El diputado nacional Eduardo Toniolli (FdT) presentó un proyecto para que las provincias productoras de soja reciban el 10% de los recursos recaudados en concepto de derechos de exportación de soja y sus derivados, para que lo recaudado vaya a infraestructura y a políticas productivas de prevención social del delito y de cuidado del ambiente. Asimismo, la iniciativa promueve la recuperación del Fondo Federal Solidario, derogado en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri.

“Entre 2009 y 2018 existió el Fondo Federal Solidario, que fue una valiosa y exitosa experiencia de descentralización de recursos fiscales, porque redistribuía de forma automática a provincias y municipios el 30% de lo recaudado por las exportaciones de soja, y exigía un piso mínimo de coparticipación desde las provincias a sus municipios”, recordó el oficialista, quien agregó que “este potente instrumento permitió financiar obras que contribuyeron a la mejora de las infraestructuras provinciales”.

En ese sentido, consideró que “la iniciativa merece ser reeditada y actualizada abarcando aspectos que al diseño anterior le faltaban, y que tienen que ver con el destino concreto de los recursos”.

Sobre ello, el santafesino explicó: “Queremos agregarle a ese Fondo Federal Solidario otro de carácter devolutivo, con una lógica similar a la que existe en materia de hidrocarburos. Hoy cada provincia petrolera recibe un 15% de regalías por la producción de petróleo y gas, basándose en dos motivos: que la Constitución otorga a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales, y que esos recursos naturales, cuando no son renovables, deben ser gravados en el presente para financiar alternativas de desarrollo productivo para cuando se agoten en el futuro”.

“¿Por qué entonces no otorgar a las provincias productoras de soja una alícuota parecida? Es cada vez más patente el deterioro de las condiciones que hicieron de la Pampa Húmeda la región más fértil del mundo. Se necesitan recursos para transitar hacia producciones que sean más sustentables, y a la vez fomentar el arraigo de las poblaciones que, producto del modelo productivo, se ven empujadas a los grandes centros urbanos buscando una vida mejor, que no encuentran”, continuó.

Toniolli detalló que -en caso de aprobarse- este segundo fondo, denominado Fondo Federal Devolutivo, se conformaría con el 10% de lo obtenido por las retenciones a las exportaciones totales de soja y sus derivados, y se repartiría entre las provincias productoras a través de un coeficiente calculado en base a la producción promedio de soja de los últimos diez años.

Simplificando el cálculo, y considerando sólo el volumen del período 2022, este año Santa Fe recibiría 26.147 millones de pesos, estimó el diputado, recursos que podrían ser invertidos en áreas como obras de infraestructura vial e hídrica necesaria para el transporte de la producción agrícola; iniciativas de reconversión productiva, transición agroecológica y desarrollo de la agricultura familiar; preservación del medioambiente, humedales, Áreas Naturales Protegidas y Corredores Biológicos; y a la prevención social del delito e Integración Socio-urbana.

En el marco del proyecto de avanzar en la regulación del mercado del litio en Argentina, este lunes, el ministro de Economía Sergio Massa dispuso dejar sin efecto el reintegro a las exportaciones de litio que se aplicaban hasta ahora.

La decisión abarca también al óxido e hidróxido de litio, cloruro de litio y carbonato de litio, comprendidas en distintas posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur, según la Resolución 15/2023, publicada este lunes en el Boletín Oficial. 

Las empresas del sector percibían reintegros a la exportación por parte del Estado Nacional que iban del 2,5% al 5% de las ventas. Además, desde 2021 se fijó el derecho de exportación para los compuestos de litio en un 4,5%. 

La Argentina produce alrededor de 37.000 toneladas anuales de litio y las exportaciones de este mineral representan casi la tercera parte de las exportaciones mineras totales del país, y estimaciones oficiales indican que hacia 2025, la Argentina podría estar en condiciones de exportar unas 200.000 toneladas anuales de litio, a partir de una numerosa cantidad de inversiones que se están desarrollando en el país, principalmente en el noroeste. 

Por esto, desde Economía señalan que el sector litífero “ha registrado un crecimiento exponencial, tanto en materia de los precios del mineral -impulsados por una gran demanda global- como en avances de los numerosos proyectos que están radicados en el país”. 

En consecuencia, consideran que “teniendo en cuenta la electro- movilidad que provocó un cambio del mercado y que el escenario internacional tuvo un crecimiento abrupto en la demanda de litio que produjo un incremento en forma exponencial en el precio y así también en la rentabilidad de los proyectos, se entiende que un estímulo como el reintegro ha cumplido los objetivos para el cual fue oportunamente establecido”. 

El primer semestre del año las exportaciones de vino embotellado han tenido una caída de 6% en términos de volumen en comparación con el mismo período de 2021. Según estadísticas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), durante este período, las exportaciones totales de vino embotellado en lo que va del año alcanzaron 100,9 millones de litros versus 107,1 millones de litros en 2021. En términos de valor, el guarismo para el año en curso fue de 387,1 millones de dólares contra 391,4 millones en el primer semestre del año pasado. 

Estos números contrastan fuertemente con la performance exportadora de los últimos años, siendo que en 2021 las exportaciones de vino embotellado crecieron 9,3%, 5,3% en 2020 y 1,37% en 2019. Más allá de estas variaciones, las exportaciones de vino fraccionado no logran desde 2010 superar sostenidamente los 200-220 millones de litros / año y los 800 millones de dólares /año en valor. 

“Argentina es el quinto productor mundial de vino y con mucho esfuerzo logra estar entre los diez exportadores mundiales. Siempre sostuvimos que las retenciones para un producto tan particular como el vino eran contraproducentes. Nosotros elaboramos y vendemos una bebida con base agraria con mucho valor agregado y marca en góndola. Es un producto muy sensible en precio para nuestros clientes importadores como para los consumidores globales. Siendo así, cargarle derechos de exportación es muy riesgoso. “Venimos de un período extenso de atraso cambiario sostenido, y por distintos factores tenemos inflación de costos que superan con creces la inflación local. Solamente las botellas subieron más de 60% en lo que va del año y la uva más de 80% versus el año pasado”, dice Patricia Ortiz, Presidente de Bodegas de Argentina.” 

