El diputado nacional Alberto Asseff (Frente Pro) presentó un escrito ante la justicia en el que solicita ser tenido como parte querellante en la causa que investiga el espionaje ilegal a jueces, fiscales y dirigentes políticos y que tiene como principal acusado al expolicía Ariel Zanchetta, quien registraba diálogos en su celular con el funcionario de la AFIP Fabián “Conu” Rodríguez y el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade.

“Repudio el espionaje y rechazo el hostigamiento a los jueces, desde los miembros de la CSJN hasta todos los magistrados apuntados por el kirchnerismo”, expresó el diputado en su presentación.

Y planteó: “No conozco ni nunca tuve contacto de ninguna naturaleza con Ariel Pedro Zanchetta y que ignoro por qué pudo tener entre 5.793 mí contacto telefónico, resulto damnificado con derecho a solicitar ser tenido como de querellante”.

Así denunció: “Estar en el listado de contactos del mencionado Zanchetta, me alarma notoriamente ya que pudo haber habido escuchas telefónicas a las conversaciones por mí realizadas y seguimientos respecto de mi persona, por lo que tal intromisión me afecta notablemente resultando un claro avasallamiento de derechos inalienables y personalísimos a la intimidad de raigambre constitucional, que merece una explicación por los mismos medios de comunicación”.

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El diputado nacional Máximo Kirchner se presentó como querellante en la causa de espionaje ilegal que tiene como principal acusado al expolicía Ariel Zanchetta, quien registraba diálogos en su celular con el funcionario de la AFIP Fabián “Conu” Rodríguez y el diputado Rodolfo Tailhade, ambos identificados con La Cámpora, agrupación liderada por el mismo hijo de la vicepresidenta.

El escrito fue presentado este lunes ante el juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi, a cargo de la causa que investiga tareas de inteligencia contra jueces, fiscales y dirigentes políticos, con el patrocinio de los abogados Elizabeth Gómez Alcorta -exministra de Mujeres, Géneros y Diversidad- y Macros Aldazabal, quien defiende también a Cristina Kirchner en la causa del atentado en su contra.

“Habiendo tomado conocimiento de que se habrían llevado adelante acciones de inteligencia prohibida contra mi persona y que estos hechos son materia de investigación en las presentes actuaciones, vengo a solicitar que se informe si aquella información resulta veraz y se me permita tener acceso a la documentación referida, a los fines de poder ejercer mis derechos procesales como particular damnificado (artículo 82 del Código Procesal Penal)”, reza el texto.

El hijo de la vicepresidenta agrega que la petición se funda en lo previsto en el Código Procesal Penal “y en la vasta doctrina sobre los derechos de las víctimas en los procesos penales”.

A raíz de esta causa, desde la oposición han pedido apartar al diputado Tailahde de la Comisión de Juicio Político y de la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, además de distintas solicitudes pidiendo por su expulsión de la Cámara baja.

Anteriormente, Tailhade se presentó como querellante en la causa. También lo hicieron el diputado y candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei; la diputada Carolina Píparo; y el ministro del Interior y senador electo, Eduardo “Wado” de Pedro, entre otros.

La diputada nacional Paula Oliveto Lago (CC-ARI) sostuvo este viernes que “el mayor favor que se le puede hacer al kirchnerismo es dividir la oposición, porque automáticamente lo ayudas a consolidar el poder”.

Sobre la derrota de Juntos por el Cambio, confesó estar “muy decepcionada como militante política y como parte de un espacio que lo dio todo por frenar al kirchnerismo”.

“En lo personal, dimos todo en la elección, no se puedo, la interna le ganó a la necesidad de un pueblo que necesitaba propuestas, y hoy nos encontramos sin ninguna reflexión, como si acá no ha pasado nada. A las 24 horas ya estaban haciendo alianzas sin pensar a dónde estábamos yendo”, observó en referencia al acuerdo entre Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Javier Milei.

La opositora admitió estar todavía en “proceso de duelo” y dijo sentirse “responsable con un montón de argentinos que tienen que optar por dos candidatos que no le terminan de cerrar”.

Para la cívica, “hoy Argentina no es viable si no terminamos de entender que necesitamos sanar las instituciones” y, en ese sentido, resaltó que “sin una valla de personas formadas, que defiendan a las instituciones y tengan a la Constitución como mantra, no vamos a poder salir adelante”.

Consultada en CNN Radio sobre si considera que la causa de espionaje ilegal repercutirá en las elecciones, Oliveto señaló: “Yo creo que no, porque así como no se premia a los que pelean contra la corrupción, ni adentro de las estructuras políticas propias, tampoco la sociedad condena la corrupción. Es como si la gente creyera que la corrupción no le afecta su vida”.

Sobre la causa que involucra al expolicía Ariel Zanchetta, y salpica al funcionario de la AFIP Fabián Rodríguez y al diputado oficialista Rodolfo Tailhade, la legisladora de JxC consideró que “estamos ante la exposición de lo que es el kirchnerismo, la utilización de los servicios de inteligencia en beneficio propio para perseguir a opositores, teniendo información personal de los jueces para lograr impunidad, armar operaciones para afectar a la oposición”.

La porteña remarcó que entre los espiados figuraban “fiscales y jueces que condenaron a Cristina Kirchner”; y criticó al oficialismo por el juicio político contra la Corte, al decir que buscaban “descabezar la Corte para poner jueces adeptos”.

“No entiendo como el Fondo Monetario Internacional le admitió a (Sergio) Massa tantas cosas cuando el propio gobierno argentino estaba involucrado en desplazar a la totalidad de la Corte Suprema de Justicia, eso es lo que hacen los regímenes antidemocráticos”, agregó.

Luego de haber realizado su descargo en declaraciones radiales al ser involucrado en un caso de espionaje ilegal a jueces, el diputado nacional Rodolfo Tailhade (FdT) presentó un escrito en la Fiscalía que lleva a cabo la investigación de la causa para solicitar información respecto de una carpeta con su nombre según consta en el dictamen.

“Parece que no soy el jefe de la banda como dice la cofradía del sobre sino una de las víctimas de estas maniobras. Robles, Rosatti, se les empieza a caer la opereta”, apuntó el diputado kirchnerista.

En el escrito, señala que “basta con acudir a los principales medios de nuestro país para advertir que me encuentro vinculado por diversos periodistas como miembro o incluso jefe de la organización que se investiga”.

Además, remarcó que en el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita -que pidió la indagatoria del sargento retirado de la Policía Federal Ariel Zanchetta en cuyo teléfono se le encontraron chats con Tailhade los cuales confirmó- en las 169 páginas no se encuentra mencionado en todo el documento.

Sin embargo, indicó que “es determinante relevar si el Anexo 1, en el que según el dictamen mencionado se encontrarían detallados los 1196 informes de inteligencia, se encuentra identificada una carpeta con mi nombre”, por lo que solicitó que se le informe sobre ello y pidió tener acceso a esa información y al contenido.

Recién presenté este escrito en la Fiscalia que investiga la causa del "espionaje" a jueces. Parece que no soy el jefe de la banda como dice la cofradía del sobre sino una de las víctimas de estas maniobras. Robles, Rosatti, se les empieza a caer la opereta. pic.twitter.com/GIr4Hj09HP

— Rodolfo Tailhade ⭐️⭐️⭐️ (@rodotailhade) November 8, 2023

A raíz de la causa de espionaje ilegal que se reveló esta semana, el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, consideró que la Comisión de Juicio Político funcionó como “una central de inteligencia a cielo abierto” donde “vimos como el diputado Rodolfo Tailhade mostraba supuestos chats y datos que no tenían el común de los diputados sobre las personas acusadas y los testigos que declaraban, para sostener sus hipótesis a fin de destituir a la Corte”.

“Es muy difícil que la Comisión de Juicio Político se vuelva a reunir con Rodolfo Tailhade ahí sentado, que evidentemente espió a muchas personas, pero sobre todo a algunos objetivos para destituir a la Corte Suprema”, enfatizó el opositor en referencia al legislador camporista que apareció entre los contactos del expolicía Ariel Zanchetta.

El vicepresidente de la Comisión de Juicio Político recordó que “el oficialismo decidió enjuiciar a la Corte a fin del año pasado porque le sacó una medida cautelar que no les gustaba, promovida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación”. “Ahí empezaron un proceso para enjuiciar a toda la Corte Suprema por el contenido de sus sentencias y, como sabían que eso no se podía hacer, utilizaron información de inteligencia ilegal para sostener esas acusaciones”, denunció.

Para el diputado de Juntos por el Cambio, ésta puede ser “una de las centrales de inteligencia más grande de la historia contemporánea, donde está espiada un montón de gente y evidentemente el kirchnerismo consumía y utilizaba esta información con una cantidad de fines que todavía no sabemos, pero evidentemente controlar y extorsionar a empresarios y jueces en sus objetivos de poder”.

“Ahora hay trascendidos de que este agente de inteligencia tenía información sobre la muerte del fiscal (Alberto) Nisman“, advirtió y dijo que desde la Coalición Cívica “nuestra experiencia da que detrás de las grandes operaciones de inteligencia estuvo el general César Milani y estuvo un personaje con mucha experiencia en los servicios de inteligencia que es Fernando Pocino, son personas pesadas”.

En declaraciones a CNN Radio, López aseguró que “Tailhade se tiene que correr de la Comisión de Juicio Político y de la comisión que controla los organismos de inteligencia”.

“Hace años que con Elisa Carrió estamos pidiendo que la AFI se disuelva y haya un organismo profesional, que coordine la inteligencia criminal que tiene todas las fuerzas de seguridad, que lo haga técnicamente y que reciba información del exterior. La Argentina está cubierta de narcotráfico y siempre es un posible blanco de ataques terroristas”, señaló.

También agregó: “Espero que en el debate presidencial los dos candidatos a presidente digan que no promueven un juicio político a la Corte y que esto se va a desactivar”.

Tras ser involucrado en una causa de espionaje ilegal, el diputado kirchnerista y ex director de Contrainteligencia de la AFI, Rodolfo Tailhade, rompió el silencio este miércoles y reconoció haber tenido chats con el expolicía detenido Ariel Zanchetta, pero aseguró que son “inocuos” y afirmó: “Nunca le pedí absolutamente nada ni mucho menos información”.

En una entrevista por Futurock, Tailhade explicó: “Si se le puede llamar vínculo a tres mensajes que intercambiamos por télegram, si tuve vínculo que se limitó a tres mensajes que me mandó. Antes se había presentado. Me mandó mensajes porque un día lo atendí por teléfono a pedido de un compañero que me pidió que atendiera a un periodista de Junín que era compañero y resultó ser Zanchetta. Efectivamente constaté que tenía ese portal y me dijo que quería mantener un contacto conmigo y quería que yo le replicara cosas en mis redes sociales de ese portal, nunca le di bolilla, pero en ese marco me mandó tres mensajes por Télegram, dos de los cuales anunciaba que me mandaba información y que respondí”.

“Más allá de eso no tengo absolutamente nada que ver con Zanchetta no sé quién es, nunca le pedí absolutamente nada y mucho menos información. No compré información de Zanchetta ni de nadie”, se defendió y aclaró: “La cosa se limitó solamente a esos tres mensajes que el último es del 4 de diciembre del año pasado, mucho antes de que este hombre cayera preso. A eso se limitó mi vínculo con Zanchetta cosa que está muy lejos de ser calificado como el jefe de la organización como me puso hoy Morales Solá”.

Al ser consultado por la falta de su nombre en el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita, el diputado K apuntó: “Todos hablan de Tailhade el jefe de la organización, como beneficiario, y resulta que me leí las 170 páginas y no había absolutamente ninguna mención ni a mi nombre ni a mi relación o vínculo con este señor”.

“Los tres mensajes que intercambié con Zanchetta son absolutamente inocuos, no tienen que ver nada con ningún delito, ni con información ilegal, ni con información de inteligencia ni nada que se le parezca. La misma información que me mandó es inocua como para decir que eso es delictivo”, ratificó.

Además, manifestó: “Soy una de las víctimas de Zanchetta porque en el dictamen de Pollicita se menciona al pasar una serie de personalidades que fueron las que Zanchetta les armó una carpeta, pero el mismo dictamen dice que la totalidad de las personas investigadas están en un anexo y ahí está mi nombre en una carpeta de la misma manera que hay carpetas de Javier Milei, de Alberto Fernández, de Máximo Kirchner, con lo cual es raro que el jefe de la organización sea yo”.

“Soy una víctima de este espía y yo todas esas cosas las voy a tener que aclarar en el expediente. Yo me voy a presentar porque soy víctima y no imputado y por eso no aparezco en las 170 carillas del dictamen de Pollicita”, reiteró y sumó: “Yo denuncié a Pollicita, pero también denuncié a todo Comodoro Py. El pudor estos muchachos lo perdieron hacer rato. Si Pollicita me tiene que imputar y yo le dije de todo, me va a imputar igual, en ese sentido no veo que tenga demasiadas limitaciones. La ausencia de toda referencia de mi nombre en el dictamen es toda una definición de que todo lo que están diciendo de mi es absolutamente falso, de que soy el jefe”.

Para Tailhade: “Este expediente esta motorizado por una devolución de favores con Silvio Robles porque promoví la Comisión de Juicio Político contra la Corte.  La causa se terminó convirtiendo en una acumulación de denuncias de jueces que fueron víctimas de distintos temas con relación a los celulares de cada uno. En ese marco hay interés de algunos de estas ‘víctimas’ en mover la causa para que impacte en Juicio Político”.

“En esta investigación se armó esta operación, aprovecharon que mi teléfono apareció entre los contactos de la persona detenida para armar esta operación para descalificar el juicio político”, denunció y apuntó: “Es un interés de la justicia para desarmar el Juicio Político, Silvio Robles y Horacio Rosatti están usando la justicia para eso, se montaron sobre esta causa que tiene un fundamento real que son las denuncias de distintas jueces, se montaron para armar esta operación que apunta a que uno de los miembros de la comisión más activos se vale de información ilegal, obtenida sobre la base del espionaje ilegal para llevar adelante el juicio política y acusación contra la corte, algo que es absurdo y mentira, ese es el objetivo final de esta operación que es mediática”.

También cuestionó a algunos medios de comunicación: “Sobre eso Robles está operando porque dejó a todos los medios pegados porque los periodistas que están llevando adelante este tema son los que responden a Robles, son los encargados de llevar adelante esto. Robles está detrás de esta operación”.

“Zanchetta me mandó un mensaje en septiembre del año pasado sin que yo le hubiese pedido nada, nunca le pedí nada, el mensaje dice ‘te mando un listado de las causas judiciales de Elisa Carrió’ y me manda un archivo que nunca abrí. Si son las causas de Carrió son de información pública y no es algo reservado a lo que se llega por tareas de inteligencia”, aclaró el diputado oficialista.

Por último, sobre el pedido de desafuero planteado por un grupo de diputados del Pro, opinó: “El desafuero lo pide un juez, pero ya es la quinta vez que me piden la expulsión de la cámara los mismos personajes y va a quedar en la nada. La oposición cada vez más muestra la hilacha de que responde a Rosatti, a la Corte, que hace ese papel tan patético porque desde los chats de D’Alessandro y Robles venimos señalando que cumplen órdenes de Rosatti y cada vez más lo están confirmando. Esto va a terminar en la nada, son todos delirios y humo”.

