El bloque de Miguel Pichetto, acompañado por UP, pide ratificar un artículo de la ley de expropiación que le da relevancia al Parlamento. Por su parte, los kirchneristas en el Senado reclaman acciones del Poder Ejecutivo.
A raíz del fallo de la jueza norteamericana Loretta Preska, quien ordenó a la Argentina que entregue el 51% de las acciones de YPF como parte del pago de la sentencia dictada en 2023, en el marco de la causa judicial por el proceso de expropiación, se multiplicaron en el Congreso los proyectos que buscan proteger a la empresa petrolera.
El jefe del bloque Encuentro Federal en Diputados, Miguel Pichetto, junto a los integrantes de su bancada y legisladores de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución que plantea ratificar el artículo 10 de la Ley 26.741.
El mismo reza: "A efectos de la instrumentación de la presente y de la registración de la titularidad de los derechos correspondientes a las acciones sujetas a expropiación, deberá dejarse constancia que la expropiación de tales acciones es por causa de utilidad pública y que se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del H. Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros".
En ese sentido, la iniciativa de Pichetto indica que "toda medida o acción tendiente a ceder, enajenar, transferir, comprometer o disponer directa o indirectamente de acciones de YPF S.A. pertenecientes al Estado Nacional deberá ser votada por las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada cámara del Congreso".
A su vez, expresa que "toda medida o acción tendiente a esto que se tome sin la autorización prevista en la Ley 26.741 será nula de nulidad absoluta y carecerá de validez legal". Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional "deberá abstenerse de realizar actos jurídicos que impliquen, directa o indirectamente, el desapoderamiento de acciones de YPF S.A., y/o que resulten en la pérdida, total o parcial, del control del Estado Nacional sobre acciones de YPF S.A. de su titularidad, sin la expresa aprobación del Congreso".
Por su parte, los senadores de Unión por la Patria presentaron en la Cámara alta un proyecto de resolución donde rechazan "categóricamente" el fallo de Preska y le exigen al Poder Ejecutivo que "agote todas las instancias legales y diplomáticas para defender la soberanía nacional".
Los legisladores consideraron que el fallo "es nulo de pleno derecho" por "violar los artículos 17 y 31 de la Constitución Nacional; desconocer la Ley 26.741 que declaró de utilidad pública la recuperación de YPF; e ignorar el derecho a la autodeterminación de los pueblos (Carta ONU, art. 1.2)".
Además, los senadores de UP le solicitan al PEN que "apele inmediatamente" ante la justicia norteamericana y "restituya el equipo legal especializado en litigios internacionales que fuera desmantelado en 2024, con asignación de recursos suficientes". También, que "rinda cuentas periódicas al Congreso sobre el estado del proceso judicial".
En cuanto a Cancillería, le exigen que "denuncie este fallo ante organismos internacionales como un ataque a la autodeterminación de los pueblos" y "gestione apoyo diplomático de países aliados contra el abuso de fondos buitre".
En tanto, el senador radical Maximiliano Abad, acompañado por su par Pablo Blanco, presentó un proyecto de declaración que manifiesta: "Ante el Honorable Senado de la Nación, de carácter urgente, la ratificación del artículo 10 de la Ley 26.741, a los efectos de clarificar su alcance, naturaleza jurídica y aplicabilidad, a fin de fortalecer la defensa del Estado argentino en el marco del proceso judicial que se tramita ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York (Causa Petersen/YPF S.A.) reafirmando que la norma no permite una obligación exigible en términos de cumplimiento, de no ser aprobada por las dos terceras partes de sus miembros, por lo que el cumplimiento de la sentencia implica un avasallamiento al principio de inmunidad soberana y de injerencia en los asuntos internos de nuestro Estado".
“El interés argentino y la autonomía del país se defienden con apego a la ley, respeto a la Constitución y con una verdadera política de Estado", enfatizó Abad y remarcó que “ninguna Corte extranjera puede obligar a la Argentina a actuar contra su Constitución y sus leyes. La transferencia de las acciones de YPF requiere la aprobación del Congreso Nacional por una mayoría calificada, lo que demuestra que el fallo es jurídicamente improcedente y políticamente inaceptable”.
El bonaerense sostuvo que "la causa YPF no es solo un litigio judicial" sino "es un capítulo más en la historia de lucha por la soberanía de nuestros recursos. YPF nació para garantizar el dominio argentino sobre el petróleo y sigue siendo una pieza clave de nuestra soberanía económica. El fallo de la jueza Preska busca condicionar esa potestad, beneficiando a intereses especulativos”.
El proyecto de declaración subraya también los riesgos económicos del cumplimiento del fallo: afectación a las reservas, debilitamiento del mercado financiero local, pérdida de confianza en los inversores y tensiones institucionales internas.
“La defensa de YPF es la defensa del federalismo, de la autonomía legislativa y del futuro de nuestros recursos estratégicos”, concluyó el radical.
También desde la UCR, en la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de declaración encabezado por el mendocino Lisandro Nieri, que expresa la "profunda preocupación por la sentencia dictada por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska, que ordena al Estado argentino la entrega del 51% de las acciones de YPF S.A. como parte de pago de una condena por 16 mil millones de dólares, medida que compromete seriamente la soberanía nacional y el patrimonio público".
Asimismo, manifiesta "su rechazo a esta decisión judicial extranjera que no respeta el principio de soberanía jurisdiccional e inmunidad soberana vulnerando Tratados Internacionales en los que ambos países son parte. Asimismo, desconoce la legislación interna argentina, especialmente la Ley N° 26.741 que declara de interés público la expropiación de acciones de YPF y establece expresamente la necesidad de autorización del Congreso Nacional para su eventual disposición".
Otro de los proyectos fue presentado por la senadora de Juntos Somos Río Negro, Mónica Silva, quien a través de una declaración dejó sentado su "más enérgico repudio, por ser altamente agraviante a los principios del Derecho Internacional Público y afectar la soberanía, a la decisión adoptada por la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska".
"Este Honorable Senado insta al Poder Ejecutivo a reafirmar la plena soberanía argentina, promoviendo el reconocimiento de su independencia y la potestad del Estado argentino de ejercer su autoridad sobre su territorio y sobre sí mismo, rechazando cualquier exigencia contraria a nuestro marco legal", agregó.
Desde el Pro, el diputado bullrichista Gerardo Milman presentó un proyecto de declaración en el que rechaza el fallo "porque impone una carga financiera desproporcionada y lesiva para la soberanía nacional”. “Además, constituye una grave intromisión en los asuntos internos de la República Argentina, violando principios fundamentales del derecho internacional como el International Comity y la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados Unidos, que impiden que tribunales extranjeros interfieran en decisiones soberanas de otros países", apuntó.
Pero también criticó que "esta sentencia es consecuencia directa de una gestión imprudente y opaca encabezada por la entonces presidenta Cristina Fernández, y asesorada por el exviceministro de Economía Axel Kicillof, quienes impulsaron la expropiación de YPF en 2012 sin respetar el estatuto de la empresa ni realizar una oferta pública de adquisición, como correspondía”.
El diputado del Pro Damián Arabia presentó una cuestión de privilegio contra el actual gobernador bonaerense Axel Kicillof a quien acusó por el “negocio o la estafa más grande del país”. Por el contrario, Miguel Pichetto pidió “analizar las circunstancias del pasado porque la Ley de Expropiación estaba fundada en la desinversión que estaba haciendo Repsol”.
El fallo de Estados Unidos contra la Argentina por la expropiación de YPF llegó al recinto de la Cámara de Diputados este miércoles cuando el diputado nacional Damián Arabia (Pro) planteó una cuestión de privilegio contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y contra el exministro Julio De Vido.
Arabia expresó durante la sesión: “No alcanza con que, simplemente, hagan los desastres económicos, las causas de corrupción y la cantidad de cosas en las que nos han hundido a los argentinos en los momentos en los que gobiernan, sino que permanecen a lo largo del tiempo. Algunas veces presentes como el gobernador Kicillof que sigue arruinándole la vida a millones de bonaerenses, que sigue aumentando los impuestos de la provincia, que siguen hundiendo a los bonaerenses en una crisis de inseguridad terrible, pero también con las decisiones que han tomado en el pasado”.
“Como la locura ideológica o negocio, quizás una de las más grandes estafas de nuestro país como lo que ha ocurrido en torno a la causa de YPF, causa que el Estado argentino apeló”, señaló.
Arabia apuntó: “Este Congreso se encuentra en una situación donde una mayoría circunstancial ya hizo estragos en otro momento de la historia argentina. Porque en este mismo Congreso cuando fue esa locura ideológica o ese negociado o gran estafa, lamentablemente hubo una mayoría grande, arrasadora”, y ponderó: “Solo 32 diputados se plantearon en frente y votaron en contra, como Patricia Bullrich”.
“Nos traen a este recinto para quebrar una lógica económica que está logrando sacar adelante al país adelante de la crisis a donde y ustedes no llevaron –contra el kirchnerismo-. La historia los va a ubicar en el lugar que les corresponde, que han empobrecido al país y, sin embargo, no podrán seguir avanzando”, remató.
