfrenta una crisis política y de credibilidad tras la promoción en redes sociales de la criptomoneda $LIBRA, un activo desconocido para el público general y cuestionado por la comunidad cripto.

Desde que estalló la estafa el viernes, el mandatario ya acumuló más de 100 denuncias por la estafa multimillonaria con criptomonedas que lo tuvo como protagonista y afronta varios pedidos de juicio político en el Congreso, donde además podría conformarse una comisión investigadora.

La credibilidad del libertario, que fue su fortaleza en el cumplimiento de la palabra de campaña ha sufrido una caída que impactará en su imagen y en su Gobierno, sobre todo entre sus seguidores que fueron los principales afectados por el caso CRIPTOGATE.

Este domingo, se conoció que la diputada cordobesa por el peronismo Natalia de la Sota  ya presentó en Diputados el pedido de juicio político al presidente Javier Milei "por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53" de la Constitución Nacional.

Además, mientras el oficialismo intentaba bajarle el tono al escándalo, este domingo también se sumaron las declaraciones de Charles Hoskinson, uno de los referentes más influyentes del mundo cripto que aseguró que allegados al gobierno le hicieron un pedido de coimas para organizarle una reunión con el Presidente, y el de Hayden Mark Davis, fundador de Kelsier empresa que impulsó la criptomoneda $LIBRA, que dijo ser asesor de Milei y que el Presidente argentino "respaldó y promovió activamente el proyecto".

Luego que estallara la noticia, desde la Casa Rosada la primera reacción fue minizar el tema indicando que el mandatario "no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto", y que, después de haberse "interiorizado" decidió no seguir dándole difusión y por eso borró el tweet.

El sábado por la noche, sin embargo, desde la cuenta de X de la "Oficina del Presidente", publicaron un texto  extenso en el que, en principio, tuvieron que admitir que el 19 de octubre Milei -y el vocero presidencial Manuel Adorni- mantuvieron un encuentro con los representantes de KIP Protocol en Argentina, Mauricio Novellli y Julian Pehen, el que supuestamente le habían comentado "la intención de la empresa de desarrollar un proyecto llamado 'Viva la Libertad'”. Así quedó asentado en el Registro de Audiencias Públicas.

Luego tuvieron que admitir otro encuentro, esta vez en Casa Rosada el 30 de enero de este año, entre el Presidente y Hayden Mark Davis, fundador de Kelsier. "De acuerdo a lo expresado por los representantes de KIP Protocol, Davis proveería la infraestructura tecnológica para su proyecto".

Admitir que existieron esos dos encuentros, de por sí, desmiente el primer mensaje del mandatario en el que dijo no estar interiorizado en lo que compartió el viernes por la noche.

Cuatro horas después de su publicación el viernes, el mandatario borró el mensaje, pero el daño ya estaba hecho. En las 48 horas posteriores, el escándalo dominó el 60% de la conversación en redes sobre Milei, relegando al resto de los temas a menos del 40%. En los medios de comunicación, el 65% de las publicaciones sobre el presidente estuvieron centradas en el "Criptogate".

El economista Horacio Rovelli apuntó contra el Presidente por la promoción del fallido activo digital asegurando que el mandatario es “partícipe necesario de una estafa” ya que “tiene información privilegiada".

Rovelli sostuvo que "lo menos que podemos decir de Milei es que es un irresponsable” y reforzó la acusación al presidente de cometer un delito asegurando que “este hecho viola artículos del Código Penal".

Con este panorama, el economista afirmó que "con este caso, Milei demostró que es un hombre poco confiable", sumándose a las críticas que enfrenta el presidente de distintos sectores tras quedar expuesto en el colapso de la cripto que había promovido.

El escándalo por la estafa multimillonaria que tiene como protagonista a Milei también llegó este fin de semana a The New York Times.

El diputado nacional Martín Tetaz (UCR) opinó este lunes que el escándalo cripto en el que quedó envuelto Javier Milei "erosionó la confianza del presidente y la sensación de que era el Messi de la economía taclea".

"Me sorprendió el propio tuit, nadie lo podía creer. Me pareció muy poco profesional por parte del presidente", expresó sobre el mensaje en la red social X que el mandatario compartió el pasado 14 de febrero promocionando $LIBRA.

