Presentan proyecto para expropiar inmueble de cooperativa Engraucoop

El objetivo principal radica en sostener la fuente laboral de muchas familias del distrito de Necochea.

La diputada provincial de Unión por la Patria Natalia Sánchez Jauregui, presentó un proyecto de ley para expropiar el inmueble donde funciona la cooperativa Engraucoop, encargada del procesamiento de anchoitas, donde trabajan 250 mujeres.

Actualmente la cooperativa se encuentra atravesando un proceso judicial por el cual el establecimiento, ubicado en 517 y 544, de Quequén podría ser rematado por una deuda producida por los anteriores dueños.

La diputada provincial de Unión por la Patria Natalia Sánchez Jauregui, presentó un proyecto de ley para expropiar el inmueble donde funciona la cooperativa Engraucoop, encargada del procesamiento de anchoitas, donde trabajan 250 mujeres.

Actualmente la cooperativa se encuentra atravesando un proceso judicial por el cual el establecimiento, ubicado en 517 y 544, de Quequén podría ser rematado por una deuda producida por los anteriores dueños.

Ante esta situación, la legisladora bonaerense ingresó ante la Cámara baja de la provincia de Buenos Aires, un proyecto de ley que solicita declarar de “interés público y sujeto a expropiación” el citado inmueble.

En este sentido, Sánchez Jauregui aseguró que “me invade muchísima emoción, porque fuimos acompañando el proceso en diferentes cuestiones y ese avance queda aquí, en un proyecto de ley que hay que acompañar, y le pedimos a la ciudadanía de todo el distrito que acompañen a las trabajadoras con sus firmas”.

“Esto no solamente es fuente de trabajo para 200 mujeres, sino 200 familias que se sustentan gracias a esta fuente de trabajo”, explicó la legisladora.

Además, señaló que “como peronista, como dirigente sindical de la UATRE, agradezco a quienes nos acompañan y creo que esta es una de las cosas por las cuales vale la pena involucrarse en política y comprometerse con la comunidad.”

Y agregó: “Si no podemos ayudar con estas cosas, para qué estamos las y los funcionarios que representamos el pueblo de la Provincia”.

“Esta lucha tiene que ser la mía, de ustedes, de todos los diputados y las diputadas, pero también de todo el distrito de Necochea. Salgamos a buscar las firmas para que este proyecto sea Ley”, remarcó Sánchez Jauregui.

En tanto, indicó que el gobernador, Axel Kicillof, “está al tanto y las está acompañando y vamos a lograr que el proyecto de ley se apruebe”. 

De ser aprobado el proyecto, el Poder Ejecutivo Provincial, encabezado por Axel Kicillof, podrá disponer la expropiación del inmueble en favor de la cooperativa Engraucoop.

Del Plá: “Hay que avanzar en la expropiación de tierras de Lewis en la zona de Lago Escondido”

La diputada de izquierda presentó un proyecto para que las hectáreas de tierras del empresario inglés “sean de uso público bajo control de representantes electos de movimientos sociales, ambientales y de los pueblos originarios”.

Apenas iniciado el año parlamentario, la diputada nacional Romina Del Plá (FIT-U) presentó un proyecto de ley para declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes y las 12.000 hectáreas de tierras propiedad del empresario inglés Joe Lewis en la zona de Lago Escondido, provincia de Río Negro.

Sobre el proyecto impulsado por el Bloque del Partido Obrero y el Frente de Izquierda y de trabajadores-Unidad, Del Plá afirmó: “Hemos presentado un proyecto de ley de expropiación de los bienes y las 12.000 hectáreas de tierras de Joe Lewis en Lago Escondido de Rio Negro para que sean de uso público bajo control de representantes electos de movimientos sociales, ambientales y de los pueblos originarios. Esto incluye los accesos al lago, algo que fue motivo de una prolongada lucha de 17 años de batalla legal, y que finalmente ratificó la sentencia de la Suprema Corte Provincial intimando a Lewis y al gobierno de la provincia de Río Negro a habilitar el acceso al lago por el camino Tacuifí”.

Asimismo, señaló que “según la constitución provincial que Lewis no respeta, tiene que existir el libre acceso para todos los ciudadanos a los espejos de agua y a sus riberas. Este fallo fue ignorado por el empresario, y avalado por el gobierno nacional y provincial. Este pedido de expropiación se fundamenta en el carácter fraudulento de las compras de estas tierras que por ley nacional están prohibidas a extranjeros”.

Por último, agregó: “Con los políticos capitalistas, la Argentina está en venta. La extranjerización de tierras en Argentina a través de testaferros o a nombre de sociedades con asiento en paraísos fiscales es de tal magnitud que afecta la soberanía del país. Hay más de 12,5 millones de hectáreas en manos de empresarios extranjeros, de las cuales casi dos millones son de firmas radicadas en paraísos fiscales, mientras se ataca a los pueblos originarios en Mascardi, se los reprime, desaloja y encarcela a una velocidad increíble a mujeres mapuches con niños, mientras Lewis hace lo que quiere”.

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A propósito del centenario de YPF, recordamos la expropiación a Repsol

El proyecto enviado por entonces por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue aprobado en sesiones realizadas hace diez años, en los meses de abril y mayo.

El 13 de diciembre de 1907 comenzó a correr la noticia sobre el descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia, Chubut. Un grupo de operarios que cavaba pozos en busca de agua potable había encontrado, a 500 metros bajo tierra, una sustancia oscura que salía a borbotones.

A partir de entonces, Comodoro Rivadavia se convertiría en un pueblo petrolero dedicado a la extracción de crudo. A medida que esa industria se expandía y con el descubrimiento de cada nuevo pozo, nacían a su alrededor campamentos petroleros que luego se convertirían en pueblos y ciudades.

