“Rechazamos el blanqueo encubierto del Gobierno”, sostuvo JxC sobre el proyecto K para pagarle al FMI

A través de un comunicado, la bancada opositora en el Senado consideró que la iniciativa que apunta a cobrarle un “aporte especial” a los evasores, “tiene la clara intención de desviar la atención pública”.

El interbloque Juntos por el Cambio en el Senado, presidido por el mendocino Alfredo Cornejo, emitió este lunes un comunicado en el que rechaza “el blanqueo encubierto del Gobierno”, en referencia al proyecto presentado por el Frente de Todos para cobrar un “aporte especial” a quienes tengan bienes no declarados en el exterior, con el fin de pagar la deuda con el FMI.

“El proyecto del oficialismo para crear un ‘Fondo Nacional para la Cancelación de la deuda con el FMI’, a partir de un nuevo ‘aporte especial de emergencia’, a pagar por quienes tengan bienes en el exterior no declarados ante el fisco; tiene la clara intención de desviar la atención pública de la grave crisis política que corroe al Frente de Todos y su incapacidad para afrontar los temas urgentes que afectan a millones de argentinos“, aseguraron los legisladores.

En el texto, los opositores señalaron que “el proyecto cuantifica entre 250 mil y 270 mil millones de dólares los bienes no declarados en el exterior, los que supuestamente podrían ser recuperados por el accionar de los departamentos especializados de la AFIP, la Unidad de Información Financiera, así como los convenios de intercambio de información que ha firmado la Argentina con otros países. Sin embargo, para ello no hace falta una nueva ley“.

Además, cuestionaron que la iniciativa que impulsa el oficialismo “es un blanqueo encubierto disfrazado de populismo, porque parte del 20% en lugar del 35% que establecen las normas actuales. Si a esto se suma el 30% de lo recaudado para la figura del ‘Colaborador’, los ingresos al fondo se reducirían al 14%”. “Todo esto sin importar el origen de los fondos, pudiendo así blanquearse el dinero de la corrupción u otras actividades delictivas”, advirtieron.

Los senadores del Pro y la UCR, además de aliados que integran el interbloque, expresaron que “las acciones aisladas y mediáticas, como este proyecto, no pueden desviar la atención de los graves desafíos que tenemos por delante”.

En cambio, propusieron que “si se pretende combatir la evasión, que el oficialismo instruya a sus legisladores para que acompañen la Ley de Extinción de Dominio, que permitiría recuperar la propiedad de los bienes derivados de delitos“. “Si están dispuestos a transitar un camino serio y responsable, basado en el resto y el diálogo permanente con todos los sectores, allí estaremos para acompañar”, finalizaron.

Para Moreau, el FMI “tiene recursos y herramientas para colaborar” en la identificación de evasores

El diputado oficialista se refirió al proyecto de senadores K para cobrar un “aporte especial” a fugadores de dólares, y desafió: “Vamos a ver quién se anima a levantar la mano en favor de los especuladores”.

El diputado nacional Leopoldo Moreau (Frente de Todos) aseguró este lunes que el Fondo Monetario Internacional “tiene recursos y herramientas como para poder colaborar” en la identificación de evasores, al referirse al proyecto presentado por senadores K para crear un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”, que se conforme con el “aporte especial de emergencia” a cobrar a quienes tengan bienes no declarados en el exterior.

El legislador, que votó en contra de la ley de refinanciamiento de la deuda con el organismo multilateral, advirtió que el acuerdo pone “límites al desarrollo de políticas inclusivas y techo al crecimiento de la Argentina”. “El acuerdo es un hecho consumado, independientemente de quienes votamos en contra”, reconoció, pero remarcó que ahora se inicia “una etapa en la que tenemos que mejorar ese escenario”.

En esa línea, Moreau mencionó el proyecto para cobrar un “aporte” a “los evasores y fugadores que se han llevado dólares sin declarar. Ese es un camino importante”. “Vamos a ver quién se anima a levantar la mano en favor de los especuladores y de los que se han llevado la plata de la Argentina sin declararla, no va a ser sencillo”, desafió sobre la postura de la oposición.

