En sus dos decretos de convocatoria, el Gobierno remitió un total de 15 temas para tratar este verano, pero aún no ha logrado aprobar nada.
A pocos días del vencimiento del período extraordinario, el oficialismo no ha podido aún aprobar ni un solo tema. Si bien tiene chances de ampliar el plazo de tratamiento hasta fin de mes, por ahora el vencimiento será el próximo jueves.
Con apenas doce días en el poder, el presidente Javier Milei convocó el 22 de diciembre del año pasado a sesiones extraordinarias. Llamó la atención el plazo que se impuso. Desechó el mes de diciembre y limitó el tratamiento de temas al primer mes del año venidero.
Esto es, las primeras fechas de convocatoria fueron entre el 1 de enero hasta el 31 de enero de 2024.
El temario de ese llamado incluía 11 cuestiones, comenzando por el proyecto de ley de reforma de las funciones del Estado, que terminó siendo el proyecto Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
Veamos los temas citados en ese llamado presidencial:
1) Proyecto de ley de reforma de las funciones del Estado.
2) Proyecto de ley modificatorio de su similar N° 19.945 respecto de establecer la Boleta Única de Papel (Exp. Senado 4-CD-22).
3) Proyecto de “Ley de Impuestos a Ingresos Personales”
4) Proyecto de ley por el cual se solicita autorización para que el señor Presidente de la Nación pueda ausentarse del país durante el año 2024, cuando razones de gobierno lo requieran.
5) Proyecto de ley por el cual se aprueba el Convenio entre la República Argentina y Japón para la Eliminación de la Doble Imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y la Prevención de la Evasión y la Elusión Fiscal, suscripto en la Ciudad de Osaka, Japón, el 27 de junio de 2019 (Msje. 230/19).
6) Proyecto de ley por el cual se aprueba el Convenio entre la República Argentina y el Gran Ducado de Luxemburgo para la Eliminación de la Doble Imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal, suscripto en la Ciudad de Washington, Estados Unidos de América, el 13 de abril de 2019 (Msje. 120/19).
7) Proyecto de ley por el cual se aprueba el Acuerdo entre la República Argentina y la República Popular China para la Eliminación de la Doble Imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal y su Protocolo, suscriptos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2 de diciembre de 2018 (Msje. 99/19).
8) Proyecto de ley por el cual se aprueba el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República Argentina y los Emiratos Árabes Unidos, suscripto en la ciudad de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, el 16 de abril de 2018 (Msje. 133/19).
9) Proyecto de ley por el cual se aprueba el Acuerdo entre la República Argentina y la República de Turquía para Evitar la Doble Imposición en Materia de Tributos sobre la Renta y para Prevenir la Evasión y la Elusión Fiscal y su Protocolo, suscriptos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 1° de diciembre de 2018 (Msje. 98/19).
10) Consideración de Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales.
11) Consideración de Acuerdos para designaciones y promociones, y su retiro.
El segundo llamado
El 22 de enero, a través del decreto 57/2024 se extendió el período ordinario hasta el 15 de febrero. Además, el Poder Ejecutivo dispuso sumar tres proyectos para debatir.
En su artículo 2°, se corrigió el decreto de convocatoria original, publicado en diciembre, donde refería al proyecto de ley Bases estrictamente como una reforma del Estado. Un verdadero blooper que, de no haberse resuelto de esa manera, podría haber invalidado todo lo actuado hasta entonces. Algún insidioso diría que hubiera terminado sucediendo antes lo que pasó el martes de la última semana.
“Entiéndese que el punto 1) del Anexo al decreto citado en el artículo anterior refiere al Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, remitido por Mensaje N° 7 del 27 de diciembre de 2023 (Exp. 25-PE-2023)”, expresaba el artículo en cuestión.
El decreto incluyó además 3 proyectos para debatir en dicho plazo.
