El decreto fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial. El Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación de la norma.
A 5 meses de su sanción en la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional reglamentó la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como de Etiquetado Frontal de Alimentos.
La medida se publicó este miércoles en el Boletín Oficial, a través del decreto 151/22, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; la ministra de Salud, Carla Vizzotti; y el ministro de Agroindustria, Julián Domínguez.
En los considerandos del decreto se señaló que con la reglamentación se busca “homogeneizar criterios y establecer pautas mínimas de aplicación de la citada Ley para la implementación de las medidas de Promoción de la Alimentación Saludable a través de Educación Alimentaria y Nutricional (EAN) en todo el país”.
Además, se estableció como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud, “quedando facultado para dictar las normas complementarias y/o aclaratorias que fueren necesarias para su efectiva implementación”.
La Ley de Etiquetado Frontal apunta a advertir a la sociedad sobre los productos que tienen un alto contenido en calorías, grasas, azúcares y sodio, con el objetivo de contribuir a la prevención de enfermedades. Por ese motivo, establece la incorporación en el frente de los envases de los productos una etiqueta con forma de octógono negro y letras blancas que advierta el exceso de nutrientes críticos para la salud.
Además, otro de los puntos fundamentales de la normativa determina que los productos que contengan entre sus ingredientes edulcorantes o cafeína tendrán que informar que su consumo no se recomienda en niñas y niños.
Por otra parte, establece la prohibición de emitir publicidad comercial -dirigida a niños, niñas y adolescentes- de productos con sellos de advertencia y determinar que los productos que tengan más de un sello de advertencia no podrán incluir dibujos animados, personajes, figuras públicas, regalos ni elementos que llamen la atención de niños, niñas y adolescentes.
La norma también determina que, ante iguales condiciones, el Estado deberá priorizar la compra de alimentos sin estos sellos de advertencia.
La ley fue respaldada por una amplia cantidad de organizaciones de la sociedad civil que venían reclamando la sanción de una norma que promoviera una alimentación saludable, de forma similar a como existen en otros países.
Las Uniones Industriales del NOA y del NEA sostienen que la norma “incluye consigo aspectos muy cuestionables”.
Las Uniones Industriales del NOA y del NEA manifestaron su rechazo a la Ley de alimentación saludable (etiquetado frontal) sancionada el pasado 26 de octubre por el Congreso Nacional.
A través de una misiva, sostiene que el propósito de introducir un etiquetado de advertencia en los envases de alimentos para prevenir y combatir las Enfermedades No Transmisibles (ENT) “incluye consigo aspectos muy cuestionables: estos aspectos fueron informados e ignorados por los senadores y diputados que votaron la Ley”.
Indican que la ley avasalla las autonomías de las provincias: según la Constitución Nacional son las provincias las que deben legislar en materia de alimentación. “Por esa razón, existe la CONAL (Comisión Nacional de Alimentos), único órgano competente en el tema y donde se deben tomar las decisiones por unanimidad. La CONAL tiene avanzado un proyecto de etiquetado frontal de alimentos con acuerdo de las Provincias y el Gobierno Nacional”.
En segundo lugar, advierten que la ley impide lograr una norma armonizada en el MERCOSUR, como es la que rige actualmente, a pesar de haber sido un pedido expreso de la Cancillería Argentina ante las comisiones de Diputados. “Esta omisión es un claro perjuicio para la industria argentina, porque los países del bloque son el principal destino de los alimentos que se exportan”, señalan.
Además, consideran que la ley implica una “resignación de la soberanía nacional” al haber adoptado el perfil de nutrientes de la OPS, así identificado en el texto legal, ya que “la Argentina no podría rectificarlo ante evidencias futuras que recomienden su revisión. Tendrá que pedirle a la OPS que lo haga”.
“Reconocemos la comprensión de los senadores y diputados nacionales que, con su disenso, se hicieron eco de los aportes de entidades científicas, profesionales, productivas e industriales para que el país tenga una ley de etiquetado eficaz para una alimentación saludable y desarrollo socio-económico en nuestro país y la región”, concluye el comunicado.
El diputado nacional de JxC sostuvo que el control de precios que el Gobierno quiere imponer tiene “intencionalidad antiempresarial muy marcada”, que “desabastece la fábrica”.
El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff se refirió al control de precios que lleva a cabo el Gobierno para intentar detener la inflación que aqueja al país, y señaló que la medida, junto a la recién aprobada Ley de Etiquetado Frontal, tiene una “intencionalidad antiempresarial muy marcada”, que “desabastece la fábrica, porque no solamente en el supermercado está el problema”.
En diálogo con Radio CNN, calificó a la ley de “inútil para cuidar el bolsillo de los argentinos”, y que por el contrario “va a ver cada vez más problema para reponer los alimentos, lo que va a ser perjudicial para el país”. Además, indicó que, si la idea es aplicarlo “pensando en las elecciones del 14 de noviembre, y no va a funcionar porque el plan no da buenos resultados”.
Consultado sobre la Ley de Etiquetado Frontal, Asseff dijo que “traerá consecuencias perjudiciales para la industria alimenticia que es una de las principales fuentes de divisas para nuestro país”.
“Lamentablemente, como dice la marcha, ciertos sectores políticos que dicen defender los intereses de todos los argentinos, en pleno siglo 21 se dedican a ‘combatir el capital’ cuando es el motor de progreso y de igualdad social real que nos puede sacar adelante”, concluyó el legislador.
El diputado de JxC cargó contra la política de control de precios del Gobierno nacional.
El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff se refirió a la Ley de Etiquetado Frontal aprobada Diputados, y consideró que el proyecto tiene buenas intenciones y que “el etiquetado como advertencia buscando que la población argentina se nutra mejor y tenga una alimentación más saludable es algo bueno”, luego agregó que “lamentablemente no basta la ley de etiquetado porque hay un tema cultural y educativo y hay que hacer las cosas no pensando en la magia de la ley, sino que se necesita un cambio en los hábitos de consumo”.
En diálogo con “¡Hola Chiche!”, por AM 550 Radio Colonia Asseff contó que “he tenido reuniones con asesores de la COPAL (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios) y me han manifestado sus preocupaciones al respecto de la ley de etiquetado. Hay que recordar que la industria alimenticia argentina es una de las que mayor empleo genera y mayor cantidad de divisas produce, porque exporta. Por eso creo que hay que revisar las implicancias que esta ley genera para el sector”.
En tanto, el diputado indicó que antes de ser aprobada por el Congreso Nacional la ley de etiquetado “tendría que haber sido tratada primero a nivel MERCOSUR de forma conjunta, para que sea una cuestión regional y no unilateral de la Argentina; para que sea simétrica”. Y agregó, “que sea la región la que plantee una política estratégica de nutrición saludable para el bloque y a los mercados del exterior de la región”.
Por último, Asseff se refirió al polémico control de precios y su lucha por evitar la inflación. Al respecto el presidente de Unir dijo que “este Gobierno les carga las tintas a los empresarios responsabilizándolos de la inflación, pero los mismos empresarios cruzando los Andes en Chile no generan inflación y cruzando el Río de la Plata no generan inflación en Uruguay. Entonces ¿por qué acá son solamente los empresarios los que generan inflación? La realidad es que la inflación se genera por la emisión, el déficit y los descalabros financieros que han producido diferentes gestiones a lo largo de 70 años y que no logran generar confianza en la sociedad”.
“En todo caso el empresario no es el diablo, sino que el diablo es la mala gestión, el despilfarro, la corrupción que genera una situación de desconfianza por el déficit permanente de nuestras cuentas”, concluyó Asseff.
Esa conducta fue adoptada por 38 legisladores de Juntos por el Cambio y argumentada durante el extenso debate.
Al cabo de 8 horas de debate, la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos fue aprobada este martes con 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones. El apoyo que tuvo la norma fue transversal, desde todas las bancadas de la Cámara baja apoyaron la iniciativa, pero el rechazo o la abstención se limitó a Juntos por el Cambio, y sus razones fueron expuestas durante la sesión.
A continuación detallamos los 22 votos negativos:
Juan Aicega (Pro – Buenos Aires), Domingo Amaya (Pro – Tucumán), Beatriz Luisa Ávila (Partido por la Justicia Social – Tucumán);, Virginia María Cornejo (Pro – Salta), Soher El Sukaria (Pro – Córdoba); Jorge Ricardo Enríquez (Pro – CABA), Ezequiel Fernández Langan (Pro – Buenos Aires), Alicia Fregonese (Pro – Entre Ríos), Alejandro García (Pro – CABA), Álvaro Gustavo González (Pro – CABA), Fernando Adolfo Iglesias (Pro – CABA), Ingrid Jetter (Pro – Corrientes), Luciano Andrés Laspina (Pro – Santa Fe), María Lucila Lehmann (Coalición Cívica – Santa Fe), Martín Nicolás Medina (Pro – Buenos Aires), José Luis Patiño (Pro – CABA), María Carla Piccolomini (Pro – Buenos Aires), Carmen Polledo (Pro – CABA), Dina Esther Rezinovsky (Pro – CABA), Cristian Ritondo (Pro – Buenos Aires), Adriana Noemí Ruarte (Pro – Córdoba) y Francisco Sánchez (Pro – Neuquén).
Estas fueron las 16 abstenciones registradas:
Federico Angelini (Pro – Santa Fe), Héctor Walter Baldassi (Pro – Córdoba), María Gabriela Burgos (Unión Cívica Radical – Jujuy), Javier Campos (Coalición Cívica – Buenos Aires), Omar Bruno De Marchi (Pro – Mendoza), Mercedes Joury (Pro – Buenos Aires), Silvia Gabriela Lospennato (Pro – Buenos Aires), Osmar Monaldi (Pro – Jujuy), Victoria Morales Gorleri (Pro – C.A.B.A), Fabio José Quetglas (Unión Cívica Radical – Buenos Aires), María Lujan Rey (Pro – Buenos Aires), Jorge Rizzotti (Unión Cívica Radical – Jujuy), David Pablo Schlereth (Pro – Neuquén), Pablo Gabriel Tonelli (Pro – CABA), Pablo Torello (Pro – Buenos Aires) y Waldo Ezequiel Wolff (Pro – Buenos Aires).
Los ausentes fueron 18:
Juan Carlos Alderete (FdT – Buenos Aires) Felipe Alvarez (Acción Federal – La Rioja), Alberto Asseff (Pro – Buenos Aires), Laura Castets (CC – Santa Fe), José Ignacio De Mendiguren (Frente de Todos – Buenos Aires), Héctor “Toty” Flores (CC – Buenos Aires), Luis Alfredo Juez (Pro – Códroba), José Luis Martiarena (FdT – Jujuy), María Gisela Marziotta (FdT – CABA), María Lucila Masin (FdT – Santa Fe), Juan Mosqueda (FdT – Chaco), María Graciela Ocaña (Pro – Buenos Aires), Paula Mariana Oliveto Lago (CC – CABA), Estela Mercedes Regidor Belledone (UCR – Corrientes), Julio Enrique Sahad (Pro – La Rioja), Alicia Terada (CC – Chaco), Ignacio Agustín Torres (Pro – Chubut) y Mariana Zuvic (CC – CABA).
La legisladora del Pro leyó un dictamen de minoría propio en la Cámara baja en donde planteó los aspectos que no comparte con el proyecto de ley de etiquetado frontal.
La diputada nacional Carmen Polledo (Pro – CABA) expresó los puntos que no comparte con el proyecto de ley de promoción de alimentación saludable, que cuenta con media sanción del Senado y se espera que se aprueba en Diputados, y leyó un dictamen de minoría propio en donde manifestó que “hay que brindar educación alimentaria para que las personas construyan hábitos saludables” y aseguró que “el cambio se construye educando y no se impone por la fuerza”. También denunció que hay una “censura a la libertad de expresión” en relación a las publicidades.
“Comparto la idea general del proyecto de promover una alimentación saludable de los productos que consume la población”, afirmó Polledo. Sin embargo, remarcó que “hay aspectos centrales que no comparto y presenté un dictamen de minoría propio”.
En esa línea, precisó: “La idea básica del dictamen de mayoría es poner en cada paquete un octógono negro por cada nutriente crítico que excede el límite sugerido y prohibir que se informe por nada positivo que contenga”, y cuestionó que “hay una posición de fanatismo de imponer de que hay una sola forma posible de etiquetados”.
“La discusión fue esa, entre elegir octógonos negros y la obesidad, nadie esta en contra de prevenir la obesidad o el sobrepeso o prevenir sobre el contenido, todos sabemos que la obesidad es una enfermedad, nadie dice que no hay que informar sobre el contenido nutricional de alimentos y bebidas que consumimos, hay que hacerlo en el mismo envase, el problema es cómo se informa”, agregó la diputada del Pro.
A su vez, criticó: “Aunque intervienen otros factores que no permitieron avanzar en una discusión sobre los modelos vigentes de etiquetados y no permitir buscan la mejor adaptación para el país, el modelo de etiquetado que se implemente sea capaz de brindar la información de la manera más completa clara y precisa posible porque se discute y omite poner en superficie si la información debe ser completa o no”.
“El proyecto que debatimos supone que brindar más información confunde al consumidor y no estoy de acuerdo, hay que brindar educación alimentaria para que las personas construyan hábitos saludables en una elección informada y la persona debe contar con la mayor información posible”, destacó Polledo.
Además, denunció que “para algunos no sería suficiente con informar, promover y educar, sino que pretenden avanzar con prohibición y censuras y es un aspecto central de octógonos negros. Se ha ocultado a la población de que este no es el único método posible, sino que hay otros menos hostiles y estigmatizantes que brindan información más precisa, útil e integral”.
“Debemos pensar en un sistema de etiquetado integral y completo. El cambio se construye educando y no se impone por la fuerza, nadie está autorizado para modificar ni dirigir los hábitos de los demás”, enfatizó la diputada y concluyó que “también prohíbe la publicidad en productos de adultos y niños, se les prohíbe todo tipo de marketing. En un país con semejante márgenes de pobreza no se van a poner donar alimentos que tengan al menos un octógono negro. Se olvidan que la publicidad es parte de la libertad de expresión y el modo que lo plantea el proyecto es censura previa y va en contra de la Constitución”.
Un repaso por los aspectos centrales del proyecto que se sancionó este martes en la Cámara de Diputados.
A casi un año de su aprobación en el Senado, el proyecto será debatido en el recinto de la Cámara baja el próximo martes. En comisiones hubo cuatro dictámenes, pero el de mayoría, que reproduce la media sanción, será el que se votará primero. Los puntos principales.
El proyecto de etiquetado frontal de alimentos será “la estrella” del temario de la sesión del próximo martes en la Cámara de Diputados. Se espera que el debate de la iniciativa concentre varias horas de la reunión, dado que divide aguas dentro de todos los bloques y además hubo cuatro dictámenes durante el tratamiento en comisiones.
No obstante, se estima que un amplio número de legisladores vote a favor del despacho de mayoría, que reproduce el texto de la media sanción del Senado, votada hace casi un año, más precisamente el 29 de octubre de 2020.
En la Cámara alta, el proyecto tuvo un respaldo casi unánime -con 64 votos a favor y solo 3 en contra-, además de encontrar como máximos impulsores a dos senadores de bloques opuestos: la oficialista Anabel Fernández Sagasti y el radical Julio Cobos, ambos mendocinos.
La iniciativa había sido incluida por el Frente de Todos en la sesión fallida del pasado 5 de octubre en Diputados, cuando el oficialismo acusó a Juntos por el Cambio de no haber dado quórum por responder al “lobby empresarial”. Sin embargo, varios diputados referentes de la bancada opositora, que están a favor de la ley, negaron la acusación. Ese día estuvieron presentes en los palcos representantes de organizaciones de la sociedad civil que reclaman por la norma desde hace tiempo.
En el tratamiento en comisiones, además del dictamen de mayoría -que reunió 91 firmas-, presentó uno propio con disidencias la macrista Carmen Polledo, quien planteó que en lugar de octógonos negros, el sello con la información nutricional sea bajo el sistema NutriScore (al estilo “semáforo”).
Otro que presentó una propuesta alternativa fue el oficialista Pablo Yedlin, de Tucumán, provincia azucarera a la que la ley no le cae del todo bien. Sin embargo, el diputado no se mostró en contra de los sellos negros, pero sí pidió que se aplique solo en alimentos procesados y ultraprocesados, además de contemplar otro perfil de nutrientes -no el de la OPS- y buscar la armonización con normas del Mercosur.
Finalmente, el cuarto dictamen fue presentado por el macrista Alejandro García, presidente de la Comisión de Industria, un sector que levantó la voz contra varios aspectos de la iniciativa. Ese despacho directamente rechaza la media sanción.
Los puntos destacados del proyecto
Tras la sesión fallida la semana pasada, oficialismo y oposición acercan posiciones para llevar al recinto un temario consensuado, que también incluiría la ley ovina.
Tras la caliente jornada que se vivió la semana pasada en Diputados, con tironeos entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y una sesión que no fue por falta de quórum -era la primera presencial desde el comienzo de la pandemia-, la Cámara baja sesionaría el próximo martes 19 con la ley de etiquetado frontal de alimentos como principal tema.
Luego de que no consiguiera reunir el número necesario para sesionar el martes pasado, el oficialismo salió a disparar contra el mayor interbloque opositor con acusaciones tales como que los legisladores de esa bancada respondieron al “lobby empresarial” para que la ley sobre promoción de alimentación saludable no saliera.
En Juntos por el Cambio, donde hay varios integrantes a favor del etiquetado frontal, lamentaron que no se hubiera aceptado en la reunión de Labor Parlamentaria su propuesta para sumar la ley ovina al temario y, por otro lado, exigían comenzar a tratar en comisiones otras cuestiones, entre ellas el Presupuesto 2022 -sobre el que todavía no arrancó el debate-.
Con todo, tras el fracaso en el recinto, autoridades del Frente de Todos y del interbloque que integran el Pro, la UCR y la CC mantuvieron un encuentro para tratar de avanzar en un consenso. Esas negociaciones se extendieron durante el fin de semana largo y, como conclusión, se asoma una fumata blanca para sesionar recién la próxima semana.
Así, además de etiquetado frontal y ley ovina, el temario incluiría un paquete de proyectos sin mayor relevancia, pero sí por supuesto de interés para los autores de los mismos. Precisamente, por el número de las iniciativas que se contemplarán, se decidió que la sesión se realice la próxima semana, ya que esta también se vio acortada por el feriado del lunes. Además de los reclamos de JxC, el presidente del cuerpo, Sergio Massa, también había escuchado los pedidos de otros bloques de la oposición.
La senadora nacional se refirió al fallido intento del oficialismo de tratar el proyecto de ley de Etiquetado Frontal, y sostuvo que “hay legisladores que representan los intereses más concentrados de la industria alimenticia”.
La senadora nacional María de los Angeles Sacnun, en su recorrida por la provincia de Santa Fe se refirió al proyecto de ley de Etiquetado Frontal que no pudo ser tratada en Diputados, y señaló: “Lo dijimos en su momento cuando se le dio media sanción en el Senado. Los consumidores tienen el derecho de saber qué están consumiendo, cómo se alimentan y qué calidad tienen los alimentos”.
“Tenemos que tener en claro a quienes representamos cuando nos sentamos en las bancas del Congreso. En nuestro caso representamos a la provincia de Santa Fe y al pueblo de mi provincia que van de la mano. Ineludiblemente hay legisladores que representan los intereses más concentrados de la industria alimenticia, que los intereses del pueblo argentino”, señaló Sacnun.
Sacnun participó de la firma del convenio de colaboración, entre el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología (MPCyT) y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático (MAyCC) para la implementación de la resolución que regula y controla la producción y el comercio de semillas de especies nativas dentro del ámbito de la República Argentina, y a través de la cual se instrumenta la Declaración de Áreas Productoras de Semillas de Especies Nativas (DAPSEN).
“Es muy importante que podamos avanzar en la firma de este tipo de convenios que buscan proteger la semilla nativa, incrementar la producción y posibilitan avanzar en materia de ciencia y tecnología, teniendo un impacto directo en esta provincia productiva”, dijo la senadora.