Consultado en radio Futurock sobre si Estados Unidos y el FMI podrían colaborar con información sobre fugadores, el oficialista señaló que la potencia norteamericana “tiene paraísos fiscales y tiene los recursos como para poder colaborar y descubrir a través de información cruzada las cuentas off-shore”, mientras que el FMI “también tiene recursos y herramientas como para poder colaborar”.

“No tengo duda que la totalidad de los legisladores del Frente de Todos van a apoyar”, dijo, por otra parte, sobre cómo cree será el respaldo de la bancada oficialista.

Por otro lado, respecto al libro (Diario de una temporada en el quinto piso) que la vicepresidenta Cristina Kirchner reveló le regaló al presidente Alberto Fernández, el diputado consideró: “No es venenoso. Es una contribución importante para tomar en consideración. No me parece que sea letal ni mucho menos”.

“Yo leí el libro hace mucho tiempo. Me parece un libro muy interesante, no solo porque revela una etapa importante de la historia argentina, sino porque tiene mucha actualidad”, sostuvo y agregó: “Es una radiografía de cómo un acuerdo con el FMI te pone en situaciones de riesgo a punto tal de que en aquella etapa el programa culminó no solamente con una gran dificultad, sino que además el FMI le negó al gobierno de Raúl Alfonsín un crédito de 1.500 millones de dólares y eso significó un desbarajuste que llevó al adelantamiento del Gobierno”.

Juez, sobre el proyecto K para pagar la deuda: “No tiene ni pies ni cabeza”

El senador de Juntos por el Cambio consideró que la iniciativa se trata de “un blanqueo con épica kirchnerista” y “es absolutamente inconstitucional”.

luis juez sesion senado acuerdo fmi

El senador nacional Luis Juez (JxC) se refirió a la iniciativa presentada desde el kirchnerismo para que quienes tengan bienes en el exterior no declarados aporten al pago de la deuda con el FMI, y consideró que “no tiene ni pies ni cabeza ese proyecto”.

“Podemos coincidir en la idea, podemos coincidir en el ‘sueño’ de que la deuda la paguen los que la fugaron, pero es una mezcla de expresiones de deseo, con un blanqueo con épica kirchnerista”, sostuvo en declaraciones a Radio Con Vos.

Además, el cordobés recordó que “el Estado tiene sus procesos legales, sus mecanismos recaudatorios, sus organismos de investigación, tiene firmados convenios con países de todo el mundo para investigar” la evasión.

“¿Cómo se te ocurre que podés gravar plata del lavado?”, se preguntó el opositor, y continuó: “Si querés construir una épica porque el tiempo te lo pide, está bárbaro, pero técnicamente es absolutamente inconstitucional”.

Para Juez, la iniciativa se enmarca en “un discurso político-ideológico” y “lo que se construye con esto es parte del relato”.

“¿Cuánto pensás recaudar de un dinero que no sabes donde está? Que presupones vos… La información la tiene que tener el Estado, y si la tiene, ¿qué pasó que no actuó incautando? Está mal planteado el tema”, insistió.

El senador coincidió en “caerle con toda la fuerza de la ley” a los evasores. “Jamás me puede salir a mí encubrir a un tipo que por especulador le jode la educación, la salud o la seguridad a mi hijo”, expresó, pero rechazó que sea “con prédicas que lo único que persiguen es ponerte en ridículo”. “Está mal redactado, mal planteado, mal concebido”, añadió.

Para Parrilli, quienes no apoyen el proyecto K para pagar al FMI “estarán defendiendo a los evasores”

El senador oficialista apuntó que “se calcula que hay fuera del país entre 350.000 y 400.000 millones de dólares sin declarar”.

El senador nacional Oscar Parrilli (FdT) se refirió este martes al proyecto presentado desde el bloque oficialista en la Cámara alta, por el cual se propone un aporte especial a quienes tienen bienes en el exterior no declarados para pagar la deuda con el FMI. “No es un impuesto a la riqueza” sino un tributo “a la evasión”, señaló el neuquino.

