Se trata de Gabriel Chumpitaz, que sugiere otros usos para el predio donde funcionó en su momento la Escuela de Mecánica de la Armada.
En el Día de la Memoria, el diputado nacional Gabriel Chumpitaz planteó “mirar al futuro” y por eso pidió otro destino para donde funciona el Museo de la Memoria de la ex ESMA.
A juicio de este diputado del Pro, ese museo de la memoria “divide a los argentinos, nos impregna de odio y pasado”. Por eso anticipó que “haremos una propuesta formal para que en la ESMA se monte un centro de capacitación especializado en emergencias y catástrofes, para entrenar a las FFAA y los Bomberos”.
“¿Sabías que el predio de la ex ESMA ocupa más de 17 hectáreas en una de las zonas más estratégicas de la Ciudad de Buenos Aires? Proponemos que la Legislatura porteña ceda ese espacio a las FFAA y a los Bomberos, con el objetivo de que sea utilizado para la capacitación”.
Recordó el diputado santafesino que en lugares como Bahía Blanca, cuando se inundó, las Fuerzas Armadas y los Bomberos fueron fundamentales para rescatar y asistir a los vecinos. Transporte, logística, estrategias, tácticas operacionales, administración de recursos deberían ser algunas de las especialidades.
El proyecto contó con el apoyo de la justicia tras el fallo del juez federal Ariel Lijo, candidato del oficialismo a la Corte Suprema, para preservar los espacios de la memoria y mantener el personal que se desempeña en estas áreas.
Un grupo de diputados del bloque de Unión por la Patria, encabezados por el santafecino Eduardo Toniolli, presentaron un pedido de interpelación al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para que rinda cuentas ante la Cámara baja sobre el vaciamiento y degradación de las políticas de derechos humanos, y en relación a la denuncia judicial de actividades de inteligencia ilegal realizadas en la ex ESMA el pasado 27 de diciembre de 2024.
El texto extiende la citación al secretario de Derechos humanos, Alberto Julio Baños, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación a fin de que “brinden información detallada y explicaciones verbales respecto de los despidos de trabajadores realizados en la Secretaria de Derechos humanos del Ministerio de Justicia, sobre el vaciamiento y degradación de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y en relación a la denuncia hecha por la Comisión Provincial por la Memoria de actividades de inteligencia ilegal durante el abrazo a la Ex ESMA realizado el viernes 27 de diciembre de 2024”.
La iniciativa contó con el respaldo de la justicia tras el fallo del juez federal Ariel Lijo para preservar los espacios de la memoria y mantener el personal que se desempeña en estas áreas. El candidato del oficialismo para ocupar un lugar en la Corte Suprema podría garantizarse así el apoyo del kirchnerismo a la hora de votar su pliego en el recinto del Senado.
En esta línea, el magistrado ordenó a la secretaría de Derechos Humanos de la Nación que “arbitre los medios necesarios con el objeto de garantizar una dotación de personal capacitado para que los espacios de memoria que funcionan en los ex Centros de Detención y Tortura Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos permanezcan en funcionamiento”.
Esta resolución se debió a la presentación de una denuncia penal contra el ministro de Justicia de la Nación, y el secretario de Derechos Humanos realizada por la legisladora porteña Victoria Montenegro, “por el desmantelamiento de la secretaría de Derechos Humanos”, según fundamentó la diputada porteña.
“La justicia le ordenó a la secretaría de Derechos Humanos que garantice el funcionamiento de los sitios de la memoria. Muchas de las tareas estaban afectadas por los cientos de despidos que decidieron Alberto Baños y Mariano Cúneo Libarona. Frente a la avanzada de este Gobierno, que desmantela las políticas de derechos humanos y ataca a los organismos, conseguimos un pronunciamiento judicial que pone en valor los compromisos por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, posteó en las redes Montenegro.
Además, el juez Lijo ordenó “preservar los acervos y los archivos generados hasta la fecha”, y pidió que continúen llevando adelante las tareas de investigación y coordinación pedagógicas” en los espacios.
Entre los fundamentos, el diputado Toniolli señaló que “las políticas públicas de garantía de la vigencia de los Derechos Humanos están siendo reducidas a su mínima expresión, a través de su parálisis y falta de presupuesto. En particular, las políticas de Memoria, Verdad y Justicia sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar, están siendo vaciadas y degradadas. No cabe otra interpretación cuando se analizan los datos referidos a la situación del personal en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Al inicio de la gestión total había un total de 1050 trabajadores, mientras que al 8 de enero de 2025 solo quedan 540 trabajadores”.
