Impulsan un proyecto para restringir el lenguaje inclusivo en escuelas bonaerenses

Quieren reafirmar el uso del idioma español conforme a las normas establecidas por la Real Academia española (RAE) en todos los establecimientos educativos.

La legisladora bonaerense del PRO y presidenta de la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica del Senado bonaerense, Aldana Ahumada, presentó un proyecto de ley que busca reafirmar el uso del idioma español conforme a las normas establecidas por la Real Academia española (RAE) en todos los establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires, tanto de gestión estatal como privada.

Además, la iniciativa que impulsa la legisladora de la Primera sección electoral pretende restringir la utilización del denominado “lenguaje inclusivo”, expresado de forma oral o escrita, en todas las actividades que se desarrollen en las aulas del vasto territorio bonaerense.

De acuerdo a lo que expone Aldana Ahumada en los considerandos de su propuesta, recientemente el Gobierno de Axel Kicillof destinó más de 4 mil millones de pesos en la compra de libros, entre los que se encuentran ejemplares destinados a fomentar el “lenguaje inclusivo” en las escuelas bonaerenses, lo que “generó preocupación sobre la pertinencia” de la medida en un contexto de crisis educativa severa.

La propuesta legislativa de la titular de la comisión de Educación del Senado bonaerense entiende por “lenguaje inclusivo” a cualquier “modificación de las reglas idiomáticas del español que implique la alteración de las formas gramaticales de género, incluyendo el uso de signos, letras o morfemas que deformen las palabras”, según detalla el artículo tres.

En ese sentido, el proyecto de ley de la senadora bonaerense del PRO le confiere la potestad al Ejecutivo de determinar la autoridad de aplicación, cartera o dependencia que deberá establecer los “mecanismos de supervisión y sanción para asegurar el cumplimiento” de la normativa, que deberá a ser estudiada en las comisiones de la Cámara alta.

Piden que las escuelas públicas puedan acceder a transporte gratuito para sus excursiones

Desde el FdT impulsaron una iniciativa para que los alumnos realicen más salidas educativas, las cuales deberán ser acordes a la curricula de contenidos.

Buscando fomentar el acceso a actividades pedagógicas y recreativas, los legisladores del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley a través del cual se prevé que las escuelas públicas del distrito puedan acceder a micros de forma gratuita para poder movilizarse hasta las excursiones.

De esta manera, la iniciativa busca “garantizar la disposición gratuita de micros escolares a todas las escuelas públicas de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires, destinada al desarrollo de experiencias directas, a través de actividades pedagógicas y recreativas, fuera de los establecimientos educativos” y establece que las “actividades mencionadas deberán estar previstas dentro de la planificación anual elaborada por el/la docente al frente del aula, acorde a los contenidos curriculares previstos para el año y ciclo correspondiente”.

El texto también plantea que cada escuela dispondrá mensualmente de diez unidades de transporte escolar para el traslado de estudiantes y acompañantes a la realización de actividades pedagógicas y/o recreativas, programadas por las autoridades docentes de cada establecimiento.

En los fundamentos del proyecto impulsado por Juan Pablo Modarelli (FdT) se explicó que “en el proceso de enseñanza y aprendizaje escolar, el trabajo en las aulas es el principal, pero no el único. La concurrencia a espacios por fuera de los establecimientos educativos, como museos, teatros, sitios históricos, etc., lo enriquecen. En esta sociedad donde se diversifican los estímulos, los chicos aprenden de diversas maneras, siendo muy importantes las experiencias directas”.

“Semejantes experiencias a menudo son para muchos chicos y chicas la primera o la única vez en que a través de una excursión desde la escuela, conocen teatros, museos, sitios históricos, etc. Sin embargo, no todas las comunidades educativas pueden llevar a cabo tales actividades. En líneas generales, son las familias o las Cooperadoras Escolares las que hacen frente a los costos que implica el traslado de las y los estudiantes para el desarrollo de este tipo de experiencias”, señaló.

Al mismo tiempo que informó que “la posibilidad de llevar a cabo experiencias directas queda sujeta a la capacidad de recursos con la que cuentan los y las estudiantes y sus familias o cada institución educativa de manera particular y no todas pueden afrontarlo. Las empresas que prestan servicios de micros escolares tienen tarifas que para algunas escuelas es difícil de costear por parte de la cooperadora, y a su vez, resulta difícil trasladar la tarifa a las familias de los y las alumnos. Esta situación a su vez genera que las escuelas tengan que recurrir a diferentes estrategias, como el alquiler de micros en cuotas, o directamente desistir de la realización de actividades”.

“Por lo tanto, el acceso al transporte se convierte en un factor de desigualdad que condiciona la posibilidad de construcción de aprendizajes significativos de manera equitativa para los y las estudiantes de las escuelas públicas de gestión estatal de nuestra Ciudad”, concluyó Modarelli.

Rosario: Solicitan que el Gobierno informe de qué forma asistirá a las escuelas intimidadas por bancas narco

El proyecto es de la diputada Danya Tavela quien manifestó que “el Gobierno tiene que garantizar la seguridad y evitar que los chicos sigan perdiendo clases”.

Tras un nuevo ataque de una banda narco a una escuela en Rosario, la diputada nacional Danya Tavela (Evolución Radical) presentó un pedido de informes con el fin de que el Gobierno informe de qué forma asistirá a las escuelas intimidadas y cómo se van a recuperar los contenidos perdidos.

En la iniciativa, solicita que se detalle cuántas escuelas han sufrido hechos de intimidación, violencia y han sido atacas o baleadas durante el año 2022 y abril de 2023 en Rosario como consecuencia de la “grave inseguridad y el narcotráfico”.

Además, pide saber cuántas escuelas han suspendido las clases como “consecuencia de intimidación y de violencia en lo que va del ciclo 2023. Y que informe el programa de recuperación de clases y contenidos a fin de garantizar los aprendizajes no obtenidos”.

“La situación en Rosario es cada vez más grave y es urgente que las autoridades municipales, provinciales y nacionales tomen las medidas necesarias para cuidar a la comunidad educativa. No solo está en riesgo la seguridad de muchísimos niños, niñas y adolescentes, sino que se está vulnerando el derecho fundamental que tienen de estudiar”, fundamentó Tavela.

Y agregó: “Muchos de ellos han perdido a sus padres y necesitan la contención del Estado para no ser captados por el crimen organizado. La educación es la herramienta más potente que tiene la sociedad para salir adelante. No es casualidad que el narcotráfico la ataque. El Gobierno tiene que garantizar la seguridad y evitar que los chicos sigan perdiendo clases”.

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Diputadas presentaron un proyecto de Educación Emocional

La iniciativa es encabezada por Soher El Sukaria y establece la creación de un programa de Educación Emocional infanto - juvenil en las escuelas de nivel inicial, primaria y secundaria de todo el país.

La diputada nacional Soher El Sukaria (Pro) presentó un proyecto de ley que establece la creación de un programa de Educación Emocional para establecer la obligatoriedad de incluir de manera transversal contenidos de Educación Emocional en las escuelas de nivel inicial, primaria y secundaria de todo el país.

