La Bicameral de Inteligencia entregó a Cristina un informe sobre la Oficina de Escuchas durante la gestión de Macri

En un acto en el Salón Delia Parodi, Leopoldo Moreau expuso en detalle el resultado del trabajo que realizaron integrantes de la comisión a lo largo del año. Denunciaron que “se estructuró una oficina que se dedicó a la militancia persecutoria”. La oposición presentó observaciones.

Legisladores de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia, encabezados por el diputado Leopoldo Moreau, entregaron este miércoles a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al titular de la Cámara baja, Sergio Massa, un duro informe sobre el armado y el funcionamiento de la Oficina de Escuchas durante la gestión de Mauricio Macri.

Fue en un acto realizado en el Salón Delia Parodi del Congreso, donde participaron también los diputados Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés y los senadores Oscar Parrilli y Martín Doñate, todos del oficialismo.

Moreau expuso en detalle los resultados del trabajo realizado a lo largo del año por parte de una subcomisión que integraron Tailhade, Doñate y el diputado radical José Cano, que acompañó la parte técnica del dictamen final pero presentó observaciones.

Los legisladores recabaron documentos y testimonios con ayuda de un equipo técnico, y requirieron información a todos los juzgados federales y cámaras federales del país para contar con todos los expedientes donde hubiera tenido intervención la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), ya sea en forma directa o a través de pre-causas.

Ante la mirada reprobatoria de Cristina por el contenido del informe, Moreau denunció que se produjeron “irregularidades muy severas que afectan no solo la intimidad de las personas, sino también derechos y garantías básicos que tienen que ver con la defensa en juicio y el debido proceso”.

También advirtió que “se han sustituido facultades del Congreso”, sentando el “precedente” de que “una acordada de la Corte puede justificar cualquier delito”, como el de falsedad ideológica.

“Es evidente que se estructuró una Oficina que se dedicó a la militancia persecutoria, y en un país donde hemos atravesado circunstancias como la del terrorismo de Estado, preocupa que se haya pretendido erigir un terrorismo judicial”, lamentó Moreau.

Asimismo, adelantó que en el mes de marzo tendrán listo otro informe sobre el “plan sistemático de inteligencia ilegal y persecución política” durante el gobierno macrista.

El informe

El documento, explicó Moreau, arranca con la “génesis” del caso, el DNU firmado por Macri el 24 de diciembre de 2015 -días después de asumir- disponiendo el traspaso de la Oficina de Escuchas desde la órbita de la Procuración General a la Corte Suprema de Justicia.

El diputado recordó que cuando esa Oficina funcionaba en la Procuración, “no hubo una sola filtración de escuchas”, pero a pesar de eso el gobierno impulsó el traspaso, y el 29 de diciembre, cinco días después de la firma del DNU, “la Corte dictó una acordada receptando esa Oficina”.

“Esto revela que había cierto apuro, ya que apenas había ingresado al Congreso el DNU, que no presentaba ni necesidad ni urgencia”, planteó Moreau.

Agregó que “tan grosero era el apuro que la Corte, en la propia acordada, recibió la Oficina pero dictó una resolución diciendo que recién se podía hacer cargo a mediados de febrero”.

Como “segunda irregularidad”, el oficialista marcó la forma en que se dio la elección de autoridades de la nueva Oficina, que pasó a denominarse a Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO).

“El decreto establecía que debía hacerse un sorteo entre los jueces penales con cargo de camaristas, pero curiosamente, días antes del sorteo, el diario La Nación, en una nota del periodista Hugo Alconada Mon, anunció quien iba a ser el titular de la Oficina, el camarista Martín Irurzun”, repasó Moreau, y añadió que el diario Perfil también difundió esa información.

Esto se dio así cuando, según el informe, “el sorteo superaba los 100 camaristas en todo el país”, y por si fuera poco, el acta del sorteo “al día de hoy no apareció, no existe”.

Moreau precisó que “a raíz de esta irregularidad se presentó una denuncia penal por falsedad ideológica” contra el entonces titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en función de que el Máximo Tribunal “había dictado una acordada avalando la designación”.

La denuncia “estuvo inerte en el Juzgado durante un tiempo hasta que en 2018 hubo una apelación, que recayó en una Cámara que ordenó el archivo de las actuaciones contra Lorenzetti”, integrada por los doctores Mariano Llorens y ni más ni menos que Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

El argumento para archivar las actuaciones fue que “a pesar de que no existe el acta del sorteo, de que no hay testigos, el hecho de que se haya dictado una acordada significaba darle fe al acto por sí mismo, no hacía falta ninguna otra prueba”, lo que sentó “un precedente muy complicado”.

Foto: Comunicación Senado

Moreau también se refirió en detalle a las “amplísimas facultades” que la Corte le otorgó a la DAJUDECO, en un acto de “gravedad institucional inusitada” porque “la adjudicación de esas responsabilidades, en la práctica, significa la creación de una ‘policía judicial’ por la cantidad de misiones y una mirada panóptica sobre todos los procesos penales en el ámbito de la Justicia”.

