Osuna: “Desde la Comisión Bicameral solicitamos ser Amicus Curiae en las causas por espionaje ilegal contra Macri y sus cómplices”

“Se trata de un instrumento que nos permite realizar valiosos aportes documentales, frente a hechos de tremenda gravedad institucional”, sostuvo la legisladora entrerriana.

La diputada nacional Blanca Osuna (Frente de Todos – Entre Ríos) se refirió a la presentación realizada, junto a los legisladores Leopoldo Moreau, Eduardo Valdés y Oscar Parrilli. La misma se efectuó ante el Juzgado Federal 11 de Comodoro Py a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, solicitando que la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia se constituya como Amicus Curiae (amigo del tribunal) en las causas de espionaje ilegal, entre ellas las concretadas en cárceles federales, Instituto Patria, y aquellas donde se investiga el rol de la Agencia Federal de Inteligencia y de los espías denominados Super Mario Bros.

“La presentación tiene fundamento en el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue reconocido en diversos procesos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, explicó Osuna y detalló: “Se trata de un instrumento que nos permite realizar valiosos aportes documentales, frente a hechos de tremenda gravedad institucional, como la planificación y ejecución de un plan sistemático de espionaje ilegal, llevado adelante por el gobierno de Cambiemos, contra dirigentes opositores, periodistas, militantes sociales, sindicalistas, e incluso familiares de los cuarenta y cuatro tripulantes fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan”.

En otra línea, destacó que “es fundamental que el Poder Judicial actúe con celeridad sobre estas causas. Fallos como el reciente de Llorens y Bertuzzi, donde se afirma que las acciones de espionaje fueron por iniciativa individual de algunos agentes, o cuentapropismo y no por una política ilegal deliberadamente organizada y llevada a cabo por los Macri, Arribas, Frigerio, Majdalani y otros, constituyen una burla al sistema democrático”.

“Exigimos una definición contundente contra prácticas perversas e ilegales que dañan la democracia”, advirtió Osuna y agregó: “Además del informe detallado que realizamos sobre el espionaje entre 2016 y 2019, también presentamos ante el Juez diversa documentación proveniente de entrevistas, testimonios, y sistematización de pruebas. Toda la presentación que realizamos hoy es producto de un cuidado y minucioso trabajo, que entendemos aportará para alcanzar la justicia que estos graves delitos y sus víctimas merecen”.

A su vez, afirmó: “Claramente este entramado ilegal tuvo connivencia judicial y blindaje mediático, donde una parte importante de Comodoro Py se transformó en una escribanía de Mauricio Macri durante su gestión”.

“Son los mismos que ahora obstaculizan cualquier investigación a fondo sobre las responsabilidades penales en esta materia”, agregó. “Nuestra presentación sólo busca aportar en ese camino, para que nunca más tengamos este accionar mafioso sostenido desde el propio estado”, finalizó Osuna.

“Me preocupa que no estén todos los medios en la puerta de la casa de Vidal”, expresó Di Tullio

La senadora bonaerense enfatizó que “en democracia no se había visto nunca un aparato estatal de persecución judicial a sindicalistas”.

La senadora nacional Juliana Di Tullio (FdT) volvió a referirse este jueves al escándalo por la “Gestapo” y expresó: “Me preocupa muchísimo que no estén todos los medios de la Argentina en la puerta de la casa de María Eugenia Vidal, o del expresidente (Mauricio) Macri, o (del procurador bonaerense Julio) Conte Grand“.

En referencia al vídeo en el que aparecen exfuncionarios vidalistas, agentes de la AFI y empresarios hablando sobre denuncias contra sindicalistas, la kirchnerista observó que “si el vídeo hubiera sido salido en las épocas de Cristina o de Néstor (Kirchner), o de Alberto (Fernández) seríamos tapa del diario Clarín todos los días, durante más de un año, hasta que nos volteen a todos”.

Sobre la denuncia que recibió en su contra, por su discurso en la última sesión del Senado, la legisladora señaló que “es lamentable en términos de la democracia”.

En otro tramo, también hablando de democracia, la bonaerense enfatizó que “en democracia no se había visto nunca un aparato estatal de persecución judicial a sindicalistas”. “Es grave porque sin democracia sólida no existe ninguna posibilidad de crecimiento económico, ni de mejorarle la calidad de vida al pueblo. El macrismo construyó una democracia de bajísima intensidad”, agregó.

Sobre los participantes del vídeo que originó una denuncia por parte de la AFI, Di Tullio remarcó que “no era un grupito así nomás” sino “ministros, los tres más altos de la AFI y el procurador”. “Nunca en mi vida había visto una cosa igual”, aseguró.

En declaraciones a FM La Patriada, la senadora manifestó que “el peronismo siempre gana elecciones para reparar lo que hizo mal la derecha. Ellos siempre tienen un plan sistemático para quitarle derechos a los trabajadores, demonizando a los sindicatos y sindicalistas”.

“Acompañaron y financiaron un golpe de Estado en Bolivia, y encima ni lo llamaron golpe de Estado. ¡Cómo lo van a llamar golpe de Estado si contribuyeron con armas!”, criticó al gobierno anterior.

