La Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre los hechos relacionado con la utilización en el sistema de salud del fentanilo contaminado, presidida por la diputada Mónica Fein, se reunió nuevamente este martes para recibir a una nueva tanda de expositores.

En el encuentro, que se realizó en el Anexo “A”, expusieron representantes de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) y de la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital (AAFH) quienes coincidieron en manifestar su total compromiso con la salud de los pacientes y que, para ello, tanto las plantas y los procesos están sometidos a intensos controles.

En otro aspecto, expresaron pesar y solidaridad con los familiares de las personas fallecidas, además de estar a plena disposición para colaborar en el esclarecimiento de los hechos investigados y el reclamo de justicia. También, consideraron que los sucesos están relacionados al incumplimiento de las buenas prácticas de fabricación y control. Por último, reafirmaron la importancia del cumplimiento normativo, donde el rol tanto de la autoridad sanitaria como de la industria son centrales.

Al inicio del encuentro, Fein estimó finalizar con las reuniones informativas la próxima semana con la presencia de los referentes de ANMAT, del Malbrán y de control de calidad del Ministerio de Salud. “La semana que viene deberíamos, de alguna manera, terminar con los expertos invitados”, planteó. Además, comentó que el próximo 3 de noviembre harán una reunión en Rosario cerca del mediodía en el Concejo Municipal, ya que “Santa Fe es una de las provincias que más familias afectadas tuvo”.

Representantes de la Cámara Industrial de Laboratorios

Abrió la ronda de expositores el Gerente de Asuntos Jurídicos de CILFA, Mariano Genovesi, quien expresó su pesar y solidaridad con las familias y su compromiso para el reclamo de justicia. Así, aclaró que ninguno de los laboratorios que están siendo investigados forman parte de la cámara y tampoco tienen relación.

Luego, expuso Ignacio Spotti, gerente de Asuntos Regulatorios de Laboratorios Adium, quien contó: “Soy farmacéutico hace más de 15 años tanto nacional como internacional. Como farmacéuticos profesionales de la salud y responsables técnicos, queremos manifestar que el principal compromiso es con la salud de los pacientes y para ello las plantas y procesos están sometidos a extensos y estrictos controles”.

“Las plantas están auditadas y aprobadas por autoridades regulatorias extranjeras. Toda nuestra actividad está regida por normas claras y específicas aplicables a todo el ciclo de vida del medicamento desde el desarrollo hasta el uso del paciente, pasando por la selección de insumos y proveedores, proceso productivo, control y garantías de calidad, almacenamiento y distribución, y el fármaco vigilancia”, explicó.

Spotti sumó: “La industria nacional cuenta con una infraestructura, procesos y procedimientos robustos con profesionales capacitados y herramientas de control que aseguran las buenas prácticas de manufactura y control. Los estrictos cumplimientos de estos principios garantizan que los medicamentos que llegan a la población cumplan con los más altos estándares de calidad, seguridad y eficacia”.

A su turno, Rosana Hilal, directora de Asuntos Regulatorios y codirectora técnica de Laboratorio Gador consideró que “los hechos investigados por la comisión están relacionados a incumplimientos de las buenas prácticas de fabricación y control”.

Hilal planteó que “es un error conceptual considerar a la bio equivalencia como parte del problema. La tragedia de fentanilo no tiene nada que ver con la bio equivalencia”, y explicó que se trata de un requerimiento cuyo propósito es demostrar equivalencia determinada forma farmacéutica y determinados principios activos y precisó que está “normatizado y tiene determinado alcance”.

“Está particularmente excluido una forma farmacéutica líquida inyectable como a que estamos tratando del fentanilo. La bio equivalencia no tiene nada que ver acá”, aclaró y sumó: “Todo indicaría que la causa fue el incumplimiento de las buenas prácticas de fabricación y control”, ratificó.

Jorgelina D’ Angelo, gerente de Asuntos Regulatorios y directora técnica de Laboratorios Roemmers reafirmó la “importancia del cumplimiento normativo donde el rol de la autoridad sanitaria y de la industria resultan centrales. Es hora de fortalecer ANMAT hay que garantizarle recursos, autonomía y respaldo institucional”.

“Estos hechos investigados por esta comisión estarían plenamente relacionados con el incumplimiento de buenas prácticas de manufactura y control que están establecidos en las normativas”, cerró.

