La jueza federal Sandra Arroyo Salgado rechazó este lunes el pedido de eximición de prisión solicitado por la defensa del ex senador Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel Costa para que el proceso en su contra, en el marco de la causa que se los investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, se lleve adelante estando en libertad.

La decisión, en el mismo sentido que había dictaminado el fiscal federal Fernando Domínguez, se basó en “la sospecha razonable de que el imputado podrá obstaculizar la investigación en caso de recuperar su libertad”. También señaló que el objetivo del pedido de extradición desde Paraguay - que sigue vigente - es su detención a fines de indagarlo en el país y que se someta a derecho, ante el riesgo de una posible fuga en caso de que quede en libre en ese país.

En el pedido de eximición de prisión, que fue presentado por su nuevo abogado Juan Martín Cerolini -quien defiende también a Guinsel Costa-, había argumentado que ambos “se encuentran a derecho en esta causa (por la de Securitas y la enriquecimiento ilícito que es conexa), pues han propuesto abogado defensor, se sabe fehacientemente donde se encuentran, y, siendo que la investigación comenzó antes de la detención en Paraguay sin media restrictiva alguna, jamás han eludido el accionar judicial ni lo han controvertido”.

Sin embargo, para la magistrada federal, “si bien se tiene en cuenta que poseería domicilio fijo en Argentina, se observa que la valoración objetiva y provisional de las características particulares del hecho en trato hacen presumir fundadamente que, en caso de recuperar la libertad en la República del Paraguay, intentará eludir el accionar de la justicia o entorpecer la investigación”.

“El encarcelamiento durante el proceso penal -como toda otra medida coercitiva de carácter procesal- sólo procede para asegurar sus propios fines, esto es, la averiguación de la verdad y la actuación de la ley penal”, explicó Arroyo Salgado.

Actualmente Kueider cumple prisión preventiva domiciliaria, junto a su secretaria, por el intento de contrabando de divisas cuando intentaban ingresar a Ciudad del Este, desde Brasil, en la madrugada del 4 de diciembre con dinero sin declarar.

Arroyo Salgado dictó la resolución en la causa en la que la Justicia Federal se investiga al ex legislador por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En el escrito, se señala que está imputado de “conformar una asociación o banda destinada a concretar, con habitualidad, diversas operaciones económicas y financieras que configurarían el delito de lavado de activos doblemente agravado, a través de la colocación en el sistema financiero local e internacional y ecosistema de activos virtuales, así como también en la adquisición de bienes inmuebles y muebles, durante el período comprendido, en principio, desde inicios de 2017 y hasta el presente, con la finalidad de otorgarle apariencia de origen lícito a dinero proveniente de un ilícito penal”.

La jueza federal puso énfasis en la condición de exfuncionario público: “Debe ponderarse que la finalidad orquestada incluiría su enriquecimiento personal, por lo que se realza la necesidad de identificar e interrumpir los circuitos por los que transita o circuló el frondoso provecho ilícito, siendo que la detención cautelar constituye un medio idóneo para evitar dicho cometido. El marco penal de la calificación legal aplicable a las conductas atribuidas a Kueider y las penas en expectativa previstas en el art. 303 del Código Penal (lavado de dinero) , claramente no quedaría absorbida por el primer supuesto del artículo 316 del CPPN -parámetro utilizado también análogamente para analizar las excarcelaciones- al tiempo que el mínimo legal previsto no permite avizorar la posibilidad de aplicación de una condena de ejecución condicional”, advirtió la magistrada en su resolución, en referencia a la pena que tiene ese delito, de 3 a 10 años.

Además, la magistrada advirtió que existen medidas de prueba pendientes de producción, como ser el análisis de la documentación secuestrada en los allanamientos de sus domicilios, y que la obligaban a tomar “medidas necesarias para resguardar el desarrollo de la pesquisa”.