Alberto F. se refirió a la denuncia de la AFI y pidió que la Justicia investigue “sin demoras”

El presidente lanzó un hilo de tuits en los que se refirió a la investigación por el vídeo en el que aparecen exfuncionarios bonaerenses hablando sobre causas judiciales contra sindicalistas como el “Pata” Medina.

exfuncionarios vidal denuncia pata medina

El presidente Alberto Fernández se refirió este martes a la denuncia de la AFI a raíz de un vídeo en el que aparecen exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal -hoy diputada nacional-, junto a empresarios y miembros del organismo de inteligencia, en el que conversan sobre las denuncias contra el extitular de la UOCRA, Juan Pablo “El Pata” Medina.

“La Justicia Federal investiga una denuncia que he ordenado hacer a la Agencia Federal de Inteligencia para que se investiguen acciones del anterior gobierno que promovieron el espionaje ilegal y diversas persecuciones judiciales contra sindicalistas y opositores”, comenzó el mandatario.

A continuación, recordó que “al inicio de la gestión denunciamos la existencia de más de 100 celulares encriptados provistos por la AFI que incluía funcionarios nacionales, pero también personas de la justicia y socios políticos y comerciales de Cambiemos”.

“Así, se asignaron esos dispositivos a María Eugenia Vidal; a Julio Conte Grand, Procurador de PBA; a Daniel Angelici, ex presidente de Boca; a Gustavo Ferrari, ex ministro de justicia de PBA; al empresario Nicolás Caputo y a Martín Ocampo, ex Fiscal General de CABA, entre otros”, enumeró.

El jefe de Estado se preguntó: “¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos, y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces un empresario del juego devenido en “operador judicial”?”.

“Esas preguntas exigen una respuesta. El uso del servicio de inteligencia del Estado de derecho para hacer espionaje interno y para promover persecuciones criminales es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible”, sostuvo Fernández.

Finalmente, resaltó que “ante la gravedad de los hechos y la existencia de indicios graves, precisos y concordantes que dan cuenta de un presunto método ilegal de persecución, la Justicia debe investigar sin demoras y dirimir las distintas responsabilidades de autores y cómplices en estos hechos”.

“Macri sabía que era usuario de hechos delictivos”, aseguró Moreau

El legislador oficialista se refirió a la citación a indagatoria al exmandatario en la causa por espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan.

El diputado nacional y presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Servicios de Inteligencia Leopoldo Moreau (FdT – Buenos Aires) habló sobre la citación al expresidente Mauricio Macri en la causa que se lo acusa por espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan y afirmó que “es probable que se niegue a declarar”.

En diálogo por FM La Patriada, Moreau aseguró: “Uno aspira a que el expresidente en este acto de ejercicio de su defensa responda las preguntas del juez y el fiscal sobre su responsabilidad en la práctica de este delito aberrante de espiar familiares de submarinistas que estaban enterrados a 200 metros al fondo del mar, pero es probable que se niegue a declarar o lo haga por escrito”.

Nadie niega que hubo espionaje, no lo discute ni el macrismo, el juez tiene en su poder elementos documentales como seguimientos, fotografías de familiares, capturas de pantalla”, manifestó y comparó que esas tareas de infiltración son “como llevaba Astíz en el Gobierno militar”.

En ese sentido sumó: “El propio Macri tampoco lo niega. Cuando él iba a Mar del Plata a jugar al golf efectivamente redoblaban las tareas de espionaje”. “El espionaje de ninguna manera está justificado. Se desarrolló desde diciembre 2017 a diciembre 2018 y en cualquier circunstancia, infiltraban gente en las misas de los familiares, sacaban fotos y no tiene nada que ver con las visitas presidenciales”, sostuvo el diputado del FdT.

“El presidente es responsable de manera directa del sistema nacional de inteligencia, no hay intermediarios. Hay una responsabilidad subjetiva porque era usuario de informes de inteligencia ilegal y por lo tanto él sabía que era usuario de hechos delictivos“, subrayó Moreau.

Sobre la marcha a favor de Macri, cuestionó que “es una bofetada a los familiares. Todo hecho de espionaje o te extorsión política de los tantos que hizo el macrismo, tiene una característica aberrante porque revictimiza a quienes están en una situación de dolor profunda”.

Finalmente, sobre el aniversario del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner precisó: “Representó la oportunidad de hacer lo que no habían hecho gobiernos anteriores al desendeudamiento e la Argentina, mejor redistribución del ingreso, nacionalización de AFJP, políticas en materia de derechos humanos”.

Apoyo de jefes parlamentarios de JxC a Macri

Mario Negri expresó su “honda preocupación” por la actitud del juez Bava, cuyo llamado a indagatoria vinculó con el kirchnerismo. Ritondo irá a Dolores.

El expresidente Mauricio Macri se presentará este jueves ante el juez Martín Bava en el juzgado federal de Dolores, para declarar como acusado de haber promovido un espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan. Debe presentarse a partir de las 12, luego de que este miércoles fuera ratificado al frente de la investigación por la Cámara Federal de Mar del Plata.

En ese marco el presidente del interbloque Juntos por el Cambio de la Cámara baja, Mario Negri, se solidarizó con el exmandatario, al reiterar su apoyo a Macri y expresar su “honda preocupación por la actuación de un juez que se está prestando a satisfacer los deseos del kirchnerismo”.