En primer lugar, una autorización de entrada de tropas extranjeras al territorio nacional para participar en el ejercicio “Adiestramiento Combinado para la Defensa de los Recursos Pesqueros Argentinos”, que se llevará a cabo entre la Prefectura Naval de la República Argentina y el guardacostas USCG James de la Guardia Costera de los Estados Unidos de América durante el mes de abril de 2024.
El segundo proyecto de ley sustituía el Capítulo II -Defensa Nacional- del Título IV -Seguridad y Defensa- del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, comunicado el 27 de diciembre de 2023.
Y, por último, un proyecto de ley modificatorio del Código Penal y de la Ley N° 25.246 respecto de la Prevención y Represión del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Mucho ruido y pocas nueces
Cuatro comisiones se formaron en la Cámara de Diputados para avanzar con los proyectos asignados a ese Cuerpo. Tres para la ley de Bases -Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales- y Relaciones Exteriores para tratar los acuerdos internacionales. Solo se reunió para constituirse sus autoridades.
El único proyecto del temario que abordaron las comisiones de Diputados fue el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Fueron seis reuniones informativas del plenario de comisiones, y una para dictaminar. Luego hubo una sesión que se desarrolló a lo largo de cuatro días, con el resultado por todos conocido.
En la Cámara alta avanzaron con el tratamiento del proyecto de ley de Boleta Única de Papel, que consiguieron dictaminar el 10 de enero. Pero contrariamente a lo que se esperaba no lo llevaron al recinto y perderá estado parlamentario a fin de mes. Pasa que el oficialismo no tiene el número para lograr aprobarlo con la mayoría absoluta necesaria para un proyecto de ley electoral.
El otro proyecto tratado en la Cámara alta tiene también media sanción de Diputados y si no se aprueba antes del 29 de febrero, se cae su estado parlamentario. Ya tiene dictamen desde el miércoles, y habrá que ver si se trata en el Senado esta semana o bien la siguiente. O nada.
En definitiva, muchas reuniones de comisión, sobre pocos temas; un enero intensísimo… pero solo el Senado podría quebrar la inercia de una falta de aprobación en los recintos. Se verá.
En vísperas del tratamiento en el recinto del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, el Poder Ejecutivo dispuso sumar tres proyectos para debatir.
Al cierre de una semana intensa, centrada en el proyecto de ley ómnibus que finalmente se espera llegue al recinto entre el martes que viene y el jueves, el Gobierno nacional emitió este viernes el decreto 54/2024, en el que extiende hasta el 15 de febrero del presente año el período de sesiones extraordinarias.
El decreto incluye tres proyectos para debatir en dicho plazo. En primer lugar, una autorización de entrada de tropas extranjeras al territorio nacional para participar en el ejercicio “Adiestramiento Combinado para la Defensa de los Recursos Pesqueros Argentinos”, que se llevará a cabo entre la Prefectura Naval de la República Argentina y el guardacostas USCG James de la Guardia Costera de los Estados Unidos de América durante el mes de abril de 2024.
El segundo proyecto de ley sustituye el Capítulo II -Defensa Nacional- del Título IV -Seguridad y Defensa- del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, comunicado el 27 de diciembre de 2023.
Y por último, figura un proyecto de ley modificatorio del Código Penal y de la Ley N° 25.246 respecto de la Prevención y Represión del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
En este último caso se trata de una modificación de la ley vigente impulsada por el Gobierno de Alberto Fernández el 31 el proyecto incluye de mayo de 2022, que tuvo media sanción el 19 de abril de 2023, y espera desde entonces ser tratado en el Senado de la Nación.
En cuanto al proyecto que sustituye un capítulo del proyecto de ley de Bases que por estos días el oficialismo busca dictaminar, lo curioso es precisamente que se trata de una iniciativa que modifica otra aún no aprobada. Lo que modifica abarca tres artículos: desde el 345 al 347, y refiere los ejercicios militares combinados a realizarse desde el 1° de septiembre de este año hasta el 31 de agosto de 2025. Debe interpretarse entonces que este cambio tiene que ver con la inclusión de este nuevo ejercicio militar.
