Durante la sesión ordinaria de este jueves, la Legislatura porteña sancionó con 53 votos positivos y una ley que introduce modificaciones en la norma de Ética Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporando el precepto de “integridad pública” y su marco normativo para la prevención y el control de irregularidades, anomalías, incumplimiento de deberes o ilícitos en el ámbito de los tres poderes constitucionales.

La medida recibió el acompañamiento de GEN, UCR-Ev, FdT, VJ y PS y el rechazo de FIT, PO, PTS y AyL, y unificó siete iniciativas de distintos bloques.

El objeto de la norma en tratamiento es “trabajar sobre los principios y deberes éticos, las incompatibilidades en el ejercicio de la función pública, los mecanismos de gestión y prevención de conflictos de intereses y la aplicación de sanciones por incumplimiento de los deberes”, sin perjuicio de lo que pudiera corresponder en materia judicial y manteniendo las funciones de los organismos de control ya creados y en funciones.

Además crea una Oficina de Integridad Pública en cada uno de los poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), las cuales actuarían como autoridades de aplicación y cumplirían un rol estratégico de prevención.

Al respecto de la iniciativa, la autora del proyecto que fue tomado como base, Cecilia Ferrero (VJ), aseguró que “la Ley de Ética Pública de 2013 ha quedado corta en relación con los estándares internacionales” y afirmó que “la integridad pública significa un estándar superior a la ética y requiere precisar las responsabilidades institucionales”. Asimismo indicó que la norma “regula la ética en la función pública de manera integral, este régimen pertenece a un sistema de integridad pública, no es un único elemento”.

“Buscamos establecer principios éticos en las funciones públicas, eliminando irregularidades y estableciendo sanciones ante incumplimientos. También se establecen regulaciones para las declaraciones juradas, para que quede claro lo que hay en el país y en el exterior, nadie podrá hacerse el distraído”, aseveró.

En tanto el radical Ariel Álvarez Palma (UCR-Ev) recordó que “la sanción de ética en el 2013, nos pone la vara más alta y nos hace discutir cuál es el mejor diseño de la transparencia. Nos vimos convocados a trabajar cuál es el alcance que tiene que tener esta ley” y celebró “la discusión de la comisión porque fue muy enriquecedora, donde todos los bloques expresamos nuestras posturas y encontramos un acuerdo. Tiene que tener legalidad en función de la constitución, hay que tener legitimidad de origen”.

Mientras que la peronista María Rosa Muiños (FdT) señaló que “la satisfacción por la presentación de Ferrero que dista bastante de lo que se discutió en comisión” y recordó que esta normativa “viene a corregir una norma previa sancionada en 2013, entendemos que hay una mejora, introducidas por muchos bloques. Nos hubiera gustado que esta norma, hubiera sido de mayor nivel de participación de la sociedad civil y la academia, esa participación no existió”.

A la vez que el socialista Hernán Arce (PS) remarcó que “es una buena noticia que debatamos esta ley, viene a mejorar los estándares de la corrupción que recomienda organismos internacionales. Que aprobemos esta iniciativa es la clara posición política que reclama la ciudadanía contra la corrupción, temas entre las principales preocupaciones de la gente” y consideró que “cada hecho de corrupción profundiza la confianza de la ciudadanía hacia quienes gobierna, es imprescindible que la política se haga cargo y fortalezca sus vínculos con la ciudadanía”.

En contraposición, Marta Martínez (AyL)  señaló que “la única forma para que no haya corrupción es que las decisiones estén en manos de la población. La corrupción es propia de este sistema, la dirigencia política entrega a grupos empresarios y quedándose con algún beneficio” y advirtió que “la corrupción abarca a todos los gobiernos; la familia Macri es una de las que más se ha beneficiado, estando de los dos manos del mostrador. El kirchnerismo no se queda afuera de esta lógica, podemos nombrar corrupción en la obra pública, en cuanto a Alberto Fernández también fue  denunciando por su complicidad con el menemismo”.

Por otro lado Santiago Roberto (FdT) aseguró que “somos conscientes de la necesidad de una Oficina Anticorrupción (OA), una real OA, nos parece que este proyecto más allá de los principios que enuncia, vemos que en los hechos no se va a poder plasmar en la realidad” y destacó que “hubo avances si miramos el proyecto original, tiene que ver con el trabajo en conjunto del bloque sino de todos los bloques, con este proyecto no saldamos la deuda pendiente que tenemos con la ciudadanía”.