El diputado cordobés emitió un comunicado en el que advirtió que quienes se rasgan las vestiduras denunciando ‘lawfare’ ahora impulsan desde el poder el llamado a indagatoria de Mauricio Macri. El cual tiene como único fin lograr una foto perjudicial para el principal espacio opositor a pocos días de las elecciones. Es todo demasiado obvio pero no deja de ser extremadamente preocupante”.

Asimismo sostuvo que “el juez Bava se ha prestado a satisfacer los deseos del kirchnerismo. Esta convocatoria al expresidente Macri no está debidamente justificada. No obstante lo irregular de la situación y la aviesa intencionalidad que hay detrás, el expresidente Macri responderá este jueves 28 de octubre ante la Justicia”.

“Expreso mi solidaridad con el expresidente”, concluye diciendo Negri.

Por su parte, el presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo, anticipó que este jueves irá a Dolores junto a otros legisladores como señal de apoyo a Macri. Lo dijo el martes a un grupo de periodistas en el Congreso, aclarando que “no voy a presionar a ningún juez, ni a la justicia”.

La oposición denunció a la interventora de la AFI

Es por haber revelado secretos políticos y militares, en el marco de una causa por espionaje ilegal. La denuncia se hace extensiva al juez y los fiscales de la misma.

El diputado nacional Jorge Enríquez y un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio presentaron una denuncia contra la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, el juez Juan Pablo Auge, la fiscal Cecilia Incardona y el fiscal Santiago Eyherabide por revelar secretos políticos y militares (arts. 22 y 223 del Código Penal).

Es porque Caamaño envió al juzgado información secreta y clasificada que involucra la actividad de espías en el país y en el exterior con identificación de las personas involucradas, en el marco de la megacausa de espionaje ilegal.

Por principio, toda información o documentación que pudiera afectar las actividades de inteligencia debe ser secreta y, aun cuando fuera clasificada como pública, no debe trascender el ámbito oficial, por lo que cualquier documentación perteneciente a la AFI debe necesariamente contar con un acto de desclasificación dispuesto por el presidente de la Nación (art. 16) o el funcionario en quien se haya delegado tal facultad (director General de la AFI, conforme art. 11 Decreto 950/02), u orden judicial, fundamentan al impulsar la denuncia.

Lea también: Diputados del Pro realizaron una denuncia por la filtración de datos personales de Macri

“La doctora Caamaño no tiene facultades para desclasificar información, porque no le fueron delegadas por el presidente de la Nación, y sin embargo envió al juzgado copias sin testar del libro de registros en el que se transcribieron todas las resoluciones de la AFI durante tres años y medio, es decir, el lugar donde se asientan los actos de mayor trascendencia del organismo”, expresa la presentación.

Para Enríquez, “se trata de un hecho de una gravedad inusitada. Los agentes mencionados y sus familias han sido expuestos a potenciales represalias y silenciamientos en forma totalmente deliberada, injustificada e irresponsable”.

Además del diputado del Pro, acompañan la denuncia Waldo Wolff, Fernando Iglesias y Álvaro de Lamadrid.

Buscan repudiar el espionaje a estudiantes y La Cámpora en Moreno

Los legisladores del FdT presentaron en la Legislatura porteña un proyecto para rechazar las escuchas que habría realizado la AFI durante la gestión de Gustavo Arribas.

La diputada Lucía Cámpora (FdT) junto a sus compañeros de bloque impulsaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración, a través del cual buscará expresar su “más enérgico repudio” al espionaje ilegal que habría llevado adelante la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) -durante el la gestión de Gustavo Arribas- contra referentes del Frente de Estudiantes Secundarios y La Cámpora del partido de Moreno, conforme surge de la causa tramitada ante el Juzgado Federal de Dolores.

En los fundamentos de la medida, la legisladora recordó que “el 6 de octubre, en  los procesamientos dictados por el juez Alejo Ramos Padilla contra Pablo Gonzalo Pinamonti -responsable de las ‘Bases Amba’ de la AFI- y Ricardo Oscar Bogoliuk -delegado y responsable de la Base Ezeiza– se reveló que los servicios de inteligencia durante el Gobierno de Mauricio Macri también espiaron a jóvenes menores de edad y estudiantes secundarios”.

Asimismo destacó un artículo de Página 12 en el que se sostenía que “desde el juzgado federal de Dolores informaron que encontraron documentos e informes de inteligencia que dan cuenta de la utilización de las denominadas ‘Bases AMBA’ de la AFI para llevar adelante espionaje político de manera ilegal”.

“Entre abril y diciembre de 2017, además de espiar a dirigentes políticos, unidades básicas, comités, centros comunitarios, partidos políticos y comedores, la AFI se encargó de espiar a frentes y espacios estudiantiles”, aseveró e insistió en que “el informe de Ramos Padilla revela que las Bases AMBA habían recolectado información del Frente de Estudiantes Secundarios de La Cámpora Moreno, un espacio integrado por cerca de 40 estudiantes de distintas escuelas de entre 16 a 18 años, identificando a su referente Clara Truncellito, quien por entonces tenía 16”.