La palabra desde la Asociación de Farmacéuticos y médicos

Luego, hablaron Giannina Cinqui y Matías Quiroga, presidenta y vicepresidente de la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital (AAFH). Cinqui sostuvo que “es importante que la autoridad sanitaria nos proteja, nos cuide a los profesionales de la salud, que nos controle, pero que también pueda cuidar a los pacientes y a la población”.

En otro aspecto, la titular de Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital lamentó: “Muy triste lo que ocurrió, sobre todo porque se podría haber evitado y que les costó la vida a muchas personas”. “Hay falta de inversión y políticas que entiendan que la salud es un derecho y que el medicamento es un bien social”, recalcó.

Desde el mismo organismo, su vicepresidente afirmó que “la disposición de farmacéuticos a nivel nacional es escasa”. En esa línea, explicó que “la realidad es que no hay tantos profesionales como la demanda que tenemos, y no hay capacidad con los farmacéuticos que contamos de ocupar todos los puestos sanitarios que se requieren, que es un problema que viene arraigado desde la facultad, que no se ha podido incentivar a los estudiantes para estudiar la carrera de Farmacia, siendo una de las que tiene menor desocupación en el país”.

El doctor Carlos Damin, especialista en toxicología y en salud pública, quien es jefe de la División Toxicología y director del Hospital Fernández, especificó que “el fentanilo es una sustancia muy noble que usamos todos los días hace más de cuarenta años en el país, en los pacientes que ingresan al quirófano, a las terapias intensivas, a las terapias neonatales y en cada una de las cirugías veterinarias”.

Sobre el caso puntual, aseguró que “lo que se rompió con este hecho es la confianza que depositamos cada uno de nosotros en las partes del uso de un medicamento”. “Lo que vino a hacer esta situación es producir un daño inconmensurable, porque lo que provoca es el daño en la gente que ahora pregunta ´ ¿me van a dar fentanilo? ´. Entonces, ¿cómo le explicas a la gente que el problema no fue el fentanilo, que fue la ampolla que produjo un laboratorio y que, en realidad, lo que producían las muertes eran las dos bacterias que estaban acompañadas adentro?", relató el médico Damin.

Antes de concluir su alocución, Damin dejó una reflexión sobre lo ocurrido con el fentanilo adulterado: “Es dramático, no solo por el número de personas que fallecieron, sino por la pérdida de confianza, esta ruptura de confiabilidad, que es una de las cosas que nos ha hecho fuertes siempre, que es nuestra salud pública”.

Asimismo, Mirtha Jaime, representando a la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), ratificó que “esto ha sido una gran tragedia”. Luego, al remarcar que “señalamos desde el inicio la crisis que se venía por las políticas de ajuste”, criticó que “hubo un mutismo absoluto de parte del ministro Lugones durante cuatro meses”.

Con el fin de no darle un tratamiento exprés a los proyectos referidos a la protección de humedales, la Comisión de Agricultura y Ganadería, a cargo del radical Ricardo Buryaile, llevó a cabo una reunión este martes que se extendió por cuatro horas -que convocó por su cuenta- con más de una veintena de expositores que coincidieron en que “la ley de humedales no va a prevenir, ni va a apagar incendios”. El jueves se reanudará el plenario con la intención de la mayoría de dejar listo el proyecto para llegar al recinto.

Al inicio del encuentro, que tuvo lugar en la Sala 1 de la Cámara baja, Buryaile agradeció a los invitados y explicó que el objetivo de la misma es “llevar a los integrantes de la comisión conocimientos, fundamentos y aspectos relacionados con el tratamiento de la ley de humedales”.

El formoseño también informó que “la ley de humedales, en sentido contrario a lo que se dice, nunca llegó a Agricultura, nunca”, y recordó que en el 2020 tuvo dictamen en la Comisión de Recursos Naturales. “Como vocal de la Comisión de Agricultura, presidida por el FdT, nunca fui convocado a tratar esta ley”, y aclaró que “no existe maniobra dilatoria por parte de este presidente ni de la Comisión de Agricultura en tratar ningún proyecto de ley”.

