Piden informes sobre designaciones en el Estado realizadas los últimos días

La diputada Karina Bachey presentó un proyecto en el que pide conocer lo realizado en esa materia en los últimos días, alertando sobre numerosos nombramientos en la plantilla del Estado nacional.

Un pedido de informes fue presentado por la diputada nacional Karina Bachey sobre las designaciones de personal que se han realizado en los últimos días en el ámbito de la administración pública, como así también instar al Poder Ejecutivo a evitar cualquier tipo de nuevo nombramiento que pueda dificultar a la nueva gestión que asuma a partir del 10 de diciembre.

Acompañada por sus pares María Eugenia Vidal, Alejandro Finocchiaro y Alberto Asseff, Bachey indaga puntualmente sobre las designaciones de personal realizadas luego del 19 de noviembre de 2023, y recuerda que “casualmente”, luego de que el actual oficialismo perdiera las elecciones, en el Boletín Oficial se publicó “una enorme cantidad” de nuevos nombramientos y designaciones.

Las mismas tuvieron lugar en la Superintendencia de Servicios de Salud; el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos; la Oficina Anticorrupción; el Ministerio de Desarrollo Social y la cartera de Interior.

Cuenta además la iniciativa que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, encabezado por Ayelén Mazzina Guiñazú, también ha sumado 20 empleados permanentes este 22 de noviembre.

“Este fenómeno de incrementar la nómina de empleados de planta permanente en entidades gubernamentales no es exclusivo del Ministerio de la Mujer. El Tribunal de Tasaciones de la Nación, a través de la resolución 414/2023 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, también ha realizado nuevas designaciones. En este caso a un asistente de Administración y Gestión de Personal y a un asistente de Atención al Público, a menos de un mes del cambio de administración en el Gobierno Nacional”, agrega, advirtiendo que “es fundamental que el Poder Ejecutivo brinde explicaciones acerca de la gran cantidad de designaciones y nombramientos que se vienen realizando en los últimos días”.

Tavela propone que el Gobierno deje de usar tecnicismos y palabras en latín en sus publicaciones

A través de un proyecto, la diputada de JxC sostuvo que “es responsabilidad de todos los poderes del Estado garantizar la comprensión de sus acciones y normas, facilitando así el cumplimiento de su deber de informar de manera efectiva y equitativa”.

La diputada nacional Danya Tavela (Evolución Radical) presentó un proyecto para modificar la ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública e incorporar “el lenguaje claro” entre los principios rectores enumerados en la norma para garantizar el efectivo ejercicio del mismo, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.

Esta iniciativa tiene como objetivo implementar y desarrollar el lenguaje claro en las expresiones de los poderes del Estado sin utilizar términos en latín o tecnicismos.

“Estructuramos la propuesta en la redacción de una ley específica, que aborde de manera detallada la implementación del lenguaje claro”, indicó Tavela. Además, sostuvo que “esta ley es importante para que los ciudadanos puedan conocer sus derechos y obligaciones de forma clara, transparente y accesible. De esta manera todos van a poder participar de forma efectiva en la vida democrática de la sociedad”.

Del mismo modo, amplió que “es responsabilidad de todos los poderes del Estado garantizar la comprensión de sus acciones y normas, facilitando así el cumplimiento de su deber de informar de manera efectiva y equitativa”.

En tal sentido, Tavela agregó que “este método es el lenguaje claro o lectura fácil, y hay que entenderlo como el procedimiento que aplica un conjunto de pautas y recomendaciones relativas a la redacción de textos, al diseño y estructura de documentos, y a la validación de la comprensibilidad de éstos, destinado a hacer accesible la información, a toda la población y en especial a las personas con dificultades de comprensión lectora”.

Para la diputada de JxC, “los sujetos a quien va dirigida la norma son los organismos públicos de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), las empresas del gobierno nacional y las vinculadas por el motivo que sea”.