En el texto, explica que la educación emocional comprende el desarrollo aprendizaje de habilidades emocionales de importancia fundamental para la vida, acompañando a la persona en el perfeccionamiento y ejercicio las mismas tales como autoconocimiento, autocorregulación, conciencia social y empatía, habilidades sociales y elecciones responsables.

Entre los sujetos comprendidos se encuentra toda la comunidad escolar de las instituciones educativas de nivel inicial, primaria y secundaria de todo el país, incluyendo niños, adolescentes, educadores, padres y directivos.

Además, plantea la capacitación docente por parte de los establecimientos. “Se brindará capacitación docente en los distintos aspectos y ejes de la educación Emocional incluyendo la educación emocional de los niños, niñas y adolescentes, de los padres y tutores de familia, de los educadores y en las relaciones interpersonales e institucionales a nivel organizacional”, dice el artículo 4.

Acompañan el proyecto con sus firmas las diputadas María Luján Rey, Marilú Quiroz, Ana Clara Romero y Susana Laciar.

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Senadora del FdT impulsa la creación de un Programa Nacional “Escudo”

Se trata de una iniciativa presentada por la bonaerense Juliana Di Tullio con el objetivo de proveer de forma gratuita repelentes de insectos y protectores solares en las escuelas.

La titular del bloque Unidad Ciudadana del Senado, Juliana Di Tullio (FdT), presentó un proyecto de ley con el objetivo de crear un Programa Nacional “Escudo” cuya finalidad es proveer de forma gratuita repelentes de insectos y protectores solares en las escuelas.

“La presente tiene por objeto el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades de las alumnas y alumnos que concurran a las instituciones educativas de gestión pública estatal y de gestión privada subsidiada al 100% y/o cuota cero de los niveles inicial, primario y secundario de todo el país”, plantea en el artículo 1.

Además, sostiene que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud quien deberá establecer los mecanismos de distribución pertinentes a fin de garantizar que la totalidad de los establecimientos consignados que cuenten con los productos de cuidado de la salud y prevención de enfermedades. También establecerá la cantidad de productos que deberá recibir cada alumno teniendo en cuenta las particularidades climáticas de cada región del país.

En tanto, indica que los productos provistos deben ser “exclusivamente” de producción nacional”, y ante la falta o escasez transitoria la autoridad de aplicación “puede adquirir elementos de otras procedencias acreditando fehacientemente tal circunstancia”.

Entre los fundamentos, Di Tullio explica que se busca “prevenir enfermedades como el dengue, la fiebre chikungunya, el zika y todas aquellas relacionadas con la exposición a la radiación solar”.

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“Es un verso la inversión en infraestructura educativa de Kicillof, más de 120 escuelas movilizadas en La Matanza lo demuestran”

Eso expresó la diputada de izquierda Romina Del Plá tras movilizarse al Concejo Escolar para reclamar por la falta de mantenimiento y la necesidad de más escuelas en el partido bonaerense.

La diputada nacional Romina Del Plá (Frente de Izquierda) y el concejal Juan Romero, ambos dirigentes de La Multicolor, se movilizaron al Concejo Escolar y acompañaron el reclamo de las más de 120 escuelas de La Matanza que atraviesan graves problemas de infraestructura producto de la falta de mantenimiento y la necesidad de construcción de nuevas escuelas.

Romina Del Plá señaló que “en el marco de la ola de calor, la crisis de infraestructura producto de la falta de mantenimiento y construcción de nuevas escuelas, se agudiza con el déficit de ventiladores y con la falta de suministro de agua”.

“Es un verso la inversión en infraestructura educativa de Kicillof, la precariedad de las escuelas, y la demora de las obras o enorme lentitud donde las hay, es la norma en el distrito”, disparó.

Y agregó: “La situación que padecemos docentes y alumnos dista totalmente del relato de Kicillof y Espinoza según el cual hubo un inicio de clases con total normalidad. La realidad es que tanto el gobierno provincial como el municipal tienen a la educación pública en un estado de abandono total”.

Por su parte, Juan Romero destacó: "Más de 120 escuelas de La Matanza se movilizaron hoy al Consejo Escolar en reclamo por la tremenda situación de las escuelas. Esta movilización, organizada por La Multicolor, demuele el verso de la ‘inversión’ educativa anunciada por Kicillof, y aplaudida por Baradel, que está más preocupado por la reelección del gobernador, que por la situación en las escuelas. En La Matanza, como en otros distritos de la provincia, estamos emergencia educativa producto del ajuste de Kicillof y Espinoza".

Asimismo, refirió que "está claro que, en estas condiciones, con aulas y escuelas faltantes, sin agua, ni luz, ni baños, no se puede continuar”. Por último, ambos dirigentes docentes llamaron a redoblar la movilización para que el Fondo Educativo sea destinado a las necesidades reales de las escuelas.

Diputada radical reclama información sobre el cierre de escuelas por la ola de calor

La legisladora Danya Tavela solicitó al Poder Ejecutivo si se ha relevado la situación registrada en establecimientos educativos que por problemas de infraestructura se vieron afectados.

La diputada nacional Danya Tavela (Evolución Radical-JxC) presentó este martes un pedido de informes con el fin de conocer la situación de los establecimientos educativos públicos que debieron cerrar o se vieron impedidos de desarrollar sus actividades de manera regular por las altas temperaturas. “En la provincia de Buenos Aires se está vulnerando el derecho constitucional, humano y fundamental que es la educación”, advirtió.

La legisladora radical le exigió al Poder Ejecutivo que detalle si ha realizado un relevamiento de los establecimientos afectados, qué medidas de control ha adoptado el Ministerio de Educación y si se ha elaborado un plan de reapertura de los mismos.

“Es inconcebible que los niños y niñas sean rehenes de políticas públicas que no ubican a la educación como su derecho fundamental. Y es aún más inconcebible que las provincias no adopten ninguna medida que mínimamente garantice este derecho”, cuestionó.

La exsecretaria de políticas universitarias de la Nación le pidió al Poder Ejecutivo y al Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que expliquen la falta de infraestructura y mantenimiento de las escuelas y la falta de previsibilidad de un plan que garantice el correcto inicio de clases.

Tavela, quien ya había presentado un pedido de informes en 2022 por la misma situación, pero por las bajas temperaturas, explicó que los problemas de infraestructura “imposibilitan el normal funcionamiento de los establecimientos educativos y la posibilidad de dictar clases sin riesgo de descompensación de los alumnos y los docentes”.

La solicitud fue acompañada por los diputados Emiliano Yacobitti, Martín Tetaz y Marcela Antola.

Exigen que las escuelas de CABA enseñen artes marciales

Una diputada porteña de La Libertad Avanza (LLA) presentó un proyecto para que el Ministerio de Educación y la Secretaría de Deportes incorporen esa práctica al sistema educativo.

Con la intención de sumar nuevas herramientas al sistema educativo, la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) Lucía Montenegro presentó en la Legislatura porteña una iniciativa para instar al “Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenas Aires a incorporar la práctica de Artes Marciales en la enseñanza educativa, a través del Ministerio de Educación y la Secretaría de Deportes”.