Y agregó que “ninguna de las personas despedidas fue reemplazada, por ende, las tareas se dejaron de hacer o tuvieron que ser asumidas por otros trabajadores. Dentro del conjunto de trabajadores despedidos encontramos personas con hasta 30 años de antigüedad, con diversas experiencias y niveles de formación importantes: administrativos, abogados, sociólogos, psicólogos y psiquiatras, comunicadores, educadores y conservadores”.
El diputado de UP sostuvo que la política de derechos humanos atravesó los años de recuperación democrática en nuestro país. “Entre los mojones más altos en materia institucional cabe mencionar el trabajo de la CONADEP y el Informe Nunca Más (1984), el Juicio a las Juntas militares (1985), la jerarquía constitucional de los Tratados Internacionales sobre derechos humanos incorporada en la reforma de la Constitución Nacional (1994), la anulación de la ley 23492 de Punto final y de la ley 23521 de Obediencia debida (2003), la inconstitucionalidad de los Indultos declarada por la Corte Suprema de Justicia (2010) y el desarrollo de los juicios por los crímenes de lesa humanidad en tribunales de todo el país”.
Habló en el VI Encuentro Federal de Derechos Humanos, donde sostuvo que el expresidente “dice que con 10.600 millones de dólares puede construir el sistema de transporte ferroviario más moderno del mundo. Con la plata que le dio el FMI podría haber construido cuatro, uno encima del otro, y no hizo nada”.
Máximo Kirchner participó este sábado del VI Encuentro Federal de Derechos Humanos en la ex Esma. Estuvo junto al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla; Taty Almeida y Lita Boitano de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza.
“Debería llamar poderosamente la atención que él (por Macri) tuvo esos famosos 44 mil millones de dólares que tomó prestado. Pudo haber empezado, pudo haber hecho no el sistema de transporte ferroviario más moderno del mundo, podría haber hecho cuatro, uno arriba del otro, y no hizo nada”, señaló Máximo Kirchner en uno de los pasajes de su alocución.
“La verdad que lo que uno entra ahí a pensar, a preguntar compañeros y compañeras es por qué penetra ese tipo de cosas en nuestra sociedad, cómo es que calan. Porque no nos permiten dar un debate en serio”, advirtió Kirchner.
Más adelante, en su intervención, el diputado nacional también se refirió al debate presidencial de Brasil entre Lula y Bolsonaro, quienes este domingo disputarán la segunda vuelta en Brasil, para dirimir quién se queda con la presidencia de ese país: “Ayer miré el debate de Lula y Bolsonaro. La agresividad de Bolsonaro sobre la figura de Lula, la desfachatez a la hora de hablar, de no poder discutir un proyecto de país, y basarse todo en agresiones personales, en sentidos comunes”.
Al referirse al tema de los derechos humanos, el hijo de los Kirchner señaló: “La realidad también marca que más allá de la apropiación de niños y niñas, muchos de ellos recuperados por el trabajo tenaz de las Abuelas. A veces con ayuda del Estado, otras veces no, pero siempre con ayuda del pueblo”.
Sobre la deuda con el FMI planteó que “se nos dijo que éramos irresponsables por el solo hecho de pedir de proponer continuar negociando con el FMI mejores condiciones para la Argentina. Y mejores condiciones significan condiciones racionales, no condiciones ideológicas, matemáticas, numéricas que tienen que ver con poder acompasar en cumplir con deudas que ha tomado el Estado argentino con el desarrollo humano de una sociedad”.
Sobre el gobierno de Cambiemos, marcó que “la derecha argentina, la del mito de la eficiencia, porque confirmaron que era un mito lo de la eficiencia, la de los gerentes en los cargos públicos, la de los ceos diseñando políticas públicas, fracasó”.
Sobre el atentado perpetrado contra su madre y quienes están siendo investigados por la justicia, Kirchner señaló que “no es un sector de la sociedad que sienta que nadie la escucha, prende la tele y se escucha a sí mismo. Es casi una simbiosis entre estos grupos en materia de lenguaje e ideas que se escuchan”.
Finalmente, sobre los discursos de los sectores más radicalizados de la oposición, el diputado nacional señaló que “esta derecha violenta, que estigmatiza todo aquello que puede, que siente que no le es dócil, que siente que no le obedece e muestra siempre dispuesta a ir corriendo los márgenes de los acuerdos democráticos que los argentinos y argentinas hemos decidido vivir y se ha construido a partir del regreso de la democracia allá por el año 1983”.