“Los beneficiarios son las personas a quiénes llega esa información, esa ley, ese documento, ese acto administrativo, esa sentencia, esa resolución, esa respuesta a una solicitud, que estará escrita de manera sencilla, sin términos en latín, tecnicismos o giros innecesarios que dificultan la comprensión del texto”, explicó Tavela.

Por último, Tavela expresó que “a través de este mecanismo, no sólo se garantiza el derecho de acceso a la información pública, es además un modo de inclusión de la población con discapacidad cognitiva, analfabeta o con bajos niveles de educación y personas de la tercera edad”.

Diputados rechazan la entrega de tierras de Parques Nacionales como “premio” a las usurpaciones

El proyecto del diputado Alberto Asseff cuestiona que el Estado Nacional “no puede realizar acuerdos con personas condenadas por usurpación”. Y agregó que “no puede interferir en el Poder Judicial y suspender un juicio”.

El diputado nacional Alberto Asseff (Pro) presentó un proyecto de declaración para rechazar el acuerdo efectuado entre el Estado Nacional y las comunidades mapuches, por el cual se habilita a que cuatro mujeres de la referida comunidad que fueron procesadas por el delito de usurpación y tiene orden de prisión domiciliaria “regresen a tomar un predio sobre la Ruta Nacional N.º 40, del que fueron desalojadas en el mes de octubre de 2022 luego de cinco años de usurpación”.

Acompañan con su firma la iniciativa los diputados Alfredo Schiavoni, Karina Bachey, Sofia Brambilla, Gabriela Lena, Soher El Sukaria, María Sotolano, Francisco Monti, Marilú Quiroz, Pablo Torello, Aníbal Tortoriello, Francisco Sánchez, Jorge Vara, Alejandro Finocchiaro, Mario Barletta y Lidia Ascarate.

El diputado recuerda que la usurpación tanto de lotes de Parque Nacionales como de propietarios privados legítimos “duro alrededor de 5 años durante los cuales, sus ocupantes, han actuado con violencia contra vecinos y la policía”.

“El Estado Nacional acuerda con las comunidades el regreso de las mismas a las tierras que fueron usurpadas, como si fuera un premio cometer un delito”, argumentó y agregó: “el Estado Nacional reconoció el “rewe” (totem espiritual) como sitio sagrado de la comunidad mapuche, cuando está construido en territorio ajeno. Y se comprometió a dar cesión de uso un predio de Parques Nacionales a la “machi” para que pueda ejercer sus pateras espirituales y medicinales para la comunidad mapuche”.

Asseff reiteró que “el Estado Nacional no puede avalar que se comenta ningún tipo de delito, de ninguna índole, no se puede premiar a quienes delinquen. Mucho menos, interferir en el Poder Judicial para suspender un juicio, como fue en este caso. Ni realizar acuerdos que permita que personas condenadas por usurpación con prisión domiciliaria, que tuvieron que ser desalojadas, vuelvan a tomar el mismo predio, avalas por el mismísimo Estado Nacional”.

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Tavela y Grosso presentaron un proyecto para la transferencia de inmuebles del Estado a favor de distintas universidades

La diputada de JxC sostuvo que “esta modificación legal facilitará la administración y gestión de dichos espacios y la posibilidad de realizar mejoras e inversiones”.

Los diputados nacionales Danya Tavela (Evolución Radical) y Leonardo Grosso (FdT) presentaron un proyecto de ley para posibilitar la transferencia de dominio sobre diversos inmuebles que pertenecen al Estado Nacional a favor de distintas universidades.

“La educación superior es central para el progreso y futuro de nuestro país. La adecuada gestión de las universidades nacionales públicas posibilita y mejora el acceso a ellas”, sostuvo Tavela y planteó: “Si bien en estos espacios ya están funcionando áreas de las UUNN, esta modificación legal facilitará la administración y gestión de dichos espacios y la posibilidad de realizar mejoras e inversiones”.

