El proyecto de ley presentado establece la eximición del pago del servicio de agua domiciliaria, por un periodo de 180 días jubilados, pymes y emprendedores.
La iniciativa fue presentada por los senadores radicales Eugenia Gil y Agustín Máspoli que presentaron un proyecto de Ley en el Senado bonaerense para eximir del pago del servicio de agua domiciliaria, por un periodo de 180 días, a jubilados y pensionados, que cobren haberes jubilatorios mínimos, como asimismo a PyMES y emprendedores.
“La iniciativa busca salir del discurso y dar una respuesta concreta frente a la difícil situación económica que atraviesa el país y de manera particular, los bonaerenses”, sostuvo Gil y recordó que “días atrás en la audiencia pública que se realizó en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, con la presencia de funcionarios de la Autoridad de Agua y la empresa ABSA se solicitó un incremento del 250 por ciento en las tarifas de más de 90 localidades bonaerenses”.
“Los jubilados y pensionados que cobran la mínima no pueden afrontar estos costos, es por esto que creemos oportuno que se contemple esta medida para acompañarlos”, explicaron los legisladores.
Por último, Máspoli sostuvo: “este mismo escenario se estaría replicando en el sector de las PyMES y de los emprendedores de nuestra provincia ya que ante la baja del consumo por la crisis han evidenciado un claro impacto en sus ventas y producción. Se proyecta que el aumento significaría un incremento de alrededor del 800 por ciento para el sector”.
Desde el radicalismo se fundamentó el pedido en “la preeminencia que tiene la región en las capturas y embarques de las principales especies ictícolas de la Argentina”.
El diputado chubutense Gustavo Menna (Juntos por el Cambio) presentó un proyecto por el que pidió incluir a la pesca en el decreto presidencial emitió el 30 de diciembre de 2020, para disminuir y eximir de derechos de exportación a producciones regionales. Fundamentó el pedido en la preeminencia que tiene la región en las capturas y embarques de las principales especies ictícolas de la Argentina.
El proyecto indica que el decreto 1060/2020 “omite a la actividad pesquera, que en la Patagonia concentra la mayor proporción de capturas y embarques de especies como langostino, merluza hubbsi y calamar illex a través de los puertos ubicados en Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Tierra del Fuego”.
El decreto nacional dispuso una reducción sustancial de derechos de exportación para diversos productos de distintas economías regionales y, en algunos casos, “la medida significó establecer aranceles cero, es decir, la desgravación total de las exportaciones de esos productos”, indicó el diputado.
Teniendo en cuenta la necesidad de la Argentina de obtener divisas para generar producción y empleo, Menna calificó de “auspicioso” el sentido del decreto, aunque “una vez más, ¨no ha tenido en cuenta a la Patagonia como una de las economías regionales que aporta de modo relevante a las exportaciones”.
“El decreto hace foco en los productos agroindustriales pero omite a la actividad pesquera, estrechamente ligada a la región que, pese a las condiciones adversas que atraviesa, exporta productos por más de u$s 2.100 millones anuales, se trata del octavo complejo exportador argentino y emplea a más de 23.000 personas en forma directa”, apuntó el legislador chubutense.
Asimismo, explicó que “el eje de la actividad pesquera se ha desplazado hacia la Patagonia, tanto en lo que respecta al ámbito marítimo de capturas, como a los puertos en que se llevan a cabo los desembarques”.
“Lamentablemente se ha convertido en una constante propia de una visión marcadamente centralista del país, el postergar y relegar a la región, tal como aconteció hace pocos días, cuando se excluyó al Ferrocarril Transpatagónico de las obras ferroviarias anunciadas por el Ministerio de Transporte”, concluyó Menna.
Acompañaron a Menna en esta iniciativa sus pares patagónicas del bloque radical Lorena Matzen (Río Negro) y Roxana Reyes (Santa Cruz).