“Claramente el contexto macroeconómico local ha cambiado versus 2018 cuando volvieron a gravarse con retenciones las exportaciones de vino. Asimismo, el contexto global está sumamente desafiante con costos logísticos que se han triplicado y mercados que traccionan menos por diversos factores. Cuando el tipo de cambio comienza a correr muy por detrás de la inflación de costos los márgenes de exportación se reducen dramáticamente. Nosotros no podemos trasladar la inflación a los precios en el exterior. Simplemente nos dejan de comprar si quedamos desfasados de precio en comparación con proveedores de otros países. “Acá estamos hablando que por mucho menos de un dólar se te cae un cliente”, agregó Francisco do Pico, Vicepresidente de la entidad.” 

“Por otro lado, no debemos dejar de considerar que el vino argentino paga aranceles para ingresar a distintos mercados en todo el mundo. Estos aranceles se suman a las retenciones y le cuestan a nuestra industria más de 40 millones de dólares / año. El arancel promedio para nuestro vino es de 5% cuando contemplamos los principales mercados de destino: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, México, Unión Europea, China, entre otros. “La cuenta neta de retenciones, reintegros a la exportación y aranceles de ingreso nos da una cuenta negativa.”, explicó Ramiro Barrios, Director de Comercio Exterior de la cámara. 

“Y a la problemática de las retenciones debemos sumar el efecto negativo de las recientes medidas que dificultan el acceso al MULC para la importación de insumos y el pago de servicios en el exterior, que son esenciales para nuestras exportaciones. Adicionalmente, el actual contexto de disrupción de la cadena logística internacional ha generado dificultades en el cumplimiento de los permisos de embarque ante el BCRA lo cual, quien, por diferencias menores, traba el cobro de reintegros y recuperos de IVA, así como la gestión de Certificado de Aumento de Exportaciones. En paralelo, en Brasil se anuncian medidas para bajar 20% el arancel del vino extrazona lo cual agrega competitividad a los vinos europeos. El actual es un panorama muy adverso para nuestras exportaciones.”, concluyó Barrios. 

Bodegas de Argentina considera que, dado el contexto y los resultados que está teniendo la exportación de vino embotellado, se hace imperiosa la necesidad de suspender temporalmente los derechos de exportación, con la finalidad de liberar recursos de las bodegas para reinvertir en el negocio y sostener así, la demanda en el exterior en tiempos sumamente complejos además de flexibilizar las medidas de acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para cumplir con los compromisos con los clientes y proveedores del exterior. 

Previo a iniciar el análisis este martes en la Cámara baja del proyecto de industria automotriz enviado por el Poder Ejecutivo en agosto del año pasado, el diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) se manifestó en contra del mismo y señaló que “estamos matando el sector exportador por mantener el sector ineficiente de la industria automotriz”.

Entrevistado por Diputados TV, Espert criticó: “Estuve en contacto con este proyecto, pero más allá de este proyecto, hace décadas que Argentina no para de apoyar a la industria automotriz, motivo por el cual los consumidores de autos en Argentina pagan los autos muchísimo mas caro de lo que ocurre a nivel internacional”.

“No sé qué esperamos para despertarnos en Argentina y darnos cuenta que sustituye importaciones y es el objetivo de este proyecto como todos los proyectos que andan dando vueltas de industria automotriz. Es también sustituir exportaciones”, advirtió el liberal.

En ese sentido, indicó que “nosotros estamos matando a nuestro sector exportador, a las economías regionales, el petróleo, la energía solar, la agroindustria por mantener artificialmente sectores absolutamente ineficientes como es la industria automotriz”.

“Con este tipo de engendro, que ya han demostrado el fracaso, no estoy para nada de acuerdo”, adelantó y consideró que “Argentina necesita abrir su economía al mundo para poner a full su potencial exportador. No hay milagro para la exportación argentina si no es con la apertura económica”.

En tanto, manifestó: “Podemos discutir qué condiciones son las que se necesitan para poder abrir la economía con sensatez, pero de vivir concentrados y vivir dando vueltas sobre lo mismo de siempre yo ya no sé cómo calificarlo”.

“Estamos muy enfermos porque repetir tanto el error un día, dos días, 10 años, casi un siglo que venimos haciendo todo esto. Y después de hacer un siglo lo mismo tenemos al campo destruido, al petróleo recontra utilizado, estamos importando gas, importando gasoil, las economías regionales destruidas. La contracara de eso es una sociedad permanentemente pensando en cómo sustituir importaciones”, disparó Espert.

Y cerró: “No se puede tener como estrategia de desarrollo sustituir importaciones porque este es el resultado: un país pobre, con marginalidad, drogas, delincuencia. El centro de por qué Argentina esta destruida es haber comprado el pescado podrido de hace un siglo de la sustitución por importaciones”.

Los diputados nacionales Carlos Mario Gutiérrez, Natalia de la Sota e Ignacio García Aresca, del bloque Córdoba Federal presentaron un proyecto de ley para que se eliminen las retenciones a las exportaciones y desarrollo del federalismo productivo en Argentina.

En su artículo segundo explica que el propósito de la iniciativa es “contribuir al desarrollo del federalismo productivo, disminuir la presión tributaria, brindar certidumbre a las actividades de exportación y establecer incentivos efectivos para la formalización de la economía”.

A su vez, fija una reducción gradual de 3 puntos porcentuales anuales en las alícuotas de derechos de exportación de las mercaderías comprendidas en todas las posiciones arancelarias de los distintos capítulos de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), excepto para los productos del complejo sojero (poroto, aceite de soja, harina de soja y biodiesel), cuya reducción anual será de 4 puntos porcentuales.

“Las mercaderías que se encuentren alcanzadas con alícuotas de derechos de exportación iguales o inferiores al 3% (tres por ciento) al inicio del esquema de reducción, quedarán completamente desgravadas al primer año de entrada en vigencia del nuevo régimen”, agregan.