En los fundamentos del texto recientemente presentado, la liberal afirmó que “las Artes Marciales han demostrado que facilitan la incorporación de numerosos elementos, en particular desde el punto de vista actitudinal, como el sentido de honradez, responsabilidad y disciplina” y consideró que “el incorporarlas le otorgaría un enfoque holístico al desarrollo educativo de los jóvenes, al conjugar elementos emocionales y psicológicos”.

Asimismo señaló que los estudiantes aprenderán “a aplicar el autocontrol, la tolerancia y el respeto, mejorando sus capacidades en lo que respecta a las emociones humanas. A todo esto debemos sumarle los beneficios físicos que generan, tanto en musculatura como equilibrio y flexibilidad” y precisó que “adicionalmente se vincula con la función social del deporte, brindando contención autoestima y permitiendo la descarga de energía, desincentivando el consumo de sustancias, en particular entre los más jóvenes”.

“Resulta fundamental que los anteriores elementos se constituyan como parte de la formación desde edades tempranas”, sentenció.

Diputados avanzaron con proyectos en educación sobre el acceso a la conectividad

Fue en el marco de una reunión de la Comisión de Educación. Durante la misma, también se pasó a la firma distintas iniciativas de declaración y resolución.

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, a cargo de la oficialista entrerriana Blanca Inés Osuna, mantuvo una reunión este martes en la que avanzaron con distintos proyectos que proponen el acceso a la conectividad y a dispositivos tecnológicos en los establecimientos educativos.

También, pasaron a la firma diferentes iniciativas sobre declaración y resolución, mientras que el proyecto de ley en revisión por el cual se declara Cuna del Magisterio argentino a la Escuela Normal José María Torres de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, primera Escuela Normal Nacional de formación docente en la República Argentina, será analizado en otra reunión.

En el encuentro, que se llevó a cabo en la Sala 2, la titular de la Comisión enumeró los distintos proyectos en torno a la inclusión digital educativa, Ley de Justicia Digital Educativa, Agencia Federal de Conectar Igualdad, Plan Federal del Sistema Educativo, modificaciones al Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROGRESAR), y remarcó: “Estamos abordando un tema que tiene numerosos antecedentes”.

A su vez, mencionó que el diputado Pablo Carro durante el 2020 “presentó proyectos de ley en ese sentido. Lo hemos trabajado con la diputada Morales Gorleri y hay en años previos iniciativas en este sentido. Cuando hablamos de derecho en educación, estamos abordando este tipo de cuestiones”.

En el uso de la palabra, la diputada de izquierda Romina Del Plá fundamentó que “es un tema que largamente hemos planteado que tiene que ver con el acceso a la conectividad, a los dispositivos”, y resaltó que es un tema que precede la pandemia y que se puso en “evidencia” con la misma.

“Hay que buscar un equilibrio porque no todo es educación digital porque también tenemos que tratar de reforzar todos aquellos aspectos que sabemos deficitarios en materia educativa en todos los aspectos, pero obviamente es necesario avanzar en la accesibilidad plena de los estudiantes, docentes y escuelas a la conectividad y a los dispositivos”, precisó Del Plá y señaló que actualmente hay “muchas escuelas del país que no tienen conectividad”.

En esa línea, agregó que “es la realidad que tenemos en muchos lugares donde las directoras y docentes pagan de su bolsillo el acceso a internet, no muy lejanos, tenemos acá en el conurbano donde podemos encontrar una multitud de esos ejemplos e incluso seguro acta en la Ciudad”.

“Garantizar el acceso y la navegación gratuita a los servicios de internet para docentes, alumnos y escuelas es un tema clave”, plateó la diputada de izquierda y explicó la iniciativa presentada por su espacio. “En primer lugar tiene que ver con determinar este acceso que es fundamental para todas las instituciones. En ese sentido se tienen que dar todas las medidas por parte del Estado para garantizar esto”, precisó y agregó: “Algunos edificios hay que adecuarlos para poder tener acceso correcto. Hay que garantizar el acceso a los dispositivos para aquellos que no los tienen y permitir tener el acceso a la navegación”.

Además, plantearon en el proyecto que “el costo de la conectividad para docentes, estudiantes y escuelas deben asumirlas las empresas de telecomunicaciones sin costo para el Estado”, y explayó: “Son las empresas las que justamente se han llenado enormemente los bolsillos a partir de la pandemia y nos parece que deberían prestar un servicio que es garantizar el acceso a la comunidad educativa a la conectividad. Sería a penas rozar el piso de las superganancias que tienen las empresas y nos parece un error que el Estado tenga que asumir, con recursos que hoy no tiene, el costo de garantizar ese acceso”.

A su turno, la diputada chaqueña Lucila Masin (FdT) destacó que se trata de una política “indispensable” para el país y ponderó el programa Conectar Igualdad que “tuvo un impacto en todas las escuelas públicas, primarias y secundarias, de educación técnica a todo lo largo y ancho del país. Con el propósito, no solo de entregar dispositivos y equipamiento, sino también para poder generar una participación activa hacia la comunidad en su conjunto”. Asimismo, consideró que “este tipo de políticas públicas educativas tienen que ser transformadas en ley para que puedan trascender los gobiernos y garantizar el derecho del acceso a la tecnología”.

La diputada Morales Gorleri (Pro) recordó que en el 2020 presentó un proyecto que “tenía el foco a las grandes necesidades y dificultades respecto a los temas de conectividad”, y sumó: “Creo que la mirada de mi proyecto debe ampliarse, porque la reunión anterior informativa que tuvimos dejó en claro que tenemos que tener una estrategia eficiente y equitativa respecto a la conectividad a nivel país, pero también trabajar con los equipos docentes para que tengan educación inicial y continua y garantizar los insumos”.

“Hay propuestas muy ricas, muy interesantes. Un tema de esta magnitud y en esta época, después de haber atravesado la pandemia, amerita detener diálogos profundos y fecundos para tener dictámenes conjuntos. Es importante intentar llegar a un acuerdo. hay materia muy interesante en los proyectos, en algunos tengo dudas”, opinó la diputada del Pro.

El vicepresidente de la Comisión y diputado del Pro, Alejandro Finocchiaro, sostuvo que “es una política prioritaria para tender a reducir la brecha digital, asegurar la inclusión digital educativa. Creo que tenemos que ser realistas y saber que esto proviene de dinero público, el Estado recauda e invierte en función de lo que recauda, entonces estamos frente a este desafío con el dinero que tiene el Estado”.

En ese aspecto, señaló: “Mientras más invertimos en lo que realmente se debe invertir, y menos en lo que no se debe, más realidad va a ser ese derecho. Siempre nos enfocamos como dispositivo en la computadora, pero no nos olvidemos que existen otros dispositivos como kit de robótica, drones, equipamiento en 3D. Podemos avanzar en otros tipos de tecnologías y dispositivos”.

Pasaron a la firma proyectos de declaración y resolución

La titular de la Comisión comentó que en las distintas reuniones que se mantuvieron los legisladores presentaron diferentes proyectos de resolución y de declaración sobre las que van a “dictaminar” porque “han sido trabajadas y acordadas”.

Por otro lado, Blanca agradeció a diputados que se sumaron a la reunión pese a que no son parte de la Comisión, pero “tienen particular interés por llevarse esas declaraciones, resoluciones”, y pidió que se leyeran los proyectos para pasarlos a la firma.