En este punto, destacó que en los días previos al allanamiento del departamento en Recoleta donde vivía Guinsel Costa en la Ciudad de Buenos, y cuando ya se encontraba detenida en Paraguay, se habrían retirado elementos de ese domicilio. También mencionó que se encontró documentación bancaria incinerada en una maceta del inmueble y restos de velas quemadas.

Para la magistrada, el ex senador “cuenta con el conocimiento, soporte de terceras personas, abundantes medios disponibles y recursos financieros que le podrían permitir organizar una posible fuga del proceso y así entorpecer la investigación”.

La iniciativa fue presentada por los senadores radicales Eugenia Gil y Agustín Máspoli que presentaron un proyecto de Ley en el Senado bonaerense para eximir del pago del servicio de agua domiciliaria, por un periodo de 180 días, a jubilados y pensionados, que cobren haberes jubilatorios mínimos, como asimismo a PyMES y emprendedores.

“La iniciativa busca salir del discurso y dar una respuesta concreta frente a la difícil situación económica que atraviesa el país y de manera particular, los bonaerenses”, sostuvo Gil y recordó que “días atrás en la audiencia pública que se realizó en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, con la presencia de funcionarios de la Autoridad de Agua y la empresa ABSA se solicitó un incremento del 250 por ciento en las tarifas de más de 90 localidades bonaerenses”.

“Los jubilados y pensionados que cobran la mínima no pueden afrontar estos costos, es por esto que creemos oportuno que se contemple esta medida para acompañarlos”, explicaron los legisladores.

Por último, Máspoli sostuvo: “este mismo escenario se estaría replicando en el sector de las PyMES y de los emprendedores de nuestra provincia ya que ante la baja del consumo por la crisis han evidenciado un claro impacto en sus ventas y producción. Se proyecta que el aumento significaría un incremento de alrededor del 800 por ciento para el sector”.

El diputado chubutense Gustavo Menna (Juntos por el Cambio) presentó un proyecto por el que pidió incluir a la pesca en el decreto presidencial emitió el 30 de diciembre de 2020, para disminuir y eximir de derechos de exportación a producciones regionales. Fundamentó el pedido en la preeminencia que tiene la región en las capturas y embarques de las principales especies ictícolas de la Argentina.

El proyecto indica que el decreto 1060/2020 "omite a la actividad pesquera, que en la Patagonia concentra la mayor proporción de capturas y embarques de especies como langostino, merluza hubbsi y calamar illex a través de los puertos ubicados en Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Tierra del Fuego".

El decreto nacional dispuso una reducción sustancial de derechos de exportación para diversos productos de distintas economías regionales y, en algunos casos, “la medida significó establecer aranceles cero, es decir, la desgravación total de las exportaciones de esos productos”, indicó el diputado.

Teniendo en cuenta la necesidad de la Argentina de obtener divisas para generar producción y empleo, Menna calificó de “auspicioso” el sentido del decreto, aunque “una vez más, ¨no ha tenido en cuenta a la Patagonia como una de las economías regionales que aporta de modo relevante a las exportaciones”.

"El decreto hace foco en los productos agroindustriales pero omite a la actividad pesquera, estrechamente ligada a la región que, pese a las condiciones adversas que atraviesa, exporta productos por más de u$s 2.100 millones anuales, se trata del octavo complejo exportador argentino y emplea a más de 23.000 personas en forma directa", apuntó el legislador chubutense.

Asimismo, explicó que “el eje de la actividad pesquera se ha desplazado hacia la Patagonia, tanto en lo que respecta al ámbito marítimo de capturas, como a los puertos en que se llevan a cabo los desembarques”.

“Lamentablemente se ha convertido en una constante propia de una visión marcadamente centralista del país, el postergar y relegar a la región, tal como aconteció hace pocos días, cuando se excluyó al Ferrocarril Transpatagónico de las obras ferroviarias anunciadas por el Ministerio de Transporte”, concluyó Menna.

Acompañaron a Menna en esta iniciativa sus pares patagónicas del bloque radical Lorena Matzen (Río Negro) y Roxana Reyes (Santa Cruz).