La jornada reunió a legisladores, sindicatos y representantes de la UNLP para respaldar el proyecto de ley nacional que busca actualizar los derechos laborales de los trabajadores de prensa.
La Cámara de Diputados bonaerense realizó este jueves un foro de debate sobre la actualización del Estatuto del Periodista Profesional y del personal administrativo de empresas periodísticas.
El encuentro, desarrollado en el edificio anexo, buscó respaldar la iniciativa nacional que apunta a proteger la actividad periodística, la libertad de expresión y el derecho a la información.
Participaron el diputado de la bancada rotativa del del Frente de Izquierda Cristian Castillo, junto a Fabián Luayza, de Nuevos Aires; Andrés De Leo, de la Coalición Cívica; y Ana Luz Balor, de Unión por la Patria.
También expusieron Carla Gaudensi, secretaria general de FATPREN; David Barresi, secretario general de SIPREBO; la periodista Juliana Ricaldoni; y Ayelén Sidun, decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.
En su rol de presidente de la Comisión de libertad de expresión y violencia institucional, Castillo respaldó el proyecto, mientras que Barresi destacó la importancia de "debatir la actualización del régimen para preservar los derechos laborales de los trabajadores de prensa”.
La iniciativa busca reemplazar el estatuto vigente, sancionado hace más de 80 años, e incorporar derechos vinculados con el teletrabajo, las plataformas digitales y el uso de la inteligencia artificial.
Las iniciativas fueron presentadas por Sebastián Galmarini y Sergio Palazzo junto a diputados de UP. Ambas apuntan a revertir artículos de la Ley de Modernización Laboral que dispusieron la derogación del Estatuto del Periodista Profesional a partir de 2027.
Dos proyectos de ley ingresaron a la Cámara de Diputados con el objetivo de dejar sin efecto la derogación de los estatutos especiales que regulan la actividad periodística, una decisión incluida en la Ley 27.802 de Modernización Laboral y cuya entrada en vigencia está prevista para el 1° de enero de 2027. Ambos expedientes fueron girados a las comisiones de Legislación del Trabajo y Libertad de Expresión.
La iniciativa más amplia corresponde al diputado nacional Sebastián Galmarini, quien propone derogar los artículos 197, 212 y 213 de la Ley 27.802 para restablecer la vigencia de la Ley 12.908, conocida como Estatuto del Periodista Profesional, así como del Decreto-Ley 13.839/46, que regula al personal administrativo de empresas periodísticas, y del Decreto-Ley 14.954/46, referido al personal de redacción de agencias noticiosas. Además, plantea la creación de una Mesa de Actualización de los Estatutos del Trabajo Periodístico en el ámbito de Diputados para elaborar una nueva normativa adaptada a los desafíos tecnológicos y laborales actuales, incluyendo teletrabajo, plataformas digitales e inteligencia artificial.
Por su parte, el proyecto impulsado por Sergio Palazzo, acompañado por diputados de Unión por la Patria como Máximo Kirchner, Germán Martínez, Cecilia Moreau, Vanesa Siley, Hugo Yasky y Hugo Moyano, se concentra exclusivamente en derogar el artículo 197 de la Ley 27.802 y ratificar la vigencia de la Ley 12.908.
En los fundamentos de ambas iniciativas aparece un argumento común: la defensa de la libertad de expresión. Galmarini sostiene que el Estatuto del Periodista Profesional constituye una garantía para el ejercicio independiente del periodismo y advierte que su eliminación implicaría la pérdida de derechos específicos como la cláusula de conciencia, el régimen especial de jornada laboral, las horas extras y las indemnizaciones agravadas. También señala que la derogación no fue acompañada por un régimen de transición ni por una normativa alternativa que contemple las particularidades de la actividad.
En la misma línea, Palazzo argumenta que el estatuto periodístico no puede ser considerado una norma laboral más, dado que el ejercicio de la profesión está estrechamente vinculado con el derecho constitucional a la libertad de expresión y al acceso a la información. Según sostiene, la eliminación de ese régimen especial favorecería procesos de precarización laboral que podrían afectar la independencia de los trabajadores de prensa.
El proyecto de Palazzo cuestiona además la derogación aprobada dentro de la Ley de Modernización Laboral y cita fallos de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para fundamentar la necesidad de mantener una protección diferenciada para la actividad periodística.
