Un grupo de diputados de la Unión Cívica Radical encabezados por los mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay presentó en la Cámara baja un proyecto de ley para regular la eutanasia en Argentina, con el objetivo de reconocer el derecho de toda persona a decidir el modo y momento de su muerte cuando atraviese sufrimientos físicos o psíquicos intolerables derivados de una enfermedad grave, crónica e irreversible.

La propuesta establece que cualquier ciudadano mayor de edad, plenamente capaz, podrá solicitar la “prestación de ayuda para morir” bajo estrictos requisitos: padecer una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico y limitante, presentar dos solicitudes voluntarias y por escrito con una separación mínima de quince días, y otorgar consentimiento informado. La voluntad del paciente será siempre revocable.

El texto define la eutanasia como el procedimiento realizado por un médico, tras seguir el protocolo previsto, para provocar la muerte de la persona que lo solicita de manera fehaciente. Además, contempla la posibilidad de directivas médicas anticipadas y reconoce la capacidad de decisión de los mayores de 16 años.

Entre las garantías, el proyecto incluye el derecho del paciente a recibir información clara, trato digno, privacidad y confidencialidad, así como la obligación del personal de salud de respetar la autonomía de la voluntad. También prevé la creación de Comisiones Médicas de Asistencia y Evaluación en cada provincia y en la Ciudad de Buenos Aires, con carácter multidisciplinar, encargadas de revisar las solicitudes y controlar el cumplimiento de los requisitos.

En cuanto a la práctica, la ley establece que la prestación deberá realizarse en un plazo máximo de diez días desde la autorización, pudiendo ser mediante administración directa por el médico o autoadministración por el paciente, con acompañamiento profesional. La muerte será considerada legalmente como “natural”.

El proyecto incorpora modificaciones al Código Penal para excluir de responsabilidad a los profesionales que actúen conforme a la ley y sancionar con prisión e inhabilitación a quienes obstaculicen injustificadamente la práctica. Además, garantiza la cobertura integral en el sistema público, obras sociales y prepagas, y reconoce el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales, con la obligación de derivar al paciente sin demoras.

En los fundamentos, los autores —Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Karina Banfi, Atilio Benedetti, Fabio Quetglas y Martín Tetaz— sostienen que la iniciativa se enmarca en los principios de autonomía y dignidad consagrados por las leyes de Derechos del Paciente y Muerte Digna, y se inspira en experiencias internacionales como las de Uruguay, España y Canadá. “Garantizar este derecho no implica promover la muerte, sino humanizar el final de la vida y permitir un buen morir”, afirman.

Después de lo ocurrido en el Parlamento uruguayo, el diputado nacional Julio Cobos presentó un proyecto de ley para regular la eutanasia y la muerte asistida. El texto tiene por objeto reconocer el derecho que corresponde a toda persona que cumpla las condiciones exigidas, a solicitar la interrupción de su vida y regular el procedimiento que ha de seguirse, establecer los mecanismos que permiten controlar y evaluar los procedimientos y las garantías que han de observarse.

“Se plantea una regulación que respeta la autonomía y voluntad de poner fin a la vida de quien está en una situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables”, explicó el mendocino en los fundamentos de la iniciativa.

La iniciativa tiene giro a las comisiones de Derechos Humanos y Garantías que preside Sabrina Ajmechet; a la de Acción Social y Salud Pública que está a cargo del tucumano de Unión por la Patria Pablo Yedlin; y a Legislación Penal que está comandada por la cordobesa bullrichista Laura Rodríguez Machado.

El pasado jueves el Senado de la República Oriental del Uruguay sancionó la iniciativa que consagra la eutanasia, bajo el nombre de Ley de Muerte Digna. De esta manera, el país vecino se convirtió en el primer país de Sudamérica en establecer un marco legislativo a la interrupción de la vida y su proceso sanitario. Por otro lado, Colombia y Ecuador no ha establecido leyes relacionadas, pero sí la han despenalizado.

El proyecto de ley presentado por el radical tiene como antecedentes a un texto impulsado por Alfredo Cornejo y Mariana Juri en el Senado en 2022 con el nombre de Ley de Buena Muerte. También, en la Cámara de Diputados, Miguel Pichetto encabezó una iniciativa bajo el nombre de régimen legal de asistencia para terminar con la propia vida. Ninguno de los dos prosperó en el recorrido legislativo.