Así llegamos a 1910, cuando bajo la presidencia de José Figueroa Alcorta el Estado argentino crea la Dirección General de Explotación del Petróleo de Comodoro Rivadavia, con el objetivo de regular la actividad de las compañías extranjeras que comenzaban a establecerse en el país. Pero los cambios más significativos se generarían a partir de que el 3 de junio de 1922 el Estado nacional crea por decreto la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, hito fundamental en la historia del petróleo en la Argentina.

El presidente era entonces Hipólito Yrigoyen, a quien en octubre de ese año sucedería Marcelo T. de Alvear, que nombra al general Enrique Mosconi director General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), cargo que ocuparía durante 8 años y que significó un impulso decisivo para la actividad petrolera en nuestro país.

El autoabastecimiento petrolero argentino se conseguiría durante la presidencia de Arturo Frondizi y su “batalla del petróleo”. Una empresa polémica, que había anunciado el 24 de julio de 1958 y a través de la cual la Argentina, que había llegado a importar casi el 70% del petróleo que consumía, en apenas 4 años y a través de YPF triplicaría la producción nacional para alcanzar el autoabastecimiento, rompiendo así con 50 años de dependencia.

Esa batalla tuvo costos. Políticos, y muy grandes para el gobierno de Frondizi, que perdió gran apoyo de varios sectores que lo habían respaldado en su candidatura, además de la renuncia del vicepresidente Alejandro Gómez.

En tiempos de Carlos Saúl Menem se privatizó YPF. Entre 1989 y 1992 se llevó a cabo la reforma en el cambio de tipo societario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales como Sociedad del Estado para convertirse en una Sociedad Anónima (YPF SA).

Para 1993 el Estado mantenía el 20% de las acciones y la acción de oro, y un 12% los estados provinciales. El sector privado era propietario del 46% del accionariado, y lo componían bancos y fondos de inversión de diversos países. En 1998, el sector privado ya poseía casi el 75% de las acciones, aunque el Estado mantenía la acción de oro.

Los efectos negativos de la privatización se vieron rápidamente en las ciudades petroleras. Fue la génesis del movimiento piquetero.

En efecto, la privatización de YPF llevaba al desempleo a miles de argentinos que hasta entonces vivían del trabajo en la petrolera estatal. Los lugares tocados por el ritmo de la protesta fueron en principio Cutral-Có y Tartagal, en Neuquén y Salta, respectivamente.

La privatización de la petrolera estatal YPF hizo en muchos casos lo que previamente había provocado la concesión de los servicios ferroviarios. Entonces, pueblos enteros fueron condenados a la desaparición y el olvido, como consecuencia del levantamiento de ramales “deficitarios”.

Antonio Cafiero protagonizó como legislador nacional una discusión al momento de aprobar la venta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en el Senado de la Nación, cuando le reprochó al entonces ministro de Economía Domingo Cavallo el valor por el que la Nación se desprendía definitivamente de esa empresa. “¿No cree que estamos vendiendo por maníes algo que es un formidable potencial de riqueza argentina?”. Cavallo le respondió: “No, yo lo hago para que en el exterior se sepa que acá se pueden hacer buenos negocios”.

La privatización culminó en 1999, cuando el Estado argentino vendió a la empresa española Repsol un 14,99% de las acciones de YPF. La transacción le costó a la petrolera española 13.437 millones de euros y permite a Repsol YPF convertirse en la 8° productora de petróleo y la 15° compañía energética del mundo.

Eso se revirtió cuando el 16 de abril de 2012, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó el proyecto de ley de “Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina” para que el Estado argentino recuperase la propiedad de YPF.

Los argumentos para tal decisión eran la disminución de las reservas de petróleo durante la gestión de Repsol en YPF y la voluntad de retomar el control estatal de la petrolera para asegurar el autoabastecimiento energético.

Al anunciar la medida, Cristina Fernández remarcó que el modelo elegido no es de estatización sino de “recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental”.

Es así que el Estado argentino declaró el 51% del patrimonio de YPF de utilidad pública y sujeto a expropiación. De ese 51% expropiado, un 49% iría a las provincias y el 51% restante al Estado nacional.

El proyecto tuvo un rápido tratamiento en el Congreso de la Nación. Primero pasó por el Senado, donde fue aprobado el 26 de abril de 2012 por 63 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones.

El entonces vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, celebrando la media sanción.

Desde la oposición, Luis Naidenoff expresaría en la sesión su apoyo aclarando que se había avanzado con esa iniciativa “porque la caja no cierra”. Y agregaría: “fue la coyuntura energética asfixiante la que motivó al oficialismo a iniciar este debate”.

“Es una decisión de alto voltaje tomada por la presidenta y hay que valorarla, antes no se pudo tomar”, manifestó por su parteel líder de la bancada del Frente para la Victoria (FpV) en la Cámara alta, Miguel Angel Pichetto, que defendió férreamente el proyecto. Antes de dar explicaciones relacionadas con la iniciativa, el legislador rionegrino dejó en claro que el proceso de privatización de YPF “fue uno de los grandes errores políticos de toda la década”, y sostuvo que debían expropiar YPF para “recuperar la producción de petróleo y poder lograr el autoabastecimiento”, lo que llevará a tener “precios internos que ayudarán a la industria y al crecimiento del empleo”. Y concluyó: “Si no hay Estado nacional, no hay nada”.La Argentina gastaba entonces 14.000 millones de dólares en la importación de gas y petróleo.

Hija de José “Pepe” Estenssoro, expresidente de YPF en tiempos de Menem, la senadora María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica) anunciaba su abstención al advertir contra el modelo de “hiperconcentración de la riqueza y el poder”. Recordó en su discurso que los Kirchner habían apoyado “enérgicamente” la privatización de la petrolera en 1992, y alertaba: “No podemos subsanar ese grave error con otro acto de corrupción”. Para Estenssoro, “culpar a la gestión de Repsol por la mayor crisis petrolera de nuestra historia es una simplificación y una trampa”.