Estuvieron presentes en la firma de convenio con INASE: Gabriel Giménez, director nacional de Articulación Federal (INASE); Daniel Costamagna, ministro de la Producción. Ciencia y Tecnología de la provincia MPCyT y Fabricio Fragapane, Subsecretario de Protección a la Naturaleza; Jorge Torelli, secretario de Agroalimentos (MPCyT); María Eugenia Carrizo, subsecretaria de coordinación Agroalimentaria (MPCyT); Matías Giorgetti, director de Articulación Territorial del (MPCyT)
Posteriormente, Sacnun recorrió las instalaciones operativas de producción de medicamentos del Laboratorio Industrial Farmacéutico de la Provincia de Santa Fe, una sociedad del Estado provincial, donde en la fecha, se terminó la elaboración y envasado del primer lote de “Aceite de Cannabis Medicinal LIF” para la atención de la salud de pacientes con epilepsia refractaria.
El Laboratorio cuenta con 140 empleados calificados para la elaboración de una amplia gama de medicamentos, cuya calidad es certificada por la ANMAT y su producción se distribuye gratuitamente en el sistema público de salud de la provincia, contando además con contratos de provisión de productos medicinales a otros Estados provinciales.
De la recorrida participaron Élida Formente y Analía San Román, directoras del Laboratorio; Claudio Casals; Gerente de planta; Gabriel Giménez, director nacional de Articulación Federal (INASE); María Eugenia Carrizo, subsecretaria de coordinación Agroalimentaria); Marcelo D’Angelo, coordinador nacional de Cooperativas de Servicios Públicos del INAES y Cristian Recchio, director regional del Ministerio de Trabajo de la nación.
Luego la senadora estuvo en la localidad de San Jerónimo Norte donde se presentó el programa “Caminos de la Ruralidad” y se firmó el convenio la Traza San Jerónimo Norte 8.512m con una inversión de $30.168.000.
Este programa identifica trazas prioritarias para el desarrollo productivo, y las pone a punto para que sean transitables los 365 días del año. El trabajo se realizada en conjunto entre el Ministerio de Producción CyT, Vialidad Provincial, comunas y productores. En toda la provincia, se destina un presupuesto de más de 1.100 millones de pesos.
“Hay una decisión política de este Gobierno de invertir en materia de caminos para poder sacar nuestra producción y el acceso a la educación. Por eso cuando dicen que nuestro proyecto político no tiene dialogo con el campo, aquí está la realidad. Hay recursos concretos que el gobierno de Omar Perotti, pone en beneficio de nuestros productores y de aquellos que deciden vivir en el campo con sus familias. Nosotros trabajamos fuertemente por esto porque en nuestra provincia tenemos 365 distritos que apuestan al trabajo y a la cultura del arraigo y seguramente entro todos, lograremos un mejor destino para nuestra sociedad”.
Acompañaron a la senadora: el gobernador Omar Perotti, el intendente de San Jerónimo Norte, Carlos Volpato, el ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, el presidente provisional del Senado y el senador provincial por el departamento Las Colonias, Rubén Pirola; el Administrador General de la dirección provincial de Vialidad, Oscar Ceschi; el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional, José Luis Freyre; el director provincial de Coordinación y Articulación Territorial, Matías Giorgetti; el director provincial de Economía Social, Guillermo Tavernier; el presidente Comunal de Pilar Diego Vargas y el presidente Comunal de San Jerónimo del Sauce Daniel Ríos.
“Gobernar en democracia es poder compartir una agenda que construya país”, señaló la vicepresidenta del bloque radical de la Cámara baja.
Partidaria de la aprobación de la ley de etiquetado frontal de alimentos, la diputada nacional Carla Carrizo explicó este miércoles por qué no hubo quórum en la Cámara baja el martes para tratar esa iniciativa. Señaló al respecto que “gobernar en democracia es poder compartir una agenda que construya país”.
“No pudo reunirse el quórum por la modalidad con la que el oficialismo convocó a la sesión. En el Congreso como en todas las áreas de la vida, nosotros tenemos reglas. Hay reglas formales y reglas informales. Hay una estrategia del oficialismo para utilizar el etiquetado de alimentos para generar un hecho político”, explicó la diputada que busca su reelección este año por Juntos por el Cambio.
En declaraciones a la AM 550, la vicepresidenta del bloque UCR señaló que “para que esto funcione bien, el kirchnerismo tiene que cambiar un poco la práctica del poder. Negociar no es abdicar. Hay una cultura de la negociación y del consenso en democracia. Gobernar en democracia es poder compartir una agenda que construya país. Después en las elecciones competimos y volvemos a construir gobierno. El mensaje de las urnas fue que hagan las cosas bien”.
Para Carrizo, “es una ley sumamente necesaria que en 2000 comenzaron los primeros proyectos para cambiar el enfoque y cuidar el modo en que nos alimentamos”. Recordó la diputada que “tuvimos cuatro reuniones informativas y vinieron de todos los sectores. Esta ley va a ordenar muchísimo lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles en la Argentina, la obesidad en la infancia y adolescencia”.
“Vamos hacia un enfoque está aplicado en todo el mundo que son las etiquetas de advertencia. Va a ayudarnos en la góndola a cómo elegir alimentos. Es una ley que se tiene que aprobar”, finalizó Carrizo.
La iniciativa fue presentada en julio del año pasado por Laura Velasco (FdT), sin embargo nunca llegó a ser tratado en comisión ni habilitado para su discusión en el recinto.
Tras la polémica que generó la falta de quórum en la Cámara baja del Congreso Nacional para debatir la ley de etiquetado frontal, parlamentario.com advirtió que en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ocurre una situación similar. Es que en julio del año pasado la diputada Laura Velasco (FdT) junto a otros legisladores del Frente de Todos también presentaron un proyecto de etiquetado de los alimentos, el cual quedó “cajoneado” y que nunca llegó a ser puesto en debate en comisión.
El texto presentado por los opositores tiene como objeto disminuir los niveles de ingesta de alimentos y bebidas procesados y ultraprocesados que provocan algún tipo de riesgo para la salud en los consumidores y obligar a los productores, distribuidores, comercializadores e importadores de alimentos y bebidas a incorporar en los paquetes, envases u envoltorios de los alimentos y bebidas procesados y ultra procesados un etiquetado frontal de alerta que informe los niveles altos de azúcar, grasas, sodio u otros componentes que provoquen riesgo para la salud. Además deberán indicar en otra etiqueta si es un producto transgénico.
Además establece que la autoridad de aplicación que el GCBA destine al control de la norma, deberá proveer de cartelería y publicidad a los establecimientos comerciales a los fines de informar sobre el etiquetado y el riesgo de consumir productos con altos niveles de azúcar, grasas, sodio u otros componentes que la autoridad de aplicación considere riesgoso para la salud.
“En todo tipo de publicidad de alimentos procesados y ultra procesados efectuada en los medios de comunicación audiovisuales, redes sociales, vía pública y espacios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá aparecer visiblemente el etiquetado frontal de alerta que le corresponda a ese producto, ocupando no menos del 20% del contenido de la publicidad. En los medios de comunicación auditivos deberá relatarse el contenido de la etiqueta al final de la publicidad de manera entendible y pausada”, sostiene el texto.
En los fundamentos de la medida, los legisladores explicaron que “los productos ultra procesados son formulaciones industriales elaboradas a partir de sustancias derivadas de los alimentos o sintetizadas de otras fuentes orgánicas. En sus formas actuales, son inventos de la ciencia y la tecnología de los alimentos industriales modernas” y remarcaron que “la mayoría de estos productos contienen pocos alimentos enteros o ninguno. Vienen listos para consumirse o para calentar y, por lo tanto, requieren poca o ninguna preparación culinaria”.
Sobre esa misma línea señalaron que “estos alimentos son problemáticos para la salud humana por distintas razones: tienen una calidad nutricional muy mala y, por lo común, son extremadamente sabrosos, a veces hasta casi adictivos; imitan los alimentos y se los ve erróneamente como tales” y destacó que “la Organización Mundial de la Salud y el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer (WCRF) concluyen que las bebidas azucaradas, los snack con alta densidad energética y las ‘comidas rápidas’ son causantes de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y algunos cánceres”.
“Un estudio de OPS mostró que de 1999 a 2013, las ventas anuales per cápita de productos ultra-procesados aumentaron continuamente en 12 países latinoamericanos, desplazando a dietas tradicionales basadas en alimentos y comidas saludables”, concluyeron.
La iniciativa también lleva la firma de Matías Barroetaveña, Ofelia Fernández, Santiago Roberto y Leandro Santoro (FdT).
ProyectodeNorma__Expediente_1536_2020.Un repaso por los aspectos centrales de la iniciativa que cuenta con media sanción del Senado y el oficialismo aspira a tratar este martes en la Cámara de Diputados.
*La ley tiene como objetivo garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a través de la promoción de una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas, para promover la toma de decisiones asertivas y activas, y resguardar los derechos de las consumidoras y los consumidores; advertir sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de información clara, oportuna y veraz; y promover la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles.
*Quedan obligados a cumplir con la norma “todas las personas, humanas o jurídicas, que fabriquen, produzcan, elaboren, fraccionen, envasen, encomienden envasar o fabricar, distribuyan, comercialicen, importen, que hayan puesto su marca o integren la cadena de comercialización de alimentos y bebidas analcohólicas de consumo humano” en todo el país.
*Los productos que tengan un exceso de componentes críticos (azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías) deberán incluir en su cara principal un sello de advertencia, según corresponda. En tanto, los que contengan edulcorantes, deberán además llevar la inscripción “contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as”; y aquellos con cafeína, deberán tener la leyenda “contiene cafeína, evitar en niños/as”.
*Las etiquetas de advertencia se extienden a cajas, cajones, y cualquier otro tipo de empaquetado que contenga los productos en cuestión.
*El sello será un de octógono de color negro con borde y letras de color blanco en mayúsculas. Su tamaño no podrá ser inferior al 5% de la superficie de la cara principal del envase; y no podrá estar cubierto de forma parcial o total por ningún otro elemento. Los envases menores a 10 centímetros cúbicos también deberán llevarlos.
*Los valores máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio establecidos deben cumplir los límites del Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud.
*Se exceptúa de la colocación de sello en la cara principal al azúcar común, aceites vegetales y frutos secos.
Los alimentos con este tipo de sellos tendrán una serie de prohibiciones para la incorporación de ciertas palabras o imágenes en los envases, como por ejemplo personajes infantiles, dibujos animados, entre otros, que fomenten su consumo o compra.
*La iniciativa establece la prohibición de “toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los alimentos y bebidas analcohólicas envasados, que contengan al menos un sello de advertencia, que esté dirigida especialmente a niños, niñas y adolescentes”.
*El Consejo Federal de Educación deberá promover la inclusión de actividades didácticas y de políticas que establezcan los contenidos mínimos de educación alimentaria nutricional para todos los niveles.
Los alimentos y bebidas que contengan al menos un sello de advertencia no podrán ser “ofrecidos, comercializados, publicitados, promocionados o patrocinados” en las escuelas.
*El incumplimiento de la ley prevé sanciones para las empresas, que van desde apercibimientos hasta clausuras, acorde a lo establecido en la normativa de Lealtad Comercial -decreto 274/2019-.
*Las industrias grandes tendrán un plazo de seis meses desde la publicación en el Boletín Oficial para adaptarse a la ley, y podrán extender ese plazo por seis meses más a criterio del Poder Ejecutivo. En el caso de las PyMEs, el plazo para la aplicación será de 18 meses, también prorrogables.
*Los alimentos y bebidas cuya fecha de elaboración sea anterior a la entrada en vigencia no se retirarán del mercado, pudiendo permanecer a la venta hasta agotar su stock.
*Se encomienda al Poder Ejecutivo a la reformulación del texto del Código Alimentario Argentino, a efectos de adecuar sus disposiciones con la ley en cuanto corresponda.
Advierten que la iniciativa obligaría a que el 70 % de los quesos lleve sellos por exceso de sodio y exceso de grasas saturadas.
El Centro de la Industria Lechera (CIL), asociación que representa a pequeñas, medianas y grandes empresas del sector, envió notas a los presidentes de bloque y de las comisiones de la Cámara de Diputados en las que planteó que el proyecto de etiquetado frontal de alimentos que actualmente está en el Congreso obligará a que “el 70 % de los quesos lleve sellos por exceso de sodio y exceso de grasas saturadas”, y que el mismo “generará asimetrías, problemas legales, productivos y logísticos en el Mercosur al impactar negativamente en las exportaciones de productos lácteos de Argentina”.
La entidad, referente del sector lácteo con 101 años de trayectoria, adhirió a la iniciativa de contar con una ley que permita al consumidor contar con una información nutricional clara y veraz, pero al mismo tiempo señaló su “preocupación que dichas metas podrían no ser cumplibles, simplemente porque algunos objetivos de reducción no serían logrables desde el punto de vista tecnológico, lo que iría en desmedro no sólo del consumo interno de productos lácteos, sino también del tan necesario ingreso de divisas por exportaciones, ya que la entrada en vigencia generaría una desventaja competitiva con respecto a otros países, principalmente los socios del Mercosur”.
Concretamente el CIL indicó la norma “hará que en Mercosur los productos lácteos argentinos estén en inferioridad de condiciones respecto de los de otros países y que un mismo producto lácteo en Argentina lleve dos sellos y en Brasil ninguno”, afectando a las exportaciones.
La entidad sostiene que considerando la contribución nutricional a la salud y la buena alimentación de los lácteos, “lo más apropiado sería que tengan un tratamiento particular, basado en la necesidad de promover su consumo dentro de una dieta equilibrada y, al mismo tiempo, establecer límites especiales de los nutrientes críticos, con el objeto de estimular la reformulación e incentivar el consumo de estos alimentos, facilitando el cumplimiento de las recomendaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA)”.
Por otro lado, el Centro de la Industria Lechera Argentina remarcó que el perfil de Nutrientes recomendado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el que se basa el proyecto de ley, “establece límites de nutrientes críticos tan exigentes que hace muy difícil y, en algunos casos imposible, la reformulación de los alimentos industrializados para evitar colocar uno o más sellos. Esto llevará a que la gran mayoría de los alimentos lácteos lleven advertencias, generando mayor confusión en el consumidor que entiende que los productos lácteos son saludables, quedando sin opciones al momento de la compra”.
El proyecto de ley en revisión de promoción de la alimentación saludable consiguió dictamen en Diputados, sin cambios a la media sanción del Senado. Hubo 4 dictámenes y varias disidencias. Se dividió el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Extenso debate.
En un plenario de las comisiones de Legislación General; Acción Social y Salud Pública; Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; e Industria de la Cámara baja avanzó la iniciativa denominada “Etiquetado frontal de alimentos”, con la particularidad de que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio se dividieron en apoyar a diferentes dictámenes, siendo que la media sanción que viene del Senado resultó ser el despacho de mayoría que recibió el apoyo tanto de diputados oficialistas como de opositores.
Tras un poco más de 4 horas de tratamiento en las comisiones, el dictamen de mayoría obtuvo 91 firmas, con 6 disidencias, mientras que el dictamen alternativo de la diputada porteña Carmen Polledo (JxC) cosechó 12 firmas.
En tanto, el dictamen del presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin (FdT), recibió 5 apoyos y el dictamen de rechazo del diputado porteño Alejandro García (JxC) obtuvo 2 firmas.
Luego de varias reuniones informativas y el trabajo para lograr un consenso, sorprendentemente, este proyecto dividió al oficialismo porque Yedlin, presentó un dictamen de minoría porque “la ley tiene algunos errores que no podrán ser salvados en la reglamentación”.
Para Yedlin, el etiquetado frontal solo debería ser utilizado en alimentos procesados y ultraprocesados (con algunas excepciones) al mismo tiempo que propone utilizar otro perfil de nutrientes y cambiar los plazos más amplios para adaptarse a la ley.
Otro de los puntos en que se diferenció Yedlin fue el tema Mercosur, ya que pidió “una armonización con el Mercosur”, pero el diputado tucumano no logró convencer al resto de sus compañeros de bancada para incorporar estos cambios.
En esta situación que atravezó a los bloques, logró unir a los diputados tucumanos enfrentados en distintos bloques como el diputado peronista Yedlin y el radical José Cano, que se diferenció de todos sus compañeros de bancada y avaló el dictamen de su coterraneo.
Al inicio de la reunión, la presidenta de la Comisión de Legislación General, Cecilia Moreau, planteó cual era la postura de la mayoría del Frente de Todos: “Llegamos a esta reunión para dictaminar la media sanción que viene del Senado para avanzar con esta deuda que nos reclama la sociedad y que tiene que ver con la salud pública”.
La posición del bloque oficialista fue expresada por la diputada del Frente de Todos Daniela Vilar, que coincidió con Florencia Lampreabe quien había considerado que esta iniciativa es una “herramienta de empoderamiento clave para que las y los consumidores tengan información clara para decidir su alimentación” y explicó que para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a decidir es “muy importante avanzar en el tratamiento para que sea ley cuanto antes”.
A estos dos dictámenes, se suma el dictamen de minoría presentado por la diputada porteña Carmen Polledo (Juntos por el Cambio), que no rechazó la media sanción, sino que retomó ese proyecto y le introdujo varios cambios porque “si bien estoy de acuerdo, pero hay temas que no son secundarios y me hacen imposible acompañar esta iniciativa”.
“El tema que observo es como se informará a la población para que la información que se brinde sea veraz, clara y precisa”, dijo Polledo, quien remató: “Otra cosa central es si nos conformamos con informar, promocionar y educar o si avanzamos en prohibiciones y censuras con herramientas de control social propias de regímenes autoritarios”.
También criticó el sistema de etiquetado frontal mediante los octágonos negros porque “hay otra forma de informar siendo menos agresivos y estigmatizantes que permitirían brindar información más precisa, más útil y más integral lo que permitirá”, dijo la legisladora.
En defensa de la industria alimentaria nacional, Polledo manifestó: “Nuestros alimentos generan trabajo y producción, no son basura ni veneno, legislemos con responsabilidad, para educar al pueblo y mejorar nuestros hábitos alimenticios”.
En tanto, gran parte del bloque de Juntos por el Cambio, especialmente los legisladores del PRO, optarán por el dictamen de minoría que impulsa el diputado porteño Alejandro García que directamente rechaza la iniciativa del Senado.
Durante su discurso, García marcó que “un proyecto alternativo era factible y no es que somos ni buenos ni malos ni cómplices si criticamos a la media sanción del Senado”.
“Hubiera sido mejor la posibilidad de buscar una real discusión y un real acercamiento al sector de la industria alimenticia y de pensar algún tipo de coordinación normativa con el Mercosur”, señaló el diputado y presidente de la Comisión de Industria.
“A los fines de lograr una mejor alimentación, no es válido como herramienta”, sentenció García, quien concluyó: “Este formato termina siendo también engañoso”.
Para marcar las divisiones que produjo este tema en los bloques parlamentarios, la diputada cordobesa Brenda Austin (Juntos por el Cambio), se diferenció de sus compañeros de bancada y anunció que apoyará esta iniciativa junto con otros legisladores radicales.
“Vamos a acompañar con el conocimiento de que estamos saldando una vieja deuda que tiene el Congreso con dos derechos como el acceso a la información y a la salud”, dijo Austin, quien defendió punto por punto el texto de la normativa.
Por su parte, la visión de los diputados de Consenso Federal fue expuesta por Graciela Camaño que manifestó que ese bloque está de acuerdo con la ley, pero presentaron observaciones al dictamen.
En sus críticas, Camaño señaló que el perfil de nutrientes que se utilizará “es erróneo y falaz” porque “yo no le dejaría el tema a los burócratas de los organismos internacionales”.
Al igual que lo expresado por los diputados de Juntos por el Cambio que apoyan esta iniciativa, la diputada de la Coalición Cívica Mariana Stilman adelantó que ese bloque avalará el proyecto y explicó sintéticamente que “la finalidad es informar al consumidor sobre los alimentos y bebidas que va a ingerir y darle a su familia”.
A su turno, el diputado mendocino José Luis Ramón (Unidad y Equidad) adelantó su voto positivo al considerar que “cuando hay un octógono de color negro, que dice que hay exceso de azúcar, de sal o de grasa, lo que se está haciendo es dar información al consumidor y es un derecho constitucional”.
Al criticar a los legisladores que “defienden los intereses de la industria alimenticia que no se quiere adaptar”, Ramón fue tajante: “Con esta ley no le prohibimos a nadie que envase y venda basura, sino que le estamos pidiendo que informe que está envasando basura y después está en el consumidor si elige ese producto, pero no podemos permitir que se siga engañando a la gente”.
En tanto, la diputada de Córdoba Federal Gabriela Márquez dijo que ese espacio comparte en términos en general porque “es muy importante la necesidad de garantizar el acceso a la salud y a una alimentación saludable”.
