Se oficializó este jueves el decreto de necesidad y urgencia por el cual el Gobierno nacional reformó la Ley de Migraciones (25.871), a través del cual endurece el ingreso al país de los inmigrantes, eleva las condiciones para la obtención de la ciudadanía, habilita el arancelamiento del sistema sanitario y posibilita que las universidades -si así lo desean- puedan cobrar a los extranjeros.

El DNU 366/2025, firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, deberá ser girado al Congreso, donde debe ser analizado por la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.

"En la actualidad los movimientos migratorios se desenvuelven en un escenario global completamente distinto al de años anteriores, que presenta nuevos desafíos en materia política, económica, cultural y social", señaló el Poder Ejecutivo y agregó que "la enorme extensión de nuestras fronteras y los deficientes mecanismos de control de pasos no habilitados que existen han permitido el constante ingreso de extranjeros de forma ilegal".

Para el Gobierno, "la situación de irregularidad migratoria en nuestro país también es un fenómeno que requiere de medidas urgentes". Mientras que en los considerandos mencionó que el más de un millón de deportados de Estados Unidos "representa una ineludible señal de alerta para la República Argentina".

"Es indispensable establecer criterios claros para delimitar las condiciones de ingreso y permanencia regular a nuestro país, y brindar las garantías necesarias para el goce efectivo de los derechos con los que cuentan en nuestro territorio quienes se asientan en él legítimamente", argumentó el PEN y sumó que "es necesario establecer que quienes soliciten la residencia permanente deban acreditar los medios suficientes para subsistir en nuestra Nación y la inexistencia de antecedentes penales".

En cuanto a los extranjeros que sean admitidos para ingresar y permanecer en el país, se clasifican las categorías de "residentes permanentes", "residentes temporarios" o "residentes transitorios". La Dirección Nacional de Migraciones determinará la viabilidad del cambio de la categoría o subcategoría.

Una vez iniciado el trámite correspondiente y hasta su resolución, la autoridad de aplicación podrá conceder una autorización de "residencia precaria", la cual será revocada por dicha autoridad cuando se desnaturalicen los motivos que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento. Su validez será de hasta 90 días corridos y podrá ser renovada por resolución fundada de la referida autoridad migratoria.

El decreto indica que "la extensión y renovación de la residencia precaria no genera derecho a una resolución favorable respecto de la admisión solicitada, ni resulta residencia válida a los efectos de acreditar arraigo, necesario para la obtención de la residencia permanente, o para la adquisición de la nacionalidad por naturalización”.

Por otra parte, "se considerará 'residente permanente' a todo extranjero que, con el propósito de establecerse definitivamente en el país, obtenga de la Dirección Nacional de Migraciones una admisión en tal carácter. Al tramitar el pedido de residencia, el interesado deberá acreditar que cuenta con los medios económicos suficientes para subsistir en el país y que no cuenta con antecedentes penales que pudieren motivar el rechazo de la solicitud, todo ello de acuerdo con las condiciones que establezca la reglamentación".

"A los hijos de argentinos nativos, naturalizados o por opción que nacieren en el extranjero se les reconoce la condición de residentes permanentes", señala y sobre la "reunificación familiar" reza: "Ser cónyuge, progenitor o hijo de argentino nativo, naturalizado o por opción; o ser cónyuge, progenitor o hijo soltero menor a 18 años no emancipado o mayor con capacidades diferentes, de un residente permanente o temporario, con autorización para permanecer en el país por un máximo de 3 años o por el período de tiempo autorizado a su familiar radicado temporario, prorrogable, con entradas y salidas múltiples".

En tanto, la norma aclara que "los extranjeros tendrán derecho, aun cuando su condición migratoria fuera irregular, a ser admitidos como alumnos en un establecimiento educativo inicial, primario o secundario, ya sea público o privado; nacional, provincial o municipal, para lo cual su situación migratoria no podrá ser causa de discriminación alguna".