Entre los fundamentos, remarcan que el proyecto “se formula y presenta en el marco de las atribuciones que, en materia de derechos de exportación (DEX), nuestra Constitución Nacional le confiere al Congreso de la Nación. El Poder Ejecutivo no puede atribuirse el derecho a fijar retenciones (DEX)”, y apelan al artículo 75 de la Carta Magna que establece: “Corresponde al Congreso: 1. Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación”.

“Argentina cuenta con los recursos humanos, naturales y de conocimiento como para iniciar una estrategia sostenida de crecimiento y desarrollo, basada en un federalismo productivo que incentive la inversión, la innovación y el pleno aprovechamiento de su capacidad exportadora, en una economía que genere trabajo y empleos de calidad con ascenso social”, señalan en el texto y agregan: “Las retenciones (derechos de exportación) también afectan y distorsionan gravemente el federalismo argentino, ya que generan fuertes inequidades y transferencias de ingresos entre regiones”.

El vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la Nación y diputado nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Mendoza Omar De Marchi, junto con un grupo de legisladores opositores, pidieron este lunes citar al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, para que brinde explicaciones por las medidas tomadas recientemente sobre la suspensión de exportaciones de harina y aceite de soja.

El proyecto de resolución presentado expresa su preocupación y rechazo por las medidas dispuestas en las últimas horas por la cartera liderada por Domínguez.

De Marchi pidió que “no puede seguir castigándose al sector más competitivo de la Argentina en lugar de permitirle crecer y alcanzar su máximo potencial. El Estado está allí para absorber recursos en las épocas de bonanza, pero nada hace cuando contingencias climáticas o económicas afectan la producción”.

“La harina y el aceite de soja tienen valor agregado, con lo que esta medida, sumada a la incertidumbre respecto de las posibles retenciones, fomenta la desindustrialización”, alertó el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la Nación.

Los legisladores de Juntos por el Cambio que acompañaron el proyecto de resolución pedido por De Marchi son Pablo Torello, Graciela Ocaña, Soher El Sukaira, Laura Rodriguez Machado, Gerardo Milman, Alejandro Finochiaro, Gustavo Santos, Claudio Poggi, Sofía Brambilla, Roxana Reyes, Alvaro Martínez, Paula Omodeo, Victoria Morales Gorleri, Alberto Aseff, Hector Stefany, Ana Clara Romero, Alejandro Cacase, Lisandro Nieri, Lidia Inés Ascarate, Marcela Campagnoli, José Nuñez Jurado, Karina Bachey, Laura Carolina Castest, Camila Cresimbeni, Carlos Zapata, Alfredo Schiavoni, Danya Tavela, Matías Tacceta, Roberto Sanchez, Germana Figueroa Casas, Pablo Cervi, Gabriela Lena y Marcelo Antola.

El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente Pro, junto a su par en la Cámara baja, Diego Santilli visitaron Mar del Plata y Ayacucho. En la ciudad balnearia fueron recibidos por el intendente municipal de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, y mantuvieron sendos encuentros en la Sociedad Civil Ayudemos de Corazón y en la Base Naval, donde saludaron a personal de la Fragata Libertad de la Armada Argentina, que se encuentra allí, junto a otras siete embarcaciones de distintos países latinoamericanos, para recorrer la región bajo la premisa de Velas de Latinoamérica. Luego, se trasladaron a Ayacucho para concurrir a un almuerzo en la chacra municipal Juan Manuel de Rosas y, más tarde, se reunieron con integrantes de la Asociación Civil Fiesta Nacional del Ternero y día de la Yerra, en el marco de la Fiesta.   

“El futuro del despegue argentino está en el campo y el gobierno debe entenderlo, fijando un rumbo claro para que los productores puedan desarrollarse sin presión tributaria ni retenciones confiscatorias”, señaló Ritondo.  

“Una política exterior contradictoria y a la deriva no ayuda ni al campo ni a ningún sector de la producción y el trabajo”, advirtió el titular de la bancada PRO.  

Por su parte, Santilli destacó que en el interior bonarerense ve muchas ganas de romper el statu quo y “de maximizar ese tremendo potencial que tenemos en la agricultura, en la ganadería, en la pesca. Necesitamos abrir mercados para aumentar nuestras exportaciones, atraer inversiones y generar empleo en el sector privado”. 

En tanto, Montenegro sostuvo que “Mar del Plata es una ciudad fundamental para el desarrollo del país y con un potencial inigualable. Por eso, es necesario tenerla en cuenta siempre, y también es importante que las decisiones de los gobiernos centrales se tomen siempre con una perspectiva realmente federal, atendiendo a las particularidades de los gobiernos locales, en este caso de las ciudades del interior”.  

Por su parte, el diputado provincial Alex Campbell (Pro) subrayó: “Seguimos recorriendo la Provincia como lo hicimos con Cristian Ritondo durante la gestión de María Eugenia Vidal y ahora como legisladores. Sabemos que es muy importante seguir cerca de los bonaerenses.  Esta vez nos acompañó el Diputado Diego Santilli y los Intendentes de Mar del Plata y Ayacucho. Sabemos que trabajando todos juntos, en equipo, vamos a volver a ser una alternativa ante el claro fracaso del gobernador Alex Kicillof”.

Finalmente, el concejal de Ayacucho, Leandro Angiolini (Pro), manifestó que “desde nuestro municipio apoyamos y promovemos la producción agrícola y ganadera, porque es la fuente más genuina de creación de riqueza que tiene hoy la Argentina”.  

Ritondo y Santilli, además, fueron acompañados, por los legisladores provinciales de PRO Johanna Panebianco, Owen Fernández, Alejandro Rabinovich, Sergio Siciliano y Florencia Retamoso, por el dirigente de Ayacucho Modesto Jatip, por la referente de PRO en Necochea Eugenia Vallota,  los concejales Clarisa Armando de Villa Gesell, Lucas Aturri, de Lezama, Ramiro Ferrante de Chacomus, Julieta Coronel de Castelli, Juan Manazzoni de Tandil, Joaquín Sánchez Charro de Generan Alvarado, Vanina Reyes, de Mar Chiquita, Leopoldo Petunari, Ramón Canosa, ex intendente de Las Flores, Emiliano Giri, Presidente de PRO en Mar del Plata, Leopoldo Petunari, entre otros. 

