Se trata de una iniciativa de la diputada del Pro Silvana Giudici, que contempla que aquellos ciudadanos de otros países que ingresen a la Argentina cuenten con un seguro privado de cobertura médica.
Varias provincias limítrofes comenzaron a cobrar este año la atención médica a los extranjeros que se atienden en sus centros de salud. A menos que sus países de origen cuenten con convenios de atención recíproca con el nuestro. No son los más, por cierto. Hay un caso reciente que tuvo gran repercusión, en el que un albañil argentino fue atropellado por un motociclista en Bolivia, que le provocó una fractura de tibia y peroné. Y para operarlo, le exigían un millón y medio de pesos.
Es en ese marco que la diputada nacional del Pro Silvana Giudici acaba de presentar un proyecto de ley que propone que los extranjeros que ingresen a nuestro país por razones, turísticas, viajes de negocios o laborales, residencias temporales, etcétera, deberán acreditar que cuentan con un seguro privado de salud vigente que cubra la totalidad de sus eventuales gastos de salud.
Cualquier procedimiento médico, odontológico, o quirúrgico de la naturaleza que fuere, en el caso de requerir atención del servicio público de salud argentino deberá ser cubierto por dicho seguro de asistencia, a excepción de atención de emergencias, accidentes o urgencias con riesgo de vida que seguirán siendo gratuitas en los establecimientos públicos de salud de todo el territorio.
Al respecto la diputada expresó que “el sistema de salud argentino, de calidad y profesionalismo, ha sido siempre una meca para millones de ciudadanos de otros países de la región. Las excelentes condiciones de atención en cuanto a tecnología, prácticas innovadoras y calidad médica generaron una migración importante durante años con el objeto de acceder a servicios de salud brindados por los hospitales públicos argentinos, cuyos costos son exclusivamente soportados por el sistema, es decir, con los recursos presupuestarios que tienen origen en los impuestos que pagan los ciudadanos de nuestro país”.
Esta situación, en tiempos donde el sistema público de salud se encuentra bajo presión excesiva y los recursos presupuestarios son escasos, generó un déficit en la capacidad de atención, disponibilidad de camas e insumos en los establecimientos públicos de salud cada vez más acuciante.
Por eso, y en virtud de que algunas jurisdicciones provinciales han dispuesto mecanismos de cobro a extranjeros sobre sus sistemas de salud, se hace necesario generar herramientas innovadoras para poder seguir brindando atención médica de calidad en nuestro territorio, tanto a ciudadanos argentinos como a extranjeros. Con la implementación de un seguro de cobertura de asistencia privada a exigirse en los aeropuertos o fronteras para asegurar que todo aquel turista o visitante extranjero tenga los recursos para cubrir gastos médicos durante su estadía podremos reducir la carga del sistema público.
El proyecto prevé la presentación de credenciales en los puestos de migraciones junto con el pasaporte al ingresar al país, de esta manera se reducirá enormemente la presión sobre la atención en los establecimientos de salud pública de nuestro país.
El proyecto es acompañado por los diputados Sergio Capozzi, Martín Yeza, José Núñez, Gerardo Milman, Damián Arabia, Karina Bachey, Sofía Brambilla, Anibal Tortoriello y Martín Ardohain.
La explicación de Giudici concluye indicando que “la Constitución Nacional es nuestra guía, esta herramienta no vulnera ninguna de sus garantías previstas para los extranjeros que pisen nuestro suelo, sino que protege los derechos de argentinos y extranjeros con equidad, aquel que pueda pagarlo, proceda de donde proceda, tendrá su cobertura de origen y el sistema público argentino solo cubrirá las emergencias que impliquen riesgo de vida”.
“Es importante en un país con 47% de pobres volver más equitativo el sistema priorizando los recursos para cubrir las enormes necesidades internas en materia de atención sanitaria”, cerró la diputada Giudici.
El jefe de Gobierno porteño pidió revertir un decreto derogado en 2021 para reestablecer la disposición de 2017 para facilitar la exclusión de los inmigrantes sin ciudadanía que cometan delitos en la Argentina.