El fueguino libertario Santiago Pauli también presentó una cuestión de privilegio hacia los mismos mencionados por Arabia, pero que amplió a todos los diputados y senadores que la avalaron. “Es cierto que la autoría de esta estafa fue de Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, pero no hubiera sido posible si ellos no lo hubieran votado”, remarcó. A su juicio, “el problema de esta estafa y la mala praxis de estos diputados y senadores es el costo para los argentinos. Un horror que este gobierno va a tener que subsanar y que espero que esta Cámara también pueda hacerlo”.
Así, sostuvo que en 2012 “cuando se votó esta expropiación no fue un acto heroico como quisieron venderlo, sino en el mejor de los casos un error monumental, una mala praxis”. En tanto, cargó contra “los 208 diputados y 63 senadores que avalaron este robo, estafa, o mala praxis. Al pueblo argentino le llegó la factura del desastre que cometieron”.
Lo interrumpió el jefe del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, quien en un vehemente discurso recordó que la UCR en 1992 había advertido contra la privatización de la petrolera y llamó a no hacer partidismo con esa situación.
La Libertad Avanza homenajea a Menem que liquidó YPF y del otro lado está el kirchnerismo con su cuentito. Pero la UCR defiende YPF desde 1922. Ojo con hacer la chiquita. Saquemos una resolución que le diga a la jueza norteamericana que no le vamos a entregar ninguna acción… pic.twitter.com/pu5tL4fRWI
— Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) July 2, 2025
“Esto no es partidismo”, insistió luego Pauli, para quien “el populismo siempre pasa factura”.
La diputada Paula Oliveto llamó a tener cautela con un tema semejante mientras se está discutiendo eso en la justicia neoyorkina. “Lo que pasa en este Congreso después es usado por la parte que le conviene según sus intereses. Debemos entender el peso que tiene la palabra de un diputado en este Congreso, cuando tenemos la causa en Nueva York. Debemos ser serios”, reclamó la diputada, que recordó luego que la Coalición Cívica hizo siempre las denuncias correspondientes.
“Siempre en la justicia, que miró para otro lado durante muchos años. ¿Y saben quién fue el juez de esa instancia? El mismo que Milei quiso poner en la Corte”, señaló en referencia a Ariel Lijo. Y cerró: “Seamos responsables: no conviene poner banderas que no ayudan al debate ni a la unión que debemos tener todos los argentinos ante un fallo que no corresponde”.
A su turno, el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, sostuvo que es “importante lo que haga y diga el Congreso” porque se ponen como prueba en los tribunales de Nueva York. “Vamos a ratificar el artículo 10 de la Ley de Expropiación en la defensa de las acciones de YPF que están en la Argentina para hacer uso por parte de la jueza y de los acreedores se requiere una ley de este Congreso por 2/3 de los representantes, es lo que está estipulado en la ley”, planteó.
Contrariamente, Pichetto manifestó: “Hay que analizar las circunstancias del pasado porque la Ley de Expropiación estaba fundada en la desinversión que estaba haciendo Repsol, en la situación que estaba viviendo Argentina que estaba importando combustible por 10 mil millones de dólares, en la aparición de Vaca Muerta como un proyecto de desarrollo que hoy permite que el gobierno de Milei tenga un horizonte muy interesante en materia de hidrocarburos, gas y petróleo”.
“Esa decisión estuvo fundada, el control de la empresa YPF y el 51% fue una decisión política que tuvo mayorías aplastantes. En el Senado lo votamos con el 76% de los votos solamente tres senadores votaron en contra y en la Cámara de Diputados también”, recordó y apuntó: “Por lo tanto, el pasado hay que analizarlo en el marco de esa coyuntura, con una visión inteligente, un poquito más la historia hay que entenderla y comprender, sino traspolamos y venimos a hacer la crítica acá que hacen algunos periodistas en televisión que tampoco entienden nada”.
Pichetto mostró predisposición para “trabajar en un proyecto que ratifique que el Congreso argentino entiende que estas acciones hacen a la soberanía y que, el marco de la ley, no puede ser vulnerado porque para tal fin se requiere dos tercios de esta Cámara y dos tercios del Senado”.
Por último, adelantó la presentación de un proyecto de resolución que ratifique el Congreso en defensa de las acciones de la empresa YPF en términos de la importancia de la soberanía y una presentación del Poder Ejecutivo ante la Corte con una medida cautelar para que estas acciones no sean afectadas por la decisión de la jueza Preska.
A su turno, Christian Castillo consideró que “estamos ante un acto de injerencia colonial absolutamente inadmisible”. Sostuvo que la jueza Loretta Preska continúa la tradición del juez Griesa y que “continúa la trayectoria de entrega de recursos fundamentales”.
Más tarde, se sumó la diputada Patricia Vásquez (Pro) quien también planteó una cuestión de privilegio contra el gobernador Kicillof por su “conducta esquizofrénica de no querer aceptar ni ser capaz de reconocer las responsabilidades que le competen por la mala praxis y lo contubernios extraños que hubo en la oportunidad que se dispuso la estatización de YPF”.
“Hablo de esquizofrenia porque es una conducta y actitud permanente en el kirchnerismo que, en lugar de aceptar sus responsabilidades como funcionarios públicos y los errores y consecuencias que eso tiene, se buscan excusan, se tiran la pelota. Se han pasado la vida hablando de soberanía. El señor Kicillof con Cristina Kirchner han reglado la soberanía de la patria”, apuntó.
La jueza Preska ordenó que la Argentina entregue el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del juicio por la expropiación. El presidente Javier Milei tildó de “imbécil” y “pelotudo” al gobernador bonaerense y exministro de economía.
Tras conocerse el fallo de la jueza Loretta Preska, del segundo distrito de Nueva York, que ordena a la República Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de pago a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012, el oficialismo apuntó contra el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que cuando fue ministro de economía de Cristina Kirchner decidió avanzar con la expropiación de YPF.
El presidente de la Nación, Javier Milei, confirmó que apelará al fallo en “las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales, al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes”.
“Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país, es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof cuando era Ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada de CFK. Lamentablemente, no le alcanzó con arruinar la economía argentina, así que ahora se está encargando de destruir la provincia de Buenos Aires”, fustigó Milei.
En esa línea, agregó: “Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia argentina”, y remató su posteo: “PD: ¡YO AVISÉ QUE EL SOVIÉTICO ES UN PELOTUDO!”.
"YPF nunca debió ser reestatizada, siendo 100% privada funcionaba perfectamente. Kicillof la reestatizó en 2012 violando el estatuto de YPF y hoy todos los argentinos pagamos las consecuencias de su ignorancia supina: no solo tenemos un juicio perdido en NY donde tenemos que pagar USD 16.000M, sino que el 51% de las acciones que la Jueza le exige al Estado argentino, valen poco más de USD 6.000M, menos del 40% de la sentencia", planteó el libertario José Luis Espert y disparó: "Kicillof fue pésimo Ministro de Economía, hoy es pésimo Gobernador de PBA".
Su par de bancada Carolina Píparo sumó: "El populismo de los k fue el mayor fraude perpetrado contra todos los argentinos. Seguimos pagando las consecuencias de la soberbia y la impericia del ex ministro Kicillof, que ahora se dedica a destruir la provincia con un blindaje mediático nunca visto".
La gran estafa de YPF no fue un error ni un accidente: tuvo responsables concretos y decisiones deliberadas que comprometieron el patrimonio del Estado argentino.
Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Ariel Lijo, los empresarios Eskenazi, Carlos Zannini y la designación…
— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) July 1, 2025
YPF, una historia de corrupción y desidia de los Kirchner, Kicillof, los Eskenazi, el juez Lijo y también de Milei. https://t.co/ENidwqzmuW
— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) June 30, 2025
"Ni estúpidos ni error: lo de YPF fue corrupción. Y los que se afanaron el patrimonio de la Argentina hoy están siendo protegidos por la Justicia y hasta por algunos medios, que no informan la causa dormida en la Justicia Federal. Mucha plata para conseguir que tantos miren para otro lado", manifestó la diputada de la CC Paula Oliveto Lago.
La diputada Silvana Giudici (Pro) calificó de “inútiles, caraduras y corruptos”, y pidió que expliquen lo que pasó con YPF. “Se la regalaron a Eskenazi en una ‘estatización’ fraudulenta. Ahora la Jueza Preska se la devuelve a los accionistas privados. 16 mil millones de dólares de condena y pérdidas para todos los argentinos. Que se hagan cargo Kirchner y Kicillof, despotrican contra los fondos buitres y ñañañá, pero son los mayores vende patrias de la historia”.
“Por culpa del irresponsable de Kicillof, Argentina debe ceder el 51% de las acciones de YPF a los demandantes en solo 14 días. Tiene que hacerse responsable, patrimonial y penalmente, por el daño que provocó con una expropiación mal hecha y absolutamente irresponsable”, criticó Gerardo Milman (Pro).
