El decreto firmado por Macri pasó ahora a la Cámara de Diputados para su anulación definitiva. Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal se retiraron de la sesión virtual.
Por Carolina Ramos
En ausencia de la oposición, el Frente de Todos logró dar el primer paso en el Senado para anular el DNU 256/15, firmado por el expresidente Mauricio Macri, que traspasó la oficina de escuchas telefónicas de la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia.
A su vez, el oficialismo también rechazó el DNU 102/17, que modificó el anterior estableciendo que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial estaría cargo de dos camaristas -fueron nombrados Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra-.
La votación se realizó sin la participación de los senadores de Juntos por el Cambio y del Interbloque Federal, que se desconectaron de la sesión virtual para no convalidar ese tratamiento, luego de haber bloqueado, también, el debate de las leyes de alquileres y de educación a distancia.
El oficialismo solo contó con el apoyo extra de los monobloquistas Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones).
Para que los decretos sean anulados definitivamente, deberán ser rechazados ahora en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá buscar acuerdos con otros bloques de la oposición.
La vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, denunció que los decretos son “inconstitucionales” porque abarcan materia penal, y rechazó la crítica de la oposición acerca de que ya habían sido dictaminados -el primero el 16 de febrero de 2016, y el segundo, el 21 de marzo de 2017-.
“No existe ninguna norma expresa que impida dictaminar nuevamente sobre DNU que no han pasado por ninguna de las dos Cámaras del Congreso”, aclaró Fernández Sagasti.
Sobre la cuestión de fondo, expresó: “Venimos a saldar una deuda con la institucionalidad, a poner en orden aquello que nunca debió ser desordenado”.
“Después de que el DNU se puso en marcha -relató-, la Corte dijo que iba a hacer un sorteo para derivar el sistema de escuchas, pero antes de ese sorteo se supo quién sería el juez que iba a estar a cargo, (Martín) Irurzun”, a través de notas publicadas en los diarios Clarín y La Nación.
A partir de esto, “no solo se filtraron escuchas, sino que se pasó de un dispositivo legal que tiene que estar destinado a cuidar a los argentinos del delito organizado, a un sistema de espionaje a opositores, empresarios, y ahora nos anoticiamos que también a los propios miembros del gobierno de Macri”.
“El mismo organismo que tenía que controlar que el sistema de escuchas no violara las libertades individuales era el que estaba interviniendo los teléfonos y filtrando las escuchas en los medios”, insistió Fernández Sagasti, y aseveró: “Por medio de estos DNU volvimos a los sótanos del poder”.
Sobre la decisión de la oposición de no convalidar el debate de los decretos, expresó que “esperaba que tuvieran la valentía de estar a la altura de las circunstancias”. “Tenemos la oportunidad de saldar el desastre vergonzoso que hicieron con el sistema de libertad y de intimidad de la Argentina”, concluyó.
En tanto, el chubutense Mario Pais aseguró que el oficialismo actuó “conforme a derecho y a la Constitución” dictaminando los DNU por segunda vez y luego, llevándolos al recinto.
Además, recordó que si bien el protocolo de funcionamiento remoto del Senado indica que se tratarán temas vinculados a la pandemia, no les otorga “exclusividad”, y además señaló que por encima está el reglamento de la Cámara alta, que se dicta sus propias normas.
Oscar Parrilli, extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), denunció que “hubo un equipo que comandaba el presidente Macri junto con personal de Inteligencia, (Gustavo) Arribas, (Silvia) Majdalani, la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich), la famosa ‘mesa judicial’, jueces y fiscales, que llevaron adelante el mecanismo más perverso de Inteligencia ilegal en Argentina”.
El senador recordó que denunció penalmente al juez Ricardo Lorenzetti y también presentó una nota ante la Corte Suprema para conocer “dónde están las fojas, dónde está el sorteo” en el que supuestamente fue electo el camarista Irurzun. “Si fue designado a dedo, Lorenzetti ha incurrido en el delito de adulteramiento de documento público”, aseveró.
En tanto, alertó que “desde esa oficina se montó una Inteligencia monumental y paralela a la AFI de (Gustavo) Arribas, y desde allí comenzaron a hacer todas las pinchaduras telefónicas, algunas legales y otras ilegales”, de las cuales él mismo fue víctima.
Antes de que Juntos por el Cambio se desconectara de la sesión virtual, el jefe del interbloque, Luis Naidenoff, acusó al oficialismo de llevar adelante “una hoja de ruta de la venganza”.
El senador sostuvo que las escuchas telefónicas “no pueden estar en manos del Ministerio Público Fiscal” como era originalmente, ya que “los fiscales acusan y solicitan medidas de prueba, y son los jueces los que ordenan las medidas probatorias”.
“En Argentina se ha implementado el sistema acusatorio, donde el fiscal puede pedir pruebas, como un allanamiento, una escucha o una extracción de sangre compulsiva. No puede el Ministerio Público Fiscal tener bajo su poder semejante herramienta judicial. La Corte es el mejor órgano encargado”, consideró.
