El diputado nacional Carlos Fernández presentó un proyecto de ley para establecer la obligatoriedad de realizarse exámenes toxicológicos y aleatorios a los funcionarios de los tres poderes del Estado. Según, el misionero el fin de la iniciativa es la de garantizar la integridad de terceros, idoneidad y transparencia en la función pública.

“Este tipo de inflexibilidades ya han sido efectuados en distintos países con efectos positivos y que de este modo se ha de favorecer como robustecer nuestras instituciones poniéndose a rigor y alineándose con diversos principios constitucionales y legales; puesto que nuestra Constitución Nacional reza en su artículo 16” …que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y exige idoneidad para el acceso a los cargos públicos…”, explicó el legislador de Innovación Federal.

En el artículo 2 del proyecto, Fernández explicitó como ámbito de aplicación a los tres poderes del Estado Nacional, organismos autárquicos, descentralizados, empresas del Estado, sociedades con participación estatal mayoritaria, órganos extra poder, y así también adherentes en el marco de las competencias establecidas por la Constitución Nacional.

En tal sentido, catalogó como sujetos alcanzados a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo de la Nación; a los integrantes de la Cámara de Diputados y el Senado; a los ministros del Poder Judicial; a directivos de organismos autárquicos, descentralizados y empresas del Estado; al personal diplomático en actividad, conforme a lo dispuesto por la Ley de Servicio Exterior; y a los funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las 23 provincias y el resto de los municipios que adhieran al marco normativo.

La propuesta del diputado misionero establece un examen toxicológico de forma aleatoria cada cuatro meses sobre una muestra representativa del 5% de los funcionarios de cada sector. “Deben realizarse con carácter de obligatorio el examen de detección de metabólicos de drogas en orina (DDO) en dos muestras identificadas como frasco A y frasco B, las que deben ser selladas y firmadas por las partes, para determinar la presencia de sustancias psico adictivas en sus organismos”, refirió Carlos Fernández.

Los exámenes deberán detectar la presencia de sustancias psicoactivas no prescriptas por un profesional de la salud, incluyendo, pero no limitándose a: cocaína y derivados; marihuana y derivados; cannabinoides; opiáceos; anfetaminas y metanfetaminas; y alucinógenos y drogas sintéticas.

El costo de los exámenes estará a cargo del presupuesto del organismo en el que desempeñe funciones el sujeto examinado. La reasignación de fondos deberá efectuarse conforme a la normativa vigente en materia de administración financiera y presupuesto, garantizando eficiencia, transparencia y control en el uso de los recursos públicos.

Por último, definió las consecuencias del resultado positivo, y planteó dos escenarios: primera se realizará una contraprueba al agente que resulte positivo, quien podrá solicitarla en un plazo de 48 horas; luego si la contraprueba confirma el resultado, el funcionario será suspendido preventivamente sin goce de haberes hasta la resolución definitiva de su situación.

El diputado nacional Gabriel Chumpitaz (Pro – Santa Fe) presentó un proyecto de ley a fin de que se establezca la obligatoriedad de exámenes toxicológicos periódicos y aleatorios para los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado".

Según Chumpitaz, el objetivo es garantizar la integridad, idoneidad y transparencia en la función pública, y remarcó: "La lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento del sistema de prevención de adicciones deben comenzar con el ejemplo de quienes escriben las leyes, quienes las aplican y quienes las hacen cumplir".

El proyecto incluye normas de procedimiento y confidencialidad, ya que los análisis serán realizados por laboratorios certificados, bajo estrictos protocolos de seguridad, remitiendo los resultados a la autoridad competente, quien garantizará su resguardo y custodia.

Chumpitaz, quien se ha especializado en varios países, como Colombia, plantea que, si bien la droga es un negocio ilícito, opera con una matriz de oferta y demanda similar a la de cualquier negocio convencional. En consecuencia, se debe atacar el narcotráfico y sus derivados, como el narcomenudeo y el microtráfico; pero, al mismo tiempo, se debe accionar en la prevención y control de adicciones, enfatizando de manera categórica: "Quienes pretenden liderar estas difíciles batallas contra la droga, tenemos que dar el ejemplo".

Finalmente, el legislador rosarino concluyó: "Esta iniciativa no es solo un mecanismo de control, sino una declaración de principios que exige un cambio radical en todos los ámbitos del poder. Es hora de acabar con la doble moral que ha permitido que funcionarios de alto nivel en los tres poderes se entreguen al consumo de drogas, minando la confianza pública y la eficacia de nuestras instituciones".

La iniciativa fue acompañado con la firma de los diputados nacionales Lorena Villaverde, Carlos Zapata, Verónica Razzini, Patricia Vázquez, ⁠⁠Sergio Capozzi, ⁠⁠Emanuel Bianchetti y José Núñez.