¿Se acuerdan el clima de fiesta de esa gran mayoría de diputados y senadores (no solo kirchneristas) en el Congreso luego de aprobar la expropiación de YPF? Bueno, llegó la factura…
— Alejandro Bongiovanni (@alejobongio) June 30, 2025
El Senado bonaerense sancionó el proyecto de Ley que declara una nueva expropiación de la imprenta Madygraf que desde 2014 está en manos de una cooperativa.
El Senado bonaerense sancionó el proyecto de ley presentado desde la bancada rotativa de diputados del FIT–U que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble, maquinarias e insumos actualmente gestionados por la Cooperativa de Trabajo Madygraf Limitada.
Tras la sanción, desde la bancada de izquierda se celebró el avance con un fuerte mensaje político: “¡La expropiación de Madygraf es ley! Lo sabíamos y lo conquistamos: la fábrica es de sus trabajadorxs. La gestión obrera es un faro para la organización de todos los trabajadores que resisten el ajuste”, escribió en sus redes de comunicación la actual diputada Laura Cano.
Destacó también el rol clave del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y de la organización en las calles para alcanzar la sanción definitiva.
La historia de Madygraf se remonta a 2014, cuando los trabajadores ocuparon la planta tras el cierre de la multinacional Donnelley, que dejó en la calle a más de 400 familias.
Desde entonces, pusieron en funcionamiento la gráfica sin patrones, desarrollaron una gestión cooperativa y expandieron la producción con un fuerte perfil social, cultural y educativo.
El proyecto aprobado establece que la planta será adjudicada en propiedad y a título oneroso a la cooperativa, con el cargo de destinarla a sus fines productivos. En caso de incumplimiento, se revocará el dominio a favor del Estado provincial.
La norma autoriza también al Ejecutivo a compensar deudas fiscales con los actuales propietarios y prevé el financiamiento a través del Fondo de Recuperación de Fábricas bonaerense.
“Desde el primer día, las y los trabajadores de Madygraf demostraron que una fábrica podía funcionar sin patrones. No solo defendieron sus puestos de trabajo, sino que abrieron las puertas a la comunidad: impulsaron una juegoteca, produjeron cuadernos para escuelas, materiales culturales y hasta sanitizantes durante la pandemia”, destacó Cano, al subrayar el impacto territorial y social del proyecto.
Se recordó que ya en 2017 se había sancionado una primera ley de expropiación con plazo limitado, luego se aprobó en Diputados una prorroga al plazo establecido, pero nunca tratada por el Senado.
Actualmente, la cooperativa está integrada por 130 asociados y produce materiales gráficos para editoriales, sindicatos, organismos estatales y empresas privadas.
En los últimos años, reconvirtieron parte de su producción para incluir packaging ecológico, impulsaron medidas de eficiencia energética, e incluso avanzaron en la instalación de paneles solares.
Además, dictan talleres y cursos para trabajadores y vecinos, con el objetivo de constituir un bachillerato popular.
A pesar de aprobarse una ley en 2022, el tema sigue en veremos. Recientemente se dio media sanción a un proyecto para extender el plazo de expropiación.
Como suele suceder con estos casos que dejan su marca en la historia, el desastre de Cromañón fue tratado varias veces en el Congreso de la Nación. La más reciente, en la sesión del pasado 27 de noviembre, cuando a través de un acuerdo resuelto en Labor Parlamentaria, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que extiende el plazo para que el Poder Ejecutivo avance con la expropiación del predio donde funcionó el boliche Cromañón, lugar de la tragedia de la que se cumplen 20 años este 30 de diciembre.
La votación resultó con 211 votos positivos y 4 negativos (de los libertarios Alberto "Bertie" Benegas Lynch, Romina Diez, Nicolás Emma y Guillermo Montenegro).
Al tomar la palabra para pedir el apartamiento del reglamento, la diputada de Unión por la Patria Paula Penacca recordó: “Ya hemos aprobado por unanimidad este proyecto hace dos años atrás y sigue siendo un reclamo muy importante y vigente que podamos atender, porque la propuesta de los sobrevivientes y familiares de sobrevivientes es que justamente allí se pueda construir un centro para la memoria histórica”.
“Es importante porque esto no sólo sería un resarcimiento para las víctimas, sino además que podría ser un ejemplo de cómo el Estado tiene que cuidar a sus ciudadanos, hacerse cargo de los espacios de esparcimiento y de la juventud. Por supuesto, en este momento de la Argentina, y siempre, es importante que construyamos espacios donde la memoria histórica aporte a mejorar nuestra sociedad”, agregó.
El proyecto fue presentado en octubre por Penacca y diputados de Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. Establece la prórroga por cuatro años del plazo establecido en el artículo 33 de la Ley 21.499, “para promover el juicio de expropiación en relación, única y exclusivamente, a la declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación dispuesta por la Ley 27.695”, que fue sancionada hace dos años por el Congreso.
Ese fue el más reciente de los 16 proyectos de ley presentados en ambas cámaras desde que sucedió la tragedia, hace 20 años.
Ese proyecto fue convertido en ley el 27 de octubre de 2022. Esa vez, con la presencia en el recinto de sobrevivientes y familiares de víctimas, el Senado sancionó por 64 votos afirmativos y 1 en contra -de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro)- la ley que establecía la expropiación de un conjunto de inmuebles en los que funcionó el boliche República de Cromañón.
El primer orador fue esa vez el jujeño Guillermo Snopek (FdT) quien leyó un comunicado de los familiares de las víctimas: “Hoy llegamos aquí luego de un largo recorrido en el que fuimos haciendo camino al andar. Y casi a 18 años de la masacre de Cromañón hemos llegado al Congreso Nacional”.
“Queremos y soñamos que esta noche nos iremos abrazados por el pueblo en su conjunto, a lo largo y ancho del país. Reafirmamos, a través de sus votos, que Cromañón trasciende las fronteras del AMBA, que nos pasó a todos y todas. Sobre todo, cuando muchos sobrevivientes viajaron de diversas provincias hacia Buenos Aires”, expresaba otro tramo del texto.
Y seguía: “Hubo quienes lograron salir de Cromañón, pero no soportar las secuelas de la masacre llegaron a quitarse la vida, y otros sobrevivientes y familiares fallecieron por enfermedades relacionadas con los efectos de la misma causa. Mientras que muchos otros conviven hoy con afecciones físicas y psíquicas severas reclamando y muchas veces suplicando la atención que el Estado tiene la obligación de brindar”.
“La memoria no es solo el pasado, la memoria es aquello que construimos en el presente con el diálogo con otros y otras que nos permiten reconstruir parte de nuestra historia y nuestra identidad. Esa historia que es nuestra y que queremos que trascienda para toda su sociedad en su conjunto. No olvidar para que nunca más se repita. Ejercitar la memoria es fortalecer la democracia. Construir un espacio colectivo para la memoria en Cromañón es poner en manifiesto que hubo cientos de pibas y pibes que no dudaron un segundo en arriesgar su propia vida con tal de salvar la de otros. Es seguir advirtiendo y denunciando que la corrupción mata, es seguir dándole pelea a la impunidad. Es también honrar la historia y profundizar la tradición que nuestra Nación tiene en materia de política de derechos humanos”, explayaba el documento.
Por último, resaltaban que “con la sanción y reglamentación de esta ley estamos convencidos de que nos convertimos en un país un poco más justo que ayer. Lograremos seguir caminando y marchando más aliviados, con nuestras banderas en alto”. “Decir Cromañón es sentir muy de cerca la corrupción, por eso decimos que la corrupción mata, porque lo sentimos en carne propia, porque no queremos que nadie pase lo mismo”, remató.
El proyecto declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación un conjunto de inmuebles ubicados en Bartolomé Mitre 3038/78, en el barrio de Once.
Estos inmuebles serán destinados a la creación de un espacio dedicado a la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre de 2004, cuando un estrago causó la muerte de al menos 194 personas y miles de heridos. A tal fin, se creará una muestra permanente que reflejará la historia de lo allí ocurrido y se organizarán actividades culturales e informativas. La puesta en funcionamiento y administración de este espacio estará a cargo de la autoridad de aplicación, con participación de los familiares de las víctimas fatales y las víctimas sobrevivientes.
La edificación existente en los inmuebles expropiados deberá conservar elementos testimoniales de la masacre, que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica que se debe preservar. Asimismo, se deberán garantizar acciones de conservación preventiva, curativa y de restauración dentro del predio, establece la ley.
Los inmuebles a expropiarse, la calle aledaña y el “santuario” armado afuera del local componen una unidad de sentido en relación al respeto y la conservación de la memoria colectiva, por lo que gozarán de protección por parte del Estado.
El valor de los bienes a expropiar será fijado conforme las disposiciones de la Ley 21.499, por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, pudiendo solicitarse la apoyatura y asesoramiento de otras entidades públicas y privadas.
El objetivo principal radica en sostener la fuente laboral de muchas familias del distrito de Necochea.
La diputada provincial de Unión por la Patria Natalia Sánchez Jauregui, presentó un proyecto de ley para expropiar el inmueble donde funciona la cooperativa Engraucoop, encargada del procesamiento de anchoitas, donde trabajan 250 mujeres.