En el uso de la palabra, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) adelantó los motivos por el que no acompañó algunos proyectos, uno de ellos de la diputada oficialista Susana Landriscini porque “creo que podríamos tener un criterio en términos de, una cosa es la creación de una universidad a conmemorar el inicio de un ciclo lectivo, más allá que sean 50, 60 o 100 años. Es importante que la comisión, como tienen otras comisiones, tenga un criterio en ese sentido”, y agregó: “Sino estamos declarando los aniversarios de los ciclos lectivos, de las universidades. Es para que tengan un sentido los proyectos de declaración”.

 “No creo conveniente declarar de interés de esta Cámara de Diputados una política de Estado que lleva, en este caso, un gobierno jurisdiccional como es el de la provincia de Buenos Aires porque estaríamos generando una situación de que declaremos de interés por parte de esta Cámara un programa del Ministerio de Educación. No es un criterio lógico ni válido”, agregó Ferraro respecto a otro de los proyectos.

Y sumó: “No soy del criterio de rendir beneplácito a políticas que llevan los gobiernos tanto nacionales, jurisdiccionales o provinciales porque se entiende que las políticas que se impartan por parte de los distintos organismos, sean eficientes y efectivas en ese sentido”.

En el mismo sentido se manifestó la diputada Sabrina Ajmechet (Pro) quien, además, tampoco acompañó el proyecto que establece expresar beneplácito por la graduación de los primeros cinco médicos y cinco médicas de la Facultad de Ciencias Médicas, ya que “entraríamos en la misma lógica de que cada vez que hay un nuevo graduado en una nueva carrera, en una nueva Facultad en el país, se va a expresar beneplácito”.

De la vereda de enfrente respondió la oficialista Mara Brawer: “La actividad legislativa no empezó hoy. Siempre hubo criterios, pero que cada diputado tiene derecho de acompañar o no”, y coincidió con lo expresado por Ferraro respecto a que “las acciones de gobiernos harían engorrosa la tarea y son solo acciones de Gobierno”, pero preguntó: “¿Por qué ese proyecto en particular si está lleno de aniversarios?”.

Fue el propio diputado de la CC-ARI quien le aclaró: “No es a modo de embarrar ni demorar la discusión que tenemos, sino para poder establecer un criterio. Cuando nosotros vemos que habla de la apertura del ciclo lectivo y después habla de la conmemoración de los 50 años de la creación de la universidad. Entonces ¿es el primer ciclo lectivo o los 50 años de la universidad? No se entiende si se expresa beneplácito al primer ciclo lectivo o al aniversario de la institución”.

De forma breve, la rionegrina Landriscini le explicó al diputado preopinante que un proyecto trata de la universidad de Neuquén y el otro tema es el Instituto de Formación Docente en la provincia de Rio Negro. “Se juntaron por una disposición de un gobierno que no tenía funcionando al Congreso porque era época militar y decretan la creación de la Universidad, pero como eran de dos provincias que tenían que hacer todos los trámites internos de adecuación, la universidad lo festeja y rememora cuando se inicia el primer ciclo lectivo de conjunto entre ambas provincias”, explayó la oficialista.

Por último, respecto al proyecto de ley en revisión por el cual se declara cuna del magisterio argentino a la Escuela Normal José María Torres de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, primera Escuela Normal Nacional de formación docente en la República Argentina, Osuna aclaró: “Todos sabemos que es la primera escuela normal, no solo de Argentina sino de Latinoamérica. Esto es una declaración con formato de norma. Lo dejamos para cuando tratemos respaldo en particular de leyes”.

Marina Kienast presentó un proyecto de registro de denuncias anónimas por adoctrinamiento en Escuelas

La legisladora porteña remarcó que "la asimetría de poder entre los distintos integrantes de la comunidad educativa dificulta en la práctica el derecho de defensa ante estos abusos”.

La legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por Republicanos Unidos, Marina Kienast, presentó un proyecto de ley para conformar un registro de denuncias anónimas por casos de proselitismo o adoctrinamiento, hechos de presión sindical contra integrantes de la comunidad educativa y abusos de autoridad en escuelas porteñas.

La iniciativa tiene como objetivo "equilibrar asimetrías de poder" dentro de la comunidad educativa y "garantizar el derecho de defensa". En tanto, Kienast destacó que "este proyecto de ley busca proteger la libertad de los integrantes de la comunidad educativa y, con especial énfasis, de sus integrantes más vulnerables: los chicos”.

Y agregó: "hemos visto ya decenas de casos donde docentes imponen su pensamiento o visión política a todos sus alumnos. Algunos incluso llegaron a ser tristemente célebres, pero sólo nos enteramos de una parte, donde un padre o un alumno, harto de la situación filma y publica lo ocurrido. Debemos garantizar a todos los chicos la posibilidad de que sean educados en un contexto de pluralidad de ideas”.

El "Sistema de Denuncias Anónimas" estará a cargo del Ministerio de Educación del Gobierno de la CABA e incluye a "toda institución de gestión y/o administración privada, estatal y/o mixta, de nivel inicial, primaria y secundaria" que funcione dentro del territorio porteño. Asimismo, se informó que las exposiciones podrán realizarse en formato digital acompañadas por escritos, documentos, audios o videos. Una vez hecha la denuncia, la cartera de Educación "reglamentará la investigación administrativa y aplicación sumaria".

Finocchiaro volvió a expresarse en contra del “pase sanitario” en las escuelas

El diputado del Pro manifestó su rechazo a través de sus redes sociales y remarcó que la vacuna contra el Covid-19 no es obligatoria por lo que “exigir pase sanitario es inconstitucional”.

En medio de la polémica que surgió luego de que desde las provincias de Santa Cruz y Formosa informaran que van a exigir pase sanitario en las escuelas para el retorno a las clases en forma presencial, el diputado nacional Alejandro Finocchiaro (Pro – Buenos Aires) volvió a expresarse en redes sociales en contra de la medida y lo calificó como “inconstitucional”.

“Hasta que la vacuna contra el Covid sea obligatoria exigir pase sanitario en las aulas -y restringir el derecho a la educación- es inconstitucional”, denunció el legislador que integra el interbloque de JxC y apeló al artículo 19 de la Constitución Nacional: "Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.

En ese sentido, remarcó: “Si el Gobierno, en cualquier provincia o en todo el territorio de la Nación, impone un pase sanitario está restringiendo o conculcando el derecho constitucional a la educación en virtud de algo que no es obligatorio. Es inconstitucional”.

Previamente, el diputado del Pro había emitido un comunicado a través del mismo medio y expresó: “A casi dos años del inicio de la pandemia, y cuando ya parecía que la educación volvía a ocupar el lugar primordial que nunca debió perder, nuevamente la incertidumbre se apodera de las familias, los docentes, la comunidad educativa en su conjunto: no habrá presencialidad sin pase sanitario”.

“Sabemos que la presencialidad de niños, niñas, jóvenes y adultos en las escuelas es fundamental y garantiza plenamente el derecho humano a la educación. Es en cada institución educativa donde esta garantía cobra sentido y articula de manera integral todos los demás derechos de nuestros estudiantes. Sin embargo, provincias como Formosa o Santa Cruz -más las que podrían sumarse- continúan negando este derecho imponiendo como requisito de admisión en las aulas el pase sanitario”, denunció Finocchiaro.