“JxC siempre sostuvo que el kirchnerismo estaba detrás del espionaje ilegal, que incluye chats truchados, sobre el que se montó el juicio político a la Corte Suprema. La Justicia comenzó a desnudar la trama y está el diputado y ex espía Tailhade comprometido. Se caen las caretas”. Así se expresó este lunes el jefe del bloque radical de la Cámara de Diputados, Mario Negri, luego de conocerse información que involucra al diputado nacional Rodolfo Tailhade, pieza clave del kirchnerismo en materia judicial en general, y en la Comisión de Juicio Político en particular, en una red de espionaje ilegal verificada por la justicia.

La publicación de Negri en la red social es acompañada por posteos de notas como la publicada en el diario Clarín, que resalta la “frondosa resolución” del fiscal Gerardo Pollicita, que pidió la indagatoria del sargento retirado de la Policía Federal Ariel Zanchetta, como así también el allanamiento del domicilio de Fabián “Conu” Rodríguez, un encumbrado funcionario de la AFIP, dirigente de La Cámpora con fuerte vínculo con Máximo Kirchner y la propia vicepresidenta de la Nación.

Luego de analizar y cruzar cientos de datos recogidos en los elementos secuestrados a Zanchetta, se habría descubierto la posible existencia de “una organización criminal que, en forma coordinada y sostenida en el tiempo, habría llevado a cabo un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de distintos magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, obteniendo datos personales para suplantar sus identidades, tomando el control de sus líneas de celulares, accediendo a sus aplicaciones de mensajería e incluso -en un supuesto- haciendo requerimientos de dinero a su nombre”.

JxC siempre sostuvo que el Kirchnerismo estaba detrás del espionaje ilegal, que incluye chats truchados, sobre el que se montó el juicio político a la Corte Suprema.
La Justicia comenzó a desnudar la trama y está el diputado y ex espía Tahilade comprometido.
Se caen las caretas pic.twitter.com/mATSFfwaso

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) November 6, 2023

La organización investigada habría tenido objetivos a cientos de personas, que incluyen a políticos jueces, funcionarios, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales.

La investigación se centra en el descubrimiento de una vasta red de espionaje ilegal realizada por el fiscal Pollicita en relación con varios expedientes, incluyendo hackeos a ministros de la Corte, el exministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y espionaje a funcionarios judiciales y empresarios. Se destaca que esta red tenía como objetivos a numerosas personas, desde políticos y magistrados hasta periodistas, empresarios, artistas y dirigentes sindicales, entre otros.

Rodolfo Tailhade, ex director de Contrainteligencia de la AFI y operador judicial de la vicepresidenta Cristina Kirchner, es mencionado como un receptor habitual de la información obtenida ilegalmente por el espía Ariel Pedro Zanchetta. La información recopilada incluye detalles personales como domicilios, sueldos, propiedades, relaciones familiares y de amistad, opiniones políticas, creencias religiosas, entre otros. Zanchetta accedió ilegítimamente a bases de datos, realizó filmaciones subrepticias y obtuvo información sobre distintos aspectos de la vida de las personas, todo ello con el fin de reunir información sensible.

El informe revela que Zanchetta habría sido un “agente inorgánico” de la Secretaría de Inteligencia de la Nación al menos desde 2009 hasta 2015. Además, se mencionan diálogos y la colaboración de Zanchetta con otros usuarios identificados en el informe, lo que sugiere una red de espionaje más amplia y compleja. El informe judicial concluye que este es solo el comienzo de la investigación y que la red de espionaje ilegal podría ser aún más grande y compleja de lo que se ha descubierto hasta ahora.

La presidenta de la comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara alta solicitó que la Legislatura bonaerense declare “su honda preocupación y máximo repudio ante la reiteración de acciones ilegales, denunciadas oportunamente, ejecutadas por la Policía de la provincia de Buenos Aires”.

Según indica el texto de Carca, la Policía bonaerense realizó dichas acciones ilegales a través de operaciones de espionaje e inteligencia sobre asambleas, encuentros o movilizaciones de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos en diferentes sitios de la provincia.

Carca se basó en hechos revelados por la Comisión Provincial por la Memoria y así se refirió a las hipotéticas actividades ilegales de la Policía bonaerense.

Uno de eso hechos fue un supuesto “seguimiento y vigilancia” sobre el acto por el Día de la memoria por la Verdad y la Justicia, realizado en la localidad de Balcarce en marzo.

Carca dijo que la Policía bonaerense realizó el mismo modus operandi ilegal en la “Caravana de la memoria”, convocada por la Mesa de la memoria de La Matanza, y en la asamblea gremial de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires, en Chivilcoy.

“Reiteramos una vez más que, actos de esta naturaleza subvierten el sistema de vida democrático, vigente, plenamente, desde 1983, cuando, los argentinos decidimos convivir dentro de la ley y de la constitución”, indicó en el proyecto la senadora de JxC Elisa Carca.

al fiscal federal Carlos Stornelli y lo acusó de ser “el armador principal del espionaje ilegal y de anónimos, para extorsionar personas”, y de salir en “auxilio de las vergonzosas ilegalidades cometidas por los más altos magistrados de la Nación”, tras cerrarse la causa contra Silvio Robles, vocero del titular de la Corte Suprema.

“El fiscal Carlos Stornelli, miente”, arrancó Valdés su embestida y detalló que el fiscal: “Está doblemente procesado. Por pedirle al espía Marcelo D’Alessio que le ponga ‘algo’, (¿será cocaína?), al ex marido de su actual mujer (¿no es espionaje ilegal?). Está procesado en 1ra y 2da instancia”.

“Está procesado (1ra y 2da instancia) por pedirle al ESPÍA D’ALESSIO, que le haga una cámara oculta al Dr. José Manuel Ubeira, quien era abogado de un detenido en Causa Cuadernos (Oscar Thomas) que se negaba a declararse como ‘arrepentido’ en esa causa como le exigía el fiscal”, agregó.

En esa línea, continúa: “El fiscal STORNELLI, SIGUE MINTIENDO, cuando dice que me denuncia en el invento que denomina ‘Puf’, lo hace en base a un ‘ANÓNIMO’, que al igual que ELISA CARRIÓ, dicen en sendas denuncias, que le tiraron el papel por debajo de la puerta de su casa y fiscalía, respectivamente”.

Este es el texto del "ANÓNIMO" vergonzante que recibieron Stornelli y Carró. pic.twitter.com/AdsgnyQ11M

— Eduardo Valdés (@eduardofvaldes) January 23, 2023

“Estos ANÓNIMOS, los hacía JUAN SEBASTIÁN DE STEFANO, el espía responsable de Asuntos Jurídicos de la AFI, a pedido, de STORNELLI”, disparó Valdés y manifestó que “en esa repartición trabajaba un hijo de Stornelli, y ¿saben dónde trabajaba otro hijo de Stornelli?, en la oficina encargada de pinchar teléfonos, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO)”.

“Con ANÓNIMOS, se jactaba el espía Marcelo D’Alessio (preso y condenado) de haber hecho las causas que después tomaban STORNELLI y BONADÍO”, planteó el oficialista y propuso que averigüen “cómo se inició la causa de GAS LICUADO, que se la atribuye el espía D’Alessio, o la causa CICCONE que la empiezan con un agente de inteligencia del 601, el suboficial JORGE PACÍFICO”.

Y agregó: “También pueden averiguar cómo se inició la CAUSA CUADERNOS, con otro suboficial del 601, OSCAR CENTENO, así como las causas de Cristina Kirchner inventadas por el tándem STORNELLI, BONADÍO, D’ALESSIO”.

En ese contexto, Valdés disparó con munición pesada y calificó a Stornelli como “la VERGÜENZA más grande de la historia del Poder Judicial. Es el armador principal del ESPIONAJE ILEGAL y de ANÓNIMOS, para extorsionar personas, tal cual lo muestran los chats encontrados en el celular del espía MARCELO D’ALESSIO”.

Y lo desafió -otra vez- a “poner su celular junto al mío en un canal de televisión ante la vista de TODOS, y que se haga un peritaje de los llamados y chats en su celular y en el mío de los últimos 10 años, que es cuando empiezan sus andanzas con D’ALESSIO”, y chicaneó: “Espero que no los haya ‘BORRADO’ como su otro socio, el ‘periodista operador’, que invitaba a D’ALESSIO a festejar su cumpleaños”.

“Todo esto es la CLOACA del Poder Judicial de los últimos años. Por eso no es casual que sea STORNELLI el que salga en auxilio de las vergonzosas ilegalidades cometidas por los más altos magistrados de la nación”, denunció Valdés y planteó: “REPÚBLICA o CLOACA, esas son las alternativas de la Argentina hoy.

Al cierre de su largo mensaje, agregó: “En la causa ‘PUF’ que denunció STORNELLI, el Juez RODRÍGUEZ y el fiscal DI LELLO, la cerraron al auditar mi celular que fue presentado espontáneamente por mí”.

“En la causa que denunció CARRIÓ ante BONADÍO con el mismo ‘ANÓNIMO’, la cerró el juez MARTÍNEZ DE GIORGI, porque NUNCA existió ningún delito. DELINCUENTES son los que armaron los ‘ANÓNIMOS’ y espiaron las comunicaciones de los presos”, remató.

El diputado nacional Leopoldo Moreau (FdT) se refirió este martes a la imputación por parte del fiscal federal Franco Picardi al expresidente Mauricio Macri por espionaje ilegal y opinó que esa medida “pone nuevamente en la escena a quien fue el responsable directo” de un “plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política”.

“Es un dictamen que tiene enormes coincidencias con el informe que hicimos hace un año y medio atrás”, señaló el oficialista en alusión al documento elaborado por la Bicameral de Inteligencia que él preside. Ese informe cuenta con “pruebas documentales, con evidencias que son constatables”, resaltó.

Para el legislador, el fallo de Picardi “pulveriza la teoría de los guardaespaldas de Macri en Comodoro Py” de que “se trataba de actividades llevadas adelante por cuentapropistas en un intento de desligarlo a Macri de su responsabilidad”.

Picardi “subraya que había un interés especial de Macri en la persecución de Cristina Fernández de Kirchner en particular, y la persecución de familiares. En nuestra comisión tenemos registradas las entrevistas con los espías que nos contaron con lujo de detalle cómo fueron a espiar a la hermana de Macri (Florencia) y a su pareja (Salvatore Pica)”, apuntó.

En contra de los jueces de la Cámara Federal porteña, que el año pasado determinaron que no hubo una asociación ilícita de espionaje durante el gobierno de Cambiemos, Moreau dijo: “No sé de qué se van a disfrazar ahora (Leopoldo) Bruglia, (Pablo) Bertuzzi y (Mariano) Llorens, que es el equipo guardaespaldas de Macri, porque este fallo contradice totalmente esa sentencia vergonzosa en la que ellos dijeron ‘no, Macri no tiene nada que ver'”.

El fiscal Picardi imputó al expresidente como supuesto responsable de espionaje ilegal y requirió la elevación a juicio oral y público de la causa en la que están procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, exjefes de Agencia Federal de Inteligencia (AFI), durante la gestión macrista.

Por otra parte, el radical K se refirió al reciente fallo de la Cámara Federal porteña en el que se confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Gabriel Carrizo como partícipe secundario del intento de asesinato de la vicepresidenta, al tiempo que se dictó falta de mérito y se ordenó liberación inmediata de Agustina Díaz.

Pero, puntualmente, Moreau criticó la orden por parte de la Cámara Federal a la jueza María Eugenia Capuchetti para que profundice la investigación de otras “posibles hipótesis aún no dilucidadas, como ser la actuación de las agencias de seguridad y personal que se encontraban a cargo de la custodia y seguridad de Cristina Fernández”.

“Lo que le están diciendo es córtala acá, no sigas para arriba, y desvía la investigación para otro lado, en este caso para la custodia”, señaló el diputado, que opinó que se busca abonar “la teoría que inicialmente quisieron instalar de que era un autoatentado”. “La jueza Capuchetti está sometida a muchas presiones”, añadió.

Por último, pidió “estar muy atentos a la causa” ya que todavía “la mantienen como un delito menor” pese a la magnitud que tiene.

El diputado nacional Eduardo Valdés cuestionó el accionar de la Justicia por el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en causas sobre espionaje ilegal, afirmando que “el espionaje ilegal es la cloaca de la Patria”, y advirtió: “Recordemos que Macri espió a su hermana, a su cuñado; a Sergio Burstein, familiar de víctimas de la AMIA; siendo jefe de Gobierno de CABA, en aquel momento junto al Fino Palacios y Ciro James”.

Sobre este punto, Valdés profundizó sobre el accionar de los operadores judiciales del macrismo: “Macri asumió como presidente estando procesado, es el único presidente en la historia en esta condición”, y advirtió que “los jueces de aquella Cámara Federal, Freiler, Ballesteros y Farah, fueron jueces perseguidos durante el macrismo por ese procesamiento”.

“Cada uno de los jueces que investigó correctamente al espionaje ilegal, para Macri eran jueces merecedores de juicio político, eso hizo con cada uno hasta llegar a sus jueces amigos que siempre lo sobreseyeron”, resumió.

En diálogo con Javier Romero en la señal de El Destape, el legislador porteño enumeró a continuación los distintos casos de espionaje ilegal realizados durante el mandato de Mauricio Macri: “Cuando Ramos Padilla allanó la casa de (Marcelo) D’Alessio, encontró expedientes de espionaje ilegal inmundos sobre la entonces gobernadora (María Eugenia) Vidal“.

Asimismo el diputado nacional del Frente de Todos apuntó contra el expresidente por su supuesta responsabilidad en escuchas ilegales a dirigentes opositores, oficialistas y miembros de la justicia: “El grupo Supermario Bros espió a su hermana menor Florencia, a Horacio Rodriguez Larreta, al propio presidente de la Corte, (Carlos) Rozenkrantz, que no tuvo la valentía de ir al juzgado a ponerse a derecho por ser espiado. Lo vimos por televisión, lo mismo que (Horacio) Rosatti; lo que da vergüenza es que el Poder Judicial cree que somos estúpidos”.

Para finalizar, Valdés destacó el trabajo del senador nacional Leopoldo Moreau, que se encuentra recuperándose de una afección cardíaca, y de los integrantes de la Comisión Bicameral de Inteligencia, “Mientras existan patriotas de raza como Moreau, (Rodolfo) Thailade y (Blanca) Osuna, no vamos a cejar en denunciar el espionaje ilegal, que es la cloaca de la Patria”.

El diputado nacional y presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos y Actividades de Inteligencia, Leopoldo Moreau (FdT), advirtió que se busca “frenar las investigaciones por espionaje ilegal en el gobierno de Mauricio Macri. Además, calificó de “increíble” que Carlos Stornelli “siga siendo fiscal”, luego de que trascendiera que el funcionario del Ministerio Público había requerido que se investigara una denuncia en su contra presentada por la abogada Florencia Arietto, ligada a Cambiemos, a raíz de decisiones adoptadas por la Bicameral.

En diálogo con FM La Patriada, el legislador señaló que desde la oposición “necesitan frenar las investigaciones por las causas de espionaje ilegal en el gobierno de Macri”, y remarcó que “el macrismo rompió el pacto democrático en Argentina con el plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política”.

Stornelli interviene en una de las tres denuncias presentadas contra Moreau luego de que la Bicameral se abocara a investigar, de acuerdo con sus funciones, si en un expediente que tramita ante la Justicia de San Nicolás en contra de dos dirigentes camioneros denunciados por extorsión se habían concretado maniobras de espionaje ilegal.