“Es nuestra obligación trabajar los proyectos que nos son girados”, resaltó Buryaile y volvió a aclarar: “Lo primero que quiero desestimar es que nosotros desde la Comisión estemos trabando este proyecto, no lo estamos trabando. Cuando la presidía el FdT no la trataron y no es potestad de las vocalías tratar este proyecto”, y acusó al oficialismo: “Tenían mayoría en Diputados y en el Senado, no lo aprobaron”.

Por el contrario, celebró que “hoy lo podamos tratar” porque “el único objetivo que habíamos planteado, que no tuve el acompañamiento de los otros presidentes de Comisión de la de Recursos Naturales ni de Presupuesto del bloque del FdT, era que quería que esta reunión informativa ampliada por quienes son parte de las organizaciones ambientales puedan exponer en el plenario para poder informarnos acabadamente y que no vayamos al recinto a votar porque nos dicen que tenemos que votar”, y subrayó: “Hay que dar el debate, hay mucho en juego. Hay una responsabilidad que tenemos todos en esto”.

A su vez, el titular de la Comisión lamentó no poder contar con la visión de sectores ambientalistas. “El proyecto puede estar consensuado con algunos sectores, con algunas fuerzas políticas, pero nunca fue consensuado con todo el Congreso. Quiero romper estos dos mitos: que nosotros estemos trabando y que esta ley hace 10 años que está, pero todos conocen que las leyes pierden estado parlamentario y que cada diputado se aboca al tratamiento de las comisiones que se abocan”, remató Buryaile y cerró: “Si no hemos tenido un mayor tratamiento en profundidad no es por nuestra voluntad. Todos estamos convencidos que necesitamos avanzar en un marco regulatorio de triple impacto que contemple lo social, lo ambiental y la salud”.

En el uso de la palabra, la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) realizó unas observaciones “al derrotero del trámite” y recordó que fue el diputado de su interbloque, Enrique Estévez, quien hizo la moción de emplazamiento a las comisiones para debatir el proyecto y “por eso debo un par de explicaciones”.

“No es algo nuevo el tema de humedales. Es un tema que venimos arrastrando hace bastante tiempo. En el 2013 el Senado, que representa a las provincias, le dio la media sanción y lo mismo ocurrió en el 2016 y en 2020 la Comisión de Recursos trabajó durante toda la pandemia con todos los sectores a los efectos de lograr algún acercamiento a un proyecto de ley común”, recordó Camaño y remarcó que “no se está tratando un proyecto, sino entre 7 y 10 proyectos. No estamos cerrando con un dictamen que está pre escrito y que tiene algún tipo de acuerdo. El único acuerdo valedero es que el podamos hacer los representantes del pueblo porque todos queremos que haya producción y futuro ambiental”.

La palabra de los expositores

Abrió la ronda de invitados Pablo Mercuri (ingeniero en Producción agropecuaria -INTA-), quien bregó por una ley “más equilibrada y más amigable con el sector productivo” y resaltó que “todos los humedales de la Argentina tienen sistemas productivos”.  “Hemos visto que muchos de los proyectos hacen foco en los servicios ecosistémicos de regulación y muy poco en los de abastecimiento y culturales que están muy relacionados a las culturas de las personas que habitan y dependen de los humedales”, cuestionó.

Entre los aspectos socio económicos, Mercuri recalcó que “Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires concentran más del 52% de la superficie total de humedales y el 35% del stock bovino del país. Las provincias de Mendoza, Neuquén y Río Negro concentran el 100% de la producción de frutas de pepita (38.451 hectáreas) (valles de los ríos Tunuyán, Atuel, Negro y Colorado). Estas 3 provincias concentran en sus departamentos del oeste el 6% de la superficie total de humedales; el 65% del stock ovino patagónico. En Jujuy se concentra el 90% de la producción de camélidos”.

Al cierre de su alocución, el productor agropecuario resaltó que “este proyecto de humedales, que tiene que ser consensuado, tiene que tener un mejor balance entre la producción y la conservación, hay posibilidad de hacer eso y que permitan cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable”, y cuestionó que “los proyectos no contemplan los aspectos socioeconómicos. Es necesario que genere incentivos y no limitaciones severas”.