Con una posición favorable, pero con fuertes críticas a las empresas el diputado del Frente de Izquierda Juan Carlos Giordano manifestó: “Esta ley, a pesar de ser solo informativa, es resistida por las grandes empresas multinacionales, las mal llamadas alimenticias, que generan comida chatarra, tóxica. Son grupos que concentran el mercado de alimentos mundial”, remarcó.
Aspectos fundamentales del proyecto
La ley de Promoción de la Alimentación Saludable tiene como propósito “concientizar a la sociedad” sobre la calidad de los alimentos a través de la incorporación de etiquetas -con forma de octógono negro y letras blancas-, en el frente de los paquetes de los productos ultraprocesados, que adviertan la presencia excesiva de nutrientes críticos como azúcares, sodio, grasas saturadas y grasas totales.
Todo listo para un tema que hace meses se debate en las comisiones de la Cámara baja. Avanza sin modificaciones y será ley cuando se apruebe en el recinto porque ya tiene media sanción de Senado. Amplio consenso de todos los bloques parlamentarios para la regulación del etiquetado frontal de alimentos.
La nueva cita para tratar el proyecto de ley en revisión de promoción de la alimentación saludable denominada “Etiquetado frontal de alimentos”, que además prohíbe la publicidad de bebidas analcohólicas envasadas que contengan sello de advertencia.
Será este martes a las 15 en un plenario de 4 comisiones de Diputados: Legislación General; Acción Social y Salud Pública; Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; e Industria.
La iniciativa ya está lista para obtener dictamen ya que cuenta con el beneplácito de todos los bloques parlamentarios, aunque en particular había algunos puntos que tenía objeciones, pero la iniciativa del oficialismo es avanzar con el proyecto de ley sin modificaciones porque sino debería volver al Senado.
Por su parte, la diputada del Frente de Todos Florencia Lampreabe consideró que esta iniciativa es una “herramienta de empoderamiento clave para que las y los consumidores tengan información clara para decidir su alimentación” y explicó que para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a decidir es “muy importante avanzar en el tratamiento para que sea ley cuanto antes”.
Si bien hay varios proyectos en vista, en la reunión plenaria se debatirá el proyecto de etiquetado que ya cuenta con la aprobación del Senado.
“El bloque del Frente de Todos tiene la voluntad de dictaminar sin modificaciones el proyecto que viene con la media sanción del Senado, ya que es el que mejor busca proteger la salud de las y los argentinos”, adelantó la diputada del FdT.
La ley de Promoción de la Alimentación Saludable tiene como propósito “concientizar a la sociedad” sobre la calidad de los alimentos a través de la incorporación de etiquetas -con forma de octógono negro y letras blancas-, en el frente de los paquetes de los productos ultraprocesados, que adviertan la presencia excesiva de nutrientes críticos como azúcares, sodio, grasas saturadas y grasas totales.
Aspectos fundamentales del proyecto
– Propone la incorporación en el frente de los productos ultraprocesados de una etiqueta con forma de octógono negro y letras blancas que advierta el exceso de nutrientes críticos como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías
– Determina que los productos que contengan entre sus ingredientes edulcorantes o cafeína tendrán que informar que su consumo no se recomienda en niñas y niños.
– Prohíbe la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes de productos con más de dos sellos de advertencia.
– Los productos que tengan más de un sello de advertencia no podrán incluir dibujos animados, personajes, figuras públicas, regalos ni elementos que llamen la atención de niños, niñas y adolescentes.
– Protege a las infancias regulando la comercialización de alimentos ultraprocesados con más de dos sellos de advertencia en entornos escolares.
– Determina que, ante iguales condiciones, el Estado deberá priorizar la compra de alimentos sin sellos de advertencia.
El primer debate
Al comienzo del encuentro, la presidenta de Legislación General Cecilia Moreau afirmó que este es un tema “trascendental y muy importante para todos los argentinos”, por eso “necesita de la búsqueda de consensos y de debate”. “El dictamen no va a ocurrir de manera sorpresiva ni de manera impuesta por ningún espacio”, resaltó, al tiempo que dijo que es un tema que “atraviesa a los bloques”.
Además, informó que se tendrán a la vista otros cuatro proyectos, que tienen giro a las cuatro comisiones competentes -de los diputados Julio Ferreyra, Francisco Sánchez, Graciela Camaño y Gisela Scaglia-, pero en realidad existen otras 19 iniciativas sobre la misma temática, algunos de ellos reclamados por sus autores para ser incluidos.
Con la lista de oradores arrancó la radical Brenda Austin, que destacó el trabajo realizado a lo largo de las reuniones informativas y señaló que el proyecto apunta a garantizar el “derecho de acceso a la salud”. “Argentina no escapa a un problema que tiene el mundo entero, que es la obesidad”, dijo y agregó que en nuestro país, “seis de cada diez personas adultas tienen sobrepeso u obesidad. Y cuatro de cada diez niños o adolescentes, también”.
Para la cordobesa, la iniciativa “es un aliciente, una herramienta muy importante”; y ponderó que “dirige una parte de su articulado a la regulación de lo que se vende en los entornos escolares”, al tiempo que establece reglas para que los niños “no sean carne de cañón de estrategia publicitaria”.
También valoró “la posibilidad de que el Estado adecue sus programas alimentarios a alimentación saludable”. Austin remarcó que se trata de un proyecto para que “podamos tener al alcance de la mano información sobre lo que estamos comiendo. No es un proyecto que atenta contra la industria, que busca dejar sin fuentes de trabajo”. Finalmente, aclaró que “más allá de las regulaciones que pueda establecer Mercosur, es una facultad de cada país” regular este tema.
Luego, el oficialista Julio Ferreyra, autor de un proyecto propio, manifestó su posición a favor de otro sistema de etiquetas. “Somos todos conscientes de que muchas veces la gente no lee, como pasa con la letra chica de los contratos”, sostuvo el jujeño, y defendió la aplicación del “semáforo”, el modelo Nutri-Score utilizado en Europa, en lugar de los octógonos negros.
El legislador consideró que la señalización con colores “a simple vista va a llamar la atención” y “permitiría que la persona, al ver los colores, se molestaría para ver el por qué”.
A su turno, el radical Federico Zamarbide resaltó que “no existe libertad de mercado si no existen consumidores correctamente informados”. A favor de la etiqueta negra en forma de octógono, el mendocino opinó que “claramente es el camino por el que debemos ir”. Durante su intervención, pidió que “la miel y los frutos deshidratados” estén dentro de las exenciones contempladas en el artículo 7 del proyecto, ya que “son alimentos cuyo consumo tenemos que incentivar, no desincentivar”.
En defensa de la media sanción del Senado, la oficialista Daniela Vilar solicitó “no dilatar más el proceso” y aprobar el texto, que apunta a “generar el acceso a la información de manera clara y transparente”.
Al hablar de “cifras alarmantes” en Argentina, la legisladora detalló que “el 46% de niños y niñas de entre 2 y 7 años consumen al menos una vez por día alimentos no recomendados” y “niños en contexto de pobreza tienen un 31% más de probabilidad de tener sobrepeso o mal nutrición”. “Los octógonos son necesarios y oportunos” para que “quienes brindan asistencia alimentaria en nuestros barrios populares puedan acceder a información oportuna”, opinó.
Por su parte, el radical Alejandro Cacace subrayó que “no hay prohibiciones sobre la producción o sobre el consumo, lo que se está dando es la información sobre los nutrientes de los productos, para que pueda haber un mejor consumo”.
Además, el puntano indicó que según un estudio experimental del propio Ministerio de Salud, la etiqueta negra logra “capturar mejor la atención”; y explicó que los que no sean alimentos procesados y ultraprocesados no quedarán “bajo el perfil de nutrientes críticos” establecido por la OPS (Organización Panamericana de la Salud).
Desde Consenso Federal, la diputada Graciela Camaño expresó que el rotulado actual de los productos “no es de fácil comprensión y no cumple la función de informar”. “Tenemos la necesidad de cambiar la ley”, afirmó y reforzó: “Es indispensable que promovamos una ley en defensa del interés público y la salud”. Asimismo, recordó el mandato del artículo 42 de la Constitución Nacional sobre la protección “del derecho de los usuarios de bienes y servicios”.
Como miembro de la Comisión de Industria, el oficialista Eduardo Fernández propuso que, además del plazo de un año de adecuación -a diferencia de los 180 días que se estipulan para las grandes industrias-, las MicroPyMEs, las cooperativas y la agricultura familiar puedan ser acompañadas con “colaboraciones técnicas” por parte del Estado y, si fuera necesario, “con apoyo crediticio” para poder cumplir con la norma.
En tanto, el radical Atilio Benedetti aseguró su apoyo rotundo a la ley, que definió como “una norma trascendente”, pero advirtió que “esto no va a ser neutro, las reconversiones no son gratis”. El entrerriano enfatizó que “el momento que están pasando las industrias de Argentina no son comparables con otros países”, producto no solo de la pandemia, sino de “una presión impositiva totalmente exagerada” y la “obligación de mantener los precios máximos”.
En ese sentido, el diputado apuntó que existiría “un corsé de dificultades para adaptarse” a una ley de este tipo, y consideró que 180 días es un plazo “absolutamente escaso”. Además, anunció que, en el marco del debate del impuesto a las Ganancias para sociedades, planteará que “todas las reinversiones tengan una consideración en particular a lo que refiere a Ganancias”.
El jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, enfatizó que “la demanda de los usuarios y consumidores es un derecho constitucional”. El mendocino fustigó que, a lo largo del tiempo, los oferentes “han cometido abusos que son tremendos”, y esta ley viene a proteger y garantizar “la disposición constitucional de la demanda”.
Ramón opinó que “más allá de sus preocupaciones (en alusión a las empresas) por los 180 días o los 12 meses, créanme que una imprenta de ninguna manera va a aumentar los costos por el etiquetado negro”. “Señor oferente, puede seguir ofreciendo basura”, lanzó, pero remarcó que con esta norma el usuario podrá elegir qué comprar.
Por último, pidió votar el proyecto sin modificaciones ya que, a su criterio, no se altera “la capacidad económica de las empresas, que puedan seguir haciendo trampa, o la comercialización de los productos en el Mercosur”.
Entre los oradores, la oficialista Liliana Schwindt celebró que en esta temática “nunca llegamos tan lejos en el tratamiento y en estar a punto de dictaminar”. “Tenemos una obligación con la ciudadanía de brindarle esta herramienta que facilita la información de los productos que van a consumir”, sostuvo.
La diputada reiteró que se trata de un “derecho consagrado en la Constitución”, por lo tanto “es poner en lo más alto el derecho de los consumidores y consumidoras que desde hace años ven impedido el acceso a la información clara, ordenada y práctica para hacer sus compras, para elegir qué van a llevar a su mesa, qué le van a dar de comer a sus hijos y nietos”.
Para Schwindt, el proyecto “significa una ventaja para la industria alimentaria también” porque ” permite que se oriente hacia una producción saludable sin generar grandes costos”; al tiempo que es “una iniciativa de salud pública, que tanta falta nos hace en este momento”.
La iniciativa será analizada en el marco de una reunión de las comisiones de Legislación General, Salud, Industria y Defensa del Consumidor para quedar listo para llegar al recinto.
La Cámara de Diputados retomará el próximo martes 13 de julio el tratamiento de la ley de Promoción de la Alimentación Saludable (conocida como Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos). El plenario de comisiones, integrado por Legislación General, Salud, Industria y Defensa del Consumidor, buscará dictaminar el proyecto para que sea incluido en el temario de la próxima sesión.
Por su parte, la diputada del Frente de Todos Florencia Lampreabe, consideró que esta iniciativa es una “herramienta de empoderamiento clave para que las y los consumidores tengan información clara para decidir su alimentación” y explicó que para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a decidir es “muy importante avanzar en el tratamiento para que sea ley cuanto antes”.
Si bien hay varios proyectos en vista, en la reunión plenaria de la semana que viene se debatirá el proyecto de etiquetado que ya cuenta con la aprobación del Senado. “El bloque del Frente de Todos tiene la voluntad de dictaminar sin modificaciones el proyecto que viene con la media sanción del Senado, ya que es el que mejor busca proteger la salud de las y los argentinos”, adelantó la diputada.
La ley de Promoción de la Alimentación Saludable tiene como propósito “concientizar a la sociedad” sobre la calidad de los alimentos a través de la incorporación de etiquetas -con forma de octógono negro y letras blancas-, en el frente de los paquetes de los productos ultraprocesados, que adviertan la presencia excesiva de nutrientes críticos como azúcares, sodio, grasas saturadas y grasas totales.
“Estamos cada vez más alejados de saber qué es lo que contienen los productos que consumimos. Parece que hay que ser nutricionista o especialista para entender la letra chica de un paquete y buscar los ingredientes”, remarcó Lampreabe.
Sobre esto explicó que “el etiquetado frontal es una manera de identificar de manera clara los nutrientes críticos, cuyos excesos aparecen en la mayoría de los productos industrializados. Son mercaderías ultraprocesadas cuyo consumo está directamente relacionado con el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión o las enfermedades cardiovasculares, que en Argentina eran la principal causa de muerte antes de la pandemia del Covid-19”.
Además, la diputada sostuvo que la ley busca combatir la “publicidad engañosa” y algunas estrategias de marketing donde se publicitan “productos que se consideran saludables” y que necesitan regularse. En este sentido, la iniciativa prohíbe la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes de productos con más de dos sellos de advertencia y determina que sus envases no podrán incluir dibujos animados, figuras públicas, regalos ni elementos que llamen la atención de niños, niñas y adolescentes.
“Hay un sentido común construido a razón de la publicidad y el marketing de las empresas con paquetes coloridos que promueven hábitos insalubres y que luego nos traen consecuencias en edades cada vez más tempranas”, completó.
En este sentido, la ley también busca proteger a las infancias regulando la comercialización de alimentos ultraprocesados con más de dos sellos de advertencia en entornos escolares.
Por otra parte, Lampreabe explicó que la ley busca evitar que el acceso a “una alimentación de calidad o saludable” quede reducido a un sector de personas con mayores recursos económicos o más información: “No es que la ley vaya a solucionar todos los problemas relacionados con la alimentación, pero es una herramienta muy importante porque el consumo de la mayoría de estos productos ultraprocesados está relacionado con la malnutrición afecta sobre todo a los sectores más vulnerables”.
Aspectos fundamentales del proyecto
– Propone la incorporación en el frente de los productos ultraprocesados de una etiqueta con forma de octógono negro y letras blancas que advierta el exceso de nutrientes críticos como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías
– Determina que los productos que contengan entre sus ingredientes edulcorantes o cafeína tendrán que informar que su consumo no se recomienda en niñas y niños.
– Prohíbe la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes de productos con más de dos sellos de advertencia.
– Los productos que tengan más de un sello de advertencia no podrán incluir dibujos animados, personajes, figuras públicas, regalos ni elementos que llamen la atención de niños, niñas y adolescentes.
– Protege a las infancias regulando la comercialización de alimentos ultraprocesados con más de dos sellos de advertencia en entornos escolares.
– Determina que, ante iguales condiciones, el Estado deberá priorizar la compra de alimentos sin sellos de advertencia.
La última prórroga fue firmada a mediados de marzo. El oficialismo necesita volver a refrendar el documento para dictaminar el proyecto de biocombustibles, pero no hubo tratativas con Juntos por el Cambio.
El Protocolo de Funcionamiento Remoto, que le permite a la Cámara de Diputados sesionar de manera virtual, caducará este viernes y el Frente de Todos necesita volver a prorrogarlo para dictaminar proyectos como la nueva regulación de los biocombustibles, aunque por ahora no hubo tratativas con el interbloque Juntos por el Cambio.
La última prórroga fue firmada por los jefes de bloque a mediados de marzo y le dio al protocolo una vigencia hasta el 30 de abril, pero a pesar del inminente vencimiento, tanto en el oficialismo como en la oposición aclararon que el tema aún no se conversó.
Para el bloque conducido por Máximo Kirchner, la urgencia está puesta en el proyecto que establece un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles, ya que el régimen actual vence el próximo 12 de mayo y el sector corre el riesgo de quedar desamparado si no existe una prórroga de la ley actual.
El proyecto comenzó a ser debatido este miércoles en una reunión informativa de la Comisión de Energía, que preside Omar “Chafi” Félix, y el oficialismo esperaba firmar dictamen antes del fin de semana, pero la indefinición en torno al protocolo virtual impidió avanzar.
Pero además, la iniciativa fue duramente criticada por las cámaras empresarias de biocombustibles, que exigieron una prórroga de la ley vigente hasta tanto se acuerde un nuevo régimen, y rechazaron de plano que el corte obligatorio de biodiesel en el gasoil se baje del 10% al 5%, como propone el proyecto elaborado por el oficialista santafesino Marcos Cleri.
Semejante nivel de desaprobación obligó al Frente de Todos a revisar la iniciativa y fuentes consultadas no descartan que haya cambios de aquí a la semana próxima, cuando se podría convocar a una reunión presencial de la comisión, en caso de que no haya acuerdo en torno al funcionamiento virtual.
El otro tema que tiene en vilo a la Cámara baja es la postergación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y las elecciones generales, debido al nivel de contagios de coronavirus. Hasta ahora, el Poder Ejecutivo no envió ningún proyecto y en el Ministerio del Interior sostienen que la discusión debe girar en torno a las propuestas ya presentadas por diputados.
Por otra parte, también está pendiente el dictamen sobre etiquetado frontal de alimentos, el proyecto que se debate en cuatro comisiones -Legislación General, Salud, Defensa del Consumidor e Industria-. En este caso tampoco hay un acuerdo unánime sobre la letra chica y podría haber modificaciones que hagan que el texto vuelva al Senado.
Los legisladores se abocaron a la discusión de la iniciativa que cuenta con media sanción del Senado. Hubo un mayoritario respaldo al texto y algunos pedidos de incorporaciones. Se pasó a un cuarto intermedio.
Diputados de las comisiones de Legislación General, Salud, Defensa del Consumidor e Industria de la Cámara baja se abocaron este lunes a la discusión del proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos, que cuenta con media sanción del Senado.
Tras cuatro jornadas con invitados de todos los sectores, los legisladores arrancaron con la discusión de la letra chica de la iniciativa. A lo largo de las intervenciones, hubo un respaldo mayoritario al texto y algunos pedidos de incorporaciones.
Al comienzo del encuentro, la presidenta de Legislación General, Cecilia Moreau, afirmó que este es un tema “trascendental y muy importante para todos los argentinos”, por eso “necesita de la búsqueda de consensos y de debate”. “El dictamen no va a ocurrir de manera sorpresiva ni de manera impuesta por ningún espacio”, resaltó, al tiempo que dijo que es un tema que “atraviesa a los bloques”.
Además, informó que se tendrán a la vista otro cuatro proyectos, que tienen giro a las cuatro comisiones competentes -de los diputados Julio Ferreyra, Francisco Sánchez, Graciela Camaño y Gisela Scaglia-, pero en realidad existen otras 19 iniciativas sobre la misma temática, algunos de ellos reclamados por sus autores para ser incluidos.
Con la lista de oradores arrancó la radical Brenda Austin, que destacó el trabajo realizado a lo largo de las reuniones informativas y señaló que el proyecto apunta a garantizar el “derecho de acceso a la salud”. “Argentina no escapa a un problema que tiene el mundo entero, que es la obesidad”, dijo y agregó que en nuestro país, “seis de cada diez personas adultas tienen sobrepeso u obesidad. Y cuatro de cada diez niños o adolescentes, también”.
Para la cordobesa, la iniciativa “es un aliciente, una herramienta muy importante”; y ponderó que “dirige una parte de su articulado a la regulación de lo que se vende en los entornos escolares”, al tiempo que establece reglas para que los niños “no sean carne de cañón de estrategia publicitaria”.
También valoró “la posibilidad de que el Estado adecue sus programas alimentarios a alimentación saludable”. Austin remarcó que se trata de un proyecto para que “podamos tener al alcance de la mano información sobre lo que estamos comiendo. No es un proyecto que atenta contra la industria, que busca dejar sin fuentes de trabajo”. Finalmente, aclaró que “más allá de las regulaciones que pueda establecer Mercosur, es una facultad de cada país” regular este tema.