Al mismo tiempo que concluyó señalando que “este tipo de hechos ilegales, que nuevamente exponen el ensañamiento con la juventud que participa en la política tiene que ser repudiado por todas las fuerzas políticas para exponer este tipo de acciones y trabajar conjuntamente para que no sucedan nunca más”. El texto también lleva la firma de Javier Andrade, Matías Barroetaveña, María Bielli, Ofelia Fernández, Victoria Montenegro, Claudio Morresi, Claudia Neira, Lorena Pokoik y Laura Velasco (FdT) y se intentó aprobar sobre tablas en la última sesión ordinaria, pero el oficialismo porteño lo rechazó y se postergó su debate.

Beneplácito de Moreau con ADEPA

Celebró que esa asociación y la Academia Nacional de Periodismo reclamaran el esclarecimiento de los supuestos casos de espionaje a periodistas como Alconada Mon.

El presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, diputado Leopoldo Moreau, manifestó su beneplácito por las declaraciones de ADEPA y la Academia Nacional de Periodismo que reclaman el esclarecimiento sobre maniobras de inteligencia que tuvieron como víctimas a los periodistas Hugo  Alconada Mon y Rodis Recalt. 

“Junto a ellos, habría que agregar -añadió el legislador- un número más amplio de trabajadores de prensa que fueron objeto de la persecución que, a través del espionaje del aparato ilegal más grande de la historia democrática de la Argentina, se ejercitó desde el Gobierno entre 2016 al 2019”.

Finalmente Moreau adelantó que “en los próximos días se convocará a ADEPA y a la Academia Nacional de Periodismo, como así también a entidades sindicales representativas de los trabajadores de prensa y a otras asociaciones, para ponerlos en conocimiento de la información que obra en el ámbito de la Comisión Bicameral de Inteligencia respecto a las maniobras ilícitas que tuvieron como víctimas a periodistas de diversos medios”. 

Valdés propone destruir por ley las escuchas que no prueben delito

Presentó un proyecto de modificación del Código Penal para que jueces y fiscales disponan la inmediata destrucción de las conversaciones interceptadas sin relevancia.

El diputado nacional oficialista Eduardo Valdés presentó proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal y obligar la destrucción de las escuchas de conversaciones privadas, realizadas en el marco de investigaciones judiciales, que no contengan elementos concretos y explícitos de prueba.

Además, la iniciativa dispone que en esos casos no debe quedar back up ni almacenamiento alguno del material.

El proyecto presentado por el legislador, integrante del bloque Frente de Todos, establece que jueces y fiscales deberán ordenar la inmediata destrucción de las conversaciones interceptadas sin relevancia penal ni vinculación con el delito investigado, sin posibilidad de dejar copias ni registro alguno. “Queremos impedir que se repitan filtraciones de conversaciones privadas que no prueban ningún delito, que luego son difundidas por medios de comunicación con el sólo fin de extorsionar o dañar la imagen pública de determinados referentes políticos, sindicales y empresariales. Es un golpe directo al corazón de cloaca de la democracia”, señaló el diputado.

La iniciativa busca poner a resguardo la privacidad de todos los ciudadanos, un derecho que tiene jerarquía constitucional, y que, sostuvo, “es sistemáticamente violentado por la grabación y difusión de conversaciones sucedidas en la intimidad”.

Según señaló Valdés, “el objetivo es cortar uno de los eslabones principales de la cadena del lawfare, que es el espionaje y filtración de comunicaciones con fines políticos”, y agregó: “la difusión de conversaciones privadas sin relevancia judicial pero con alto impacto mediático es una herramienta central para quienes buscan socavar los pilares del sistema republicano y democrático de gobierno”.

De aprobarse el proyecto de Valdés, que ya fue presentado y rápidamente obtuvo el acompañamiento de pares como Graciela Camaño, Rosana Bertone, y Nicolás Rodríguez Saá, entre otros, los medios de comunicación ya no podrán difundir escuchas de estas características invocando su legalidad bajo el amparo de haber sido ordenadas por un juez. “El viejo Código Procesal Penal Nacional, aún vigente, y en menor medida, en el nuevo Código Procesal Penal Federal, guardan silencio respecto del tratamiento que se le debe dar al contenido derivado de las escuchas pedidas por el Poder Judicial o el Ministerio Público Fiscal. Con esta iniciativa buscamos cerrar uno de los resquicios que posibilitan la vulneración del derecho a la intimidad. La cloaca es transversal y nos hace daño a todos y todas como sociedad democrática”, concluyó el diputado.

El jefe de Gabinete calificó como “exitosa” la intervención de la AFI

Además, ratificó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para “normalizar” la Agencia Federal de Inteligencia.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, calificó como “exitosa” la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y ratificó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para “normalizar” ese organismo.

Lo dijo ante una pregunta del senador Oscar Parrilli (Frente de Todos), acerca de “cuáles son los lineamientos que tiene pensado el Gobierno para poner a los servicios de Inteligencia en dirección de resguardar al Estado y que tengan pautas democráticas”.

Cafiero indicó que “hace falta una reforma de la normativa vigente” y por eso se propondrán cambios a la ley actual.

“Hasta acá la intervención ha sido exitosa porque ha podido transparentar recursos, blanquear estructuras, y la AFI se ha puesto a funcionar dentro de un marco democrático y normativo”, destacó.

Sobre el espionaje ilegal denunciado por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, Cafiero le respondió a Parrilli: “El presidente (Alberto Fernández) lo llama ‘sótanos de la democracia’, usted lo llama ‘cloaca de la democracia’, y yo no tengo más que coincidir con ambos”.