De prosperar cualquiera de las dos iniciativas, quedaría sin efecto la decisión adoptada por la Ley 27.802 y continuarían vigentes los estatutos especiales que regulan el trabajo periodístico en la Argentina desde mediados del siglo pasado.
Desde la entidad alertaron que “sin Estatuto, se fomentaría la desinformación y la pérdida de rigor periodístico porque la eliminación del marco legal va a nivelar hacia abajo”. En tanto, expresaron acuerdo ante la necesidad de una prórroga “hasta tanto podamos contar con una ley”.
La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, presidida por la senadora Carolina Moisés (Convicción Federal), se reunió este miércoles para retomar el debate sobre la confección de un nuevo Estatuto del Periodista Profesional con la exposición de los representantes del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) su presidente Fernando Stanich; el vicepresidente, Claudio Jacquelin; y la secretaria, Paula Moreno Román, quienes acercaron un conjunto de lineamientos que consideran deben ser tomados en cuenta en el nuevo Estatuto.
Moisés aclaró que es parte de la agenda que tomó la comisión del año dado que “está planteado en la Ley de Reforma Laboral que el Estatuto tiene vigencia hasta fin de año”. Así, recordó que en el mes de junio reunieron a organizaciones sociales y periodistas de todo el país para “construir una mesa de diálogo con el claro objetivo de terminar de avanzar con el nuevo Estatuto del Periodista”, y destacó: “Fue una reunión muy importante por la participación colectiva de representantes del sector y las repercusiones posteriores”.
“Los periodistas de todo el país se van a quedar sin su Estatuto que es la herramienta que protege su profesión a partir del 1ro de enero del 2027. Es tarea de esta comisión avanzar con la socialización de ese proyecto”, manifestó y aclaró que muchos legisladores acompañaron con su firma, mientras que otros presentaron propuestas propias.
Moisés informó que la iniciativa ingresó el pasado 3 de julio y tiene primer giro a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presidida por la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, a quien le solicitó hacer un plenario de comisiones para empezar el tratamiento y criticó: “Si no se puede dialogar ni debatir entre nosotros, difícilmente vamos a llegar a un texto”.
La jujeña aclaró que la propuesta fue elaborada por los representantes de sindicatos de prensa, trabajada por un cuerpo de asesores que incorporamos nuestras observaciones. Es un proyecto que está abierto a la búsqueda de una herramienta superadora, entendiendo que la actualización del Estatuto es necesario y urgente, pero tenemos un plazo límite”.
A continuación, los representantes de FOPEA aportaron elementos para el debate legislativo sobre el Estatuto del Periodista Profesional, en el marco del análisis de la Ley 12.908, que establece el régimen vigente para la actividad. Se trata de la segunda reunión de la comisión vinculada con esta temática, luego de la sanción de la Ley de Modernización Laboral, que dispuso la derogación de la Ley 12.908 a partir del 1° de enero de 2027.
El presidente de FOPEA, Fernando Stanich, señaló que trabajan por un periodismo de calidad en todo el país en defensa de la libertad de expresión, la ética periodística, formación de profesionales y monitorear la libertad de prensa.
“Nos preocupa la derogación del Estatuto del Periodista Profesional. En este escenario de debilidad para el ejercicio y las condiciones del periodismo es sumamente peligroso”, alertó y lamentó que “cada vez es más difícil encontrar espacios e interlocutores con los cuales hablar de la realidad del periodismo”. Así, mencionó que marcaron algunas diferencias y salvedades “necesarias reafirmar” para el nuevo Estatuto.
Stanich avaló y defendió la vigencia del Estatuto del Periodista Profesional y planteó: “Si lo necesario es una prórroga, hasta tanto podamos contar con una ley que regule las condiciones para el ejercicio del periodismo en el país que estandarice las condiciones para el ejercicio del periodismo en cada provincia, nosotros estamos de acuerdo con que se mantenga un Estatuto del Periodismo”.
Así, sostuvo que la batalla de FOPEA es “defender las condiciones para que los periodistas puedan actuar con libertad, con profesionalismo y con independencia del poder”. Sobre el proyecto, planteó que la definición de periodista profesional debe ser amplia y que “el periodista profesional desempeña una función de servicio del bien común y el interés público que solo puede ser ejercida bajo ciertas condiciones, por eso es importante que el Estatuto no pierda vigencia”.