En tanto, se preguntó: “¿Cómo puede exigirse un pase obligatorio de vacunación para ir a la escuela de gestión estatal cuando todavía no hay una decisión federal que incluya la vacuna contra el COVID en el calendario obligatorio?”.

En ese marco, señaló que “si no hay una decisión política en este sentido que se exprese a través de la ley, otorgándole sustento a la decisión de promover la obligatoriedad a la vacuna contra el Covid-19 y a la exigencia de un pase sanitario, no se pueden avasallar derechos constitucionales como los consagrados en el artículo 19 de la Constitución Nacional”.

“Requerir un pase sanitario para ingresar a las escuelas públicas carece de sustento jurídico y pedagógico, especialmente en provincias que hacen de la ausencia de los chicos a clases una práctica habitual”, cerró.

De Marchi expresó su malestar por la apertura de casinos y exigió más escuelas

El diputado del Pro volvió a cuestionar al gobernador de Mendoza y aseveró: “Escuelas si, casinos no”, en relación a la concesión de un hotel con casino en Alvear.

El diputado nacional Omar De Marchi (Pro – Mendoza) volvió a criticar las medidas adoptadas por el gobernador Rodolfo Suárez, tal como lo había hecho con la implementación de la RTO o las dudas respecto a la realización de Portezuelo del Viento. En esta ocasión, el enojo del legislador es por las licitaciones de nuevos casinos en el territorio provincial, respecto de lo cual posteó en sus redes sociales: “Escuelas si, casinos no”.

“Basta de timba señores!!!! Mendoza debe restringir las inversiones que tienden a fomentar el juego. Esos Casinos luego se llenan de bicicletas en la puerta de vecinos que pierden su sueldo y no de turistas. Las cosas por su nombre. Escuelas si, casinos no”, escribió el vicepresidente primero de la Cámara baja cuestionando el auge por el juego que se percibe desde que Suárez asumió al frente del Ejecutivo. Mientras que en el gobierno del Alfredo Cornejo existía una política de cerrar salas de juego.

El detonante del enojo de De Marchi fue la novedad de que General Alvear licitará un hotel con casino que estará listo en los próximos años, cuyo anuncio del intendente radical Walther Marcolini se suma a la licitación del megacasino del Este que se edificará en San Martín y que también contará con un hotel cuatro estrellas.

Kicillof mandó a la Legislatura un proyecto de ley para prohibir la venta de cigarrillos cerca de las escuelas

El Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley que pretende eliminar la oferta de tabaco en lugares ubicados a menos de 100 metros de los institutos educativos.

El gobernador Axel Kicillof envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley que busca prohibir la venta de cigarrillos en lugares ubicados a menos de 100 metros de escuelas de nivel básico y media.

La iniciativa pretende controlar la oferta de tabaco para proteger a la población de la exposición al humo ambiental de esa sustancia y preservar a los adolescentes de su consumo.

Según el Ministerio de Salud bonaerense, el proyecto mejora el estándar legislativo para el control de tabaco en la provincia al garantizarle a la población un mayor nivel de protección en cuanto a la exposición al humo ambiental de esa sustancia.

La propuesta dispone la prohibición de la publicidad, promoción, patrocinio y exhibición de productos de tabaco, de sistemas electrónicos, productos de tabaco calentado y venta en lugares a menos de 100 metros de las escuelas de educación básica y media.

Con el objetivo de brindar un mayor acompañamiento a la población, el texto contempla que los subsistemas de salud público, privado y de seguridad social deberán garantizar la atención a la adicción al tabaco con tratamientos conductuales y farmacológicos.

Otro de los puntos incluidos en el documento tiene que ver con anular la venta de cigarrillos sueltos o fraccionada y crear una cuenta especial para fondos generados por multas, como así que los municipios creen un área de control del tabaco.

En la actualidad, la Ley 13.894 modificada por la resolución 14.381, permite fumar en patios, terrazas, balcones y demás espacios al aire libre de los lugares cerrados de acceso al público y en clubes para fumadores de tabaco.

De esta manera, la coordinadora del Programa Provincial de Control de Tabaco, Silvia Rey, indicó que "si bien la ley actual tiene fortalezas, su calidad puede mejorarse contemplando los estándares legislativos propuestos por el Convenio Marco para el Control del Tabaco”.

En la misma línea, el director de Prevención de Enfermedades no Transmisibles del ministerio de Salud, Sebastián Crespo, señaló que "contar con una mejora en la normativa actual tiene que ver, con desarrollar políticas sanitarias”.

"La salud de la población mejora cuando se generan las condiciones para vivir en contextos y ambientes que los proteja, y este proyecto de ley se basa en esa premisa", aseguró Crespo.

Para la elaboración del documento, se conformó una mesa técnica en la que participaron representantes del Departamento de Contralor del Tabaco y Establecimientos Comerciales, el Programa Nacional de Control de Tabaco y la Fundación Interamericana del Corazón Argentina.

También participaron de la creación del proyecto, la Asociación Argentina de Tabacología (AsAT), la Unión Antitabáquica Argentina (UATA), la Universidad Nacional de La Plata y expertos en tabaquismo.

Proponen crear un programa de enfermería y salud escolar

Se trata de una propuesta de los diputados del Frente de Todos, a través del cual obtener un diagnóstico de situación de salud de la población escolar.

En el marco de la pandemia del Covid 19, los legisladores del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley para crear el “Programa de Enfermería y Salud Escolar”, a fin de obtener un diagnóstico de situación de salud de la población escolar e identificar casos que requieran atención y cuidados de salud.

Es así que el programa buscará articular las acciones necesarias para resolver las necesidades de salud emergentes y propias de cada escuela; impulsar la articulación del primer nivel de atención con el sistema educativo; articular la accesibilidad de la población escolar al Segundo y Tercer Nivel de Atención; coordinar estrategias conjuntas entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación; estimular y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades en conjunto con la enfermería escolar y toda la comunidad educativa.

Además prevé promover y difundir acciones destinadas a la inclusión de personas con discapacidades para garantizar la igualdad de oportunidades; propiciar el aprendizaje de hábitos destinados al cuidado de la salud y el mejoramiento de la calidad de vida; impulsar la participación e interactividad de la comunidad educativa en acciones destinadas al autocuidado; fomentar el desarrollo humano integral y el bienestar de niños, niñas y adolescentes; y empoderar a la comunidad educativa para la identificación y actuación de las necesidades emergentes en cada escuela.

Asimismo plantea que en cada colegio se habilite un espacio físico que se constituirá como sede del Consultorio de Enfermería Escolar y que contará con las características necesarias para garantizar la salud escolar, brindar asistencia inmediata en las emergencias y urgencias y contener, asesorar y atender a la población escolar.