En esa línea, remarcó que “la educación es el principal motor de movilidad social ascendente de nuestro país. Tenemos que garantizar que los jóvenes puedan desarrollar sus habilidades en el mejor ambiente posible”.

Respecto del proyecto, establece en su artículo primero: “Transfiérase a título gratuito el dominio, los derechos y las acciones de los inmuebles pertenecientes al Estado Nacional, detallados en el Anexo 1 de la presente ley, en favor de las siguientes universidades nacionales: Universidad Nacional General San Martín, Universidad Nacional de Hurlingham, Universidad Nacional  de José Clemente Paz, Universidad Nacional  de La Patagonia Austral, Universidad Nacional de las Artes, Universidad Nacional de San Antonio de Areco, Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Universidad Nacional  de Litoral y Universidad Nacional del Noroeste”.

“La transferencia comprende a todas las edificaciones, instalaciones complementarias e inmuebles por accesión ubicados en los inmuebles objeto de la presente”, señala el artículo 2.

Además, manifiesta que la transferencia se efectúa con el cargo de que los beneficiarios destinen el inmueble a los fines educativos, sociales y para el desarrollo de las actividades sustantivas de cada universidad nacional.

A su vez, establece que el Poder Ejecutivo dentro de los 60 días de sancionada la presente ley adoptará las medidas pertinentes a los efectos de concluir los trámites necesarios para el otorgamiento de las respectivas escrituras traslativas de dominio, incluyendo la confección de planos de mesura y subdivisión de los inmuebles a ser transferidos.

“La escribanía general del Gobierno de la Nación procederá a realizar la escrituración y los trámites de inscripción necesarias para la implementación de la ley”, fija.

Piden explicaciones sobre la incorporación de más de 11 mil empleados en el Estado nacional

“No podemos permitir que el Estado siga engrosando sus filas en base a decisiones arbitrarias y oportunistas del Gobierno nacional”, plantean desde JxC.

Diputados de Juntos por el Cambio presentaron un pedido de informe para que el Ejecutivo nacional brinde explicaciones respecto a la decisión administrativa 1086/2022 mediante la cual se incorporaron y designaron cargos vacantes en la Administración Pública Nacional.

La iniciativa es impulsada por la diputada del Pro Sabrina Ajmechet, y plantea en los fundamentos que “la presión impositiva castiga fuertemente el desarrollo de empleo privado; no podemos permitir que el Estado siga engrosando sus filas en base a decisiones arbitrarias y oportunistas del Gobierno nacional”.

El diputado nacional Rogelio Frigerio adhirió al pedido de informes señalando que “una vez más la incoherencia del gobierno. Oficializaron el pase a planta permanente de 11.000 empleados cuando se habían comprometido a no hacerlo”, lanzó Frigerio y completó: “Todo esto mientras el país atraviesa una de sus peores crisis. Por eso, firmamos un pedido de informe para que expliquen el por qué”.

En tal sentido, el proyecto plantea que “Argentina debe aumentar el empleo privado de calidad y para ello es necesario que se recupere la confianza en un Estado que con algunas decisiones da señales de no comprender el presente”.

Por ello, es que los diputados de JxC creen necesario que “desde la Secretaría de Gestión y Empleo Público se informe a la Cámara los motivos por los cuáles mediante la Decisión Administrativa 1086/2022 se incorporan 11.172 cargos de planta permanente a la Administración Pública Nacional, engrosando enormemente sus nóminas”. “Además, se debe conocer de qué forma se llevará a cabo la selección de recursos humanos para cubrir esos nuevos cargos, buscando que sean ocupados por personal idóneo y capacitado para sus funciones. El Estado debe ser el lugar en el que trabajen los mejores capacitados técnicamente”, advierten.