Tenemos que ser el gobierno que diga ‘nunca más’ a este tipo de prácticas donde se inventan causas mediáticas y se persigue a opositores propios y ajenos”, afirmó el jefe de Gabinete.

Weretilneck se presentó como querellante en la causa por espionaje ilegal

El senador pidió que también se investigue el delito de peculado. “Acá hubo una decisión política, no fue una decisión personal a espaldas del presidente”, sostuvo.

El senador nacional de Juntos Somos Río Negro Alberto Weretilneck se presentó como querellante en la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal que realizó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno del presidente Mauricio Macri contra dirigentes políticos, empresarios, y periodistas.

Con el patrocinio de los abogados Mariano Cúneo Libarona y Damián Torres, Weretilneck amplió la denuncia para que se investigue el presunto delito de peculado, ya que se habría utilizado un servicio del Estado Nacional para fines personales. La presentación se concretó este martes en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 8 de Buenos Aires.

“Tomamos conocimiento de lo ocurrido a partir de los medios de comunicación y luego por la denuncia formal. Ahora esperamos la aceptación de la Justicia como querellantes. Nosotros solicitamos que se investiguen dos presuntos delitos: la intercepción de correspondencia privada, invasión a la privacidad, e incorporamos el peculado, porque utilizaron los bienes públicos en beneficio de particulares o sin marco jurídico legal. Por eso ampliamos la denuncia”, explicó el exgobernador rionegrino.

Consultado por el canal C5N sobre el motivo del espionaje, Weretilneck afirmó: “No sé exactamente qué estaban buscando. Cuando abran el disco rígido y se conozca la fecha y la temática, podremos saber qué estaban buscando. Sinceramente sólo tengo sospechas, pero supongo que si tomaron la decisión de leer mis correos electrónicos, también habrán estado siguiendo mis movimientos y mi teléfono. Hay que esperar que avance la investigación”.

Acá hubo una decisión política, no fue una decisión personal a espaldas del presidente. Uno puede tener decisiones autónomas como funcionario, pero una decisión de estas características, no se toma en soledad. Son temas muy profundos, pero acá se montó todo un sistema ilegal, es una forma de llevar adelante el poder. Lo más grave de todo esto no es la utilización de los bienes públicos, sino el por qué. Hay que ver si espiaron para sacar ventajas electorales, comerciales o el día de mañana perjudicar a una persona”, concluyó.

Desde el Frente de todos piden interpelar al jefe de Gabinete de Larreta

El bloque del Frente de Todos de la Legislatura porteña pidió la interpelación de Felipe Miguel, en una sesión especial para el próximo viernes a las 10 de la mañana.

A través de un proyecto de resolución, los diputados del Frente de Todos solicitaron al vicejefe de Gobierno y presidente de la Legislatura, Diego Santilli, que el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, informe sobre la reubicación de “efectivos dependientes de la Policía de la Ciudad en los servicios de inteligencia” de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en 2019.

La citación de Miguel tiene como objetivo “esclarecer los fines específicos del procedimiento y el entramado de responsabilidades” respecto del traspaso “documentado” de cinco efectivos de la Policía de la Ciudad a la AFI.

“Repudiamos la utilización de miembros de la Policía de la Ciudad para tareas de inteligencia realizadas en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), tal como ha quedado demostrado mediante una enorme cantidad de pruebas judiciales y convoca al jefe de Gabinete, Felipe Miguel, a la Legislatura”, indican los legisladores y legisladoras del Frente de Todos.

Y agregan: “Esas pruebas evidencian el accionar conjunto por parte de miembros de la Policía porteña y narcotraficantes, barrabravas y servicios de inteligencia. Una verdadera estructura estatal y paraestatal montada para espiar y perseguir a políticos opositores al gobierno de Macri. El grado de sincronización entre los miembros de este grupo, sumado a sus habituales visitas a la Casa Rosada, evidencia la gravedad de los hechos que se investigan. Asimismo, el grupo fue utilizado en varias oportunidades para hacer tareas de persecución política contra referentes y dirigentes del Frente de Todos”.

Vale recordar, que en noviembre de 2019, la legisladora Victoria Montenegro instó a Felipe Miguel a que explicara por qué aparecían cinco miembros de la Policía de la Ciudad revistando para la AFI, según la Orden del Día de esa fuerza con fecha 15 de noviembre, firmado por el jefe de la Policía, Gustavo Berard.

Sin embargo, Felipe Miguel desestimó la pregunta por las reubicaciones de policías de la Ciudad y señaló que esos agentes habían terminado su actuación y se habían limitado a tareas de custodia ordenadas por el Poder Judicial, lo que para la oposición porteña “era falso, tal como ha quedado corroborado en las actuaciones judiciales”.

Por su parte, el abogado de Cristina Fernández Kirchner, Carlos Beraldi denunció públicamente que miembros de ese grupo participaron de la causa Hotesur, en donde la vicepresidenta terminó procesada al igual que sus hijos Máximo y Florencia.

Camaño será querellante en la causa del espionaje

Es una de las que figuran en la lista de presuntos espiados, igual que su propia secretaria. “Parecería que el espionaje era su hobby”, dijo del expresidente Macri.

La diputada nacional Graciela Camaño cargó contra el Gobierno de Cambiemos por el escándalo del espionaje que está siendo investigado y anticipó que será querellante en la causa que lleva adelante el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, por haber sido una de las presuntas víctimas.