En los fundamentos de la medida, los opositores explicaron que “este proyecto de ley propone la creación de un programa de enfermería escolar, con el objeto de dotar a las instituciones educativas de un dispositivo que fortalezca la capacidad de dar respuesta a las necesidades sanitarias de la población escolar, en cumplimiento con la normativa citada” e indicaron que “los niños y adolescentes pasan una gran cantidad de horas diarias en las instituciones educativas, acompañados por adultos que muchas veces no tienen la formación necesaria para resolver situaciones en las cuáles está en riesgo su salud, o para acompañar a aquellos estudiantes que están en tratamiento por alguna enfermedad transitoria o crónica”.

“En este sentido, la creación de un Programa de Enfermería Escolar orientado no meramente a la atención de emergencias, sino a la garantización del derecho integral a salud de los niños, niñas y adolescentes resulta un elemento clave para el desarrollo pleno de la educación y la salud de la población”, afirmaron y concluyeron señalando que “las instituciones educativas resultan el lugar idóneo, ya que a través de la implementación del Programa de Enfermería y salud escolar será posible aumentar significativamente las posibilidades de garantizar el acceso universal al derecho a la salud en la escuela. De esta manera, se estaría dando un paso relevante hacia la construcción no solamente de escuelas saludables, sino también de sociedades saludables, más justas y equitativas”.

Cobos planteó un sistema nacional de convivencia escolar

El senador radical presentó un proyecto de ley para abordar la conflictividad social en las escuelas.

El exvicepresidente de la nación Julio Cobos (UCR-Mendoza) presentó un proyecto para crear un "sistema nacional de convivencia escolar". La idea, explicó, es que "aborde la conflictividad social, prevenga y mitigue la violencia en todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional".

El sistema establecería "las bases para la promoción, intervención y seguimiento institucional, así como la investigación y recopilación de experiencias sobre la convivencia; con el fin de construir una sociedad democrática, participativa y pluralista, que fortalezca el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de niños, niñas y adolescentes”.

El legislador mendocino identificó que "los conflictos en el ámbito escolar afectan el ambiente de aprendizaje, con graves consecuencias para los niños en términos de salud mental; pudiendo provocar pérdida de confianza, trastornos psicológicos, ausentismo escolar, depresión e incluso el suicidio. El inadecuado tratamiento de las situaciones de conflicto es uno de los obstáculos que impiden a los estudiantes tener igualdad de oportunidades y de desarrollo en los ámbitos académicos y socioeconómicos, por eso queremos revertir esta situación”.

Por eso, comentó que “el proyecto que presentamos brinda una serie de herramientas, definiciones y protocolos para que la comunidad educativa pueda ser capaz de comprender la complejidad de formas en que se presenta la violencia, identificando estas circunstancias, las indisciplinas que distorsionan el clima escolar y las situaciones que constituyen bullying.  Centrar la mirada en el bullying descuidando la violencia ocasional o a la inversa, minimizar la problemática atendiendo todas las situaciones de violencia como esporádicas, dificulta restituir el buen clima escolar con consecuencias en el aprendizaje”.

“Con normas que valoran la diversidad, la convivencia pacífica y la participación democrática de todos los actores de la comunidad educativa, pretendemos dar un marco de referencia que posibilite actuar en la prevención, detección, atención y seguimiento para cada tipo de situación de conflicto", aseguró el radical.

El proyecto propone la creación de un Sistema Unificado de Convivencia Escolar que "permita analizar cada caso, documentar, activar protocolos adecuados a cada situación de conflicto y realizar su seguimiento. El sistema garantiza el derecho a la intimidad y confidencialidad de los datos de las partes involucradas. También se establece la Ruta de Atención para la Convivencia Escolar que deberán seguir las instituciones que conforman el Sistema Nacional en todos los casos en que se afecte la convivencia escolar”. 

Por último, Cobos señaló que “nuestra intención es que la comunidad educativa tenga una mirada atenta en las relaciones de los alumnos y se gestione la convivencia de todos. Debemos asegurar un clima de bienestar en donde el docente pueda enseñar y el alumno aprender”. 

Piden que las escuelas de la Ciudad tengan equipos que midan el dióxido de carbono

Se trata de una petición de Santiago Roberto junto a otros legisladores del FdT, quienes aseguraron que se trata de un instrumento capaz de “proveer información crucial para garantizar una presencialidad segura en las escuelas”.

Debido a la nueva normalidad que impone la pandemia del coronavirus,el legislador Santiago Roberto junto a otros diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura porteña un proyecto a través del cual le solicitaron al Gobierno de la Ciudad que se compren equipos de medición de dióxido de carbono para su utilización en establecimientos dependientes del Ministerio de Educación a los efectos de incorporar un instrumento “capaz de proveer información crucial para garantizar una presencialidad segura en las escuelas”.

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores indicaron que “la posibilidad de mantener la presencialidad en las escuelas en el contexto de una persistente pandemia, depende de la capacidad que se despliegue para evitar los contagios” e indicaron que “la posibilidad de realizar testeos masivos a los docentes o de tomar la temperatura al ingreso de los edificios escolares es una fuente válida para la prevención, entendiendo que se obtiene información válida para evitar la contagiosidad que pudiera generar una persona ya infectada”.

“Sin embargo, debe avanzarse en otros planos, que permitan prevenir la existencia de condiciones que habiliten contagios en un contexto, por ejemplo, en que la enfermedad se desarrolle de manera asintomática o no haya sido aún detectada”, señalaron y remarcaron que es por ello que “resulta indispensable minimizar las posibilidades de que existan condiciones para el contagio: la limpieza de las superficies, el uso de alcohol en gel y el lavado de manos resultan mecanismos básicos de defensa. El uso del barbijo y el distanciamiento social, por otra parte, se presentan como los recursos básicos frente a un virus que se transmite a partir de la expulsión de microgotas al hablar, toser, gritar, cantar, etc”.

No obstante advirtieron que a pesar de los recaudos “resulta potencialmente peligroso permanecer en ambientes cerrados y poco ventilados” y destacaron que “compartir un espacio cerrado durante un espacio de tiempo prolongado con una persona contagiada implica una alta probabilidad de transmisión del virus, más allá de las prevenciones que podamos tomar, como las anteriormente señaladas. Ello implica que necesariamente, resulta crucial ventilar los ámbitos de trabajo escolar”.

Al mismo tiempo que indicaron que “las condiciones básicas definidas para el cumplimiento del protocolo establecido por el Ministerio de Educación no existen en una importante cantidad de establecimientos. En las últimas semanas, se han realizado compras de equipos de circulación de aire provistos de filtros HEPA, capaces de generar un cierto recambio de aire”.

“Por lo tanto, resulta indispensable apelar a un recurso que económicamente no es oneroso y, sanitariamente, es indispensable. Nos referimos a los equipos de medición de dióxido de carbono, que posibilitan de manera simple y eficaz, identificar rápidamente si un ambiente reúne las condiciones para ser ocupado por los grupos de escolares”, afirmaron y concluyeron señalando que “no proveer a las escuelas de este recurso significa abrir una brecha más por la que se puede filtrar el virus. Mientras los docentes no sean vacunados es nuestro deber, como estado, proveerle la mayor cantidad de herramientas de cuidado a toda la comunidad educativa”.

Quieren saber “cómo funcionarán las postas de vacunación” en escuelas cuando se “inicien las clases”

El senador de Juntos por el Cambio Agustin Máspoli presentó una iniciativa en la Cámara alta bonaerense para que el Ejecutivo informe.