El senador nacional por San Juan Roberto Basualdo se refirió a la decisión del Gobierno de suspender el Registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para las exportaciones de harina y aceite de soja, y advirtió que significa “ir en contra del país”. 

A través de su cuenta de Twitter, el legislador de Juntos por el Cambio consideró que “lejos de perseguirlo”, al campo hay que impulsarlo “porque es el principal generador de divisas, es un motor para la economía argentina y genera millones de puestos de trabajo”. 

Y prosiguió: “Poner cepo a exportaciones del aceite y de la harina de soja es ir en contra del país. Lo mismo si se aplica el potencial aumento de retenciones. Argentina necesita divisas para hacer frente a sus obligaciones, exportar e insertarse al mundo, para generar empleo y salir adelante”. 

“El campo es un orgullo nacional”, concluyó. 

La Coalición Cívica insiste en reclamar que el Gobierno Nacional “deje en paz al campo” y a aquellos que quieren producir e invertir: “Frente a las medidas anunciadas de cierre de exportaciones al aceite y harina de soja, como antesala de un nuevo aumento de retenciones -que consideramos inconstitucional-, la Coalición Cívica expresa su total rechazo a cualquier decisión que implique un incremento en la presión impositiva al sector agroindustrial y a cualquier sector productivo nacional”, señalan. 

“Están atentando contra el único respaldo productivo que sostiene y arrastra el carro de la crisis. Atentan directamente contra el crecimiento económico y la generación genuina de divisas”, agregaron. 

En este sentido, advierten que el déficit fiscal no debe financiarse con mayor presión al sector privado, que produce riqueza y empleo, sino que, por el contrario, “ese es el sector que debe recibir incentivo y menor presión por parte del Estado, para así generar más trabajo y divisas. Más aún en un sector productivo donde el Estado ya se queda con el 70% de lo producido”. 

Desde la CC plantean que “los productores agropecuarios soportan la mayor presión impositiva de toda la actividad privada y es inadmisible que el Gobierno Nacional la siga incrementando, mientras a la vez aumenta el gasto público y la planta estatal”. 

“Además deben ser derogados los artículos 664º, 755º y 756º del Código Aduanero, como hemos propuesto mediante un proyecto de ley presentado este año, para quitarle al Ejecutivo el último resabio legal mediante el cual hace abuso de sus atribuciones, y para que sea sólo el Congreso quien pueda establecer las retenciones y sus alícuotas”, proponen. 

“Al mismo tiempo, no debemos perder de vista la situación global. Mientras los precios internacionales de los commodities de origen agropecuario, entre otros, aumentan, Argentina debería estar pensando de qué manera podemos multiplicar nuestra producción, para aumentar nuestra oferta interna y, sobre todo, aumentar los saldos exportables, para de esta manera generar más divisas, de acuerdo a lo que hoy demandan nuestra economía y compromisos externos”, exponen. 

“Pero no, el Gobierno castiga a los que producen, desincentiva las inversiones y cierran las exportaciones. Por otro lado, realidad a la que no podemos estar ajenos, en un mundo que se vuelve hostil y pone en jaque la seguridad alimentaria desde el momento en que un importante exportador de alimentos es invadido, la respuesta del resto de los productores y exportadores de alimentos del mundo no puede ser el aislacionismo”, consideran en la CC. 

“Nos oponemos a estas medidas y apoyamos el reclamo de los industriales y productores, quienes tienen un rol central”, concluyeron. 

“Suspender la exportación de harinas y aceite de soja es insistir en recetas probadas en su fracaso”, expresaron este lunes los diputados de Córdoba Federal luego de las medidas anunciadas el fin de semana por el Gobierno nacional.

Para los legisladores del schiarettismo, esta medida “desalienta la producción y frena el ingreso de divisas”.

“En el escenario mundial, el complejo agroindustrial es reserva estratégica por el volumen y el rápido impacto que puede generar”, señalaron los diputados Natalia de la Sota, Ignacio José García Aresca y Carlos Mario Gutiérrez, para postear también un mensaje del gobernador cordobés, Juan Schiaretti: “En relación al cierre de las exportaciones de harina y aceite de soja rechazo esta medida porque perjudica la producción cordobesa y va en contra del ingreso de divisas que son necesarias para nuestro país”.

El diputado nacional Roberto Sánchez (UCR -Tucumán) analizó la visita a su provincia del embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Arguello, y lanzó duras críticas hacia el Estado por las exportaciones porque “tiene que ser promotor y no saqueador”, y “debe estar presente para equiparar las desigualdades y generar las condiciones del desarrollo para todos”.

“Es cierto que Tucumán puede duplicar su capacidad exportadora, pero el problema no está en los potenciales compradores. El inconveniente es nuestro. Hay que poner la mirada en las condiciones en las que se produce en la provincia y en el país que impiden crecer. Allí hay una responsabilidad excluyente de quienes gobiernan desde hace décadas. Hay que bajar la presión fiscal y eliminar barreras para producir sin incertidumbre. El Estado tiene que ser promotor y no saqueador”, cuestionó el legislador tucumano.

En tanto, señaló: “La provincia tiene una producción de excelencia, lo reconoce el mundo, pero de nada servirá el esfuerzo del sector privado si el Gobierno no tiene plan económico, ni de infraestructura. Costó mucho reabrir el mercado de los Estados Unidos para el limón por errores de política exterior. Y se sostiene una política que solo apunta a quedarse con los dólares que generan los que producen. Hay que romper con esa lógica”.

“Hay que sostener esa idea, el Estado debe estar presente para equiparar las desigualdades y generar las condiciones del desarrollo para todos. Es el único camino para generar empleo genuino y romper con un modelo que solo genera pobreza y fracasos”, expresó el diputado radical y cerró: “Estamos esperando que el Gobierno resuelva sus internas y nos informe que piensa hacer con la economía. El barco sigue sin rumbo”.

El diputado nacional y secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Marcelo Casaretto (FdT -Entre Ríos) afirmó que, según el Informe de Perspectivas Económicas realizado por el Fondo Monetario Internacional, “la Argentina ha sido el país que más ha crecido en el mundo en el 2021”, y agregó: “uno de los motores fundamentales ha sido la posibilidad y la dinámica de las exportaciones”.

