El Gobierno mandará al Congreso un proyecto de ley de extinción de dominio

Así lo anticipó el ministro de Justicia de la Nación. En el marco de la crisis de seguridad imperante en la provincia de Santa Fe, también anticipó una serie de medidas a implementar.

“Vamos a enviar una nueva ley de Extinción de dominio al Congreso para que se aceleren los procesos de secuestro, decomiso y remate de bienes provenientes del narcotráfico”, anunció a través de su cuenta de la red social X el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, en el marco de un paquete de medidas que anticipó para enfrentar al narcotráfico enquistado en la ciudad de Rosario.

Con motivo de la grave situación que atraviesa esa ciudad, producto de la violencia y los delitos vinculados al narcotráfico, el Ministerio de Justicia adelantó que llevará adelante acciones concretas con el objetivo de colaborar en la resolución de esa problemática.

En tal sentido se anunció una serie de iniciativas legislativas a implementar en el futuro, comenzando por la implementación del sistema acusatorio.

Sobre ese punto, se buscará la persecución penal para el crimen organizado y en especial el narcotráfico. También se promete brindar el máximo apoyo a jueces y fiscales para que puedan llevar a cabo sus investigaciones y que las causas de narcotráfico sean rápidamente elevadas a juicio.

También el Ministerio Público Fiscal deberá hacerse cargo de investigaciones más complejas, se remarcó.

Se anticipó una reforma del Código Penal, con la puesta en marcha de una comisión redactora para reformar dicho código, con nuevas conductas punibles y elevación de las penas previstas para narcotráfico, crimen organizado y delitos asociados.

Con relación a la extinción de dominio, se mandará próximamente al Congreso un proyecto sobre secuestro de bienes y extinción de dominio. Asimismo se acelerarán los procesos de decomiso y remate de bienes provenientes del narcotráfico.

Asseff presenta un nuevo proyecto sobre extinción de dominio

Luego de que la iniciativa original perdiese estado parlamentario al no obtener tratamiento, el diputado de JxC reintrodujo el proyecto con “respuestas superadoras a las modificaciones introducidas por la Cámara alta”.

El diputado nacional Alberto Asseff junto a sus pares Alicia Terada; Héctor Stefani; Pablo Torello; David Schereth y Adriana Ruarte presentaron un nuevo proyecto de extinción de dominio de los condenados por corrupción, luego de que la iniciativa original perdiese estado parlamentario al no obtener tratamiento. 

Asseff explicó que “el proyecto lleva así más de tres años de trámite legislativo sin resolución, por lo que, ante la necesidad de otorgar a la Justicia herramientas eficaces para desfinanciar a las organizaciones criminales y resguardar el patrimonio estatal y atento que dicha normativa ejecutiva fue declarada invalida por la Comisión Bicameral de control permanente, presentamos este proyecto de ley con respuestas superadoras a las modificaciones introducidas por la Cámara alta, como así también actualizando y reviendo todo aquello que ha trabado y perjudicado el trámite ordinario”. 

La norma propuesta por el titular del partido UNIR busca la extinción de dominio a favor del Estado nacional de bienes incorporados al patrimonio del demandado con posterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado que, por no corresponder razonablemente a los ingresos de su tenedor, poseedor o titular, o representar un incremento patrimonial injustificado, permitan considerar que provienen directa o indirectamente de un acto delictivo

El diputado de JxC explica que el destino de lo producido por los bienes sometidos a la acción de extinción de dominio ingresará a rentas generales de la Nación salvo cuando exista una asignación específica para su uso.  

“La extinción de dominio constituye un instituto jurídico, autónomo e independiente de cualquier otro proceso, dirigido a eliminar el poder y capacidad de la delincuencia. La corrupción y los delitos contra la Administración Pública, el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo y demás delitos graves afectan el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas, causando enormes pérdidas para el Estado, en todas sus dimensiones, que, en definitiva, resultan en mayores costos para los ciudadanos”, concluye Asseff. 

Asseff: “La ley de Extinción de Dominio recaudaría el triple”

El diputado advirtió que “hay seiscientos veintitrés mil millones de pesos de dinero de la corrupción que podría recuperarse, y sería el triple de lo que se espera recaudar con este impuesto”.

En su intervención en el debate por el impuesto a las grandes riquezas, el diputado nacional del bloque Juntos por el Cambio Alberto Asseff advirtió que “el Ejecutivo y su correlato Legislativo están regocijados porque están combatiendo al capital, exactamente lo contrario de lo que la enflaquecida economía argentina necesita”. Y agregó que se trata de una medida “antiprogreso y descapitalizadora”; a la vez que es “una doble imposición fiscal y confiscatoria”. 