Ante ese escenario, Moreau sostuvo que como “Stornelli está doblemente procesado, es un caso increíble, increíble que siga siendo fiscal”, enfatizó. En ese sentido, afirmó: “Stornelli no puede participar en ninguna imputación contra mi persona ni actuar como fiscal”.

“En primer lugar, porque no hay ninguna causa. Es un procedimiento común de nuestra Comisión dirigirnos entre denuncias que tenemos por oficios a distintos organismos para corroborar los extremos. No hay otra forma de hacerlo y forma parte del reglamento. La justicia no tiene injerencia porque es una Comisión parlamentaria y estaría invadiendo las facultades de otro poder”, apuntó.

Además, el diputado remarcó que Stornelli “no tiene objetividad para intervenir porque él mismo ha sido investigado por la Comisión”, y sumó: “Acá no hay ningún delito, hay una campaña de intento de desprestigiar a esta Comisión porque necesitan frenar las investigaciones sobre el espionaje ilegal en la época de Macri”.

En ese marco, Moreau señaló que “la Comisión Bicameral lleva casi un año investigando la persecución sindical» a distintos sindicatos y gremialistas”.

Por otro lado, el presidente de la Bicameral contó que se enteró de su imputación por los medios de comunicación: “Como de costumbre, como opera el macrismo judicial, me enteré de mi imputación por los medios. No tengo ningún tipo de notificación”.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) apuntó que el macrismo “necesita destruir y deslegitimar” el trabajo que realiza la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, la cual “con todo derecho está pidiendo fotocopias para saber si es de su competencia investigar las denuncias del gremio de Camioneros” en San Nicolás.

En diálogo con FM La Patriada, Tailhade -que integra la Bicameral de Inteligencia- señaló: “La semana pasada recibimos una denuncia del Sindicato de Camioneros diciendo que en San Nicolás, una causa donde están acusados de extorsión dos dirigentes del gremio que están presos, el macrismo había puesto en marcha distintas cuestiones que tienen que ver con la violación a la Ley de inteligencia”.

En ese sentido, agregó: “La denuncia se hace diciendo que había actividades de inteligencia respaldando el trabajo de Florencia Arietto, la persona encargada de llevar adelante el juicio contra Camioneros”.

“Al menos tres causas penales contra dirigentes del gremio se llevaron a cabo de la misma manera: con Arietto impulsando la denuncia, tomando contacto con las supuestas víctimas de cada una”, aseguró el diputado y remarcó que “está encargada de lo mediático, de llevar este tipo de causas a los medios y articular con servicios de inteligencia”.

En ese marco, explicó: “En función de eso, vimos que se venía una ofensiva del macrismo. Recibimos la denuncia del gremio y le pedimos a la jueza y a la fiscal que nos den copia del expediente”.

Asimismo, luego de la petición de la Bicameral, la jueza María Eugenia Maiztegui pidió licencia por estrés y se apartó del caso, por lo cual tanto sostuvo que “el macrismo se montó sobre eso para cuestionar el trabajo de la comisión en general y de Leopoldo Moreau en particular”.

“Lo que subyace detrás de esto es que quieren que terminemos con el trabajo que viene haciendo la Bicameral”, consideró Tailhade, quien a su vez definió: “Esto generó un escándalo, que no tiene que ver con que nos metimos en la causa sino que les molesta mucho que hace dos años estemos investigando las barbaridades que hicieron al frente de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), espiando”.

Con respecto al pedido de licencia de la jueza Maiztegui, afirmó: “Cuando la jueza recibe el pedido de la Bicameral de fotocopias del expediente, tiene un pico de estrés. ¿Por qué le puede agarrar un pico de estrés frente a un pedido institucional? Porque tiene cosas que esconder, porque tiene la cola sucia”, enfatizó.

En la misma línea, resaltó el hecho de que el expresidente Mauricio Macri haya hecho pública su “solidaridad con la jueza, con la distribuidora Rey y los empleados” de la empresa San Pedro, en una publicación de Facebook.

En cuanto a las causas que son objeto de investigación de la comisión, afirmó que desde el macrismo “necesitan destruir, deslegitimar, derrumbar el trabajo de la Bicameral” y subrayó que “del 2015 al 2019 ellos crearon un ministerio de la venganza, pero no lo pusieron en el boletín oficial”.

Tras la denuncia que realizó públicamente el diputado oficialista y presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, Leopoldo Moreau, de que intentarán “desprestigiar” dicha Comisión anticipando que “en los próximos días un operativo de denuncias judiciales con complicidad mediática”, el bloque de diputados del FdT emitió un comunicado en el que respaldó el trabajo realizado porque “contribuyó al esclarecimiento del plan sistemático de espionaje ilegal más importante del que se tenga memoria en democracia, perpetrado por el Estado”.

“La actuación de la Comisión parlamentaria, en cumplimiento de sus facultades, busca consolidar la protección de la privacidad de los ciudadanos a fin de que los mismos puedan ejercer libremente sus derechos individuales y políticos”, defendieron en el comunicado.

En tanto, sumaron: “Ello, sin que, mediante actividades de inteligencia ilegal, se limite su ejercicio por razones de su raza, fe religiosa, acciones privadas, opinión política, o de adhesión y/o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, entre otras”.

“La práctica del espionaje ilegal instalado durante el macrismo produjo una ruptura de pacto democrático sobre el que las fuerzas políticas construyeron las bases de un consenso elemental: que en la contienda política no habría lugar para las prácticas que vulneren los derechos y garantías de los individuos”, apuntaron en el texto.

Y cerraron con el acompañamiento “firmemente” de la misión de la Comisión Bicameral en su “defensa de la Constitución Nacional y el Estado de Derecho”.

La exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Silvia Majdalani se presentó ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, pero se negó a declarar sobre la denuncia de espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos y el supuesto armado de causas judiciales contra sindicalistas.

La ex funcionaria concurrió a las 17.30 al Congreso Nacional donde fue recibida por los miembros de la comisión, encabezada por Leopoldo Moreau, ante la que presentó un escrito en la cual argumentó los motivos por los cuales no iba a declarar ante ese organismo parlamentario.

Fuentes parlamentarias señalaron que, en la nota, Majdalani manifestó que no iba a exponer ante la Comisión ni tampoco respondería preguntas, aunque aclaró que sí lo haría ante la justicia, si fuera llamada a hacerlo por estas denuncias.

La decisión de la Bicameral de convocar a Majdalani fue adoptada la semana pasada, tras haber recibido al extitular de AFI Gustavo Arribas, quien también se negó a declarar y presentó un escrito ante los miembros de la comisión.

Los exfuncionarios del organismo de inteligencia fueron mencionados ante la Comisión parlamentaria por algunos de los participantes de la reunión que se desarrolló en 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, en la que empresarios, autoridades de la AFI de la gestión macrista y funcionarios de la administración de María Eugenia Vidal analizaron cómo impulsar causas contra gremialistas.

El exdirector operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra, quien dijo haber asistido a la reunión del Bapro de 2017 para supervisar la grabación de las cámaras, señaló que concurrió por una supuesta orden de Arribas que le fue retransmitida por Majdalani.

La Bicameral inició la investigación sobre la llamada mesa judicial bonaerense luego de que la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunciara ante los Tribunales federales que había hallado un video de esa reunión en la sede porteña del Banco Provincia, en la que, se supo, participaron también espías.

Cabe recordar que la comisión ya convocó a tres exdirectivos de la AFI de la gestión macrista: el exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI, Sebastián De Stéfano, y el exjefe de Gabinete de la agencia, Diego Biorci, además del mencionado Dalmau Pereyra.

Después de que el juez en lo Contencioso Roberto Gallardo suspendiera la implementación del sistema de reconocimiento facial en la Ciudad debido a que habría sido utilizado para espiar a dirigentes políticos, sociales y periodistas, el legislador del Frente de Todos (FdT) Javier Andrade cuestionó con dureza al Gobierno porteño y advirtió que es una “costumbre” del macrismo “usar las herramientas del Estado para espionaje”.

En ese sentido, el kirchnerista afirmó que “si no fuera por el descomunal blindaje mediático de Larreta esto sería un escándalo” e indicó que “en los últimos tres años el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires buscó ilegalmente los datos biométricos de más de 7,5 millones de personas… esa costumbre macrista de usar las herramientas del Estado para espionaje”.

Sobre esa misma línea el legislador recordó a través de sus redes sociales que “en el año 2019 presentamos una declaración de preocupación en relación a la implementación del sistema de reconocimiento facial” y concluyó señalando que “lamentablemente nuestras sospechas eran ciertas y Larreta terminó haciendo un uso ilegal y violando el derecho a la privacidad de las personas”.

Según se desprende de la investigación, son varios las personas que fueron investigadas a través del sistema de reconocimiento biométrico sin contar pedido de captura, entre ellos, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Eduardo “Wado” De Pedro, Aníbal Fernández, Sergio Massa, Myriam Bregman, Ricardo López Murphy, José Luis Espert, Javier Milei, Gerardo Morales, Patricia Bullrich, Alejandra Magdalena Gils Carbó, Eugenio Zaffaroni, Gabriela Boquín, Carlos Rosenkrantz; Gustavo Sylvestre, Joaquín Morales Solá, Viviana Canosa, Eduardo Feinmann, Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto.

El presidente de la Bicameral de Fiscalización y Control de los Organismos de Inteligencia, Leopoldo Moreau (FdT), se refirió a la presentación del pedido de juicio político contra Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens y acusó que los magistrados buscaban “dar impunidad a Mauricio Macri y a toda su unidad de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)”.

“Está demostrado en todas las causas judiciales que Macri tenía un sistema para reunir a todos los organismos estratégicos para perseguir opositores”, sostuvo este viernes el legislador en declaraciones a Radio 10.

Moreau, junto a los miembros oficialistas que integran la comisión, pidieron el juicio político contra los camaristas por “mal desempeño de sus funciones” por el sobreseimiento que dispusieron de los exdirectores de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la causa de espionaje político durante el gobierno anterior.

“¿Cómo puede ser que estos dos jueces, o ya no sé que son, digan que todo lo llevaron adelante cuatro perejiles?”, cuestionó en alusión al fallo que determinó que las actividades de espionaje sobre dirigentes, sindicalistas y organizaciones fueron realizadas por “cuentapropistas”.

El radical K enfatizó que esta presentación es “un hecho que no tiene precedentes institucionales, que una comisión del Parlamento argentino pide el juicio político a dos magistrados”.

“Había grabaciones” que dan cuenta de que “se escuchaba en forma online a presos políticos y toda esa tecnología, ese montaje, no puede ser llevado adelante por cuatro perejiles”, sumó Moreau.

Para el legislador, Arribas y Majdalani no pueden ser desligados de la causa porque fueron “los responsables de un plan sistemático de espionaje ilegal, de persecución, que no afectó solamente a quienes fueron víctimas, como centenares de personas y de organizaciones, sino que afecta a la democracia en su conjunto”.

Este jueves los miembros de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos de Inteligencia, que preside el diputado Leopoldo Moreau, presentaron en el Consejo de la Magistratura el pedido de juicio político a los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens por mal desempeño en la causa de espionaje ilegal en la gestión de Mauricio Macri.

Desde la Bicameral denuncian que los magistrados de la Cámara Federal Porteña desligaron a los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, de una causa que se sigue por espionaje ilegal, tras haber avalado la teoría del “cuentapropismo” en la que habrían incurrido los agentes de ese organismo.

En un comunicado que habían emitido desde la Bicameral, fundamentaron que “es un hecho que no registra precedentes institucionales, la Comisión parlamentaria entendió que la sentencia dictada por estos jueces en la causa de espionaje ilegal que llevaba adelante el Juzgado de Lomas de Zamora y que dispuso el procesamiento de 38 personas, entre ellas las máximas autoridades de la conducción de la AFI en el periodo presidencial de Macri, fue fulminada por una resolución arbitraria. Su objetivo fue dejar de lado todas las evidencias e incluso confesiones de los propios autores para asegurar la impunidad de quienes encabezaron este sistema de espionaje ilegal y persecución política”.

“Estamos ratificando lo decidido en la última reunión de 2021 de la comisión, donde se definió el pedido de juicio político de Llorens y Bertuzzi por la revocatoria de los procesamientos de (Gustavo) Arribas y (Silvia)Majdalani, los jefes de la Agencia Federal de Inteligencia durante el macrismo, en la causa conocida como Super Mario Bros”, recordó Blanca Osuna luego de la conferencia de prensa posterior a la presentación. “Es imposible que todas las pruebas, los testimonios y las documentaciones a disposición dejen dudas sobre la responsabilidad de la AFI y del Gobierno de Cambiemos. No se trata de cuentapropismo, como defendieron los camaristas, sino de un plan sistemático de espionaje ilegal que daña profundamente nuestra democracia”, cuestionó.

Integrante de la bicameral, la entrerriana explicó que en aquella reunión de diciembre también se definió la creación de una subcomisión que “investigue la persecución contra sindicalistas, luego de los videos con distintos funcionarios bonaerenses y nacionales de aquellos años, intendentes y diputados de Cambiemos, donde incluso se habló de Gestapo”. Afirmó que “nada es casualidad, y cuando se ponen todos estos elementos en el análisis, como lo vimos en el intenso trabajo realizado por la Comisión con la producción de un informe final de 400 páginas, donde se verifica que 342 personas y 171 organizaciones fueron víctimas de espionaje ilegal, se vislumbra la gravedad institucional de lo realizado por el macrismo, con un apoyo significativo de un sector del Poder Judicial y el blindaje mediático necesario”.

“Bertuzzi y Llorens subestimaron u omitieron deliberadamente todas la pruebas de espionaje ilegal a dirigentes de la oposición, a militantes sociales, a sectores gremiales, a organismos de derechos humanos, a periodistas e incluso a los familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan, por el que también deben rendir cuentas”, criticó Osuna. “Intentaron transformar un procesamiento de 38 personas, que desnudó la impunidad del accionar desde el propio Estado, como no había ocurrido desde el retorno de la democracia, en una suerte de teoría de cuentapropismo, desligando las responsabilidades de quienes montaron este sistema”, profundizó. “La comisión y el Congreso continúan con un riguroso trabajo sobre este tema, porque estamos convencidos que es vital para consolidar nuestras instituciones y construir una sociedad mejor. El presidente Alberto Fernández también fue claro cuando dijo que el uso del servicio de inteligencia del Estado de derecho para hacer espionaje interno y para promover persecuciones criminales es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible. Es hora que el Poder Judicial haga lo propio y llegue a final de este triste sótano en nuestra historia”, finalizó la diputada entrerriana.

Los legisladores del Frente de Todos que integran la Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia entregarán este jueves, a las 10, en la sede del Consejo de la Magistratura de la Nación una presentación en la que solicitan a ese organismo que “disponga las medidas correspondientes para iniciar el proceso de juicio político por mal desempeño en sus funciones” de los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

A través de un comunicado, los oficialistas señalaron que “en un hecho que no registra precedentes institucionales, la Comisión parlamentaria entendió que la sentencia dictada por estos jueces en la megacausa de espionaje ilegal que llevaba adelante el Juzgado de Lomas de Zamora y que dispuso el procesamiento de 38 personas, entre ellas, las máximas autoridades de la conducción de la AFI en el período presidencial de Mauricio Macri, fue fulminada por una resolución irrita y arbitraria, cuyo objeto principal fue dejar de lado todas las evidencias e incluso confesiones de los propios autores para asegurar la impunidad de quienes encabezaron el sistema de espionaje ilegal y persecución política más grave del que se registra a lo largo de toda la historia argentina”.