El pedido de informes solicita que “se explique de qué manera se garantizará que los nuevos cargos creados por la Decisión Administrativa 1086/2022 sean ocupados por personal idóneo y de calidad; se aclare bajo qué parámetros y de qué manera se llevará a cabo el proceso de selección de forma transparente; y se determine cuáles son las necesidades de la Administración Pública Nacional para incorporar a su planta permanente 11.172 empleados”:

Asimismo, entre un total de 11 ítems, se plantea conocer “de qué manera la Decisión Administrativa 1086/2022 es congruente con la decisión del ministro de Economía, referida al “congelamiento de la planta del Estado” cuando en su Artículo 1° establece “designación de personal en la planta permanente en las distintas jurisdicciones y Entidades de la Administración Pública Nacional”.

Desde JxC proponen el congelamiento de los aumentos y las incorporaciones en el Estado

Diputados del Pro, encabezados por Cristian Ritondo, presentaron una iniciativa para que no haya contrataciones en el sector público hasta el 31 diciembre de 2023.

cristian ritondo

Los diputados nacionales Cristian Ritondo, Mercedes Joury y Hernán Lombardi (Pro) presentaron un proyecto de ley que impulsa el congelamiento de remuneraciones e incorporaciones en el Estado Nacional.

“En el marco de la actual crisis económica, la política debe dar un ejemplo contundente y hacer un aporte trascendente al ordenamiento de las cuentas fiscales ante el fracaso ostensible del cuarto gobierno kirchnerista”, afirmó Ritondo.

El presidente de la bancada Pro consideró que “es necesario demostrar que la clase política deja de estar distanciada de la agenda de la mayoría de los ciudadanos de a pie. Es una disparidad obscena la jubilación mínima de $37 mil pesos, que cae bajo la línea de pobreza, y el cobro de la vicepresidenta de la Nación, que cobra dos pensiones vitalicias mensuales y llega a ganar $4.100.000 pesos por mes”.

Por su parte, Lombardi explicó que “el objetivo es frenar el gasto y evitar que sigan incorporando militantes al sector público. Hay que limitar el daño que hace el Gobierno y cuidar a la gente que se empobrece día a día por una inflación descontrolada”.

“Los argentinos que trabajan en el sector privado vienen sufriendo a diario la crisis económica, la inflación, las dificultades para conseguir empleo o sostenerlo. La política tiene que dar el ejemplo, y hacerse cargo primero de los costos de esta catástrofe económica antes de seguir pidiéndole sacrificios solamente a los ciudadanos”, sostuvo Joury, y agregó: “Esperemos que el Gobierno acepte reducir los privilegios de la política y quiera discutir este proyecto en el Congreso”.

La iniciativa tiene como objetivo prohibir las designaciones y contrataciones de personal hasta el 31 de diciembre de 2023 con excepción de aquellas que sean necesarias para servicios esenciales, como fuerzas armadas y de seguridad, salud o educación, y en todos los casos deberá justificarse las razones de urgencia.

Además, el proyecto de ley propone el congelamiento de todas las remuneraciones, por todo concepto, por el término de un año del presidente y vicepresidenta, ministros, secretarios, directores, cargos jerárquicos de las empresas, sociedades y entes descentralizados del Estado, así como también las remuneraciones de los diputados, senadores y demás funcionarios políticos de ambas Cámaras del Congreso Nacional.

El texto incluye la invitación a adherir para las provincias y la Ciudad, de modo que puedan disponer el congelamiento de remuneraciones en sus jurisdicciones.

La propuesta fue acompañada por los legisladores del interbloque María Eugenia Vidal, Gerardo Milman, Gabriela Besana, Marilú Quiroz, Gabriel Chumpitaz, Dina Rezinovsky, Alberto Asseff, Karina Bachey, Rogelio Frigerio, Alejandro Finocchiaro y Rodrigo de Loredo.