En declaraciones a FM La Patriada, el legislador oficialista mencionó que “la Argentina creció el 10% de su producto bruto interno y que, mientras en el 2020 el país había exportado 54 mil millones de dólares, en el 2021 pasó a más de 77 mil millones”, y resaltó: “El nivel de exportaciones de la Argentina es el más alto desde 2012 para acá”. 

Con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el diputado explicó que la Argentina tiene una cantidad de dólares disponibles, superávit en el comercio exterior y también una demanda importante de dólares: “El Gobierno lo que tiene que hacer es orientar esos dólares hacia lo que genere mayores perspectivas de crecimiento para todos los argentinos”.

“Macri cuando, en el 2018, toma el endeudamiento por el FMI aplica una política fiscal y monetaria estricta y las consecuencias se vieron”, manifestó Casaretto y remarcó: “Nosotros no queremos seguir esa receta que ya aplicó Macri, esa es la que quiere la oposición”.

Finalmente, con respecto a la provincia y la posibilidad de declarar emergencia sanitaria por la sequía, Casaretto afirmó que “aunque Entre Ríos ha sido beneficiario del crecimiento de las exportaciones, también en cuanto a la producción primaria la provincia está sujeta a cuestiones del clima”, y explicó: “El gobernador (Gustavo) Bordet convocó y estuvo el ministro de Agricultura y Ganadería, Julián Domínguez. Hay una serie de medidas tendientes a apoyar a los productores en esta emergencia”.

La diputada nacional Gabriela Lena (UCR – Entre Ríos) recordó que el primer proyecto que presentó al iniciar su mandato fue una iniciativa para derogar la facultad que tiene el Poder Ejecutivo para gravar exportaciones y señaló que todavía espera su tratamiento.

“El 17 de diciembre del año 2019 presenté un proyecto de ley para derogar la facultad del Poder Ejecutivo para gravar y modificar derechos de exportación. Es lo que el Gobierno ha venido haciendo con la retención a las exportaciones en los últimos años”, precisó Lena.

Luego, indicó: “Es una facultad que data de 1981, sancionada durante un gobierno dictatorial y antes de la reforma Constitucional del 94 que ha provocado abusos e injusticias, en contra de los sectores productivos más dinámicos como el agropecuario”.

La legisladora entrerriana destacó: “Sólo el Poder Legislativo puede crear nuevos tributos y la delegación legislativa el Ejecutivo sólo puede ser temporal y en casos de emergencia pública. Por eso, nuestra pretensión es que vuelva a ser el Congreso Nacional el ámbito en el que se discuta y decida cualquier tipo de retención o gravamen”.

El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR – Formosa), se refirió a la implementación de cupos a la exportación de trigo y maíz y aseguró que “las medidas que lanzó el Gobierno, como aumentos en los derechos de exportación, solo benefician a los grandes exportadores en detrimento de los productores y consumidores”.

Cabe recordar que a través de la resolución 276 publicada en el Boletín Oficial, con la firma del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se determinó que la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios de la cartera agrícola “publicará los volúmenes de equilibrio para cumplimentar la demanda del mercado argentino correspondientes a los productos de origen agrícola comprendidos dentro del régimen creado por la Ley N° 21.453 (norma que creó las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior -DJVE-…). Dicho de otra forma, los volúmenes por los cuales no puede haber mayor exportación.

En declaraciones televisivas, el exministro de Agroindustria afirmó que las decisiones tomadas por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y por Domínguez: “Desalientan la inversión, quitan previsibilidad en el sector y fomentan la sojización del país”. “Son una “pésima medida”, remató.

Buryaile remarcó que “con la implementación de los cupos aparece la discrecionalidad. Y cuando hay arbitrariedad y discrecionalidad en la administración, se fomenta la corrupción”. Finalmente insistió en que “Argentina necesita dólares; y a productos como el trigo, el maíz y la carne, que generan aproximadamente 15 mil millones de dólares, les aplican este tipo de medidas. Es un disparate”.

Buscando potenciar el desarrollo de los emprendedores en todo el territorio nacional, la diputada correntina Sofía Brambilla (Pro) propone en un proyecto de ley eximir a emprendedores amparados por el régimen de la Ley 27.349 de la obligación de liquidar divisas provenientes de la exportación de bienes y servicios.

Según consideró la legisladora, será “una medida que no impactará negativamente en el mercado único de cambio por el poco volumen que representa en comparación con las demás actividades exportadoras que se desarrollan en nuestro país”.

“Trabajar junto a pequeños empresarios y emprendedores nos abre el abanico de repensar medidas que ayuden a más personas a crear actividades económicas y poder mantenerlas en el tiempo, ayudando a mejorar la situación de los emprendedores, a crear más y mejores puestos de trabajo, y a aumentar el nivel de exportaciones de nuestro país”, explicó la macrista.

En su iniciativa, mencionó que en Argentina, según las estadísticas, 7 de cada 10 microemprendimientos llegan a su fin antes de cumplir los 8 años. “Esto se debe en gran parte a las dificultades que tienen los emprendedores para establecerse y hacer crecer su negocio. En general esto sucede por los altos costos y la dificultad de obtener ganancias para amortizarlos”, señaló.

En ese sentido, Brambilla consideró que “desde el Estado tenemos que favorecer y trabajar permanentemente en generar mayores medios para que nuestros emprendedores puedan exportar, pero como están dadas las cosas se torna difícil entre tantas variantes de las monedas extranjeras y las diferencias de cambio entre lo oficial y el de mercado”, añadió.

La diputada nacional del Pro por Entre Ríos Alicia Fregonese se refirió a los cupos para exportar carne que otorgó el Gobierno nacional y afirmó “el cierre a las exportaciones de carnes es muy dañino, pero su reglamentación es peor aún. El cálculo de cupos fue armado para autorizar la operación de 55 empresas donde antes operaban más de 100, y la mitad del negocio se lo llevan diez de estas compañías”.

“Este gobierno parece orientado a destruir PyMEs y a las que aún siguen en pie a pesar de la pandemia, les inventa cepos y cupos para que no puedan operar. Nos obligan a pensar que es un gobierno de relato para la tribuna y negocios para los amigos”, agregó.