En cuanto a los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal "serán gratuitos para todos los ciudadanos argentinos nativos o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país. La gratuidad implica la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos". Mientras que, en una modificación a la Ley 24.521 se establece que "las instituciones de educación superior de gestión estatal podrán establecer retribuciones por los servicios de educación" para las otras clases de residentes.

"Sin perjuicio de ello, quienes no contaren con residencia permanente en el país podrán ser titulares de becas en los casos en que ello sea previsto por los estatutos correspondientes o por los convenios celebrados entre las instituciones de educación superior de gestión estatal y otros estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados”, añade.

En relación a la salud, se sostiene que "en casos de emergencia, no podrá negársele ni restringírsele el acceso a la asistencia social o a la atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria" y "los extranjeros residentes permanentes podrán acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos".

"Por fuera de los supuestos establecidos, en los establecimientos que brinden atención sanitaria administrados por el Estado Nacional, solo se brindará tratamiento médico o atención sanitaria habitual contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio, de conformidad con las condiciones que establezca el Ministerio de Salud”, dispone.

En los considerandos, el PEN expresó que "producto de las problemáticas que exhiben las políticas sanitarias en algunos países vecinos, se ha instalado como una práctica común que ciudadanos de dichos Estados acudan a la República Argentina con el único propósito de acceder al sistema de salud público de forma gratuita".

Diferenciando siempre a los residentes permanentes, se establece que "a fin de ingresar en el territorio nacional, los extranjeros que soliciten admisión bajo cualquiera de las categorías migratorias previstas en la normativa vigente deberán presentar una declaración jurada en la que manifiesten el propósito de su ingreso, que cuentan con un seguro de salud para atender sus necesidades médicas y las demás condiciones que establezca la reglamentación".

Respecto de las modificaciones en el artículo 29 de la Ley de Migraciones, sobre las "causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio nacional", se enumera -entre otras-: la presentación ante la autoridad de documentación nacional o extranjera material o ideológicamente falsa o adulterada; o la omisión de informar sobre la existencia de antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales; o haber articulado un hecho o un acto simulado o celebrado en fraude a la ley o con vicio del consentimiento con la finalidad de obtener un beneficio migratorio; o la falta de exhibición de un documento que demuestre una oferta efectiva de trabajo, cuando el requerimiento de ingreso obedeciera a ese motivo".

También, haber sido condenado o tener tener antecedentes, en Argentina o en el exterior, por delitos que para la legislación argentina merezcan pena privativa de la libertad igual o mayor a 3 años, cualquiera fuese la modalidad de cumplimiento; haber sido condenado, en Argentina o en el exterior, por delitos que para la legislación argentina merezcan pena privativa de la libertad menor a 3 años, cualquiera fuese la modalidad de cumplimiento; o haber sido sorprendido en flagrancia por delito de acción pública que pudiera dar lugar a la suspensión del juicio a prueba o medida alternativa.

Otro de las reformas, al artículo 35 de la Ley 25.871, determina que la Dirección Nacional de Migraciones procederá al inmediato rechazo en frontera e impedirá el ingreso al territorio nacional a todo extranjero: que pretenda ingresar con documentación destinada a acreditar la identidad que no cumpliera las condiciones previstas en la legislación vigente, en tanto no se trate de un reingreso motivado por un rechazo de un tercer país; que manifieste que su motivo de ingreso encuadra en la categoría turista, en tanto la autoridad migratoria determine que no encuadra en lo normado; sobre el cual pese una sospecha fundada de que la real intención que motiva el ingreso difiere de la manifestada al momento de obtener la visa o presentarse ante el control migratorio.

Además, cuyo ingreso irregular sea advertido al momento de realizarse o inmediatamente después; que se encuentre comprendido en alguno de los impedimentos previstos por el artículo 29 de la presente ley; cuando se verifiquen situaciones que constituyan una emergencia crítica en materia de salud pública o de seguridad nacional, siempre que la emergencia haya sido declarada por disposiciones normativas específicas.