Luego, el oficialista Julio Ferreyra, autor de un proyecto propio, manifestó su posición a favor de otro sistema de etiquetas. “Somos todos conscientes de que muchas veces la gente no lee, como pasa con la letra chica de los contratos”, sostuvo el jujeño, y defendió la aplicación del “semáforo”, el modelo Nutri-Score utilizado en Europa, en lugar de los octógonos negros.
El legislador consideró que la señalización con colores “a simple vista va a llamar la atención” y “permitiría que la persona, al ver los colores, se molestaría para ver el por qué”.
A su turno, el radical Federico Zamarbide resaltó que “no existe libertad de mercado si no existen consumidores correctamente informados”. A favor de la etiqueta negra en forma de octógono, el mendocino opinó que “claramente es el camino por el que debemos ir”. Durante su intervención, pidió que “la miel y los frutos deshidratados” estén dentro de las exenciones contempladas en el artículo 7 del proyecto, ya que “son alimentos cuyo consumo tenemos que incentivar, no desincentivar”.
En defensa de la media sanción del Senado, la oficialista Daniela Vilar solicitó “no dilatar más el proceso” y aprobar el texto, que apunta a “generar el acceso a la información de manera clara y transparente”.
Al hablar de “cifras alarmantes” en Argentina, la legisladora detalló que “el 46% de niños y niñas de entre 2 y 7 años consumen al menos una vez por día alimentos no recomendados” y “niños en contexto de pobreza tienen un 31% más de probabilidad de tener sobrepeso o mal nutrición”. “Los octógonos son necesarios y oportunos” para que “quienes brindan asistencia alimentaria en nuestros barrios populares puedan acceder a información oportuna”, opinó.
Por su parte, el radical Alejandro Cacace subrayó que “no hay prohibiciones sobre la producción o sobre el consumo, lo que se está dando es la información sobre los nutrientes de los productos, para que pueda haber un mejor consumo”.
Además, el puntano indicó que según un estudio experimental del propio Ministerio de Salud, la etiqueta negra logra “capturar mejor la atención”; y explicó que los que no sean alimentos procesados y ultraprocesados no quedarán “bajo el perfil de nutrientes críticos” establecido por la OPS (Organización Panamericana de la Salud).
Desde Consenso Federal, la diputada Graciela Camaño expresó que el rotulado actual de los productos “no es de fácil comprensión y no cumple la función de informar”. “Tenemos la necesidad de cambiar la ley”, afirmó y reforzó: “Es indispensable que promovamos una ley en defensa del interés público y la salud”. Asimismo, recordó el mandato del artículo 42 de la Constitución Nacional sobre la protección “del derecho de los usuarios de bienes y servicios”.
Como miembro de la Comisión de Industria, el oficialista Eduardo Fernández propuso que, además del plazo de un año de adecuación -a diferencia de los 180 días que se estipulan para las grandes industrias-, las MicroPyMEs, las cooperativas y la agricultura familiar puedan ser acompañadas con “colaboraciones técnicas” por parte del Estado y, si fuera necesario, “con apoyo crediticio” para poder cumplir con la norma.
En tanto, el radical Atilio Benedetti aseguró su apoyo rotundo a la ley, que definió como “una norma trascendente”, pero advirtió que “esto no va a ser neutro, las reconversiones no son gratis”. El entrerriano enfatizó que “el momento que están pasando las industrias de Argentina no son comparables con otros países”, producto no solo de la pandemia, sino de “una presión impositiva totalmente exagerada” y la “obligación de mantener los precios máximos”.
En ese sentido, el diputado apuntó que existiría “un corsé de dificultades para adaptarse” a una ley de este tipo, y consideró que 180 días es un plazo “absolutamente escaso”. Además, anunció que, en el marco del debate del impuesto a las Ganancias para sociedades, planteará que “todas las reinversiones tengan una consideración en particular a lo que refiere a Ganancias”.
Referente en temas de defensa del consumidor, el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, enfatizó que “la demanda de los usuarios y consumidores es un derecho constitucional”. El mendocino fustigó que, a lo largo del tiempo, los oferentes “han cometido abusos que son tremendos”, y esta ley viene a proteger y garantizar “la disposición constitucional de la demanda”.
Ramón opinó que “más allá de sus preocupaciones (en alusión a las empresas) por los 180 días o los 12 meses, créanme que una imprenta de ninguna manera va a aumentar los costos por el etiquetado negro”. “Señor oferente, puede seguir ofreciendo basura”, lanzó, pero remarcó que con esta norma el usuario podrá elegir qué comprar.
Por último, pidió votar el proyecto sin modificaciones ya que, a su criterio, no se altera “la capacidad económica de las empresas, que puedan seguir haciendo trampa, o la comercialización de los productos en el Mercosur”.
Entre los oradores, la oficialista Liliana Schwindt celebró que en esta temática “nunca llegamos tan lejos en el tratamiento y en estar a punto de dictaminar”. “Tenemos una obligación con la ciudadanía de brindarle esta herramienta que facilita la información de los productos que van a consumir”, sostuvo.
La diputada reiteró que se trata de un “derecho consagrado en la Constitución”, por lo tanto “es poner en lo más alto el derecho de los consumidores y consumidoras que desde hace años ven impedido el acceso a la información clara, ordenada y práctica para hacer sus compras, para elegir qué van a llevar a su mesa, qué le van a dar de comer a sus hijos y nietos”.
Para Schwindt, el proyecto “significa una ventaja para la industria alimentaria también” porque ” permite que se oriente hacia una producción saludable sin generar grandes costos”; al tiempo que es “una iniciativa de salud pública, que tanta falta nos hace en este momento”.
El proyecto busca que los alimentos y las bebidas que contengan exceso de nutrientes críticos -calorías, sodio, azúcares o grasas- deberán llevar en su cara principal un sello de advertencia, según corresponda, de color negro y forma octogonal.
Estos productos, y principalmente los dirigidos a niños, niñas y adolescentes, tendrán prohibida la publicidad, promoción y patrocinio; y, además, no podrán venderse en los kioscos de las escuelas.
Las industrias grandes tendrán un plazo de seis meses desde la publicación en el Boletín Oficial para adaptarse a la ley, y podrán extender ese plazo por seis meses más a criterio del Poder Ejecutivo. En el caso de las PyMEs, el plazo para la aplicación será de 12 meses, también prorrogables.
Además indica que las sanciones a las empresas serán las contempladas en la normativa de Lealtad Comercial; y encomienda al Poder Ejecutivo a reformular el Código Alimentario como sea necesario, entre otros puntos.
Tras las reuniones informativas con especialistas, los legisladores que integran cuatro comisiones se abocan a la discusión de la letra chica de la iniciativa.
Un plenario de las comisiones de Legislación General; Salud; Defensa del Consumidor; e Industria de la Cámara de Diputados se reúne de manera remota para debatir sobre el proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos.
Tras cuatro jornadas con invitados de todos los sectores -dos realizadas en noviembre pasado y dos este año-, los legisladores se abocan a la discusión de la letra chica de la iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado.
Según informó la semana pasada la presidenta de Legislación General, la oficialista Cecilia Moreau, se llevarán a cabo dos plenarios y luego se avanzará con la firma del dictamen.
El proyecto tiene como objetivo promover la alimentación saludable a través de la incorporación de octógonos negros de advertencia en los envases de productos que contengan exceso de grasas, calorías, azúcares o sodio.
A lo largo de las exposiciones se escucharon las voces de funcionarios, representantes de la sociedad civil y del sector empresarial, especialistas en nutrición, y hasta invitados internacionales, procedentes de países donde rigen leyes en este sentido.
A partir del reclamo de distintos referentes de la industria, el texto podría sufrir cambios que provoquen su vuelta a la Cámara alta.
Terminadas las rondas de consulta, este lunes comenzará el debate entre los legisladores. Habrá dos reuniones y luego se firmará el dictamen.
La ley de etiquetado frontal de alimentos avanzará en las próximas semanas en la Cámara de Diputados, y con ese fin este lunes comienza se reunirá un plenario de las comisiones de Legislación General; de Acción Social y Salud Pública; de Defensa del Consumidor, y de Industria.
Tal cual anticipó la titular de la Comisión de Legislación General, Cecilia Moreau (Frente de Todos) informó que luego de dos jornadas de discusión se firmará el dictamen.
Se trata del proyecto aprobado en el Senado en octubre del año pasado para promover la alimentación saludable a través de la incorporación de octógonos negros de advertencia en los envases de productos que contengan exceso de grasas, calorías, azúcares o sodio.
La iniciativa fue debatida en cuatro comisiones de Diputados -Legislación General, Salud, Defensa del Consumidor e Industria- a lo largo de cuatro jornadas por las que pasaron más de 40 expositores, entre funcionarios, representantes de la sociedad civil y del sector empresarial, especialistas y hasta invitados internacionales.
Agotadas las reuniones informativas -la última se realizó el 6 de abril-, este lunes se realizará un nuevo plenario a partir de las 15, para dar lugar al debate entre diputados, y tras una segunda reunión se firmará el dictamen, cuya letra chica se define por estas horas.
Terminadas las rondas de consulta, el próximo lunes comenzará el debate entre los legisladores. Habrá dos reuniones y luego se firmará el dictamen, según informó Cecilia Moreau.
La ley de etiquetado frontal de alimentos avanzará en las próximas semanas en la Cámara de Diputados: la presidenta de la Comisión de Legislación General, Cecilia Moreau (Frente de Todos) informó que el lunes comenzará el debate entre los integrantes de las cuatro comisiones que analizan el tema, y tras dos jornadas de discusión se firmará el dictamen.
Se trata del proyecto aprobado en el Senado en octubre del año pasado para promover la alimentación saludable a través de la incorporación de octógonos negros de advertencia en los envases de productos que contengan exceso de grasas, calorías, azúcares o sodio.
La iniciativa fue debatida en cuatro comisiones de Diputados -Legislación General, Salud, Defensa del Consumidor e Industria- a lo largo de cuatro jornadas por las que pasaron más de 40 expositores, entre funcionarios, representantes de la sociedad civil y del sector empresarial, especialistas y hasta invitados internacionales.
Agotadas las reuniones informativas -la última se realizó el 6 de abril-, Moreau adelantó este miércoles que se realizará un nuevo plenario el próximo lunes, en horario a confirmar, para dar lugar al debate entre diputados, y tras una segunda reunión se firmará el dictamen, cuya letra chica se define por estas horas.
La diputada oficialista dio estas definiciones al inicio de una reunión de la comisión que preside, convocada para tratar una serie de proyectos consensuados.
Un plenario de cuatro comisiones cerró las rondas de consultas a especialistas. Todavía no tiene fecha el debate para el dictamen. La iniciativa fue aprobada en el Senado en octubre del año pasado.
Un plenario de las comisiones de Legislación General, Salud, Defensa del Consumidor e Industria de la Cámara de Diputados realizó este martes la última reunión informativa, con la participación de especialistas, sobre el proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos con exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías.
Durante el encuentro, llevado a cabo de manera remota, expusieron más de una docena de invitados de diferentes sectores. De esta manera culminaron las rondas de consultas, que comenzaron en noviembre del año pasado. Sin embargo, todavía no se sabe la fecha en que los legisladores se abocarán a la discusión del dictamen.
La iniciativa recibió media sanción del Senado el 29 de octubre pasado por una amplia mayoría, al cosechar 64 votos a favor y 3 en contra, de las tucumanas Silvia Elías de Pérez (UCR) y Beatriz Mirkin (FdT), y la riojana Clara Vega (Parlamentario Federal).
El proyecto cuenta con aval de numerosas organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas dedicadas a la defensa del consumidor, además de asociaciones médicas, que ponen el énfasis en la importancia de la promoción de la alimentación saludable que plantea la propuesta.
Por su parte, a lo largo de las reuniones informativas, el sector industrial expresó sus reparos a la redacción del texto. Incluso, desde el Poder Ejecutivo, Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas Internacionales, remarcó la necesidad de “tomar todos los recaudos necesarios para preservar” el “proceso de armonización de las normas” con el Mercosur y “evitar generar obstáculos innecesarios” en el comercio internacional.
La opinión de los expositores
La jornada comenzó con la participación de Philip Pérez, presidente de la Cámara Argentina de Anunciantes, quien aclaró que “la industria está dispuesta a reducir la comunicación dirigida a niños de productos que no cumplan con ciertos criterios nutricionales”. No obstante, planteó que el proyecto debe hacer una distinción entre “niños” y “adolescentes”.
Para el expositor, la iniciativa “entra en conflicto con muchas otras normativas legales relativas al adolescente”, además que “existen restricciones para adultos”. En ese sentido, Pérez explicó que con la redacción actual “hay algunas comunicaciones dirigidas a adultos que no vamos a poder hacer más” como “ofertas, recetas, tutoriales, degustación, eventos deportivos, donaciones”. Y siguiendo con la línea de la publicidad, pronosticó que “puede afectar a la artística”. “¿Qué pasa con los programas gastronómicos culinarios dirigidos a adultos?”, se preguntó.
Por su parte, Guillermina Gulo Tieri, secretaria de la Asociación Civil Justicia Colectiva, remarcó que en el caso de los adolescentes “no porque sean sujetos en formación y por la capacidad progresiva que les reconoce el derecho, se les puede dar menor protección”.
“Están en etapa de formación, entre otras cosas, del gusto”, señaló y sobre ello dijo que el gusto “es una cuestión completamente cultural y aprehensible, es decir que mientras más expuestos a determinadas imágenes y prácticas estemos, más vamos a estar predispuestos a determinar alguna predilección”.
Gulo Tieri destacó que la iniciativa plantea “un sistema de protección”, porque “no se trata solo de una limitación al incentivo de consumo a través de la regulación de la publicidad, que es importantísimo, fundamental y clave”, sino que “esto se complementa con la educación alimentaria y el saneamiento de los entornos escolares”.
A su turno, Alejandro Díaz, CEO de AmCHAm Argentina, Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, afirmó el acompañamiento a los objetivos del proyecto, pero subrayó que debe evitarse “la generación de obstáculos al comercio, a la producción y especialmente a las economías regionales”. De mantenerse la redacción actual, “se impone un sistema de advertencia rígido, que se convierte en un modelo punitivo”, opinó.
También hizo hincapié en “la armonización regulatoria con el Mercosur”, y sugirió aprobar “una norma similar a la brasileña” o “una ley que prevea su adecuación a la norma futura” del bloque regional.
En otro tramo, el expositor consideró que deberían definirse “los umbrales para la colocación de sellos, sin imponer límites extremadamente exigentes” porque “no se plantea gradualidad en la aplicación de los sellos”. “Los sellos negros no permiten conocer la cantidad concreta de nutrientes del producto en cuestión”, subrayó y propuso que se podría considerar el modelo Nutri-Score utilizado en Europa.
Entre los oradores que expusieron, el presidente de la Unión de Industriales Fideeros, Juan Manuel Airoldes, aseguró que “nuestros productos en ninguna parte del mundo tiene sellos”, mientras que ahora “podrían quedar alcanzados por este régimen de etiquetado”. “Nosotros no tenemos ningún nutriente crítico en nuestra formulación”, defendió.
Por eso, pidió que se contemple “el criterio de calorías que se utilizó en las legislaciones de Chile y México”. “El pedido de nuestra industria es muy clara, revisar esto, prestar atención a la situación que se puede generar y hacer un agregado (al proyecto) para darle coherencia al sistema”, resumió.
Miryam Gorban, nutricionista, directora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA, manifestó que “acá se trata de dos caminos, o defendemos la salud o defendemos los negocios”.
“Tengo la preocupación que en los últimos tiempos el derecho a la alimentación, uno de los derechos básicos del planeta, no se está cumpliendo, porque hay un proceso inflacionario que reduce el acceso a la alimentación a los sectores más vulnerables; hay un modelo productivo hegemónico que hace que el producto final sea un alimento que está en forma contaminada”, sostuvo.
Asimismo, la nutricionista advirtió por la violación del “derecho a la información pública, porque no sabemos lo que comemos”. “Hay una publicidad engañosa que lamentablemente no está regulada por el Estado, que es el que tiene que hacer estos controles”, completó.
La experiencia internacional
Autor de la ley de etiquetado chilena, el senador por la Región Metropolitana de Santiago en Chile, Guido Girardi, enfatizó que “se está proponiendo como modelo para enfrentar algo que es dramático. No puede ser que los alimentos sean los principales causantes de enfermedades hoy día en el planeta”.
Al respecto, apuntó que “en este escenario pandémico aumenta el doble el riesgo de morir solo por ser obeso”, mientras que “la hipertensión y la diabetes agravan esto”. “En nuestros países la principal causa de muerte es consecuencia de lo que comemos y la manera de caminar por la vida”, continuó.
“Las marcas son universales y están promovidas por un modelo global de consumo”, indicó, al tiempo que reveló que en su país “los principales opositores a la ley fueron nuestro propio gobierno, nuestro ministro de Economía, la Hacienda se oponía. Yo tuve que amenazar con renunciar”.
Girardi, de profesión médico, aseveró que “los alimentos que son altos en sal, grasa y azúcar son aditivos, matan, destruyen la vida”, por lo que “no se puede hacer publicidad engañosa ni a los niños, ni a los adultos, cuando sabemos que no son alimentos”.
El senador chileno alertó que “la autorregulación” por parte de la industria “no existe”. Y ponderó que la ley buscar establecer “un derecho humano, el derecho a saber”. “Hay un incentivo gigantesco para que la mala industria se convierta a buena industria”, añadió, al tiempo que expresó que “si no regulamos la publicidad no vamos a lograr ningún efecto”.
De la reunión participaron además Oscar Cabrera, del Instituto O’Neill para la Legislación de Salud Nacional e Internacional de la Universidad de Georgetown; Eduardo Hodel, de la Sociedad Argentina de Apicultores; Jorge Terrazas, director de ANPRAC (Cámara de Bebidas mexicana) y presidente de ICBA (International Council of Beverages Associations); entre otros.
Un plenario de cuatro comisiones volverá a recibir a especialistas en la temática. La iniciativa tiene media sanción del Senado.
Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados retomará este martes, a las 13, el debate del proyecto de ley sobre etiquetado frontal de los alimentos con exceso de azúcar, sodio y grasas.
La iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado, será tratada en una nueva reunión informativa que realizarán las comisiones de Legislación General; Acción Social y Salud Pública; Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; y de Industria, y que contará con la presencia de 15 especialistas en la temática.
El proyecto busca advertir a los consumidores sobre los excesos de componentes críticos, a partir de dar información clara, oportuna y veraz, mediante un sello negro en forma de octógono como advertencia.
Además, procura promover la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles.
Tras su paso por la Cámara alta, donde se aprobó por amplia mayoría, la iniciativa comenzó a debatirse el año pasado en varias reuniones informativas, pero aún no se logró avanzar en el dictamen.
Un plenario de cuatro comisiones recibió a expositores para continuar con las consultas sobre la iniciativa que cuenta con media sanción del Senado. Acordaron realizar una última reunión informativa antes de firmar dictamen.
En el marco de una nueva reunión informativa, un plenario de las comisiones de Legislación General, Salud, Defensa del Consumidor e Industria de la Cámara de Diputados retomó el debate del proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos, que se encamina al dictamen favorable.
Por videoconferencia, los diputados escucharon este martes a más de diez especialistas a favor y en contra de la ley, y acordaron realizar una última audiencia con expertos -en fecha a definir- antes de llevar el tema al recinto.
La iniciativa, considerada dentro del temario de sesiones extraordinarias, se aprobó el 29 de octubre en la Cámara alta por amplia mayoría, y apunta a garantizar una alimentación saludable a través de sellos de advertencia en los empaques de productos que contengan exceso de azúcar, sal o grasas.
Elizabeth Kleiman, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), reflexionó que la iniciativa se enmarca en “pensar cómo poder brindarle el bien común a la sociedad, garantizando los derechos humanos vinculados a la salud, al acceso a la alimentación, a la educación y a la información”.
“Si bien el rotulado y la información nutricional viene mejorando y avanzando”, señaló, la expositora remarcó que hay que seguir “mejorando la información para que los consumidores puedan decidir qué es lo que necesitan de una manera esencial”. “Es crucial generar y construir hábitos saludables desde la niñez”, agregó.
Por su parte, Mabel Vucko, representante de la Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA), se mostró a favor de “poder informar y facilitar al consumidor la selección de alimentos más saludables”. “Estamos a favor y apoyando este rotulado”, afirmó, al tiempo que abogó por “una comercialización en igualdad de condiciones” para “poder armonizarlo con el Mercosur”.
