La medida había sido anticipada en conferencia de prensa por Manuel Adorni. "Es indispensable restituir el valor de la cultura del trabajo", argumentó el PEN.
A un día de la celebración de la fecha, el Gobierno nacional eliminó el feriado por el "Día del Trabajador del Estado", instaurado en 2013 como el 27 de junio de cada año.
La medida, que había sido anunciada en conferencia de prensa por el vocero presidencial, Manuel Adorni, se oficializó este jueves en el Boletín Oficial a través del decreto de necesidad y urgencia 430/25.
El decreto deroga el artículo 2 de la Ley 26.876, que indicaba: "Establécese el 27 de junio como día de descanso para los empleados de la administración pública nacional, en los que no se prestarán tareas, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales".
Además, el PEN estableció que "a efectos del cómputo de los plazos legales, el 27 de junio de 2025 no será considerado día hábil administrativo", es decir, la decisión se comunicó 24 horas antes de la fecha.
En los considerandos, el Gobierno señaló que "finalizado el corriente año, habrán transcurrido un total de 19 feriados nacionales, lo cual convierte a la República Argentina en uno de los países con mayor cantidad de días feriados en el mundo".
"No es adecuado que la Administración Pública Nacional no preste tareas durante el día señalado por la norma, mientras que el resto de la población lleva adelante su jornada laboral con normalidad", expresó el PEN.
Y agregó: "Es indispensable restituir el valor de la cultura del trabajo a lo largo de todo el país, lo cual se logra tanto con políticas públicas de largo plazo como con pequeñas decisiones concretas".
En su conferencia de prensa de este miércoles, Adorni había anunciado la decisión. "El Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del sector privado no tiene o carece”, manifestó y sumó que "ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes de este país”.
El funcionario dijo que la medida “va en consonancia con la concepción del Estado que tiene este Gobierno”, al que definió como una herramienta para “allanar el camino de libertad de los argentinos, no para entorpecer la Argentina, que rendía culto al estatismo y al sector público en detrimento del privado”.
Un proyecto de ley de diputados oficialistas prevé que todo el personal de la administración pública se capacite en las prácticas de Resucitación Cardiopulmonar.
La diputada nacional y vicepresidenta del bloque del Frente de Todos (FdT), Cecilia Moreau, presentó este jueves un proyecto de ley para que se capacite de manera obligatoria al personal de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en las prácticas de Resucitación Cardiopulmonar (RCP) y uso de desfibrilador externo automático, lo cual permitirá salvar vidas ante un paro cardiorrespiratorio.
"La mayor cantidad de muertes por ataque cardíaco y muerte súbita se producen en los ámbitos extra hospitalarios" por lo cual es "de vital importancia la concientización sobre el aprendizaje de la atención primaria básica del paro cardiorrespiratorio", sostuvo Moreau sobre la iniciativa de su autoría, que fue firmada también por pares de su bloque.
La diputada nacional evaluó que "de aprobarse la ley, se ampliaría el universo de ciudadanos y ciudadanas que puedan actuar ante una situación de emergencia y brindar una reacción inmediata" y destacó que "capacitarse en RCP significa amor, empatía y solidaridad para con quienes nos rodean".
"La reanimación cardiopulmonar consiste en un conjunto de maniobras destinadas a asegurar la oxigenación de los órganos vitales cuando la circulación de la sangre de una persona se detiene súbitamente. Ante esta situación, las personas deben recibir atención inmediata, puesto que entre tres y cinco minutos después de producido el paro cardiorrespiratorio, comienza la muerte cerebral", subrayó.
Destacó que "desde la Fundación Cardiológica Argentina aseguran que aplicar RCP y desfibrilación dentro de los tres primeros minutos de ocurrido el evento aumenta las posibilidades de llegar con vida a un hospital en un 79%. Pero, por cada minuto que se demora la aplicación de estas medidas, se reducen en 10% las posibilidades de continuar con vida".
Y recordó que, "según datos difundidos por el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, basados en estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, en la Argentina una de cada diez personas muere a causa de muerte súbita y un 20% de la población sana desconoce que puede morir por esta causa."