Además, se quejó, “esto se hizo con una acordada cuando en realidad es el Congreso el que, desde sus facultades, organiza la Justicia penal” a través de leyes que fijan las estructuras.

Entre otras “irregularidades” de la DAJUDECO, el diputado indicó que “decidía qué causas se admitían y qué causas no se admitían en el cuerpo de peritos”.

En cuanto a la filtración de escuchas, puso como ejemplo al propio Parrilli, que “fue escuchado 209 días casi en continuidad”, primero en una pre-causa llevada adelante por la jueza María Romilda Servini y posteriormente en una causa a cargo de Ariel Lijo.

Además, Moreau dijo que en el decreto original de la Oficina se establecía que su titular duraría un año en el cargo y debía realizarse un nuevo sorteo, del cual Tailhade pidió participar.

Sin embargo, “Macri dictó un nuevo decreto y prorrogó por tres años más el mandato de Irurzun, que así quedó cuatro años al frente de este organismo: un año con un sorteo que no apareció y tres años con una prórroga antes del sorteo. Está claro que era el elegido para esta función”.

Por su parte, Parrilli ironizó que si el oficialismo presentara un proyecto de ley con reformas de este tipo, “lo menos que criticarían es que estamos creando la GESTAPO judicial”, e insistió en que las maniobras no solo fueron ejecutadas por la Corte sino también por el Poder Ejecutivo.

“En nuestra gestión (en la AFI) no hicimos ni una sola pre-causa”, destacó el senador, y añadió que cuando se reformó la Ley de Inteligencia en el gobierno de Cristina Kirchner estuvieron “a punto de eliminarlas”, pero no lo hicieron porque “los iban a acusar de que no querían perseguir al terrorismo”.

Finalmente, Parrilli informó que el gobierno macrista “hizo 55 pre-causas, de las cuales se analizaron 20 (en el informe de la Bicameral), y por ejemplo, apareció una causa de una modelo que había sido novia de (Alberto) Nisman porque supuestamente estaba relacionada con actividades del ISIS”.

La Bicameral de Inteligencia controlará la actividad de la oficina de escuchas judiciales

Lo dispusieron Cristina Kirchner y Sergio Massa en una resolución conjunta, en cumplimiento de un convenio firmado entre el Congreso y la Corte Suprema durante el gobierno de Macri.

La vicepresidenta Cristina Kirchner y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, firmaron este martes una resolución conjunta para que la Comisión Bicameral de Inteligencia asuma el control y el seguimiento de la oficina de escuchas judiciales, dependiente de la Corte Suprema de Justicia.

En la resolución, que lleva el número 8/20, Cristina y Massa dispusieron que sea la comisión que actualmente preside Leopoldo Moreau (Frente de Todos) la que lleve adelante el control sobre la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación.

La disposición se firmó en el marco de un convenio suscrito el 29 de septiembre de 2016, bajo la gestión de Mauricio Macri, entre el Congreso Nacional y la Corte Suprema.

En ese convenio, se puso en cabeza del Congreso el seguimiento de las actividades de la oficina de escuchas, “a efectos de garantizar estándares de imparcialidad y transparencia institucional y la actualización permanente de los métodos más eficaces para prestar asistencia contra el crimen organizado”.

Dado que se facultó a Congreso para determinar la modalidad de este control, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados asignaron la tarea a la Bicameral de Inteligencia.

A su vez, dispusieron la creación de una subcomisión permanente que deberá informar semestralmente a la presidencia de ambas Cámaras sobre los avances de la bicameral en ese sentido.

Cabe recordar que, con el voto del Frente de Todos, el Senado rechazó el DNU que traspasó las escuchas telefónicas del Ministerio Público a la Corte Suprema, pero el decreto debe ser tratado en la Cámara de Diputados para quedar definitivamente anulado.

Valdés propone destruir por ley las escuchas que no prueben delito

Presentó un proyecto de modificación del Código Penal para que jueces y fiscales disponan la inmediata destrucción de las conversaciones interceptadas sin relevancia.

El diputado nacional oficialista Eduardo Valdés presentó proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal y obligar la destrucción de las escuchas de conversaciones privadas, realizadas en el marco de investigaciones judiciales, que no contengan elementos concretos y explícitos de prueba.

Además, la iniciativa dispone que en esos casos no debe quedar back up ni almacenamiento alguno del material.

El proyecto presentado por el legislador, integrante del bloque Frente de Todos, establece que jueces y fiscales deberán ordenar la inmediata destrucción de las conversaciones interceptadas sin relevancia penal ni vinculación con el delito investigado, sin posibilidad de dejar copias ni registro alguno. “Queremos impedir que se repitan filtraciones de conversaciones privadas que no prueban ningún delito, que luego son difundidas por medios de comunicación con el sólo fin de extorsionar o dañar la imagen pública de determinados referentes políticos, sindicales y empresariales. Es un golpe directo al corazón de cloaca de la democracia”, señaló el diputado.