Pero además, el radical dijo que algo que le llamó "mucho la atención" fue "la falta de reacción del Gobierno ante lo que ya era evidente". "Si esto que pasó hubiera pasado con un tema importante, como de seguridad nacional, la falta de capacidad de reacción del Gobierno no puede tardar cinco horas, cuando todo el mundo y especialistas le decían que esto estaba mal", señaló.

"Es una posibilidad que el presidente no sepa cómo funciona el mercado cripto; puede ser un economista muy bueno en la teoría económica, pero no tener mucha idea respecto de esto que es relativamente nuevo", manifestó.

No obstante, Tetaz observó que "aún si la Justicia admite la explicación del presidente de 'me estafaron', eso dinamita mucho la debilidad del presidente hacia adelante. Ya no es la figura de economía que iba a recibir el Nobel y le decía a todos que no sabían nada y eran todos burros; ahora tiene que asumir que el burro era él y eso es complicado para la figura del presidente".

Por otra parte, en diálogo con radio La Red, el legislador de la UCR consideró que hablar de juicio político, como piden desde Unión por la Patria "es muy prematuro". "Me parece que, hasta tanto se aclare todo y avancen las denuncias en la Justicia, es un poco exagerado, y además genera una crisis institucional de proporciones gigantescas. Es un mecanismo de última instancia", aseguró.

En la ola de repercusiones por el escándalo cripto protagonizado por el presidente Javier Milei, el diputado nacional Ricardo López Murphy (Encuentro Federal) opinó que se trata de "un hecho muy desgraciado, que le va a ser daño a la reputación del país" y tendrá "un costo enorme, muy negativo".

Además, expresó su preocupación por "cómo se controla la comunicación presidencial". "Me pareció un error inexcusable que se promueva una operación de estas y luego se diga que uno no estaba interiorizado. Es un error que no había necesidad de cometer", dijo el porteño.

En declaraciones a radio Rivadavia, el legislador agregó: "Mi impresión es que fue una cosa no pensada, eso no quiere decir que haya habido personas alrededor del presidente que hayan actuado de manera incorrecta; todo eso va a generar un manto de duda y se va a resolver a medida que tengamos más información".

Para López Murphy, "es natural que el Congreso de la Nación reaccione buscando que haya una respuesta" y consideró que el jefe de Gabinete debería asistir "a explicar qué pasó".

Consultado sobre el pedido de juicio político que promueve Unión por la Patria, el diputado señaló que "para eso se requiere un procedimiento complejo; no creo que estén todavía cumplidos los extremos para una medida de esa naturaleza".

El diputado nacional Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe) criticó con dureza la promoción de una criptomoneda por parte del presidente Javier Milei, calificándola como “un acto de irresponsabilidad mayúscula”.

"El presidente no puede comunicar beneplacitamente sobre un tema financiero”, enfatizó y dijo que su accionar "deja dudas sobre si fue parte de una estafa o simplemente actuó sin conocimiento". “Si lo sabía, está siendo parte de la estafa. Y si no lo sabía, no lo tendría que haber hecho”, afirmó.

Además, el legislador consideró que la Justicia debería investigar el caso “de manera natural y oficial” y que el Congreso debería avanzar con una interpelación.

“Me parece grave lo que está pasando y no se puede hacer como que no pasa nada”, advirtió el santafesino y cuestionó la reacción del mandatario ante las críticas: “Se defiende atacando, insulta y diciendo barbaridades”.

Con motivo del escándalo en el que quedó envuelto el presidente Javier Milei a partir de promocionar desde sus redes sociales la criptomoneda $LIBRA, que subió en su cotización en tiempo récord pero luego se desplomó, el kirchnerismo anunció que presentará un pedido de juicio político, mecanismo previsto en la Constitución Nacional pero que, por las mayorías que requiere, muy difícilmente -por no decir imposible- prospere. Sumado a ello que sectores de la oposición dialoguista prefirieron hablar de otro tipo de estrategia para investigar lo ocurrido.