Así se refirieron al fallo de la Cámara Federal porteña que, con el voto de Bertuzzi y Llorens –Eduardo Farah votó en disidencia- determinó en diciembre pasado que no existió una asociación ilícita encargada de realizar espionaje a dirigentes, sindicalistas y organizaciones desde la AFI macrista, sino que hubo agentes que lo hicieron por cuenta propia.

Luego de realizar la presentación, los legisladores del FdT brindarán una conferencia de prensa donde darán a conocer detalles del texto de la presentación, que contiene unas 25 carillas, informaron.

Con fuertes críticas a los jueces de la Corte Suprema, la vicepresidenta Cristina Kirchner -en ejercicio de la presidencia de la Nación hasta el 9 de febrero próximo- presentó un escrito en el que reclama que se designen a los magistrados que serán los encargados de resolver sobre los recursos pendientes en la causa del presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.

Además, pidió por la nulidad del fallo de la Cámara Federal porteña que, con el voto de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi –Eduardo Farah votó en disidencia- determinó en diciembre pasado que no existió una asociación ilícita encargada de realizar espionaje a dirigentes, sindicalistas y organizaciones desde la AFI macrista, sino que hubo agentes que lo hicieron por cuenta propia.

En esa resolución, también, se revocaron los procesamientos de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. No obstante, Majdalani sí quedó procesada por “incumplimiento de los deberes de funcionaria pública” por no controlar debidamente las prácticas que realizaron esos agentes de menor rango.

En su escrito presentado en Comodoro Py, la vicepresidenta considera que el máximo tribunal “carece de jueces hábiles para intervenir en este expediente”. “La conducta adoptada por los señores Ministros que integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dres. Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, quienes pese a encontrarse debidamente anoticiados de las irregularidades que se cometían en este expediente y no obstante la gravedad de la situación planteada, no solo omitieron dar una respuesta jurisdiccional a los recursos deducidos (algunos de ellos, hace más de ocho meses), sino además, recientemente, han decidido apartarse de la causa, sin brindar una explicación suficiente que justifique tal temperamento”, apuntó.

La titular del Senado se quejó de que “pese a la extraordinaria trascendencia del caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al día de la fecha, no ha dado respuesta jurisdiccional alguna a las quejas deducidas por las querellas en el marco de estas actuaciones, en las que se denunciaba la violación de las reglas que hacen a la garantía de juez natural y se anticipaba que el cambio de competencia habría de derivar, como ocurrió, en la virtual paralización de la investigación”, en referencia al pase de la causa desde Lomas de Zamora a Capital Federal.

“Toda vez que todos los Sres. Ministros de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación se han excusado en el marco de los recursos de queja deducidos en autos por mi parte -uno de ellos presentado ya más de ocho meses-, respetuosamente solicito a V.E. que, con la urgencia que el caso amerita, se defina quiénes serán los Magistrados que habrán de resolver dichas presentaciones directas, brindándose a éstas, también con la mayor celeridad posible, la respuesta jurisdiccional que corresponde”, sostiene el escrito, presentado un día después de la marcha que el kirchnerismo realizó contra la Corte.

El diputado nacional Pablo Tonelli (Pro) salió en defensa del procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, luego del pedido de juicio político en su contra presentado por legisladores provinciales del Frente de Todos.

“Es una persecución política claramente. Julio Conte Grand es un funcionario excelente, un hombre decente, recto, bien intencionado, con una buena formación jurídica, que siempre actúa de acuerdo con las normas, respetando las leyes”, sostuvo el macrista.

En declaraciones a radio Futurock, el legislador consideró que “el kirchnerismo quiere sacarlo para poner allí un procurador adicto, un procurador propio” y “todo lo que se dice (en su contra) es falso y motivado por cuestiones políticas”, consideró.

Además, el porteño enfatizó que Conte Grand “nunca ha sido dirigente de Juntos por el Cambio, nunca ha sido autoridad partidaria ni nada que se le parezca… ahora, posiblemente sí vote por Juntos por el Cambio, ¿y qué? Los kirchneristas votan por el kirchnerismo”.

Consultado por el vídeo en el que exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, empresarios y agentes de la AFI aparecen conversando sobre una causa a impulsar contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, y precisamente sobre la frase del exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, sobre que si fuera por él tendría una “gestapo” contra los gremios, Tonelli expresó: “Es una frase extremadamente desafortunada e inapropiada”.

“Me parece bien que la Justicia investigue si hubo allí o no algún delito. Nada en ese episodio es normal, ni el supuesto tenor de la conversación, ni el hecho de que esa reunión haya sido filmada, ni que el vídeo aparezca años después”, observó el diputado.

Sobre eso, agregó que “todo es anormal y todo llama la atención” y “hay que averiguar quién la filmó, por qué, si hubo una orden, por qué aparece ahora”.

No obstante, negó que haya existido “un entramado de espionaje ilegal” durante el gobierno de Mauricio Macri. “Eso no es cierto”, respondió, y recordó el fallo de la Cámara Federal que revocó los procesamientos de los exjefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

En alusión a esa decisión judicial, el macrista apuntó que se determinó que hubo “actividades de espionaje ilegal llevadas a cabo de manera individual” por agentes que “lo hicieron por su cuenta, por iniciativa propia”.

La diputada nacional Blanca Osuna (FdT) destacó las conclusiones de la reunión que mantuvo la Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, donde se resolvió por mayoría una posición crítica respecto del fallo de la Cámara Federal porteña por la revocatoria de los procesamientos de los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, sobre espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.

Además, en la comisión se decidió la creación de una subcomisión que investigará “el armado de causas de dicho organismo contra sindicalistas, luego de la difusión de un vídeo donde funcionarios confirman el modus operandi”, señaló la legisladora, en relación al vídeo donde aparecen exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal.

“Se definieron las respectivas denuncias contra los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi ante el Consejo de la Magistratura, por el desprocesamiento de los jefes de la AFI, desconociendo el plan masivo de inteligencia ilegal entre 2016 y 2019, y descartando la existencia de una asociación ilícita en la causa conocida como ‘Super Mario Bros’”, explicó la oficialista.

Sobre esa línea, la entrerriana cuestionó “el argumento de ambos camaristas” que omitieron “con total intencionalidad el trabajo del Congreso Nacional en la recopilación de datos, la sistematización de información, la recolección de pruebas y la escucha a cientos de testigos, en un trabajo riguroso plasmado en un informe de 400 páginas, presentado en abril del año pasado, que demuestra que al menos 342 personas y 171 organizaciones sociales, gremiales, políticas, de derechos humanos y religiosas, fueron víctimas de ese sistema ilegal; fue el supuesto intento de esos exespías de la obtención de dinero por su cuenta o de compartir información, utilizando sus posiciones y recursos del Estado”.

“Es indudable que fue un plan transversal a la estructura del Estado Nacional, que Arribas, Majdalani, ni Macri, pudieron desconocer”, agregó y fustigó: “Está claro además la vinculación política con el macrismo de algunos nombres que se repiten en Comodoro Py, que fueron y son actores sustanciales para el traslado de causas, subestimarlas o directamente archivarlas”.

La diputada indicó que “más allá de las apelaciones de las querellas y la Fiscalía, lo denunciaremos en el Consejo de la Magistratura”.

Sobre la investigación que realizará la subcomisión, explicó: “Es por los hechos conocidos en los últimos días, donde se visualiza mediante un vídeo a exfuncionarios de la AFI, a exfuncionarios de María Eugenia Vidal en su paso por la gobernación de Buenos Aires, e incluso a intendentes, confirmando distintas estrategias ilegales para el armado de causas contra sindicalistas”.

“La subcomisión analizará con detenimiento lo realizado por el exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián de Stefano, hoy refugiado en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en Subterráneos de Buenos Aires S.E.; el exjefe de Gabinete, Darío Biorci; y el exdirector operacional de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra”, profundizó Osuna.

Para la diputada, “estas definiciones de la Comisión Bicameral son contundentes e indispensables, porque nuestra democracia merece prevenir, eliminar y condenar cualquier utilización de espionaje legal, más aún cuando se trata de un plan sistemático en el corazón del Estado, con el objetivo de amedrentar, perseguir y disciplinar opositores, gremialistas, periodistas e incluso familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan”.

“Se trata de una definición indispensable como sociedad, para que Nunca Más existan estos sótanos oscuros, donde incluso accionan utilizando términos como gestapo, que nos recuerda a épocas de dolor, odio y muerte”, finalizó.

Tras la viralización de un video que data del 15 de junio del 2017, en donde se lo escucha al entonces ministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, en una reunión con empresarios de la construcción, decir: “Si pudiera tener una Gestapo para terminar con los gremios, lo haría”, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, utilizó su cuenta de Twitter para repudiar el hecho.

“De Papá Noel a la Gestapo”, inició su hilo de posteo la exmandataria y definió: “Gestapo: policía secreta de Hitler que utilizaba métodos despiadados para identificar y arrestar a los oponentes políticos y a otros que se rehusaban a ajustarse a las políticas del régimen nazi”, tras lo que comparó: “Tratándose del gobierno macrista, todo siempre es peor a lo imaginado”.

Acto seguido, señaló: “Si yo pudiera tener una Gestapo, para terminar con todos los gremios, lo haría’ Marcelo Villegas, ministro de trabajo de Mauri Vidal en PBA, en la reunión de la mesa judicial del 15-06-17, cuyo video fuera puesto a disposición de la justicia por la actual intervención de la AFI”, acompañada de la foto de la reunión en donde cada funcionario está identificado con su nombre.

“Si yo pudiera tener una Gestapo, para terminar con todos los gremios, lo haría” Marcelo Villegas, ministro de trabajo de Mariu Vidal en PBA, en la reunión de la mesa judicial del 15-06-17, cuyo video fuera puesto a disposición de la justicia por la actual intervención de la AFI. pic.twitter.com/20kNM3ytc0

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 27, 2021

“Esta es la foto en la misma reunión y en la misma mesa de Sebastián De Stefano, Dir. Jurídicos de la AFI de Arribas y Majdalani, quien en agosto del 2018 visitó al Juez Carzoglio de Avellaneda, para decirle que “Macri lo quería preso a Pablo Moyano”, denunció Fernández de Kirchner.

Y agregó: “Esta es la foto en la misma reunión y en la misma mesa de Darío Biorci, cuñado y jefe de gabinete de Silvia Majdalani, subdirectora de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. En el video Biorci da la bienvenida y presenta a los integrantes de la AFI, o sea la que organizó”.

Esta es la foto en la misma reunión y en la misma mesa de Darío Biorci, cuñado y jefe de gabinete de Silvia Majdalani, subdirectora de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. En el video Biorci da la bienvenida y presenta a los integrantes de la AFI, o sea la que organizó. pic.twitter.com/WnQqBZS37l

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 27, 2021

“Ministro, subsecretario, senador, intendente, empresarios y altísimos funcionarios de la AFI todos sentados en la misma mesa, fotografiados y grabados cuando hablaban de armar causas judiciales, en este caso contra dirigentes gremiales”, precisó la vicepresidenta.

En ese sentido, preguntó: “¿Qué otras pruebas necesitarán el Poder Judicial Argentino sobre la existencia de mesas judiciales y asociaciones ilícitas que tuvieron lugar durante el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal?”, y sumó: “¿Qué otras pruebas necesitarán la sociedad argentina, más allá de las lógicas y legítimas adhesiones, para entender que el espionaje político y la persecución judicial que sufrimos quienes fuimos opositores a ese gobierno, no es un relato partidario?”.

Por último, la presidenta del Senado precisó: “P/D: Sebastián De Stefano, fue uno de los beneficiados con falta de mérito en el escandaloso fallo sobre el espionaje de la AFI macrista de la Cámara Federal de Comodoro Py firmado por Bertuzzi y Llorens la semana pasada”.

Qué otras pruebas necesitará la sociedad argentina, mas allá de las lógicas y legítimas adhesiones, para entender que el espionaje político y la persecución judicial que sufrimos quienes fuimos opositores a ese gobierno, no es un relato partidario.

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 27, 2021

El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT) se refirió al fallo de la Cámara Federal sobre la causa de espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos, y apuntó: “(Mauricio) Macri espió hasta a su hermana menor y a su pareja. Ahora se vieron los vídeos, a diferencia de los otros espionajes. Se encuentran en los celulares de los espías del grupo ‘Super Mario Bros'”.

“En la jerga de los espías, ‘el uno’ era Macri”, lanzó el oficialista que, en alusión a la revocación de los procesamientos de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, exjefes de la AFI, consideró que “son fallos envenenados, salen en la semana de Navidad y Año Nuevo. Son los famosos regalitos. Para las reformas que pensamos hacer hacen falta manos y votos en el Poder Legislativo y en el Consejo de la Magistratura”.

En diálogo con Pablo Duggan por el canal C5N, el legislador consideró que los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi “juegan a cubrir a Macri. Espiaron a (Hugo) Alconada Mon, le pusieron una bomba a José Luis Vila, subsecretario de Macri, a quien hasta hoy nunca se lo escuchó decir nada al respecto”.

“Espero una reacción de parte de los espiados, como (María Eugenia) Vidal, que fue espiada por (Marcelo) D’Alessio, y por las bases militares, también por el Super Mario Bros. Espero que reaccione (Horacio Rodríguez) Larreta. También (Diego) Santilli, espiados en su vida privada. Si ellos reaccionan le va a hacer bien a la República”, agregó.

Además, Valdés hizo referencia al presunto espionaje ilegal realizado sobre medios de comunicación: “Macri le pidió a (Carlos) Pagni después de que presente el escrito en la Comisión Bicameral (de Inteligencia) en el Congreso, que hablara con espías para que diga que todo lo que presentó era mentira. Espero que La Nación se expida. Julio César Saguier es el encargado de los editoriales, hace poco hubo uno muy duro contra el espionaje ilegal”.

Luego de conocerse la resolución adoptada por la Cámara Federal porteña, sobre la causa que investiga presuntas maniobras de espionaje ilegal realizadas por la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, criticó el fallo a través de su red social de Twitter y lo asoció a un “regalito de navidad de dos jueces de la Cámara Federal de Comodoro Py para Macri y su pandilla”.

La Cámara Federal porteña sostuvo este martes que no existió una asociación ilícita para hacer vigilancia política durante la gestión del exmandatario. El fallo fue firmado por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Eduardo Farah.

“Llegó Papá Noel”, comenzó el hilo de tuits Fernández de Kirchner y detalló: “Ayer, la Cámara Federal de Comodoro Py que, durante 4 años, con Bruglia -el camarista puesto a dedo por Macri- como personaje estelar, decía que yo era la jefa de ¡4 asociaciones ilícitas! -disparate jurídico-, ¡y que, además, en una de ellas estaban incluso mis hijos!”