“Sancionar un nuevo Estatuto significa entender cuál es la importancia en la vida comunitaria y su aporte en la construcción de la democracia”, manifestó y advirtió: “Estamos viviendo el momento de mayor hostilidad hacia la prensa y no se trata de una sensación, sino de datos de la realidad”, al referirse al monitoreo que realizan desde FOPEA y ratificó que en 2025 “hubo un récord de agresiones contra periodistas, superando el pico de 2013 que fue muy complicado para el ejercicio”.
“El 2026 seguro supere los números. La tendencia de hostilidad, hostigamiento y las dificultades para el ejercicio del periodismo profesional se están acentuando”, alertó y precisó que el 60% tuvieron como protagonista al PEN, son más de 50 los periodistas insultados por el propio Presidente. “El tipo de ataque que más crece de un año a otro en el país es el que tiene a la utilización de la justicia como método de amedrentamiento a los periodistas, es un 150% en un año creció”, indicó.
En ese sentido, afirmó: “La censura en la Argentina es ambiental, hay un contexto de hostilidad que dificulta el trabajo de los periodistas”, y advirtió que la derogación del Estatuto “sin sustitución “puede representar el golpe de gracia para el ejercicio del periodismo independiente”, y aclaró que “se trata de defender el paraguas legal que permite que la información circule medianamente sin presiones políticas ni económicas”.
“Si cae el estatuto no solo pierde el periodista, sino también la sociedad, sin información profesional y con menos calidad periodística”, planteó y explicó: “Sin Estatuto, se fomentaría la desinformación y la pérdida de rigor periodístico porque la eliminación del marco legal va a nivelar hacia abajo, habrá menos calidad periodística si cae el Estatuto”.
En segundo lugar, mencionó que eliminar la estabilidad laboral y el régimen de preaviso específico para los periodistas, implica exponerlos a “un riesgo concreto”, porque “estos derechos son un escudo ante un gobernante, a un juez o un empresario poderoso que, en cualquier lugar de la argentina, se disgusta con una información que se publica y pide que se despida al periodista que hizo la investigación. Lejos están de ser un privilegio porque son una garantía de la independencia periodística”.
Además, pidió a los legisladores que amplíen la mirada hacia lo que pasa en el interior del país y no solamente en la ciudad de Buenos Aires”, porque “en el interior de la Argentina cientos de periodistas que trabajan en las provincias están a merced de los poderes locales”. En esa línea, precisó que un informe elaborado en 2024 muestra que el 75% del territorio nacional “no tiene las condiciones objetivas para el desarrollo del periodismo independiente, profesional, local”.
En tercer lugar, advirtió que “habrá mayor riesgo de censura indirecta y mayor discrecionalidad porque, al eliminarse la garantía legal del libre tránsito y acceso libre a fuentes públicas de interés nacional o provincial, se autoriza tácitamente a que los gobiernos decidan qué periodista pasa cuál no o directamente que no respondan preguntas”.
Stanich sostuvo que “FOPEA defiende el Estatuto del Periodista, pero no negamos sus anacronismos. Reconocemos que el ecosistema de medios cambió, que las relaciones laborales cambiaron y que la ley necesita ser actualizada, pero la solución, claramente, no es el vacío legal”.
“No dejemos a la libertad de expresión a la deriva de los poderes de turno, ni al desamparo legal. Avancemos con un nuevo texto o con una prórroga si eventualmente hasta que tengamos ese nuevo texto”, exigió a los legisladores y enumeró la propuesta:
Por su parte, el vicepresidente de FOPEA, Claudio Jacquelin, indicó que “es una situación muy compleja la que atraviesa el ejercicio profesional del periodismo en un contexto de plena transformación del ejercicio de la profesión, del contexto socio económico en el que se desarrolla y de las nuevas relaciones en las cuales debemos desempeñarnos”.
“Debemos entender que debe comprenderse no solo a quienes trabajan en relación de dependencia sino en medios autogestivos que es una nueva realidad en la que estamos inmersos por la realidad económica y tecnológica de nuestra profesión”, pidió el periodista que se desempeña como Prosecretario de Redacción del diario La Nación.