La expropiación se convirtió en ley durante el transcurso del 3 de mayo de 2012. Fue una larga sesión de más de 20 horas que tuvo más de 200 diputados como oradores. Arrancó a las 15.50 del 2 de mayo de 2012 y seis minutos pasada la medianoche se pasó a un cuarto intermedio. La reunión se reanudó a las 10.10 del 3 de mayo de 2012 y concluyó a las 22.47, según consta en la versión taquigráfica de esa histórica sesión.

Entre sus oradores estuvo Fernando “Pino” Solanas, quien celebró “el gesto de apoyar el proyecto con todas las luces y sombras que trae” y criticó al ministro de Planificación, Julio De Vido, al considerar que “piloteó durante ocho años de vaciamiento en la Argentina”.

“Necesitamos una YPF 100% pública, una sociedad de acciones con mayoría estatal para que la empresa tenga las mejores condiciones de ser controlada”, diría entonces.

Por esos días integrante del bloque Nuevo Encuentro, Carlos Heller dijo en su discurso: “Somos partícipes de una jornada trascendente, es un día de recuperación de la soberanía nacional, es un día que pasará a la historia como un acto reparador de esa triste sesión en la que se festejó la privatización de YPF, una empresa que desde su nacimiento y en buena parte de su vida posterior se constituyó como un emblema de la nacionalidad y un motivo de orgullo para los argentinos”.

El Pro votó en contra de la expropiación. Para el diputado Pablo Tonelli, la empresa “solo puede ser r intervenida por un juez en el marco de una causa abierta”.

“La YPF de hoy es una YPF vaciada”, sentenciaba desde su propio bloque Francisco de Narváez, que un año después ganaría las elecciones bonaerenses aliado con Mauricio Macri y Felipe Solá. El entonces legislador se manifestó a favor de tener a la petrolera “en manos del Estado”, pero “controlada fehacientemente”.

A su vez, Elisa Carrió la emprendía contra el titular de Repsol, Antonio Brufau, y el ministro De Vido, quienes a su juicio debían “ir presos” por el vaciamiento de la petrolera. La diputada de la Coalición Cívica ampliaba la responsabilidad a la clase política: “Todos somos culpables de la destrucción de YPF”.

El diputado radical Ricardo Alfonsín responsabilizó en su discurso al oficialismo del vaciamiento de YPF. Lo acusó de haber avalado la privatización en 1992 y de haber cometido “políticas erróneas” desde 2003. Sin embargo, ratificó que “por principio y convicción vamos a votar a favor”.

A su turno, Graciela Camaño señalaba que “mientras nos hacemos cargo seguimos sin controlar”, y también sostenía que “el problema es el recupero del paquete accionario de la deuda del señor Eskenazi”.

El jefe del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, señalaba que “Argentina ha perdido el autoabastecimiento que alcanzó durante el gobierno de Alfonsín como consecuencia de políticas coyunturales e irresponsables del justicialismo (…) Menem privatizó YPF vendiéndosela a Repsol con el acompañamiento entusiasta del matrimonio Kirchner”.

“Esta ausencia de control de parte del Estado es una matriz que se repite en varios ámbitos”, indicó en su discurso Gil Lavedra, quien habló de la “hiprocresía”, el “relato épico” y la “epopeya” del discurso kirchnerista, “en la cual ahora estamos yendo contra los malos de España”.

Cerró ese extenso e histórico debate Agustín Rossi, presidente del bloque del Frente para la Victoria en Diputados, quien defendió la iniciativa del Poder Ejecutivo para devolverle YPF al Estado y sentenció: “Con aplausos o con huevazos siempre defendimos las mismas ideas”.

“A la historia lo que es de la historia, y a la presidenta lo que es de la presidenta, porque la presidenta tomó la decisión política de nacionalizar la principal empresa petrolera de la Argentina”, sentenció.

La expropiación de YPF se aprobó con 208 votos a favor, 32 en contra y 5 abstenciones. La votación marcó un récord para la gestión kirchnerista, superando otras votaciones consideradas “históricas”.

El kirchnerismo contó con el acompañamiento del FAP, Proyecto Sur y el grueso del radicalismo, además de sus bancadas aliadas: Nuevo Encuentro, Frente Cívico por Santiago, Movimiento Popular Neuquino, PJ La Pampa y también Unión Peronista.

El Frente Peronista y la Coalición Cívica se dividieron entre la aprobación y el rechazo, mientras que el Pro votó en contra en su totalidad.

En el radicalismo encabezó la rebelión el legislador Oscar Aguad, cada vez más cercano al macrismo, quien se retiró del recinto al momento de votar. Siguió estos pasos su par cordobés Hipólito Faustinelli.

La Coalición Cívica-ARI tampoco tuvo una posición unánime. En los mismos términos expresados en su momento por María Eugenia Estenssoro en el Senado, tres diputados acompañaron con sus abstenciones a Elisa Carrió: Hilma Ré, Alicia Terada y Alfonso Prat-Gay. Carlos Comi y Horacio Piemonte votaron junto al oficialismo en general.

En cuanto a los monobloques, se expresaron por la negativa Patricia Bullrich (Unión por Todos), Liliana Fadul (Partido Federal Fueguino) y Carlos Favario (Demócrata Progresista). Mientras tanto, Marcela Rodríguez (DIP) y Bernardo Biella Calvet (Udeso Salta), votaron a favor pero propusieron modificaciones en el articulado. El oficialismo también contó con el respaldo del salteño Alfredo Olmedo; Eduardo Ibarra (Unión por San Juan), Jorge Garramuño (Movimiento Popular Fueguino), María Cristina Fiore Viñuales (Renovador de Salta) y Juan Carlos Forconi (Santa Fe en Movimiento).

Una multitud acompañó y vivó frente al Congreso la aprobación de esa ley.

Desde la oposición piden interpelar a Ferraresi por apoyar expropiaciones

La diputada nacional Adriana Cáceres solicitó la presencia del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat en el Congreso.

La diputada nacional Adriana Cáceres (Juntos por el Cambio-Buenos Aires) solicitó que el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Horacio Ferraresi, concurra al Congreso Nacional a efectos de ser interpelado por apoyar las expropiaciones.