De todos modos, el proyecto que presentó el diputado mendocino establece la conceptualización de ocho definiciones que funcionarán como variables en caso de que prospere la ley: la práctica eutanásica; la muerte asistida; la objeción de conciencia sanitaria; el consentimiento informado; la enfermedad grave e incurable; el padecimiento grave, crónico e imposibilitante; el médico responsable; y el médico consultor.

Por otro lado, explicó que “la decisión de solicitar la práctica eutanásica o muerte asistida ha de ser una decisión autónoma, entendiéndose por tal aquella que está fundamentada en el conocimiento del paciente sobre su proceso médico, después de haber sido informado adecuadamente por el equipo sanitario responsable. En la historia clínica deberá quedar constancia que la información ha sido recibida y comprendida por el paciente”.

Entre los requisitos, propuso que se podrá en aplicar en caso de que el paciente sufra una enfermedad grave e incurable; con acceso a información clara y precisa sobre su proceso médico, las alternativas y posibilidades de actuación; se deberá prestar consentimiento informado a la práctica que se incorporará a la historia clínica; nacionalidad argentina o ser residente por un término no menor a doce meses, ser mayor de edad, y capaz al momento de la solicitud; y haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria, por escrito u otro medio.

“Si la muerte es el final de la vida, y está integrada desde un punto de vista biológico, el derecho a una vida digna debe conllevar también el derecho a una muerte digna”, añadió Julio Cobos. Por último, señaló que “desde la perspectiva de la autonomía de la voluntad de cada individuo y del derecho a disponer de nuestras vidas y de nuestra intimidad, introducir la eutanasia en nuestra legislación significaría la adquisición de un nuevo derecho con el cual se posibilita la solicitud de la interrupción de la vida ante determinadas condiciones reguladas”.

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Esta semana falleció el jurista Daniel Ostropolsky, quien el año pasado participó de una conferencia de prensa en su provincia, Mendoza, junto a Alfredo Cornejo, Jimena Latorre y otros legisladores que impulsaban junto a él lo que dieron en llamar la “ley de buena muerte”.

Lo despidió este jueves en el recinto la diputada nacional radical Jimena Latorre, que lo definió como “un amigo muy querido, un ciudadano ejemplar que nos dejó un legado… Pero el verdadero homenaje se lo daremos cuando en este recinto demos media sanción a una ley de eutanasia”, expresó la diputada mendocina.

Daniel Eduardo Ostropolsky tuvo una trayectoria pública y política muy reconocida en Mendoza. Vinculado a la UCR, fue funcionario del gobierno provincial de Felipe Llaver, el primer gobernador mendocino de la vuelta a la democracia. También ocupó un cargo de director del Banco Nación durante el Gobierno de la Alianza y en 2010 ocupó un lugar en el Consejo de la Magistratura, en representación de los abogados.

Ostropolsky padecía ELA desde el año 2018, recordó Jimena Latorre, quien refirió que murió el lunes pasado en compañía de sus hijos. “Desde su diagnóstico, eligió un camino generoso: el de la conquista de derechos, como hombre de derecho que era. Alzó su voz para reclamar una de las libertades más elementales: la de elegir cómo vivir y cómo morir”, comentó la diputada radical.

Recordó Latorre que su amigo “nos interpeló desde el ejemplo”, y en ese sentido remarcó que pudo haber recurrido en forma individual a la justicia, donde sin duda alguna hubiera encontrado el reconocimiento para ese derecho que reclamaba para sí. Sin embargo, la diputada destacó que en su lugar Ostropolsky “prefirió poner su conocimiento al servicio de otros que como él no pueden decidir cuándo decir basta y poder descansar”.

Recordó que el año pasado junto al hoy senador Alfredo Cornejo y el diputado Alejandro Cacace presentaron el primer proyecto de eutanasia. “Daniel nos acompañaba desde el ámbito académico y su doble rol de jurista y paciente”, refirió Jimena Latorre, quien destacó que hoy hay cinco proyectos de legalización de la eutanasia en la Cámara de Diputados y dos en el Senado. Todos correspondientes a distintos bloques, por lo que la diputada radial resaltó que “este debate nos interpela a todos por igual y nos atraviesa a todos como partido”.

La diputada comentó también que con el ELA “nunca se pierde ni la lucidez ni la conciencia, y (Ostropolsky) nunca hubiese antepuesto sus intereses personales sobre los de la sociedad”. Por el contrario, “estaba convencido de que esta sí es una oportunidad para dar el debate. Quienes pretenden postergarlo amparados en la muy grave crisis económica, o rankeando los temas de los argentinos, se equivocan desde la ignorancia de lo que viven quienes tienen que vivir en contra de su voluntad”.