A su turno, la licenciada en ciencias biológicas Fabiana Navarro (INTA) observó dos aspectos puntuales de las iniciativas: el inventario nacional de humedales y al ordenamiento territorial atado al anterior. “Todo Estado que se aprecie de tal, debe contar con un inventario de todos sus recursos naturales, no solo de los humedales”, indicó.

“Los humedales no son ‘otro’, son recursos naturales como son los pastizales, los bosques, los glaciares, y creemos que en el marco general de la Ley de Ambiente está incluido esto”, señaló Navarro y consideró que, respecto al ordenamiento territorial, los tiempos que se proponen “no son reales. No hay una factibilidad de hacer el inventario nacional que se propone en la mayoría de los proyectos”.

Y aclaró que “esto no es problema de Argentina, sino a nivel mundial porque el término ‘humedal’ recién se acuñó en 1971. El conocimiento que hay de los humedales no es tanto, no hay estudios de la gran diversidad de sistemas productivos que viene atado a la gran cantidad de humedales, y a su vez hay sub humedales que son todos distintas, que tienen funcionalidades distintas”, y calificó a los humedales como “sistemas muy complejos”. “Pretender hacer un abordaje sencillo de algo tan complejo, es un error”, cerró.

En su intervención, el ministro de Producción de Corrientes, Claudio Anselmo, precisó: “Para nuestra provincia es importante y vital porque tenemos nuestro territorio vinculado a este tipo de paisajes y ecosistemas. La ganadería se desarrolla en relación con ello, mismo otras actividades productivas y tiene una relación fundamental con el desarrollo de la actividad del turismo de naturaleza”, y expresó preocupación sobre “algunos proyectos que avanzan sobre la autonomía de las provincias y avanzan sobre la competencia que tienen las provincias en la gestión de sus recursos naturales y en particular los humedales”.

Juan José Neiff (investigador del CONICET - magister en ecología acuática) señaló que “al necesitar una ley, nosotros estamos asumiendo que los humedales en el país están en peligro. Quizás porque se viene trasladando de los países del hemisferio norte a la Argentina y la situación no es la misma”, y observó que “se produjo una antinomia entre producción y conservación”.

“Hay lugares donde los humedales en Argentina están en peligro”, reconoció Neiff y ejemplificó: “En el Delta donde se han generado la mayor parte de los proyectos de ley donde ha habido un proceso de fragmentación muy avanzado y donde hubo un proceso de modificación hídrica, pasterización, canalización, elaboración de puertos”.

En ese sentido, sostuvo que “la necesidad de la Argentina es muy diferente” porque “una cosa son los lugares donde es necesaria una ley, a mi manera de ver deberían generarse leyes a nivel provincial, y otra cosa es extender una ley a toda la nación siendo que los humedales son un objeto polifacético, diferente de lo que son los bosques, los lagos, que es un sujeto elástico porque tiene una variabilidad muy grande. Es muy difícil de manejar desde el punto de vista de la delimitación y de formas de manejos que se pretende normalizar para todo el país”.

“Hay lugares donde los humedales en Argentina están en peligro”, advirtió Neiff.

“No se puede aplicar una sola normativa, válida para todos estos humedales porque o es demasiado general, y no sirve para nada, o bien es demasiado particular y atiende a alguno de los tipos de humedales”, planteó y alertó que “esta condición de diversidad de tipos de humedales hace que vayan a surgir más conflictos que ventajas en el manejo de los humedales”.

En su discurso, el ingeniero agrónomo Jorge Adámoli manifestó que “los incendios tienen conexión con los humedales, pero son cosas completamente diferentes”, porque cuando se habla de incendios se “habla de una emergencia que tenemos que resolver en un corto plazo”. Por el contrario, “cuando hablamos de ordenamiento territorial de los humedales, hablamos de programas de mediano y largo plazo. Una ley no va a resolver la emergencia”.

A su vez, cuestionó que “hay una gran precarización porque se sale a último momento a ver dónde hay un avión hidrante para combatir los incendios”, y recordó que “las mismas áreas que hoy se queman, años atrás se han inundado muy fuertemente. Eso no es raro, sino que los ambientes de humedales están expuestos a fluctuaciones”.

Una ley no va a resolver la emergencia”, expresó Adámoli.