“Parece que el Gobierno anterior ha sido bastante afecto a la persecución telefónica de correos electrónicos, de hecho he sido víctima de eso”, señaló, agregando que incluso su secretaria aparece como una de las presuntas espiadas.

“El escándalo del espionaje del Gobierno de Macri parece ser que es un delito menor. Un presidente que asumió procesado por espionaje y que en su despedida, palmariamente nos demuestra que parece ser que (el espionaje) era su hobby… Esto es un delito aberrante: espiar con el aparato del Estado a sus opositores -aunque este señor se tomaba el lujo de espiar a sus propios colegas-, habla de sus inseguridades… Porque habría que hacer un análisis psicológico de esta profusión del ingeniero Macri por andar espiando todo”.

Entrevistada por radio Mitre, Camaño señaló que se presentará como querellante en esa causa “porque este delito del espionaje del Estado hacia los ciudadanos, sean quienes sean los ciudadanos, está terminantemente prohibido por las leyes de seguridad”.

“Yo creo que no se toma dimensión de lo que significa el espionaje”, agregó, enfatizando que también su secretaria aparece en la lista de los correos electrónicos espiados. En ese sentido remarcó que su secretaria “no tiene absolutamente nada que ver con la política”, y riendo agregó que “es una anarquista desde que tenía 18 años y para mí es como si fuera mi hija, y le resulta increíble verse en una lista que es publicada, donde está su nombre y apellido, porque su correo electrónico era leído por el servicio de espionaje del país”.

La Bicameral de Inteligencia pedirá a la AFI que amplíe la denuncia sobre espionaje ilegal

La comisión que preside Leopoldo Moreau recibió la denuncia hecha por la interventora del organismo. Además, se constituyó una sub-comisión que analizará otra denuncia hecha por un exfuncionario del Ministerio de Defensa.

Con la mayoría de sus miembros en forma presencial, la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control y Organismos y Actividades de Inteligencia se reunió este miércoles y recibió la denuncia formulada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, sobre supuesto espionaje ilegal a dirigentes, legisladores, sindicalistas y periodistas durante la gestión de Mauricio Macri.

La comisión presidida por el diputado Leopoldo Moreau (Frente de Todos) acordó requerir a la AFI que amplíe información sobre la denuncia, conocida a seis meses de intervención del organismo, donde se acusa a la conducción de Gustavo Arribas de interceptar unos 80 correos electrónicos sin orden judicial.

De los catorce integrantes, once participaron de la reunión en el Salón Delia Parodi, entre ellos Moreau, los diputados Rodolfo Tailhade, Blanca Osuna (Frente de Todos) y José Cano (UCR), y los senadores Oscar Parilli y Gerardo Montenegro (Frente de Todos). Solo tres se conectaron por videoconferencia, con los recaudos de seguridad necesarios por tratarse de una reunión reservada.

En conferencia de prensa en el Salón de Pasos Perdidos, Moreau aclaró que “todavía no se abrió una investigación específica” de la bicameral sobre la denuncia de Caamaño, sino que se solicitó a la AFI “una ampliación de información” para dilucidar “el procedimiento por el cual se llegaron a constatar estas pinchaduras sobre correos electrónicos” y “cómo transitó la cadena de responsabilidades”.

“Hicimos hincapié en el hecho de que además de las figuras públicas, hay algunos nombres y apellidos que no tienen la misma notoriedad, pero son militantes o dirigentes de fuerzas políticas, que es lo que más nos preocupa, porque quiere decir que no solamente se avanza sobre personas, sino también sobre organizaciones políticas, algo que está muy expresamente prohibido por la Ley de Inteligencia”, explicó el titular de la bicameral.

Consultado sobre el papel de Mauricio Macri, sostuvo que “esa es una cuestión que debe dirimirse en sede judicial” y aclaró que el expresidente “tiene un requerimiento para ser indagado” en la causa llevada adelante por el fiscal Jorge Di Lello e instruida por el juez Marcelo Martínez De Giorgi.

Ritondo desligó a Macri de la denuncia hecha por la interventora de la AFI

El jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, salió en defensa de Macri. “Confío en la investigación judicial, pero descarto que por alguna orden política haya habido un trabajo de estas características”, dijo a la prensa, y consideró que “tiene que haber pruebas mucho más concretas” para comprobar los hechos, por lo cual “se han requerido peritos”.

“Este es un cuento de nunca acabar, es algo recurrente en los servicios de Inteligencia. En cualquier gobierno donde se viole la Ley de Inteligencia contra cualquier persona, eso es violar el sistema democrático. La AFI debe garantizar la ley, tiene extremadamente prohibido hacer inteligencia sobre partidos políticos”, remarcó Ritondo.

La oficialista Osuna, otra de las integrantes de la bicameral -que viajó desde Entre Ríos para asistir a la reunión- condenó “el accionar ilegal de la AFI, que fue convalidado en el gobierno de Macri y que se caracterizó por el descontrol, el espionaje político y las extorsiones, sumados a escuchas a favor de los negocios privados de personajes del círculo afín al gobierno”.