En diálogo con AM530, el legislador apuntó que “se calcula que hay fuera del país entre 350.000 y 400.000 millones de dólares sin declarar”, y agregó que aquellos que se opongan a esta iniciativa “estarán defendiendo a los evasores”.

“Los dólares no faltan en la Argentina, los dólares se han fugado. Este proyecto crea un fondo destinado exclusivamente para pagar la deuda con el FMI. Se va a constituir con un aporte que vamos a exigir que realicen aquellos que fugaron la plata y no la declararon”, explicó.

Y, como es recurrente, cuestionó al expresidente Mauricio Macri: “Tuvimos 10 años de autonomía y soberanía económica y lamentablemente después vino Macri e inició ese camino de endeudamiento”.

Sobre los cambios que traería esta ley y otro proyecto relacionado al secreto fiscal, Parrilli resaltó que “estamos dejando de ser un Estado bobo que no puede saber quiénes evaden y quiénes fugan la riqueza argentina”.

Finalmente, el senador K desafió a que “todos los sectores del Gobierno” se manifiesten sobre la propuesta y apoyen el proyecto.

El FdT avanzó con el proyecto que prohíbe la ayuda estatal a empresas con activos en guaridas fiscales

El oficialismo se alzó con el dictamen de mayoría con el acompañamiento del Interbloque Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo. Juntos por el Cambio rechazó los cambios introducidos luego de la vuelta a comisión de la iniciativa, y presentó un dictamen de minoría insistiendo con la versión original.

fernanda vallejos comision presupuesto 13 octubre 2020

Tras un debate de más de tres horas, el Frente de Todos se alzó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados con el dictamen de mayoría del proyecto de ley que busca prohibir que el Estado Nacional asista económicamente a empresas que tengan activos en guaridas fiscales.

La iniciativa, que reunió 25 firmas, fue acompañada por los representantes del Interbloque Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo, el cordobés Paulo Cassinerio y el misionero Diego Sartori, respectivamente.

En tanto, el dictamen de minoría alcanzó las 20 firmas de los miembros del interbloque Juntos por el Cambio, quienes insistieron con la versión original del texto, es decir, con el proyecto que había obtenido unanimidad previo a su vuelta a comisión en la sesión del pasado 24 de septiembre.

Al comienzo, el presidente de la comisión, el oficialista Carlos Heller, destacó que los tres diputados impulsores de la iniciativa hayan llegado a un texto común, luego que el tema haya sido revisado.

El cordobés Pablo Carro aseguró que “no es diferente en lo sustancial y en el objetivo que se propone”, y el nuevo análisis “nos ha permitido enriquecer y afinar el proyecto de muchas maneras”. “Hoy es es mucho más claro acerca de lo que queremos lograr”, añadió el oficialista.

En tanto, la diputada Fernanda Vallejos habló de un “buen dictamen” que contempla “la multiplicidad de situaciones, maniobras, prácticas que caracterizan a quienes buscar eludir y evadir los controles de los Estados” y “se quedan con recursos que pertenecen al conjunto de la ciudadanía”.

Lo que se busca es que “quienes no se consideran argentinos a la hora de pagar impuestos, quienes no aportan lo que les corresponde, no deben capturar esos recursos públicos”, señaló la legisladora del Frente de Todos, y remarcó que esos recursos deben, en cambio, “ser destinados a aquellos y aquellas que verdaderamente los necesitan”.

La economista manifestó que se establecen “criterios exigentes en la procura de contemplar a la diversidad de sujetos, entes e instrumentos jurídicos”. “Creemos que es fundamental que todos los vivos que utilizan estos instrumentos dejen de ver al Estado Nacional como un Estado bobo al que no aportan nada, pero que le sacan todo lo que pueden cada vez que pueden”, completó.

Desde Consenso Federal, Graciela Camaño, quien no forma parte de la comisión pero trabajó en el proyecto, dijo estar “convencida” de que a este tipo de empresas “no les tenemos que dar ventajas y menos en épocas de escasez”. “Tenemos que premiar a aquellos empresarios, emprendedores y personas que toleran una carga impositiva muy importante en Argentina”, apuntó.