Jacquelin señaló que “por la transformación del ecosistema de medios, la crisis de la industria periodística, la actualidad política y la mirada que existe respecto del periodismo, el periodista se desempeña en un marco de absoluta vulnerabilidad”, por lo que resaltó la importancia de contar con una legislación nacional que establezca un marco legal para el ejercicio profesional y contribuya al funcionamiento democrático.
Por último, la secretaria de FOPEA, Paula Moreno Román, presentó los principales ejes con los aportes de la organización para una nueva: la definición de periodista profesional y el derecho a informar; la independencia profesional y el compromiso ético; y los desafíos vinculados con la inteligencia artificial y la firma de las producciones periodística, el Rechazo a la Colegiación Obligatoria; Cláusula de Conciencia; Protección contra la Discriminación y Secreto Profesional, por citar algunos ejes.
La secretaria de FOPEA se refirió también a colegas periodistas que trabajan en forma constante en determinados medios y tienen sus sitios web en paralelo. “Muchas veces aquellos contenidos que por determinadas circunstancias no se pueden canalizar lo hacen a través de sus sitios y a veces las presiones llegan para que se despida a esa persona del medio por lo que publicó en su sitio particular”, explicó al referirse al pluriempleo del trabajador de prensa, como otro aspecto a tener en cuenta en la nueva legislación.
"Entendemos que el Estatuto del Periodista debe jerarquizar al periodismo profesional, por eso la discusión está centrada en las formas, en los modos y en los formatos de hacer periodismo en este mundo que hoy nos toca transitar", concluyó Moreno Román.
Al inicio de la reunión, Moisés explicó que tratarán en primer lugar diversos proyectos de comunicación y declaración que ya habían sido analizados en reunión de asesores, vinculados con medios de comunicación, periodismo, libertad de prensa, prevención de la violencia y riesgos en entornos digitales, entre otras iniciativas. Tras la lectura de los proyectos, se pasaron los dictámenes para la firma de los senadores integrantes de la comisión.
Entre las iniciativas de comunicación se analizaron proyectos referidos a campañas de prevención y concientización sobre ludopatía infantil y uso problemático de dispositivos móviles, videojuegos y redes sociales, violencia en entornos digitales y phishing. Asimismo, se consideraron proyectos de declaración relacionados con la actividad periodística y los medios de comunicación, entre ellos iniciativas vinculadas con el Día del Periodista, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Día del Periodista Deportivo, el Día del Locutor y el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información. También se trataron proyectos referidos a producciones audiovisuales y radiales, plataformas digitales, medios de comunicación provinciales y regionales, telecomunicaciones y distintas iniciativas vinculadas con la libertad de prensa y el ejercicio de la actividad periodística.
El jefe del bloque Encuentro Federal cuestionó la reforma laboral por debilitar las indemnizaciones y avanzar sobre el sistema jubilatorio. Advirtió que la nueva justicia laboral favorecerá al sector empresario y alertó sobre el impacto de las importaciones chinas en la industria nacional.
En su intervención durante el debate de la reforma laboral, el diputado Miguel Pichetto hizo en primer lugar hincapié en lo que definió como “exclusiones significativas” de la nueva ley, poniendo en primer lugar al Estatuto Autónomo de los Embarcados. “Lo suprimen y no tenemos explicación razonable”, señaló, para luego aludir al resto de los estatutos que se derogan, algunos de los cuales reconoció que estaban en desuso.
Pero aclaró que el principal es el Estatuto del Periodista, con cuya eliminación “se pone en riesgo la autonomía e independencia del periodista al suprimirse la protección que le daba” esa herramienta.
A juicio del jefe del bloque Encuentro Federal, esta ley “de modernización no tiene nada”. “No hay nada que indique que hay un intento de modificación”, observó, destacando que esta iniciativa deroga la Ley de Teletrabajo. Por una ley que, a su juicio, “sabe lo que quiere, y fue abordado por los grandes estudios vinculados a sectores empresarios”.
Le dio una definición a esta ley en línea con lo que dicen “los economistas que hablan por televisión para darle siempre una mano al Gobierno”: “Es una reforma sistémica; se podría decir que es de carácter estructural”, dijo.