Y siguió: “Ahora, dice en tándem con el camarista Llorens -el que visitaba a Macri en Olivos-, que Mauricio Macri como presidente, Gustavo Arribas como titular de la AFI y Silvia Majdalani como su subdirectora… No tienen nada que ver con el espionaje que desde la AFI -que depende directamente de la Presidencia de la Nación- hicieron sobre mí, sobre opositores políticos, sobre dirigentes sindicales y hasta sobre miembros de su propia fuerza política. O sea que…”

“Los agentes de inteligencia de la AFI utilizaron recursos y logística del organismo para espiar todos y cada uno de los objetivos que sólo le interesaban al mismísimo Mauricio Macri”, precisó la exmandataria y criticó: “Pero él, su amigo Arribas y su socia Majdalani no sabían nada y no tienen nada que ver. ¡Anda!”.

Por último, remató: “Regalito de navidad de dos jueces de la Cámara Federal de Comodoro Py para Macri y su pandilla. ¡Mamita!”.

Regalito de navidad de dos jueces de la Cámara Federal de Comodoro Py para Macri y su pandilla. ¡Mamita!

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 22, 2021

Ayer, la Cámara Federal de Comodoro Py que durante 4 años, con Bertuzzi -el camarista puesto a dedo por Macri- como personaje estelar, decía que yo era la jefa de ¡4 asociaciones ilícitas! -disparate jurídico-, ¡y que, además, en una de ellas estaban incluso mis hijos! Ahora…

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 22, 2021

El diputado nacional Leopoldo Moreau (FdT) afirmó que el fallo de la Cámara Federal que resolvió que durante el gobierno de Cambiemos no existió una asociación ilícita que practicó espionaje “fue hecho a medida y a pedido de (Mauricio) Macri“.

“Todos sabíamos cuando le arrebataron la causa a Lomas de Zamora y se la llevaron a Comodoro Py que lo hicieron para darle impunidad a Macri y todos sus cómplices”, sostuvo el radical K en declaraciones a Radio 10.

El legislador reveló que al conocerse la noticia se “indignó” porque “a pesar de saber que iban a hacer eso, yo nunca creí que dos jueces atravesaran límites morales, jurídicos de la manera en que lo hicieron estos dos sin vergüenzas”, en alusión a los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, que votaron en conjunto, a diferencia de Eduardo Farah.

“Mintieron a sabiendas, ni siquiera usaron una chicana judicial o inventaron algunas frases jurídicas. El fallo se apoya en la idea de que en la AFI nadie sabía nada y que había un grupo de cuentapropistas que hacían las cosas por su cuenta. Esto es falso de toda falsedad”, enfatizó Moreau sobre la resolución que revocó los procesamientos de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, exjefes de la AFI durante la gestión Cambiemos.

Además, recordó que “el día 2 de abril de 2017 Carlos Pagni, que es columnista de La Nación, que además de no tener ni un pelo, no tiene un pelo de kirchnerista, publicó una nota que se titulaba algo así como “La pestilencia del círculo negro en el espionaje”. Daba nombres y apellidos de algunos responsables de la AFI que estaban practicando espionaje ilegal y los nombres de los espiados. En el mundo de la política generó una gran conmoción”.

Por eso, señaló que “ya en ese momento Macri en persona, Arribas en persona, estaban notificados de la existencia de un sistema de espionaje ilegal practicado por la AFI. Por lo tanto, es mentira que ignoraban lo que estaba pasando”.

El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade opinó este jueves sobre el procesamiento del expresidente Mauricio Macri y afirmó que “falta todavía un largo camino por recorrer” porque “la causa a los familiares del ARA San Juan es sólo una parte del enorme dispositivo montado por el gobierno de Macri”.

Miembro de la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, el legislador del Frente de Todos recordó que “desde el minuto uno el Gobierno nacional se puso a investigar al igual que la comisión”.

Sobre el trabajo realizado en la bicameral presidida por Leopoldo Moreau, Tailhade mencionó que se elaboró un documento de 400 páginas bajo el título “El Estado mafioso”, y destacó que ese trabajo “fue ratificado” en la instrucción de la causa que sigue el juez Martín Bava, quien además de procesar -sin prisión preventiva- al expresidente, le trabó un embargo de 100 millones de pesos sobre sus bienes.

“Creo que Macri tuvo unas décadas de recurrir a estas prácticas de espionaje industrial, policial, mientras estaba en la actividad privada. Lo hacía porque se sentía absolutamente impune. Nunca tuvo consecuencias en el ámbito privado y eso lo llevó a hacerlo en el ámbito estatal”, apuntó.

Además, en declaraciones a Radio 10, acusó que “Macri estaba al tanto de todo lo que llevaba adelante (Gustavo) Arribas, extitular de la AFI, que se dedicaba a los negocios, a apretar empresarios y hacer seguimiento de tipos con plata”.

“En la Bicameral de Inteligencia nos dedicamos a profundizar el espionaje político pero hay una parte que no pudimos alcanzar y que tiene que ver con el espionaje privado, con los negocios”, completó.

El jefe del bloque Pro en el Senado, Humberto Schiavoni, se refirió este jueves al procesamiento del expresidente Mauricio Macri en la causa por espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan y afirmó: “Estoy absolutamente seguro que Macri no ha dado ninguna orden para espiar, ni se le pasó por la cabeza”.

En declaraciones a Radio Con Vos, el legislador de Juntos por el Cambio señaló que en la causa hay “pruebas inconsistentes” y “una serie de acontecimientos que marcaron este procesamiento, que claramente nos indican que fue político”.

El misionero recordó que la causa “se inició por marzo, abril de este año” con “muy pocas evidencias” y el juez Martín Bava llamando a indagatoria al exmandatario “en plena campaña” y “de una manera sospechosa”.

“Lo cita a indagatoria para una fecha que no estaba en el país”, mencionó y agregó que cuando le cambió la fecha era “para el día después al que llegó”. Finalmente, cuando se Macri se presenta en el juzgado de Dolores, “se da ese bochorno de que habían omitido cumplir un requisito” sobre la autorización para revelar secretos de inteligencia.

Schiavoni consideró que “todo este marco tiene claramente una intencionalidad política” y “hay demasiados condimentos extrajurídicos para sospechar que acá se trata de una persecución política”.

Al ser consultado por las similitudes con el kirchnerismo en la afirmación de que se trata de “persecución política”, como también habla la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre sus causas, el senador macrista apuntó que “todas las causas que tiene la vicepresidenta se iniciaron mientras ella era presidenta, no eran causas que se armaron desde la política cuando no era más presidenta”.

Además, agregó que “en el caso de las causas de Cristina hubo pruebas producidas durante muchos años”, mientras que en esta causa “las pruebas ahora se van a empezar a producir”.

El diputado nacional Luis Juez (Pro) no coincidió con la decisión del expresidente Mauricio Macri de no presentarse a declaración indagatoria, en la causa que investiga el presunto espionaje a familiares de los tripulantes del ARA San Juan, y consideró que en Juntos por el Cambio “necesitamos otro tipo de conducta en estos momentos”.

“Procesalmente, es un error que (el expresidente) no se presente porque se pueden presentar varias recusaciones en el marco del proceso penal”, expresó el legislador, de profesión abogado, en declaraciones a radio Rivadavia.

Además, el candidato a senador por Córdoba remarcó que “ante una infamia no corresponde una defensa como lo hace Cristina (Fernández de Kirchner) que le echa la culpa al juez, al fiscal, al lawfare y a los periodistas”.

“Soy de los que creen que hay momentos en los que te tenés que defender como lo hace el honesto, el decente y el injustamente acusado. Creo que hay que ir al juzgado, sentarse frente al juez y decirle: ‘Usted me va a indagar, cuéntame las pruebas que tiene’”, continuó.

En ese línea, aseguró que él se “defendería de otra manera” y comparó: “Procesalmente es incómoda la vía de la recusación en estos momentos. Nosotros (en referencia a Juntos por el Cambio) necesitamos otro tipo de conducta en estos momentos, porque sino el kirchnerismo nos va a ganar la batalla cultural”.

Macri anunció que no se presentaría esta semana en los tribunales de Dolores hasta que se le garantice “el debido proceso y la defensa en juicio”, además de cuestionar al juez Martín Bava, quien fijó una nueva audiencia de indagatoria para el 28 de octubre. Se trata de la tercera vez que es convocado el expresidente.

Los legisladores de Juntos por el Cambio que integran la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia firmaron su propio dictamen sobre la cuestión del espionaje ilegal durante la gestión anterior.

El diputado Cristian Ritondo (Pro) participó de la subcomisión que realizó la investigación, junto con su par Rodolfo Tailhade y el senador Martín Doñate. Sin embargo, a la hora de las conclusiones, el interbloque opositor no acompañó el dictamen del Frente de Todos.

Además de Ritondo, integran la bicameral los diputados Sebastián García De Luca y José Cano, y los senadores Oscar Castillo, Juan Carlos Marino y Pamela Verasay.

Los legisladores no cuestionaron el contenido de la investigación, sino la tarea realizada por la bicameral, y en ese sentido denunciaron exceso de facultades, invalidez de las declaraciones que se tomaron, violación del secreto y temor de parcialidad.

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En el dictamen, al que accedió parlamentario.com, advirtieron que el Frente de Todos desencadenó una “persecución política” contra el gobierno anterior “a partir del direccionamiento interesado de esta investigación”.

“Han desnaturalizado los fines con que la bicameral fue creada, transformándola en una usina de producción de prueba con efectos judiciales en sumarios en trámite ante el Poder Judicial de la Nación”, sostuvieron.

Al sintetizar los argumentos, consideraron que la comisión “se ha servido de declaraciones inválidas, ha torcido su razón de ser -que no es otra que la fiscalización-, ha violado el secreto impuesto por ley y ha desconocido elementales derechos y garantías constitucionales de toda persona sujeta a una investigación”.

Los representantes de Juntos por el Cambio enfatizaron que la bicameral “no puede conducir investigaciones judiciales para pesquisar la posible comisión de delitos, a punto tal que, si de sus averiguaciones surgiese la posible comisión de delitos, tiene la obligación de hacer la denuncia penal”.

En ese marco, opinaron, “el proceder de la bicameral excedió las funciones para la cual ha sido creada por ley, dejando de actuar como un ente de fiscalización para convertirse en una unidad de investigación y producción de prueba al servicio de un Juzgado y una Fiscalía”, a cargo de Alejo Ramos Padilla y Guillermo Marijuan, respectivamente.

Según los firmantes, la comisión solo puede decidir “la apertura del sumario de investigación; la remisión de las actuaciones a la autoridad judicial competente; o la desestimación de la denuncia”, pero no tiene facultades para investigar delitos.

Respecto de las declaraciones que tomó la bicameral, apuntaron que “no está claro en muchos casos si se trata de ‘testigos’ o de ‘personas imputadas’”, y “al comenzar las diligencias no se les advierte a los declarantes sobre qué habrán de declarar ni los alcances de la investigación”.

“Se conducían interrogatorios interminables que iban abordando los más variados temas pero que, de una forma u otra, terminaban centrándose en la gestión de la AFI durante el período 2015-2019 y sobre quienes habían sido sus conductores”, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, afirmaron en Juntos por el Cambio.

También argumentaron que se violó el secreto: “Es por todos conocida la manera absurda en que registros sensibles de novedades cotidianas de la AFI, de carácter secreto, se introdujeron abiertamente en una de las causas judiciales de Lomas de Zamora, sea por impericia de la interventora de la AFI que las envió o de la fiscal actuante que las subió al sistema, y se hicieron públicas”.

Por último, sobre el temor de parcialidad, advirtieron que el diputado Tailhade además de integrar la comisión es querellante en una de las causas por espionaje ilegal, que tramita en el Juzgado Federal Nro. 8.

Diputados y senadores del Frente de Todos denunciaron este martes, en conferencia de prensa, un “plan sistemático de inteligencia ilegal” montado durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, “cuyo objetivo era la extorsión y la persecución política”.

Desde el Salón de Pasos Perdidos, legisladores encabezados por el presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia, Leopoldo Moreau, expusieron los resultados de la investigación llevada a cabo durante varios meses.

Además de Moreau, participaron de la conferencia los senadores Oscar Parrilli y Martín Doñate, y los diputados Eduardo Valdés y Blanca Osuna.

Moreau explicó en detalle las conclusiones del dictamen firmado por ocho legisladores del Frente de Todos, fruto de un trabajo que tuvieron a cargo el senador Doñate y los diputados Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) y Cristian Ritondo (Pro).

Ritondo encabezó, en nombre de Juntos por el Cambio, la firma de un dictamen alternativo, que no cuestiona el contenido de la investigación sino el supuesto exceso de facultades de la bicameral, que se reúne en forma reservada.

“El Estado mafioso”

Moreau puntualizó que el dictamen de la bicameral, que consta de alrededor de 400 páginas, se basó en primer lugar en las investigaciones que la propia comisión encaró, donde “se produjeron las primeras confesiones -no solo declaraciones- de agentes de inteligencia que asumieron la responsabilidad y reconocieron la realización de tareas de inteligencia ilegal”.

Otra fuente del dictamen fueron las dos investigaciones que se llevaron adelante en el Juzgado de Dolores, a cargo en aquel entonces del juez Alejo Ramos Padilla; y las dos causas que se están sustanciando en el Juzgado de Lomas de Zamora.

El titular de la bicameral advirtió que entre 2015 y 2019 “no solamente se llevaron a la práctica tareas de espionaje ilegal, sino que estamos en presencia de un plan sistemático de inteligencia ilegal cuyo objetivo era la extorsión y la persecución política”.

Moreau explicó que el informe se tituló “El Estado mafioso” porque “en ese período se montó un Estado paralelo, clandestino y secreto”. “Se estructuró de modo sistemático un modo de acción que se desarrolló a través de células paralelas dentro del propio Estado”, dijo, y agregó que “la cabeza del sistema de espionaje estaba en la propia AFI (Agencia Federal de Inteligencia)”.

Sin embargo, según apuntó, no solo sucedió en el ámbito de la AFI sino también “en la AFIP, que llevaba adelante tareas de inteligencia fiscal; en la UIF, que llevaba adelante tareas de inteligencia financiera; en Migraciones, que hacía tareas de control de entradas y salidas del país; y en el Servicio Penitenciario Federal, que en coordinación con la AFI llevaba adelante las tareas de espionaje sobre los ‘presos K’ y sus abogados defensores”.

Moreau informó que todos esos grupos “reportaban a la cabeza de la AFI, que era la que determinaba los blancos de estas tareas, y a su vez la AFI, a través de Gustavo Arribas, operaba como polea de transmisión para llevar al vértice de esta organización ilegal, que era la ‘mesa judicial’, el conjunto de información”.

En ese sentido, aseguró que la “mesa judicial” era “presidida” por Macri; que “se reunía con periodicidad”; y que allí “se decidía el destino que iban a correr las personas u organizaciones que eran espiadas”.

Sobre ese aspecto, precisó que fueron 308 las víctimas -entre ellas varias figuras públicas, como la vicepresidenta Cristina Kirchner-, pero aclaró que no difundirán el listado completo porque “las volveríamos a victimizar y las volveríamos a poner como blanco del espionaje”.

“Lo tenemos absolutamente probado desde el punto de vista documental y a través de quienes admitieron haber realizado tareas de espionaje ilegal”, afirmó el legislador., que además habló de 170 organizaciones político-partidarias, gremiales, sociales, comunitarias y religiosas que también fueron objeto de estas tareas, y que sí están mencionadas en el documento.

Por otra parte, confirmó el pedido para crear una nueva comisión bicameral que investigue el rol de los magistrados en este accionar. “Nos hemos encontrado con que como parte de esta estructura mafiosa han participado también fiscales, jueces, camaristas y probablemente miembros de la Corte”, alertó.