Actualmente la cooperativa se encuentra atravesando un proceso judicial por el cual el establecimiento, ubicado en 517 y 544, de Quequén podría ser rematado por una deuda producida por los anteriores dueños.
La diputada provincial de Unión por la Patria Natalia Sánchez Jauregui, presentó un proyecto de ley para expropiar el inmueble donde funciona la cooperativa Engraucoop, encargada del procesamiento de anchoitas, donde trabajan 250 mujeres.
Actualmente la cooperativa se encuentra atravesando un proceso judicial por el cual el establecimiento, ubicado en 517 y 544, de Quequén podría ser rematado por una deuda producida por los anteriores dueños.
Ante esta situación, la legisladora bonaerense ingresó ante la Cámara baja de la provincia de Buenos Aires, un proyecto de ley que solicita declarar de "interés público y sujeto a expropiación" el citado inmueble.
En este sentido, Sánchez Jauregui aseguró que "me invade muchísima emoción, porque fuimos acompañando el proceso en diferentes cuestiones y ese avance queda aquí, en un proyecto de ley que hay que acompañar, y le pedimos a la ciudadanía de todo el distrito que acompañen a las trabajadoras con sus firmas".
"Esto no solamente es fuente de trabajo para 200 mujeres, sino 200 familias que se sustentan gracias a esta fuente de trabajo", explicó la legisladora.
Además, señaló que "como peronista, como dirigente sindical de la UATRE, agradezco a quienes nos acompañan y creo que esta es una de las cosas por las cuales vale la pena involucrarse en política y comprometerse con la comunidad."
Y agregó: "Si no podemos ayudar con estas cosas, para qué estamos las y los funcionarios que representamos el pueblo de la Provincia".
“Esta lucha tiene que ser la mía, de ustedes, de todos los diputados y las diputadas, pero también de todo el distrito de Necochea. Salgamos a buscar las firmas para que este proyecto sea Ley", remarcó Sánchez Jauregui.
En tanto, indicó que el gobernador, Axel Kicillof, "está al tanto y las está acompañando y vamos a lograr que el proyecto de ley se apruebe".
De ser aprobado el proyecto, el Poder Ejecutivo Provincial, encabezado por Axel Kicillof, podrá disponer la expropiación del inmueble en favor de la cooperativa Engraucoop.
La diputada de izquierda presentó un proyecto para que las hectáreas de tierras del empresario inglés “sean de uso público bajo control de representantes electos de movimientos sociales, ambientales y de los pueblos originarios”.
Apenas iniciado el año parlamentario, la diputada nacional Romina Del Plá (FIT-U) presentó un proyecto de ley para declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes y las 12.000 hectáreas de tierras propiedad del empresario inglés Joe Lewis en la zona de Lago Escondido, provincia de Río Negro.
Sobre el proyecto impulsado por el Bloque del Partido Obrero y el Frente de Izquierda y de trabajadores-Unidad, Del Plá afirmó: “Hemos presentado un proyecto de ley de expropiación de los bienes y las 12.000 hectáreas de tierras de Joe Lewis en Lago Escondido de Rio Negro para que sean de uso público bajo control de representantes electos de movimientos sociales, ambientales y de los pueblos originarios. Esto incluye los accesos al lago, algo que fue motivo de una prolongada lucha de 17 años de batalla legal, y que finalmente ratificó la sentencia de la Suprema Corte Provincial intimando a Lewis y al gobierno de la provincia de Río Negro a habilitar el acceso al lago por el camino Tacuifí”.
Asimismo, señaló que “según la constitución provincial que Lewis no respeta, tiene que existir el libre acceso para todos los ciudadanos a los espejos de agua y a sus riberas. Este fallo fue ignorado por el empresario, y avalado por el gobierno nacional y provincial. Este pedido de expropiación se fundamenta en el carácter fraudulento de las compras de estas tierras que por ley nacional están prohibidas a extranjeros”.
Por último, agregó: “Con los políticos capitalistas, la Argentina está en venta. La extranjerización de tierras en Argentina a través de testaferros o a nombre de sociedades con asiento en paraísos fiscales es de tal magnitud que afecta la soberanía del país. Hay más de 12,5 millones de hectáreas en manos de empresarios extranjeros, de las cuales casi dos millones son de firmas radicadas en paraísos fiscales, mientras se ataca a los pueblos originarios en Mascardi, se los reprime, desaloja y encarcela a una velocidad increíble a mujeres mapuches con niños, mientras Lewis hace lo que quiere”.
Proyecto-de-Ley-Lago-EscondidoEXPTE-0263-D-2023-1El proyecto enviado por entonces por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue aprobado en sesiones realizadas hace diez años, en los meses de abril y mayo.
El 13 de diciembre de 1907 comenzó a correr la noticia sobre el descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia, Chubut. Un grupo de operarios que cavaba pozos en busca de agua potable había encontrado, a 500 metros bajo tierra, una sustancia oscura que salía a borbotones.
A partir de entonces, Comodoro Rivadavia se convertiría en un pueblo petrolero dedicado a la extracción de crudo. A medida que esa industria se expandía y con el descubrimiento de cada nuevo pozo, nacían a su alrededor campamentos petroleros que luego se convertirían en pueblos y ciudades.
Así llegamos a 1910, cuando bajo la presidencia de José Figueroa Alcorta el Estado argentino crea la Dirección General de Explotación del Petróleo de Comodoro Rivadavia, con el objetivo de regular la actividad de las compañías extranjeras que comenzaban a establecerse en el país. Pero los cambios más significativos se generarían a partir de que el 3 de junio de 1922 el Estado nacional crea por decreto la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, hito fundamental en la historia del petróleo en la Argentina.
El presidente era entonces Hipólito Yrigoyen, a quien en octubre de ese año sucedería Marcelo T. de Alvear, que nombra al general Enrique Mosconi director General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), cargo que ocuparía durante 8 años y que significó un impulso decisivo para la actividad petrolera en nuestro país.
El autoabastecimiento petrolero argentino se conseguiría durante la presidencia de Arturo Frondizi y su “batalla del petróleo”. Una empresa polémica, que había anunciado el 24 de julio de 1958 y a través de la cual la Argentina, que había llegado a importar casi el 70% del petróleo que consumía, en apenas 4 años y a través de YPF triplicaría la producción nacional para alcanzar el autoabastecimiento, rompiendo así con 50 años de dependencia.
Esa batalla tuvo costos. Políticos, y muy grandes para el gobierno de Frondizi, que perdió gran apoyo de varios sectores que lo habían respaldado en su candidatura, además de la renuncia del vicepresidente Alejandro Gómez.
En tiempos de Carlos Saúl Menem se privatizó YPF. Entre 1989 y 1992 se llevó a cabo la reforma en el cambio de tipo societario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales como Sociedad del Estado para convertirse en una Sociedad Anónima (YPF SA).
Para 1993 el Estado mantenía el 20% de las acciones y la acción de oro, y un 12% los estados provinciales. El sector privado era propietario del 46% del accionariado, y lo componían bancos y fondos de inversión de diversos países. En 1998, el sector privado ya poseía casi el 75% de las acciones, aunque el Estado mantenía la acción de oro.
Los efectos negativos de la privatización se vieron rápidamente en las ciudades petroleras. Fue la génesis del movimiento piquetero.
En efecto, la privatización de YPF llevaba al desempleo a miles de argentinos que hasta entonces vivían del trabajo en la petrolera estatal. Los lugares tocados por el ritmo de la protesta fueron en principio Cutral-Có y Tartagal, en Neuquén y Salta, respectivamente.
La privatización de la petrolera estatal YPF hizo en muchos casos lo que previamente había provocado la concesión de los servicios ferroviarios. Entonces, pueblos enteros fueron condenados a la desaparición y el olvido, como consecuencia del levantamiento de ramales “deficitarios”.
Antonio Cafiero protagonizó como legislador nacional una discusión al momento de aprobar la venta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en el Senado de la Nación, cuando le reprochó al entonces ministro de Economía Domingo Cavallo el valor por el que la Nación se desprendía definitivamente de esa empresa. “¿No cree que estamos vendiendo por maníes algo que es un formidable potencial de riqueza argentina?”. Cavallo le respondió: “No, yo lo hago para que en el exterior se sepa que acá se pueden hacer buenos negocios”.
La privatización culminó en 1999, cuando el Estado argentino vendió a la empresa española Repsol un 14,99% de las acciones de YPF. La transacción le costó a la petrolera española 13.437 millones de euros y permite a Repsol YPF convertirse en la 8° productora de petróleo y la 15° compañía energética del mundo.
Eso se revirtió cuando el 16 de abril de 2012, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó el proyecto de ley de "Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina" para que el Estado argentino recuperase la propiedad de YPF.
Los argumentos para tal decisión eran la disminución de las reservas de petróleo durante la gestión de Repsol en YPF y la voluntad de retomar el control estatal de la petrolera para asegurar el autoabastecimiento energético.
Al anunciar la medida, Cristina Fernández remarcó que el modelo elegido no es de estatización sino de "recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental".