El juicio político está previsto en tres artículos de la Carta Magna. En el 53 se refiere a la competencia de la Cámara de Diputados para iniciar la acusación: "Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes".

En tanto, el 59 señala que "al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto". Y aclara que "cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema". "Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes", establece sobre el número que se requiere para hacer efectiva una destitución.

Mientras que el artículo 60 señala que "su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios".

De acuerdo al reglamento de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Juicio Político, compuesta por 31 miembros, le compete "investigar y dictaminar en las causas de responsabilidad que se intenten contra los funcionarios públicos sometidos a juicio político por la Constitución y los previstos en la ley 24.946 y en las quejas o denuncias que contra ellos se presenten en la Cámara". "Cuando el pedido de remoción se dirige contra un funcionario público no sujeto a juicio político, la comisión podrá disponer su archivo o remisión al órgano competente", agrega.

La comisión deberá resolver sobre cuáles denuncias son admisibles y cuáles no, y a partir de allí se abrirá la investigación, en la que se podrá citar a testigos y requerir información al Poder Judicial. Concluida la investigación, en caso que corresponda, se podrá arribar a un dictamen acusatorio con la firma de la mitad más uno de los miembros de la comisión.

En caso que la Cámara de Diputados apruebe el dictamen acusatorio con los dos tercios de los votos, la misma Cámara deberá elegir a uno o dos diputados que serán los que presenten la acusación ante el Senado. La Cámara alta, por su parte, decidirá por dos tercios de los presentes si destituye o absuelve al acusado. La Constitución establece, además, que si el acusado es el presidente de la Nación, el Senado no deberá ser presidido por el vicepresidente, miembro del Poder Ejecutivo, sino por el presidente de la Corte Suprema.

El último antecedente de trabajo de la Comisión de Juicio Político fue durante todo el año 2023, cuando el Frente de Todos impulsó una acusación contra los jueces de la Corte Suprema, llegando -con mayoría propia- a firmar un dictamen acusatorio que, por la falta de votos, nunca se llevó al recinto.

El Gobierno se aprestaba esta semana a poner la frutilla del postre a las sesiones extraordinarias. Para eso, tal cual adelantó de manera exclusiva parlamentario.com, había elaborado un cronograma legislativo para los próximos días que llegaba hasta el 1° de marzo, sábado para el cual se proponía revivir una suerte de “late night” al que el presidente parece ser tan afecto, reservándose para sí la cadena nacional en el prime time televisivo.

Ahora, después de lo sucedido el viernes y sobre todo sus consecuencias “imprevisibles”, todo parece estar en veremos.

Lo más importante de ese cronograma estaba centrado en lo que sucedería esta semana, con el Senado de la Nación puesto en el papel central. Es que la Cámara de Diputados ya cumplió (con creces) su papel en este período ordinario, con cuatro leyes de peso aprobadas por importantes márgenes. Solo un proyecto quedó pendiente del temario de extraordinarias, aquel del Ejecutivo referido al quebranto de empresas, que a priori generaba ciertas resistencias y que entonces quedó para las ordinarias, sin pasar esta vez siquiera por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

De haber modificaciones en el Senado en alguna de las leyes que deberá tratar esa cámara, quedarían para ordinarias. Es el caso del proyecto de reincidencia y reiterancia, que algunos senadores quieren modificar y que, en ese caso, se trataría recién a partir de marzo.

Pero “pasaron cosas” y precisamente ese proyecto que acabamos de mencionar amerita la primera incógnita que se plantea, ya este martes.

El proyecto tiene ya dictamen para ser abordado este jueves en la sesión que aún no ha sido convocada en el Senado. Pero ante las prevenciones de varios senadores, el oficialismo mostró disposición para debatir antes el tema, con la presencia de funcionarios encabezados por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio.

Ahora esa reunión prevista para este martes a partir de las 17.30 es puesta en duda por diversos actores afines al oficialismo, que descreen de la conveniencia de que ese funcionario se preste en estas circunstancias a exponer ante senadores que quieren ir más allá de hablar del tema en cuestión.