Activo desde el atril de Casa Rosada en los últimos días de campaña de cara a las elecciones porteñas, donde competirá como primer candidato de la lista de La Libertad Avanza, el vocero presidencial Manuel Adorni encabezó varios anuncios esta semana.

Uno de los más rimbombantes fue la reforma migratoria, con el objetivo de endurecer el ingreso de inmigrantes al país, aumentar las condiciones para la obtención de la ciudadanía y disponer aranceles en salud y educación.

A pesar de haber sido anunciada por el presidente Javier Milei durante la última Asamblea Legislativa, las modificaciones a la legislación vigente no ingresarán a través de un proyecto de ley al Congreso, sino que se espera sea vía decreto de necesidad y urgencia; el cual igualmente debe ser analizado en la Bicameral de Trámite Legislativo.

Sin embargo, la letra del decreto todavía no se conoce y no fue publicado en el Boletín Oficial este jueves, día después de las declaraciones de Adorni.

De acuerdo a detalles aportados desde el Gobierno, la reforma establecerá que "cualquier condenado que intente ingresar a la Argentina será rechazado". Actualmente, el artículo 29 de la Ley 25.871 ya prevé que extranjeros condenados por delitos graves no pueden ingresar ni permanecer en territorio argentino.

Además, según precisó el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, "quien se encuentre ingresando de manera infraganti será rechazado" y "los condenados por cometer un delito serán deportados".

También se prevé el pago de servicios en salud para inmigrantes ilegales y contar con un seguro médico al entrar al país; que las universidades nacionales, si así lo desean, apliquen aranceles a los extranjeros no residentes; y la condición de que se otorgará la ciudadanía argentina únicamente a quienes residan durante dos años en Argentina, sin salir del territorio.

Sobre algunos de estos puntos -y otros-, se presentaron en el último año varios proyectos de ley, impulsados por los diputados Santiago Pauli (LLA), Cristian Ritondo, Silvana Giudici, Patricia Vásquez (Pro), Pamela Calletti (IF) y Miguel Pichetto (EF). La mayoría de ellos tienen como cabecera a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto o la de Población y Desarrollo Humano. No obstante, no fueron debatidos hasta el momento.

Oficialistas y aliados celebraron el anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre arancelamiento de universidades públicas y atención médica en hospitales públicos a extranjeros no residentes.

"Es correcto que los extranjeros paguen por la salud y la educación en Argentina. Basta de hacer beneficencia con el dinero de los contribuyentes", escribió en su perfil de X la bonaerense Carolina Píparo (LLA).

En tanto, su par tucumano Gerardo Huesen (LLA) expresó: "Extranjero que comete un delito AFUERA!". Fue en referencia a que, además, Adorni dijo que en la reforma del régimen migratorio contemplarán la expulsión del extranjero que cometa un delito, así como la prohibición de reingreso al país.

"Otra BUENA NOTICIA! Se va a arancelar la salud y educación a extranjeros no residentes. Así lo propuse en mis dos proyectos de ley. Celebro que se termine con el abuso que tanto perjudica a los argentinos! Y los delincuentes AFUERA!", exclamó la bullrichista Patricia Vásquez (Pro).

Por su parte, el legislador porteño Yamil Santoro (RU) señaló que "el gobierno anunció que va a empezar a cobrarle la salud y la educación a los extranjeros. Esto es más recursos para la salud y educación de los argentinos. @JMilei materializó otro proyecto de ley que presentamos e impulsamos desde @rep_unidosAR".

Desde la oposición, el diputado nacional y presidente del partido Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, pidió: "BASTA DE VENDER -ícono de humo-. LEAN LA CONSTITUCION NACIONAL. ARTICULO 75º, INCISO 19º, Cláusula del Progreso". Junto a la letra de ese fragmento de la Constitución, compartió también un video de Elisa Carrió durante la Convención Constituyente de 1994.

