Cuando el presidente se calzó el uniforme de YPF que utiliza cada vez que interactúa con sus perros para visitar con Conan los estudios de Neura, seguro no pensaba que al día siguiente la petrolera estatal sería eje de un gran conflicto de difícil resolución.

El fallo de la jueza Loretta Preska fue emitido durante la gestión de Alberto Fernández, el 15 de septiembre de 2023, y declaró a la Argentina responsable de indemnizar a los fondos Petersen Energía y Eton Park Capital por la expropiación del 51% de YPF en 2012. En esa oportunidad fijó un monto de aproximadamente US$ 16.100 millones, incluyendo intereses acumulados. Lo del lunes 30 de junio pasado fue una orden para que nuestro país transfiera su 51% de YPF para ejecutar ese mandato judicial.

Es curioso que la Argentina esté condenada a pagar por solo una parte del porcentaje total de la firma un monto que supera en unos 4 mil millones de dólares el valor total de la empresa. Solo ese dato corrobora la estrategia judicial errónea llevada adelante sobre todo durante los gobiernos kirchneristas. Tiene lógica, si se atienden las denuncias que circularon durante muchos años y que se repitieron hasta el cansancio los últimos días a partir de esta novedad, recordando la manera por lo menos llamativa con la que, a instancias de Néstor Kirchner, los Eskenazi se hicieron del 25% de las acciones de YPF. Fue sin poner un solo peso: el grupo Petersen recurrió a préstamos de bancos internacionales como Credit Suisse, BNP Paribas, Goldman Sachs y Banco Itaú. La propia Repsol también le prestó unos 1.000 millones. Y la frutilla del postre: el acuerdo contempló un esquema de reparto de dividendos que le permitía a la familia Eskenazi pagar los créditos con esos fondos.

La Argentina debió haber denunciado ante el tribunal de Manhattan que el porcentaje puesto en discusión era producto de maniobras fraudulentas a cargo de quienes gobernaban la Argentina en ese tiempo. La justicia estadounidense es muy sensible cuando se trata de corrupción.

Pero no fue la estrategia que siguió entre 2019 y 2023 el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quien encabezó la defensa en el juicio por los derechos que los Eskenazi cedieron al fondo Buford. Zannini conoció a los Eskenazi en 1988, siendo él un hombre de confianza de Néstor Kirchner y los Ezkenazi administradores del Banco de Santa Cruz. De hecho, la estrategia por la que los Eskenazi pasaron a ser accionistas minoritarios de YPF fue ideada por Zannini siendo él secretario Legal y Técnico de la Presidencia.

Cuando la petrolera se intervino y expropió, fue Zannini el encargado de redactar el decreto correspondiente. Y como de algo hay que vivir, cuando el peronismo dejó el poder, Zannini fue designado representante estatal en el directorio del Banco de Santa Cruz, propiedad de los Eskenazi.

La decisión de la jueza neoyorkina tuvo el consiguiente impacto en los mercados, con una fuerte caída de las acciones de la petrolera estatal, y un retroceso de los bonos argentinos, más un aumento del riesgo país. Pero además, el fallo genera ruido sobre Vaca Muerta, e incertidumbre sobre el control accionario, lo que hace más difícil atraer fondos internacionales.

Lo cierto es que el fallo afecta la credibilidad internacional y podría incluso cerrar puertas para la vuelta de nuestro país a los mercados de crédito extranjeros. Además, puede haber un “efecto cascada”, con otros litigios internacionales en curso.

Otro dato negativo de la semana y de fuerte impacto fue la recomendación de la JP Morgan a sus clientes de “dar un paso atrás” en la exposición a instrumentos en pesos, especialmente bonos, hasta que pasen las elecciones legislativas de octubre.

Si fue una semana complicada para el Gobierno en materia económica, no fue mejor en lo político. Arrancó con elecciones en dos provincias en las que La Libertad Avanza no solo perdió -en ambas-, sino que salió tercera -en ambas-.

Celebró el peronismo, que venía muy golpeado en todas las elecciones de este año. Este fin de semana en cambio se alzó con una holgada victoria del inoxidable Gildo Insfran en Formosa, donde LLA apenas superó el dígito, mientras que el senador Francisco Paoltroni, al que el oficialismo expulsó de sus filas, casi doblaba en puntos a su expartido,

En Santa Fe, en tanto, volvió a imponerse el gobernador Maxi Pullaro, pero en Rosario, donde se jugaba una elección aparte, el peronismo celebró una victoria histórica, relegando al candidato libertario al que a priori se daba por ganador. Si bien allí salió tercera su candidata, el gobernador radical tuvo razones para no sentirse decepcionado, pues ninguna de las dos fuerzas que antecedieron al oficialismo local sacó más concejales que ellos; y sin duda prefirió que, en tren de perder, no fuera el candidato libertario el ganador rosarino.

La mala estrella política lo acompañó al Gobierno en el resto de una semana en la que no pudo hacer pie en el Congreso. La tuvo complicada en el Senado, donde comenzaron a moverse las medias sanciones de Diputados que Milei prometió vetar, y además los gobernadores comenzaron a mover una reforma de la coparticipación. Pero todas las expectativas estaban puestas en la sesión del miércoles, que a priori no les daba demasiadas garantías a los impulsores de la misma. Los planetas parecieron alinearse para la oposición en la mañana del miércoles: con la crisis del Garrahan como uno de los temas principales de esa jornada, el Gobierno no tuvo mejor idea que anunciar el cierre de la residencia de pediatría del hospital pediátrico. “Lo hizo por la puerta de atrás: transformándolo en una beca precarizada”, explicaron los residentes del hospital. ¿Qué significa esto? “Que los residentes dejaremos de cobrar un sueldo en blanco, no tendremos obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo, licencias y antigüedad en el hospital. A cambio, recibiremos un ‘estipendio’. No es salario. No hay derechos laborales”, plantearon los protagonistas de esta historia de desencuentros.