Y advirtió a sus pares que “la voluntad que no nos podemos permitir es la de los deberes y  obligaciones, y nosotros tenemos el deber de legislar”.

Jimena Latorre terminó su discurso pidiendo que “en honor a Daniel trabajemos con la verdad. El derecho a la eutanasia será ley, por Daniel Ostropolsky y  por muchos otros que se han ido sufriendo”.

En el congreso argentino se han presentado tres proyectos de ley para legalizar la eutanasia. Al igual que ocurrió con el debate sobre el aborto, la legalización de la eutanasia trasciende las diferencias entre oficialismo y oposición. Esto se evidencia en la autoría de los proyectos de ley y sus respectivos firmantes: dos de los tres proyectos fueron presentados por diputados de Juntos por el Cambio y el restante por una legisladora del Frente de Todos, Gabriela Estévez, pero cuenta con el respaldo de diputados opositores. Asimismo, tal como reconoció la diputada radical Jimena Latorre: “no hay grandes diferencias o profundas entre los distintos proyectos”. 

En esta nota me interesa poner a consideración lo que concibo como un dilema a enfrentar por los defensores de la eutanasia. Comencemos por dos aclaraciones. Un dilema, para el tipo de discusión que aquí nos interesa, es un escenario en el que se presentan dos alternativas que son inaceptables. “Eutanasia” es una acción realizada por un profesional de salud que tiene por objetivo terminar con la vida de un paciente y que es llevada a cabo con la justificación de que la muerte no es un mal o un daño para él. En la jerga académica, este tipo de práctica se conoce como “eutanasia activa” en contraste con la “eutanasia pasiva”, que consiste en la omisión de un tratamiento que permitiría prolongar la vida del paciente. Esta última variante se encuentra regulada mediante la ley 26.742, la denominada “ley de muerte digna” (sic). Aquí, eutanasia debe entenderse como “eutanasia activa” (que es el modo en que se la entiende en los proyectos legislativos en discusión). 

La eutanasia suele ser defendida, dentro y fuera del ámbito académico, mediante una apelación al valor de la autonomía. De acuerdo con esta apelación, las personas deben ser libres de decidir cómo vivir su vida y, también, de poner fin a ella cuando juzgan que no merece ser continuada. Ahora bien, si la autonomía es el valor que nos permitiría justificar la eutanasia, también debería permitirnos justificar el suicidio asistido de una persona sana o, para ser más claro, el homicidio a petición. 

Sin embargo, los tres proyectos de ley establecen restricciones para evitar esta posibilidad. La eutanasia sólo sería aceptable cuando es solicitada por una persona que padece una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Pero, si lo importante es respetar el valor de la autonomía, ¿por qué deberíamos detenernos ahí? Si una persona sana decide que su vida no merece continuar ¿no deberíamos asistirla para que logre su cometido? Supongamos que la persona no es capaz de suicidarse o que sólo considera admisible el suicidio mediante la ingesta de una sustancia a la que sólo puede acceder mediante prescripción médica. Creo que muchos lectores sentirán una justificada repulsión ante esta posibilidad. Sencillamente, uno no debe matar a una persona sana que considera que su vida debe terminar ni brindarle los medios para que lo haga por su cuenta (ni prestarle un arma, ni prescribirle una sustancia). 

Por lo dicho, entonces, el valor de la autonomía no define la cuestión. Tanto la persona sana que solicita un suicidio asistido como la persona que padece una enfermedad grave e incurable que solicita eutanasia manifiestan el mismo deseo: terminar con su vida. Respetar la autonomía implicaría responder favorablemente a la petición de ambos. Esta opción (aceptar que existe un deber o, al menos, un permiso de responder favorablemente a la petición suicida de personas sanas) es inaceptable. Una ley que permitiera esta opción ni siquiera sería puesta a discusión (o lo sería con muchos menos potenciales adherentes). Reconozco que existen personas que están dispuestas a morder la bala y aceptar que el suicidio asistido de personas sanas es permisible. Mi experiencia en el campo de filosofía moral me lleva a afirmar que siempre habrá personas dispuestas a aceptar una posición excéntrica, aunque más no sea para forzar el debate. Estas personas no se sentirán persuadidas por mi argumento. Sin embargo, creo que esta posición es muy contraintuitiva y que tiene sentido continuar argumentando sobre la base de suponer que permitir el suicidio asistido de personas sanas es inaceptable. 