Días después de un robo protagonizado por extranjeros en Balvanera y de los asesinatos que hubo en una toma de terrenos en González Catán, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, volvió a insistir en la necesidad de restituir una normativa de 2017 que modificó la Ley de Migraciones, a fin de agilizar la expulsión de extranjeros sin ciudadanía que cometen delitos.
En ese sentido, el alcalde porteño explicó que “sólo en 2023, tuvimos más de 10 delitos por día cometidos por delincuentes que son extranjeros ilegales en Argentina. Cuatro de cada diez homicidios realizados en la Ciudad de Buenos Aires, los cometieron delincuentes extranjeros ilegales” e indició que “tenemos que revertir el decreto derogado en 2021 por el kirchnerismo y restablecer la disposición de 2017 para facilitar la expulsión de extranjeros, sin ciudadanía, que eligen nuestro país para cometer delitos”.
Sobre esa misma línea, en diálogo con TN, Macri señaló que “acá lo que está en discusión es delito versus gente honesta. En el mundo, si un extranjero ilegal en un país comete un delito, es deportado automáticamente” y recordó que “en el año 2017, Mauricio Macri, siendo presidente en el Decreto 70 estableció un mecanismo expreso para que ese trámite, que ya está previsto en las leyes, sea más rápido. El gobierno pasado, el de Alberto Fernández, lo derogó en cuanto pasó la pandemia y terminaron de sacar todos los detenidos de las cárceles con la excusa de la enfermedad. Uno de los primeros decretos que derogan es ese y no es un dato menor, porque yo quiero detenerme un segundo en algunos datos que por ahí la gente no conoce”.
“Solamente el año pasado tuvimos cuatro mil delitos cometidos en la Ciudad de Buenos Aires, cuatro mil, más de diez por día cometidos por delincuentes que son extranjeros ilegales en la Argentina”, añadió.
Finalmente, el alcalde porteño concluyó aseverando que “cuatro de cada diez homicidios en la Ciudad de Buenos Aires lo cometieron delincuentes extranjeros ilegales. Cuatro de cada diez. Y no hay esa cantidad de extranjeros ilegales. O sea, son extranjeros que vienen a cometer delitos, no vienen de buena fe, no vienen a buscarse el pan, no vienen a trabajar, no es buena gente… son sicarios. Es gente contratada que es parte de organizaciones; nosotros no podemos estar asistiendo a semejante desbarajuste”.
EXTRANJEROS QUE DELINQUEN: UN TEMA CENTRAL
Sólo en 2023, tuvimos más de 10 delitos por día cometidos por delincuentes que son extranjeros ilegales en Argentina.
4 de cada 10 homicidios realizados en la Ciudad de Buenos Aires, los cometieron delincuentes extranjeros ilegales.… pic.twitter.com/OJGncFPlWh— Jorge Macri (@jorgemacri) January 16, 2024
El jefe de Gobierno porteño pidió restituir una normativa de 2017 que modificó la Ley de Migraciones, a fin de agilizar la expulsión de extranjeros sin ciudadanía que cometen delitos. “Nuestra Ciudad no debe ser más el lugar al que se viene a cometer delitos”, aseveró.
Después de que se conociera que tres hombres extranjeros robaron un local en Balvanera, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, pidió a través de sus redes sociales restituir una normativa de 2017 que modificó la Ley de Migraciones, a fin de agilizar la expulsión de extranjeros sin ciudadanía que cometen delitos.
La petición del alcalde porteño se realizó a través de la red social X -ex Twitter-, donde manifestó: “hay que expulsar a los extranjeros sin ciudadanía que delinquen. Anoche ante una alerta al 911 personal de la Policía de la Ciudad detuvo a tres delincuentes que estaban robando en un local de electrodomésticos, en el barrio de Balvanera, y que intentaron darse a la fuga. Los tres son extranjeros y ninguno posee ciudadanía argentina”.
Atento a esta situación, Macri aseguró que “se debe restituir la normativa que en 2017 modificó la Ley de Migraciones para agilizar la expulsión de aquellos extranjeros, sin ciudadanía, que eligen nuestro país para delinquir y que fue derogada en 2021 por el kirchnerismo”.
“Nuestra Ciudad no debe ser más el lugar al que se viene a cometer delitos”, completó.