Es así que el Estado argentino declaró el 51% del patrimonio de YPF de utilidad pública y sujeto a expropiación. De ese 51% expropiado, un 49% iría a las provincias y el 51% restante al Estado nacional.
El proyecto tuvo un rápido tratamiento en el Congreso de la Nación. Primero pasó por el Senado, donde fue aprobado el 26 de abril de 2012 por 63 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones.
Desde la oposición, Luis Naidenoff expresaría en la sesión su apoyo aclarando que se había avanzado con esa iniciativa “porque la caja no cierra”. Y agregaría: “fue la coyuntura energética asfixiante la que motivó al oficialismo a iniciar este debate”.
“Es una decisión de alto voltaje tomada por la presidenta y hay que valorarla, antes no se pudo tomar”, manifestó por su parteel líder de la bancada del Frente para la Victoria (FpV) en la Cámara alta, Miguel Angel Pichetto, que defendió férreamente el proyecto. Antes de dar explicaciones relacionadas con la iniciativa, el legislador rionegrino dejó en claro que el proceso de privatización de YPF “fue uno de los grandes errores políticos de toda la década”, y sostuvo que debían expropiar YPF para “recuperar la producción de petróleo y poder lograr el autoabastecimiento”, lo que llevará a tener “precios internos que ayudarán a la industria y al crecimiento del empleo”. Y concluyó: “Si no hay Estado nacional, no hay nada”.La Argentina gastaba entonces 14.000 millones de dólares en la importación de gas y petróleo.
Hija de José “Pepe” Estenssoro, expresidente de YPF en tiempos de Menem, la senadora María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica) anunciaba su abstención al advertir contra el modelo de “hiperconcentración de la riqueza y el poder”. Recordó en su discurso que los Kirchner habían apoyado “enérgicamente” la privatización de la petrolera en 1992, y alertaba: “No podemos subsanar ese grave error con otro acto de corrupción”. Para Estenssoro, “culpar a la gestión de Repsol por la mayor crisis petrolera de nuestra historia es una simplificación y una trampa”.
La expropiación se convirtió en ley durante el transcurso del 3 de mayo de 2012. Fue una larga sesión de más de 20 horas que tuvo más de 200 diputados como oradores. Arrancó a las 15.50 del 2 de mayo de 2012 y seis minutos pasada la medianoche se pasó a un cuarto intermedio. La reunión se reanudó a las 10.10 del 3 de mayo de 2012 y concluyó a las 22.47, según consta en la versión taquigráfica de esa histórica sesión.
Entre sus oradores estuvo Fernando “Pino” Solanas, quien celebró “el gesto de apoyar el proyecto con todas las luces y sombras que trae” y criticó al ministro de Planificación, Julio De Vido, al considerar que “piloteó durante ocho años de vaciamiento en la Argentina”.
“Necesitamos una YPF 100% pública, una sociedad de acciones con mayoría estatal para que la empresa tenga las mejores condiciones de ser controlada”, diría entonces.
Por esos días integrante del bloque Nuevo Encuentro, Carlos Heller dijo en su discurso: “Somos partícipes de una jornada trascendente, es un día de recuperación de la soberanía nacional, es un día que pasará a la historia como un acto reparador de esa triste sesión en la que se festejó la privatización de YPF, una empresa que desde su nacimiento y en buena parte de su vida posterior se constituyó como un emblema de la nacionalidad y un motivo de orgullo para los argentinos”.
El Pro votó en contra de la expropiación. Para el diputado Pablo Tonelli, la empresa “solo puede ser r intervenida por un juez en el marco de una causa abierta”.
“La YPF de hoy es una YPF vaciada”, sentenciaba desde su propio bloque Francisco de Narváez, que un año después ganaría las elecciones bonaerenses aliado con Mauricio Macri y Felipe Solá. El entonces legislador se manifestó a favor de tener a la petrolera “en manos del Estado”, pero “controlada fehacientemente”.
A su vez, Elisa Carrió la emprendía contra el titular de Repsol, Antonio Brufau, y el ministro De Vido, quienes a su juicio debían “ir presos” por el vaciamiento de la petrolera. La diputada de la Coalición Cívica ampliaba la responsabilidad a la clase política: “Todos somos culpables de la destrucción de YPF”.
El diputado radical Ricardo Alfonsín responsabilizó en su discurso al oficialismo del vaciamiento de YPF. Lo acusó de haber avalado la privatización en 1992 y de haber cometido “políticas erróneas” desde 2003. Sin embargo, ratificó que “por principio y convicción vamos a votar a favor”.
A su turno, Graciela Camaño señalaba que “mientras nos hacemos cargo seguimos sin controlar”, y también sostenía que “el problema es el recupero del paquete accionario de la deuda del señor Eskenazi”.
El jefe del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, señalaba que “Argentina ha perdido el autoabastecimiento que alcanzó durante el gobierno de Alfonsín como consecuencia de políticas coyunturales e irresponsables del justicialismo (…) Menem privatizó YPF vendiéndosela a Repsol con el acompañamiento entusiasta del matrimonio Kirchner”.
“Esta ausencia de control de parte del Estado es una matriz que se repite en varios ámbitos”, indicó en su discurso Gil Lavedra, quien habló de la “hiprocresía”, el “relato épico” y la “epopeya” del discurso kirchnerista, “en la cual ahora estamos yendo contra los malos de España”.
Cerró ese extenso e histórico debate Agustín Rossi, presidente del bloque del Frente para la Victoria en Diputados, quien defendió la iniciativa del Poder Ejecutivo para devolverle YPF al Estado y sentenció: “Con aplausos o con huevazos siempre defendimos las mismas ideas”.
“A la historia lo que es de la historia, y a la presidenta lo que es de la presidenta, porque la presidenta tomó la decisión política de nacionalizar la principal empresa petrolera de la Argentina”, sentenció.
La expropiación de YPF se aprobó con 208 votos a favor, 32 en contra y 5 abstenciones. La votación marcó un récord para la gestión kirchnerista, superando otras votaciones consideradas “históricas”.
El kirchnerismo contó con el acompañamiento del FAP, Proyecto Sur y el grueso del radicalismo, además de sus bancadas aliadas: Nuevo Encuentro, Frente Cívico por Santiago, Movimiento Popular Neuquino, PJ La Pampa y también Unión Peronista.
El Frente Peronista y la Coalición Cívica se dividieron entre la aprobación y el rechazo, mientras que el Pro votó en contra en su totalidad.
En el radicalismo encabezó la rebelión el legislador Oscar Aguad, cada vez más cercano al macrismo, quien se retiró del recinto al momento de votar. Siguió estos pasos su par cordobés Hipólito Faustinelli.
La Coalición Cívica-ARI tampoco tuvo una posición unánime. En los mismos términos expresados en su momento por María Eugenia Estenssoro en el Senado, tres diputados acompañaron con sus abstenciones a Elisa Carrió: Hilma Ré, Alicia Terada y Alfonso Prat-Gay. Carlos Comi y Horacio Piemonte votaron junto al oficialismo en general.
En cuanto a los monobloques, se expresaron por la negativa Patricia Bullrich (Unión por Todos), Liliana Fadul (Partido Federal Fueguino) y Carlos Favario (Demócrata Progresista). Mientras tanto, Marcela Rodríguez (DIP) y Bernardo Biella Calvet (Udeso Salta), votaron a favor pero propusieron modificaciones en el articulado. El oficialismo también contó con el respaldo del salteño Alfredo Olmedo; Eduardo Ibarra (Unión por San Juan), Jorge Garramuño (Movimiento Popular Fueguino), María Cristina Fiore Viñuales (Renovador de Salta) y Juan Carlos Forconi (Santa Fe en Movimiento).
Una multitud acompañó y vivó frente al Congreso la aprobación de esa ley.
La diputada nacional Adriana Cáceres solicitó la presencia del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat en el Congreso.
La diputada nacional Adriana Cáceres (Juntos por el Cambio-Buenos Aires) solicitó que el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Horacio Ferraresi, concurra al Congreso Nacional a efectos de ser interpelado por apoyar las expropiaciones.
El pedido se realiza en el marco de la aprobación de una norma en el municipio de Avellaneda que autoriza a expropiar inmuebles sin cumplir con los requisitos que fija la Constitución Nacional. El ministro expresó su aprobación pública a la iniciativa.
"La propiedad privada es uno de los principios fundamentales de nuestra República. Queremos interpelar al ministro de Hábitat para que aclare por qué apoya las expropiaciones con procesos irregulares que no están avalados por nuestra Constitución Nacional", argumentó Cáceres.
El mismo presidente Alberto Fernández relativizó el derecho a la propiedad al afirmar que "no tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno", frase que pronunció en un acto de anuncio de inversión de obras para urbanizar lotes y de créditos para casas, en Mercedes, Provincia de Buenos Aires.
En consonancia con las palabras del presidente, el Concejo Deliberante de Avellaneda dictó una ordenanza que permite la expropiación de inmuebles en "desuso".