En contra de la iniciativa, el radical Luis Pastori anunció que el interbloque Juntos por el Cambio presentaría “un dictamen de minoría, de rechazo al proyecto”. El misionero recordó que la intención de su espacio era la de acompañar “el proyecto original”.

Sin embargo, el legislador indicó que el nuevo texto “tiene muy poco que ver” con la redacción inicial. “Ha mejorado notablemente la pluma del proyecto, por un lado, pero por el otro ha empeorado el prejuicio ideológico y el sesgo antiempresa“, afirmó y consideró que “es todo lo que no se debe hacer para atraer inversiones”.

El secretario de la comisión advirtió que la ley podría alcanzar a empresas bajo régimen de promoción especial, como “todas las de Tierra del Fuego”, y sostuvo que “esto es un cheque en blanco para que el Poder Ejecutivo haga un enorme listado de a qué empresas van a asistir y a cuáles no”.

“Va a ser difícil encontrar alguna empresa que no quede incluida”, agregó y continuó: “Acá le estamos diciendo a todas las empresas en el exterior que ni se les ocurra venir a Argentina, porque no le vamos a dar ni un vaso de agua”. Tras una extensa argumentación, Pastori ratificó que la ley “resulta de imposible acompañamiento”, que será de “difícil aplicación” y dará “una discrecionalidad muy grande al Ejecutivo”.

A continuación, el macrista Luciano Laspina enfatizó que “es evidente que hay un cambio notable” entre el proyecto original y el nuevo. “No solo se refiere a la asistencia financiera, sino que altera el principio de igualdad”, alertó y se preguntó si esta iniciativa “no viola algún principio de la Organización Mundial de Comercio en materia de igualdad en la competencia”.

El santafesino pronosticó que la norma traerá “un montón de litigios y reclamos internacionales”, al tiempo que resaltó que “no está claro si las excluye o no” a las sociedades constituidas en el extranjero. “Esto no tiene nada que ver con los paraísos fiscales, es mucho más amplio”, expresó y opinó que “en una primera lectura” lo que se ve es la intención de “no le queremos dar más ayuda de ningún tipo a los inversores extranjeros directos”.

Recogió el guante el porteño Itaí Hagman, que cuestionó a la oposición por haber hecho “un planteo parecido” con el proyecto de aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas. El oficialista subrayó que no se está “discutiendo qué empresas tienen derecho a existir o no existir, sino cuáles tienen derecho a recibir beneficios”.

“No estamos hablando de sanciones o castigos, sino de quitar la posibilidad de un beneficio, un privilegio”, añadió el legislador y calificó al proyecto de “razonable”, además de afirmar que “no es un ataque a las empresas ni al sector privado”.

También desde el Frente de Todos, el santacruceño Pablo González negó que se esté “legislando retroactivamente” -como planteó Pastori-. “De acá para adelante no van a poder acceder (a un beneficio), nadie dice que se les va a sacar lo que hayan recibido”, aclaró y enfatizó que “es un disparate” decir que “las empresas no puedan venir a invertir” con esta ley.

graciela camano comision presupuesto 13 octubre 2020
La diputada Graciela Camaño, de Consenso Federal, participó en la nueva redacción.

Avanzado el largo debate, Camaño llamó a “mirar bien el proyecto” y mencionó que la regulación de la Unión Europea dijo que “los países, de manera individual, pueden bloquear sus paquetes de ayuda para empresas que estén radicadas en paraísos fiscales. Y de hecho, Dinamarca, Francia, Polonia, Italia, así lo hicieron”.

Según la Red Tax Justice Network, “se pierden 500 mil millones de dólares en impuestos de corporaciones multinacionales que abusan de la ley”, informó la diputada y comparó que esa cifra “es 250 veces más que los 2 mil millones de dólares que se calcula y que ha pedido la ONU para hacer frente a la pandemia en los países más pobres”.