Moreau aclaró que la bicameral que preside no pudo “avanzar en ese terreno” porque “excede las facultades de la comisión”, y por eso propuso crear una nueva “que tenga facultades más amplias que en el marco de la Constitución se puedan materializar”.

Finalmente, adelantó que enviarán el dictamen no solo a la Justicia, sino también a organismos internacionales como Naciones Unidas, la OEA y Amnistía Internacional. “La víctima ha sido el Estado de Derecho, porque se arrasó con el principio de inocencia y con los derechos y garantías de los ciudadanos”, sintetizó.

Por su parte, Parrilli -uno de los dirigentes espiados- denunció que este mecanismo se montó “para llevar adelante un plan económico de empobrecimiento de la gente, de despidos, de aumento de las tarifas del 3.000%, de endeudamiento brutal, de destrucción de la salud, la educación, la ciencia y la tecnología. Toda la tierra arrasada que dejó el gobierno de Mauricio Macri”.

También señaló que el espionaje ilegal se utilizó para solapar un “fenomenal hecho de corrupción y de negocios de Macri y muchos de sus ministros”, que tuvo que ver con los Panamá Papers, el Correo Argentino y el negociado de los parques eólicos. “La víctima de todo esto fue el pueblo argentino”, lamentó el exdirector de la AFI.

El Frente de Todos dio a conocer este martes el dictamen final elaborado por integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia, con duros cargos contra la gestión del expresidente Mauricio Macri, a la que le adjudican la responsabilidad de haber espiado de manera ilegal a al menos 307 víctimas directas confirmadas; realizado 43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales, circunscribiendo ese proceder detallado solamente en los primeros doce meses del Gobierno de Cambiemos.

“El Estado mafioso”, se titula el documento al que accedió parlamentario.com, en el que los autores anuncian que “la Argentina estuvo y está en peligro”, afirmando que “nuestra democracia enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia: investigar y castigar el aniquilamiento de los derechos de los ciudadanos, la violación de nuestra Constitución Nacional, el ataque contra los fundamentos del Estado de Derecho, la libertad y la paz de los argentinos y la degradación de nuestro sistema político republicano y democrático, al punto de hacerlo retroceder a los períodos más oscuros de nuestra historia”.

En ese sentido consideran “un imperativo legal”, como así también una “obligación política y un compromiso moral” investigar y castigar “este arrasamiento que produjo dolor e inseguridad a miles de ciudadanos”.

Denuncia la Bicameral, en cuyo informe no participaron los miembros de la oposición, que durante el Gobierno de Mauricio Macri “se utilizó el poder del Estado para implantar un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión, al mejor estilo de la práctica mafiosa”. Para los legisladores del Frente de Todos, ese plan “fue diseñado con premeditación y alevosía y en concurso con los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial, avasallaron a cientos de ciudadanos”.

Según el informe, 170 organizaciones políticas, sociales y gremiales fueron espiadas ilegalmente, con al menos 307 víctimas directas confirmadas; hubo 43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales solamente en los primeros doce meses del Gobierno de Mauricio Macri, señala el informe, según el cual hubo un objetivo “extorsivo” que se propuso “quebrar emocional, económica y políticamente a las víctimas seleccionadas”.

El informe de la comisión que preside el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau propone crear “un nuevo Nunca Más que dé cuenta del daño institucional, político y social provocado a la República Argentina”. Según el mismo, el espectro alcanzado por el espionaje que habría sido perpetrado por el Gobierno anterior incluye las siguientes supuestas operaciones: Instituto Patria; el ARA San Juan; el Servicio Penitenciario; Pablo Barreiro; Fariña Etchegaray; juez Carzoglio; BrusaDovat-PDVSA; atentado contra José Luis Vila; Pedro Etchebest; dirigentes políticos del Norte argentino; Gas Natural Licuado, y en esas “operaciones” incluyen “la que sufrió la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner”.

El método denunciado es lo que denominan “lawfare o guerra jurídica”, que según el informe consiste en “el ataque contra opositores -reales o potenciales- a través de la manipulación del Poder Judicial -como máscara de legalidad- en perfecta sincronización con los medios de comunicación hegemónicos”.

El informe denuncia acciones concretas tales como “seguimientos y espionaje ilegal a ciudadanos, grabación de comunicaciones telefónicas, recolección de movimientos migratorios, utilización de testigos ‘arrepentidos’ falsamente y bajo presión, entre otras”. Afirman que el objetivo era “armar denuncias, difundirlas en los medios de comunicación y repetirlas hasta el hartazgo, creando así un clima de odio, rencor y revancha que justificara la intervención judicial sin que importaran las pruebas y mucho menos el debido proceso y las demás garantías constitucionales”. Para los denunciantes, se trataba de “lograr una sentencia anticipada construida mediática y judicialmente sin que existiera correlación alguna con la verdad de los hechos”.

Denuncian la creación de “una estructura estatal paralela y clandestina”, que califican como “verdadera organización mafiosa”. El objetivo político central que le atribuyen a esa operación es “borrar o montar una nueva memoria popular sobre el ciclo político que había gobernado la Argentina desde el año 2003 hasta el año 2015”. El informe le apunta a la Agencia Federal de Inteligencia dirigida por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y menciona puntualmente a Facundo Melo, María Mercedes Funes Silva, Leandro César Araque y Jorge Horacio Sáez, quienes se incorporaron en el año 2016 y según el trabajo “fueron parte de la célula que se conocería como los ‘Super Mario Bros’ y que funcionaría en ‘La Cueva’, como ellos mismos llamaban a su central de operaciones”. Al financiamiento de esas operaciones es atribuida la decisión de Mauricio Macri de que los gastos de la AFI volvieran a ser reservados.

El informe denuncia también como modus operandi “la detención preventiva de familiares para negociar su libertad a través de confesiones bajo extorsión”. Citan en ese sentido lo que denominan la “operación Pablo Barreiro”, en referencia a un exsecretario privado de Cristina Kirchner, como muestra de ese accionar, mencionando que en el marco de la causa Cuadernos, el fallecido juez federal Claudio Bonadio ordenó el arresto de Ricardo Barreiro, padre de Pablo. Ahí, según el informe de la bicameral, entró en acción el espía Marcelo D’Alessio y “Barreiro recibió el consejo por parte de D’Alessio de ‘sumarse’ a los ‘arrepentidos’”, afirmando que la participación mediática de esas operaciones fue “una pieza central”.

“En el curso de esta investigación han surgido elementos que vinculan de modo sistemático y orgánico a sectores de otro poder del Estado: el Judicial”, afirma  el trabajo, donde se reconoce que el examen del accionar de sus miembros excede las facultades propias de esa comisión bicameral. Por eso es que recomiendan a ambas cámaras la creación de una comisión bicameral que de modo específico examine los vínculos y conductas “que un puñado de jueces, fiscales, camaristas y miembros de la Corte desviaron de las normas constitucionales afectando el Estado de Derecho en sus aspectos más esenciales como lo son la vida pública y privada de los ciudadanos, el principio de inocencia, el debido proceso y la defensa en juicio”.

El Frente de Todos dará a conocer este martes un informe elaborado por integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia, sobre el supuesto espionaje ilegal durante la gestión del expresidente Mauricio Macri.

El documento fue elaborado por el senador Martín Doñate (Frente de Todos) y los diputados Rodolfo Tailhae (Frente de Todos) y Cristian Ritondo (Pro), integrantes de la bicameral presidida por el oficialista Leopoldo Moreau.

La comisión se reunió por la mañana en forma reservada para dar tratamiento a las conclusiones del informe, que se dará a conocer a las 18 con una conferencia de prensa en el Salón Pasos Perdidos.

A fines de marzo, Moreau reveló que hubo “más de 300 víctimas” de espionaje ilegal “sistemático” montado desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), entonces encabezada por Gustavo Arribas, en coordinación con otros organismos.

Según denuncia el oficialismo, el espionaje era un instrumento al servicio de la “mesa judicial” que funcionaba en Casa Rosada y que abonaba el “lawfare”.

El 30 de diciembre último, la bicameral entregó a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, un primer informe sobre el armado y el funcionamiento irregular de la Oficina de Escuchas.

Esa oficina, hoy denominada Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO), fue trasladada a principios de la gestión macrista desde la órbita de la Procuración General a la Corte Suprema de Justicia.

El diputado nacional Leopoldo Moreau (Frente de Todos) se refirió este miércoles a la investigación que lleva a cabo la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que él preside, sobre el presunto espionaje ilegal realizado durante el gobierno anterior.

“Se va conocer dentro de poco, cuando demos a conocer la investigación final, que no hay menos de 175 organizaciones políticas, sociales, etc., que fueron espiadas sistemáticamente, y por lo menos tenemos computadas más de 300 víctimas del espionaje“, reveló en diálogo con radio Del Plata.

El oficialista estimó que ese informe se daría a conocer aproximadamente dentro de dos semanas.

“El lawfare pasó a ser una política gubernamental durante el macrismo”, expresó el legislador, que consideró que “a esta altura no hay ninguna duda que se montó en Argentina, a partir de la llegada de Macri al poder, un sistema de espionaje ilegal que no tiene preexistentes, a excepción de las dictaduras militares”.

Moreau apuntó que “ningún sector de la sociedad argentina quedó fuera de ser víctima, sectores políticos, organizaciones sociales, expresiones religiosas, hasta comedores comunitarios fueron sistemáticamente espiados, como también los familiares del ARA San Juan”.

El radical K aseguró que se trató de “un sistema articulado del que participó la AFI como cabeza, pero también participó la AFIP, la Unidad de Información Financiera, la Dirección de Migraciones, el Servicio Penitenciario Nacional”.

“Toda esa información la utilizaban para elevarla a la famosa mesa judicial, que era el vértice de esta organización, una asociación ilícita creada por el propio presidente de la Nación, que funcionaba nada más y nada menos que en la Casa Rosada”, agregó.

La vicepresidenta Cristina Kirchner pidió este miércoles que la Corte Suprema de Justicia resuelva que las causas por supuesto espionaje durante el macrismo sigan siendo investigadas por la Justicia Federal de Lomas de Zamora y no en los Tribunales de Comodoro Py.

Lo hizo a través de su abogado Carlos Beraldi, luego de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal determinara que el expediente pase de manos del juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé a los Tribunales del barrio porteño de Retiro.

“La resolución en crisis resultante es equiparable a una sentencia definitiva, toda vez que irroga gravámenes de imposible o insuficiente reparación ulterior”, según el escrito del letrado, al que accedió la agencia Noticias Argentinas.

Además, el abogado dijo que “resultaría un verdadero escándalo jurídico -uno más- si en esta oportunidad se le denegara” a la titular del Senado o al resto de los litigantes “la existencia del presupuesto aquí analizado, estableciéndose criterios jurídicos diferenciales según la afinidad política de quien recurre”.

“La decisión adoptada determina el entorpecimiento de una investigación de una gravedad inédita, con el consecuente riesgo de que hechos que socaban la vigencia misma del sistema democrático pueden quedar en la impunidad”, disparó en dura crítica a los jueces de Casación.

Para el abogado de la vicepresidenta, el caso debe seguir en la Justicia de Lomas de Zamora “teniendo en cuenta el significativo y profuso avance del proceso penal que se viene desarrollando”.

Las dos causas en cuestión que ahora tramitarán en Comodoro Py son por espionaje ilegal hacia Cristina en su departamento de Recoleta y en el Instituto Patria; y por espionaje tanto a dirigentes kirchneristas como de Cambiemos, así como dirigentes sociales y sindicalistas.

Muchos de los imputados están procesados, entre los que se destacan el exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y la exsubdirectora Silvia Majdalani.

El diputado Leopoldo Moreau, presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, salió al cruce de una presentación de diputados de la Coalición Cívica que solicitaron el jury de enjuiciamiento de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, quienes instruyen las investigaciones por la causa de espionaje ilegal en Lomas de Zamora.

“Al parecer, la doctora Carrió y algunas de sus legisladoras están particularmente preocupadas por la investigación del espionaje ilegal, si se toma en cuenta que ellas aparecen involucradas en una causa que armaron de común acuerdo con la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) y el exjuez (Claudio) Bonadio, a la par de los contactos que mantuvieron con el falso abogado procesado Marcelo D’Alessio”, lanzó Moreau.

En un comunicado, el legislador del Frente de Todos advirtió que “resulta insólito que se pida el jury de enjuiciamiento a quienes investigan el caso de espionaje ilegal más grande que se haya conocido en la historia argentina y los diputados de la Coalición Cívica nunca se hayan preocupado por pedir el enjuiciamiento de Carlos Stornelli y su inmediata remoción. Y esto, no sólo porque formó parte de la banda de espionaje ilegal de D’Alessio, sino porque intentó en siete oportunidades eludir la acción de la Justicia”.

Finalmente, Moreau enfatizó que “esta iniciativa de Carrió y sus acólitos es una prueba más de la hipocresía de los que se dicen republicanos pero en realidad impulsan una maniobra destinada a brindarle impunidad a (Mauricio) Macri y a sí mismos”.

Los diputados de la Coalición Cívica presentaron este martes ante la Procuración General de la Nación una denuncia a través de la cual buscan remover a los fiscales federales que intervienen en la causa de las supuestas maniobras de espionaje que habrían sido practicadas por la Agencia Federal de Inteligencia en tiempos de Mauricio Macri.

La denuncia es contra los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, quienes llevan adelante la investigación por supuesto espionaje ilegal durante el gobierno de Macri contra dirigentes de toda índole que está radicada ante el juzgado federal de Lomas de Zamora que subroga el magistrado Juan Pablo Auge.

En la presentación hecha por diputados nacionales Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago, Mariana Zuvic y Mariana Stilman, se advierte que se cargó en el sistema de gestión del Poder Judicial (Lex 100) información vinculada al ex presidente Mauricio Macri, extraída del celular de su secretario privado Darío Nieto quien está imputado en el caso. Dicha información, señala la presentación, “incluye documentación sensible, como los números de teléfonos personales y laborales; la dirección de su oficina y domicilio particular; la dirección de correo electrónico; su usuario y contraseña de Facebook; su usuario y contraseña de Mercado Libre; el número de CUIT y clave fiscal; y hasta el número de tarjeta de crédito del expresidente”.

Un grupo de diputados nacionales del Pro, encabezados por Jorge Enríquez, presentaron una denuncia en el Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora contra el juez Juan Pablo Auge y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, a raíz de la difusión de datos personales del expresidente Mauricio Macri, por los delitos de violación de secretos e incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículos 157 y 248 del Código Penal).

“El hecho tuvo lugar cuando en la megacausa del espionaje ilegal se secuestró el teléfono del secretario privado de Macri, Darío Nieto, se desgrabó su contenido y se subió al sistema informático al que tienen acceso unas 880 personas que son parte en el proceso”, explicaron los legisladores.

Los dirigentes del Pro señalaron que “de ese modo se hizo pública una serie importante de datos personales de Mauricio Macri, que nada tienen que ver con la investigación, cuando la ley procesal (artículo 235) establece que esa información debe ser reservada y restituida al titular”.

En los datos difundidos se encontraban sus teléfonos, contraseñas de diferentes cuentas, número de documento, CUIT y clave fiscal, y hasta el número de calzado, entre otros.

“Es inadmisible que se haya violado de esta manera la intimidad, revelando información irrelevante para cualquier causa, lo que solo demuestra la intención de hostigar a un líder opositor”, enfatizó Enríquez.