"Naturalizar la violación de la ley es un mensaje tan peligroso como inaceptable", lanzó la diputada pilarense de Juntos por el Cambio que el año pasado presentó en la Cámara baja un proyecto contra las usurpaciones, y continuó "con la cuarentena, el aumento de la pobreza y el desempleo, la crisis habitacional creció exponencialmente, pareciera que el Gobierno está queriendo emparchar el tema generando un problema mucho más grave aún".
"Los argentinos tenemos demasiados problemas con las víctimas de una política errática en salud, con la economía, con la educación y con la falta de rumbo como para que desde el mismo gobierno vengan a fomentar ilícitos. Espero que este proyecto se apruebe a la brevedad para que el ministro Ferraresi venga al Congreso, no para responder a los diputados sino para tranquilizar a todo un país que exige respuestas", finalizó Cáceres.
Acompañaron el pedido los diputados Juan Aicega, Virginia Cornejo, Jorge Enríquez, Alicia Fregonese, Gustavo Hein, Victoria Morales Gorleri, Carmen Polledo, Adriana Ruarte, Francisco Sánchez, David Schlereth, Héctor Stefani y Pablo Torello, entre otros.
La senadora, impulsora de la expropiación de Vicentin, sostuvo que hay que conocer “qué pasó, cómo pasó y quiénes participaron de esa defraudación con plata de los argentinos”.
La senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti, impulsora de la expropiación de Vicentin, denunció en la sesión de este miércoles que “a la oposición solo le importa la propiedad privada de los fugadores y deudores” y defendió la necesidad de crear una comisión investigadora sobre las deudas con el Banco Nación.
En primer lugar, Fernández Sagasti cuestionó que desde la oposición se argumente que hay que reformar el reglamento con mayoría especial para crear una comisión: “Sacar temas reglamentarios para eludir el fondo del asunto me parece de una bajeza y de una falta de honestidad intelectual que son grave para la institucionalidad argentina”.
La legisladora del Frente de Todos remarcó que la bicameral investigadora es necesaria “porque es necesario levantar la calidad del debate”.
“Podemos tener diferencias acerca de cuál tiene que ser el rol del Estado en la economía, y vaya si las tenemos, pero por esas diferencias no podemos convalidar que se vacíen empresas con fondos públicos y que se deje un tendal de productores en Pampa y la Vía y que el Congreso haga oídos sordos a eso”, advirtió.
Y continuó: “Necesitamos explicar por qué una empresa que es la sexta exportadora de granos de Argentina pasó de tener solidez financiera en julio de 2019 a recibir, en los últimos seis meses del gobierno de (Mauricio) Macri, 26 créditos del Banco Nación en un mes”. “Calculo que (Javier) González Fraga ha ido hasta los domingos a firmar créditos”, ironizó.
Para Fernández Sagasti, hay que conocer “qué pasó, cómo pasó y quiénes participaron de esa defraudación con plata de los argentinos”.
La legisladora sostuvo que “sobran botones de muestra de que el Congreso ha investigado” aun con causas en trámite en la Justicia, como en el caso de la desaparición del submarino ARA San Juan, algo que “se hizo por ley y se votó por unanimidad”.
“La oposición debería ser la primera en querer esta comisión investigadora. Primero, porque van a participar; segundo, para dejar en claro que no tienen nada que esconder; y tercero, para no ser cómplices de los dirigentes políticos que dicen defender la propiedad privada pero en realidad no quieren que se investiguen las complicidades que hubo entre el gobierno de Cambiemos y los CEOS de Vicentin”.
“Desde que el presidente anunció la decisión estratégica de rescatar a esta empresa, se llenaron la boca hablando de Venezuela”, se quejó la senadora.
Aclaró que, más allá del derecho a la propiedad privada consagrado en la Constitución, “la expropiación es la excepción que tiene el Estado por interés público”, y es “una herramienta constitucional” que está “regulada por una ley”.
En este contexto, y para justificar el plan de la expropiación de Vicentin, aseguró que “los derechos tienen obligaciones”, como por ejemplo las de pagar impuestos. “Parece que a la oposición solo le importa la propiedad privada de los fugadores y deudores”, remató.
El titular de la Comisión de Agricultura y Ganadería se expresó a favor de la creación de una bicameral sobre Vicentin y advirtió que si la empresa sigue como está, habrá perjuicios para toda la economía.
Adolfo Rodríguez Saá, titular de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado, se expresó a favor del proyecto del oficialismo para crear una comisión bicameral que investigue la relación crediticia entre Vicentin y el Banco Nación “para que el pueblo sepa de qué se trata”.
El legislador del Frente de Todos advirtió en la sesión de este miércoles sobre “el tremendo endeudamiento” de la empresa, “principalmente con el Banco Nación, que es el que financia la producción argentina”. “Una deuda que, de continuar sin la participación del Estado, difícilmente recuperemos”, dijo.
Rodríguez Saá consideró que si los préstamos recibidos por Vicentin son de un monto “similar a todo el salvataje que se ha hecho de las pymes en esta pandemia, significa que le podríamos haber prestado el doble”.
Al enumerar todos los rubros que abarca la empresa agroexportadora, el puntano advirtió que “la hecatombe de una empresa de esta magnitud va a afectar a toda la economía nacional”, particularmente a “2.300 cooperativas de Santa Fe y Córdoba” que “aglutinan a familias productoras que movilizan la economía de los pueblos”.
Por esa razón, Rodríguez Saá consideró que debe haber algún tipo de injerencia del Estado. “Tenemos que participar. Ya veremos si generamos una empresa federativa, ya veremos cómo le damos forma, pero ¿qué quieren que hagamos? Los dueños de Vicentin ya estuvieron golpeando todas las puertas, ¿qué quieren que hagamos? ¿Que fundamos a todos los productores?”.
Finalmente, el senador afirmó: “Proponemos una comisión investigadora para que el pueblo argentino sepa de qué se trata. Estamos actuando dentro de la ley y la Constitución para beneficiar al pueblo argentino”.
Es para derogar la “ocupación temporaria anormal”. El proyecto es encabezado por un diputado radical por Córdoba.
En medio del debate sobre Vicentin, diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para modificar la Ley de Expropiaciones, con el fin de derogar las disposiciones relativas a la ocupación temporánea anormal de bienes.
“La denominada ‘ocupación temporánea anormal’ prevista en la ley constituye una peligrosa figura inconstitucional que el Poder Ejecutivo puede utilizar sin la necesidad de la declaración de utilidad pública, convirtiéndose así en un instrumento arbitrario que debilita la seguridad jurídica”, señalaron.
El proyecto, encabezado por Hugo Romero (UCR-Córdoba) propone la derogación de los artículos 58, 59, 60 de la Ley 21.499, eliminando definitivamente la figura de la “ocupación temporánea anormal” y garantizando así la intervención del Congreso en la declaración pública en todos los casos en que el derecho de propiedad deba afectarse en forma permanente o temporaria.
“La expropiación tiene base en el artículo 17 de la Constitución Nacional, que reconoce como regla el derecho de propiedad al que califica de inviolable con dos excepciones: la privación en virtud de sentencia fundada en ley, y expropiación por causa de utilidad pública calificada por ley y previamente indemnizada”, recordó Romero.
En este sentido, destacó que “resulta claro del texto constitucional que la afectación del derecho de propiedad solo procede por acto del Poder Judicial fundado en ley del Congreso y por acto de la Administración fundado también en el acto del Congreso de declaración de utilidad pública”.
Y agregó: “Esto es así, por cuanto el goce de los derechos constitucionales solo puede estar limitado por ´leyes que reglamenten su ejercicio´ a tenor de lo dispuesto por el artículo 14 de la Carta Magna”.
“La protección del derecho de propiedad forma parte de la cultura jurídica nacional y aparece reconocido en el primer constitucionalismo argentino. La medida de la privación de la propiedad por parte del Estado requiere necesariamente indemnización previa y la intervención del Congreso mediante una ley de declaración de utilidad pública. Se trata de una medida extraordinaria que debe ser calificada por ley, lo que constituye una garantía para impedir el uso arbitrario de la figura”, subrayó Romero.
Para el diputado, “la ‘ocupación’ como una figura no prevista expresamente en la Constitución y que significa la afectación del derecho de propiedad por un período de tiempo determinado, si bien no tiene las características de perpetuidad de la expropiación, continúa regida por la garantía constitucional, ya que el artículo 17 de la Carta Magna la protege cualquiera sea su afectación, permanente o temporaria, requiriendo la intervención del Congreso como una etapa del procedimiento que debe seguirse aun cuando la desposesión no fuere permanente”.
El proyecto lleva también las firmas de los diputados Alfredo Cornejo, Gustavo Menna, Luis Pastori, José Cano, Brenda Austin, Miguel Bazze, Alejandro Cacace, Luis Petri, Federico Zamarbide, Luis Juez, Soher El Sukaria, Sebastián Salvador, Ximena García, Jorge Vara, Dolores Martínez, Lidia Ascarate, Leonor Martínez Villada, Gabriel Alfredo Frizza, Adriana Ruarte, Estela Regidor, Lorena Matzen, Ricardo Buryaile, Gerardo Cipolini, Claudia Najul, Atilio Benedetti y Aída Ayala.