En ese sentido, Vucko subrayó que el diseño del sello “sea armónico con la región”, de modo de evitar “trabas en la comercialización o costos de packaging”. Asimismo, pidió “la incorporación en el Código Alimentario Argentino de herramientas para poder reformular nuestros productos y cumplir con las exigencias”. También, que “las etapas de implementación sean escalonadas”, de modo que “la industria y, sobre todo las PyMEs, se puedan adaptar a la normativa”.
A su turno, Susana Socolovsky, presidenta de la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios, resaltó que “el objeto de la ley, que es advertir a los consumidores y consumidoras sobre excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de información clara, oportuna y veraz, no se cumplirá, pues esta capacidad de proveer información se verá objetada por un defecto en la selección de los parámetros del proyecto de ley”.
Con una explicación técnica, Socolovsky dijo que si se mantiene la redacción actual del artículo 6 de la iniciativa, “varios productos presentarán información falsa sobre el real contenido de nutrientes en el alimento o la bebida”. Por eso, apuntó que los parámetros establecidos deben ser “en gramos por 100 gramos o 100 mililitros”. “El rótulo frontal debe ser siempre coherente con la información que se brinda en la tabla nutricional”, añadió.
En cuanto al aspecto publicitario, el director ejecutivo de la ONG Sanar, Ignacio Porras, detalló que “los niños están expuestos a 60 publicidades de comida chatarra semanales; nueve de cada diez son alimentos de baja calidad nutricional; uno de cada tres promete regalos; y uno de cada cuatro muestra personas o personajes famosos”.
“La industria sigue utilizando la flexibilidad del Código Alimentario a su favor, el neuromarketing sigue reinando en la góndola, el sistema tiene una lógica supermercadista y se siguen subvencionando alimentos de baja calidad nutricional”, denunció, al tiempo que habló de “una falta de políticas que incentiven la producción de alimentos frescos” y una “utilización de sociedades científicas o asociaciones de prestigio y salud para vender ultraprocesados”.
Con varias propuestas de modificaciones al proyecto, Gabriela Marcello, directora de Alimentos del Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán, expresó: “Nos preocupa y nos ocupa el tema del etiquetado frontal y creemos que tiene que tener un abordaje no solo a nivel sanitario, sino a nivel productivo”.
La funcionaria provincial enfatizó que el sello en los productos “no debe causar temor, confusión, ni demonizar algunos tipos de alimentos”, porque “todos los alimentos pueden formar parte de una dieta, siempre que las cantidades y la frecuencia de ingesta de esos alimentos generen un equilibrio”.
Para Marcello, los parámetros a cumplir en los valores máximos no tendrían que ser los de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sino “con el criterio del Ministerio de Salud de la Nación” que defina “cuáles son los criterios adecuados para nuestra población”. En otro tramo, opinó que el octógono no debe decir “exceso en” sino “alto en”.
Desde el Centro de la Industria Lechera (CIL), su titular Ercole Felippa, consideró que “se debería aclarar” en el etiquetado “cuando son nutrientes agregados o nutrientes propios del alimento en sí”. Puntualmente sobre la prohibición, prevista en el artículo 10, de “resaltar las declaraciones nutricionales complementarias”, explicó que “esto no permitiría destacar el contenido de calcio y otros nutrientes en los productos lácteos”.
“Esta ley debe ser aprobada pero los productos lácteos deberían tener un tratamiento especial”, aseveró. También indicó que la OPS establece límites “exigentes” que hacen “imposible la reformulación” de los alimentos. “Los productos lácteos ya de por sí contienen naturalmente lactosa, grasas saturadas y algo de sodio. Las grasas saturadas que son propias de la leche son consideradas ‘buenas’ ya que no se las relaciona con efectos negativos como otras grasas saturadas”, sostuvo Felippa.
Por eso, el expositor aclaró que “la OPS recomienda no aplicar el perfil a las leches fluidas, leches en polvos y yogures, sin agregados. Pero este aspecto no está aclarado en este proyecto de ley”. “Si se aplicara, las leches tendrían hasta tres sellos, por eso entendemos que se debería cambiar la redacción”, sugirió.
Carlos Otrino, presidente de la Federación Nacional de Operadores de Mercados Frutihortícolas, advirtió que “los argentinos no consumimos ni la mitad de las frutas y verduras recomendadas por la OPS/OMS”, ya que “la mayoría no pasa de la unidad y media de consumo diario”.
“Esta realidad termina impactando en los sectores de menores ingresos”, lamentó Otrino, y agregó que “nuestros productos terminan llegando a las mesas de los consumidores muchas veces por descarte”.
Por su parte, Mijael Kaufman Falchuk, un joven de 22 años cofundador de Consciente Colectivo, remarcó ante los diputados: “A la hora de votar van a tener que pensar en el futuro y la salud de los millones de niños que habitan la Argentina”.
El estudiante exigió “no dilatar más” la sanción de esta ley sin modificaciones para que “el Congreso no se convierta en una burocracia constante”.
“Este proyecto es la puerta de entrada para generar miles de puestos de trabajo porque la alimentación saludable tiene que ser una política de Estado”, sostuvo.
En tanto, José Luis Londoño, jefe para América Latina y el Caribe de la Asociación Internacional de Marcas, llamó la atención sobre el impacto de “medidas restrictivas” sobre las marcas.
“No es cierto que presentar en la parte frontal del empaque un sello u obligar a eliminar elementos que pueden considerarse marcas garantice la protección del consumidor”, consideró, y tras mostrar algunos ejemplos, insistió en que “regular para promover el derecho a la salud no puede ir en detrimento de libertades individuales”.
El último expositor fue Sebastián Laspiur, consultor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quien destacó que en la ley confluyan “el etiquetado de advertencia, la regulación de la publicidad y la protección de entornos escolares”.
Laspiur habló de “la experiencia internacional y regional que dan muestra de por qué estamos ante un proyecto con estas fortalezas”.
Resaltó a su vez que el proyecto en debate “ha aprovechado la mejor evidencia científica disponible hasta el momento y la experiencia internacional y regional”, dado que, entre otras cosas, el sistema gráfico del sello octogonal negro “es el que más evidencia arrojó”.
Asimismo, informó que en Chile, con una ley similar, se redujo un 25% el consumo de bebidas azucaradas y un 17% el de los postres envasados, y añadió que en México “en cinco años se ahorrarán casi 2.000 millones de dólares en costos asociados a la obesidad”.
“La ley no tiene ningún impedimento internacional ni riesgos para el comercio internacional ni generación de empleo”, enfatizó.
Por último, ante una consulta de la diputada Florencia Lampreabe (Frente de Todos), Laspiur explicó que el perfil de nutrientes de la OPS “se basa en recomendaciones de la OMS sobre las ingestas máximas permitidas para que no se ponga en riesgo la salud”, por ejemplo, con “información documentada de cuál es el porcentaje de ingesta de azúcar” que puede derivar en enfermedades como obesidad y diabetes.
El plenario de comisiones que analiza el proyecto aprobado en el Senado se reunirá este martes a las 13.30 para escuchar a más de diez expositores.
La Cámara de Diputados retomará la actividad esta semana con una nueva reunión informativa en torno al proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos, que fue aprobado en el Senado en octubre pasado y luego incluido en el temario de sesiones extraordinarias elaborado por el Poder Ejecutivo.
Las comisiones de Legislación General, Salud, Industria y Defensa del Consumidor se reunirán este martes a las 13.30 bajo la conducción de Cecilia Moreau (Frente de Todos) para escuchar a más de diez expositores sobre la iniciativa, que se suman a los que ya participaron en otras dos audiencias realizadas en noviembre.
Si bien el listado definitivo no fue confirmado, fueron convocados representantes de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), la UICA (Unión de la Industria Cárnica Argentina), la SAP (Sociedad Argentina de Pediatría ), la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios y la ONG Sanar.
También fueron citadas autoridades de la FAGRAN (Federación Argentina de Licenciados en Nutrición), el CIL (Centro de la Industria Lechera), FENAOMFRA (Federación Nacional de Operadores de Mercados Frutihortícolas de la República Argentina), la OPS (Organización Panamericana de la Salud) y otros especialistas.
Lea también: Cuáles son los principales puntos del proyecto de etiquetado frontal de alimentos
Dado que el Protocolo de Funcionamiento Remoto venció el pasado 12 de febrero y todavía no fue renovado, las comisiones aún no se encuentran en condiciones de dictaminar, pero sí de realizar reuniones informativas.
El proyecto en debate indica que los productos que tengan exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales o calorías -según los valores máximos establecidos por la Organización Panamericana de la Salud- deberán incluir en su cara principal un sello de advertencia, que tendrá el formato de un octógono negro, con el fin de promover la alimentación saludable.
Los diputados Cecilia Moreau (Frente de Todos) y Héctor Stefani (Pro) pidieron un apartamiento del reglamento para incluir el proyecto en el temario de la sesión, pero no se llegó a los tres cuartos necesarios. El voto de los tucumanos.
Un intento para incorporar al temario de la sesión de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos fracasó por tan solo siete votos, debido a que buena parte de Juntos por el Cambio rechazó la moción y bloqueó así la mayoría necesaria.
El pedido fue formulado por Cecilia Moreau, presidenta de la Comisión de Legislación General, y se le sumó Héctor Stefani (Pro), pero se necesitaban tres cuartos de los votos, por tratarse de un pedido de apartamiento del reglamento.
El resultado de la votación fue 143 a favor, 58 en contra y 44 abstenciones (que no cuentan para la base de cálculo), de modo que faltaron siete votos para lograr la mayoría.
La votación fue desordenada por el desconcierto de Juntos por el Cambio: mientras que algunos rechazaron la moción, otros se abstuvieron, aunque Massa les tuvo que aclarar que con la abstención estaban facilitando la aprobación.
El dato saliente fue, además, el rechazo de diputados del Frente de Todos por la provincia de Tucumán, donde tiene peso la industria azucarera: votaron en contra Pablo Yedlin (presidente de la Comisión de Salud), Gladys Medina y Mario Leito, además de la jujeña Carolina Moisés.
“La información accesible y directa es fundamental para tomar las decisiones personales adecuadas para tener una alimentación más saludable. La ley de etiquetado frontal es necesaria para que los argentinos avancemos en ese camino”, sostuvo Moreau al formular el pedido.
En el mismo sentido, Stefani explicó que el etiquetado “ayuda a los consumidores a comprender qué es lo que consumen, promoviendo la salud pública”, y recordó que es autor de un proyecto de ley similar.
“El 28,3% de la población es obesa, uno de cada tres argentinos. El 73% de los hombres tienen sobrepeso de acuerdo a su talla o edad, y el 56% de las mujeres tienen sobrepeso de acuerdo a su talla o edad. En los últimos 30 años la tasa de obesidad en Argentina se duplicó, y el 7% de los niños son obesos”, describió el diputado del Pro.
Por eso, afirmó: “No creo que esto tenga que ver con una cuestión ideológica: cuando hablamos de la salud de los argentinos, no importa la ideología que profesemos, es un tema de vital importancia”.
“No puede ser que no hayamos podido conseguir que no nos informen qué es lo que estamos consumiendo, pese a que el artículo 42 de la Constitución nos da el derecho a contar con información a la hora de comprar un alimento”, lamentó.
El plenario de comisiones de Diputados que analiza el proyecto sobre alimentación saludable escuchó a invitados y realizará una última reunión informativa antes de emitir dictamen.
El plenario de las comisiones de Legislación General, Salud, Defensa del Consumidor e Industria de la Cámara de Diputados recibió este martes por videoconferencia a cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil para continuar el análisis del proyecto de ley de etiquetado de alimentos y bebidas.
La iniciativa -que ya fue aprobada en el Senado- busca informar a la población, a través del etiquetado frontal de advertencia octogonal, sobre los productos que contienen exceso de sodio, azúcares y grasas, con el objetivo de promover una alimentación saludable.
El primero en exponer fue Adolfo Rubinstein, exsecretario de Salud de la Nación, quien sostuvo que el proyecto “surge como una construcción colectiva y refleja un altísimo estándar para la protección del derecho a la salud”.
A su vez, manifestó que el etiquetado “reduce el esfuerzo cognitivo en el punto de compra, el tiempo de procesamiento de la información y, por lo tanto, facilita rápidamente la elección de alimentos más saludables al permitir una mejor decisión de compra”.
Por su parte, Fernando Zigman, especialista en salud de UNICEF Argentina, advirtió que “la obesidad viene en progreso hace años” y destacó que “desde la perspectiva de los derechos del niño es la mejor ley posible”.
“Tenemos un proyecto que articula diversas acciones que hacen a la educación de los chicos, a la protección de los entornos como la escuela, y que brinda herramientas comprensibles para las familias y niños. Es un paso adelante para proteger a la población”, celebró Zigman.
En efecto, el proyecto establece que los envases con sello de advertencia no podrán contener imágenes de personajes infantiles o dibujos animados que fomenten su consumo en niños, y además no podrán ser comercializados ni publicitados en escuelas.
Desde el Centro de Estudios, Políticas y Economía de la Alimentación, Sergio Brutos, apoyó “firmemente” la ley y recordó que desde el año 2009 realizan investigaciones públicas en este sentido, aunque puso reparos en cuanto al modelo de perfil de nutrientes que recomienda la Organización Panamericana de la Salud.
En tanto, Carla Martín Bonito, directora Ejecutiva de COPAL (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios) que nuclea a 35 cámaras empresariales, dijo que coinciden en “contar con un modelo de etiquetado frontal que beneficie a los consumidores” y aclaró que “la industria está a favor”, tras lo cual hizo un llamado a “conciliar las diferencias”.
En paralelo, solicitó tener en cuenta al Mercosur, en el ámbito de discusión “para tener un marco regulatorio coherente y armonizado que le siga dando fuerza al comercio internacional”.
Por la Fundación Interamericana del Corazón (FIC), Luciana Castronuovo expresó: “Que la ley esté basada en evidencias científicas quiere decir que estamos garantizando el derecho a la salud y el derecho a la información también”.
A su vez, Jorge Luis Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), señaló: “Desde el sector azucarero argentino estamos convencidos que el etiquetado frontal en los envases constituye una herramienta útil para brindar información veraz y adecuada al consumidor”.
Al finalizar la reunión virtual, la presidenta de la Comisión de Legislación General, Cecilia Moreau (Frente de Todos) anunció que realizarán una reunión informativa más antes de emitir dictamen. “Respetamos, valoramos y escuchamos a todos. En los próximos días acordaremos con los presidentes y vices de las otras comisiones cómo sigue el cronograma de trabajo”, concluyó.
Un plenario de cuatro comisiones volverá a reunirse este martes para avanzar con el proyecto que cuenta con media sanción del Senado.
Un plenario de las comisiones de Legislación General, de Acción Social y Salud Pública, de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, y de Industria, continuará este martes analizando el proyecto de promoción de la alimentación saludable.
La iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado, comenzó a discutirse en la Cámara baja el 13 de noviembre pasado en una reunión a la que asistieron representantes de distintos ministerios. En esta oportunidad, la reunión prevista a partir de las 15 contará con la participación virtual de representantes de cámaras, organizaciones y profesionales de la Salud.
Con todo, esta será una reunión informativa sin posibilidad de dictamen, por el simple y solo hecho de que el plazo para esos trámites venció el viernes pasado. Pero sí podrá emitirse el dictamen correspondiente si es que el Poder Ejecutivo incluye el tema en el temario de extraordinarias.
El proyecto, que establece la obligatoriedad del etiquetado frontal de alimentos, con el objetivo de promover la alimentación saludable y combatir la malnutrición, tuvo media sanción del Senado el pasado 29 de octubre, con 64 votos a favor y 3 en contra, que correspondieron a las tucumanas Silvia Elías de Pérez y Beatriz Mirkin, y la riojana Clara Vega.
Puntos principales del proyecto con media sanción
La ley tiene como objetivo garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a través de la promoción de una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas, para promover la toma de decisiones asertivas y activas, y resguardar los derechos de las consumidoras y los consumidores; advertir sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de información clara, oportuna y veraz; y promover la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles.
Quedan obligados a cumplir con la norma “todas las personas, humanas o jurídicas, que fabriquen, produzcan, elaboren, fraccionen, envasen, encomienden envasar o fabricar, distribuyan, comercialicen, importen, que hayan puesto su marca o integren la cadena de comercialización de alimentos y bebidas analcohólicas de consumo humano” en todo el país.
Los productos que tengan un exceso de componentes críticos (azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías) deberán incluir en su cara principal un sello de advertencia, según corresponda.
En tanto, los que contengan edulcorantes, deberán además llevar la inscripción “contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as”; y aquellos con cafeína, deberán tener la leyenda “contiene cafeína, evitar en niños/as”.
Las etiquetas de advertencia se extienden a cajas, cajones, y cualquier otro tipo de empaquetado que contenga los productos en cuestión.
El sello será un de octógono de color negro con borde y letras de color blanco en mayúsculas. Su tamaño no podrá ser inferior al 5% de la superficie de la cara principal del envase; y no podrá estar cubierto de forma parcial o total por ningún otro elemento. Los envases menores a 10 centímetros cúbicos también deberán llevarlos.
Los valores máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio establecidos deben cumplir los límites del Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud.
Se exceptúa de la colocación de sello en la cara principal al azúcar común, sal común de mesa, aceites vegetales y frutos secos.
Los alimentos con este tipo de sellos tendrán una serie de prohibiciones para la incorporación de ciertas palabras o imágenes en los envases, como por ejemplo personajes infantiles, dibujos animados, entre otros, que fomenten su consumo o compra.
La iniciativa establece la prohibición de “toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los alimentos y bebidas analcohólicas envasados, que contengan al menos un sello de advertencia, que esté dirigida especialmente a niños, niñas y adolescentes”.
El Consejo Federal de Educación deberá promover la inclusión de actividades didácticas y de políticas que establezcan los contenidos mínimos de educación alimentaria nutricional para todos los niveles.
Los alimentos y bebidas que contengan al menos un sello de advertencia no podrán ser “ofrecidos, comercializados, publicitados, promocionados o patrocinados” en las escuelas de nivel primario y secundario.
El incumplimiento de la ley prevé sanciones para las empresas, que van desde apercibimientos hasta clausuras, acorde a lo establecido en la normativa de Lealtad Comercial -decreto 274/2019-.
Las industrias grandes tendrán un plazo de seis meses desde la publicación en el Boletín Oficial para adaptarse a la ley, y podrán extender ese plazo por seis meses más a criterio del Poder Ejecutivo. En el caso de las PyMEs, el plazo para la aplicación será de 18 meses, también prorrogables.
Los alimentos y bebidas cuya fecha de elaboración sea anterior a la entrada en vigencia no se retirarán del mercado, pudiendo permanecer a la venta hasta agotar su stock.
Se encomienda al Poder Ejecutivo a la reformulación del texto del Código Alimentario Argentino, a efectos de adecuar sus disposiciones con la ley en cuanto corresponda.
Las empresas de publicidad exterior afirman que los dos proyectos que se analizan en el Congreso y la Legislatura de CABA pondrán en peligro miles de puestos de trabajo y no cumplirán con los objetivos de salud pública planteados.
En el día de hoy, la Asociación Argentina de Empresas de Publicidad Exterior (APE) se refirió a los proyectos de ley que buscan regular los anuncios de alimentos y bebidas, y aseguró que priorizar la regulación sobre la educación no cumplirá con los objetivos de salud pública planteados y pondrá en peligro miles de puestos de trabajo del sector.
“Se pretende avanzar con medidas que, en este contexto de crisis, profundizarán las dificultades de 120 empresas de publicidad exterior, de las cuales un 85% son PyMES, y que generan más de 25.000 puestos de trabajo”, destacó Gustavo Brizuela, presidente de APE.
Actualmente, existen dos proyectos relativos al tema que se encuentran en análisis. El primero, de etiquetado frontal de alimentos, fue tratado por el Senado de la Nación, y establece restricciones para la publicidad de alimentos procesados y ultraprocesados.
Desde APE, destacaron que se encuentran de acuerdo con el espíritu de la medida, pero aseguraron que priorizar las regulaciones sobre la educación no contribuirá a lograr los objetivos de salud pública buscados: “Estamos a favor del mejoramiento de la salud pública, pero este no es el camino. En lugar de invertir más en la educación para una alimentación saludable, tarea en la cual la actividad publicitaria podría realizar un importante aporte, se avanza con mayores limitaciones sobre un sector generador de empleo. Esto no asegurará que la gente consuma más alimentos saludables y significará un golpe muy duro para muchas empresas que perderán anunciantes”, afirmó Brizuela.