“La ilegalidad de la actuación del organismo mientras estuvo en manos de Arribas y Macri es de un nivel de gravedad institucional que nos moviliza a actuar con urgencia, ya que este funcionamiento afecta la democracia”, aseveró, y concluyó: “Seguiremos con expectativa el proceso que se abre con la denuncia efectuada por Caamaño”.

La denuncia de Vila

Por otra parte, dentro de la bicameral se constituyó una sub-comisión que analizará otra acusación, formulada por el exsubsecretario de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa, José Luis Vila, quien “denunció que fue objeto de intimidaciones y amenazas, al colocarle una bomba en la puerta del edificio donde habitaba”, reveló Moreau.

La semana pasada, Vila brindó detalles del supuesto atentado a los diputados Moreau, Ritondo, Eduardo Valdés (Frente de Todos) y Sebastián García De Luca (Pro). “Jueces que están interviniendo nos enviaron oficios que nos dieron indicios y certezas de que hay agentes de Inteligencia que llevaron adelante acciones violatorias de la ley”, advirtió el presidente de la comisión.

Además, aclaró que Vila “no es un arrepentido; es una víctima de una campaña de intimidación y persecución”. “Aparentemente, un grupo de narcotraficantes habría actuado en consonancia con un agente de la AFI, que a su vez dice haber recibido órdenes superiores, en esta actividad de intimidación y amenazas”, indicó Moreau.

Según trascendió, desde la sub-comisión se citará para los próximos días al periodista Carlos Pagni, quien fue mencionado por Vila en su declaración.

Cleri confirmó que se presentará como querellante en la causa a partir de la denuncia de la AFI

El diputado del Frente de Todos, quien habría sido víctima de espionaje ilegal durante el gobierno anterior, sostuvo que lo hará para “garantizar” que la investigación “avance”.

El diputado nacional Marcos Cleri (Frente de Todos) confirmó este miércoles que se presentará como querellante en la causa a partir de la denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), sobre presunto espionaje ilegal a políticos, periodistas y dirigentes durante el gobierno de Mauricio Macri.

El legislador reveló que se enteró por el llamado de un periodista y, luego, confirmó con Cristina Caamaño que formaba parte de una lista de personas a las que “se les hacía un seguimiento a través de correos electrónicos personales y el teléfono”.

Según indicó el santafesino, los agentes de la AFI guardaban la información en un disco y “evidentemente quisieron hacer un borrado de ese material y no lo hicieron de manera correcta, dejando el material dentro de la AFI”.

“Si uno tiene el correo personal dentro del dispositivo personal o en la computadora, inmediatamente desde ahí puden acceder a lo todo lo que uno tiene: conversaciones, fotos, ubicación”, señaló el oficialista en declaraciones a radio La Red.

Cleri aseguró que habló con otras presuntas víctimas de este espionaje y se presentarán como querellantes de modo de darle “impulso al proceso de investigación, porque se trata de garantizar que esto avance”.

Además, coincidió con lo planteado por la AFI en su denuncia en relación a que “deben dar sus explicaciones al respecto el expresidente (Mauricio) Macri; los exfuncionarios de la AFI (Gustavo) Arribas y (Silvia) Majdalani; y los dos trabajadores que se longueaban para ingresar y extraer información”.

Escándalo por un DNU de Macri: la oposición se retiró a los gritos de una reunión virtual

Se trata del decreto que traspasó las escuchas telefónicas a la Corte Suprema. Juntos por el Cambio advirtió que ya se había dictaminado, pero el oficialismo prosiguió con el tratamiento.

Por Carolina Ramos

Tras dos semanas donde predominó la armonía, oficialismo y oposición se volvieron a sacar chispas este martes en reuniones virtuales. Tras los fuertes cruces en la Bicameral de la Deuda Externa, Juntos por el Cambio se retiró de otra comisión, la de Trámite Legislativo, en medio de gritos y acusaciones cruzadas. El motivo: el DNU  de Mauricio Macri que traspasó las escuchas telefónicas a la Corte Suprema.

El presidente de la bicameral, Marcos Cleri, había convocado a tratar siete decretos, entre ellos el 256/15, que transfirió el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones de la órbita de la Procuración General -entonces encabezada por Alejandra Gils Carbó- al máximo tribunal.

El debate tenía un condimento extra: la denuncia por parte de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, acerca del espionaje ilegal cometido durante la gestión de Cambiemos contra dirigentes y legisladores -algunos, del propio oficialismo de aquel entonces-, además de sindicalistas y periodistas.

La oposición se desconectó de la reunión virtual (Foto: Comunicación Senado)

De entrada, el diputado Pablo Tonelli pidió retirar del temario ese decreto, junto con otro dictado por Macri, el 102/17, que puso a cargo del Poder Judicial la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, en cabeza de los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra.

Tonelli recordó que “ambos decretos ya fueron dictaminados por esta bicameral”, el primero el 16 de febrero de 2016 y el segundo, el 21 de marzo de 2017.

“¿Cuál sería el justificativo para volver a tratar esos decretos? Si el motivo fuera alegar la caducidad de los dictámenes, la caducidad no existe. Tanto el reglamento de Diputados como el del Senado, cuando hablan de la caducidad de los dictámenes, se refieren a las comisiones permanentes, pero no de las comisiones especiales o bicamerales”, explicó el legislador del Pro, y consideró que insistir en el debate de esos decretos sentaría “un pésimo precedente para del funcionamiento de la comisión”.