“Revisando la ley y buscando esforzadamente si había algún elemento o punto que favorecía al trabajador, puedo decirle que no hay ninguno -concluyó-. Se meten con todos los temas, el cálculo del despido… La discusión de qué conceptos integran el salario ha sido resuelta largamente por la Cámara y también la Corte. Todo esto se está suprimiendo para hacer una indemnización más débil, más frágil, que indudablemente es la búsqueda para no darle al trabajador lo que corresponde”.
Para Pichetto podría el Gobierno haber aprovechado para instrumentar un fondo de desempleo para los nuevos trabajadores, “si hubieran querido armonizar con las PyMEs”.
Sobre el FAL, lo consideró un “sistema híbrido en donde la plata la sacan debilitando el sistema jubilatorio”.
El diputado reiteró un viejo concepto suyo, respecto a “creer que se gobierna sancionando leyes, un viejo tema de este Congreso en donde varios gobiernos chocaron con esta dinámica de construir leyes, leyes ómnibus, de abordar muchos temas… Se extendieron, entonces tuvieron que volver atrás”, dijo en referencia a la eliminación del artículo referido a licencias médicas. “Deben haber medido con algún consultor y les daba negativamente este tema”.
Respecto de los fondos que vaya a recaudar el FAL, dijo pensar que “va a servir de soporte al sector público, al Estado, al Gobierno. Cuando necesite algún crédito, va a estar ese fondo”, que estimó en 2.600 millones de dólares por año y que comparó con las AFJP.
Pichetto advirtió también que “va a ser peor el sistema de los convenios por empresa. Eso es un grave error. La historia demuestra que los convenios por empresa termina siendo negativa”, y planteó que “en el convenio por empresa, se define que para el caso de que hayan más de un convenio por empresa vale el de rango menor”.
Luego dijo que la ley liquida el fuero laboral, tal cual ha funcionado hasta ahora, “porque se presume que la nueva justicia laboral va a ser conformada por la Ciudad, y se presume que va a estar más vinculada al sector empresario. Lo quiero ver, vamos a ver cómo funciona este sistema en el marco de las discusiones individuales, no vaya a ser cosa que termine peor”.
Alertó en ese sentido que “va a haber una fuerte litigiosidad con este tipod e temas”.
Sobre el final se refirió al trabajo de aplicaciones. “No definen el tema del seguro del trabajador de calle, probablemente lo termine pagando el trabajador. Se pierden la oportunidad de abordar este tema”, aseguró.
Al cerrar, Pichetto advirtió que “esta ley se instala en el marco de una recesión profunda con cierre de empresas”. Y en ese sentido llamó a considerar un tema de trascendencia sobre lo que está pasando en el país, dijo. “China es el tema. Cuando entra China, depreda todo; no se puede competir con China”, remarcó.
“Indudablemente no se puede competir en un mercado con un neumático que no tiene certificación de seguridad y vale el 30% de lo que producía la empresa nacional. Una empresa argentina de 80 años… Si había algo que caracterizaba la marca es que era nacional”, señaló, y cerró: “Ya que lo quieren tanto a Trump, ¿por qué no siguen un esquema de protección de la industria nacional como hace el presidente norteamericano?”.
Fue justo sobre el final de la extensa sesión de este miércoles/jueves, cuando tuvieron un áspero intercambio de cuestiones de privilegio.
Era el último de los artículos considerados en el extenso debate del Senado: ya habían pasado las 3 y media de la madrugada y los senadores llevaban más de 16 horas de sesión. El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, llamó a votar el Título XVI, “el de las derogaciones”.
Entre los elementos a derogar, figuraba el Estatuto del Periodista, por lo que antes de la votación, el santafesino Marcelo Lewandowsky pidió quitarlo del texto. La tucumana Beatriz Ávila pidió permiso para abstenerse también respecto del estatuto. Abdala rechazó su solicitud, ya que no podía limitarse a un artículo.
El senador Jorge Capitanich fue más lejos al solicitar que fueran quitadas todas las derogaciones (entre ellas los estatutos del peluquero y los viajantes, o la Ley de Teletrabajo), y expresó también “un enfático rechazo a quitarle recursos al Instituto del Cine porque forma parte de nuestra identidad y el desarrollo de la industria cultural argentina”.