Cabe recordar que justamente el día anterior un sector del bloque radical de diputados, encabezados por el formoseño Fernando Carbajal pidieron a través de sendas cartas enviadas el presidente Javier Milei y al titular de Diputados, Martín Menem, disponer la prórroga de sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero de 2024.
El resto del temario
Cabe recordar que el temario original presentado el 22 de diciembre del año pasado por el Gobierno nacional incluía once temas, comenzando por el proyecto de ley de reforma de las funciones del Estado, que terminó siendo el proyecto Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
También se incluía el proyecto para establecer la Boleta Única de Papel; el de Impuestos a Ingresos Personales” (incluiría la modificación de Ganancias); y el proyecto para autorizar al presidente a ausentarse del país durante el año 2024.
El resto consistía en convenios (con Japón, el Gran Ducado de Luxemburgo, China, Emiratos Árabes Unidos y Turquía), más tratados, convenios y acuerdos internacionales, como así también acuerdos para designaciones y promociones, y su retiro.
El oficialismo imaginaba un comienzo del andar de las comisiones más favorable. La realidad, cuando todavía no se están abordando los temas más ríspidos, mostró debilidades.
No fue un buen día para La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación. Si bien finalmente pudo poner en marcha la maquinaria legislativa al comenzar a funcionar las comisiones, los resultados no fueron todo lo halagüeños que los libertarios esperaban. Esto mirando solo al Congreso. Habría que sumársele también el fallo en contra de la parte laboral incluida en el mega DNU impulsado por el Gobierno.
Fue en el Senado, donde el oficialismo pareciera tener más encaminadas las cosas legislativamente hablando, donde las extraordinarias comenzaron su andar, con la constitución e inicio del trabajo de cuatro de sus comisiones. Primero se conformaron Relaciones Exteriores, Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, y luego se realizaron dos plenarios para comenzar por fin a tratar el temario de extraordinarias. Tres de esas cuatro comisiones están presididas por miembros del propio oficialismo. Una muestra de poder enorme, para una bancada que tiene apenas siete integrantes (en el Senado hay 27 comisiones permanentes). También una muestra de generosidad de parte de los aliados que deberían reconocer quienes mandan en La Libertad Avanza.
Para recordar un enero con reuniones de comisión en el Senado hay que remontarse a más de 20 años atrás. En rigor, es un mes de receso prácticamente total en las dos cámaras. Salvo el año pasado, por ejemplo, cuando el Gobierno de Alberto Fernández activó el Parlamento ya no para enfrentar la fenomenal crisis en marcha, sino para poner activar el juicio contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, razón de ser de ese llamado a extraordinarias.
No había temas incómodos para tratar este miércoles en la Cámara alta. Un puñado de acuerdos internacionales pendientes, incluidos como relleno en el temario de once puntos de extraordinarias, y el proyecto de boleta única de papel, un tema muy caro para la oposición que está pendiente desde el 8 de junio de 2022, cuando se aprobó en la Cámara baja. Ahora, con todas las perspectivas para avanzar con la anuencia sobre todo de Juntos por el Cambio, que soñaba con este momento para desempolvar esa media sanción y convertirla en ley, el proyecto se postergó.
Fue un revés para el oficialismo, que ya había delineado un cronograma según el cual daba por hecho el dictamen para este 3 de enero y preveía su tratamiento en el recinto el jueves 11. El mismo día trataría los acuerdos internacionales, para dar una bienvenida muestra de eficacia legislativa. Habrá que esperar al menos una semana.
Tampoco tuvo suerte con los convenios bilaterales. Eran cinco, salieron tres: los convenios con Turquía, China y Emiratos Árabes Unidos; se postergaron los acuerdos con Japón y el Gran Ducado de Luxemburgo, que quedaron pendientes para seguir analizándolos. Nada grave, pero fue un imprevisto.