El pedido se realiza en el marco de la aprobación de una norma en el municipio de Avellaneda que autoriza a expropiar inmuebles sin cumplir con los requisitos que fija la Constitución Nacional. El ministro expresó su aprobación pública a la iniciativa.

“La propiedad privada es uno de los principios fundamentales de nuestra República. Queremos interpelar al ministro de Hábitat para que aclare por qué apoya las expropiaciones con procesos irregulares que no están avalados por nuestra Constitución Nacional“, argumentó Cáceres.

El mismo presidente Alberto Fernández relativizó el derecho a la propiedad al afirmar que “no tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno“, frase que pronunció en un acto de anuncio de inversión de obras para urbanizar lotes y de créditos para casas, en Mercedes, Provincia de Buenos Aires.

En consonancia con las palabras del presidente, el Concejo Deliberante de Avellaneda dictó una ordenanza que permite la  expropiación de inmuebles en “desuso”.

Naturalizar la violación de la ley es un mensaje tan peligroso como inaceptable“, lanzó la diputada pilarense de Juntos por el Cambio que el año pasado presentó en la Cámara baja un proyecto contra las usurpaciones, y continuó “con la cuarentena, el aumento de la pobreza y el desempleo, la crisis habitacional creció exponencialmente, pareciera que el Gobierno está queriendo emparchar el tema generando un problema mucho más grave aún”.

“Los argentinos tenemos demasiados problemas con las víctimas de una política errática en salud, con la economía, con la educación y con la falta de rumbo como para que desde el mismo gobierno vengan a fomentar ilícitos. Espero que este proyecto se apruebe a la brevedad para que el ministro Ferraresi venga al Congreso, no para responder a los diputados sino para tranquilizar a todo un país que exige respuestas“, finalizó Cáceres.

Acompañaron el pedido los diputados Juan Aicega, Virginia Cornejo, Jorge Enríquez, Alicia Fregonese, Gustavo Hein, Victoria Morales Gorleri, Carmen Polledo, Adriana Ruarte, Francisco Sánchez, David Schlereth, Héctor Stefani y Pablo Torello, entre otros.

Sagasti: “A la oposición solo le importa la propiedad privada de los fugadores y deudores”

La senadora, impulsora de la expropiación de Vicentin, sostuvo que hay que conocer “qué pasó, cómo pasó y quiénes participaron de esa defraudación con plata de los argentinos”.

La senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti, impulsora de la expropiación de Vicentin, denunció en la sesión de este miércoles que “a la oposición solo le importa la propiedad privada de los fugadores y deudores” y defendió la necesidad de crear una comisión investigadora sobre las deudas con el Banco Nación.

En primer lugar, Fernández Sagasti cuestionó que desde la oposición se argumente que hay que reformar el reglamento con mayoría especial para crear una comisión: “Sacar temas reglamentarios para eludir el fondo del asunto me parece de una bajeza y de una falta de honestidad intelectual que son grave para la institucionalidad argentina”.

La legisladora del Frente de Todos remarcó que la bicameral investigadora es necesaria “porque es necesario levantar la calidad del debate”.

“Podemos tener diferencias acerca de cuál tiene que ser el rol del Estado en la economía, y vaya si las tenemos, pero por esas diferencias no podemos convalidar que se vacíen empresas con fondos públicos y que se deje un tendal de productores  en Pampa y la Vía y que el Congreso haga oídos sordos a eso”, advirtió.

Y continuó: “Necesitamos explicar por qué una empresa que es la sexta exportadora de granos de Argentina pasó de tener solidez financiera en julio de 2019 a recibir, en los últimos seis meses del gobierno de (Mauricio) Macri, 26 créditos del Banco Nación en un mes”. “Calculo que (Javier) González Fraga ha ido hasta los domingos a firmar créditos”, ironizó.

Para Fernández Sagasti, hay que conocer “qué pasó, cómo pasó y quiénes participaron de esa defraudación con plata de los argentinos”.

La legisladora sostuvo que “sobran botones de muestra de que el Congreso ha investigado” aun con causas en trámite en la Justicia, como en el caso de la desaparición del submarino ARA San Juan, algo que “se hizo por ley y se votó por unanimidad”.

“La oposición debería ser la primera en querer esta comisión investigadora. Primero, porque van a participar; segundo, para dejar en claro que no tienen nada que esconder; y tercero, para no ser cómplices de los dirigentes políticos que dicen defender la propiedad privada pero en realidad no quieren que se investiguen las complicidades que hubo entre el gobierno de Cambiemos y los CEOS de Vicentin”.

“Desde que el presidente anunció la decisión estratégica de rescatar a esta empresa, se llenaron la boca hablando de Venezuela”, se quejó la senadora.

Aclaró que, más allá del derecho a la propiedad privada consagrado en la Constitución, “la expropiación es la excepción que tiene el Estado por interés público”, y es “una herramienta constitucional” que está “regulada por una ley”.

En este contexto, y para justificar el plan de la expropiación de Vicentin, aseguró que “los derechos tienen obligaciones”, como por ejemplo las de pagar impuestos. “Parece que a la oposición solo le importa la propiedad privada de los fugadores y deudores”, remató.

Rodríguez Saá: “Proponemos una comisión investigadora para que el pueblo sepa de qué se trata”

El titular de la Comisión de Agricultura y Ganadería se expresó a favor de la creación de una bicameral sobre Vicentin y advirtió que si la empresa sigue como está, habrá perjuicios para toda la economía.

Adolfo Rodríguez Saá, titular de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado, se expresó a favor del proyecto del oficialismo para crear una comisión bicameral que investigue la relación crediticia entre Vicentin y el Banco Nación “para que el pueblo sepa de qué se trata”.

El legislador del Frente de Todos advirtió en la sesión de este miércoles sobre “el tremendo endeudamiento” de la empresa, “principalmente con el Banco Nación, que es el que financia la producción argentina”. “Una deuda que, de continuar sin la participación del Estado, difícilmente recuperemos”, dijo.