Asimismo, existe otro proyecto presentado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que busca establecer la exhibición obligatoria de rótulos de advertencia, y un mensaje de prevención que abarque al menos un 10% de los espacios publicitarios de alimentos y bebidas (procesadas y ultraprocesadas) en la vía pública de CABA. Esta medida perjudicará fuertemente al sector de publicidad exterior, cuyos representantes proponen reemplazar el mensaje propuesto en el proyecto por frases que orienten al consumo responsable de esos alimentos. Toda otra regulación en los contenidos, implicaría la pérdida de un segmento importante de sus anunciantes, habiendo registrado ya una disminución del 95% de su facturación durante la cuarentena.
Desde APE reclamaron una convocatoria oficial a los actores afectados, para dialogar sobre las medidas en cuestión: “Creemos que resultaría importante que las autoridades realicen una convocatoria a los sectores afectados, para trabajar en la búsqueda de consensos que permitan alcanzar los objetivos planteados sin profundizar la difícil situación que vive la industria”, declaró el presidente de APE.
La Asociación Argentina de Empresas de Publicidad Exterior (APE) lleva más de 77 años nucleando a empresas de la actividad. Juntas, desarrollan actividades tendientes a prestigiar la publicidad, al servicio del mejoramiento cultural, tecnológico, artístico, social y económico de Argentina.
En la primera reunión informativa de comisiones de la Cámara de Diputados, representantes del Ejecutivo expusieron sobre el proyecto con media sanción. Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas Internacionales, remarcó la importancia de “armonizar” las normas con el Mercosur.
Por Melisa Jofré
Se largó este viernes en la Cámara de Diputados el debate del proyecto de etiquetado frontal de alimentos con exceso de azúcares, sodio y grasas, con una primera reunión informativa a la que asistieron funcionarios de distintos Ministerios.
Los representantes del Poder Ejecutivo coincidieron en avanzar con la ley, salvo la advertencia aportada desde Cancillería sobre la importancia de “armonizar” las normas con el Mercosur.
Los diputados de las comisiones de Legislación General; Acción Social y Salud Pública; Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; e Industria, escucharon a los funcionarios y realizaron preguntas en un encuentro que duró más de dos horas.
El primero en exponer fue el representante de Cancillería, Jorge Neme, quien remarcó la necesidad de “tomar todos los recaudos necesarios para preservar” el “proceso de armonización de las normas” con el Mercosur y “evitar generar obstáculos innecesarios” en el comercio internacional.
El funcionario recordó que en diciembre Argentina asumirá la Presidencia Pro Tempore del bloque regional, que en marzo del año que viene cumple 30 años. En ese sentido, apuntó que desde sus inicios se planteó “el compromiso de los socios de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento del proceso de integración”.
Por ello, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales reveló que el país transmitió el pasado 6 de noviembre “la preocupación” por la norma de etiquetado que se aprobó en Brasil, y que va a comenzar a regir dentro de dos años.
Para Neme, el término “complementar” -que se utiliza en dos artículos de la iniciativa para referirse a este tema- “no la resuelve completamente la disyuntiva a la que nos enfrentamos en este momento”. Al respecto, sugirió esperar que Argentina asuma la Presidencia Pro Tempore e impulse la necesidad de “alcanzar una norma totalmente armonizada” para el bloque.
Luego fue el turno de Victoria Tolosa Paz, del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, quien centró su alocución en la cuestión de la mal nutrición infantil en la población más vulnerable y manifestó: “Debemos trabajar para igualar a todos los sectores en este tipo de alimentación”.
La funcionaria dijo que tiene que haber “un Estado que, de manera inteligente, empiece a comprar alimentos que no dañen y no produzcan más daño en la curva de los indicadores de la mal nutrición en Argentina”. Asimismo, resaltó el “drama de la baja talla” en la que niños de 0 a 5 años tienen “la carencia más grande del consumo de frutas, verduras y lácteos”.
“Es una ley que busca ni más ni menos que hacernos cargo de algunos indicadores y dar respuesta a una población que necesita que el Estado garantice alimentos sanos”, agregó.
A su turno, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, ponderó el “consenso” entre distintos Ministerios para avanzar con esta norma y habló de un “momento histórico”. También afirmó que existió “diálogo con todos los sectores”, pero “fue fundamental la voluntad del Ejecutivo”.
“El etiquetado es importante, pero es parte de una política integral”, sostuvo y enfatizó que “este proyecto no es en contra de nadie y no busca demonizar nada, es un proyecto a favor de todos”.
La funcionaria del Ministerio de Desarrollo Productivo explicó que se trata de que los consumidores puedan contar “con la información necesaria para poder tomar decisiones”, la cual debe ser “clara, precisa y simple”. “Es responsabilidad del Estado garantizar que la sociedad pueda tomar las decisiones con información”, insistió.
Por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marcelo Alós aclaró que la iniciativa se discutió teniendo en cuenta que “este proceso sea también cuidando al sector productivo, porque nosotros somos un país que produce alimentos; cuidando sobre todo a nuestras PyMEs, y a los productores de alimentos que vienen de la agricultura familiar”.
El secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional expresó que la ley “es una necesidad para toda la población argentina en términos de cuidar la salud”, pero coincidió con Leme en que “hay que armonizarla con Mercosur”. “Si no hacemos ese proceso podríamos tener algún riesgo de barreras comerciales”, alertó.
Desde el Ministerio de Salud, Arnaldo Medina expresó el “beneplácito” con el proyecto y aseguró que “estamos ante una pandemia mundial que es la obesidad y el sobrepeso, una pandemia silenciosa que produce muchas más enfermedades y muertes que la de Covid-19”.
Sobre ello, el funcionario precisó que en Argentina hay un 60% de adultos con sobrepeso y un 30,6% de niños en edad escolar con sobrepeso. “En nuestro país se consume aproximadamente 11 gramos de sodio por habitante, por día. Estamos prácticamente en más del doble de lo que el organismo tolera y más de diez veces de las necesidades que tiene nuestro organismo”, señaló.
El secretario de Calidad en Salud advirtió que el sobrepeso y la obesidad producen “enfermedades cardiovasculares; metabólicas, como la diabetes; y el cáncer”. Además, indicó que “los patrones de consumo han empeorado” y más de un 50% de los adultos llevan una vida sedentaria.
Finalmente, destacó que “es la primera vez en la historia que en el Poder Ejecutivo hay un acuerdo entre los Ministerios” sobre el tema, y afirmó que la propuesta -similar a la que se votó en el Congreso- fue presentada ante la CONAL (Comisión Nacional de Alimentos) y ante el Mercorsur. Durante su presentación estuvo acompañado por Mónica López, directora del Instituto Nacional de Alimentos, quien también respondió consultas de los legisladores.
La cuestión Mercosur
Al momento de las preguntas, el diputado Alejandro García, titular de la Comisión de Industria, señaló que no le había quedado “claro” la posibilidad de “supeditar o no” el tema, o “en qué términos avanzaríamos”, respecto al Mercosur. “¿Cómo sería la implementación (de la ley) si no hubiera un acuerdo en Mercosur?”, se preguntó.
En el mismo sentido, la diputada Brenda Austin dijo estar “un poco confundida con las intervenciones del Ejecutivo”, y consultó al funcionario de Cancillería si la intención es “posponer el debate, esperando que Mercosur defina y avance, o modificar la redacción”.
Jorge Neme respondió entonces que el acuerdo del bloque regional “no suprime la soberanía nacional” y “estamos en condiciones plenas de resolver sobre cada una de las cosas”. Pero la cuestión pasa por “si la política que prevalece es una decisión de construir una integración regional, o si cada país va decidiendo aisladamente cuáles son las normas que va a ejecutar”.
“No está en juego la capacidad del Gobierno argentino resolver sobre todos los hitos”, reiteró y subrayó que se trata de que “si esa capacidad no se pone en línea con la capacidad del resto de los países para tratar de resolver cuestiones conjuntas, se debilita absolutamente el proyecto y la política de integración”.
El secretario de Relaciones Económicas Internacionales mencionó que existen resoluciones del Mercosur relacionadas al etiquetado de alimentos, e incluso “desde el año pasado se viene discutiendo en el Mercosur la actualización del etiquetado”.
Sin embargo, “si vamos con una ley (propia), la discusión queda absolutamente coartada” y “si se tiene que ir a defender nuestra ley para que los demás países adhieran, eso crea un problema”, aseguró.
El funcionario explicó que el caso de Brasil se hizo a través de una resolución de un organismo competente, en la que se plantea un plazo de dos años y “expresamente que hay que ir hacia una armonización en el Mercosur”.
“El Mercosur en términos de regularizaciones de integración está muy pobre y nosotros necesitamos consolidar eso”, continuó y concluyó: “Tengamos las manos libres para, por lo menos intentar, durante la Presidencia Pro Tempore de la Argentina, que comienza el 16 de diciembre, la posibilidad de lograr una norma armonizada. Ese es el planteo de Cancillería”.
Por Sergio Britos. El profesor adjunto en la carrera de Nutrición de la UCA considera que “resulta indispensable” el dictado de una ley de etiquetado frontal, cuyo texto y reglamentación esté alineado a los objetivos buscados.
Es muy bueno que Argentina esté acelerando la toma de decisiones sobre políticas orientadas a mejorar la calidad de la alimentación de la población, aunque hace falta más debate sobre la herramienta a utilizar para lograrlo. Por supuesto que Argentina necesita una ley de etiquetado frontal; pero debe ser una norma alineada con diagnósticos propios y no ajenos; que tome en cuenta la dieta de los argentinos, sus brechas alimentarias y marque un sendero de cambios hacia una real mejor alimentación.
Si se mantiene el texto aprobado por Senadores, no habrá forma de diferenciar entre un alimento con más o menos nutrientes críticos. Todo será lo mismo, sin marcar gradualidades. Porque el 90% de los alimentos que encontrará una persona en la góndola tendrá al menos un sello negro en su frente, referido al supuesto exceso de nutrientes críticos (azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio) y calorías; sin ningún tipo de información sobre su real composición nutricional.
De mantenerse el texto, las galletitas o el pan integral tendrán la misma cantidad de sellos negros que las galletitas dulces con más alto contenido de azúcar; un tomate triturado tendrá más sellos que una bebida azucarada; una lata de arvejas secas, con alta cantidad de fibra, será tan “negra” como un jugo azucarado, la leche descremada tendría tres sellos negros y un queso untable light sería peor que uno común.
Más crítico aún, el proyecto prevé que en las escuelas no se ofrezca ningún alimento con al menos un sello negro: no más arroz (aunque sea integral), fideos (aunque sean con verduras) o pan, ni tampoco buenos y necesarios alimentos como legumbres. Asimismo, todos los programas sociales y la propia canasta básica tendrán alimentos con sellos negros.
Todo modelo de etiquetado frontal debe considerar también un sistema de perfil de nutrientes, que es la clave, ya que aporta los criterios técnicos para definir qué alimentos serán desalentados con sellos y cuáles promovidos. En esa definición, es importante poner en juego aquellos déficits y excesos, sumados a las recomendaciones de nuestras guías alimentarias y la revisión de la última evidencia sobre dieta y prevención de enfermedades que realizó el Ministerio de Salud de la Nación
La media sanción del Senado está excluyendo por completo los criterios ya definidos, consensuados y comunicados a nivel Mercosur hace dos meses entre los Ministerios de Salud, Desarrollo Productivo y Agricultura, necesarios para lograr un etiquetado alineado con diagnósticos propios y no extranjeros.
El sobrepeso y obesidad es la pandemia preexistente en Argentina; según datos de fuentes oficiales (encuestas nacionales de nutrición y de factores de riesgo) más de 25 millones de personas padecen alguna forma de malnutrición por exceso. Es probable que esos números sean mayores en momentos en que han crecido la pobreza y la inseguridad alimentaria, ambos fenómenos que afectan particularmente la nutrición de los niños (más de la mitad de los niños son pobres y quizá casi un 20% padezca inseguridad alimentaria).
Es evidente que, a partir de este diagnóstico asumido y conocido por todos los especialistas, existe un claro consenso de la necesidad de transitar un camino de mejora efectiva. En este sentido resulta indispensable el dictado de una ley de etiquetado frontal, cuyo texto y reglamentación esté alineado a los objetivos buscados. Estamos frente a un momento clave, una oportunidad histórica para contribuir en la salud de los argentinos.
A pedido de Juntos por el Cambio se sumó una cuarta comisión, la de Industria, que se agrega así a las de Legislación General, Salud y Defensa del Consumidor. Expondrán funcionarios este viernes desde las 15.
Con nuevos cambios en el giro a comisiones, arrancará este viernes a las 15 en la Cámara de Diputados el debate sobre la ley de etiquetado frontal de alimentos con exceso de azúcar, grasas y sodio.
A pedido de un diputado de Juntos por el Cambio se sumó una cuarta comisión, la de Industria, que se agrega así a las de Legislación General, Salud y Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia.
La solicitud fue realizada por el presidente de Industria, Alejandro García (Pro), quien advirtió que, según el reglamento, su comisión “tiene competencia para dictaminar sobre todo asunto o proyecto relativo al régimen y fomento de producción industrial”.
En la nota dirigida al titular de la Cámara baja, Sergio Massa, García citó numerosos expedientes de temáticas similares que fueron girados a su comisión, que de esta forma se suma al debate.
Las comisiones restantes son presididas por Cecilia Moreau (Legislación General), Pablo Yedlin (Salud) y Diego Mestre (Defensa del Consumidor), los dos primeros del Frente de Todos y el último, de la UCR.
El debate comenzará este viernes a partir de las 15 con la presencia de funcionarios nacionales, en una reunión virtual.
La iniciativa establece que aquellos productos con exceso de sodio, azúcar y grasas deberán llevar un sello de advertencia negro en sus envases, con el propósito de promover la alimentación saludable y combatir la malnutrición.
En el Senado, el proyecto recibió 64 votos a favor y solo tres en contra, de las tucumanas Silvia Elías de Pérez (UCR) y Beatriz Mirkin (Frente de Todos), y la riojana Clara Vega (Interbloque Parlamentario Federal).
La iniciativa aprobada en el Senado la semana pasada será tratada por una cantidad inusual de comisiones. Encabezará el debate Cecilia Moreau (Legislación General) y no el tucumano Pablo Yedlin (Salud).
El proyecto de etiquetado frontal de alimentos con exceso de azúcar, grasas y sodio fue girado nada menos que a seis comisiones en la Cámara de Diputados, una señal desalentadora para el debate que se viene.
Según dispuso el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, la iniciativa será tratada en las comisiones de Legislación General (cabecera); Salud; Defensa del Consumidor; Industria; Agricultura y Ganadería; y Economías y Desarrollo Regional.
El dato saliente no es solo la inusual cantidad de comisiones, sino también el hecho de que será Cecilia Moreau, titular de Legislación General, la encargada de conducir el debate, y no el tucumano Pablo Yedlin, presidente de Salud.
En el Senado, dos de los tres votos en contra del proyecto fueron de las tucumanas Beatriz Mirkin (Frente de Todos) y Silvia Elías de Pérez (UCR), quienes advirtieron sobre un perjuicio para la industria azucarera, que tiene peso en su provincia.
La iniciativa establece que aquellos productos con exceso de sodio, azúcar y grasas deberán llevar un sello de advertencia negro en sus envases, con el propósito de promover la alimentación saludable y combatir la malnutrición.
En la Cámara alta recibió, el jueves pasado, 64 votos a favor y solo tres en contra, de las mencionadas Mirkin y Elías de Pérez, y la riojana Clara Vega (Interbloque Parlamentario Federal).
El proyecto cuenta con el respaldo del ministro de Salud, Ginés González García, quien participó de la discusión en el Senado y paralelamente trató el tema con la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL).
Aquellos productos con exceso de sodio, azúcar y grasas deberán llevar un sello de advertencia negro en sus envases. Además, se prohíbe su publicidad y venta en kioscos escolares. La iniciativa recibió 64 a favor 3 en contra.
Por Melisa Jofré
El Senado dio el primer paso hacia la ley para establecer la obligatoriedad del etiquetado frontal de alimentos, con el objetivo de promover la alimentación saludable y combatir la malnutrición.
El proyecto, votado en la sesión de este jueves, recibió 64 votos a favor y 3 en contra, de las tucumanas Silvia Elías de Pérez (UCR) y Beatriz Mirkin (FdT), y la riojana Clara Vega (Parlamentario Federal).
El texto, producto de un consenso entre propuestas presentadas por 15 senadores, tanto del oficialismo como de la oposición, se trabajó en conjunto con el Ministerio de Salud y distintos sectores. Ahora, la discusión pasa a la Cámara de Diputados.
El “corazón” de la iniciativa consiste en que los alimentos y las bebidas que contengan exceso de nutrientes críticos -sodio, azúcares o grasas- deberán llevar en su cara principal un sello de advertencia, según corresponda, de color negro y forma octogonal.
Estos productos, y principalmente los dirigidos a niños, niñas y adolescentes, tendrán prohibida la publicidad, promoción y patrocinio; y, además, no podrán venderse en los kioscos de las escuelas.
Arrancó el debate la neuquina Silvia Sapag (FdT), quien consideró que la presentación de más de una docena de proyectos al respecto demuestra que “esto es algo absolutamente necesario para nuestra población”. Con énfasis en la cuestión de la publicidad, la legisladora señaló que “el éxito de las marcas es canalizar las emociones; es la forma en que logran colarse en el hogar”.
La oficialista precisó que “los niños de tres años ya reconocen el logo de 100 marcas. A los niños de 10 años le resultan afines 400 marcas, y la mayoría son comestibles. A los 12 años ya fueron expuestos a 40 mil comerciales de propaganda; y el 85 por ciento de los anuncios dirigidos a su target son productos”. “La publicidad es efectiva en la niñez y si se mezcla con personajes es igual a una bomba, genera compromiso emocional y va directo al subconsciente”, agregó.
A continuación, la bonaerense Gladys González (Pro) aseguró que la ley “se trata de reconvertir la industria alimenticia y no de destruirla”. “Los consumidores tienen el derecho de acceder a información clara de lo que comen”, remarcó y se preguntó “si el consumidor tiene realmente la libertad de elegir y tiene toda la información para poder hacerlo a conciencia”.
Al hablar de distintas “influencias”, como la de la publicidad y el marketing, a la hora de elegir los alimentos, la macrista opinó que “no somos tan libres para elegir, por lo tanto ahí el Estado tiene un rol esencial”. Y, finalmente, envió un mensaje al sector productivo: “Sean aliados, no se resistan al cambio, porque es en vano, porque el rumbo ya está claro”.
“Es una norma fundamental para reducir las enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, y las cardiovasculares”, subrayó la rionegrina Silvina García Larraburu (FdT), que detalló que “somos el tercer país de América Latina con la mayor ingesta de comida ultraprocesada”, según datos de la Organización Panamericana de la Salud que indican que por año una persona consume “185 kilos” de estos alimentos.
Presidente de la Comisión de Salud, donde se debatió el proyecto, Mario Fiad (UCR) se manifestó a favor de la iniciativa, pero planteó sus “inquietudes” sobre algunos aspectos, en los que anticipó su abstención. En ese sentido, el jujeño indicó que hay que “extremar los recaudos” para la concordancia entre las normativas del Código Alimentario con las del Mercosur.
“Me preocupa que varios de los productos cuyo consumo es recomendado por la guía alimentaria serán productos que contendrán sellos de advertencia”, alertó el legislador, de profesión médico, y sostuvo que la ley tendría que poseer una “normativa complementaria”. También habló de un “período corto” de adaptación para las industrias.
Con varios alimentos que exhibió en pantalla, el fueguino Matías Rodríguez (FdT) defendió que el proyecto fue pensado “en esos pibes que serán los adultos del futuro en la Argentina y que no podemos permitir ni arriesgarnos más en que se mal alimenten, que pongan en riesgo su organismo y su cerebro, porque este tipo de productos, esta gaseosa oscura que muchos se imaginarán cual puede ser, afectan el organismo y cerebro de muchos pibes”.
En rechazo a la iniciativa, la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) enfatizó que “el azúcar no puede ser demonizado” y afirmó que esta ley lleva “desamparo” a su provincia. “Hoy más que nunca vengo como senadora por la provincia de Tucumán a defender la industria madre de mi provincia, a defender el azúcar, que implica trabajo para 60.900 familias tucumanas, jujeñas, salteñas, misioneras, santafesinas; e implica el trabajo para 8.100 productores de mi provincia”, exclamó.
