La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta recibirá un documento elaborado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Luego de escuchar a los especialistas, tratarán a varios proyectos. Preocupan las estafas. Piden informes sobre el 5G.
En plena campaña electoral, los senadores nacionales harán un alto en la misión de conquistar voluntades y volverán a la actividad legislativa este miércoles con una reunión por Zoom de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión que primero escuchará el informe de dos especialistas en comunicación sobre las amenazas en las redes sociales y luego tratará varios proyectos sobre estafas y la implementación del 5G.
La cita está pactada para las 11, con la presentación del reciente documento elaborado por la Asociación por los Derechos Civiles -ADC-, titulado “La protección del espacio cívico en línea. Un repaso a las amenazas actuales a la libertad de expresión en Internet”.
Al respecto, los invitados especialistas serán los abogados Eduardo Ferreyra, quien es magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), y Damián Loreti, quien es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y se desempeña como profesor de grado y posgrado en libertad de expresión desde 1988.
Asimismo, Loreti es profesor titular plenario de la cátedra de Derecho a la Información de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se ha desempeñado como director de la carrera de Ciencias de la Comunicación y vicedecano de la misma casa de estudios. También ha sido perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos de libertad de expresión.
A continuación, la Comisión de Libertad de Expresión tratará dos proyectos de ley sobre emisión de una estampilla postal conmemorativa; y varios pedidos de informes sobre la implementación del 5G, la prestación básica universal y obligatoria (PBU) para celulares, internet, televisión por cable y telefonía fija y las distintas modalidades de estafa.
Además, se tratarán 5 proyectos de declaración sobre el día del periodista, 2 meses después de que se conmemora la fundación de “La Gazeta de Buenos Ayres”.
Senadora oficialista pide al Banco Central que adopte nuevas medidas para proteger a los usuarios. Preocupa el Phishing
Ante los crecientes casos de robo de identidad, mensajes engañosos y llamadas telefónicas falsas para conseguir información personal y cometer el fraude, la senadora nacional Pilatti Vergara (Frente de Todos) instó a través de un proyecto a las autoridades nacionales competentes al tratamiento inmediato de la problemática que afecta a cada vez más argentinos.
“Sin dudas los bancos comerciales no son ajenos a esta situación, por lo que el Estado debe intervenir para salvaguardar los intereses de la ciudadanía. Por este motivo estamos instando al Banco Central de la República Argentina a tomar cartas en el asunto”, explicó la legisladora chaqueña.
Al respecto, agregó: “Con el proyecto -1292/21- establecemos la urgencia para que la autoridad bancaria regule la actividad con el fin de reducir el riesgo de estafas, y arbitre los medios necesarios para la protección de los damnificados”.
Una de las modalidades más repetidas es el “phishing” a partir del cual delincuentes obtienen de personas engañadas sus credenciales de acceso al homebanking procediendo a la sustracción del dinero de las cuentas y a tomar los “préstamos preaprobados”
De acuerdo con la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticos (UFEDyCI), desde marzo de 2020 hasta la actualidad, este tipo de delitos aumentó más de 3.000%.
Al menos 20.000 damnificados, pero se presume que la cifra es mucho mayor dado que este tipo de crímenes no suelen denunciarse.
¿Qué dice el proyecto?
“Dado que los bancos comerciales deslindan responsabilidades argumentando que no pueden diferenciar el acceso del titular legítimo de la cuenta del de otras personas con finalidad maliciosa, consideramos obligatorio la introducción de mecanismos de doble o triple validación, que minimizarían los casos de ‘pishing’”, detalló Pilatti Vergara.
Por otro lado, respecto a los préstamos “preaprobados”, la senadora destacó que ser sujeto de este tipo de préstamo “es una decisión unilateral de la entidad bancaria, poniéndolo a disposición de los clientes con tan sólo un clic, sin ningún tipo de consulta, aceptación de condiciones por parte de ellos, o información de los riesgos inherentes.