Rodríguez Saá consideró que si los préstamos recibidos por Vicentin son de un monto “similar a todo el salvataje que se ha hecho de las pymes en esta pandemia, significa que le podríamos haber prestado el doble”.

Al enumerar todos los rubros que abarca la empresa agroexportadora, el puntano advirtió que “la hecatombe de una empresa de esta magnitud va a afectar a toda la economía nacional”, particularmente a “2.300 cooperativas de Santa Fe y Córdoba” que “aglutinan a familias productoras que movilizan la economía de los pueblos”.

Por esa razón, Rodríguez Saá consideró que debe haber algún tipo de injerencia del Estado. “Tenemos que participar. Ya veremos si generamos una empresa federativa, ya veremos cómo le damos forma, pero ¿qué quieren que hagamos? Los dueños de Vicentin ya estuvieron golpeando todas las puertas, ¿qué quieren que hagamos? ¿Que fundamos a todos los productores?”.

Finalmente, el senador afirmó: “Proponemos una comisión investigadora para que el pueblo argentino sepa de qué se trata. Estamos actuando dentro de la ley y la Constitución para beneficiar al pueblo argentino”.

Desde Juntos por el Cambio proponen modificar la Ley de Expropiaciones

Es para derogar la “ocupación temporaria anormal”. El proyecto es encabezado por un diputado radical por Córdoba.

En medio del debate sobre Vicentin, diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para modificar la Ley de Expropiaciones, con el fin de derogar las disposiciones relativas a la ocupación temporánea anormal de bienes.

“La denominada ‘ocupación temporánea anormal’ prevista en la ley constituye una peligrosa figura inconstitucional que el Poder Ejecutivo puede utilizar sin la necesidad de la declaración de utilidad pública, convirtiéndose así en un instrumento arbitrario que debilita la seguridad jurídica”, señalaron.

El proyecto, encabezado por Hugo Romero (UCR-Córdoba) propone la derogación de los artículos 58, 59, 60 de la Ley 21.499, eliminando definitivamente la figura de la “ocupación temporánea anormal” y garantizando así la intervención del Congreso en la declaración pública en todos los casos en que el derecho de propiedad deba afectarse en forma permanente o temporaria.

“La expropiación tiene base en el artículo 17 de la Constitución Nacional, que reconoce como regla el derecho de propiedad al que califica de inviolable con dos excepciones: la privación en virtud de sentencia fundada en ley, y expropiación por causa de utilidad pública calificada por ley y previamente indemnizada”, recordó Romero.

En este sentido, destacó que “resulta claro del texto constitucional que la afectación del derecho de propiedad solo procede por acto del Poder Judicial fundado en ley del Congreso y por acto de la Administración fundado también en el acto del Congreso de declaración de utilidad pública”.

Y agregó: “Esto es así, por cuanto el goce de los derechos constitucionales solo puede estar limitado por ´leyes que reglamenten su ejercicio´ a tenor de lo dispuesto por el artículo 14 de la Carta Magna”.

“La protección del derecho de propiedad forma parte de la cultura jurídica nacional y aparece reconocido en el primer constitucionalismo argentino. La medida de la privación de la propiedad por parte del Estado requiere necesariamente indemnización previa y la intervención del Congreso mediante una ley de declaración de utilidad pública. Se trata de una medida extraordinaria que debe ser calificada por ley, lo que constituye una garantía para impedir el uso arbitrario de la figura”, subrayó Romero.

Para el diputado, “la ‘ocupación’ como una figura no prevista expresamente en la Constitución y que significa la afectación del derecho de propiedad por un período de tiempo determinado, si bien no tiene las características de perpetuidad de la expropiación, continúa regida por la garantía constitucional, ya que el artículo 17 de la Carta Magna la protege cualquiera sea su afectación, permanente o temporaria, requiriendo la intervención del Congreso como una etapa del procedimiento que debe seguirse aun cuando la desposesión no fuere permanente”.

El proyecto lleva también las firmas de los diputados Alfredo Cornejo, Gustavo Menna, Luis Pastori, José Cano, Brenda Austin, Miguel Bazze, Alejandro Cacace, Luis Petri, Federico Zamarbide, Luis Juez, Soher El Sukaria, Sebastián Salvador, Ximena García, Jorge Vara, Dolores Martínez, Lidia Ascarate, Leonor Martínez Villada, Gabriel Alfredo Frizza, Adriana Ruarte, Estela Regidor, Lorena Matzen, Ricardo Buryaile, Gerardo Cipolini, Claudia Najul, Atilio Benedetti y Aída Ayala.

Rodríguez Saá sobre Vicentin: “Hay que pensar en una empresa federativa”

“Debe ser una empresa en la que participen las cooperativas, la provincia de Santa Fe, los productores y los bancos acreedores”, consideró el senador durante una charla virtual con la Fundación Barbechando.

El senador nacional Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos) aseguró este miércoles que ante crisis de Vicentin y la intención oficial de expropiar la compañía, “hay que pensar en una empresa federativa”.

“El problema existe y hay que darle una solución. Creo que hay que pensar en una empresa federativa que le imprima la voluntad y la energía de las cooperativas”, consideró el legislador durante una reunión virtual que mantuvo como presidente de la Comisión de Agricultura con productores de la Fundación Barbechando, para establecer una agenda en común sobre los temas del sector.

Sobre el conflicto de la exportadora, Rodríguez Saá planteó “si nos vamos a dividir o vamos a buscar el camino de la solución”. “Para mi, debe ser una empresa en la que participen las cooperativas, el Estado provincial de Santa Fe, los productores y los bancos acreedores”, propuso.

Asimismo, consideró que “el Estado Nacional debe imponer un equilibrio, porque cada sector pretenderá imponerse sobre el otro”.