Asimismo, el legislador cuestionó el decreto de la intervención de la AFI, el 52/19, al señalar que el oficialismo “tiene el número en la Comisión de Acuerdos” para designar en ese ámbito al nuevo titular del organismo.
Naidenoff afirmó que “el espionaje es una deuda institucional que atraviesa a todos los gobiernos, de los ’90 a la fecha”, y agregó que esta actividad se aplicó en forma “grotesca, burda, infame” y que “afectó a todos” ya que fueron víctimas dirigentes políticos, sindicales, periodistas, empresarios, personalidades de la cultura y hasta el propio papa Francisco.
“Todo esto sirvió para apretar, para extorsionar, para degradar. Este es un agujero negro”, dijo,y si bien indicó que “las denuncias de espionaje se resuelven en la Justicia”, advirtió que “en materia de servicios de Inteligencia, la Justicia argentina no es parte de la solución, sino parte del problema”.
Según el senador, desde la oficina de escuchas “se montó una Inteligencia monumental y paralela a la AFI de Arribas”.
El senador y extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli acusó al expresidente Mauricio Macri y a la “mesa judicial” que, según el kirchnerismo, se formó durante su gestión, de “llevar adelante el mecanismo más perverso de Inteligencia ilegal en Argentina”.
Así se pronunció Parrilli al defender el rechazo a los DNU 256/15 y 102/17, sobre el traspaso de las escuchas telefónicas de la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia.
El legislador recordó que “paradójicamente” el decreto original señalaba que las escuchas pasaban a la órbita de la Corte “para controlar que no se afecte la intimidad de las personas más allá del objetivo buscado, que es el de la investigación”.
Tal como informó su par Anabel Fernández Sagasti, Parrilli advirtió que en los diarios Clarín y La Nación se difundió que el juez Martín Irurzun sería el futuro titular de la oficina de escuchas, “dos días antes” de la realización del supuesto sorteo.
A raíz de eso, Parrilli denunció penalmente a Ricardo Lorenzetti y también presentó una nota para conocer “dónde están las fojas, dónde está el sorteo realizado”. “Si (Irurzun) fue designado a dedo, Lorenzetti ha incurrido en el delito de adulteramiento de documento público”, aseveró.
En tanto, alertó que “desde esa oficina se montó una Inteligencia monumental y paralela a la AFI de (Gustavo) Arribas, y desde allí comenzaron a hacer todas las pinchaduras telefónicas, algunas legales y otras ilegales”.
El propio Parrilli dijo haber sido víctima de este modus operandi y denunció que “le inventaron dos causas” vinculadas a un supuesto robo de documentación de la AFI y al encubrimiento de un narcotraficante.
“Hubo un equipo que comandaba el presidente Macri junto con personal de Inteligencia, Arribas, (Silvia) Majdalani, la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich), la famosa ‘mesa judicial’, jueces y fiscales, que llevaron adelante el mecanismo más perverso de Inteligencia ilegal en Argentina”, finalizó.
Se trata del decreto que traspasó las escuchas telefónicas a la Corte Suprema. Juntos por el Cambio advirtió que ya se había dictaminado, pero el oficialismo prosiguió con el tratamiento.
Por Carolina Ramos
Tras dos semanas donde predominó la armonía, oficialismo y oposición se volvieron a sacar chispas este martes en reuniones virtuales. Tras los fuertes cruces en la Bicameral de la Deuda Externa, Juntos por el Cambio se retiró de otra comisión, la de Trámite Legislativo, en medio de gritos y acusaciones cruzadas. El motivo: el DNU de Mauricio Macri que traspasó las escuchas telefónicas a la Corte Suprema.
El presidente de la bicameral, Marcos Cleri, había convocado a tratar siete decretos, entre ellos el 256/15, que transfirió el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones de la órbita de la Procuración General -entonces encabezada por Alejandra Gils Carbó- al máximo tribunal.
El debate tenía un condimento extra: la denuncia por parte de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, acerca del espionaje ilegal cometido durante la gestión de Cambiemos contra dirigentes y legisladores -algunos, del propio oficialismo de aquel entonces-, además de sindicalistas y periodistas.
De entrada, el diputado Pablo Tonelli pidió retirar del temario ese decreto, junto con otro dictado por Macri, el 102/17, que puso a cargo del Poder Judicial la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, en cabeza de los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra.
Tonelli recordó que “ambos decretos ya fueron dictaminados por esta bicameral”, el primero el 16 de febrero de 2016 y el segundo, el 21 de marzo de 2017.
“¿Cuál sería el justificativo para volver a tratar esos decretos? Si el motivo fuera alegar la caducidad de los dictámenes, la caducidad no existe. Tanto el reglamento de Diputados como el del Senado, cuando hablan de la caducidad de los dictámenes, se refieren a las comisiones permanentes, pero no de las comisiones especiales o bicamerales”, explicó el legislador del Pro, y consideró que insistir en el debate de esos decretos sentaría “un pésimo precedente para del funcionamiento de la comisión”.