Por Unión por la Patria, la fueguina Carolina Yutrovic resaltó que "Milei propone resolver el déficit universitario cobrándoles a universitarios que no existen. Otra vez @madorni salió a anunciar una mentira. El vocero aseguró esta mañana que las universidades nacionales iban a poder cobrarles aranceles a estudiantes extranjeros no residentes, se olvidó de un pequeño detalle: el estudiante no residente no existe. No tienen que inventar nada, la crisis de las universidades sólo se comenzaba a resolver justamente con la ley que ellos vetaron".

Varias provincias limítrofes comenzaron a cobrar este año la atención médica a los extranjeros que se atienden en sus centros de salud. A menos que sus países de origen cuenten con convenios de atención recíproca con el nuestro. No son los más, por cierto. Hay un caso reciente que tuvo gran repercusión, en el que un albañil argentino fue atropellado por un motociclista en Bolivia, que le provocó una fractura de tibia y peroné. Y para operarlo, le exigían un millón y medio de pesos.

Es en ese marco que la diputada nacional del Pro Silvana Giudici acaba de presentar un proyecto de ley que propone que los extranjeros que ingresen a nuestro país por razones, turísticas, viajes de negocios o laborales, residencias temporales, etcétera, deberán acreditar que cuentan con un seguro privado de salud vigente que cubra la totalidad de sus eventuales gastos de salud.

Cualquier procedimiento médico, odontológico, o quirúrgico de la naturaleza que fuere, en el caso de requerir atención del servicio público de salud argentino deberá ser cubierto por dicho seguro de asistencia, a excepción de atención de emergencias, accidentes o urgencias con riesgo de vida que seguirán siendo gratuitas en los establecimientos públicos de salud de todo el territorio.

Al respecto la diputada expresó que “el sistema de salud argentino, de calidad y profesionalismo, ha sido siempre una meca para millones de ciudadanos de otros países de la región. Las excelentes condiciones de atención en cuanto a tecnología, prácticas innovadoras y calidad médica generaron una migración importante durante años con el objeto de acceder a servicios de salud brindados por los hospitales públicos argentinos, cuyos costos son exclusivamente soportados por el sistema, es decir, con los recursos presupuestarios que tienen origen en los impuestos que pagan los ciudadanos de nuestro país”.

Esta situación, en tiempos donde el sistema público de salud se encuentra bajo presión excesiva y los recursos presupuestarios son escasos, generó un déficit en la capacidad de atención, disponibilidad de camas e insumos en los establecimientos públicos de salud cada vez más acuciante.

Por eso, y en virtud de que algunas jurisdicciones provinciales han dispuesto mecanismos de cobro a extranjeros sobre sus sistemas de salud, se hace necesario generar herramientas innovadoras para poder seguir brindando atención médica de calidad en nuestro territorio, tanto a ciudadanos argentinos como a extranjeros. Con la implementación de un seguro de cobertura de asistencia privada a exigirse en los aeropuertos o fronteras para asegurar que todo aquel turista o visitante extranjero tenga los recursos para cubrir gastos médicos durante su estadía podremos reducir la carga del sistema público.

El proyecto prevé la presentación de credenciales en los puestos de migraciones junto con el pasaporte al ingresar al país, de esta manera se reducirá enormemente la presión sobre la atención en los establecimientos de salud pública de nuestro país.

El proyecto es acompañado por los diputados Sergio Capozzi, Martín Yeza, José Núñez, Gerardo Milman, Damián Arabia, Karina Bachey, Sofía Brambilla, Anibal Tortoriello y Martín Ardohain.

La explicación de Giudici concluye indicando que “la Constitución Nacional es nuestra guía, esta herramienta no vulnera ninguna de sus garantías previstas para los extranjeros que pisen nuestro suelo, sino que protege los derechos de argentinos y extranjeros con equidad, aquel que pueda pagarlo, proceda de donde proceda, tendrá su cobertura de origen y el sistema público argentino solo cubrirá las emergencias que impliquen riesgo de vida”.

“Es importante en un país con 47% de pobres volver más equitativo el sistema priorizando los recursos para cubrir las enormes necesidades internas en materia de atención sanitaria”, cerró la diputada Giudici.