Cabe recordar que la norma a la que hace mención Jorge Macri es de enero del 2017, cuando el entonces presidente Mauricio Macri y su gabinete firmaron el Decreto 70 que modificó la Ley de Migraciones, en donde explicaron que cada Estado tiene “la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales” y se creó un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” para negar el ingreso y expulsar a delincuentes extranjeros con mayor agilidad.
De esta manera, se prohibió al país el ingreso de extranjeros con documentación falsa; que omitan sus antecedentes penales; cumplan condena o tengan antecedentes en Argentina o en otro país por delitos de privación de la libertad, trafico de armas, personas, estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas. También se prohibió el ingreso de personas involucradas en crímenes de terrorismo, guerra, lesa humanidad o prostitución.
El proyecto fue presentado por senadores de Juntos por el Cambio ante la derogación del DNU que había dispuesto el gobierno de Macri.
Senadores de Juntos por el Cambio presentaron este lunes un pedido de informes al Poder Ejecutivo solicitando estadísticas de expulsión del país de personas extranjeras con antecedentes penales, antes y después de la aplicación del decreto 70/2017 emitido durante el mandato de Mauricio Macri y cuya derogación dispuso el Gobierno nacional la semana pasada.
En el escrito, los integrantes del interbloque que preside Luis Naidenoff piden precisiones sobre la cantidad de casos en los que se haya constatado la carencia de debido proceso en trámites de admisión de personas con antecedentes delictuales, y las estadísticas de criminalidad y población carcelaria extranjera en el país.
El radical Pablo Blanco, que encabeza la iniciativa, sostuvo que "la derogación del decreto 70/17, bajo argumentos difusos que apuntan a que la norma lesionaba los derechos humanos, no hace más que reabrirle las puertas del país a la delincuencia individual u organizada".
"Es un retroceso que, seguramente, los argentinos lamentaremos ya que el preámbulo de nuestra Constitución le abre las puertas a toda persona extranjera de buena voluntad que quiera habitar el suelo argentino y no a los delincuentes", expresó el fueguino, y consideró que "una vez más, las decisiones ideologizadas del Gobierno favorecen a los delincuentes en detrimento de los ciudadanos de buena voluntad y en orden con la ley".
El proyecto fue acompañado por sus pares Luis Naidenoff, Gladys González, Mario Fiad, Alfredo De Angeli, Stella Olalla, Laura Rodríguez Machado, Silvia Elías de Pérez, Víctor Zimmermann, Humberto Schiavoni, Claudio Poggi, Juan Carlos Marino, Guadalupe Tagliaferri, Pamela Verasay, Esteban Bullrich, Julio Martínez, Julio Cobos y Silvia Giacoppo.
La iniciativa es impulsada desde el Pro y lleva el texto impulsado en su momento por el Gobierno anterior.
El diputado nacional Ezequiel Fernández Langan, junto con otros diputados del bloque Pro, presentaron un proyecto de ley en los mismos términos del decreto de Necesidad y Urgencia 70/17 derogado este viernes por el Poder Ejecutivo.
El proyecto, entre otras cosas, prohíbe el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales y facilita la extradición de aquellos que comentan delitos en nuestro país. “Durante los cuatro años de gestión de Mauricio Macri, se trabajó para terminar con los delitos y se logró acelerar los procesos de extradición de las personas que cometieron delitos”.
Sostienen los impulsores del proyecto que la derogación del decreto da marcha atrás en “una medida eficaz solo guiados por ideología partidaria”. Perjudicando de esta manera, agregan, “la seguridad de los argentinos”.
El proyecto, al igual que el Decreto 70/2017, busca controlar los antecedentes penales de los extranjeros que quieren ingresar al territorio argentino. Además establece un procedimiento rápido y simple para acortar los tiempos necesarios para expulsar a un extranjero que haya delinquido en nuestro país, reduciéndolos de un promedio de 7 años a unos 6 meses, aproximadamente.l
El proyecto fue acompañado por los diputados Cristian Ritondo, Graciela Ocaña, Soher El Sukaria, Alicia Fregonese, Dina Rezinovsky, Martin Medina, Adriana Caceres, Alejandro Garcia, Julio Sahad, Jose Luis Patiño, Sofia Brambilla, Pablo Torello y Gisela Scaglia.