Desde el Salón Delia Parodi de la Cámara baja, Cleri respondió que “hay una situación de fondo: la oportunidad para senadores y diputados de fijar nuevamente una posición sobre los DNU”. Recordó que en aquel entonces el peronismo/kirchnerismo rechazó el decreto de las escuchas telefónicas porque tratándose de un tema penal, “es materia vedada” por la Constitución Nacional.

Pero además, señaló: “Hay hechos que se van sumando, como la denuncia penal de Inteligencia sobre 80 personalidades y ciudadanos. Uno de ellos es mi persona”. En efecto, Cleri fue una de las víctimas junto a otros legisladores como Mario Negri, Nicolás Massot, Gabriela Cerruti y Rodolfo Tailhade, entre otros.

Cleri fue uno de los espiados por la AFI, según la denuncia (Foto: Comunicación Senado)

La discusión empezó a levantar temperatura. “Con este criterio, para que algunos legisladores que se incorporan puedan dictaminar, vamos a terminar haciendo un revisionismo. Esto no funciona así”, advirtió el senador Luis Naidenoff, que opinó, junto al diputado Omar De Marchi, que esos decretos ya superaron la instancia de la bicameral y deben pasar a los recintos.

Intervino entonces la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien consideró “oportuno” el tratamiento del DNU porque “más allá de nuestras pertenencias partidarias, tenemos un bien muy superior que cuidar, que es la institucionalidad. Los reglamentos son excusas para no tratar el fondo de la cuestión, que es devolver normalidad a las instituciones”.

“La Justicia, la Procuración General de la Nación y la propia AFI deben ser las que se encarguen de cuidar a los ciudadanos y no filtrar sus teléfonos, sus mails y conversaciones personales con el único fin de divulgar esas conversaciones”, aseveró la vicejefa del bloque oficialista, mientras los legisladores de la oposición amagaban con desconectarse de la reunión.

“¡Quizá esto sea para dárselo nuevamente a Daniel Rafecas!”, sugirió un enojado De Marchi, levantando el tono para pedirle la palabra a Cleri. “¿Por qué me silencia? ¡Si no me quiere dar la palabra, nos retiramos y se acabó!”, lanzó el mendocino. Fernández Sagasti se interpuso: “¡¿Es una barricada esto?! Uno no puede imponerse en el uso de la palabra violando todas las reglas de buenas costumbres”.

Uno a uno, los representantes de Juntos por el Cambio se retiraron de la videoconferencia y dejaron al oficialismo debatiendo los decretos en soledad. “La oposición, en vez de irse, debería haber votado su propio dictamen”, comentó el senador Pablo González, cuando ya no lo oían.

“Una deuda con la institucionalidad”

Ante la tropa propia, Fernández Sagasti se encargó de criticar el DNU de la polémica y sostuvo que con su rechazo se busca “saldar una deuda con la institucionalidad de nuestro país”.

La mendocina recordó que cuando se dio el debate, en febrero de 2016, ya sostenían que “el objetivo del macrismo, con un DNU adornado de legalidad pero totalmente ilegal y contrario a la Constitución y al proceso penal, era pasarle a la Corte las escuchas, y ésta, mediante una acordada, designar a jueces que eran orientados por la mesa judicial del macrismo”.

Según Fernández Sagasti, después del dictado del DNU, “la Corte actuó en línea con el presidente Macri y dictó una acordada para que el juez Irurzun se hiciera cargo de las escuchas”. “Supuestamente esa designación se hizo a través de un sorteo, pero dos días antes del sorteo los diarios Clarín y La Nación sabían que el sorteado iba a ser Irurzun”, denunció.

La senadora mencionó entonces las “filtraciones de conversaciones de quienes pensaban distinto al gobierno de Macri” y alertó que “un dispositivo que tiene que ser orientado a prevenir delitos complejos fue direccionado para perseguir sistemáticamente a la oposición de ese momento e instalar el lawfare en Argentina”.

En ese contexto, señaló que no solo “el sistema de escuchas es materia penal vedada por la Constitución”, sino que también se violó la garantía del debido proceso, porque las escuchan “estaban en manos de quienes debían garantizar la privacidad de los argentinos”. “La misma Corte era la que intervenía esos teléfonos”, insistió, y finalizó: “Vamos a poner en su lugar aquello que nunca debió haber salido de la legalidad”.

Los decretos avalados y rechazados

En soledad, el Frente de Todos firmó dictamen de validez sobre cinco decretos del temario, y los dos restantes, firmados durante el macrismo, fueron declarados inválidos. Cleri anunció que todos se tratarán en la próxima sesión del Senado.

A continuación, el listado completo:

DNU 487/2020 (avalado). Prorroga la prohibición de efectuar despidos.

Decreto delegado 488/2020 (avalado). Petróleo crudo en el mercado local. Establece precio para facturación de entregas.

DNU 256/2015 (rechazado). Transfiere el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) dependiente de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la Procuración General de la Nación a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

DNU 102/2017 (rechazado). Modifica el decreto 256/15, estableciendo que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación estará a cargo de dos Jueces penales con rango de Juez de Cámara.

DNU 52/2019 (avalado). Dispone la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por el plazo de 180 días prorrogables.

Decretos 391/2020 y 404/2020 (avalados). Reestructuración de títulos públicos emitidos bajo ley extranjera.