Días después de un robo protagonizado por extranjeros en Balvanera y de los asesinatos que hubo en una toma de terrenos en González Catán, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, volvió a insistir en la necesidad de restituir una normativa de 2017 que modificó la Ley de Migraciones, a fin de agilizar la expulsión de extranjeros sin ciudadanía que cometen delitos.

En ese sentido, el alcalde porteño explicó que “sólo en 2023, tuvimos más de 10 delitos por día cometidos por delincuentes que son extranjeros ilegales en Argentina. Cuatro de cada diez homicidios realizados en la Ciudad de Buenos Aires, los cometieron delincuentes extranjeros ilegales” e indició que “tenemos que revertir el decreto derogado en 2021 por el kirchnerismo y restablecer la disposición de 2017 para facilitar la expulsión de extranjeros, sin ciudadanía, que eligen nuestro país para cometer delitos”.

Sobre esa misma línea, en diálogo con TN, Macri señaló que “acá lo que está en discusión es delito versus gente honesta. En el mundo, si un extranjero ilegal en un país comete un delito, es deportado automáticamente” y recordó que “en el año 2017, Mauricio Macri, siendo presidente en el Decreto 70 estableció un mecanismo expreso para que ese trámite, que ya está previsto en las leyes, sea más rápido.  El gobierno pasado, el de Alberto Fernández, lo derogó en cuanto pasó la pandemia y terminaron de sacar todos los detenidos de las cárceles con la excusa de la enfermedad. Uno de los primeros decretos que derogan es ese y no es un dato menor, porque yo quiero detenerme un segundo en algunos datos que por ahí la gente no conoce”.

“Solamente el año pasado tuvimos cuatro mil delitos cometidos en la Ciudad de Buenos Aires, cuatro mil, más de diez por día cometidos por delincuentes que son extranjeros ilegales en la Argentina”, añadió.

Finalmente, el alcalde porteño concluyó aseverando que “cuatro de cada diez homicidios en la Ciudad de Buenos Aires lo cometieron delincuentes extranjeros ilegales. Cuatro de cada diez. Y no hay esa cantidad de extranjeros ilegales. O sea, son extranjeros que vienen a cometer delitos, no vienen de buena fe, no vienen a buscarse el pan, no vienen a trabajar, no es buena gente… son sicarios. Es gente contratada que es parte de organizaciones; nosotros no podemos estar asistiendo a semejante desbarajuste”.

EXTRANJEROS QUE DELINQUEN: UN TEMA CENTRAL

Sólo en 2023, tuvimos más de 10 delitos por día cometidos por delincuentes que son extranjeros ilegales en Argentina.
4 de cada 10 homicidios realizados en la Ciudad de Buenos Aires, los cometieron delincuentes extranjeros ilegales.… pic.twitter.com/OJGncFPlWh

— Jorge Macri (@jorgemacri) January 16, 2024

Después de que se conociera que tres hombres extranjeros robaron un local en Balvanera, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, pidió a través de sus redes sociales restituir una normativa de 2017 que modificó la Ley de Migraciones, a fin de agilizar la expulsión de extranjeros sin ciudadanía que cometen delitos.

La petición del alcalde porteño se realizó a través de la red social X -ex Twitter-, donde manifestó: “hay que expulsar a los extranjeros sin ciudadanía que delinquen.  Anoche ante una alerta al 911 personal de la Policía de la Ciudad detuvo a tres delincuentes que estaban robando en un local de electrodomésticos, en el barrio de Balvanera, y que intentaron darse a la fuga. Los tres son extranjeros y ninguno posee ciudadanía argentina”.

Atento a esta situación, Macri aseguró que “se debe restituir la normativa que en 2017 modificó la Ley de Migraciones para agilizar la expulsión de aquellos extranjeros, sin ciudadanía, que eligen nuestro país para delinquir y que fue derogada en 2021 por el kirchnerismo”.

“Nuestra Ciudad no debe ser más el lugar al que se viene a cometer delitos”, completó.