Rodriguez Saá, además, sostuvo que “la energía enorme de esta empresa no la debemos perder”, y que se debe canalizar a través de una “empresa federativa”, si bien aclaró que  “tampoco se pueden llevar 18.000 millones del Banco Nación y no pagar”.

El legislador del Frente de Todos insistió en que “si se logra un consenso donde participen productores y el Estado de Santa Fe, sería interesante”. “Si lo politizamos al máximo, no sería el mejor camino”, consideró.

La Fundación Barbechando estuvo representada por su presidente, David Hughes, quien hizo hincapié en la importancia de la Ley de Semillas, el impacto ambiental y el presupuesto destinado al sector del agro.

Del encuentro participó también el senador Alfredo De Angeli (Pro), quien coincidió en la necesidad de “buscar consensos para lograr un trabajo exitoso” a nivel legislativo.

Desde Juntos por el Cambio proponen que Vicentin sea dirigida por cooperativas del sector

El proyecto es de los diputados “monzoístas”. “Es un despropósito que el Gobierno avance con la expropiación”, advirtió Sebastián García De Luca.

Los diputados de Juntos por el Cambio que responden al exministro de Interior, Rogelio Frigerio, y al expresidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, rechazaron la expropiación de Vicentin y presentaron su propio proyecto, encabezado por Sebastián García De Luca.

La iniciativa consiste en que la empresa agroexportadora sea gerenciada por acreedores afines al sector, como ACA y AFA, con el fin de mantener los puestos de trabajo y cumplir con los compromisos asumidos.

La propuesta de ley fue firmada por los diputados de Juntos por el Cambio Domingo Amaya, Juan Aicega, Humberto Orrego, Felipe Alvárez, Martín Grande, Gabriel Frizza, Federico Frigerio, José Luis Patiño, Francisco Sánchez, Eduardo Cáceres y Gustavo Hein, además de García De Luca.

Los legisladores sugirieron que sea el juez del concurso quien defina como administradores a acreedores con conocimiento en la materia, como la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) o Agricultores Federados Argentinos (AFA), y a su vez asigne los roles en la empresa hasta su saneamiento.

En ese marco, consideraron que el Gobierno Nacional debe limitarse a cobrar los créditos otorgados por el Banco Nación, al igual que deberían hacerlo la provincia de Buenos Aires y la Ciudad a través de sus respectivas entidades bancarias.

García De Luca sostuvo que “el proceso judicial debe seguir su curso, pero contemplando alternativas que protejan el trabajo, la producción y la inversión, y priorizando a quienes conocen y sean parte del sector agropecuario, como ACA y AFA”.

“Tanto en términos legales como económicos es un despropósito que el Gobierno avance con la expropiación de una empresa del sector más competitivo del país mientras tantas pymes atraviesan graves dificultades producto de la pandemia. La única urgencia tiene que ser salvar esas y otras fuentes de trabajo”, consideró el legislador del Pro.

En el proyecto también se plantea la conformación de una gerencia de producción y otra de reestructuración de la deuda, que permanecerían activas hasta tanto se logre la recuperación financiera de la empresa.

La gerencia de producción debería garantizar el pago inmediato de las deudas que Vicentin contrajo con pequeños productores que hoy atraviesan serias dificultades económicas, mientras que la gerencia de reestructuración de la deuda tendría que buscar inversores nacionales para recuperar la empresa y garantizar el funcionamiento a futuro de la misma.

El bloque de Camaño cuestionó la expropiación de Vicentín

Para Consenso Federal “no existen fundamentos” para que la decisión del Gobierno “procure el bien común”. Consideraron que hay otras alternativas.

El bloque de diputados de Consenso Federal, integrado por Graciela Camaño, Alejandro “Topo” Rodríguez y Jorge Sarghini, también cuestionó la expropiación de la empresa Vicentín, y consideró que “el Estado cuenta con los instrumentos para elaborar una alternativa”.

“No advertimos que existan fundamentos para que las acciones realizadas por el Gobierno nacional constituyan una razón que ‘procure el bien común’”, expresaron, aunque aclararon que “esto de ninguna manera implica o significa avalar lo actuado por el grupo empresario que está siendo investigado por la Justicia, además de tener su empresa en concurso preventivo”.

Según señalaron los legisladores en un comunicado, “el concurso preventivo establecido en la Ley 24.522 resguarda como ley de orden público las acreencias de todos”.

“Consideramos que el Estado cuenta con los instrumentos para elaborar una alternativa con la participación de cooperativas, pequeños y medianos productores y los propios trabajadores que cuentan con créditos en el concurso”, indicaron Camaño, Rodríguez y Sarghini.

Por último, advirtieron que “resulta alarmante exponer a las exhaustas arcas del Estado a eventuales demandas judiciales, como vemos que ha sucedido en situaciones similares a las acciones ejecutadas”, en referencia a la expropiación de YPF.

“El Estado no tendría por qué intervenir”, sostuvo Buryaile sobre el anuncio de Vicentin

El diputado radical y exministro de Agroindustria sostuvo que “la empresa que va a surgir va a poner precios políticos” lo que va a generar que “el costo sea más alto”.

ricardo buryaile

El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR) se refirió a la decisión del Gobierno de intervenir y expropiar la empresa Vicentin, y consideró que “el Estado no tendría por qué intervenir”.

“La empresa está en concurso, por lo tanto tiene un síndico, y el juez podría haberla intervenido, de ser necesario y si así lo creía, para hacer frente a las obligaciones que tiene”, sostuvo, más allá que valoró a Gabriel Delgado -quien sería el interventor- y lo calificó como un “amigo” suyo.

El exministro de Agroindustria, durante la gestión de Mauricio Macri, dijo que lo que le genera “mucho ruido” es “el fundamento del por qué la expropiación; esto habla de un desconocimiento de la realidad del comercio internacional y de la producción argentina”.

Entrevistado por el diario Perfil, el radical señaló que “el problema de Argentina no es que el Estado tenga una empresa más, el problema es el Estado que tenemos”.