Soledad Carrizo apuntó contra el Estado por los incendios forestales

La diputada radical expresó su preocupación a través de las redes sociales y precisó que “en lo que va del 2022 hubo más de 25 focos de incendios en 12 provincias”. En ese marco, señaló al Estado nacional porque “es indiferente ante esta problemática”.

Los incendios forestales continúan afectando varias provincias del país, respecto de lo cual se pronunció la diputada nacional Soledad Carrizo (UCR -Córdoba) en su cuenta de Twitter en donde expresó su preocupación porque “en el 2022 ya hubo más de 25 focos de incendios” y apuntó contra el Estado, ya que “es indiferente a esta problemática y deja a voluntad de organizaciones civiles las acciones tendientes”, mientras el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, se encuentra de viaje por Barbados.

“En nuestra Argentina se siguen quemando miles de hectáreas por incendios forestales. En lo que va del 2022 ya hubo más de 25 focos de #incendios distribuidos en 12 provincias argentinas”, precisó la legisladora cordobesa.

En tanto, manifestó: “Es nuestra preocupación, y esperamos que la Cámara también se expida, respecto a la falta de acciones y estrategias de abordaje dentro del Sistema Federal de Manejo del Fuego para la atención preventiva, asistencia primaria y cuidado por estos incendios”.

“Además, frente a los antecedentes de nuestro país, nos encontramos con que, en la propia planificación operativa, se omita la referencia a la atención de fauna silvestre y acciones de abordaje para su recuperación y reinserción en el marco de los incendios”, cuestionó Carrizo.

Por último, criticó: “Esto lleva a invisibilizar la biodiversidad afectada en los incendios, siendo indiferente el Estado Nacional a esta problemática y dejando a voluntad de organizaciones civiles las acciones tendientes a su atención”.

Para Javier Milei: “El Estado no es solución, es el problema”

El economista apuntó contra las medidas que lleva a cabo el Estado y sostuvo que tiene “diseñado un plan económico para que Argentina vuelva a crecer”.

El precandidato a diputado nacional Javier Milei (Libertad Avanza-CABA) criticó el rol que ejerce el Estado porque “no es la solución, es el problema” y señaló que “las personas que cobran planes sociales son víctimas de un sistema que no genera crecimiento”, por el contrario, propuso que tiene “diseñado un plan económico para que Argentina vuelva a crecer”.

En diálogo con “Esta mañana” en La Once Diez, el economista habló sobre su candidatura y, en respuesta a los dichos de Alberto Fernández de “picarles el boleto” en relación a captar la atención del público joven, manifestó que sus “actos tienen un formato para que pasen un buen momento, pero está complementado con el contenido porque la mayoría de los discursos políticos carecen de esto”.

En esta misma línea, expresó que la juventud “sigue sus ideales”, ya que “hay una suerte de rebelión natural contra el statu quo el formato de discusión política de la izquierda” y destacó que “la rebelión es ser liberal”.

A su vez, Milei arremetió contra el sistema educativo argentino del cual sostuvo que “lava cerebros” tanto de gestión pública como privada porque “forman personas que sean esclavas de la religión del Estado”, debido a que está diseñada “para que uno tenga el pensamiento de izquierda y te educan para pensar que el Estado es la solución, cuando en realidad el Estado es el problema”.

En opinión a la frase que José Luis Espert expresó respecto de “achicar el Estado”, el precandidato a diputado nacional explicó que “si bien es cierto que hay que hacer una reforma del Estado para bajar drásticamente el gasto público y de esa manera bajar los impuestos y oxigenar la economía”, remarcó que “hay que ir sobre las partidas donde roban los políticos, no sobre las que tienen implicancia social”.

En consonancia con los programas de asistencia social, el economista subrayó que las personas que cobran los planes sociales “no son un problema, sino que son víctimas de un sistema que no genera crecimiento”.