Pidió la palabra entonces la radical Carolina Losada, que se encargó de ponerle picante al final de la sesión. “La verdad que qué nivel de cinismo: una persona que en una conferencia de prensa rompió un diario, no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza… no tiene cara, evidentemente”, señaló la santafesina.
Capitanich recogió el guante y presentó una cuestión de privilegio contra su colega, a quien le advirtió que había sido gobernador y senador y siempre había defendido la libertad de prensa. Pero eso no terminó ahí, pues Losada retrucó con otra cuestión de privilegio, para decir que como periodista se sentía “totalmente incómoda, no solamente con su presencia, sino con que se haga el que defiende la libertad de prensa… una persona que ofendió sistemáticamente a los periodistas… Bueo, podría seguir hablando de las cosas que hizo en su provincia, que dan mucha vergüenza. Pero me quedo con la parte del periodismo: cuando rompió el diario en una conferencia de prensa, o cuando atacaba a los periodistas uno por uno, o cuando su gobierno permitía que en una plaza pusieran gigantografías de los periodistas y lo que hacía esta gente era buscar que las personas pasen y escupan. Así que la libertad de prensa no se dice con piripipí cuando se es oposición. La libertad de prensa se ejerce, Capitanich y todos ustedes, les lanzó al bloque kirchnerista…”.
La votación del título en el que se deroga el Estatuto del Periodista fue aprobado por 38 votos a favor y 31 en contra. Además del peronismo, se sumó Flavia Royón. Losada votó a favor.
En medio del avance oficial sobre el Estatuto del Periodista Profesional y la creación de una Oficina de Respuesta Oficial que presiona al sector, resurgen viejas alertas sobre el rol del periodismo como contrapoder y la necesidad de actualizar, sin eliminar, las garantías que protegen a los trabajadores de prensa en una democracia saludable.
No es casualidad. Cada vez que las situaciones políticas degeneran en crisis el poder central reacciona doblando la apuesta para desbaratar las objeciones y las oposiciones. Ahora, en el intento de hacer una reforma laboral imperfecta que conmueve a toda la estructura de los trabajadores, se suma el asedio al periodismo con la amenaza de “eliminar” la Ley 12.908, es decir el Estatuto del Periodista Profesional.
Los periodistas argentinos viven siempre el asedio del poder. Hay infinidad de episodios promovidos por dictaduras militares y gobiernos democráticos que apuntaron contra, no solo de la libertad de prensa y de expresión, sino también de los derechos adquiridos para la función periodística a través de los años.
Afortunadamente, la libertad de informar, de resguardar la confidencialidad de las fuentes de información, están protegidos por la Constitución Nacional reformada en 1994. No es ese el punto en cuestión, aun cuando el actual Gobierno nacional se empeñe en contradecir noticias o informes de los medios a través de una Oficina de Respuesta Oficial (ORO), algo así como una trinchera dispuesta a atajar penales desde el Gobierno.
Con ese nombre la flamante oficina, que será apenas un usuario más de X, se dispone a “desmentir” cualquier cosa que no le guste, y de paso zarandear al periodista, buchonearlo públicamente y, por qué no, causarle daño al medio periodístico. Es de público conocimiento que “desmentir” tiene un valor relativo después que se instaló la noticia -cualquiera sea-. El desmentido siempre llega tarde, y casi no tiene efecto a menos que esté impulsado desde el poder central.
La oficina digital ORO anunció que se propuso atacar lo que denomina “desinformación”, y dice en su comunicado: “La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone”. Excelente propósito, pero debe funcionar en ambos sentidos porque las mentiras se impulsan también desde el poder. La descalificación sin argumentos de una información no es suficiente, el insulto contra el mensajero es un agravante, las respuestas deben tener contenido y bases de refutación, no solamente gritos y jajaja.
Los periodistas no están preocupados por eso, quieren que nadie intente “eliminar” el Estatuto, donde varios artículos los preservan en sus derechos elementales como trabajadores de prensa, compensan la vulnerabilidad del puesto de trabajo en relación a los mandatos empresariales con instrumentos indemnizatorios elevados para reducir los despidos injustificados por conflictos profesionales o presiones de distinta índole.