“Debe ser una empresa en la que participen las cooperativas, la provincia de Santa Fe, los productores y los bancos acreedores”, consideró el senador durante una charla virtual con la Fundación Barbechando.
El senador nacional Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos) aseguró este miércoles que ante crisis de Vicentin y la intención oficial de expropiar la compañía, “hay que pensar en una empresa federativa”.
“El problema existe y hay que darle una solución. Creo que hay que pensar en una empresa federativa que le imprima la voluntad y la energía de las cooperativas”, consideró el legislador durante una reunión virtual que mantuvo como presidente de la Comisión de Agricultura con productores de la Fundación Barbechando, para establecer una agenda en común sobre los temas del sector.
Sobre el conflicto de la exportadora, Rodríguez Saá planteó “si nos vamos a dividir o vamos a buscar el camino de la solución”. “Para mi, debe ser una empresa en la que participen las cooperativas, el Estado provincial de Santa Fe, los productores y los bancos acreedores”, propuso.
Asimismo, consideró que “el Estado Nacional debe imponer un equilibrio, porque cada sector pretenderá imponerse sobre el otro”.
Rodriguez Saá, además, sostuvo que “la energía enorme de esta empresa no la debemos perder”, y que se debe canalizar a través de una “empresa federativa”, si bien aclaró que “tampoco se pueden llevar 18.000 millones del Banco Nación y no pagar”.
El legislador del Frente de Todos insistió en que “si se logra un consenso donde participen productores y el Estado de Santa Fe, sería interesante”. “Si lo politizamos al máximo, no sería el mejor camino”, consideró.
La Fundación Barbechando estuvo representada por su presidente, David Hughes, quien hizo hincapié en la importancia de la Ley de Semillas, el impacto ambiental y el presupuesto destinado al sector del agro.
Del encuentro participó también el senador Alfredo De Angeli (Pro), quien coincidió en la necesidad de “buscar consensos para lograr un trabajo exitoso” a nivel legislativo.
El proyecto es de los diputados “monzoístas”. “Es un despropósito que el Gobierno avance con la expropiación”, advirtió Sebastián García De Luca.
Los diputados de Juntos por el Cambio que responden al exministro de Interior, Rogelio Frigerio, y al expresidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, rechazaron la expropiación de Vicentin y presentaron su propio proyecto, encabezado por Sebastián García De Luca.
La iniciativa consiste en que la empresa agroexportadora sea gerenciada por acreedores afines al sector, como ACA y AFA, con el fin de mantener los puestos de trabajo y cumplir con los compromisos asumidos.
La propuesta de ley fue firmada por los diputados de Juntos por el Cambio Domingo Amaya, Juan Aicega, Humberto Orrego, Felipe Alvárez, Martín Grande, Gabriel Frizza, Federico Frigerio, José Luis Patiño, Francisco Sánchez, Eduardo Cáceres y Gustavo Hein, además de García De Luca.
Los legisladores sugirieron que sea el juez del concurso quien defina como administradores a acreedores con conocimiento en la materia, como la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) o Agricultores Federados Argentinos (AFA), y a su vez asigne los roles en la empresa hasta su saneamiento.
En ese marco, consideraron que el Gobierno Nacional debe limitarse a cobrar los créditos otorgados por el Banco Nación, al igual que deberían hacerlo la provincia de Buenos Aires y la Ciudad a través de sus respectivas entidades bancarias.
García De Luca sostuvo que “el proceso judicial debe seguir su curso, pero contemplando alternativas que protejan el trabajo, la producción y la inversión, y priorizando a quienes conocen y sean parte del sector agropecuario, como ACA y AFA”.
“Tanto en términos legales como económicos es un despropósito que el Gobierno avance con la expropiación de una empresa del sector más competitivo del país mientras tantas pymes atraviesan graves dificultades producto de la pandemia. La única urgencia tiene que ser salvar esas y otras fuentes de trabajo”, consideró el legislador del Pro.
En el proyecto también se plantea la conformación de una gerencia de producción y otra de reestructuración de la deuda, que permanecerían activas hasta tanto se logre la recuperación financiera de la empresa.
La gerencia de producción debería garantizar el pago inmediato de las deudas que Vicentin contrajo con pequeños productores que hoy atraviesan serias dificultades económicas, mientras que la gerencia de reestructuración de la deuda tendría que buscar inversores nacionales para recuperar la empresa y garantizar el funcionamiento a futuro de la misma.
Para Consenso Federal “no existen fundamentos” para que la decisión del Gobierno “procure el bien común”. Consideraron que hay otras alternativas.
El bloque de diputados de Consenso Federal, integrado por Graciela Camaño, Alejandro “Topo” Rodríguez y Jorge Sarghini, también cuestionó la expropiación de la empresa Vicentín, y consideró que “el Estado cuenta con los instrumentos para elaborar una alternativa”.
“No advertimos que existan fundamentos para que las acciones realizadas por el Gobierno nacional constituyan una razón que ‘procure el bien común’”, expresaron, aunque aclararon que “esto de ninguna manera implica o significa avalar lo actuado por el grupo empresario que está siendo investigado por la Justicia, además de tener su empresa en concurso preventivo”.
Según señalaron los legisladores en un comunicado, “el concurso preventivo establecido en la Ley 24.522 resguarda como ley de orden público las acreencias de todos”.
“Consideramos que el Estado cuenta con los instrumentos para elaborar una alternativa con la participación de cooperativas, pequeños y medianos productores y los propios trabajadores que cuentan con créditos en el concurso”, indicaron Camaño, Rodríguez y Sarghini.
Por último, advirtieron que “resulta alarmante exponer a las exhaustas arcas del Estado a eventuales demandas judiciales, como vemos que ha sucedido en situaciones similares a las acciones ejecutadas”, en referencia a la expropiación de YPF.
El diputado radical y exministro de Agroindustria sostuvo que "la empresa que va a surgir va a poner precios políticos" lo que va a generar que "el costo sea más alto".
El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR) se refirió a la decisión del Gobierno de intervenir y expropiar la empresa Vicentin, y consideró que "el Estado no tendría por qué intervenir".
"La empresa está en concurso, por lo tanto tiene un síndico, y el juez podría haberla intervenido, de ser necesario y si así lo creía, para hacer frente a las obligaciones que tiene", sostuvo, más allá que valoró a Gabriel Delgado -quien sería el interventor- y lo calificó como un "amigo" suyo.
El exministro de Agroindustria, durante la gestión de Mauricio Macri, dijo que lo que le genera "mucho ruido" es "el fundamento del por qué la expropiación; esto habla de un desconocimiento de la realidad del comercio internacional y de la producción argentina".
Entrevistado por el diario Perfil, el radical señaló que "el problema de Argentina no es que el Estado tenga una empresa más, el problema es el Estado que tenemos".
"La empresa que va a surgir va a poner precios políticos, y también va a tener costos de una estructura más pesada que puede terminar haciendo que el costo sea más alto. Por lo tanto, menos precio para los productores y, a la vez, se van a llenar de plata las multinacionales", estimó.
Aunque aclaró que hay que observar en detalle el proyecto, el formoseño expresó que "no" está de acuerdo en que "si cada empresa que tiene problemas el Estado la va a intevernir". "Entonces, ¿qué van a hacer con todas las que quiebren post pandemia? ¿Van a estatizarlas a todas?", se preguntó.
Así lo confirmó el titular de la Comisión de Agricultura de Diputados, José Ruiz Aragón.
Siendo su inspiradora la vicepresidenta del bloque oficialista del Senado, Anabel Fernández Sagasti, era más que previsible que el proyecto de ley de expropiación de la empresa Vicentin ingresaría por la Cámara alta. Y así será, según confirmó el titular de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, una de las que tendrá protagonismo en el debate cuando le toque a Diputados.
En efecto, el diputado correntino José Ruiz Aragón justificó que la Cámara de origen de este proyecto es el Senado, por lo que “el primer debate va a ser ahí y a nosotros nos va a venir un debate más pulido. Lo que no significa que no vaya a ser áspera la discusión”, pronosticó desde la pantalla de Diputados TV.
El legislador del Frente de Todos respaldó la iniciativa señalando que “el de la soberanía alimentaria es un concepto que venimos intentando poner en agenda”, y remarcó que “necesitamos que lo que se produce llegue primero a la mesa de los argentinos”.
Además, proponen que la empresa sea gestionada por sus trabajadores. Así se pronunciaron Del Caño y Del Plá.
Los diputados nacionales del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño y Romina del Plá sostuvieron que la expropiación de Vicentin debe ser “sin pago” y que la empresa debe quedar bajo gestión de sus trabajadores.
“Con la estafa que hizo Vicentin con (Mauricio) Macri, de mínima corresponde la expropiación y estatización sin pago bajo gestión de sus trabajadores”, consideró Del Caño a través de Twitter.
Al hablar de “estafa”, el legislador del PTS se refirió al préstamo de 18.500 millones de pesos otorgado por el Banco Nación a la firma durante la gestión anterior, siendo que Vicentin aportó a la campaña electoral de Juntos por el Cambio.