Desde el Salón Delia Parodi de la Cámara baja, Cleri respondió que “hay una situación de fondo: la oportunidad para senadores y diputados de fijar nuevamente una posición sobre los DNU”. Recordó que en aquel entonces el peronismo/kirchnerismo rechazó el decreto de las escuchas telefónicas porque tratándose de un tema penal, “es materia vedada” por la Constitución Nacional.
Pero además, señaló: “Hay hechos que se van sumando, como la denuncia penal de Inteligencia sobre 80 personalidades y ciudadanos. Uno de ellos es mi persona”. En efecto, Cleri fue una de las víctimas junto a otros legisladores como Mario Negri, Nicolás Massot, Gabriela Cerruti y Rodolfo Tailhade, entre otros.
La discusión empezó a levantar temperatura. “Con este criterio, para que algunos legisladores que se incorporan puedan dictaminar, vamos a terminar haciendo un revisionismo. Esto no funciona así”, advirtió el senador Luis Naidenoff, que opinó, junto al diputado Omar De Marchi, que esos decretos ya superaron la instancia de la bicameral y deben pasar a los recintos.
Intervino entonces la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien consideró “oportuno” el tratamiento del DNU porque “más allá de nuestras pertenencias partidarias, tenemos un bien muy superior que cuidar, que es la institucionalidad. Los reglamentos son excusas para no tratar el fondo de la cuestión, que es devolver normalidad a las instituciones”.
“La Justicia, la Procuración General de la Nación y la propia AFI deben ser las que se encarguen de cuidar a los ciudadanos y no filtrar sus teléfonos, sus mails y conversaciones personales con el único fin de divulgar esas conversaciones”, aseveró la vicejefa del bloque oficialista, mientras los legisladores de la oposición amagaban con desconectarse de la reunión.
“¡Quizá esto sea para dárselo nuevamente a Daniel Rafecas!”, sugirió un enojado De Marchi, levantando el tono para pedirle la palabra a Cleri. “¿Por qué me silencia? ¡Si no me quiere dar la palabra, nos retiramos y se acabó!”, lanzó el mendocino. Fernández Sagasti se interpuso: “¡¿Es una barricada esto?! Uno no puede imponerse en el uso de la palabra violando todas las reglas de buenas costumbres”.
Uno a uno, los representantes de Juntos por el Cambio se retiraron de la videoconferencia y dejaron al oficialismo debatiendo los decretos en soledad. “La oposición, en vez de irse, debería haber votado su propio dictamen”, comentó el senador Pablo González, cuando ya no lo oían.
Ante la tropa propia, Fernández Sagasti se encargó de criticar el DNU de la polémica y sostuvo que con su rechazo se busca “saldar una deuda con la institucionalidad de nuestro país”.
La mendocina recordó que cuando se dio el debate, en febrero de 2016, ya sostenían que “el objetivo del macrismo, con un DNU adornado de legalidad pero totalmente ilegal y contrario a la Constitución y al proceso penal, era pasarle a la Corte las escuchas, y ésta, mediante una acordada, designar a jueces que eran orientados por la mesa judicial del macrismo”.
Según Fernández Sagasti, después del dictado del DNU, “la Corte actuó en línea con el presidente Macri y dictó una acordada para que el juez Irurzun se hiciera cargo de las escuchas”. “Supuestamente esa designación se hizo a través de un sorteo, pero dos días antes del sorteo los diarios Clarín y La Nación sabían que el sorteado iba a ser Irurzun”, denunció.
La senadora mencionó entonces las “filtraciones de conversaciones de quienes pensaban distinto al gobierno de Macri” y alertó que “un dispositivo que tiene que ser orientado a prevenir delitos complejos fue direccionado para perseguir sistemáticamente a la oposición de ese momento e instalar el lawfare en Argentina”.
En ese contexto, señaló que no solo “el sistema de escuchas es materia penal vedada por la Constitución”, sino que también se violó la garantía del debido proceso, porque las escuchan “estaban en manos de quienes debían garantizar la privacidad de los argentinos”. “La misma Corte era la que intervenía esos teléfonos”, insistió, y finalizó: “Vamos a poner en su lugar aquello que nunca debió haber salido de la legalidad”.
En soledad, el Frente de Todos firmó dictamen de validez sobre cinco decretos del temario, y los dos restantes, firmados durante el macrismo, fueron declarados inválidos. Cleri anunció que todos se tratarán en la próxima sesión del Senado.
A continuación, el listado completo:
DNU 487/2020 (avalado). Prorroga la prohibición de efectuar despidos.
Decreto delegado 488/2020 (avalado). Petróleo crudo en el mercado local. Establece precio para facturación de entregas.
DNU 256/2015 (rechazado). Transfiere el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) dependiente de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la Procuración General de la Nación a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
DNU 102/2017 (rechazado). Modifica el decreto 256/15, estableciendo que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación estará a cargo de dos Jueces penales con rango de Juez de Cámara.
DNU 52/2019 (avalado). Dispone la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por el plazo de 180 días prorrogables.
Decretos 391/2020 y 404/2020 (avalados). Reestructuración de títulos públicos emitidos bajo ley extranjera.