“La empresa que va a surgir va a poner precios políticos, y también va a tener costos de una estructura más pesada que puede terminar haciendo que el costo sea más alto. Por lo tanto, menos precio para los productores y, a la vez, se van a llenar de plata las multinacionales”, estimó.

Aunque aclaró que hay que observar en detalle el proyecto, el formoseño expresó que “no” está de acuerdo en que “si cada empresa que tiene problemas el Estado la va a intevernir”. “Entonces, ¿qué van a hacer con todas las que quiebren post pandemia? ¿Van a estatizarlas a todas?”, se preguntó.

La expropiación de Vicentin entra por el Senado

Así lo confirmó el titular de la Comisión de Agricultura de Diputados, José Ruiz Aragón.

Siendo su inspiradora la vicepresidenta del bloque oficialista del Senado, Anabel Fernández Sagasti, era más que previsible que el proyecto de ley de expropiación de la empresa Vicentin ingresaría por la Cámara alta. Y así será, según confirmó el titular de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, una de las que tendrá protagonismo en el debate cuando le toque a Diputados.

En efecto, el diputado correntino José Ruiz Aragón justificó que la Cámara de origen de este proyecto es el Senado, por lo que “el primer debate va a ser ahí y a nosotros nos va a venir un debate más pulido. Lo que no significa que no vaya a ser áspera la discusión”, pronosticó desde la pantalla de Diputados TV.

El legislador del Frente de Todos respaldó la iniciativa señalando que “el de la soberanía alimentaria es un concepto que venimos intentando poner en agenda”, y remarcó que “necesitamos que lo que se produce llegue primero a la mesa de los argentinos”.

La izquierda pide “estatización sin pago” de Vicentin

Además, proponen que la empresa sea gestionada por sus trabajadores. Así se pronunciaron Del Caño y Del Plá.

Los diputados nacionales del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño y Romina del Plá sostuvieron que la expropiación de Vicentin debe ser “sin pago” y que la empresa debe quedar bajo gestión de sus trabajadores.

“Con la estafa que hizo Vicentin con (Mauricio) Macri, de mínima corresponde la expropiación y estatización sin pago bajo gestión de sus trabajadores”, consideró Del Caño a través de Twitter.

Al hablar de “estafa”, el legislador del PTS se refirió al préstamo de 18.500 millones de pesos otorgado por el Banco Nación a la firma durante la gestión anterior, siendo que Vicentin aportó a la campaña electoral de Juntos por el Cambio.

En tanto, Del Plá advirtió que “la operatoria espuria de los pulpos sojeros de especular con los granos y tomar préstamos para expandirse, como quedó en evidencia con Vicentin, no debe ‘rescatarse’ sino abrirse los libros para desentrañar los negociados y estatizarse sin pago bajo control de sus trabajadores”.

“El anuncio sobre Vicentín es peligroso, ilegal e inconstitucional”, advirtió Juntos por el Cambio

Para los partidos que integran la alianza, la intervención de la firma agropecuaria “nos va a terminar costando miles de millones de dólares a los argentinos”.

En un comunicado firmado por sus autoridades, Juntos por el Cambio alertó que la intervención del Grupo Vicentín, anunciada este lunes por el Gobierno Nacional, “es ilegal e inconstitucional, desautoriza al Congreso y el Poder Judicial, da un primer paso en el camino para estatizar el mercado agropecuario, repite experiencias anteriores que nos terminaron costando muy caras a los argentinos (como las expropiaciones de YPF y Ciccone) y confirma que las amenazas recientes al final eran compartidas por el resto del frente oficialista”.

“En síntesis, es una medida innecesaria y peligrosa, de consecuencias impredecibles, que deteriora la confianza en el país y cierra la puerta a las inversiones necesarias para salir de la crisis generada por la pandemia”, advirtió la alianza opositora.

El texto fue firmado por los titulares de la UCR, Alfredo Cornejo; del Pro, Patricia Bullrich; y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, además de los diputados Mario Negri (UCR) y Cristian Ritondo (Pro), y los senadores Luis Naidenoff (UCR) y Humberto Schiavoni (Pro), además de Juan Carlos Romero, del Interbloque Federal.

A continuación, las cinco observaciones de Juntos por el Cambio:

1. El anuncio es ilegal y pasa por encima del Congreso y el Poder Judicial. El Estado sólo puede intervenir empresas con una ley del Congreso, que por ahora no existe. Eso convierte el anuncio en ilegal e inconstitucional. Para poder avanzar hoy, el Gobierno publica un DNU en el que crea la figura de “intervención estatal de empresas”, inexistente hasta hoy y que viola la propiedad privada consagrada en la Constitución. Además, pasa por encima de la autoridad del juez a cargo del concurso de acreedores del Grupo Vicentín, encargado de garantizar los derechos de los acreedores y deudores de la empresa.

2. Es el primer paso para romper el mercado de granos. Con la excusa de la “soberanía alimentaria”, un concepto rechazado por la OMC y la FAO de Naciones Unidas, la expropiación de Vicentín puede ser el primer paso del Gobierno para avanzar en una mayor regulación del mercado de granos, que funciona bien y es la principal fuente de divisas del país. Quién sabe si su ambición final no es volver a una Junta Nacional de Granos, el viejo anhelo de una parte de la coalición oficialista.

3. Usa un modelo que ya fracasó y que nos costó carísimo. El kirchnerismo ya hizo esto con empresas como YPF, Ciccone, Aerolíneas Argentinas y Aguas Argentinas, a las que expropió por decreto con un discurso triunfalista y por las que después los argentinos tuvimos que pagar miles de millones de dólares en juicios y haciéndonos cargo de sus pérdidas. Con Vicentín va a pasar lo mismo. Es una empresa que tenía problemas y deudas cuya responsabilidad era de sus accionistas. Ahora esos problemas y esas deudas son de todos los argentinos.