¿Cómo se justifica la inclusión del requisito de “padecer una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante” para acceder a la eutanasia? La respuesta es tan obvia como inaceptable: socialmente se cree que hay vidas que no merecen ser continuadas. La persona que solicita la eutanasia dentro de los límites establecidos por la legislación está justificada a creer que su vida no merece ser continuada, y es por este motivo que se respondería favorablemente a su petición. Cuando se trata de una persona que vive una vida que socialmente se cree merece ser continuada, no se respondería favorablemente. 

Esta respuesta implica un juicio perfeccionista sobre el valor (y la dignidad) de ciertas vidas. El tipo de juicio que, por buenas razones, creemos no debería realizarse. Todas las vidas son 
valiosas y matar a un ser humano inocente es matar al mundo entero. No resulta sorprendente que los proyectos de ley en discusión, y las posiciones a favor de la eutanasia en el debate público, apelen a la idea de (in)dignidad de ciertas vidas y la dignidad de ciertas muertes. 

Es la constatación de este juicio perfeccionista, que subyace a las propuestas de legislación, lo que ha llevado a algunos teóricos a advertir sobre una posible pendiente resbaladiza: si la 
eutanasia voluntaria es aceptable, ¿por qué no lo sería la eutanasia involuntaria (en la que el paciente no puede prestar consentimiento, ni ha manifestado previamente su voluntad de morir de ese modo)? Aún cuando pudiera evitarse esta pendiente (lo que considero conceptualmente difícil), la legalización de la eutanasia voluntaria es dilemática. 

Este es el dilema a ser enfrentado por los defensores de la eutanasia. Si apelan al valor de la 
autonomía, deben aceptar que existe un deber (o, al menos, un permiso) de responder 
favorablemente al homicidio a petición de una persona sana. Esto es intuitivamente inaceptable. Si quieren evitar esta conclusión, deben imponer un juicio perfeccionista externo para evaluar la dignidad de ciertas vidas. Esto es también inaceptable. 

Podría intentar resolverse este dilema afirmando que, a diferencia de lo que ocurre con los 
pacientes que solicitan eutanasia, las personas sanas que solicitan un suicidio asistido no actúan autónomamente, sino que padecen algún tipo de desorden cognitivo o psicológico que les impide reconocer el valor de la vida. ¿Es acaso esta una cuestión definicional? ¿será que todos los suicidas, por definición, manifiestan un desorden cognitivo o psicológico? En cualquier caso, ¿por qué no afirmar que lo mismo ocurre con el paciente que solicita eutanasia? ¿por qué no suponer que está sufriendo un cuadro depresivo, motivado por el juicio perfeccionista de la sociedad que le señala que su petición de eutanasia sí es atendible, dada la indignidad de su existencia? Según creo, estas suposiciones sólo refuerzan el punto central. Se presumirán que son autónomas sólo aquellas decisiones que coinciden con la valoración social de las vidas en juego. La legalización de la eutanasia dice más sobre el modo en que la sociedad juzga la vida de las personas que podrían solicitar la eutanasia que sobre el juicio que esas propias personas 
realizan sobre el valor de su vida. 

Quisiera terminar agradeciendo (y dedicando esta nota) a mi cuñada, Alejandra, paciente con esclerosis múltiple y a mi mujer, Paola. Aprendo con ellas diariamente el amor y el coraje necesario para enfrentar y sobreponerse a un sistema de salud expulsivo, que (a pesar de la vocación de algunos profesionales de salud) niega los derechos de los pacientes y refuerza la cultura de la muerte y el descarte. Contra esta cultura debemos continuar reclamando por los recursos materiales y humanos que garanticen la prestación de cuidados paliativos, de servicios de internación domiciliaria y de centros de atención integrales para pacientes con enfermedades graves, crónicas, degenerativas y/o imposibilitantes. 

La diputada nacional Jimena Latorre (UCR – Mendoza) es una de las impulsoras del proyecto junto a sus pares Alfredo Cornejo y Alejandro Cacace, el cual propone que los padecientes puedan optar por una “buena muerte”. Sobre el mismo, la legisladora mendocina manifestó que “seguir contra la voluntad del paciente en vez de ayudarlo y asistirlo en su derecho a morir, es un ensañamiento de la medicina como de la sociedad”.