La denuncia fue firmada por los macristas Jorge Enríquez, Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Héctor Stefani, Alfredo Schiavoni, Pablo Torello, Carla Picolomini, Adriana Ruarte, Soher El Sukaria, y el radical Álvaro de Lamadrid.

La diputada bonaerense Débora Indarte sostuvo que “las escuchas ilegales que sufrió mi familia no eran una falla del sistema, sino que eran parte de una matriz”, al referirse a la causa de espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos que se investiga penalmente.

La legisladora marplatense remarcó que su pareja, Rodolfo “Manino” Iriart, ex legislador provincial, al tomar conocimiento en 2016 que era víctima de escuchas ilegales “hizo la denuncia pertinente con un pedido de informes al Poder Ejecutivo, que nunca lo contestó” y afirmó que “la sensación es de estar siendo violentado, porque uno no naturaliza que se lo esté espiando”.

“Nosotros nunca tuvimos una respuesta, y eso es sumamente grave también, porque no fallaba un sistema, sino que todo parecía que era parte de una matriz”, reiteró.

Indarte consideró que “estas redes de espionaje descubiertas nos remontan a los momentos más oscuros de nuestra historia y está claro que no tienen sentido de ser en un sistema democrático”, y concluyó que “no es tolerable que la política tenga que tener esas herramientas tan nefastas, porque no son parte de la sociedad que yo pretendo”.

El senador nacional Oscar Parrilli (Frente de Todos) dijo que “desde el punto de vista político” está “convencido que fue (Mauricio) Macri el que ordenó esto”, en referencia a la causa de espionaje ilegal durante el gobierno anterior. No obstante, resaltó el juez tiene que actuar “con todos los elementos de prueba, no como hicieron con nosotros”.

“El hecho de que lo hayan procesado a Alan Ruiz es gravísimo para la democracia y la inteligencia, porque era un director de la AFI”, señaló y continuó: “La pinchadura de mis teléfonos la pidieron (Gustavo) Arribas y (Silvia) Majdalani. No pueden decir que no hicieron seguimiento y espionaje político contra nosotros. Estaban directamente involucrados”.

El oficialista expresó que le parece “muy bien” que citen a indagatoria a los exdirectores de la AFI, porque ellos “pidieron que mis escuchas fueran directas para informarle todos los días a Macri de lo que hablaba Cristina Kirchner”, los acusó.

“Lo que quiero es que la Justicia los trate a ellos con la presunción de inocencia, con la garantía del debido proceso, y no como hicieron con nosotros avasallando todos los derechos, las garantías constitucionales y con una presión y extorsión a los jueces inédita en Argentina”, sostuvo.

Entrevistado el El Destape Radio, el extitular de la AFI responsabilizó a la gestión anterior de “divulgar las escuchas violando toda legislación” e “inventarnos causas”.

“No pueden decir que fueron hechos de espionaje aislados, involucraron a tantas personas, fueron parte de una política”, subrayó y opinó que eso fue “para llevar adelante el programa económico desastroso y de saqueo”.

El diputado radical Luis Petri adelantó, a través de su cuenta de Twitter, que realizará una denuncia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), por “la persecución a periodistas” en Argentina, a raíz de las versiones sobre la posibilidad de que periodistas sean detenidos en el marco de la causa sobre espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Vamos a presentar una denuncia ante la @OEA_oficial por la persecución a periodistas en el país, con @WolffWaldo, Presidente de la Comisión de Libertad de Expresión y diputados de Juntos por el Cambio. No hay República ni Democracia posible sin una prensa libre!”, escribió el mendocino.

Las declaraciones de Marcelo Longobardi al canal TN, sobre la posibilidad de la detención de “uno o dos periodistas”, encendió las alarmas de la oposición. “Que se entienda de una vez, el periodismo investiga, consulta fuentes, chequea datos y hace notas, eso no es espionaje, eso es libertad de prensa en un país democrático. No a la persecución de periodistas!”, agregó Petri.

Vamos a presentar una denuncia ante la @OEA_oficial por la persecución a periodistas en el país, con @WolffWaldo, Presidente de la Comisión de Libertad de Expresión y diputados de Juntos por el Cambio. No hay Republica ni Democracia posible sin una prensa libre!

— Luis Petri (@luispetri) July 3, 2020

Además, criticó al Gobierno nacional y lo comparó con Venezuela: “Persecución y escarches a periodistas; intervención y expropiaciones de empresas; ataques al campo; Superpoderes y restricción a Derechos constitucionales por DNU. Asfaltando el camino a Venezuela!”.

En tanto, referentes de Juntos por el Cambio firmaron un comunicado en el cual manifestaron su “preocupación ante la posibilidad de que la Justicia impute a periodistas en una causa que investiga supuestos actos de espionaje ilegal” y sostuvieron que “la persecución penal de miembros de la prensa constituye un atropello que no tiene precedentes desde el regreso de la democracia en 1983”.

Los referentes de Juntos por el Cambio advirtieron este viernes sobre una “persecución penal de periodistas” que “constituye un atropello sin precedentes desde el regreso de la democracia”, tras las declaraciones de Marcelo Longobardi, quien sostuvo que podrían producirse detenciones de periodistas en el marco de la causa sobre presunto espionaje ilegal durante el macrismo.

La coalición opositora manifestó su “preocupación ante la posibilidad de que la Justicia impute a periodistas en una causa que investiga supuestos actos de espionaje ilegal. La persecución penal de miembros de la prensa constituye un atropello que no tiene precedentes desde el regreso de la democracia en 1983”.

“La tarea de la prensa es investigar, indagar y dar a conocer libremente cualquier información. Por eso sostenemos que cualquier causa judicial, motorizada por sectores del poder, contra periodistas por realizar su trabajo es un atentado a la libertad de expresión y a la democracia toda. Además, funciona como un claro mensaje para sembrar el temor y la autocensura de los trabajadores de prensa y los medios de comunicación”, enfatizaron mediante un comunicado.

Además, remarcaron que “la posibilidad de detención de periodistas -de la que dan cuenta algunos medios de alcance nacional- se da en consonancia con declaraciones sumamente preocupantes de miembros del Gobierno nacional y de encumbrados dirigentes oficialistas que, en vídeos profusamente difundidos por redes sociales, han llegado a hablar de ‘asociaciones ilícitas’ entre periodistas de investigación y la Agencia Federal de Inteligencia”.

“Estas declaraciones no son únicamente un nuevo embate del kirchnerismo contra la prensa, observamos que vienen peligrosamente de la mano de un intento de criminalización de periodistas como llevan adelante los más rancios gobiernos autoritarios”, agregaron.

Por último, los opositores afirmaron que hacen suyas las declaraciones y advertencias recientes de la Academia de Periodismo, FOPEA y ADEPA.

El comunicado fue firmado por los presidentes de los tres partidos que integran la coalición, Patricia Bullrich (Pro), Alfredo Cornejo (UCR) y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); los jefes del interbloque Juntos por el Cambio Mario Negri (Diputados) y Luis Naidenoff (Senado); y los presidentes de los bloques Pro Cristian Ritondo (Diputados) y Humberto Schiavoni (Senado).

El diputado radical José Cano manifestó este jueves que es necesario que la Bicameral de Control y Seguimiento de los Organismos de Inteligencia ahonde en todas las causas sobre espionaje ilegal, y no solamente en las del gobierno macrista, porque si no “hay que ver que personajes como (Oscar) Parrilli aparezcan como relatores de partidos de fútbol de una cloaca de la AFI de la que él formó parte”.

Integrante de la comisión que preside el kirchnerista Leopoldo Moreau, donde se formó una subcomisión para recibir el testimonio de personas imputadas en la causa sobre presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos -por la cual ya hay más de 20 detenidos-, el legislador pidió que se reserve la “confidencialidad” de esas declaraciones.

“Trascendieron nombres, apellidos, cargos y punto y coma de lo que declararon”, se quejó el tucumano, quien advirtió que el hecho de que esos testimonios tomen estado público, “vulneran la posibilidad de que se llegue a la verdad”. Para el diputado, la bicameral no puede ser “una especie de Poder Judicial paralelo”.

En diálogo con AM750, Cano subrayó que “se están mediatizando cuestiones por las que después le terminan echando la culpa a los periodistas”. “La Justicia es la que tiene que investigar si efectivamente ha habido una red de espionaje, un grupo que ha tenido la actitud de actuar al margen de la ley”, agregó.

Además, el opositor recordó una causa iniciada en 2015, a partir de una denuncia de Laura Alonso y Patricia Bullrich, sobre el espionaje a 33 personas, entre políticos, jueces y periodistas, realizado durante el kirchnerismo. Y mencionó también el hallazgo de carpetas de inteligencia en la casa de Cristina Kirchner en El Calafate.

“Ojalá la Justicia pueda actuar con la misma celeridad que en la causa que lleva el juez (Fedrico) Villena. Porque no son causas que estén archivadas”, señaló.

Finalmente, Cano resaltó que “estamos ante casos concurrentes, la Justicia tiene que investigar” y “la bicameral tiene la enorme oportunidad de poner blanco sobre negro”, pero “tenemos que discutir absolutamente todo, porque sino somos absolutamente parciales”.

“No nos guía el odio o la venganza, solo queremos justicia”, aseguró la diputada nacional Blanca Osuna (Frente de Todos), integrante de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos de Inteligencia, al referirse a las 22 detenciones en la causa por espionaje ilegal.

La entrerriana aseguró que “los avances en las investigaciones  por el espionaje ilegal del macrismo a referentes políticos, sociales, gremiales, sindicales y religiosos entran en una etapa definitoria”.

“Nuestra participación en la Bicameral de Inteligencia nos posibilita tener una dimensión cabal de todo este entramado perverso e ilegal y promover que salga de la oscuridad y sea juzgado con todas las garantías constitucionales”, explicó Osuna en un comunicado.

La legisladora advirtió que “la gravedad del delito que supone la construcción de un aparato de persecución, espionaje, armado de causas y coacciones en el corazón del Estado nacional no tiene antecedentes en la historia democrática de la Argentina”.

“No nos guía el odio o la venganza, ni el show de detenciones en la madrugada. Solo queremos justicia, como brújula cotidiana que aporte a la realidad”, manifestó.

Además, enfatizó que “el caso más emblemático de la persecución es Cristina Fernández de Kirchner, como síntesis colectiva de proyectos nacionales y populares y como la resistencia opositora más contundente a los cuatro años de ajuste, hambre y endeudamiento del macrismo”.

Por último, Osuna reclamó “un nunca más a la Inteligencia y el oscurantismo como prácticas políticas de persecución y amedrentamiento a opositores, propios y extraños”.

El titular de la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, Leopoldo Moreau (Frente de Todos), se refirió a las 22 detenciones que se produjeron en el marco de la causa sobre supuesto espionaje ilegal durante el gobierno anterior y dijo que “eran absolutamente inevitables”.

“Me parece que esta era una decisión que más temprano que tarde tenía que llegar, porque estamos ante una decisión estatal tomada en (diciembre de) 2015, que organizó una parte de las estructuras de inteligencia del Estado para llevar adelante persecución y extorsión política y espionaje ilegal”, sostuvo en diálogo con radio El Destape.

El legislador oficialista volvió a apuntar contra el expresidente Mauricio Macri, al sostener que “todo estaba bajo su responsabilidad” y señalar que la excoordinadora de Documentación Presidencial, Susana Mabel Martinengo -una de las detenidas-, “recibía los documentos (de espionaje) para darselos a Macri”.

“Había sectores de la AFI que hacían espionaje fiscal, sectores de la UIF que hacían espionaje bancario, Migraciones que hacía espionaje sobre la entrada y salida de personas del país”, dijo el presidente de la comisión que viene recibiendo declaraciones testimoniales desde que estalló la causa.

Moreau aseguró que este grupo de espías “iban armando carpetas” con las cuales se buscaba “callar a la oposición” y “extorsionar a los propios o disidentes de Cambiemos” y “a supuestos arrepentidos”.

“En la mesa judicial era donde se decía quién iba preso y quién no”, denunció el diputado, que recordó que la misma “era presidida por Macri” y allí “recibían información de la actividad ilegal”. “En todas las reuniones participaba (el exjefe de la AFI, Gustavo) Arribas”, añadió.

Consultado sobre el vínculo de la exministra de Seguridad y actual presidenta del partido Pro, Patricia Bullrich, con Alan Ruiz -exdirector de Operaciones Especiales de la AFI y exfuncionario de Seguridad-, el kirchnerista subrayó que la exministra “lo había colocado en un área que facilitaba las escuchas ilegales”. “Patricia Bullrich también creo que se va a tener que ir buscando un abogado”, consideró.

Sobre el trabajo de la bicameral, Moreau expresó: “Estamos funcionando como una especie de comisión de la verdad. O, en realidad, lo que estamos haciendo es hacer nuestro trabajo”. Y confirmó que ante los casos de Covid-19 detectados en el Congreso, se suspendió una reunión presencial prevista para este martes.

“Estas declaraciones no las podemos tomar por Zoom, no podemos apelar a la vía remota. Pero algún tipo de mecanismo vamos a encontrar”, dijo y ratificó que todos los miembros, incluidos los de Juntos por el Cambio, tienen “la decisión de avanzar” en este tema.

Tras la denuncia por espionaje ilegal durante la gestión anterior, el Poder Ejecutivo envió al Senado el pliego de Cristina Caamaño como directora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), organismo del cual es interventora.

El pedido de acuerdo ingresó con las firmas del presidente Alberto Fernández y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y ahora la Cámara alta deberá darle ingreso formal.

A continuación, el pliego deberá ser debatido por la Comisión de Acuerdos, que preside la oficialista Anabel Fernández Sagasti.

Según el procedimiento, Caamaño será convocada a una audiencia de la comisión en la que deberá responder preguntas de sus integrantes.

El pliego de la actual interventora de la AFI, una vez que obtenga dictamen, será debatido en el recinto, donde se requiere mayoría simple.

Caamaño reemplaza desde diciembre del año pasado y por un decreto del presidente Fernández a los macristas Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, director y vicedirectora, respectivamente, de la AFI desde 2015.

En mayo, Caamaño presentó una denuncia penal por espionaje ilegal hacia dirigentes políticos, periodistas y sindicalistas durante el gobierno de Cambiemos, tras el hallazgo de información recuperada de un disco rígido que había sido borrado.

La denuncia quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y del fiscal Jorge Di Lello en los tribunales federales de Retiro, aunque por el tema del espionaje se sustancian otros dos expedientes en sendos tribunales federales de Lomas de Zamora.

La Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de Organismos de Inteligencia tuvo este viernes una reunión estéril en el Congreso de la Nación, pues los exfuncionarios convocados para exponer ante ese organismo no asistieron, por distintas razones.

En el caso del ex director de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Alan Ruiz, envió un certificado que acredita que se encuentra bajo licencia médica por haber sido intervenido quirúrgicamente el pasado 10 de junio, por lo que será citado para el próximo viernes. La otra citada era Susana Martinengo, exsecretaria de Documentación de la Casa Rosada, pero en su caso directamente faltó. Cabe consignar que en el caso de los civiles, no están obligados a concurrir a esas convocatorias.

Martinengo había aparecido mencionada en la documentación que les secuestraron a los espías Leandro Araque y Facundo Melo, razón por la cual se decidió citarla.