Milei argumentó que hay medidas por las que se pueden optar por eliminar como “el dinero de las obras públicas debe tener un régimen de iniciativa privada para que dejen de pasar por las porosas manos de los políticos que son una fuente de choreo”, a lo que agregó “las trasferencias discrecionales. Los subsidios económicos sin causar los daños, pero recalibrando las ecuaciones financieras de los contratos”.

Por otro lado, hondando en su precandidatura afirmó: “Tengo diseñado un plan económico para que Argentina vuelva a crecer al presentar proyectos de ley en el Congreso”. “La justicia social está basada en el robo y en el trato desigual frente a la ley”, añadió.

Por último, opinó que “el feminismo en Argentina denigra a la mujer porque si se le dan privilegios en realidad es tratarla de manera peyorativa a esa persona. Es violento para con las mujeres”, y haciendo referencia al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad criticó que “lejos de hacer cosas positivas causan daño”.

El FdT avanzó con el proyecto que prohíbe la ayuda estatal a empresas con activos en guaridas fiscales

El oficialismo se alzó con el dictamen de mayoría con el acompañamiento del Interbloque Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo. Juntos por el Cambio rechazó los cambios introducidos luego de la vuelta a comisión de la iniciativa, y presentó un dictamen de minoría insistiendo con la versión original.

fernanda vallejos comision presupuesto 13 octubre 2020

Tras un debate de más de tres horas, el Frente de Todos se alzó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados con el dictamen de mayoría del proyecto de ley que busca prohibir que el Estado Nacional asista económicamente a empresas que tengan activos en guaridas fiscales.

La iniciativa, que reunió 25 firmas, fue acompañada por los representantes del Interbloque Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo, el cordobés Paulo Cassinerio y el misionero Diego Sartori, respectivamente.

En tanto, el dictamen de minoría alcanzó las 20 firmas de los miembros del interbloque Juntos por el Cambio, quienes insistieron con la versión original del texto, es decir, con el proyecto que había obtenido unanimidad previo a su vuelta a comisión en la sesión del pasado 24 de septiembre.

Al comienzo, el presidente de la comisión, el oficialista Carlos Heller, destacó que los tres diputados impulsores de la iniciativa hayan llegado a un texto común, luego que el tema haya sido revisado.

El cordobés Pablo Carro aseguró que “no es diferente en lo sustancial y en el objetivo que se propone”, y el nuevo análisis “nos ha permitido enriquecer y afinar el proyecto de muchas maneras”. “Hoy es es mucho más claro acerca de lo que queremos lograr”, añadió el oficialista.

En tanto, la diputada Fernanda Vallejos habló de un “buen dictamen” que contempla “la multiplicidad de situaciones, maniobras, prácticas que caracterizan a quienes buscar eludir y evadir los controles de los Estados” y “se quedan con recursos que pertenecen al conjunto de la ciudadanía”.

Lo que se busca es que “quienes no se consideran argentinos a la hora de pagar impuestos, quienes no aportan lo que les corresponde, no deben capturar esos recursos públicos”, señaló la legisladora del Frente de Todos, y remarcó que esos recursos deben, en cambio, “ser destinados a aquellos y aquellas que verdaderamente los necesitan”.

La economista manifestó que se establecen “criterios exigentes en la procura de contemplar a la diversidad de sujetos, entes e instrumentos jurídicos”. “Creemos que es fundamental que todos los vivos que utilizan estos instrumentos dejen de ver al Estado Nacional como un Estado bobo al que no aportan nada, pero que le sacan todo lo que pueden cada vez que pueden”, completó.

Desde Consenso Federal, Graciela Camaño, quien no forma parte de la comisión pero trabajó en el proyecto, dijo estar “convencida” de que a este tipo de empresas “no les tenemos que dar ventajas y menos en épocas de escasez”. “Tenemos que premiar a aquellos empresarios, emprendedores y personas que toleran una carga impositiva muy importante en Argentina”, apuntó.