Sin embargo, hay que reconocer que el estatuto ha quedado vetusto respecto de esos objetivos primordiales. Es sumamente necesaria una readecuación de sus contenidos, especialmente para proteger e incorporar a los periodistas que usan las nuevas tecnologías, entre ellas la Inteligencia Artificial. Llevar a esta ley a los requerimientos del siglo XXI. Son innumerables las previsiones que hay que tomar al respecto. Este reconocimiento no avala la eliminación del Estatuto, por el contrario, lo fortalece. Urge conservar el espíritu de protección que permite que el periodismo siga siendo el contrapoder necesario en toda democracia saludable.
Dentro del Estatuto existen cláusulas que determinan la pirámide de crecimiento profesional dentro de los medios, y hasta ahora se ha respetado en general, y también incluye algunos artículos que se refieren a los sueldos por categoría. Es, en realidad, una suerte de estatuto con convenio de trabajo incluido. Contiene valores desactualizados, ha caducado la relación dineraria con el puesto de trabajo. Esta etapa de gobierno libertario, no liberal, ha generado además una declinación apabullante en los salarios que ahora son raquíticos hasta en los más grandes medios de comunicación gráficos, radiales y televisivos. La compensación está dada por el arraigo personal a la imagen pública de los periodistas, a costa de sueldos miserables.
No se incluye en esta observación a los programas de televisión con conductores y columnistas que funcionan en base a sus preferencias políticas, oficiales u opositoras. Esos programas tienen pautas privadas, y oficiales, y sus recaudaciones provienen de negocios hábiles provenientes de las relaciones publicitarias. El trabajador de un medio gráfico no huele un centavo de esas ganancias, y en algunos casos hasta el medio periodístico tiene dificultad para recibir publicidades de gran monto. De allí que se hable, por el Estatuto, de la vulnerabilidad de los puestos de trabajo y la caída de los salarios de forma estrepitosa.
El Estatuto del Periodista Profesional Ley 12.908 nació formalmente en 1946, como ley, y han pasado 79 años desde entonces. Hubo algunas reformas, pero ninguna actualizó la herramienta a los tiempos presente y futuro. FOPEA es la institución que realmente conoce este tema y mantiene el prestigio necesario para enfocarse profesionalmente en la reforma. Los sindicatos de prensa de todo el país, nucleados dentro de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), también reclaman participar del debate y, entre otras cosas, piden modernizar la ley con la incorporación de nuevas categorías nacidas de la digitalización de las noticias, la incorporación de la inteligencia artificial, las nuevas plataformas, los streamings y las redes sociales que inciden en la circulación y consumo de noticias.
La posición adoptada por el Gobierno sobre el tema no es distinta a las ya conocidas en épocas pretéritas, incluyendo las intervenciones en los medios oficiales, como Télam, desguazada esta vez hasta su eliminación total.
Recordemos, en 1955 la dictadura militar decidió que los medios periodísticos adherentes al peronismo fueran lisa y drásticamente censurados, cerrados. Pregunta: ¿qué pasó con los periodistas profesionales y los administrativos de esos medios? Virtualmente el Estatuto del Periodista Profesional quedó congelado. Los medios tradicionales, como La Prensa, La Nación y Clarín salvaron sus papas por su rol de opositores.
El 28 de junio de 1966, cuando el general Juan Carlos Onganía dio el golpe contra el presidente Arturo Illia, implantó una censura rígida que alcanzó no solo a la prensa sino también a las expresiones culturales como el cine, el teatro y hasta la lírica, con la prohibición de la ópera Bomarzo, de Mujica Lainez y Ginastera.
El mismo 24 de marzo de 1976 la labor de la prensa quedó regida bajo el Comunicado Nº 19 que en los hechos suprimía la libertad de prensa al reprimir con la cárcel a quien difundiera actividades “subversivas” o desprestigiara a las Fuerzas Armadas o de Seguridad. Por el lapso de dos semanas funcionó dentro de la Casa de Gobierno una oficina de censura donde los responsables de las publicaciones debían acercar sus materiales para que su publicación fuera leída y autorizada. Y, en abril de 1976, la Secretaría de Prensa y Difusión emitió otro comunicado a los medios prohibiendo difundir información sobre muertes de “subversivos”, aparición de cadáveres o desaparición de personas, a menos que lo informara una fuente oficial.