Específicamente, el legislador opositor quiere que a través de la Dirección General de Cultura y Educación se informe de qué manera van a garantizar el inicio del Ciclo Lectivo 2021.

A lo largo de su presentación, el senador bonaerense solicitó se explique cuáles son los avances que hasta el momento se vienen concretando para garantizar el regreso de los alumnos a las aulas, y pidió conocer “las condiciones de infraestructura en las escuelas, la matrícula de los alumnos y si está previsto el transporte escolar para asegurar la movilidad de alumnos y docentes”.

Por otra parte, hizo referencia a que muchos establecimientos escolares de la provincia están funcionando como “postas de vacunación contra el Covid 19”, en este sentido expresó, “queremos saber qué alternativas se contemplan desde el gobierno al momento del inicio de clases y de qué manera seguirán funcionando el plan vacunatorio”.

Asimismo, el legislador de JxC solicitó saber si se prevé contemplar a los docentes y auxiliares, como prioritarios en las siguientes etapas del plan provincial Buenos Aires Vacunate. “Más allá del destacable esfuerzo de los docentes, alumnos y las familias, es innegable que los periodos largos sin asistir a la escuela impactan regresivamente en el aprendizaje e incluso contribuyen a la deserción escolar”, concluyó Máspoli. 

La Cámara baja avaló un proyecto contra la deserción escolar producto de la pandemia

La iniciativa recibió 231 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones. Fue el fruto de un consenso entre varias iniciativas y apunta a darle continuidad a las trayectorias educativas.

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado este miércoles un proyecto de ley que busca combatir la deserción escolar como consecuencia de la pandemia, a través de la creación de un “Programa para fortalecer las trayectorias educativas”.

El texto recibió 231 votos afirmativos, ninguno en contra y tres abstenciones, de Nicolás Del Caño (PTS), Romina Del Plá (Partido Obrero) y Francisco Sánchez (Pro).

Blanca Osuna, presidenta de la Comisión de Educación, destacó que la iniciativa fue el fruto de un consenso entre los bloques y que se logró tras escuchar a especialistas y a ministros de Educación de varias provincias.

En efecto, para la redacción final se unificaron proyectos de Osuna (Frente de Todos), Mara Brawer (Frente de Todos), Victoria Morales Gorleri (Pro), Karim Alume Sbodio (Frente de Todos), Brenda Austin (UCR) y Victoria Rosso (Frente de Todos).

La titular de la comisión explicó que “se trata de una estrategia integral, un conjunto de acciones planificadas en busca de un objetivo: fortalecer las trayectorias educativas”, es decir, “el recorrido del estudiante” dentro del sistema.

Osuna precisó que la última evaluación anual, dada a conocer por el ministro Nicolás Trotta y correspondiente al año 2019, “da cuenta de que el egreso a término de estudiantes del nivel medio representa al 29% del conjunto de los estudiantes”.

De ese relevamiento también surgió que mientras el 91% de los jóvenes de los hogares de mayores ingresos habían finalizado el colegio secundario, entre los provenientes de hogares con menores ingresos sólo un 43% se había graduado.

“La apuesta más contundente es porque se cumplan las trayectorias educativas en tiempo y forma. Vamos por una escuela más justa que junto con el Estado se comprometa por la situación de los que van quedando en el camino, sobre todo en esta etapa tan compleja”, expresó la entrerriana.

Romina Del Plá (PO-FIT), autora de un dictamen alternativo, denunció que “de ninguna manera la crisis educativa y la deserción escolar son resultado de la pandemia, de la cuarentena o de la suspensión de las clases presenciales”.

“Esta crisis es muy previa, la venimos denunciando gobierno tras gobierno. Tenemos un cuadro de vaciamiento de la educación pública brutal”, advirtió la legisladora, y se refirió no solo a las dificultades presupuestarias, sino también a la situación edilicia y a las condiciones laborales de los docentes.

A continuación, la oficialista Mara Brawer sostuvo que “hablar de trayectorias educativas es preguntarse por las múltiples posibilidades que ofrecemos para que la enseñanza suceda de manera efectiva, porque el éxito o el fracaso de los estudiantes es el resultado de las condiciones generadas desde el Estado para que la educación sea posible”,

Brawer señaló que el proyecto tiene “una fuerte configuración integral, porque el objetivo es que las injusticias no recaigan sobre las trayectorias escolares y que no se incrementen las desigualdades”.

Desde la UCR, Brenda Austin, consideró que “estamos tratando un buen texto, que es el esfuerzo de iniciativas muy valiosas y de un trabajo articulado, pero estamos llegando un poco tarde”, ya que varios de los proyectos ingresaron a mitad de año.

Austin -quien promueve la declaración de la emergencia educativa- advirtió que “a 236 días de cuarentena, solo un 1% de los estudiantes de nuestro país tienen clases; el impacto de la cuarentena es desigual”.

“La respuesta que estamos dando es buena, pero es insuficiente, porque no estamos poniendo en discusión qué se hizo en estos meses para preparar las escuelas, para construir protocolos sólidos”, cuestionó.

Por su parte, Maximiliano Ferraro, jefe del bloque de la Coalición Cívica, habló de “justicia educativa, que es un concepto que pone al Estado en una posición importante para poder poner a los sectores más vulnerables en el centro del sistema educativo”.

“Esta herramienta que estamos incorporando, más allá de que puede tener una mirada respecto a la pandemia, nos sirve para hacernos cargo de los distintos contextos y actores del sistema educativo, y para revisar las condiciones del aprendizaje, de la organización institucional, de las pedagogías y la currícula”, puntualizó.

Victoria Morales Gorleri, vicepresidenta de la Comisión de Educación, coincidió en que “el abandono escolar es la problemática más dolorosa de nuestro sistema educativo”, dado que “solo la mitad de los jóvenes que ingresan al nivel medio egresan en tiempo y forma”.

“No logramos que la escuela sea una esperanza para nuestros jóvenes, que elijan la escuela para superar sus dificultades”, reconoció Morales Gorleri, y agregó que las causales de abandono escolar tienen que ver con la búsqueda de empleo, el cuidado de familiares y el embarazo adolescente.

La diputada del Pro aseguró que se promueve “una estrategia que no estaba sistematizada en una normativa, y que tiene que ver con la prevención: una estrategia de datos nominalizados, geolocalizada, que apunta a ver la integralidad de nuestros pibes”.

El proyecto aprobado establece  una “estrategia integral para garantizar el derecho a la educación ante situaciones que modifican y afectan la continuidad de las trayectorias escolares de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos del Sistema Educativo Nacional”.

Se busca garantizar, por un lado, “la atención integral de las problemáticas educativas relacionadas con factores sanitarios, sociales, culturales, económicos, geográficos y pedagógicos profundizadas por la pandemia del Covid-19”.

En segundo término, se apunta a garantizar “el derecho al desarrollo personal y social de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, que promueva la continuidad de su trayectoria escolar y garantice la terminalidad de los estudios de los niveles obligatorios en todas sus modalidades”.