En contra de la iniciativa, el radical Luis Pastori anunció que el interbloque Juntos por el Cambio presentaría “un dictamen de minoría, de rechazo al proyecto”. El misionero recordó que la intención de su espacio era la de acompañar “el proyecto original”.

Sin embargo, el legislador indicó que el nuevo texto “tiene muy poco que ver” con la redacción inicial. “Ha mejorado notablemente la pluma del proyecto, por un lado, pero por el otro ha empeorado el prejuicio ideológico y el sesgo antiempresa“, afirmó y consideró que “es todo lo que no se debe hacer para atraer inversiones”.

El secretario de la comisión advirtió que la ley podría alcanzar a empresas bajo régimen de promoción especial, como “todas las de Tierra del Fuego”, y sostuvo que “esto es un cheque en blanco para que el Poder Ejecutivo haga un enorme listado de a qué empresas van a asistir y a cuáles no”.

“Va a ser difícil encontrar alguna empresa que no quede incluida”, agregó y continuó: “Acá le estamos diciendo a todas las empresas en el exterior que ni se les ocurra venir a Argentina, porque no le vamos a dar ni un vaso de agua”. Tras una extensa argumentación, Pastori ratificó que la ley “resulta de imposible acompañamiento”, que será de “difícil aplicación” y dará “una discrecionalidad muy grande al Ejecutivo”.

A continuación, el macrista Luciano Laspina enfatizó que “es evidente que hay un cambio notable” entre el proyecto original y el nuevo. “No solo se refiere a la asistencia financiera, sino que altera el principio de igualdad”, alertó y se preguntó si esta iniciativa “no viola algún principio de la Organización Mundial de Comercio en materia de igualdad en la competencia”.

El santafesino pronosticó que la norma traerá “un montón de litigios y reclamos internacionales”, al tiempo que resaltó que “no está claro si las excluye o no” a las sociedades constituidas en el extranjero. “Esto no tiene nada que ver con los paraísos fiscales, es mucho más amplio”, expresó y opinó que “en una primera lectura” lo que se ve es la intención de “no le queremos dar más ayuda de ningún tipo a los inversores extranjeros directos”.

Recogió el guante el porteño Itaí Hagman, que cuestionó a la oposición por haber hecho “un planteo parecido” con el proyecto de aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas. El oficialista subrayó que no se está “discutiendo qué empresas tienen derecho a existir o no existir, sino cuáles tienen derecho a recibir beneficios”.

“No estamos hablando de sanciones o castigos, sino de quitar la posibilidad de un beneficio, un privilegio”, añadió el legislador y calificó al proyecto de “razonable”, además de afirmar que “no es un ataque a las empresas ni al sector privado”.

También desde el Frente de Todos, el santacruceño Pablo González negó que se esté “legislando retroactivamente” -como planteó Pastori-. “De acá para adelante no van a poder acceder (a un beneficio), nadie dice que se les va a sacar lo que hayan recibido”, aclaró y enfatizó que “es un disparate” decir que “las empresas no puedan venir a invertir” con esta ley.

graciela camano comision presupuesto 13 octubre 2020
La diputada Graciela Camaño, de Consenso Federal, participó en la nueva redacción.

Avanzado el largo debate, Camaño llamó a “mirar bien el proyecto” y mencionó que la regulación de la Unión Europea dijo que “los países, de manera individual, pueden bloquear sus paquetes de ayuda para empresas que estén radicadas en paraísos fiscales. Y de hecho, Dinamarca, Francia, Polonia, Italia, así lo hicieron”.

Según la Red Tax Justice Network, “se pierden 500 mil millones de dólares en impuestos de corporaciones multinacionales que abusan de la ley”, informó la diputada y comparó que esa cifra “es 250 veces más que los 2 mil millones de dólares que se calcula y que ha pedido la ONU para hacer frente a la pandemia en los países más pobres”.