En su alocución, el legislador consideró que la medida traerá efectos contrarios a los deseados porque “sube más la presión tributaria, desestimulando futuras inversiones, dado que habrá más fuga de capital pues más impuestos ahuyentan a los emprendedores”, y agregó “con más impuestos no se crea más riqueza”. 

Asseff explicó que el nuevo impuesto que quiere imponerse solo suma inseguridad jurídica, porque es un nuevo cambio de reglas que aleja al capital.: “Son ideas viejas y fracasadas que aquí persisten lamentablemente”. Luego el diputado adelantó su voto y lo justificó diciendo que “votare en contra porque yo estoy a favor del progreso y de las inversiones creadoras de empleo y productoras de bienes y servicios”. 

El presidente de UNIR pidió por un capitalismo “moderno e inteligente” que sea regulado “suave e inteligentemente, por un buen estado que defienda a los emprendedores, los trabajadores, las clases medias y la producción” 

Por último, Asseff cerró su participación en el recinto -vía plataforma Zoom- proponiendo recaudar aún más dinero con la ley de Extinción de Dominio “donde hay seiscientos veintitrés mil millones de pesos de dinero de la corrupción que podría recuperarse y sería el triple de lo que se espera recaudar con este impuesto”. 

La Coalición Cívica instó al Gobierno a que destine el dinero de la corrupción al combate de la pandemia

El bloque presentó un proyecto para que se aplique el DNU de Extinción de Dominio y el decomiso previsto en el Código Penal.

El bloque de diputados de la Coalición Cívica ARI instó este miércoles al Poder Ejecutivo a que aplique la herramienta creada por el DNU de Extinción de Dominio y el decomiso previsto en el Código Penal, para destinar todos los bienes y el dinero obtenidos por delitos de corrupción y narcotráfico al combate de la pandemia del Covid-19.

“El Estado es quien debe formular las políticas públicas necesarias para controlar esta situación, y para ello es necesario maximizar el uso eficiente de los recursos escasos, por lo que proponemos que se empiece por un tema fundamental: hay que recuperar lo robado”, subraya la Coalición Cívica en los fundamentos del proyecto de resolución presentado.

Los diputados advirtieron que “la corrupción es un delito que rara vez es condenado en nuestro país y la pandemia del coronavirus pone de manifiesto las falencias del sistema sanitario nacional”.

En ese contexto, el bloque propuso que el Ejecutivo aplique el DNU 62/19 y su Anexo, que “regulan la acción civil de extinción de dominio y su régimen procesal”, y “los artículos 23, párrafo 7 y 305 del Código Penal, que regulan las facultades judiciales de decomiso anticipado y decomiso definitivo de bienes, respectivamente, con la participación de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, dependiente de la Procuración General de la Nación”.

“Debemos recuperar lo robado porque corresponde que vuelvan al Estado la totalidad de los fondos que fueron sustraídos para fortalecer la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud y quienes perpetraron maniobras contra las arcas públicas deben rendir cuentas ante la Justicia por sus acciones”, indica el proyecto.

Los legisladores aportaron datos: “Como resultado de las tareas de asistencia técnica y colaboración en el período 2015-2018, teniendo en cuenta las más de 150 causas en las que la Dirección General de Recupero de Activos y Bienes Decomisados ha intervenido durante ese período, se lograron inmovilizar en forma efectiva mediante distintas medidas cautelares más de 95 mil millones de pesos, 719 inmuebles, 1.866 vehículos, 21 embarcaciones y se dictaron 242 inhibiciones general de bienes”.

Por ejemplo, detallaron que “con el dinero contenido en los bolsos que el exsecretario de Obras Públicas José López intentó esconder en un convento en 2016, y cuyo origen aún no ha podido demostrar, se podrían adquirir 743 respiradores o 16 tomógrafos para equipar los hospitales”.

Y agregaron que “la causa de fraude a la AFIP en la que estuvo involucrado el exempresario Cristóbal López significaría hoy para el Gobierno 258.219.844 dólares con los que podrían construir  55 hospitales o comprar más de 21 mil respiradores; así como también con el desvío de fondos de los ‘Pibes Villeros’ de Milagro Sala, que suma 9.621.212 de dólares, podrían adquirir 794 respiradores o  sumar 85 ambulancias de alta complejidad; y con el embargo a la vicepresidenta Cristina Fernández por asociación ilícita, que sumaría 151.515.152 de dólares, el Gobierno podría adquirir 253 tomógrafos o 12.500 respiradores para afrontar la crisis por el coronavirus además de cubrir jubilaciones mínimas y canastas básicas”.