Contrariamente a lo que se esperaba hasta la noche anterior, el quórum se alcanzó el miércoles en tiempo y forma, y hasta de manera holgada: 136 diputados se encontraban sentados en sus bancas cuando Martín Menem dio por iniciada una sesión que habían logrado acordar que sería corta, dado que estaría circunscripta a los emplazamientos previstos en el pedido de sesión, aunque había dos leyes de alto impacto que, de haberse tratado, ameritaban extensos debates: juicio por jurados y la reforma de la ley de los DNU. Parece que sabían que no se llegaría a esa instancia los que garantizaban “una sesión corta”.

Por ejemplo los de Unión por la Patria, que pasado el mediodía anunciaron una conferencia de prensa para las 18, sobre las detenciones de militantes involucrados en el escrache escatológico contra José Luis Espert.

Y solo se llegaron a tratar dos emplazamientos de los siete previstos en el temario: financiamiento universitario y emergencia en pediatría, a priori los temas más convocantes de la jornada y que concitaron mayorías de dos tercios para emplazar a las comisiones a tratar esos temas. Aprobada la cuestión del Hospital Garrahan, sobrevino una eterna discusión reglamentaria que con el correr del tiempo se fue poniendo cada vez más espesa, hasta que la diputada Cecilia Moreau calentó más los espíritus con un discurso lleno de malas palabras, todas girando en torno a las deposiciones. De pronto la política pareció centrarse en las deposiciones, teniendo en cuenta que el bochorno se desató cuando un grupo de diputadas del kirchnerismo se abalanzó sobre el diputado Espert responsabilizándolo por la detención de quienes arrojaron estiércol contra su domicilio.

Cuatro veces dijo “culo” Cecilia Moreau, una “cagó”, otra “mierda”, también “cagón” y cerró con un “se cagan”. Muy edificante todo.

Lejos de las piezas oratorias que enaltecieron a ese recinto, lo visto y oído el miércoles 2 de julio da crédito a quienes sostienen que el actual es el Parlamento de peor calidad que se recuerde. Aunque ese incendiario discurso pareció también formar parte de un guión escrito para hacer estallar por los aires esa sesión, habida cuenta que a Unión por la Patria solo le interesaba aprobar esos emplazamientos; el resto no eran parte de su agenda. Ni juicio por jurados, ni mucho menos reformar la Ley de DNU, que prefieren dejar como está, para cuando vuelvan a gobernar (tanta fe se tienen) Ni qué decir de las retenciones, que tampoco querían modificar, pero menos aparecer votando junto a LLA…

Retenciones, dicho sea de paso, fue un tema sumado el día anterior por los impulsores de la sesión, para que varios gobernadores garantizaran la presencia indispensable de sus diputados. Fue otra de las cosas que enojó a UP, que se quejaba de que no les ofrecieron incluir ni un solo proyecto en el temario, siendo ellos los que más diputados tienen para garantizar una sesión.

Pero el dato saliente de esa sesión bochornosa fue para el Gobierno la postura de varios gobernadores habitualmente afines, pero esta vez no, pues sus diputados se ausentaron o votaron en contra. Una señal del clima enrarecido que rodea por estos días la relación del Gobierno con quienes hasta ahora son (¿eran?) sus aliados.

Los diputados nacionales por la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto, Juan Manuel López y Mariana Zuvic presentaron un pedido de acceso a la información pública para solicitarle a Carlos Zannini que explique cuáles fueron las razones por las que la Procuración del Tesoro de la Nación decidió contratar de manera directa al estudio jurídico Sullivan & Cromwell (S&C) LLP para que intervenga en el litigio del fondo Burford Capital Limited contra el Estado Nacional por la estatización de YPF.

“Queremos saber si estamos ante una Procuración que defiende los intereses de los argentinos o si sólo hace negocios y garantiza la impunidad para Cristina Kirchner y su entorno”, sostuvieron.

Los legisladores requieren, también, que se informen las causas judiciales con intervención de la Procuración, o donde intervengan abogados del Estado Nacional que dependan del organismo, en las que se encuentre como demandada Cristina o sus familiares directos.

Además, reclaman que se indique si la Procuración desistió de la acción iniciada por Vialidad Nacional contra la vicepresidenta, si tiene decidido hacerlo, o si dio directivas al cuerpo jurídico del organismo para que abandone la demanda o deje de impulsarla.

“Carlos Zannini siempre fue garante de los intereses de la familia Kirchner y su entorno. Por eso vamos a hacer un control exhaustivo de su gestión para evitar tráfico de influencias y las negociaciones incompatibles bajo el amparo de su rol de abogado del Estado”, aseguraron los diputados.

Y agregaron: “No vamos a permitir que en su rol de procurador renuncie a defender que el dinero robado por la asociación ilícita pueda ser recuperado, o que se salgan con la suya los buitres amigos que litigan contra nuestro país en Nueva York. Una vez más debemos recordar que el vínculo de Zannini con Eskenazi data del año 1995. El articuló la privatización del Banco de Santa Cruz, les regaló el banco que ofició de cueva financiera de los intereses kirchneristas”.

“Las primeras medidas tomadas por Zanini como procurador, no parecen las más convenientes para el conjunto de los argentinos. Por un lado, nombra de manera directa y discrecional a un estudio de abogados para litigar en representación de la Argentina en el caso YPF, un problema creado por ellos mismos durante la década ganada; y por otro, le garantiza impunidad a la vicepresidenta, con el consiguiente perjuicio económico para el Estado al que debería cuidar”, afirmaron Ferraro, Oliveto, López y Zuvic.