Para finalizar, Fregonese manifestó que “el cupo de exportación, que graciosamente reparten los funcionarios, lo arman para las empresas grandes con los volúmenes que exportaron las empresas chicas. No hay Plan Ganadero posible que emparche el daño que este gobierno le está haciendo al comercio de carnes”.

El senador nacional Julio Cobos (UCR-Mendoza) cuestionó el actual sistema impositivo para las economías regionales al considerar que maneja costos que hacen la exportación “inviable”. Además, criticó el alcance de la última reforma de la ley IVA.

Cobos explicó que “las economías regionales necesitan un sistema impositivo que aliente las exportaciones, que reduzca los costos fiscales y financieros del comercio internacional. El Estado debe ser un promotor que ayude a los productores de las economías regionales a vender su producción al mundo y no a un costo que lo haga inviable”.

“Entendemos que el Estado debe alentar la exportación de bienes que implican la industrialización de la producción agrícola no pampeana, e incluir su ciclo productivo en la alícuota reducida del IVA, como lo hace con el complejo agroindustrial de la soja. La última reforma de la ley de IVA, la ley Nro. 27.467, amplía la alícuota reducida del IVA a residuos sólidos y subproductos de la industrialización de la soja, pero no tiene el mismo criterio para los procedentes de la industrialización de las frutas y verduras”, sostuvo el exvicepresidente.

Además, expuso el descuido de las exportaciones de materia prima tratada por complejos  comparación con las exportaciones de soja. “Es necesario tratar la producción de mosto o jugos de uva de la misma manera que la producción agroindustrial de la soja”, argumentó. 

“No es lo mismo exportar uvas frescas que exportar pasas de uvas, mosto, vinagres o vino a granel. Esto implica exportar trabajo de complejos agroindustriales, que también dan salida a los excesos de stock de frutas en las buenas cosechas, sin deprimir precios o saturar el mercado interno. Es trabajar en forma inteligente para desarrollarnos, para crecer, para dar trabajo en las provincias productoras, a todo el universo de posibilidades que abre la producción local”, explicó el senador mendocino.

El legislador de la Cámara alta resaltó la importancia de llevar a cabo una reforma de la ley de IVA para motorizar la industrialización. “Es algo que necesitan las provincias andinas para desarrollar más industrias, crear empleos y empresas, generar productos y no ventas a granel de productos agrícolas”, admitió.

Por último, Cobos manifestó: “Un primer paso para disminuir la regresividad del IVA es establecer alícuotas diferenciadas, que aún con sus defectos es mejor que lo que establece la ley, donde las exenciones derivan más en intereses sectoriales que en necesidades sociales. El otro objetivo de esta ley es la promoción de las exportaciones agrícolas de las economías regionales, algo tan necesario en muchas actividades. Argentina necesita un sistema tributario que exporte trabajo y no impuestos, y esta ley es un avance más en ese sentido”.

 La diputada nacional Alicia Fregonese (Pro-Entre Ríos) respondió a las nuevas advertencias de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, sobre un posible incremento de las retenciones. “El Gobierno nacional vuelve a amenazar al campo porque no puede solucionar el problema de la inflación”, consideró.

“El Gobierno culpa al campo de las cuestiones que no puede resolver. Se repite en sus amenazas contra el sector porque no encuentra soluciones reales a los problemas de la inflación. Lo peor es que cada vez que amenazan se frenan aún más las inversiones”, indicó la legisladora entrerriana. 

La diputada opositora agregó que “los gobiernos de los países exportadores de alimentos ven como una bendición la suba de precios internacionales, pero en nuestro país la secretaria de Comercio Interior se queja. Evidentemente, no entiende y se equivoca. La inflación no se baja ni con retenciones, ni con cupos, ni con declaraciones juradas. El problema es el excesivo gasto público, la emisión descontrolada, la inflación y la presión impositiva”.

“Somos uno de los países con mayor inflación del mundo. Tenemos subas de productos textiles y de electrónica superiores a las de los alimentos que no se exportan. ¿Por qué Paula Español no mira hacia otro lado y sólo ve al campo como el problema?”, cuestionó Fregonese.

Por último, la diputada del Pro manifestó que “a todos nos preocupa que una familia con $60.784 de ingresos sea pobre” y volvió a reclamar a Paula Español que “revise los impuestos a los alimentos, que comiencen devolviendo el IVA a la compra de alimentos de beneficiarios de la Tarjeta Alimentar, la Asignación Universal por Hijo y a los jubilados de la mínima”.

El diputado nacional Atilio Benedetti (UCR-Entre Ríos) cuestionó la decisión del Gobierno nacional de endurecer los controles a las exportaciones de carne, granos y lácteos. Recordó que “es una receta que en el pasado no funcionó y generó un gran daño al país” e instó al presidente Alberto Fernández a “dar marcha atrás con este disparate” que “pone palos en la rueda, genera incertidumbre y desalienta las inversiones”.

“Es lamentable la falta de visión estratégica que tiene el Gobierno nacional”, aseveró Benedetti, que agregó que “es preocupante que la gestión de Alberto Fernández decida tomar medidas que en el pasado ya fracasaron, provocando el cierre de más de cien frigoríficos, la pérdida de 15 mil empleos, la reducción del stock vacuno, un notable freno a la inversión y a la producción y el alejamiento de la Argentina de los principales mercados del mundo”.

El legislador entrerriano alertó que “se van a volver a cometer errores que le han costado mucho al país y que produjeron un inmenso daño en el sector productivo”, al tiempo que instó al Gobierno nacional a “dar marcha atrás con este disparate”.

“Este no es el camino para frenar la suba de precios en el mercado interno. Son múltiples los factores que generan la suba de precios (excesivo gasto público, emisión desmedida, etc), pero el Gobierno nacional prefiere echar culpas al sector productivo y hace primar el cortoplacismo por sobre las soluciones de fondo”, manifestó el diputado opositor.

Por último, el radical se refirió a “las contradicciones” del presidente Fernández: “Se ha referido al campo como un socio estratégico para el crecimiento del país y la generación de divisas, pero pone palos en la rueda, genera incertidumbre y desalienta las inversiones”.

Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Poder Ejecutivo creó un Régimen de Fomento de Inversión para las Exportaciones, que será de aplicación en todo el territorio nacional.

La medida, que fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial, tiene como objetivo “incrementar las exportaciones de las mercaderías comprendidas en las actividades a las que alude el presente decreto; promover el desarrollo económico sustentable contemplando la equidad social; favorecer la creación de empleo”.

También, “desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos; propender al crecimiento económico y socialmente equitativo; y obtener la sostenibilidad ambiental del país, de las provincias y de las distintas regiones”.

De acuerdo a la normativa, el régimen abarcará “las inversiones destinadas a la puesta en marcha de nuevos proyectos productivos en actividades foresto-industriales, mineras, hidrocarburíferas, de industrias manufactureras y agroindustriales, así como a la ampliación de unidades de negocio ya existentes, que requieran inversión con el fin de aumentar su producción”.

El DNU 234/2021 señala que podrán solicitar su inclusión al régimen “las personas humanas o jurídicas, domiciliadas tanto en el país como en el extranjero, que presenten ante la Autoridad de Aplicación un ‘Proyecto de Inversión para la Exportación’ en los sectores de actividad incluidos en el presente, que implique la realización de una inversión directa en moneda extranjera no inferior a un monto de U$S 100.000.000, calculada al momento de la presentación del proyecto”.

“Deberá tratarse necesariamente de una inversión nueva o destinarse a la ampliación de una unidad de negocio ya existente”, aclara y agrega que “en ningún caso se considerará como Inversión para la Exportación a las inversiones financieras y/o de portafolio, así como a la mera fusión o adquisición de empresas o de cuotas y/o acciones o participaciones societarias”.

El decreto indica que los beneficiarios “gozarán de un monto de libre aplicación de hasta el 20% de las divisas obtenidas en las exportaciones vinculadas al proyecto, para poder ser destinadas al pago de capital e intereses de pasivos comerciales o financieros con el exterior y/o utilidades y dividendos que correspondan a balances cerrados y auditados y/o a la repatriación de inversiones directas de no residentes”.

“Este beneficio no podrá superar un máximo anual equivalente al 25% del monto bruto de divisas ingresadas por el beneficiario o la beneficiaria en el Mercado Libre de Cambios (MLC), para financiar el desarrollo del proyecto y podrá aplicarse una vez transcurrido un año aniversario desde que se haya hecho efectivo el ingreso de divisas en el MLC. Para estimar el monto bruto de divisas ingresadas por el beneficiario o la beneficiaria en el MLC para financiar el proyecto, no se tendrán en cuenta los flujos de divisas provenientes de las exportaciones”, establece.

En tanto, el plazo para acogerse a los beneficios será de tres años, contados a partir de la entrada en vigor del decreto.

En los considerandos, el Poder Ejecutivo sostuvo que “desde hace décadas, los períodos de crecimiento de la economía argentina han enfrentado una limitación estructural en la falta de divisas, lo que ha llevado a ciclos sucesivos de recuperación y recesión, agravados por políticas de endeudamiento público que buscaron suplir la escasez de divisas mediante mecanismos financieros con efectos dañinos de mediano plazo”.

“Durante los últimos tres años, la crisis económica y social generada por el endeudamiento en moneda extranjera de la economía nacional, en condiciones tales que no se canalizaron a incrementar la capacidad productiva en bienes y servicios, obligó a mantener un marco normativo restrictivo en lo que respecta al acceso al mercado de cambios”, expresó el Gobierno.

Por ello, consideró que “en este contexto, y en función de retomar un camino de recuperación económica y establecer las bases para un crecimiento sostenible, resulta necesario aumentar las capacidades exportadoras, promoviendo para ello el desarrollo e incremento de la productividad de los diversos sectores económicos y de las provincias y regiones mediante un proceso sostenido de inversión”.

El expresidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó pidió un llamado al diálogo para resolver el conflicto con el campo, luego de que parte de la Mesa de Enlace anunciara un paro para la semana próxima en rechazo al cierre de las exportaciones de maíz.

“Con los mismos prejuicios y desconocimiento del interior productivo, volvimos a la tensión”, lamentó Monzó a través de Twitter, y agregó: “Falta previsibilidad en la cadena agroindustrial para generar empleo y divisas, y diálogo para cuidar la mesa de los argentinos”.

“Busquemos desafíos conjuntos ahora y hacia delante”, convocó finalmente el dirigente bonaerense.

Diputados de Juntos por el Cambio encabezados por la entrerriana Alicia Fregonese (Pro) presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el cierre de las exportaciones de maíz, luego de que un sector de la Mesa de Enlace anunciara un paro por 72 horas a partir del próximo lunes.

“No se entiende por qué, cuando gracias a la gestión de Mauricio Macri, se llegó a superar año tras año la producción de maíz, hoy repiten fórmulas que ya fracasaron”, advirtió Fregonese.

La legisladora consideró que “el problema no es el precio del maíz” sino “la inflación, la brecha cambiaria y la desconfianza en el peso generada por este tipo de medidas”.

“Ahora regresamos no solo a una historia de revanchas, sino además una terrible noticia para todos los argentinos. Esto quiere decir menos inversión, menos generación de empleo, aumento de los precios de los alimentos y menos dólares para el país”, lamentó.

En el proyecto, la diputada requiere informes al Ministerio de Agricultura y Ganadería por la suspensión temporaria de la registración de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior de Maíz con fecha de embarque anterior al 1ro de marzo de 2021.

En particular, Fregonese pregunta “por qué se considera en riesgo el abastecimiento de maíz para los siguientes 60 días siendo que el propio  Ministerio de Agricultura estima que hay un remanente sobre un ‘total teórico exportable’ de 4,27 millones de toneladas”.

También consulta “si se ha considerado que el remanente en el mercado, entre pendiente de comercialización y comercializado, sin fijar precio, se estima en el orden de las 8,25 millones de toneladas”.

Por último, “por qué se considera que una medida que reducirá la demanda de maíz podrá, de alguna manera, incrementar su oferta”.

