Un proyecto de ley de diputados oficialistas prevé que todo el personal de la administración pública se capacite en las prácticas de Resucitación Cardiopulmonar.
La diputada nacional y vicepresidenta del bloque del Frente de Todos (FdT), Cecilia Moreau, presentó este jueves un proyecto de ley para que se capacite de manera obligatoria al personal de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en las prácticas de Resucitación Cardiopulmonar (RCP) y uso de desfibrilador externo automático, lo cual permitirá salvar vidas ante un paro cardiorrespiratorio.
“La mayor cantidad de muertes por ataque cardíaco y muerte súbita se producen en los ámbitos extra hospitalarios” por lo cual es “de vital importancia la concientización sobre el aprendizaje de la atención primaria básica del paro cardiorrespiratorio”, sostuvo Moreau sobre la iniciativa de su autoría, que fue firmada también por pares de su bloque.
La diputada nacional evaluó que “de aprobarse la ley, se ampliaría el universo de ciudadanos y ciudadanas que puedan actuar ante una situación de emergencia y brindar una reacción inmediata” y destacó que “capacitarse en RCP significa amor, empatía y solidaridad para con quienes nos rodean”.
“La reanimación cardiopulmonar consiste en un conjunto de maniobras destinadas a asegurar la oxigenación de los órganos vitales cuando la circulación de la sangre de una persona se detiene súbitamente. Ante esta situación, las personas deben recibir atención inmediata, puesto que entre tres y cinco minutos después de producido el paro cardiorrespiratorio, comienza la muerte cerebral”, subrayó.
Destacó que “desde la Fundación Cardiológica Argentina aseguran que aplicar RCP y desfibrilación dentro de los tres primeros minutos de ocurrido el evento aumenta las posibilidades de llegar con vida a un hospital en un 79%. Pero, por cada minuto que se demora la aplicación de estas medidas, se reducen en 10% las posibilidades de continuar con vida”.
Y recordó que, “según datos difundidos por el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, basados en estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, en la Argentina una de cada diez personas muere a causa de muerte súbita y un 20% de la población sana desconoce que puede morir por esta causa.”
La iniciativa diseñada por Moreau fue firmada también por sus pares de bloque Alicia Aparicio, Rosana Bertone, Mateo Bogdanich, Lia Caliva Lía, Carlos Cisneros, Blanca Osuna y Mayda Cresto.
También respaldan el proyecto Alicia Figueroa Alcira, Silvana Ginocchio Silvana, Lucas Godoy, Estela Hernández, Gladys Medina, Graciela Parola, Ariel Rauschenberger y Liliana Yambrún.
Además, acompañaron la iniciativa los legisladores de Unidad y Equidad Federal José Luis Ramon y de Juntos por Rio Negro Luis Di Giacamo.
El decreto del gobernador jujeño Gerardo Morales (Juntos por el Cambio) quedó formalizado con la aprobación de la Legislatura local. Juntos por el Cambio, que tiene la mayoría, avaló la decisión del mandatario radical. El FdT y la Izquierda cuestionaron la medida.
La Legislatura de Jujuy aprobó este martes un decreto del Ejecutivo provincial, que dispone la obligatoriedad de la vacunación contra el coronavirus para la totalidad de los trabajadores de la administración pública.
En la tercera sesión especial del año y con el voto de la mayoría del oficialismo, la medida impulsada por el gobernador radical Gerardo Morales también alcanza a los agentes de entes autárquicos, organismos centralizados y descentralizados, empresas y sociedades del Estado, “cualquiera sea su situación de revista y lugar en que (los trabajadores) presenten servicios”.
La oposición provincial, en tanto, cuestionó “las formas autoritarias de imponer la vacunación” y llamó a implementar “estrategias para generar conciencia en la sociedad, en las que se valorare los beneficios de la vacunación para la salud”.
Asimismo, la sanción de la ley N° 6.229, establece que el personal que no acredite haber recibido al menos una dosis de cualquiera de los fármacos disponible, salvo justificación por medio fehaciente e idóneo, no podrá asistir a prestar servicios en su lugar de trabajo.
Sobre ese punto se advierte que “la inasistencia será considerada injustificada y se le descontará la remuneración por día no trabajado”.
Desde el Frente de Todos se solicitó la incorporación de una resolución que establece que los trabajadores de la administración pública que se inoculen contra la Covid-19 gocen de 48 horas de inasistencia justificada, con pleno goce de haberes, una moción que fue aprobada por el cuerpo.
La legisladora radical Lourdes Navarro respaldó la medida y sostuvo “que las vacunas que se aplican actualmente han sido todas autorizadas”, en relación a los fármacos distribuidos en el país contra la Covid-19.
“Hay que acompañar a los trabajadores esenciales y al personal de salud cuando expresan sus satisfacción cada vez que aplican una vacuna con el objetivo de lograr la inmunidad de la mayor cantidad de la población”, agregó.
A su vez la legisladora del Frente de Todos, Liliana Fellner, si bien apoyó la vacunación contra el coronavirus, juzgó que “el gobernador (Gerardo Morales) se excede en sus funciones”.
“Hay una Constitución Nacional y los empleados tienen libertad de acción”, sostuvo y evaluó que “hay otras formas de convencer a la sociedad” porque, dijo, “cuando obligamos a alguien a hacer algo que no quiere, las cosas se pueden salir de las manos”.
Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda Alejandro Vilca se manifestó “a favor de que la vacunación masiva sea un derecho”, pero advirtió que su espacio político se expresa “en contra de toda imposición” y analizó que “se quiere imponer la voluntad del Gobierno sobre trabajadores que profesan distintas religiones”.
La decisión legislativa invió a los representantes de la actividad privada a adherir a la disposición, en especial a las entidades vinculadas con la salud, educación, seguridad y del transporte público.
Finalmente, durante la jornada de este martes el oficialismo también prestó acuerdo a un decreto que permite un “marco normativo para la producción de medicamentos en la provincia de Jujuy”, por lo que se buscará regular la actividad de laboratorios industriales.