La legisladora pidió dejar “los discursos cargados de sectarismo, de ventajismo”. “Yo no soy oficialista y soy muy crítica”, resaltó, pero aseveró que “una cosa es la crítica y otro es que nada les venga bien”.

Molestos porque no se avanzó con el proyecto original, en el cual había unanimidad, varios legisladores de Juntos por el Cambio plantearon su disconformidad. Uno de ellos fue Javier Campos, de la Coalición Cívica, quien se quejó: “¿Por qué no volvemos al texto acordado y lo votamos todos como estábamos predispuestos a hacerlo? No entiendo porque nos hacen cargo ahora a nosotros, que ustedes parece que son Robin Hood, y nosotros somos los que estamos mal, los que estamos out side. No se le puede atribuir a Juntos por el Cambio ser unos obstruccionistas de este tema”.

Nuevamente tomó la palabra Laspina, vicepresidente de la comisión, para insistir con que se vuelva “al espíritu original” del proyecto, que “era muy específico de acotar la ayuda” a las empresas “efectivamente evasoras”. “Este es un error que va a tener que ser revisado por el Poder Ejecutivo“, advirtió y habló de un “gran riesgo en los alcances de este dictamen”.

Finalmente, y antes de pasar a un breve cuarto intermedio para afinar la redacción, Heller leyó una incorporación propuesta por Camaño respecto a que “las prohibiciones y exclusiones establecidas por la ley no regirán en aquellos casos en que sea la propia ley del Congreso la que haya establecido o establezca y disponga la asistencia, los subsidios, las exenciones, las facilidades y los demás beneficios y ventajas para tales sujetos atendiendo a las circunstancias del caso”.

“Me parece que cubre todas las dudas que se están planteando y pone en nuestra responsabilidad el análisis de las situaciones a excepción”, cerró Heller.

Qué dice el proyecto

El proyecto establece “la prohibición y exclusión de la asistencia económica y/o financiera, ya sea que se trate de subsidios, transferencias, exenciones impositivas y/o beneficios fiscales, facilidades crediticias y/o en obligaciones emanadas del sistema de seguridad social, por parte del Estado Nacional” a una serie de sujetos, detallados en un largo artículo 2, lo que provocó el rechazo de la principal bancada opositora.

Además, un tema no mencionado durante la reunión, es que la nueva iniciativa no contempla que la prohibición será “en casos de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor”, como establecía la versión original. De hecho, esas palabras no figuran en el nuevo texto.

La propuesta alcanza a las “sociedades constituidas en el extranjero” que “no se hayan adecuado íntegramente a la legislación argentina”; a las personas humanas o jurídicas, establecimiento permanente u otra entidad, fideicomiso o figura equivalente, domiciliados, constituidos o ubicados en jurisdicciones de baja o nula tributación o que sean residentes a efectos fiscales en dichas jurisdicciones.

También incluye a personas humanas, jurídicas o sociedades que “tengan participación” en empresas con activos en guaridas fiscales; o aquellas que “durante los últimos tres ejercicios contables hayan realizado pagos o transferencias a otra estructura jurídica constituida en el exterior que se encuentre radicada” en paraísos fiscales.

Entre otros, incorpora en el universo de excluidos de las ayudas estatales a aquellas personas procesadas “con auto de procesamiento firme, hasta la absolución o sobreseimiento firme o hasta la condena” por delitos contra la administración pública, por delitos de corrupción o por delitos contra el orden económico y financiero; y a aquellos que tengan deudas con el fisco o con el sistema de seguridad social por montos “iguales o superiores a los que la ley penal tributaria establezca para los casos de evasión fiscal agravada”.

El proyecto indica que la ley deberá ser reglamentada dentro de los 30 días corridos desde su promulgación; y que el Poder Ejecutivo designará a la autoridad de aplicación, la cual “implementará las acciones conducentes a efectos de la elaboración, actualización y publicación anual de la Lista Única de Jurisdicciones de Baja o Nula Tributación”.

Volvió a comisión el proyecto que prohíbe asistencia estatal a las empresas radicadas en guaridas fiscales

Un cambio de último momento empantanó el debate y, dado que gran parte de la oposición pedía abstenerse, Massa propuso dar marcha atrás.