En declaraciones por RN Radio, Latorre sostuvo que “es el debate que se une que se esta dando en todo el mundo y es una demanda social. Más de 7 países han legalizado y regulado la eutanasia como Canadá, España, Países Bajos. En nuestro país es un debate que quedo incompleto con la Ley de Muerte Digna que está vigente. La eutanasia implica la asistencia para morir”.

“Lo que esta permitido en el país es que el paciente rechace el tratamiento, por eso se llama eutanasia pasiva, en determinados casos con enfermedades incurables o un padecimiento irreversible o que causa sufrimiento que no son compatibles con la dignidad humana”, agregó.

A su vez, aclaró que “la medicina alternativa no ha dado resultados positivos y la paliativa tampoco. Tenemos que aceptar que hay casos donde la medicina no ha da resultados ni soluciones y seguir contra la voluntad del paciente en vez de ayudarlo y asistirlo en su derecho a morir, es un ensañamiento de la medicina como de la sociedad, que pretende mantenerlo con vida a pesar de su voluntad, en vez de transitar su última parte de su vida con dignidad”.

“Creo que se va a repetir un debate transversal a los partidos. Es una ampliación y reconocimiento de los derechos. El Estado tiene que legislar para todos los argentinos”, opinó la referente radical.

En suma, precisó que “se busca el reconocimiento del derecho y por ende la remuneración para fijar cómo hacer este derecho, cómo van a ser los procedimientos, los derechos y obligaciones del paciente y profesionales de la salud, que se establezca un procedimiento de información veraz hacia el paciente para que decida libremente de cualquier opinión”.

“En la medicina hay quienes están a favor y quienes son detractores. Estamos hablando del derecho del paciente sin perjuicio de lo cual tiene que intervenir un profesional médico se resguarda los derechos de los médicos que no quieran realizar esa práctica a través de la figura de objeción de consciencia y puede derivarlo a otro profesional. Garantizamos el derecho del paciente y de los profesionales”, explayó la diputada radical.

“Espero que en los próximos meses estemos tratándolo y que tanto oficialismo y oposición presenten su proyecto para tener un debate enriquecedor”, concluyó.

Los diputados nacionales Alfredo Cornejo y Jimena Latorre encabezaron este viernes una conferencia de prensa en su provincia, Mendoza, para dar detalles sobre un proyecto de ley de eutanasia que presentarán en el Congreso de la Nación, y que calificaron como “superador” de la Ley de Muerte Digna que rige y a la que consideran como “sumamente incompleta”.

Así lo expresó al inicio de la reunión el diputado Cornejo -recientemente electo senador nacional- que expresó que la ley vigente “queda sumamente incompleta y en muchos aspectos transforma a la muerte digna en bastante indigna. Entonces creemos que este proyecto es superador”.

“Consiste en regular el derecho de toda persona de solicitar la ayuda necesaria para morir. Cuando se encuentre sufriendo enfermedades graves e incurables, o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante”, expresó el exgobernador mendocino.

Explicó que el proyecto “tiene requisitos muy específicos, no cualquiera lo puede solicitar: debe cumplir requisitos estrictos”, y detalló que esta legislación ya la tienen en vigencia países como Bélgica y España, muchos estados de Estados Unidos y “en todos los lugares donde se ha aplicado se ha actuado con estricto profesionalismo”.

En la conferencia de prensa, que tuvo lugar en el Comité de la UCR en Mendoza, participaron los senadores Pamela Verasay y Julio Cobos, la diputada nacional electa Mariana Juri. También estuvo presente el abogado mendocino Daniel Ostropolsky, jurista y ex miembro del Consejo de la Magistratura, quien padece ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) y viene reclamando una ley que le otorgue libertad para elegir cuando poner fin a su vida.

El proyecto crea una comisión en cada una de las 24 provincias, que serán las encargadas de dar o no la aprobación en cada caso, explicó Cornejo, que a continuación aclaró que “la iniciativa política es nuestra, pero la iniciativa jurídica y también política es de un dirigente, militante de la UCR, de dilatada trayectoria en la actividad pública y privada, con antecedentes impecables en su paso por la función pública, como es Daniel Ostropolsky”. Señaló el legislador mendocino que “él es dueño de esta iniciativa, si se le puede poner este nombre, y creemos que él es el vocero de este proyecto”.

Por eso habló Ostropolsky a continuación, quien con voz pausada aclaró de entrada que ama la vida y “como tal me siento muy conmovido de que sea en este lugar desde el cual surja un proyecto para que amar la vida sea consagrado en profundidad”.