La legisladora pidió dejar “los discursos cargados de sectarismo, de ventajismo”. “Yo no soy oficialista y soy muy crítica”, resaltó, pero aseveró que “una cosa es la crítica y otro es que nada les venga bien”.

Molestos porque no se avanzó con el proyecto original, en el cual había unanimidad, varios legisladores de Juntos por el Cambio plantearon su disconformidad. Uno de ellos fue Javier Campos, de la Coalición Cívica, quien se quejó: “¿Por qué no volvemos al texto acordado y lo votamos todos como estábamos predispuestos a hacerlo? No entiendo porque nos hacen cargo ahora a nosotros, que ustedes parece que son Robin Hood, y nosotros somos los que estamos mal, los que estamos out side. No se le puede atribuir a Juntos por el Cambio ser unos obstruccionistas de este tema”.

Nuevamente tomó la palabra Laspina, vicepresidente de la comisión, para insistir con que se vuelva “al espíritu original” del proyecto, que “era muy específico de acotar la ayuda” a las empresas “efectivamente evasoras”. “Este es un error que va a tener que ser revisado por el Poder Ejecutivo“, advirtió y habló de un “gran riesgo en los alcances de este dictamen”.

Finalmente, y antes de pasar a un breve cuarto intermedio para afinar la redacción, Heller leyó una incorporación propuesta por Camaño respecto a que “las prohibiciones y exclusiones establecidas por la ley no regirán en aquellos casos en que sea la propia ley del Congreso la que haya establecido o establezca y disponga la asistencia, los subsidios, las exenciones, las facilidades y los demás beneficios y ventajas para tales sujetos atendiendo a las circunstancias del caso”.

“Me parece que cubre todas las dudas que se están planteando y pone en nuestra responsabilidad el análisis de las situaciones a excepción”, cerró Heller.

Qué dice el proyecto

El proyecto establece “la prohibición y exclusión de la asistencia económica y/o financiera, ya sea que se trate de subsidios, transferencias, exenciones impositivas y/o beneficios fiscales, facilidades crediticias y/o en obligaciones emanadas del sistema de seguridad social, por parte del Estado Nacional” a una serie de sujetos, detallados en un largo artículo 2, lo que provocó el rechazo de la principal bancada opositora.

Además, un tema no mencionado durante la reunión, es que la nueva iniciativa no contempla que la prohibición será “en casos de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor”, como establecía la versión original. De hecho, esas palabras no figuran en el nuevo texto.

La propuesta alcanza a las “sociedades constituidas en el extranjero” que “no se hayan adecuado íntegramente a la legislación argentina”; a las personas humanas o jurídicas, establecimiento permanente u otra entidad, fideicomiso o figura equivalente, domiciliados, constituidos o ubicados en jurisdicciones de baja o nula tributación o que sean residentes a efectos fiscales en dichas jurisdicciones.

También incluye a personas humanas, jurídicas o sociedades que “tengan participación” en empresas con activos en guaridas fiscales; o aquellas que “durante los últimos tres ejercicios contables hayan realizado pagos o transferencias a otra estructura jurídica constituida en el exterior que se encuentre radicada” en paraísos fiscales.

Entre otros, incorpora en el universo de excluidos de las ayudas estatales a aquellas personas procesadas “con auto de procesamiento firme, hasta la absolución o sobreseimiento firme o hasta la condena” por delitos contra la administración pública, por delitos de corrupción o por delitos contra el orden económico y financiero; y a aquellos que tengan deudas con el fisco o con el sistema de seguridad social por montos “iguales o superiores a los que la ley penal tributaria establezca para los casos de evasión fiscal agravada”.

El proyecto indica que la ley deberá ser reglamentada dentro de los 30 días corridos desde su promulgación; y que el Poder Ejecutivo designará a la autoridad de aplicación, la cual “implementará las acciones conducentes a efectos de la elaboración, actualización y publicación anual de la Lista Única de Jurisdicciones de Baja o Nula Tributación”.