Alan Ruiz aparece mencionado en la investigación como el que daba las órdenes al grupo de espías.

Fue todo lo contrario de lo ocurrido el día anterior, cuando ante la comisión que preside el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau se presentó el exagente de la AFI Jorge “Turco” Sáez, quien dijo haber espiado a la hermana del exmandatario Florencia Macri, lo mismo que al vicejefe de Gobierno Diego Santilli y a los periodistas de La Nación Carlos Pagni y Hugo Alconada Mon.

Carlos Pagni había sido citado el jueves pasado y tampoco concurrió, aunque en su caso presentó un escrito.

La próxima semana deberían presentarse los ex agentes Emiliano Matta y Mercedes Funes Silva; Diego Dalmau Pereyra y Martín Terra, ex esposo de Analía Maiorana, que a su vez es la actual pareja de Diego Santilli.

Luego de que se cayera la sesión especial a la que habían convocado por falta de quórum, los diputados del Frente de Todos (FdT) denunciaron -a través de una conferencia de prensa- la participación de al menos once efectivos de la Policía de la Ciudad  en la “red de espionaje ilegal desplegada durante el gobierno del ex presidente, Mauricio Macri”.

En la sesión que habían convocado para este viernes a las 11, los opositores preveían interpelar al jefe de Gabinete, Felipe Miguel, sobre los motivos específicos de la reubicación en 2019 de cinco efectivos dependientes de la Policía de la Ciudad en los servicios de inteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Durante la conferencia de prensa, Juan Manuel Valdés (FdT) explicó que “de acuerdo a la Ley, Felipe Miguel tenía que estar acá presente el 1 de junio y no vino. Tiene que explicarnos por qué la ciudad de Buenos Aires le prestó policías a la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri” y recordó que “el año pasado Victoria Montenegro se lo preguntó en el recinto y él mintió. Dijo que era por orden judicial y que hacían tareas de custodia, pero hoy sabemos que desempeñaban tareas de espionajes ilegal”.

“Los policías de la Ciudad entraban y salían de Casa de Gobierno, de la oficina del propio Macri, con informes de inteligencia sobre dirigentes de nuestro espacio y del espacio de Cambiemos, como Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Emilio Monzó, María Eugenia Vidal y hasta la hermana del propio Macri. Es un escándalo de una gravedad institucional enorme”, indicó y precisó que “no es la primera vez que se usa a la Ciudad para realizar tareas espionaje: se utilizó para realizar las escuchas ilegales al Fino Palacios, causa que lo llevó a Macri a asumir la presidencia de la Nación procesado”.

Por su parte Montenegro aseguró que “Rodríguez Larreta decidió ser querellante en la causa judicial pero el oficialismo no se presenta en el ámbito institucional donde tiene los legisladores necesarios para que este sea el ámbito donde podamos avanzar en una investigación seria sobre por qué policías de la ciudad revistaban en la AFI” y consideró que “se trata de un hecho de máxima gravedad institucional y por eso debía venir a explicar la participación de esos agentes, quiénes fueron los responsables de la participación de esos agentes al ámbito de la AFI, qué funciones llevaron adelante porque el jefe de Ministros había dicho que habían prestado servicios por una orden judicial. Pero ahora sabemos que eso es falso”.

“Lamentablemente no pudimos sesionar, teníamos muchas preguntas para el Jefe de Ministros Felipe Miguel con respecto a la participación de los Policías de la Ciudad en la AFI”, concluyó.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció este martes la existencia de una supuesta reunión entre el exsecretario general de la Presidencia de Mauricio Macri, Fernando de Andreis, y agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que se habría realizado en la Casa Rosada.

Querellante en la causa de presunto espionaje ilegal que tiene a cargo el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, la exmandataria presentó, a través de su abogado Carlos Beraldi, un escrito donde solicita que se investigue el supuesto encuentro.

“Respetuosamente solicito que se arbitren todas las diligencias que resulten necesarias para constatar la información proporcionada” y “disponer las medidas correspondientes”, solicitó Beraldi, según informó la agencia de noticias Télam.

La reunión denunciada se habría concreado en 2016, de acuerdo a información publicada por la organización Poder Ciudadano, sobre el registro de ingresos a la Casa de Gobierno.

Ese encuentro, según esos registros, tuvo lugar el 21 de enero de 2016 entre las 10.21 y las 13.04 en la sede de la Secretaría General de Presidencia de la Nación, cuyo titular durante la gestión de Mauricio Macri fue Fernando de Andreis.

Del encuentro habrían formado parte Javier Bustos y Jonatan Nievas, quienes según constancias de la causa judicial “habrían prestado funciones en áreas de inteligencia”.

“Asimismo, por la coincidencia horaria, en este encuentro también habría participado, entre otros, Rodrigo Simón”, un integrante de la Policía Metropolitana, se agregó en el escrito.

Según la información que consta sobre anteriores reuniones, se habrían concretado unas doce entre los imputados en el caso Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge Sáez con la entonces funcionaria Susana Martinengo, quien estaba encargada del área de “Documentación” de Presidencia.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, publicó este jueves en las redes sociales un nuevo video en las que carga duramente contra la gestión anterior y la presunta red de espionaje en cuya investigación ella se ha sumado como querellante.

Su voz en off, con un video que muestra imágenes suyas concurriendo el lunes pasado al juzgado de Lomas de Zamora donde se puso en autos de lo descubierto hasta ahora, Cristina hace hincapié en la “asociación ilícita” que afirma constituyó el Gobierno macrista. “La asociación ilícita eran ellos”, remarca la exmandataria como réplica a la imputación judicial que se le ha hecho a ella y su familia poniéndola como “jefa” de la misma.

“Hace dos días confirmé lo que siempre supe y lo que en definitiva siempre denuncié. Durante dos horas y media escuché las explicaciones del juez y la fiscal de la causa de Lomas de Zamora, donde se descubrió una real y verdadera asociación ilícita que, como tal, tenía por objeto la comisión de diversos delitos. Todos los necesarios para destruir opositores”, afirma CFK.

La asociación ilícita eran ellos. pic.twitter.com/lmQcgnOsxJ

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 11, 2020

En el video de poco más de tres minutos, Cristina señala que mientras el juez de la causa les explicaba “y demostraba sobre un pizarrón la articulación” de esa operación en la que incluyó a narcotraficantes, agentes y funcionarios de la AFI, policías de la Ciudad de Buenos Aires, agentes y funcionarios del Servicio Penitenciario Federal y agentes de la PSA, incluyendo también a “periodistas, denunciadoras seriales y hasta una alta funcionaria de la Unidad presidencial de Mauricio Macri”, en ese contexto dice haberse enterado de “cómo se abrió la trama más escandalosa de la que se tenga memoria en tiempos de democracia y cuya investigación recién comienza”.

Cristina habló de seguimientos sobre su persona, el Instituto Patria y Unidad Ciudadana, y afirma que mientras veía y escuchaba todo eso, “no podía dejar de pensar en mi hijo y en mi hija, en Máximo y en Florencia, que están acusados de formar parte de una asociación ilícita conmigo su madre, como jefa. ¿Qué increíble no?”

Así las cosas, la vicepresidenta afirma que se “armaron” cuatro causas judiciales en Comodoro Py “por cuatro supuestas asociaciones ilícitas diferentes en las que por supuesto, como no podía ser de otra manera, en todas me acusaban de ser la jefa”.

¿Qué si tengo alguna expectativa de que se haga justicia? Bueno, la verdad que a esta altura ya no sabría qué contestar. Pero sí, en el fondo espero que sea así”.

“Ahora, después de ver todo lo que vi en Lomas de Zamora, entiendo el por qué, la verdadera razón de esa obsesión con las asociaciones ilícitas -agrega-. En realidad estaban proyectando lo que ellos mismos eran y hacían: una verdadera asociación ilícita”.

Fernández de Kirchner dedica un capítulo especial al espionaje que, afirma, desplegó el Servicio Penitenciario Federal en la cárcel de Ezeiza, que define como “verdaderamente impresionante”.

Luego, con imágenes de los periodistas Alfredo Leuco, Nicolás Wiñasky, Jorge Lanata y Maximiliano Montenegro, y hasta rotativas de diarios, CFK agrega: “Pensar que desde el 10 de diciembre pasado algunos medios de comunicación hegemónicos venían planteando nuestras diferencias con quienes continuaron en los cargos en el servicio como una cuestión de poder o de lucha interna. Como siempre dije, todo hace juego con todo, y creo que todo, todo esto ha sido más que cobertura mediática de los medios hegemónicos. Es sencillamente complicidad política con todo lo que pasó en Argentina”.

El mensaje de la exmandataria recuerda que ha decidido constituirse en querellante de la causa, y concluye: “¿Qué si tengo alguna expectativa de que se haga justicia? Bueno, la verdad que a esta altura ya no sabría qué contestar. Pero sí, en el fondo espero que sea así”.

Debido a la información que trascendió en los medios de comunicación, el legislador del Frente de Todos (FdT) Juan Manuel Valdés impulsó un proyecto de declaración para que la Legislatura porteña declare su “preocupación y aboga por el rápido esclarecimiento de los hechos denunciados ante la Justicia por las autoridades interventoras de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), los cuales incluirían como víctimas tanto a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, como a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo local, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli”.

Al respecto de la iniciativa, Valdés expresó su intención de que “el máximo cuerpo de representación política de la Ciudad establezca un claro repudio al espionaje ilegal sufrido por CFK, Larreta y Santilli” y explicó que “la denuncia que se tramita en el juzgado de Lomas de Zamora muestra hasta qué punto el descontrol y la ausencia de transparencia en los servicios de inteligencia puede poner en riesgo el propio de Estado de derecho”.

“Creemos no hay ningún justificativo para realizar tareas de espionaje político desde los organismos del Estado que nos retrotrae a lo peor de nuestros tiempos. Todo el arco político debe repudiar estas conductas para decirle nunca más a los sótanos de la democracia, como lo ha manifestado el presidente Alberto Fernández”, indicó y señaló que “la Legislatura tiene que expedirse sobre el tema. No vamos a permitir que nuestros máximos representantes sean hostigados, seguidos o espiados en su vida privada por funcionarios que deberían estar dando las respuestas que corresponden en la Justicia”.

En los fundamentos de la medida, Valdés recordó que los “servicios de inteligencia nacional tienen prohibido ‘obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción’” y concluyó exigiendo el “urgente esclarecimiento de los hechos denunciados por las autoridades de la AFI. Debe servir para que en la democracia argentina los servicios de inteligencia nunca más vuelvan a ser utilizados como herramientas del gobierno de turno para disciplinar a quienes lo incomodan políticamente”.

En la previa de presentarse ante el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, en el marco de una causa por presunto espionaje ilegal, Cristina Fernández de Kirchner cargó duro contra la gestión anterior al sostener que “la AFI de Mauricio Macri utilizó narcotraficantes para atentados a funcionarios de su propio gobierno”.

A través de un vídeo publicado en su Twitter, la vicepresidenta relató: “A diferencia de otras veces, cuando el que me citaba era (Claudio) Bonadio en Comodoro Py, en causas armadas, no me sigue en esta oportunidad ninguna moto, ¿qué cosa no? En aquellas oportunidades, llegaron a ser dos motos con cámaras transmitiendo en vivo y en directo mi desplazamiento por la ciudad”.

“Es raro que no me sigan, porque la causa judicial por la que estoy convocada es un verdadero y auténtico escándalo, inédito. Inédito escándalo diría yo”, enfatizó en un audio grabado de casi tres minutos de duración.

CFK lanzó: “La AFI, que dependía en forma directa de Mauricio Macri, utilizó narcotraficantes, narcotraficantes, para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno; y seguimiento y espionaje político tanto a opositores como a sus propios dirigentes. Increíble, el Estado argentino contratando narcotraficantes. Y pensar que ese gobierno, el de Macri, le vendió a todos los argentinos y argentinas que venían a combatir el narcotráfico. Dios mío, ¡cuánta mentira y cuánto, pero cuanto cinismo por Dios!”.

“Leo y escucho transcendidos acerca del seguimiento y espionaje que me habrían hecho desde la AFI macrista y no puedo evitar, la verdad que no puedo evitar, recordar los episodios que denuncié incansablemente durante aquellos años sin que nadie hiciera nada”, señaló.

Yendo a Lomas. pic.twitter.com/ARTmLXtZCR

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 8, 2020

La vicepresidenta recordó la difusión “por radio y televisión” de conversaciones privadas de ella con Oscar Parrilli -actual senador- durante marzo de 2017, las que fueron “grabadas por la oficina que Macri hizo depender de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“La verdad pensé que en ese momento la Corte iba a intervenir. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Al contrario, se anunciaba su trasmisión con bombos y platillos, cual estreno cinematográfico sin que nadie hiciera nada para impedirlo”, se quejó.

La exmandataria consideró que si la Corte “hubiese tomado medidas y sancionado a los responsables” es “probable que esta causa no hubiera existido y un montón de ciudadanos y ciudadanas no hubiesen sido ni espiados, ni escuchados, ni sufrido atentados”. “En fin, de aquellos lodos, estos barros”, concluyó.

Cristina Kirchner fue convocada por el magistrado Villena, quien la citó para ponerla en conocimiento de “evidencias halladas” sobre el supuesto espionaje del que habría sido víctimas, tras lo cual podrá decidir si se presenta como querellante o no. En esta misma instancia fue citado el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El juez investiga el presunto espionaje ilegal a políticos, funcionarios y periodistas durante el gobierno macrista, en una causa que se abrió a raíz de los dichos de un supuesto narcotraficante arrepentido que operaba en la zona de Almirante Brown y Esteban Echeverría. La maniobra involucraría a un abogado de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena citó como testigos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en una causa sobre presunto espionaje ilegal.

El magistrado los convocó para ponerlos en conocimiento de “evidencias halladas” sobre el supuesto espionaje del que habrían sido víctimas, tras lo cual podrán decidir si se presentan como querellantes o no.

El juez bonaerense citó -con horario sin definir- para el próximo lunes a la vicepresidenta, según informó la agencia Télam.

Villena investiga el presunto espionaje ilegal a políticos, funcionarios y periodistas durante el gobierno de Mauricio Macri, en una causa que se abrió a raíz de los dichos de un supuesto narcotraficante arrepentido que operaba en la zona de Almirante Brown y Esteban Echeverría. La maniobra involucraría a un abogado de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

El avance de este caso se da en línea con la denuncia que la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentó días atrás y que se tramita en el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi.

Tras la denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, sobre un supuesto espionaje ilegal durante el macrismo y por iniciativa de Carolina Gaillard, los diputados nacionales del Frente de Todos de Entre Ríos presentaron un proyecto de repudio a estos hechos. Además se solidarizaron con la exdiputada provincial, Leticia Angerosa.

“No podemos tolerar un sistema de extorsión que condicione la democracia. De comprobarse además de una clara violación de lo dispuesto por la Ley Nacional de Inteligencia demostraría que hubo una cadena de responsables políticos que convalidaron por acción u omisión estos hechos”, aseguró la diputada Gaillard.

Entre los firmantes de la declaración de repudio están Blanca Osuna, Mayda Cresto y Marcelo Casaretto. Además de las bonaerenses Cristina Álvarez Rodríguez y Mara Brawer.

En las últimas horas después de reunirse, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, pidió a la Agencia Federal de Inteligencia que amplíe la información con respecto al denunciado seguimiento de políticos de los entonces oficialismo y oposición, y también a periodistas.