Peor fue con la boleta única de papel, cuya postergación generó el inesperado título de “revés para el oficialismo”, que debería haber dejado un sabor amargo en La Libertad Avanza y en lo que supo ser Juntos por el Cambio.
Mientras eso sucedía en el Senado, este jueves arrancan las comisiones de la Cámara baja, donde el miércoles por la noche se resolvió finalmente que sean solo tres las comisiones encargadas de debatir la mega ley ómnibus. Un proyecto que, según propios y extraños ameritaba el debate en al menos una docena de comisiones. Por razones operativas, se habló de limitar el giro a 4 comisiones; finalmente, habrá una menos. Como para generar más rispideces donde ya hay bastante de eso.
Tenía lógica que fueran solo 4 comisiones; a lo sumo podrían haber sido 5, pero hubiera resultado impracticable trabajar con más, de lo contrario deberían haber hecho las reuniones en el recinto. Pero 3 es un número demasiado acotado para un debate serio.
Tampoco resulta lógico el tiempo que se le quiere brindar al tratamiento de semejante proyecto (tiene 664 artículos, de los más diversos temas). La idea del oficialismo es llevarlo al recinto el 25 de enero. Así les pidió expresamente el presidente Javier Milei a sus diputados este miércoles en el Salón Sur de la Casa Rosada. Faltan apenas tres semanas.
Como poder, en un cuerpo político como es el Congreso, todo se puede… si se cuenta con mayorías. No las tiene La Libertad Avanza, que tiene tres veces menos diputados que la primera minoría, hoy la verdadera oposición legislativa en ambas cámaras. Al menos la más dura, con la que no podrá negociar nada.
Sí dio un paso importante el oficialismo en la designación de los integrantes de las comisiones que se formarán este jueves en Diputados. En las cuatro anunciadas el miércoles por la noche sobresale el número de diputados de Unión por la Patria, pero en ningún caso alcanzan para obstaculizar nada. Atento a lo acordado en la sesión preparatoria de diciembre del año pasado, el bloque que conduce Germán Martínez tiene prioridad en cada comisión, pero no llega en ningún caso a un número que a priori vaya a obstaculizar el destino de los dictámenes. Veamos, UP tendrá 15 diputados sobre 35 de la Comisión de Asuntos Constitucionales; 12 sobre 31 de Legislación General; 18 sobre 43 de Relaciones Exteriores y 20 de 49 que tendrá la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Ni siquiera Mauricio Macri tuvo semejante beneficio en sus cuatro años de gobierno.
Es un alivio para Martín Menem y Oscar Zago haber podido encaminar el tema de la conformación de comisiones, aunque deberían recomendarle al Ejecutivo no extender la cuerda al máximo. Es una buena relación de fuerzas, si los aliados y bancadas afines no se fastidian con las medidas y los modos del presidente Milei. No es recomendable tildar de “coimeros” a los legisladores, de manera imprecisa y obviamente ofensiva. En tiempos de ajuste y malhumor social, esas imprecaciones pueden llegar a un punto en el que se les vuelvan en contra.
También deberá cuidarse el oficialismo de mantener la armonía en su seno. No son buenas señales las versiones sobre discrepancias internas que llevan al punto de sugerir una división de la bancada oficialista -que hasta ahora han logrado hacer crecer, al punto tal de convertirse en la segunda minoría-. Para saber más de ese barullo interno habrá que repasar nomás los nombres de quienes estuvieron en la reunión con el presidente el miércoles, y quiénes no.
Sin número para lograr su aprobación en alguna de las dos cámaras, la apuesta de La Libertad Avanza pasará por replicar la estrategia de la gestión anterior, que congeló la Bicameral de Trámite Legislativo para que el tema no pueda ser tratado en ninguno de los recintos.