“El Ministerio de Educación de la Nación, en conjunto con las jurisdicciones educativas en el ámbito del Consejo Federal de Educación y en coordinación con otros organismos con competencia relacionada al objeto de la presente ley, promoverá, a través de los programas vigentes y de los que se creen al efecto, acciones de educación inclusiva que garanticen el acompañamiento y fortalecimiento a las trayectorias escolares para que sean continuas y completas para todas las alumnas, alumnos y estudiantes de la educación obligatoria de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional de gestión estatal, privada, cooperativa y social, en igualdad de condiciones en todo el territorio del país”, indica el texto.

En tanto, señala que el Consejo Federal de Educación, en base a acuerdos federales, deberá establecer los criterios y modalidades para contribuir a reducir el abandono escolar.

Cuestionan que habiliten las escuelas para votar y no para enseñar

Legisladores porteños contrastan la habilitación brindada para las elecciones bolivianas contra el rechazo expresado por el Ministerio de Educación a habilitar el reinicio de clases.

“Prácticamente desde el inicio del ASPO estamos observando los impactos negativos que la pandemia ha tenido en los niños, niñas y adolescentes”, observaron legisladores porteños  de Evolución, que advirtieron que “la educación remota, especialmente para los alumnos y alumnas más vulnerables, no es capaz de resolver estos problemas”.

A través de un comunicado, señalaron que “desde hace algunos meses se viene discutiendo en la sociedad qué formas de presencialidad son viables en el marco de la evolución de la pandemia de Covid-19 en la Ciudad de Buenos Aires. La discusión se centra en encontrar el equilibrio entre brindar una respuesta educativa más efectiva a los estudiantes más vulnerables y cuidar la salud de todos los integrantes de la comunidad educativa”.

En ese marco es que los diputados consideran “llamativa” la postura del Gobierno nacional de autorizar la realización de un proceso electoral de un país extranjero en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, mientras su ministro de Educación afirma que las escuelas todavía no son lugares seguros para recibir a una cantidad considerablemente menor de estudiantes que la que se acercará a las escuelas a votar”.

“Esta contradicción implica que no es necesario proteger a los ciudadanos de este país extranjero de potenciales contagios o que la negativa a autorizar el funcionamiento de las escuelas bajo los protocolos propuestos responde a criterios que no son epidemiólogos”, agrega el comunicado suscripto por Ariel Alvarez Palma, María Inés Gorbea, Marcelo Guouman, Leandro Halperín, Juan Francisco Nosiglia, Martín Ocampo, Manuela Thourte, María Patricia Vischi y Diego Weck.

UCR Evolución considera “prioritario” atender la crisis educativa y alienta “la apertura a un diálogo abierto y plural con todos los sectores políticos, especialistas y otros actores relevantes del sector, con el fin de establecer criterios, acordar acciones y resolver los problemas consecuentes de la pandemia, con el fin de garantizar alternativas para un regreso a las aulas en el corto plazo”.

Instalarán paneles solares en escuelas del sur de la provincia

El proyecto busca llevar las energías renovables a comedores de 24 establecimientos escolares de la región.

El Programa Provincial de Incentivo a la Generación de Energía Distribuida (PROINGED) llamó a licitación para instalar paneles solares en comedores escolares de 24 escuelas del sur bonaerense. Estas obras significan un nuevo avance en el uso de energías limpias en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

En este sentido, cabe recordar que el PROINGED comenzó hace unos años, junto a las cooperativas eléctricas, la construcción de parques solares través del Programa de Generación Distribuida Fotovoltaica.

Estas obras cobraron especial relevancia en pequeñas localidades de la zona donde se registraban diversas demandas relacionadas al abastecimiento de energía eléctrica. En la actualidad, hay un total de 23 parques solares licitados y 8 están en ejecución. 

“Celebro que el PROINGED siga desarrollando este tipo de proyectos a baja escala porque son estos, y no las grandes obras, los que generan una transformación positiva e inmediata en las comunidades en las que se instalan”, destacó la diputada provincial de JxC y referente en energías renovables Rosío Antinori.

Según la legisladora “en estos casos, la energía se convierte en algo tangible, cercano y conocido, y esa es la forma de comenzar a diversificar y democratizar la matriz energética de una forma sostenible”.

“Además, que sean escuelas las beneficiarias del programa, implican varios beneficios que van mucho más allá a la simple generación de energía. Con estos proyectos estamos igualando oportunidades y educando, en términos ambientales y energéticos, con el ejemplo”, cerró la legisladora tresarroyense y vicepresidenta de la Comisión de Energía y Combustible de la Cámara de Diputados.  

El proyecto de instalación de paneles solares, que abarca un total 128 establecimientos escolares divididos en ocho zonas de la Provincia de Buenos Aires, llegará a escuelas en los partidos de Tres Arroyos, Adolfo González Chávez, Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Patagones, Puán, Tornquist, Daireaux, General Lamadrid, Salliqueló y Tres Lomas.

Buscan que los alumnos de los últimos años escolares sean los primeros en volver a clases

Los diputados de UCR-Evolución presentaron un proyecto de declaración en la Legislatura porteña, a través del cual prevén que los chicos que estén cursando el último año de la primaria y secundaria tengan prioridad a la hora de regresar a las aulas.

A casi 90 días de haber iniciado el aislamiento social y a mitad del ciclo lectivo, los legisladores de UCR-Evolución -encabezados por Ariel Álvarez Palma- impulsaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración para que los alumnos que estén cursando el último año de los niveles primario o secundario en escuelas públicas y privadas, puedan regresar a la brevedad a tener clases presenciales siguiendo las medidas sanitarias y respetando los protocolos adecuados.

De esta manera, la  iniciativa solicita al Gobierno de la Ciudad establecer los protocolos adecuados para que se reinicie el dictado de clases presenciales en todos los niveles educativos de gestión privada y pública de la Ciudad, pero dándole prioridad a los alumnos de 7° grado del nivel primario y a los alumnos de 5°/6° año, según corresponda, dado su carácter de final de etapa.

Al respecto de la propuesta, Álvarez Palma explicó que “el objetivo es que los alumnos que están cursando su último año de primaria o secundaria, puedan regresar lo antes posible a las aulas” y precisó: “sabemos que desde el Ejecutivo de la Ciudad están atentos a cuidar la salud psicofísica de los niños en esta época de aislamiento; ña experiencia de habilitar las salidas de los fines de semana fue exitosa y demostró que, con los cuidados necesarios, un horizonte de vuelta a  clases de manera presencial es posible”.

“Si bien el proyecto apunta a intentar encontrar los medios para que puedan volver  los alumnos de todos los niveles, tenemos conciencia de que habrá que hacerlo de forma segmentada. En ese sentido consideramos prioritario comenzar  aplicando los protocolos pertinentes con aquellos alumnos que están cerrando una etapa tan importante de su vida educativa” y concluyó señalando que “muchos de ellos se ven afectados por la incertidumbre y la resignación a la pérdida de vivencias tan importantes como los últimos días de cursada, los momentos compartidos con sus compañeros y hasta los viajes de egresados”.

La declaración fue acompañada por los diputados Inés Gorbea, Manuela Thourthe, Leandro Halperín y Diego Weck (UCR-Evolución).