Carta al presidente

Por su parte, la diputada Virginia Cornejo, también de Juntos por el Cambio, le escribió una carta abierta al presidente Alberto Fernández para expresar repudio por la medida.

“Es triste que tomen medidas contra el pueblo argentino, contra aquellos sectores que dan trabajo y que tratan de que nuestra querida Patria pueda crecer. Es triste la persecución que efectúan aquellos funcionarios elegidos por usted contra productores que buscan el bien del país, que generan fuentes de trabajo, que generan lazos económicos con empresarios y gobiernos de otros países”, lamentó Cornejo.

El objetivo de su escrito es “impetrarlo a que haga un llamado a la reflexión y ordene a sus ministros que terminen con esta persecución autoritaria sistemática y permanente contra el sector del agro”, y “que habilite nuevamente la posibilidad de las exportaciones del maíz”.

“Este es otro golpe bajo a los que producen y generan trabajo. Con el cierre de las exportaciones caerá la inversión, aumentará la desconfianza de los productores y se desplomará la producción. Como sociedad, nos sumiremos en una grieta aún más profunda”, sostuvo Cornejo.

Los líderes de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados cuestionaron este martes la reciente decisión del Gobierno de suspender el registro de licencias para la exportación de maíz, y consideraron que esa medida significa “insistir en caminos que crean cada día más pobreza”.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca suspendió temporalmente la registración de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior de maíz con fecha de embarque anterior al 1 de marzo próximo, con el objetivo de asegurar el abastecimiento interno del cereal hasta que ingrese la cosecha de la nueva campaña.

En respuesta, la Mesa de Enlace resolvió ir hacia medidas de fuerza y por estas horas define la modalidad.

Para Juntos por el Cambio, “el cierre del registro de exportaciones de maíz es un golpe debajo de la línea de flotación de una actividad generadora de divisas”.

Los diputados Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) emitieron un comunicado donde advirtieron que la decisión “va a producir el efecto contrario al buscado”.

“Desde 2016, cuando se implementaron políticas para promover la siembra de maíz, el área de siembra aumentó un 56 % (de 6 millones de hectáreas a 9,4 millones). La producción se incrementó un 70 %, la transformación de maíz en proteína animal el 52 %, la industrialización subió 55 %, y se duplicaron las exportaciones. Se generó un círculo virtuoso, y sin descuidar el mercado interno”, destacaron.

Los legisladores señalaron que “si el Gobierno nacional no hubiera decidido cerrarse al mundo, en esta campaña podríamos exportar 10.000 millones de dólares de maíz, generando divisas y empleo en más de 20 provincias argentinas”.

“Cerrar las exportaciones va a producir el efecto contrario al buscado. Caerá la inversión, aumentará la desconfianza de los productores y se desplomará la producción. Los únicos favorecidos por esta medida serán los otros países que producen maíz y que compiten con nosotros. Ellos ya están celebrando y esperan ocupar el espacio vacío que la Argentina dejará en el mercado internacional”, analizaron.

Por último, indicaron que “la cadena de maíz en Argentina es una compleja máquina de crear riqueza, empleo y divisas. Cerrar la exportación de maíz es simplemente romper ese mecanismo e insistir en caminos que crean cada día más pobreza”.

El secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, afirmó que Argentina podría llegar a exportar por más de 10.000 millones de dólares al año y sostuvo que “la minería es un factor crucial para el desarrollo, el crecimiento, las exportaciones y la generación de divisas que el país necesita”.

Hensel expuso ante la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, que preside Lucía Corpacci (Frente de Todos), donde puntualizó que actualmente hay “34 proyectos en estado de exploración avanzada”, de litio, cobre, oro y plata.

“Si logramos poner en marcha el 40% de esos proyectos, Argentina en los próximos diez años podría perfectamente incrementar sus exportaciones superando los 10.000 millones de dólares al año”, aseguró el funcionario.

En su presentación, explicó que “la minería en Chile representa el 10% del PBI; en Perú, el 12%; en Australia, el 7%; y en Argentina, solamente el 0,6%”. Además, informó que “Brasil exporta por 145.000 millones de dólares (al año); Chile, por 34.000 millones; Perú, por 25.000 millones; y Argentina, por 3.200 millones”.

“Alguno podrá pensar que esto tiene que ver con el potencial geológico de nuestro país, pero esa no es la respuesta, sino todo lo contrario: Argentina se encuentra entre los países con mayores recursos geológicos mineros”, destacó, al referirse al litio, el cobre, el oro y la plata.

Hensel insistió en que “gracias a los niveles de inversión en exploración, Argentina tiene un enorme potencial geológico minero”.

“El Gobierno ha manifestado que en este momento tan difícil, la minería es un factor crucial para el desarrollo, el crecimiento, las exportaciones y la generación de divisas que el país necesita”, enfatizó.

El secretario dijo que el Gobierno apunta a una “visión integral” de la actividad, que sea “sustentable en lo ambiental, socialmente inclusiva, económicamente integrada, y que sea competitiva a nivel global”.

En ese contexto, relató, se convocó a una “mesa facilitadora” con la participación de todos los sectores, y el objetivo planteado fue que “en marzo Argentina cuente con un plan estratégico para el desarrollo minero, teniendo en cuenta que es una asignatura pendiente”.

Además, el Gobierno lanzó “un programa de asistencia técnica y financiera a las pymes mineras”, para “atender las demandas de este sector”, y se está trabajando en un “programa de reactivación de inversiones económicas”.

“Si no impulsamos hoy la actividad minera, lo que probablemente va a suceder es que Argentina pierda más de un tercio de sus exportaciones mineras, y esto significa pérdida de empleo”, advirtió Hensel ante los diputados.

También resaltó que “en varias de nuestras provincias, la minería se ha convertido en la principal industria exportadora”, y puso como ejemplo que en San Juan representa prácticamente el 80% de sus exportaciones; en Santa Cruz, casi el 88%; en Jujuy, el 68%; y en Catamarca -antes del cierre de Bajo de la Alumbrera-, el 90%.

“El mundo hoy demanda gran parte de los recursos que Argentina tiene”, sintetizó el secretario ante la Comisión de Minería.