También en contra, la riojana Clara Vega (Parlamentario Federal) expresó que la ley “es inoportuna” porque “no ha contemplado la situación en la que viven los argentinos, y menos aún el sector industrial y privado, que cada vez más necesita del acompañamiento de todos para poder salir adelante”. “No nos podemos dar el lujo de perder un puesto más de trabajo”, reclamó.
“Voy a votar convencida de que voy a hacer lo correcto y lo digo como productora agropecuaria, como representante de una zona productora de mi provincia”, aseveró la jujeña Silvia Giacoppo (UCR), que cruzó a su compañera de bloque al decir que “para nada se está atacando a la producción azucarera”. Y añadió que está prevista la excepción del “azúcar común”.
La radical continuó: “Acá no se está demonizando el azúcar, muy por el contrario, se está otorgando al consumidor información de lo que se lleva a la boca”. Al aportar cifras, la senadora apuntó que “el 61,6 por ciento de los argentinos tiene exceso de peso, en una proporción de 36,2 por ciento de personas con sobrepeso y el 25,4 por ciento con obesidad”. Además, “Argentina ocupa el segundo podio en la región en obesidad en la primera infancia, niños menores de cinco años”.
En el cierre del debate, el mendocino Julio Cobos (UCR) resaltó que “este es un problema y hay que atacarlo” y “la mejor manera de trabajar en salud es la prevención”. “La promoción de la salud a través de una alimentación adecuada se logra advirtiendo a la población sobre lo que va a consumir”, dijo y justificó el sello negro octogonal en función de la experiencia de Chile, pionero en el etiquetado frontal.
“Este etiquetado es perfectamente claro, advierte a la población, es un derecho para el consumidor”, insistió. En tanto, sobre los tiempos para la readecuación de la industria, consideró que “son plazos más que entendibles” y remarcó que “hace cinco años que la industria ya sabe que se venía la discusión de esta ley y deberían haber tomado algunas medidas”.
El radical negó que se quiera “demonizar” algún producto, y menos prohibir, sino que “estamos advirtiendo a la población, que después tendrá derecho a consumir lo que quiera”.
Por el Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti destacó que el proyecto “es fruto de un diálogo construido por todos” y aseguró que “mejorar la información de los alimentos que consumimos es una demanda social”. “Hoy la información que hay en los productos alimenticios es inentendible” y “sólo un 13 por ciento de la población la entiende”, señaló.
“Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos los argentinos y argentinas que tenemos el derecho a saber qué comemos, y qué queremos que coman nuestros hijos e hijas”, argumentó la mendocina, que aclaró que “no es una ley exclusivamente dirigida a combatir la obesidad”.
En un mensaje a las empresas, les pidió que “toda la energía que la industria ha puesto para tratar que este Senado no saque una media sanción”, la coloquen en “tratar de ofrecer a los argentinos mayor información de los componentes nutricionales que tienen sus alimentos y además hacer los productos más saludables”.
Hacia el final, Fernández Sagasti afirmó que entendía la situación de Tucumán, pero “esta ley no demoniza al azúcar; esta apoya a las economías regionales”. “Paren de mentir, paren de repetir mentiras de los lobbistas que no dan la cara y llaman a los legisladores para convencerlos de mentiras”, lanzó.
Puntos principales del proyecto con media sanción
En contra del proyecto de etiquetado frontal de alimentos, la senadora radical defendió a la industria de su provincia “que implica trabajo para 8.100 productores” y más de 60 mil familias en diferentes puntos del país.
En contra del proyecto de etiquetado frontal de alimentos, la senadora tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) enfatizó durante el debate que “el azúcar no merece ser demonizado”.
“Hoy más que nunca vengo como senadora por la provincia de Tucumán a defender la industria madre de mi provincia, a defender el azúcar, que implica trabajo para 60.900 familias tucumanas, jujeñas, salteñas, misioneras, santafesinas; e implica el trabajo para 8.100 productores de mi provincia”, comenzó.
La legisladora recordó un episodio del pasado, cuando “el dictador (Juan Carlos) Onganía traía desamparo y desesperación a Tucumán, cerraba 11 ingenios, y también nos hablaba de sentido común, de eficiencia y nos decía ‘la reconversión es lo que acá conviene'”. “¿Sabe lo qué pasó? 240 mil tucumanos emigraron. Se fueron a llenar los cordones alrededor de la provincia de Buenos Aires”.
“Esta ley ataca al azúcar, la demoniza injustamente y, por lo tanto, intenta también una vez más traer desamparo a mi provincia“, consideró y defendió que “el azúcar es un nutriente natural, orgánico, no sintético, no merece ser demonizado”.
Además, Elías de Pérez señaló que con esta norma “cualquier producto, por pocos gramos de azúcar, tendrá que llevar un sello de advertencia”.
Aunque aclaró que no tenía “dudas” de la “buena intención” de los senadores que promueven la ley, mencionó que más allá del aumento del sobrepeso y la obesidad, “en estos cinco, seis años el consumo del azúcar ha disminuido un 20%”.
También opinó: “Lo que siento es que no se armoniza con el Mercosur y esto es indispensable si queremos competir”. Asimismo, la senadora subrayó que “el Código Alimentario argentino es una ley convenio, se la asimila a la propia Coparticipación”, por lo tanto esta discusión había que “llevarla” a la CONAL (Comisión Nacional de Alimentos).
“Se va a terminar unificando la góndola. Una barrita de cereal va a terminar teniendo un sello, un yogur regular y una papa también”, pronosticó y lamentó que “(Lionel) Messi o los Pumas van a poder hacer una publicidad de una cerveza, pero no una publicidad de algo que tiene azúcar”. “Reivindico el azúcar para endulzar la vida, un producto natural y argentino”, concluyó.
La iniciativa fue consensuada entre distintas propuestas de senadores oficialistas y opositores.
La Cámara alta se reúne desde las 14.17 en una nueva sesión ordinaria. Recibirá media sanción una iniciativa sobre etiquetado frontal de alimentos. Además, tratarán pliegos y un conjunto de transferencias de inmuebles.
En su segunda sesión ordinaria del año, el Senado se reúne desde las 14.17. Este jueves se convertirá en ley el proyecto requerido desde el Ministerio de Salud para establecer las condiciones en los contratos que el Estado Nacional firmará con la industria farmacéutica para la compra de vacunas contra el Covid-19.
Se trata de una norma que otorga protección jurídica a los laboratorios productores al establecer cláusulas de prórroga de jurisdicción, confidencialidad e indemnidad patrimonial.
Además, se exime de impuestos a las vacunas importadas, las cuales pasarán por “aprobación de emergencia” en la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), y deberán ser analizadas por la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn).
En tanto, los contratos celebrados tendrán que ser remitidos a la Auditoría General de la Nación (AGN) y a las Comisiones de Salud de la Cámara de Diputados y del Senado, “con los recaudos correspondientes a los fines de respetar las cláusulas de confidencialidad” que puedan contener.
Por otra parte se dará media sanción a un proyecto de ley consensuado sobre la obligatoriedad del etiquetado frontal de alimentos que contengan exceso de sodio, azúcares o grasas, con el objetivo de promover una alimentación saludable.
La iniciativa prevé la prohibición de la publicidad de alimentos y bebidas que contengan nutrientes críticos y estén dirigidos principalmente a niños, niñas y adolescentes. Asimismo, estos productos no se podrán vender en los kioscos de las escuelas.
También indica que las sanciones a las empresas serán las contempladas en la normativa de Lealtad Comercial; y encomienda al Poder Ejecutivo a reformular el Código Alimentario como sea necesario, entre otros puntos.
Al comienzo de la sesión habrá un homenaje a Néstor Kirchner, con motivo del décimo aniversario de su fallecimiento; se tratarán un conjunto de pliegos y un paquete de proyectos sobre transferencias de inmuebles desde el Estado Nacional hacia distintas localidades de las provincias de Chubut, La Rioja, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Misiones.
La Cámara alta sesionará jueves y viernes para aprobar proyectos consensuados. Los temarios fueron acordados en Labor Parlamentaria. Homenajearán a Néstor Kirchner.
El Senado sesionará esta semana por partida doble, jueves y viernes, para aprobar los proyectos de protección de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), adquisición de vacunas contra el Covid-19, etiquetado frontal de alimentos y prórroga del Régimen de Promoción de Biocombustibles.
Los temarios fueron acordados este martes en una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, de la que participaron José Mayans, Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos), Luis Naidenoff (UCR), Humberto Schiavoni (Pro) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).
La sesión del jueves, convocada para las 14, iniciará con un homenaje a diez años del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, y a continuación se aprobarán numerosos pliegos de diplomáticos que tienen acuerdo.
También se votarán las nominaciones de Roberto Carlés y José Carlos Ramos como embajadores en Roma y Paraguay, respectivamente.
Luego el Senado se abocará al debate del proyecto que declara de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas contra el Covid-19.
La iniciativa establece condiciones en los futuros contratos a firmar con la industria farmacéutica, habilitando cláusulas de indemnidad, prórroga de jurisdicción o confidencialidad.
Por otra parte, se votará el proyecto que establece la obligatoriedad del etiquetado frontal de alimentos con exceso de sodio, azúcares o grasas, con el objetivo de promover una alimentación saludable.
Por último, se aprobará la transferencia de distintos inmuebles ubicados en las provincias de Chubut, La Rioja, Río Negro, Santa Cruz y Misiones.
Para la sesión del viernes -también citada para las 14- se acordó que el Senado trate la prórroga, por cuatro años, de la Ley 26.093 de Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles, que vence en mayo del 2021.
Asimismo, se discutirá el proyecto que busca proteger los activos del FGS, estableciendo que el programa de Reparación Histórica podrá financiarse con recursos propios de la ANSES y del Tesoro.
Paralelamente, con la sanción de la ley, las provincias podrán rediscutir las deudas que mantienen con la ANSES en un plazo de ocho meses, de cara a la firma de un bono donde se establecerán las condiciones del pago.
Por Silvia Giacoppo. La senadora nacional de JxC celebra el dictamen favorable para el proyecto, y señala que persigue el objetivo de advertir al consumidor que tienen el derecho de saber que llevan a su boca.
Esta semana ha ocurrido algo que vale la pena destacar. Conseguimos, en el Senado de la Nación, unificar las posturas en único dictamen para promover una alimentación saludable. 15 proyectos de legisladores de diferentes fuerzas políticas que desde el año 2016 venimos trabajando. Un tema común, de salud pública, avanzando sin que nos detengan las diferencias políticas.
Todo, detrás del objetivo de advertir al consumidor que tiene el derecho de saber que lleva a su boca, sobre todo a nuestros niños.
Este proyecto no ataca, ni está en su espíritu atacar, a ninguna de nuestras economías regionales. El proyecto busca educar, enseñar y concientizar en el consumo responsable señalando los productos que tengan un “exceso” de los “nutrientes críticos” para la salud. Poder elegir en base al conocimiento completo de la información nutricional. Las empresas tendrán un año con derecho a una prórroga, de ser necesario, de 6 meses más para adaptar sus envases a esta nueva ley.
Es fundamental para terminar con la publicidad engañosa evitar que consuman productos porque traen de regalo algún juego o juguete y la información nutricional -contenidos de sodio, grasas saturadas y azúcares- está escrita con la famosa “letra chica” que impide hace muy difícil enterarnos de que estamos consumiendo. Estamos buscando terminar con estos contratos leoninos entre empresas y consumidores.
Desde hace años, por mi participación en el Parlatino (Parlamento Latinoamericano) -junto al Frente Parlamentario contra el Hambre- y a través de FAO Mesoamérica (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) vengo trabajando e interiorizándome en temas de alimentación y desnutrición. La malnutrición es el flagelo de nuestro siglo, por eso me alegra que se hayan depuesto cuestiones partidarias y desde el Senado demos una muestra de trabajo conjunto.
El etiquetado de alimentos ya es utilizado en muchos países de Latinoamérica. Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, entre otros, ya brindan esta información a sus consumidores. De diferentes maneras, pero ya lo hacen. Nuestro proyecto ha optado por un sello negro -de forma octogonal- que contenga los datos en letras blancas para hacer bien clara la lectura de la información. Buscamos hacer más explícito el derecho a saber que es lo que consumimos cuando nos alimentamos.
Los principales objetivos del proyecto consensuado apuntan a garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a través de la promoción de la alimentación saludable brindando información nutricional simple y comprensible de alimentos envasados y bebidas analcohólicas, advertir a las/los consumidoras/res sobre los excesos de azúcar, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías y a prevenir la malnutrición y reducir las enfermedades crónicas no transmisibles que afectan a la población.
Las estadísticas de obesidad en Argentina y en toda la región son alarmantes. Según datos de la 4º Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) realizada por la Secretaría de Gobierno de Salud y el INDEC, publicada en abril de 2019, el 61,6% de los argentinos tiene exceso de peso, en una proporción de 36,2% de personas con sobrepeso y 25,4% con obesidad.
Esta epidemia también afecta a nuestros niños, niñas y adolescentes. Argentina ocupa el segundo puesto en la región en obesidad en menores de 5 años y se estima que uno de cada tres niños, en edad escolar, tienen exceso de peso u obesidad. Además, la prevalencia de la obesidad en la adolescencia pasó del 3,2% en 2007, al 6,1% en 2012.
Informar, educar y concientizar sobre lo que comemos es fundamental para una vida más saludable. Ese es el objetivo. En ese camino estamos.
Se unificaron 15 iniciativas de distintos senadores. Solo las tucumanas Elías de Pérez y Mirkin se expresaron en contra, advirtiendo que la ley perjudicará a la industria azucarera. El tema se tratará en la próxima sesión.
El proyecto de ley de promoción de la alimentación saludable, que busca implementar el etiquetado y rotulado frontal de alimentos para combatir la malnutrición, recibió dictamen favorable este miércoles en el Senado y quedó en condiciones de ser tratado la semana próxima en sesión virtual.
La iniciativa fue despachada en una reunión conjunta de las comisiones de Salud y de Industria y Comercio, encabezada por Mario Fiad (UCR), donde se unificaron nada menos que 15 proyectos referidos a la temática.
Se consensuaron así propuestas de los senadores Silvina García Larraburu, Lucila Crexell, Juan Carlos Marino, Pamela Verasay, Silvia Giacoppo, Gladys González, Anabel Fernández Sagasti, Julio Cobos, Silvia Sapag, Matías Rodríguez, Daniel Lovera, Dalmacio Mera, Antonio Rodas y Oscar Castillo.
La vicejefa del bloque del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, destacó el trabajo mancomunado entre los senadores y con el Poder Ejecutivo, y aclaró que “este proyecto no es contra nadie, sino a favor de los ciudadanos, y es una oportunidad para que la industria pueda mejorar los alimentos que ofrece”.
La oficialista sostuvo que “en los países donde se han aplicado etiquetados, la industria ha podido reconvertirse, ofrecer alimentos más saludables, y también se ha utilizado para el marketing”.
El radical Julio Cobos también resaltó que “este es un claro ejemplo de cómo compatibilizar conflictos de intereses y escuchar a todas las voces. Cuando hay un objetivo claro y una vocación, nos despojamos de algunas pretensiones para arribar a una solución”.
El legislador enfatizó que “la industria debe colaborar en mejorar la calidad de nuestros alimentos” y advirtió que “el 70% de la población argentina tiene problemas de sobrepeso, de los cuales el 38% sufren obesidad”.
También aportó cifras Eugenia Catalfamo (Frente de Todos), quien precisó que “según un informe de UNICEF, nuestro país ocupa el segundo lugar en la región con niños menores de cinco años que poseen sobrepeso u obesidad, y uno de cada tres niños en edad escolar posee estas enfermedades”.
Silvia Giacoppo (UCR) sostuvo que “no se ataca a ninguna producción sino al contenido excesivo en un producto”, ya que “como ciudadanos tenemos derecho a saber qué comemos, qué llevamos a la boca”.
Desde el Pro, Gladys González coincidió en que se trata de “un desafío de reconversión (de la industria), no de destrucción”, y afirmó que “el día que logremos que nuestros hijos lleven a la escuela una manzana en lugar de un paquete de galletitas llenas de azúcar habremos dado un gran paso en esta batalla de cambiar la forma en que alimentamos a nuestros hijos y a nosotros mismos”.
Las dos senadoras por Tucumán, Silvia Elías de Pérez y Beatriz Mirkin -el restante es José Alperovich, de licencia- fueron las únicas que se expresaron en contra de la ley, con argumentos en defensa de la industria azucarera.
“El azúcar es un producto natural y como tal es bueno para la salud siempre que se lo consuma como corresponde. Es triste cuando vemos que se la demoniza, es triste cuando se quiere desincentivar su consumo y darle lugar a otros productos. No puedo decir que estoy contenta con esta ley”, confesó Elías de Pérez (UCR).
En tanto, Mirkin lamentó que la provincia “no haya sido consultada” y advirtió que “la situación de Tucumán va a ser muy difícil con esta ley”.
“Vamos a votar negativamente este proyecto porque no le da margen a la provincia. No ven la situación provincial. La industria azucarera se ha reconvertido enormemente. Comparto el sentido de que se coma bien, pero se van a cerrar industrias”, manifestó la oficialista.
Asimismo, ironizó: “En el etiquetado que está planteado en el proyecto falta una calavera, como si el azúcar matara. Y el azúcar consumido en condiciones normales no produce ‘sobrealimentación’, al contrario”.
Cobos salió al cruce de las tucumanas y aclaró que “la ley no prohíbe el consumo de azúcar. No estamos aprobando ningún desincentivo, no hay una propaganda donde se demoniza, ni una calavera. No es como la propaganda del cigarrillo. Simplemente es información de advertencia”.
En el mismo sentido, Fernández Sagasti subrayó que “esto no es ‘salud versus trabajo’” y pidió “no entrar en una confrontación entre provincias”. “Yo nunca pediría que el vino se pueda vender a menores de 18 años y vengo de una provincia vitivinícola”, comparó.
El proyecto dictaminado apunta a “garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a través de la promoción de una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas”.
También se busca “advertir a consumidoras y consumidores sobre los excesos de componentes como azúcar, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de información clara, oportuna y veraz”.
El tercer y último objetivo es “promover la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles.
Se establece que los alimentos y bebidas analcohólicas envasados en ausencia del cliente y comercializados en el país “en cuyo proceso de elaboración, o en el de alguno de sus ingredientes, se haya agregado sodio, azúcares o grasas, y en cuya composición final el contenido de nutrientes críticos exceda los valores establecidos” en esta ley, “deberán incluir en la cara principal del envase un sello de advertencia” que “deberá indicar el exceso de los nutrientes críticos”.
Los valores máximos tomados en la ley son los estipulados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
En el dictamen se aclaró que los envases menores a 10 centímetros cúbicos también deberán llevar el etiquetado de advertencia. El azúcar, los aceites vegetales y los frutos secos quedarán exceptuados de la obligación del rotulado.
Se otorgarán dos años para que las industrian bajen el nivel de exceso de estos nutrientes, “un plazo suficientemente amplio para que la industria se adecue”, consideró la senadora Silvia Sapag, encargada de exponer el dictamen.
Las industrias grandes tendrán un plazo de seis meses desde la publicación en el Boletín Oficial para adaptarse a la ley, y podrán extender ese plazo por seis meses más a criterio del Ejecutivo, y en el caso de las pymes, el plazo para la aplicación será de 18 meses, también prorrogables.
Asimismo, se sugiere al Estado que priorice compras de alimentos que no lleven sellos de advertencia.
En el Día Mundial de la Alimentación, la diputada radical destacó la importancia del proyecto que impulsa para promover la nutrición saludable y frenar la epidemia de la obesidad.
En el Día Mundial de la Alimentación, la diputada nacional Brenda Austin (UCR) marcó este viernes la importancia avanzar en el Congreso con una ley consensuada de etiquetado frontal de los alimentos, que obligue a informar los ingredientes de los productos ofrecidos en las góndolas, como herramienta para promover la alimentación saludable y frenar la epidemia de la obesidad.
“Desde hace años convivimos con un problema de salud que sigilosamente se acrecienta y no es asumido como una prioridad en la agenda pública. Hablamos de la obesidad que, según la OMS, ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial. Es un flagelo que se ha extendido en todo el mundo, afectando a la población más vulnerable”, indicó la diputada radical por Córdoba respecto a este vacío normativo que aún tiene la Argentina.