La iniciativa busca poner a resguardo la privacidad de todos los ciudadanos, un derecho que tiene jerarquía constitucional, y que, sostuvo, “es sistemáticamente violentado por la grabación y difusión de conversaciones sucedidas en la intimidad”.

Según señaló Valdés, “el objetivo es cortar uno de los eslabones principales de la cadena del lawfare, que es el espionaje y filtración de comunicaciones con fines políticos”, y agregó: “la difusión de conversaciones privadas sin relevancia judicial pero con alto impacto mediático es una herramienta central para quienes buscan socavar los pilares del sistema republicano y democrático de gobierno”.

De aprobarse el proyecto de Valdés, que ya fue presentado y rápidamente obtuvo el acompañamiento de pares como Graciela Camaño, Rosana Bertone, y Nicolás Rodríguez Saá, entre otros, los medios de comunicación ya no podrán difundir escuchas de estas características invocando su legalidad bajo el amparo de haber sido ordenadas por un juez. “El viejo Código Procesal Penal Nacional, aún vigente, y en menor medida, en el nuevo Código Procesal Penal Federal, guardan silencio respecto del tratamiento que se le debe dar al contenido derivado de las escuchas pedidas por el Poder Judicial o el Ministerio Público Fiscal. Con esta iniciativa buscamos cerrar uno de los resquicios que posibilitan la vulneración del derecho a la intimidad. La cloaca es transversal y nos hace daño a todos y todas como sociedad democrática”, concluyó el diputado.

Taiana: “Macri es un escuchador serial”

Para el senador nacional kirchnerista, el expresidente llevó esa práctica “a un nivel vergonzoso”. También cuestionó la actitud de la oposición que impidió tratar alquileres y educación a distancia.

El senador nacional Jorge Taiana calificó a Mauricio Macri como “escuchador serial”, y aseguró que “escuchó a todo el mundo: dirigentes, deportistas y familiares y desarrolló esta práctica a un nivel vergonzoso”.

“Es probable que haya razones para imputarlo y para una investigación exhaustiva. Es difícil pensar que si aparecen más pruebas el ex presidente no tenga un involucramiento”, enfatizó.

En declaraciones a Radio Provincia, mencionó el hecho de que esta semana se vio afectada la sesión remota que se iba a llevar a cabo en el Congreso de la Nación, dado que el bloque del Frente de Todos no pudo conseguir los dos tercios para discutir la ley de alquileres y la de educación a distancia, que habían tenido media sanción en Diputados.

La oposición abandonó la sesión en rechazo al traspaso del sistema de escuchas judiciales a la Procuración General para entregárselo a la Corte Suprema de Justicia. Taiana reconoció que “estaba claro que iban a hacer esa maniobra (…) pero lo que es importante es la responsabilidad política” que le cabe  la oposición por esa actitud, atento que “era la octava sesión desde diciembre”.

En ese sentido, sostuvo que la oposición “lo único que quiere es descalificar y minar la legitimidad de un gobierno, que se enfrenta a una crisis económica horrorosa, sumado a la pandemia. Están desesperados por desviar la atención de su responsabilidad en la situación en que dejaron el país. Y agregó que se trata de “una maniobra alentada por los sectores más extremos que quieren deslegitimar a un Gobierno”.

En el programa “Con quién hay que hablar”, Taiana remarcó la necesidad de dar tratamiento a la reforma tributaria. Apeló a establecer de manera inmediata un impuesto a las grandes fortunas: “Yo lo estoy esperando. El país se está quedando sin dinero, hay una deuda que resolver, estamos invirtiendo mucho en asistencia por la pandemia y ese aporte es necesario”, aseguró Taiana y aseveró que si no sale es “porque los poderosos de Argentina están retrasándolo”.

En otro orden, indicó que la vicepresidenta Cristina Fernández está “trabajando, preocupada por cómo evoluciona la pandemia, la deuda y cómo se pone en marcha la economía". Seguido, se pronunció a favor de la creación de un consejo económico social: “Me parece bien, creo que la concertación entre trabajadores y empresarios con un rol del Estado (un modelo tripartito) es un elemento útil”, subrayó.

Agregó el senador que “por eso me pareció bien cuando el gobernador Axel Kicillof dijo que hay que hablar de dos realidades en la provincia. Tenemos la realidad del Conurbano donde está el grueso del a producción y los focos más serio de coronavirus, y el interior de la provincia con una situación completamente diferente”.

“Hay que avanzar con toda la Provincia a distintas velocidades dando espacio a la o que se pueda hacer, teniendo cuidado pero trabajando”, concluyó.