Por Carolina Ramos

En medio de un clima de confusión por un cambio de último momento propuesto por el oficialismo, volvió a comisión el proyecto de ley que prohíbe que el Estado brinde ayuda económica o financiera a empresas radicadas en guaridas fiscales o con evasión fiscal probada por la AFIP.

Juntos por el Cambio estaba dispuesto a acompañar al oficialismo en la votación, pero una modificación propuesta de madrugada por Fernanda Vallejos en el artículo segundo -relativo a los sujetos alcanzados por la ley- sorprendió a los diputados conducidos por Mario Negri.

En ese artículo, el Frente de Todos buscaba incorporar que además de las personas humanas o jurídicas residentes en Argentina con cuentas offshore, eran sujetos alcanzados aquellas personas “que estén vinculadas con otras que sean titulares” de bienes en guaridas fiscales.

El radical Luis Pastori, que había trabajado en comisiones para lograr una redacción consensuada, advirtió que el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, le informó sobre el cambio con un tiempo escaso para poder analizarlo.

“Estamos ampliando el universo de sujetos sobre la marcha, y esto requeriría un estudio más profundo, más pormenorizado”, planteó Pastori.

El presidente de la Cámara, Sergio Massa, puso a votación el proyecto en general y en particular, y el interbloque de Mario Negri, disconforme con el giro que tomó la discusión, anunció que se abstendría.

En el mismo sentido, surgieron críticas del Interbloque Federal. “No hemos sido de los privilegiados que han sido consultados. No hemos tenido ningún tipo de consideración a la hora del cambio que se generó”, se quejó Graciela Camaño (Consenso Federal).

Otro lavagnista, Jorge Sarghini, denunció: “Es inconcebible que un proyecto con unanimidad en el acompañamiento y absoluto consenso sea cambiado minutos antes de votar porque alguien del oficialismo lo pide y no den lugar ni siquiera al análisis”. “¿Nosotros qué somos, de palo?”, cuestionó.

El proyecto resultó aprobado, pero muchos diputados de la oposición que habían votado afirmativamente pidieron dar marcha atrás y abstenerse, y aunque Heller intentó salvar los entredichos, el tema entró en un callejón sin salida.

Finalmente, y con ánimo de retomar el consenso, Massa propuso devolver el proyecto a comisión, para lo cual se votó -con dos tercios- la reconsideración de la votación anterior, que resultó aprobada.

La iniciativa, propuesta por el cordobés Pablo Carro (Frente de Todos), busca impedir que se les otorgue asistencia a empresas radicadas en guaridas fiscales “en casos de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor”.

Si bien el texto original hablaba de “paraísos fiscales”, se cambió ese término por el de “guaridas fiscales”, entendidas como aquellas jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación.

“Todos sabemos que uno de los grandes problemas de la humanidad son los miles de millones de dólares que deberían ingresar en materia de impuestos en distintos países y terminan escondidos en esos estados donde no hay ninguna tributación”, explicó Heller.

En tanto, Carro sostuvo que “en un tiempo en el que el Estado está haciendo un tremendo esfuerzo fiscal, es importante que cada peso del Presupuesto vaya adonde se necesita: a salud, educación, seguridad social, protección de puestos de trabajo y reactivación económica”.

El cordobés informó que “el 40% de las ganancias de empresas trasnacionales van a parar a estas guaridas fiscales”, y por eso consideró que esta ley es “un mensaje muy importante al mundo”.

Vallejos, presidenta de la Comisión de Finanzas, advirtió que “los delitos financieros, la fuga de capitales y el fraude fiscal son el trasfondo de este proyecto y generan enormes daños a la sociedad, aun cuando lo hacen en forma silenciosa”.

“Estos delitos afectan el normal desenvolvimiento de la economía, reducen el margen del desarrollo nacional y socavan el normal financiamiento estatal”, insistió la economista, y agregó que “los sectores más vulnerables son las principales víctimas” de este accionar.