La iniciativa diseñada por Moreau fue firmada también por sus pares de bloque Alicia Aparicio, Rosana Bertone, Mateo Bogdanich, Lia Caliva Lía, Carlos Cisneros, Blanca Osuna y Mayda Cresto.
También respaldan el proyecto Alicia Figueroa Alcira, Silvana Ginocchio Silvana, Lucas Godoy, Estela Hernández, Gladys Medina, Graciela Parola, Ariel Rauschenberger y Liliana Yambrún.
Además, acompañaron la iniciativa los legisladores de Unidad y Equidad Federal José Luis Ramon y de Juntos por Rio Negro Luis Di Giacamo.
El decreto del gobernador jujeño Gerardo Morales (Juntos por el Cambio) quedó formalizado con la aprobación de la Legislatura local. Juntos por el Cambio, que tiene la mayoría, avaló la decisión del mandatario radical. El FdT y la Izquierda cuestionaron la medida.
La Legislatura de Jujuy aprobó este martes un decreto del Ejecutivo provincial, que dispone la obligatoriedad de la vacunación contra el coronavirus para la totalidad de los trabajadores de la administración pública.
En la tercera sesión especial del año y con el voto de la mayoría del oficialismo, la medida impulsada por el gobernador radical Gerardo Morales también alcanza a los agentes de entes autárquicos, organismos centralizados y descentralizados, empresas y sociedades del Estado, “cualquiera sea su situación de revista y lugar en que (los trabajadores) presenten servicios”.
La oposición provincial, en tanto, cuestionó “las formas autoritarias de imponer la vacunación” y llamó a implementar “estrategias para generar conciencia en la sociedad, en las que se valorare los beneficios de la vacunación para la salud”.
Asimismo, la sanción de la ley N° 6.229, establece que el personal que no acredite haber recibido al menos una dosis de cualquiera de los fármacos disponible, salvo justificación por medio fehaciente e idóneo, no podrá asistir a prestar servicios en su lugar de trabajo.
Sobre ese punto se advierte que “la inasistencia será considerada injustificada y se le descontará la remuneración por día no trabajado”.
Desde el Frente de Todos se solicitó la incorporación de una resolución que establece que los trabajadores de la administración pública que se inoculen contra la Covid-19 gocen de 48 horas de inasistencia justificada, con pleno goce de haberes, una moción que fue aprobada por el cuerpo.
La legisladora radical Lourdes Navarro respaldó la medida y sostuvo “que las vacunas que se aplican actualmente han sido todas autorizadas”, en relación a los fármacos distribuidos en el país contra la Covid-19.
“Hay que acompañar a los trabajadores esenciales y al personal de salud cuando expresan sus satisfacción cada vez que aplican una vacuna con el objetivo de lograr la inmunidad de la mayor cantidad de la población”, agregó.
A su vez la legisladora del Frente de Todos, Liliana Fellner, si bien apoyó la vacunación contra el coronavirus, juzgó que "el gobernador (Gerardo Morales) se excede en sus funciones".
"Hay una Constitución Nacional y los empleados tienen libertad de acción”, sostuvo y evaluó que “hay otras formas de convencer a la sociedad” porque, dijo, “cuando obligamos a alguien a hacer algo que no quiere, las cosas se pueden salir de las manos”.
Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda Alejandro Vilca se manifestó “a favor de que la vacunación masiva sea un derecho”, pero advirtió que su espacio político se expresa “en contra de toda imposición” y analizó que “se quiere imponer la voluntad del Gobierno sobre trabajadores que profesan distintas religiones”.
La decisión legislativa invió a los representantes de la actividad privada a adherir a la disposición, en especial a las entidades vinculadas con la salud, educación, seguridad y del transporte público.
Finalmente, durante la jornada de este martes el oficialismo también prestó acuerdo a un decreto que permite un “marco normativo para la producción de medicamentos en la provincia de Jujuy”, por lo que se buscará regular la actividad de laboratorios industriales.