En este sentido, remarcó que el elevado consumo de alimentos procesados con altos niveles de nutrientes críticos junto al sedentarismo, tienen una “incidencia decisiva” en el sobrepeso, la obesidad y el desarrollo de enfermedades crónicas asociadas, como diabetes, hipertensión, que incluso figuran entre los principales factores de riesgo de morbilidad y mortalidad entre pacientes de Covid-19.
El pasado 6 de marzo Austin presentó para regular el etiquetado frontal de advertencia de alimentos destinados al consumo humano con el objetivo de brindar información simple y de fácil comprensión, de manera complementaria al rotulado nutricional actual. Se trata de una propuesta para garantizar el efectivo acceso a la alimentación saludable, favoreciendo la autonomía y la toma de decisiones de consumo verdaderamente informadas.
La iniciativa prevé, además, restricciones en torno a la publicidad y ofrecimiento de estos productos a fin de proteger a niños, niñas y adolescentes, quienes son especialmente vulnerables a ser persuadidos por las estrategias de marketing de productos de bajo valor nutricional.
El proyecto de ley fue acompañado por los diputados Claudia Najul, Soher El Sukaria, Roxana Reyes, Gabriela Lena, Federico Zamarbide, Lidia Ascarate, Aída Ayala, Héctor Stefani y Graciela Ocaña. La discusión de una propuesta consensuada se encuentra ahora en el Senado de la Nación y luego se trasladará a la Cámara de Diputados.
El Día Mundial de la Obesidad fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 1979 para concientizar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario mundial. Según datos oficiales, la Argentina no es la excepción a la tendencia mundial: en los últimos 20 años disminuyó el consumo de frutas y hortalizas en un 41% y 21%, respectivamente, mientras que el consumo de jugos en polvo y gaseosas se duplicó. A su vez, los niños, niñas y adolescentes presentan patrones alimentarios menos saludables: el 50% consume dos o más bebidas azucaradas por día y, en comparación con los adultos, consumen el doble de productos de pastelería o de copetín y el triple de golosinas. Las consecuencias se reflejan en el preocupante nivel de exceso de peso que afecta, sin distinciones, al 41 por cientos de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años.
“Una diversidad de factores confluye en la construcción de los patrones alimentarios, pero uno de los más relevantes y urgentes para abordar es la falta de información junto a las concepciones erróneas sobre el valor nutricional de los alimentos. Debemos preguntarnos si los ciudadanos y ciudadanas entendemos la información de las etiquetas nutricionales y si estas son lo suficientemente claras. Los datos muestran que no. En la Argentina, sólo 3 de cada 10 personas lee las etiquetas, y de éstas únicamente la mitad las entiende”, indicó Austin.
En línea con las recomendaciones internacionales, países de la región como Chile, Perú, Uruguay y México han implementado el etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas. Consiste en la presentación en la cara principal del envase de símbolos que indican cada nutriente crítico que se encuentra en exceso en la composición del alimento.
“La Argentina no puede permanecer en el atraso. Hoy se comercializan productos con declaraciones que los asimilan a ´alimentos saludables´, mientras en otros países presentan rotulado de advertencia por exceso de grasas saturadas, sodio o azúcares. En distintas oportunidades se intentó avanzar, aunque el Congreso todavía adeuda una política activa para contrarrestar esta problemática”, completó la diputada.
Tras más de cuatro horas, una gran cantidad de invitados opinaron sobre la iniciativa en un plenario de las comisiones de Salud y de Industria y Comercio del Senado. Oficialismo y oposición trabajan en un dictamen único, que podría firmarse la semana próxima.
Por Melisa Jofré
Por más de cuatro horas, las comisiones de Salud y de Industria y Comercio del Senado recibieron a funcionarios y especialistas que expusieron sobre la iniciativa de etiquetado frontal de alimentos, con el objetivo de promover una alimentación saludable.
Senadores del oficialismo y la oposición trabajan en un dictamen único, al que se arribó luego de conversaciones con el Poder Ejecutivo y el análisis de una docena de propuestas que se habían presentado en ese sentido.
El titular de la Comisión de Salud, el radical Mario Fiad, informó al final del encuentro que la próxima semana -tras reunión de asesores el lunes- se convocaría al plenario para avanzar con la firma del despacho.
De acuerdo al borrador del texto, al que accedió parlamentario.com, se propone el etiquetado en la cara principal de los productos compuestos por azúcares, grasas saturadas y sodio; se establecen modificaciones al Código Alimentario; y se prohíbe la publicidad de alimentos y bebidas que concentren azúcares, grasas y sal y estén dirigidos principalmente a niños, niñas y adolescentes.
Además, en la iniciativa se contemplan los hábitos saludables en los ámbitos escolares y se estipulan una serie de sanciones para las empresas alimenticias que incumplan la ley, las cuales van desde apercibimientos hasta clausuras; entre otros puntos.
En primer lugar, en la reunión de este miércoles, expusieron funcionarios del Gobierno, entre ellos el ministro de Salud, Ginés González García, quien sostuvo que “la pandemia más silenciosa, y menos estridente, pero mucho más mortal y dura desde el punto de vista de los sistemas de salud, es el sobrepeso y la obesidad”.
El titular de la cartera de Salud destacó el trabajo conjunto y expresó que “el consenso nunca es fácil porque los intereses son diversos, porque tenemos que adecuar además nuestras normas a lo que se refiere al Mercosur, porque nuestra industria alimentaria es muy poderosa y también la queremos proteger, con lo cual en esa búsqueda de consenso hemos trabajado intensamente”.
Más tarde fue el turno del exministro de Salud, Adolfo Rubenstein, quien dijo que más allá de haber tenido la intención, “lamentablemente” no se pudo avanzar en una ley como ésta durante la gestión anterior.
El radical recordó que según encuestas del Ministerio de Salud, “entre 2005 y 2018 hubo un 75% de aumento de la obesidad” en el país, mientras que los datos de 2018 indican que “el 65% de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad” y en niños, niñas y adolescentes es el 40%.
“Es un problema que constituye la principal amenaza a la salud pública de nuestro país”, afirmó. “Me siento muy contento de que hay un proyecto consensuado”, agregó Rubinstein y consideró “oportuno que Argentina tome un camino, que más allá de que este alineado a las políticas del Mercosur, desarrolle una política independiente y soberana en este sentido”.
Desde el sector empresario, Daniel Funes de Rioja, presidente de la COPAL (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios), valoró el ámbito de diálogo con el Ejecutivo y aseguró que se comparten “los fines y propósitos”.
No obstante, discrepó “con la idea de que el modelo chileno es el modelo deseable; Chile no es productor de alimentos procesados”. También mencionó que “la plataforma Mercosur es central y estratégica, y mucho más después de la pandemia”.
“No nos oponemos al etiquetado frontal siempre y cuando no tenga la finalidad de la demonización”, advirtió y opinó que la ley debería ponerse en marcha una vez pasada la pandemia.
A su turno, el senador chileno Guido Girardi, autor de la ley de etiquetado en su país, reflexionó que “las personas cada vez están comiendo más, no alimentos, sino status, marcas”. De profesión médico, el legislador indicó que las enfermedades por la obesidad “son transmisibles” por medio de “la publicidad”, y a las futuras generaciones a través de los genes.
Los productos cargados de azúcar, grasa y sal “hemos definido que no son alimentos, no los queremos llamar alimentos”, aseveró y relató que “los resultados en Chile han sido muy exitosos” ya que “el 20% de la industria ha reformulado sus productos”.
Por la Organización Panamericana de la Salud, Sebastián Laspiur enfatizó que “es urgente y es imperioso hacerlo, sobre todo en contextos de pandemia donde el problema de la mal nutrición seguramente se vea agravado”. “En Argentina están muriendo 140 mil personas al año por problemas derivados de la mala alimentación, diabetes, enfermedades cardiovasculares y algunos cánceres”, precisó.
Laspiur apuntó que “lo que hace a un etiquetado efectivo es que sea sencillo, simple, comprendido por todos, por niños, y que alerte a la población de los ingredientes críticos: azúcar, grasa y sal”, además de recomendar que sea de forma octogonal.
Andrea Graciano, representante de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, señaló que “solamente el 26% de la población lee la información nutricional, y de ellos solo el 13% comprende las etiquetas”. “Es urgente avanzar en un etiquetado frontal de advertencias”, manifestó y observó que esto “sería un acto de gobierno que permita proteger el bien común y, sin lugar a dudas, quienes resulten mayores beneficiarios sean la población más vulnerable y vulnerada”.
Otro expositor desde el sector empresario fue Jorge Feijoo, presidente del Centro Azucarero Argentino, quien apoyó la iniciativa y el hecho de “brindar información adecuada al consumidor”, pero alertó que “esa debida información debe ser sin estigmatizar o demonizar alimentos naturales, necesarios en la medida adecuada, que no son rechazados por autoridad competente alguna”. “Necesitamos considerar salud y producción”, indicó.
En tanto, Fernando Zingman, especialista en Salud de UNICEF Argentina, subrayó que “los niños y niñas son bombardeados y formateados en sus preferencias gustativas, de elección de sustancias de consumo alimenticio, y que son preferencias que van a continuar a lo largo de su vida. Tenemos que detener esta fábrica de consumidores”.
“Un etiquetado claro de advertencia está evidenciado que impacta en los niños y sus familias”, dijo el médico pediatra, que también afirmó que está comprobado “que la industria tiene la capacidad de reconfigurarse para ser más saludable”. Sobre el proyecto, pidió que “la ley no deje huecos que después obstaculicen su implementación”.
También expusieron Luciana Castronuovo, directora de área de la Fundación Interamericana del Corazón; Lorena Rodríguez, académica de la Universidad de Chile y miembro del Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe; Sergio Procelli, de Consumidores Argentinos; María Quintana, del Centro de Investigaciones en Toxicología Ambiental y Agrobiotecnología del Conahue; e Ignacio Porras, de la Agrupación Argentina de Nutrición y Alimentos Reales; entre otros.
Ante un plenario de comisiones del Senado, el ministro de Salud destacó la iniciativa para avanzar con el etiquetado frontal de alimentos. También expusieron funcionarios del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Desarrollo Productivo.
El ministro de Salud, Ginés González García, afirmó este miércoles que “la pandemia más silenciosa, y menos estridente, pero mucho más mortal y dura desde el punto de vista de los sistemas de salud, es el sobrepeso y la obesidad”.
Al abrir una reunión informativa de las comisiones de Salud y de Industria y Comercio del Senado, el funcionario se refirió al proyecto que busca establecer el etiquetado frontal de alimentos, y destacó el acuerdo que existe para avanzar con una ley en este sentido. De hecho, senadores del oficialismo y la oposición consensuaron un único texto, puesto a consideración durante el encuentro.
El titular de la cartera de Salud aseguró que el tema del sobrepeso y la obesidad “preocupa desde muchos ángulos a los Estados modernos”, pero “no es fácil” porque “tiene componentes culturales”. “En el mundo gran parte de las personas han tenido problemas para acceder a los alimentos; se podría decir que es una victoria que hoy el acceso a los alimentos, sacando algunas regiones del mundo, esté más asegurado”, señaló.
Sin embargo, remarcó que “el exceso” genera “problemas”. “La especie humana está hoy moviéndose un 30% menos de lo que se movía hace 40 años. La actividad física y el desgaste energético es mucho menor. Otro factor es el sueño, hoy la especie humana está durmiendo dos horas menos de lo que dormía hace 40 años. Y si a eso le sumamos que hay un 30% más de ingreso calórico, claramente existe un cóctel que ya está impactando en el sistema público y la salud”, explicó.
González García expresó que la obesidad “es madre de muchas enfermedades” y “ninguna cultura del mundo ha logrado mejorarla sustantivamente”.
El ministro valoró el trabajo conjunto realizado entre los ministerios y las conversaciones con los distintos sectores y senadores. “El consenso nunca es fácil porque los intereses son diversos, porque tenemos que adecuar además nuestras normas a lo que se refiere al Mercosur, porque nuestra industria alimentaria es muy poderosa y también la queremos proteger, con lo cual en esa búsqueda de consenso hemos trabajado intensamente”, subrayó.
Además, consideró que “la publicidad y educación es central” en este camino, porque “en la medida que logremos armonizar mejor estas cosas” se obtendrán los resultados, “tal como pasó con el cigarrillo”, comparó.
Y recordó la campaña llevada a cabo en los primeros años de la presidencia de Néstor Kirchner, con la cual en el mediano plazo “hemos logrado que los argentinos fumen menos; pasamos del 30% al 20%”. “Es también lo que pretendemos respecto al sobrepeso y la obesidad”, agregó.
Finalmente, el ministro resaltó que “armonizar con el Mercosur no es poca tarea”, pero ponderó: “Estamos en un muy buen camino y es un avance después de tanto años de inacción”.
Por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marcelo Alós, celebró que “es la primera vez que los tres ministerios se han puesto de acuerdo en la necesidad del etiquetado frontal de alimentos”, más allá de que “no ha sido una tarea fácil”.
El secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional manifestó que se tuvo en cuenta “la posibilidad de proteger a los pequeños y medianos empresarios y productores de alimentos”, al proponer “un plazo bastante prudencial para que cada una de las empresas pueda acomodar sus procesos productivos, si es que así lo tienen que hacer”.
Alós aspiró a que en “en el corto plazo” se pueda “sacar un proyecto consensuado, y consensuado también con las provincias”, al rescatar “el arduo trabajo que se ha hecho en la Comisión Nacional de Alimentos a través de la participación federal en la discusión de estos temas”.
Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, Paula Español destacó la amplitud de la convocatoria alrededor de la iniciativa y celebró “la importancia de la voluntad que tiene el Ejecutivo de avanzar con el tema”, sobre el cual “hay una deuda pendiente”.
La secretaria de Comercio abogó por la protección de los derechos de los consumidores y, en ese sentido, dijo que “es fundamental promover una información clara, verdadera, simple y precisa” y “darle las herramientas para poder tomar decisiones de manera informada y responsable”.
La funcionaria indicó que en el proyecto, además del etiquetado, se regula sobre “los entornos escolares y la publicidad y el sponsoreo”, porque son “los niños, niñas y adolescentes quienes están más expuestos a lo que tiene que ver con el exceso de publicidad y no tener un entorno cuidado”.
Español aseveró que avanzar con esta norma desde “el marco del Mercosur” es “importante para las empresas y para fortalecer un mercado que nosotros queremos profundizar y sostener en el tiempo”. “Nuestra política no es ni para penar al sector productivo, ni para salir del Mercosur”, ratificó.
Coincidiendo con lo expuesto por Ginés González García, Manuel Limeres, titular de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), informó que desde el organismo que dirige “y en nuestras vinculaciones con el Mercosur, venimos trabajando desde hace tiempo en el etiquetado de alimentos”, y muchos de los aspectos técnicos de la iniciativa “han sido desarrollados por nuestra institución”.
El senador radical participó de una reunión de la Mesa Interministerial, en el marco del Plan Argentina Contra el Hambre, durante la que se debatió la iniciativa de promoción de una alimentación saludable.
El senador nacional Julio Cobos (UCR) participó este lunes en la reunión de la Mesa Interministerial conformada en el ámbito del Plan Argentina Contra el Hambre, donde se debatió sobre proyectos relacionados con la promoción de una alimentación saludable a través de una ley de etiquetado. Participaron del encuentro funcionarios y legisladores del oficialismo y la oposición.
En relación a la tarea conjunta que se está realizando para lograr contar con una ley de etiquetado, el radical señaló que “la salud debe ser una cuestión de Estado, por eso no es casual esta confluencia de diferentes partidos con distintas visiones, pero capaces de compatibilizar un único proyecto que contemple los derechos de los consumidores a ser informado claramente”.
“El sobrepeso es un grave problema en nuestro país, los últimos estudios indican que en Argentina hay un 62% de sobrepeso y 38% de obesidad. Son valores muy altos. Esto es catalizador y genera otros problemas de salud como hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Uno es producto de lo que come, por eso apuntamos a generar una buena nutrición”, sostuvo el mendocino.
Además, el legislador destacó “el trabajo conjunto que se viene realizando” y que se logró “confluir en un proyecto que esperamos sea tratado rápidamente, compatibilizando intereses de la industria y del agro, pero siempre priorizando el interés colectivo que representa la salud de nuestra población”.
“La industria debe avanzar en la reconversión como de hecho ya ha sucedido con muchas bebidas. Vamos a dar un marco legal sólido y luego quedarán en manos de la autoridad de aplicación las iniciativas que consideren oportunas, como por ejemplo los aspectos impositivos y tributarios, estimulando a través de la disminución de los mismos en los alimentos saludables, y castigos y sanciones a quien no se adecúen a los parámetros establecidos”, señaló.
Respecto del sistema de etiquetado a adoptar, Cobos dijo: “Queremos indicar claramente el camino en el texto de la ley, que el sistema adoptado no sea la letra chica de una póliza de seguro; la publicación tiene que ser clara, sin esconder nada y debe expresar si hay exceso de calorías, azúcar, sodio y grasas. A partir de ahí, damos la facultad al Poder Ejecutivo para adecuarlo a las normas del Mercosur. En este punto, no creo que sea conveniente dejarlo a la autoridad de aplicación y sí un camino”.
Por último, el senador reveló que legisladores de distintos bloques están trabajando “para lograr un pronto tratamiento y sanción en el Senado”. “Esperemos que avancemos pronto. Estamos en la puerta de dar sanción a este proyecto que es muy necesario, sobre todo en el momento actual que vivimos, porque con esta pandemia se potencian los factores de riesgos que queremos combatir y disminuir con esta ley”, agregó.
La iniciativa de Florencia Lampreabe pretende promover la alimentación saludable, incorporando etiquetas de advertencia que detallen la información nutricional.
La diputada nacional del Frente de Todos Florencia Lampreabe impulsa un proyecto de ley para implementar un nuevo régimen de etiquetado frontal de alimentos. La iniciativa, que tiene como objetivo garantizar el acceso a la información y promover la alimentación saludable, propone la incorporación de etiquetas de advertencia en el frente de todos los envases de alimentos y bebidas para que el consumidor pueda interpretar la información nutricional del producto de manera rápida y fácil.
“Soberanía alimentaria no implica sólo la posibilidad de un pueblo de alimentarse sino también de poder optar por calidad, origen, tipo de producción, por alimentos que además de accesibles sean saludables. Y para poder elegir es necesario saber”, sostuvo Lampreabe.
El proyecto propone que aquellos alimentos y bebidas que contengan y superen los valores recomendados de grasas saturadas, grasas trans, sodio, azúcares y aditivos, tengan una etiqueta negra en el frente con la leyenda “ALTO EN”, seguida del nombre del nutriente crítico, que advierta al consumidor, quien muchas veces es víctima de publicidad engañosa. Al mismo tiempo, prevé la creación de un Sistema de Etiquetado de Escala Nutricional, que reclasificará los productos dentro de cinco posibilidades determinadas por la cantidad y calidad de sus ingredientes.
Por otra parte, con el objeto de contribuir al desarrollo de hábitos de alimentación saludable, la medida plantea prohibir las publicidades dirigida a niños, niñas y adolescentes – así como la venta en establecimientos educativos de nivel inicial y nivel primario -, de todos aquellos productos que no estén alcanzados por la clasificación “A” o “B” (considerados “sanos” según la nueva Escala Nutricional), y tengan al menos una etiqueta de advertencias. Además, propone la creación de programas educativos de orientación nutricional y promoción de la alimentación saludable.
Entre sus fundamentos, se detalla que el espíritu la ley “apunta a generar una herramienta que promueva el acceso a derechos fundamentales e importantes del pueblo, tales como el derecho a la alimentación, a la salud y a la información válida y confiable para decidir qué alimentos consumir”. Paralelamente, propone “la perspectiva de la soberanía alimentaria, la difusión de hábitos adecuados de salud y nutrición, así como la competencia equitativa entre empresas alimenticias, el comercio justo y la producción saludable”.
La iniciativa contó con el acompañamiento de diputadas y diputados del Frente de Todos entre los que se encuentran Daniela Vilar, Lucila Masin, Federico Fagioli, Juan Carlos Alderete, Paola Vessvessian, María Luisa Montoto, Cecilia Moreau, María Jimena López, María Rosa Martínez, Carolina Gaillard, Estela Mary Neder, Mónica Macha, Liliana Schwindt, y Ayelén Spósito, entre otros.