Irónicamente quienes son “calificados” por los bancos para este tipo de préstamo sin requisitos, suelen no necesitar financiamiento, pero a quien si lo precisa, las exigencias son muy elevadas, señaló la senadora e instó que la regulación vigente es “asimétrica y favorece a las entidades bancarias a expensas de los clientes”.
“A los bancos les interesa colocar liquidez excedente en destinos más lucrativos que los instrumentos convencionalmente a disposición de ellos, sin importarle las necesidades reales del cliente. Prueba de ello es que ante la estafa los bancos buscan desentenderse de la situación”, apuntó.
Pilatti Vergara señaló que “como conclusión, la defensa de los intereses de la ciudadanía es la primera misión de toda autoridad estatal. Ponerla al resguardo de los intereses de poderosos sectores económicos y de los delincuentes oportunistas, es nuestra obligación”.
Otra iniciativa
La senadora pampeana Norma Durango también presentó un proyecto de ley que dispone, entre otros puntos, que la comunicación entre la entidad bancaria o financiera otorgante de un crédito y sus solicitantes se realice de manera fehaciente y por escrito al domicilio, permitiendo esto el acuerdo expreso quede registrado en soporte papel y se aloje el contrato en un registro habilitado por el BCRA para tal fin.
Además, el proyecto exige que el débito de la primera cuota del crédito o beneficio no sea interpretado como un “consentimiento” del consumidor.
Impulsan que la pena se aumente cuando la víctima tenga más de 65 años o se encuentre en una situación especial de vulnerabilidad.
Para que se termine de una vez por todas con el lamentablemente ya famoso “cuento del tío” que han sufrido muchas personas sobre todo durante la pandemia, el diputado nacional por Mendoza Federico Zamarbide propuso una modificación al Código Penal. El objetivo es que la pena al estafador, se aumente cuando la víctima sea un adulto mayor de 65 años o se encuentre en una situación especial de vulnerabilidad.
Para ello, lo que técnicamente propone el legislador radical es incorporar el artículo 173bis al Código Penal Argentino, ley 11.179, para que quede redactado de la siguiente manera:
“Artículo 173 bis. – Será reprimido con prisión de tres años y seis meses a ocho años el que realizare algunas de las acciones previstas en el artículo 172 contra una persona mayor de 65 años o que se encontrare en un especial estado de vulnerabilidad, siempre que no resultare un delito más severamente penado”.
Entre los motivos que fomentan la presentación de esta iniciativa, para cuyo desarrollo fueron consultadas fuentes de investigaciones de la Policía de Mendoza y el procurador General de la Provincia, Alejandro Gullé, está que este tipo de delitos son cada vez más frecuentes. Un ejemplo de ello es que entre marzo y noviembre de 2020 se recibieron 497 denuncias de este tipo estafas en la primera circunscripción judicial de Mendoza. Es decir, más de dos denuncias diarias y sólo en ésa jurisdicción.
Así, explica también Zamarbide, en este tipo de conductas delictuales se observan dos factores en común: por un lado, que las víctimas son adultos mayores, tanto mujeres como varones, y por otro, se caracterizan por utilizar diversos ardides abusando de la confianza de las personas, su poco conocimiento en sistemas informáticos o prometiendo soluciones ante la burocracia estatal.
Estas circunstancias, agrega también el diputado de Juntos por el Cambio en su proyecto, son un caldo de cultivo óptimo para estafadores que se hacen pasar por gestores, representantes, oficiales públicos e, incluso, familiares de las víctimas prometiendo la realización de determinados trámites y gestiones. Se trata de personas que, sabiendo que no van a ir a prisión, aprovechan aún más la posibilidad que tienen de cometer estos delitos.
“Al aumentar la pena mínima en estas estafas a 3 años y 6 meses, la condena pasaría a ser de cumplimiento efectivo, por lo que no sería posible la aplicación del artículo 185 del Código Procesal Penal que impide la aplicación de prisión preventiva. Entendemos que aumentando las sanciones, aumentará la coerción general de la pena y eso desalentará la comisión de estos delitos que tanto daño hacen a uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad”, concluyó Zamarbide.