Cabe recordar que la norma a la que hace mención Jorge Macri es de enero del 2017, cuando el entonces presidente Mauricio Macri y su gabinete firmaron el Decreto 70 que modificó la Ley de Migraciones, en donde explicaron que cada Estado tiene “la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales” y se creó un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” para negar el ingreso y expulsar a delincuentes extranjeros con mayor agilidad.

De esta manera, se prohibió al país el ingreso de extranjeros con documentación falsa; que omitan sus antecedentes penales; cumplan condena o tengan antecedentes en Argentina o en otro país por delitos de privación de la libertad, trafico de armas, personas, estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas. También se prohibió el ingreso de personas involucradas en crímenes de terrorismo, guerra, lesa humanidad o prostitución.

Senadores de Juntos por el Cambio presentaron este lunes un pedido de informes al Poder Ejecutivo solicitando estadísticas de expulsión del país de personas extranjeras con antecedentes penales, antes y después de la aplicación del decreto 70/2017 emitido durante el mandato de Mauricio Macri y cuya derogación dispuso el Gobierno nacional la semana pasada.

En el escrito, los integrantes del interbloque que preside Luis Naidenoff piden precisiones sobre la cantidad de casos en los que se haya constatado la carencia de debido proceso en trámites de admisión de personas con antecedentes delictuales, y las estadísticas de criminalidad y población carcelaria extranjera en el país.

El radical Pablo Blanco, que encabeza la iniciativa, sostuvo que "la derogación del decreto 70/17, bajo argumentos difusos que apuntan a que la norma lesionaba los derechos humanos, no hace más que reabrirle las puertas del país a la delincuencia individual u organizada".

"Es un retroceso que, seguramente, los argentinos lamentaremos ya que el preámbulo de nuestra Constitución le abre las puertas a toda persona extranjera de buena voluntad que quiera habitar el suelo argentino y no a los delincuentes", expresó el fueguino, y consideró que "una vez más, las decisiones ideologizadas del Gobierno favorecen a los delincuentes en detrimento de los ciudadanos de buena voluntad y en orden con la ley".

El proyecto fue acompañado por sus pares Luis Naidenoff, Gladys González, Mario Fiad, Alfredo De Angeli, Stella Olalla, Laura Rodríguez Machado, Silvia Elías de Pérez, Víctor Zimmermann, Humberto Schiavoni, Claudio Poggi, Juan Carlos Marino, Guadalupe Tagliaferri, Pamela Verasay, Esteban Bullrich, Julio Martínez, Julio Cobos y Silvia Giacoppo.

El diputado nacional Ezequiel Fernández Langan, junto con otros diputados del bloque Pro, presentaron un proyecto de ley en los mismos  términos del decreto de Necesidad y Urgencia 70/17 derogado este viernes por el Poder Ejecutivo.

El proyecto, entre otras cosas, prohíbe el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales y facilita la extradición de aquellos que comentan delitos en nuestro país. “Durante los cuatro años de gestión de Mauricio Macri, se trabajó para terminar con los delitos y se logró acelerar los procesos de extradición de las personas que cometieron delitos”.

Sostienen los impulsores del proyecto que la derogación del decreto da marcha atrás en “una medida eficaz solo guiados por ideología partidaria”. Perjudicando de esta manera, agregan, “la seguridad de los argentinos”.

El proyecto, al igual que el Decreto 70/2017, busca  controlar los antecedentes penales de los extranjeros que quieren ingresar al territorio argentino. Además establece un procedimiento rápido y simple para acortar los tiempos necesarios para expulsar a un extranjero que haya delinquido en nuestro país, reduciéndolos de un promedio de 7 años a unos 6 meses, aproximadamente.l

El proyecto fue acompañado por los diputados Cristian Ritondo, Graciela Ocaña, Soher El Sukaria, Alicia Fregonese, Dina Rezinovsky, Martin Medina, Adriana Caceres, Alejandro Garcia, Julio Sahad, Jose Luis Patiño, Sofia Brambilla, Pablo Torello y Gisela Scaglia.