“Me preocupa que se utiliza la palabra urgencia para trata el tema. Urgencia tenemos para salir a apagar los incendios”, criticó y expresó preocupación porque “se sale a buscar culpables como los productores, la justicia, los intereses inmobiliarios, o Cabandié que no toma medidas a tiempo”.

Adámoli concluyó: “Hace falta cumplir la ley, antes que cambiarla. Tenemos que elaborar planes de contingencia. La Argentina ya cuenta con dos leyes de Presupuestos Mínimos (una es la de quema, que no se cumple, y la 26815, de manejo del fuego). La ley de humedales no va a prevenir, ni va a apagar incendios”.

A su turno, el presidente del departamento de medio ambiente y desarrollo sustentable de la UIA, Claudio Terrés, expresó: “El sector productivo comparte la necesidad de protección y conservación de humedales”.

“Es importante que las nuevas leyes sean superadoras de las que hoy están vigentes, eso quiere decir que no generen cargas burocráticas ni excesos normativos que impidan la convergencia de la protección efectiva de los humedales y el desarrollo económico, social, federal, tecnológico de la Argentina”, sumó.

Claudia Peirano del Consejo Agroindustrial Argentino subrayó: “Creemos que es necesario asegurar la gestión sostenible de los humedales de nuestro país. Ecosistema en el que se desarrollan actividades culturales y económicas de la que dependen miles de personas”, y lamentó que los “pongan como parte del problema cuando somos quienes estamos en territorio y somos parte de la solución”.

“La ley de humedales no va prevenir ni va a apagar incendios, para proteger los ecosistemas se requiere que se cumplan las leyes y se refuercen las políticas de prevención, detección temprana, presupresión y ataque rápido de los incendios”, enumeró Peirano y opinó que “se requiere coordinación entre las jurisdicciones, se asignen los recursos necesarios”.

Por la Asociación Forestal Argentina se expresó Carlos Urionaguena criticó: “No veo que se haya medido el impacto económico que tiene esta ley”, y señaló que “detrás de esto hay una economía regional, con hombres y mujeres viviendo en un territorio con permanentes desafíos. Una industria pujante con posibilidades de crecimiento que da trabajo y produce bienes y servicios que nuestra sociedad requiere en forma cotidiana, en una cadena que genera empleo directo e indirecto y que por tal motivo ha sido promovida desde los albores de nuestra Nación”.

“El sector forestal y foresto-industrial no es solo parte del presente, sino del futuro de nuestro país; puede dar múltiples opciones de bioproductos renovables para los objetivos de mitigación del cambio climático y una transición inclusiva a sistemas de consumo más sostenible. Esta ley puede cercenar estas posibilidades”, advirtió.

A su turno, Luciano Berenstein CAEM (Cámara Argentina de empresarios Mineros) alertó que “los proyectos afectarían los yacimientos de litio y cobre cuyas perspectivas son centrales en la planificación productiva del país. Chile exporta más minerales que Argentina”, y pidió una norma que “no paralice actividades hasta tanto se haya definido el bien jurídico protegido”. De forma breve Camaño le recordó que “Chile tiene ley de humedales”.

Octavio Pérez Pardo (FADIA - Federación Argentina de Ingenieros Agrónomos) manifestó: “Nos preocupa la asociación que se hizo entre humedal y fuego, con los incendios”, al tiempo que comprendió la problemática, pero remarcó la necesidad de “aclararle a la sociedad que son dinámicas y temas absolutamente distintos”.

“La gente no pide una ley de humedales, pide la acción vinculada al manejo del fuego. Pide una ley que no esta funcionando que es la que va a cubrir todo esto y sabemos que el tema fuego es un elemento de la naturaleza. Cuando pierde control es incendio”, explicó y sumó: “Lo que se quema es biomasa vegetal por lo tanto toda ley que restinga o condicione el manejo corremos el riesgo de generar más incendios”.

El senador provincial Noel Breard (Corrientes) adelantó: “Nosotros vamos por la positiva, decimos ley de humedales sí”, y le aclaró a Camaño que “Chile es un país unitario y por eso es más fácil que tenga una ley de humedales. Acá estamos en un país federal”.

Retomando el tema de la reunión, aclaró: “Decimos ‘sí, pero’”, y observó: “El artículo 41 de la Constitución fue producto de la reforma del 94 que permite un federalismo de concertación porque delega a las provincias en el tema ambiental a la Nación en poner los presupuestos mínimos que son el cimiento, pero no podemos permitir que en nombre de eso toquen presupuestos máximos y eso son facultades de las provincias”.