En tanto, Del Plá advirtió que “la operatoria espuria de los pulpos sojeros de especular con los granos y tomar préstamos para expandirse, como quedó en evidencia con Vicentin, no debe ‘rescatarse’ sino abrirse los libros para desentrañar los negociados y estatizarse sin pago bajo control de sus trabajadores”.
Para los partidos que integran la alianza, la intervención de la firma agropecuaria “nos va a terminar costando miles de millones de dólares a los argentinos”.
En un comunicado firmado por sus autoridades, Juntos por el Cambio alertó que la intervención del Grupo Vicentín, anunciada este lunes por el Gobierno Nacional, “es ilegal e inconstitucional, desautoriza al Congreso y el Poder Judicial, da un primer paso en el camino para estatizar el mercado agropecuario, repite experiencias anteriores que nos terminaron costando muy caras a los argentinos (como las expropiaciones de YPF y Ciccone) y confirma que las amenazas recientes al final eran compartidas por el resto del frente oficialista”.
“En síntesis, es una medida innecesaria y peligrosa, de consecuencias impredecibles, que deteriora la confianza en el país y cierra la puerta a las inversiones necesarias para salir de la crisis generada por la pandemia”, advirtió la alianza opositora.
El texto fue firmado por los titulares de la UCR, Alfredo Cornejo; del Pro, Patricia Bullrich; y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, además de los diputados Mario Negri (UCR) y Cristian Ritondo (Pro), y los senadores Luis Naidenoff (UCR) y Humberto Schiavoni (Pro), además de Juan Carlos Romero, del Interbloque Federal.
A continuación, las cinco observaciones de Juntos por el Cambio:
1. El anuncio es ilegal y pasa por encima del Congreso y el Poder Judicial. El Estado sólo puede intervenir empresas con una ley del Congreso, que por ahora no existe. Eso convierte el anuncio en ilegal e inconstitucional. Para poder avanzar hoy, el Gobierno publica un DNU en el que crea la figura de “intervención estatal de empresas”, inexistente hasta hoy y que viola la propiedad privada consagrada en la Constitución. Además, pasa por encima de la autoridad del juez a cargo del concurso de acreedores del Grupo Vicentín, encargado de garantizar los derechos de los acreedores y deudores de la empresa.
2. Es el primer paso para romper el mercado de granos. Con la excusa de la “soberanía alimentaria”, un concepto rechazado por la OMC y la FAO de Naciones Unidas, la expropiación de Vicentín puede ser el primer paso del Gobierno para avanzar en una mayor regulación del mercado de granos, que funciona bien y es la principal fuente de divisas del país. Quién sabe si su ambición final no es volver a una Junta Nacional de Granos, el viejo anhelo de una parte de la coalición oficialista.
3. Usa un modelo que ya fracasó y que nos costó carísimo. El kirchnerismo ya hizo esto con empresas como YPF, Ciccone, Aerolíneas Argentinas y Aguas Argentinas, a las que expropió por decreto con un discurso triunfalista y por las que después los argentinos tuvimos que pagar miles de millones de dólares en juicios y haciéndonos cargo de sus pérdidas. Con Vicentín va a pasar lo mismo. Es una empresa que tenía problemas y deudas cuya responsabilidad era de sus accionistas. Ahora esos problemas y esas deudas son de todos los argentinos.
4. Empresas en problemas por la cuarentena corren el mismo riesgo. Si la excusa para expropiar Vicentín es que estaba en problemas, ¿qué seguridad tienen las miles de empresas argentinas hoy al borde de la supervivencia por las restricciones impuestas durante el aislamiento social obligatorio? Después de lo de hoy, cualquier empresa tiene razones para sospechar que cualquier ayuda estatal podrá ser usada en su contra en el futuro cercano.
5. Lo que nos venían adelantando algunas “mentes avezadas” kirchneristas hoy es una realidad y verdad. El anuncio de hoy muestra una clara intención de avanzar con la participación estatal en empresas, a pesar de haber sido desmentida por el presidente Fernández en Formosa. Hoy nadie dijo el famoso “¡exprópiese!” chavista, pero la oposición y la ciudadanía debemos estar en pie de alerta.
La titular de la Comisión de Finanzas elogió la decisión del Gobierno de intervenir y expropiar la empresa cerealera.
La presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Fernanda Vallejos, destacó este lunes que la recuperación de la empresa cerealera Vicentín, a través de su intervención y posterior expropiación, “es una decisión trascendente para la Argentina”.
“El rescate de Vicentín tiene, sin dudas, enorme valor para la economía argentina y, particularmente, en un sector de especial relevancia: el mercado de granos y de cereales, un activo estratégico en nuestro mercado de exportación”, puntualizó la legisladora.
Frente a la crisis que atraviesa el Grupo Vicentín, el presidente Alberto Fernández anunció desde Casa Rosada la intervención de la firma agroindustrial, a través de un DNU, y adelantó que enviará al Congreso un proyecto de ley de expropiación, declarando a la empresa “de utilidad pública”.
En ese marco, Vallejos subrayó que se trata de "una decisión trascendente para la Argentina, que podrá mantener, mediante la participación del Estado, a uno de los operadores de mayor envergadura del sector”.
Vicentín entró en default en diciembre del año pasado acumulando deudas millonarias por 18.000 millones de pesos, la mayor parte con el Banco de la Nación.
La legisladora del Frente de Todos subrayó en un comunicado que la decisión tomada por el Gobierno “es una garantía para 2.600 pequeños productores, que podrán seguir vendiendo su producción a la empresa” y agregó que “el Estado garantizará la continuidad de la empresa, asegurando las fuentes de empleo de sus trabajadores”.
Lo anunció el presidente Alberto Fernández en conferencia de prensa. También informó que la empresa será intervenida y que la normalización estará a cargo de Gabriel Delgado.
El Poder Ejecutivo enviará al Congreso Nacional en las próximas horas un proyecto de ley para declarar la expropiación del Grupo Vicentín, que además será intervenido por el Estado Nacional por el plazo de 60 días.
El anuncio fue realizado por el presidente Alberto Fernández en conferencia de prensa en Casa Rosada, junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; la vicejefa del bloque de senadores del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti; y quien fue designado como interventor de la empresa, Gabriel Delgado.
La intervención, señaló Fernández, se efectivizará a través de un DNU que ya fue firmado, mientras que la expropiación se resolverá a través de una ley -cuya “idea primigenia” fue de Fernández Sagasti- declarando a la empresa “de utilidad pública”.
El presidente destacó que Vicentín es “un grupo cerealero que además tiene intereses y ha desarrollado negocios en el mercado de la carne, en el mercado alimenticio y en el mercado vitivinícola”.
Fernández advirtió que “de un tiempo a esta parte” la cerealera padece una “crisis financiera” y recordó que “el Estado nacional es su principal acreedor a través del Banco Nación”.
Por eso, explicó que se busca “rescatar” a la empresa, “con el propósito no solamente de que la empresa continúe, sino también de que sus trabajadores tengan la tranquilidad de continuar en sus trabajos, y que alrededor de 2.600 productores puedan seguir contando con una empresa a quien venderle lo que ellos producen”.
Fernández detalló que “todos los activos del Grupo Vicentín pasarán a formar parte de un fondo fiduciario” que será gestionado por YPF Agro.
Sostuvo que “post-pandemia, esto tiene una relevancia singular” ya que se apunta a “lograr la soberanía alimentaria que la Argentina necesita” para salir de la crisis.
“Se trata de una operación de rescate de una empresa de magnitud”, insistió, y repitió que “es una decisión estratégica para la economía nacional”.
El presidente recordó que la empresa se encuentra en un concurso preventivo de acreedores, por lo que este martes, Kulfas, Delgado y abogados del Estado “se presentarán al concurso para hacerse cargo de la intervención”.
Por su parte, Kulfas coincidió en que “el objetivo central es el rescate de esta empresa que tiene un papel central en el rubro agroindustrial”, e indicó que “productores de Santa Fe y Córdoba, entre otras provincias, han sufrido las consecuencias de esta cesación de pagos”.
En tanto, Fernández Sagasti expresó que recibió “muchas demandas sobre lo que estaba sucediendo alrededor de Vicentín” y resaltó que la decisión de la expropiación “tiene que ver con la soberanía alimentaria” y que será “una herramienta fundamental para el Estado Nacional”.
Por último, Delgado señaló: “He trabajado toda mi vida en cuestiones de la política agrícola. La decisión histórica es desarrollar un instrumento, como lo va a ser este fondo fiduciario, para un sector que tiene tanto que ver con la Argentina”.
En febrero pasado, el fiscal Gerardo Pollicita imputó al expresidente del Banco Nación, Javier González Fraga, por haber otorgado un préstamo “irregular” a Vicentín, por el monto de 18.500 millones de pesos, en perjuicio del Estado Nacional, siendo esta empresa la principal aportante de campaña de Juntos por el Cambio en 2019.
En esa causa, que lleva adelante el juez federal Julián Ercolini, también están imputados Alberto Padoán y Gustavo Nardelli, ejecutivos de la cerealera.