Felicitó a los diputados que suscriben la iniciativa, Alfredo Cornejo, Jimena Latorre y Alejandro Cacace (UCR – San Luis), por instalar el debate. Y tras agradecerle a Cornejo sus palabras aclaró que no se sentía dueño de esa ley ni de la idea. “De lo único que soy dueño es de la enfermedad”, apuntó.

Ostropolsky se remontó a 1983 al recordar la propaganda electoral de Raúl Alfonsín, que hacía referencia a “una entrada a la vida después de una época oprobiosa” como había sido el Proceso Militar. “Este proyecto es una entrada a la vida que le queda a la gente que padece las enfermedades incapacitantes y progresivas e incurables, porque el tiempo remanente, sabiendo que se respeta su libertad de elegir cómo quiere terminar su vida, es sin lugar a dudas un homenaje a la vida”, señaló el jurista que padece ELA, y agregó su pedido a los legisladores para que se hagan cargo del proyecto y se pueda debatir.

“No me cabe duda que el sufrimiento que causa el hecho de no tener esta posibilidad de elegir un derecho personalísimo como es la libertad en este extremo, atenta también contra un valor fundante que es la dignidad -continuó-. Detrás de la dignidad humana vienen todos los valores. Entonces privar de la dignidad a una persona que se sabe que no puede sobrevivir mucho tiempo, que no puede hacer las cosas por sí mismo, es retacearle la dignidad y con ello quitarle un sentido axiológico a la vida. Y queda como un vegetal sufriente hasta que se consuma por la enfermedad”.

Ostropolsky se manifestó “muy respetuoso de las creencias en que se sustentan muchos de los que no aceptan esta salida. Y eso también es ejercer el derecho personalísimo de la libertad: el que no quiere,no es obligado”. Aclaró también que los médicos no serán obligados a practicar lo que consideró “un acto del más alto honor médico”.

Luego dijo estar “muy contento” porque se esté dando este paso y agradeció la presencia de su familia y amigos en ese acto, acompañándolo “precisamente como una ratificación del apoyo a la decisión que una persona en su sano juicio determina cuál debe ser la conducta a seguir”.

En otro pasaje dijo esperar que el momento de tomar la decisión sea “lo más tarde posible”, y mientras tanto “voy a seguir con mucho interés el camino que va a tener este proyecto y saber quiénes están a favor y quiénes no. Creo que este es un proyecto que trasciende toda consideración política partidaria; es uno de los grandes temas que hacen a las políticas de Estado y debe ser asumido con esa misma generosidad conceptual”.

A la hora de las preguntas, Jimena Latorre aclaró que no existe en el proyecto un listado de enfermedades según el cual se pueda aplicar la eutanasia. El proyecto establece los requisitos básicos que serán considerados por una comisión de asistencia y análisis médico, a la que “el padeciente le deberá plantear su decisión y voluntad de recurrir a su asistencia para una buena muerte”. El requisito fundamental es que se trate de un padecimiento grave, irreversible, incurable y que implique un sufrimiento de tal magnitud y tal dolor y gravedad que sea incompatible con la dignidad humana”, explicó la diputada radical, que agregó: “La apreciación la va a hacer un cuerpo interdisciplinario que va a funcionar encada una de las provincias donde van a pertenecer no tan solo médicos, sino también psicólogos y juristas, que van a analizar la procedencia del cumplimiento de estos requisitos”.

En caso de que el pedido sea negado, el padeciente podrá recurrir para que sea analizado por la comisión en pleno.

Asimismo precisó Latorre que como toda ley, la misma estará sometida a la reglamentación del Ministerio de Salud, que establecerá los protocolos correspondientes.

Y concluyó: “La dignidad es un concepto subjetivo y no hay nadie mejor para decir qué es digno o indigno que el titular del derecho”.

¿Qué pasa si el padeciente no puede expresar ese deseo? Está contemplado que la familia pueda decidir, pero no en función de su voluntad, sino de cuál hubiese sido la decisión del padeciente, aclaró Latorre. “Es decir, lo que hace ese representante es ser vocero de esa voz del padeciente que no puede manifestar previamente”, precisó la diputada, que añadió que también se puede dejar ese pedido establecido a través de un documento en el que anticipadamente se establezca tal decisión.

En el caso de los menores de edad, Alfredo Cornejo precisó que las personas pueden dar su consentimiento hasta los 16 años. En caso de que sean menores de esa edad, el mismo deberá ser dado por padres o tutores.

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