“Cuando hablamos de concertación no quiere decir que provincia y Nación pueden hacer las mismas cosas, sino que cada uno juega un rol en el tema. La Nación cuando dicte una ley de humedales no podrá alterar los derechos de jurisdicciones provinciales”, alertó y sumó: “Las provincias tienen el dominio originario de sus recursos naturales”.

Y cerró: “Ustedes tienen la total soberanía de hacer los presupuestos mínimos, pero ni un paso más a los derechos que tienen las provincias. Hay que definir el concepto de qué es humedal y poner porcentajes de hasta cuándo es aplicable en cada provincia, es decir una cláusula de cantidad. Queremos ley positiva sí, pero con esas dos cláusulas”.

En representación CONINAGRO por la Mesa de enlace, Silvina Campos Carles (Asesora Económica) de forma breve remarcó: “En los humedales viven productores que quieren inventarios en forma realista. Necesitamos el protagonismo de las provincias. Compartimos que esta ley no resuelve la emergencia. El proyecto presentado por el presidente de la Comisión de Recursos y Ambiente genera incertidumbre, 26 artículos requieren modificaciones”.

Andrés Costamagna (Ingeniero Agrónomo especialista en sustentabilidad por la Mesa de Enlace) sostuvo que “Argentina es una potencia ambiental, pero no creemos en una ley de presupuestos mínimos y la Ley de Bosques es un claro ejemplo. No creemos en que llegue el dinero del Estado Nacional para pagarles los incentivos. No sabemos con quién está consensuado este proyecto que los productores llaman 'lobo con piel de cordero' o 'caballo de Troya' porque lo están queriendo meter por la ventana. Es la vanidad de algunos que van a destruir la soberanía argentina porque estamos hablando de nuestra libre determinación por la agenda del Norte que se quedó sin desarrollo”.

Los productores llaman al proyecto 'lobo con piel de cordero' o 'caballo de Troya' porque lo están queriendo meter por la ventana", Costamagna.

El ingeniero Ambiental de la Universidad Católica Argentina Manuel Chiappe por Barbechando indicó que “cuando hablamos de humedales hablamos de diversidad ecosistémica, de distintos ambientes”, y criticó: “En los 10 proyectos que hay en esta Cámara no he visto que tengan una medición del impacto. Si tenemos ley nueva que sea clara y practicable”, y cuestionó: “No estamos siendo efectivos en combatir los incendios y solo tres proyectos mencionan este tema”.

En su presentación, el intendente de Victoria, Entre Ríos, Domingo Maicocco, señaló que “la ley que se pretende no va a apagar los incendios o los fuegos”, y sumó: “La causa es natural. Los terrenos que estuvieron inundados hace años hoy se convirtieron en terreno seco”. Además, opinó que hay que hacer “una cuestión preventiva” y pidió que “se tengan presente los miles de personas que trabajan en relación a los humedales”.

El abogado Elías Eduardo Ruda (asesor letrado de la municipalidad de Victoria) también respaldó la idea de que la ley de humedales no va a apagar los incendios y enfatizó que “hay que gente que esta respirando humo. Caca respiran, están enfermos. Esas acusaciones vienen hacia nosotros y en lo que se está trabajando no es en prevenir incendios”, y cerró: “No gastemos plata en cómo apagar el fuego, sino en cómo prevenirlo”.

El ingeniero agrónomo santafesino Marcial Bugnon manifestó que “estamos ante una gran oportunidad” porque “podemos preservar ambientes frágiles como son los humedales”. “Hay una brecha entre las tecnologías aplicadas y desarrolladas, hay mucho por trabajar ahí”, consideró.

José Luis Peter, miembro de la comunidad Islera de Villa Paranacito, al cierre de la exposición criticó: “Acá se han buscado más culpables que soluciones. Nos encontramos ausentes del Estado, nos han dado muy poca respuesta cuando llamamos por un incendio”, y remarcó: “Por eso consideramos que una ley no va a apagar los incendios. Nosotros apagamos a punta de pala los incendios. Estamos totalmente perjudicados, sentimos un gran desaprecio".