Si el Gobierno de Javier Milei avanza en esas direcciones, ya se sabe cuál será el resultado. Disgusta esta memoria, solivianta los ánimos. Si los periodistas, cualquiera sea su orientación política, evitan interceder en esta cuestión, estarán haciendo el caldo gordo para que se produzca el desbande.
Es importante recordar: los gobiernos pasan, los periodistas quedan.
Nancy Sosa es socia del Club Político Argentino
Lo hicieron en el marco de una conferencia de prensa realizada en la vereda del Palacio Legislativo, de la que tomaron parte periodistas de distintos sectores y senadores peronistas y diputados de la izquierda.
Organizada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y FATPREN, se realizó este miércoles en las puertas del Senado una conferencia de prensa para rechazar la derogación del Estatuto del Periodista, contenida en el proyecto de reforma laboral.
Participaron del encuentro los senadores nacionales del bloque Justicialista José Mayans, Florencia López, Mariano Recalde, Carlos Linares y María Teresa González, como así también los diputados del Frente de Izquierda Romina del Plá, Néstor Pitrola y Myriam Bregman, además de Gabriel Solano y Vanina Biasi. Entre los representantes de trabajadores de prensa, estuvieron Alejandro Bercovich, Mariano Obarrio, David Cayón, Silvia Mercado, Claudia Acuña y Nancy Pazos, entre otros.
Precisamente esta última calificó al Gobierno nacional como “un régimen” y señaló que “el propio (Javier) Milei está acercándose a situaciones que incomodan a los propios que lo quieren defender”. Asimismo, hizo una enfática defensa del Estatuto del Periodista, “hoy y siempre”, y aclaró que “no somos necios”, remarcando la disposición a “dialogar y obviamente acompañar los procesos que tengan que ver con un país donde cada vez tengamos más democracia y no menos”.
“Hubo un tiempo donde los periodistas no nos reconocíamos laburantes. El Estatuto del Periodista nace porque en realidad nuestros primeros pares creían que hacen un laburo intelectual y por ende eran casi pares de los dueños de los medios. Cuando los medios se transforman en medios comerciales al que hay que darle libertad es al laburante, que somos nosotros los que garantizamos la pluralidad de opiniones”, agregó.
En tanto, Agustín Lecchi, titular de SiPreBA, señaló que como gremio rechazan la reforma laboral, pero más de 3.000 periodistas vienen rechazando la derogación del Estatuto del Periodista y por eso firmaron una solicitada que fue leída durante la reunión. Aclaró también que mantendrían este miércoles por la tarde una reunión con el bloque radical del Senado, como así también encuentros con representantes provinciales, espacios que están dispuestos a acompañar al oficialismo en la aprobación de la ley.
Por su parte, el periodista Alejandro Bercovich destacó: “Lo que estamos presentando es una solicitada que lleva las firmas de colegas de un amplísimo espectro político, ideológico, analítico, de pensamiento”. En esa línea, indicó que “mirando los apellidos uno se da cuenta hasta qué punto está en juego la libertad de expresión si se deroga el Estatuto del Periodista”.
La decisión del Gobierno está incluida en el proyecto de reforma laboral que envió al Senado. Desde la Asociación de Periodistas de la República Argentina instan a la reflexión y la búsqueda de consensos.
La Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA) manifiesta su oposición a la decisión “intempestiva e inconsulta” del Gobierno nacional de derogar el Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908) que establece el marco regulatorio para el ejercicio profesional en medios de comunicación.
La decisión del Gobierno nacional de derogar dicha normativa está incluida en el proyecto de reforma laboral que fue enviado al Senado.
“El Gobierno tiene todo el derecho de hacer sus propuestas, pero llama poderosamente que en una democracia no se consulte a todos los sectores afectados”, reclaman. El Estatuto del Periodista rige desde 1946, del cual reconocieron que “obviamente que hay que actualizarlo”, pero en una Democracia “es auspicioso que opinen todos los involucrados y no solamente el Poder Ejecutivo”.
“Es sabido que el presidente Javier Milei ‘odia al periodismo’, como siempre lo dice, por lo instamos reflexionar y a buscar consensos por el bien de la República”, plantean desde la Comisión directiva de APeRA.