Estaba prevista también una reunión de Labor Parlamentaria para este martes, para buscar ordenar el tipo de sesión de este jueves, en la que se tratarían, además de reincidencia y reiterancia, juicio en ausencia, ley antimafias y, sobre todo, suspensión de las PASO. Y echar luz a si finalmente también se abordarían los pliegos de Ariel Lijo, que ya tiene dictamen, y -probablemente- el de Manuel García-Mansilla, sobre tablas. Con el correr de las horas y el devenir de los acontecimientos se espera confirmación para esa reunión.

También, recordemos, está prevista para el miércoles a las 15 una reunión de Asuntos Constitucionales, para abordar el proyecto de ficha limpia, que es más que probable que quede para el período ordinario… o la futura composición de la Cámara.

En este contexto, hay serias dudas de que el oficialismo se avenga a exponerse en una sesión como la que se preveía realizar este jueves a partir de las 11 en el Senado. Voceros consultados por este medio admitieron que esta fecha es la única chance que queda para el debate en extraordinarias, pues el límite de este período concluye el viernes y no hay posibilidad -ni sentido- de extenderlo. Pero también admitieron que, por ser el Congreso la caja de resonancia de la política, la oposición tendría en ese caso la posibilidad de darle al escándalo cripto una dimensión impensada.

De ahí que se espere a ver cómo va decantando la polémica y, fundamentalmente, instrucciones de la Casa Rosada para definir el destino de lo que resta de este período extraordinario en el Congreso. Será clave escuchar antes la palabra presidencial y, sobre todo, sus efectos posteriores.

Mientras reina la incomodidad en los aliados y otros sectores dialoguistas piden una comisión investigadora, el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados reclamará que se ponga en marcha la Comisión de Juicio Político a raíz del escándalo cripto protagonizado por el presidente Javier Milei.

La bancada que conduce Germán Martínez convocó a una conferencia de prensa este lunes, a partir de las 17.30, en el tercer piso del Palacio Legislativo.

Prontamente, ante la conmoción que generó la participación del mandatario el viernes por la noche en la promoción de $LIBRA, un token que alcanzó una cotización récord pero luego se desplomó, UP salió a horas después a anunciar que presentaría un pedido de juicio político.

"La participación de Milei en un delito de estafa cripto es de enorme gravedad. Es un escándalo sin precedentes. Nuestro bloque de diputados nacionales decidió avanzar en la presentación de un pedido de juicio político contra el presidente de la Nación", se comunicó.

El camino del juicio político -que ya algunas voces salieron a rechazar, entre ellas la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como así también algunos referentes no oficialistas- requiere una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso, sumado a que la comisión debería ser puesta en marcha por el oficialismo y la presidencia de la misma quedó en un limbo por la propia interna libertaria.

Al segundo día del escándalo por la promoción presidencial de una criptomoneda y todas las consecuencias que el hecho tuvo, el principal aliado de La Libertad Avanza, el Pro, se pronunció a través de un comunicado. Y no lo hizo para defender al Gobierno, sino para expresar su preocupación y pedir una explicación profunda y las explicaciones pertinentes.

“Desde el PRO expresamos nuestra preocupación por los hechos que sucedieron en las últimas horas y que afectaron a la confianza en nuestro país. Lo que pasó es grave. No solo por el impacto económico en quienes creyeron en esta inversión, sino también por la credibilidad del país y la responsabilidad del entorno que rodea a la figura presidencial”, expresó el partido amarillo a través de un comunicado.

Para el partido que preside Mauricio Macri resulta “fundamental que se investigue a fondo cómo pudo suceder esto y que se esclarezcan todas las dudas”. Agregan que “el Gobierno anunció una investigación profunda, lo cual es un paso necesario, pero esperamos que este proceso sea riguroso y transparente, que responda todas las preguntas que hoy se hacen los argentinos y que se asuman las responsabilidades políticas que correspondan”.

“Y en esto queremos ser claros: denunciamos la utilización oportunista de esta situación por parte del kirchnerismo, que no tiene ninguna credibilidad para dar lecciones de moral y transparencia”, remarcaron desde el Pro. Asimismo aclararon no estar a favor de un juicio político en esta instancia. Y cerraron: “Argentina no necesita más grieta ni maniobras políticas irresponsables, sino respuestas claras y justicia para quienes fueron afectados”.