4. Empresas en problemas por la cuarentena corren el mismo riesgo. Si la excusa para expropiar Vicentín es que estaba en problemas, ¿qué seguridad tienen las miles de empresas argentinas hoy al borde de la supervivencia por las restricciones impuestas durante el aislamiento social obligatorio? Después de lo de hoy, cualquier empresa tiene razones para sospechar que cualquier ayuda estatal podrá ser usada en su contra en el futuro cercano.

5. Lo que nos venían adelantando  algunas “mentes avezadas” kirchneristas hoy es una realidad  y verdad. El anuncio de hoy muestra una clara intención de avanzar con la participación estatal en empresas, a pesar de haber sido desmentida por el presidente Fernández en Formosa. Hoy nadie dijo el famoso “¡exprópiese!” chavista, pero la oposición y la ciudadanía debemos  estar en pie de alerta.

Vallejos sobre la recuperación de Vicentín: “Es una decisión trascendente para la Argentina”

La titular de la Comisión de Finanzas elogió la decisión del Gobierno de intervenir y expropiar la empresa cerealera.

La presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Fernanda Vallejos, destacó este lunes que la recuperación de la empresa cerealera Vicentín, a través de su intervención y posterior expropiación, “es una decisión trascendente para la Argentina”.

El rescate de Vicentín tiene, sin dudas, enorme valor para la economía argentina y, particularmente, en un sector de especial relevancia: el mercado de granos y de cereales, un activo estratégico en nuestro mercado de exportación”, puntualizó la legisladora.

Frente a la crisis que atraviesa el Grupo Vicentín, el presidente Alberto Fernández anunció desde Casa Rosada la intervención de la firma agroindustrial, a través de un DNU, y adelantó que enviará al Congreso un proyecto de ley de expropiación, declarando a la empresa “de utilidad pública”.

 En ese marco, Vallejos subrayó que se trata de “una decisión trascendente para la Argentina, que podrá mantener, mediante la participación del Estado, a uno de los operadores de mayor envergadura del sector”.

Vicentín entró en default en diciembre del año pasado acumulando deudas millonarias por 18.000 millones de pesos, la mayor parte con el Banco de la Nación.

La legisladora del Frente de Todos subrayó en un comunicado que la decisión tomada por el Gobierno “es una garantía para 2.600 pequeños productores, que podrán seguir vendiendo su producción a la empresa” y agregó que “el Estado garantizará la continuidad de la empresa, asegurando las fuentes de empleo de sus trabajadores”.

El Ejecutivo enviará al Congreso la expropiación del Grupo Vicentín

Lo anunció el presidente Alberto Fernández en conferencia de prensa. También informó que la empresa será intervenida y que la normalización estará a cargo de Gabriel Delgado.

El Poder Ejecutivo enviará al Congreso Nacional en las próximas horas un proyecto de ley para declarar la expropiación del Grupo Vicentín, que además será intervenido por el Estado Nacional por el plazo de 60 días.

El anuncio fue realizado por el presidente Alberto Fernández en conferencia de prensa en Casa Rosada, junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; la vicejefa del bloque de senadores del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti; y quien fue designado como interventor de la empresa, Gabriel Delgado.

La intervención, señaló Fernández, se efectivizará a través de un DNU que ya fue firmado, mientras que la expropiación se resolverá a través de una ley -cuya “idea primigenia” fue de Fernández Sagasti– declarando a la empresa “de utilidad pública”.

El presidente destacó que Vicentín es “un grupo cerealero que además tiene intereses y ha desarrollado negocios en el mercado de la carne, en el mercado alimenticio y en el mercado vitivinícola”.

Fernández advirtió que “de un tiempo a esta parte” la cerealera padece una “crisis financiera” y recordó que “el Estado nacional es su principal acreedor a través del Banco Nación”.

Por eso, explicó que se busca “rescatar” a la empresa, “con el propósito no solamente de que la empresa continúe, sino también de que sus trabajadores tengan la tranquilidad de continuar en sus trabajos, y que alrededor de 2.600 productores puedan seguir contando con una empresa a quien venderle lo que ellos producen”.

Fernández detalló que “todos los activos del Grupo Vicentín pasarán a formar parte de un fondo fiduciario” que será gestionado por YPF Agro.

Sostuvo que “post-pandemia, esto tiene una relevancia singular” ya que se apunta a “lograr la soberanía alimentaria que la Argentina necesita” para salir de la crisis.

“Se trata de una operación de rescate de una empresa de magnitud”, insistió, y repitió que “es una decisión estratégica para la economía nacional”.

El presidente recordó que la empresa se encuentra en un concurso preventivo de acreedores, por lo que este martes, Kulfas, Delgado y abogados del Estado “se presentarán al concurso para hacerse cargo de la intervención”.

Por su parte, Kulfas coincidió en que “el objetivo central es el rescate de esta empresa que tiene un papel central en el rubro agroindustrial”, e indicó que “productores de Santa Fe y Córdoba, entre otras provincias, han sufrido las consecuencias de esta cesación de pagos”.

En tanto, Fernández Sagasti expresó que recibió “muchas demandas sobre lo que estaba sucediendo alrededor de Vicentín” y resaltó que la decisión de la expropiación “tiene que ver con la soberanía alimentaria” y que será “una herramienta fundamental para el Estado Nacional”.

Por último, Delgado señaló: “He trabajado toda mi vida en cuestiones de la política agrícola. La decisión histórica es desarrollar un instrumento, como lo va a ser este fondo fiduciario, para un sector que tiene tanto que ver con la Argentina”.

En febrero pasado, el fiscal Gerardo Pollicita imputó al expresidente del Banco Nación, Javier González Fraga, por haber otorgado un préstamo “irregular” a Vicentín, por el monto de 18.500 millones de pesos, en perjuicio del Estado Nacional, siendo esta empresa la principal aportante de campaña de Juntos por el Cambio en 2019.

En esa causa, que lleva adelante el juez federal Julián Ercolini, también están imputados Alberto Padoán y Gustavo Nardelli, ejecutivos de la cerealera.