Si bien había anticipado en campaña que en caso de ser necesario subsanaría su debilidad legislativa con la convocatoria a plebiscitos, el Gobierno de Javier Milei apeló no a esa vía al llegar al poder, sino a la del decreto. Lo hizo luego de haber anticipado que el día 11 de diciembre, un día después de asumir, convocaría al Parlamento a extraordinarias, para avanzar con un sinnúmero de modificaciones legislativas que irían en el sentido anunciado por el líder de La Libertad Avanza en la campaña.
Una decisión curiosa para el Gobierno con la minoría más extrema de la historia de la democracia argentina. Porque si algo se espera ante semejante escenario es que el Presidente sea muy cauteloso allí en el Poder Legislativo, el único ámbito donde no califica el triunfo que encumbró a Milei en la presidencia el 19 de noviembre, sino con las elecciones generales del 22 de octubre, cuando La Libertad Avanza resultó segunda, con solo el 30% de los votos.
La mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado se construyeron en base a ese resultado, razón por la cual el oficialismo cuenta apenas con 37 diputados y 7 senadores propios.
La realidad es que el Poder Ejecutivo no convocó finalmente al Congreso el 11 de diciembre a sesionar, sino que apeló a la vía del decreto para dar una muestra de poder y autoridad. Los decretos de necesidad y urgencia representan un hándicap para el gobierno de turno basado en la legislación orquestada allá por 2006 por la entonces senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner. “Primera ciudadana” en ese tiempo, y con la mira puesta en ser candidata presidencial el año siguiente -aunque con su esposo presidente mantuvieron la incógnita hasta el final- elaboró una ley para regir los decretos de necesidad y urgencia (la 26.122) hecha como quien piensa que va a gobernar por décadas, pues le asignaba al gobierno de turno la certeza de que muy difícilmente sus decretos podrían ser rechazados por el Congreso. Una década más tarde esa herramienta caería en manos de una administración ubicada en la vereda de enfrente, ideológicamente hablando, y así fue que Mauricio Macri apeló a los DNU, sobre todo en tiempos de receso legislativo. Pero no le fue tan favorable el tránsito de cada uno de ellos, pues varias veces ese oficialismo quedó al filo de una derrota sin precedentes.
En definitiva: a ningún gobierno el Congreso le volteó un decreto de necesidad y urgencia. Pero estamos hablando de gestiones que tuvieron mayorías al menos en una de las dos cámaras; en el caso de Cambiemos, varias veces estuvo cerca de romper ese invicto. Nada indica que a Milei le vaya a ir mejor en esa materia.
Así y todo apostó un pleno con el mega DNU anunciado el 20 de diciembre pasado, el más ambicioso que se recuerde de parte de un Gobierno. Una medida que tiene un antecedente en otro gobierno en minoría, el de Mauricio Macri, que en 2018 apeló al mismo camino para avanzar con un decreto muy ambicioso, pero no tanto como el actual. Ese mega DNU tenía 140 modificaciones de leyes y decretos, con 170 medidas agrupadas en 22 capítulos que involucraban las áreas de gestión de ocho ministerios: Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria y Energía. Previsiblemente ese decreto de necesidad y urgencia encontró múltiples resistencias de parte de la oposición de entonces. Y si bien consiguió dictamen de mayoría en la Comisión de Trámite Legislativo, el mismo día que eso sucedió, el Gobierno anunció que cambiaría el decreto por tres leyes, que aprobó con holgura.
Ese podría ser un camino viable para esta gestión, que ha recibido de parte de la oposición perteneciente a buena parte de lo que fue Juntos por el Cambio, señales respecto de que estarían dispuestos a aprobar la mayoría de las medidas incluidas en el decreto… si vinieran en forma de proyectos. No se pide uno por cada medida, aunque tampoco una ley ómnibus. Dos o tres proyectos de ley que resuman el total del DNU presentado el 20 de diciembre, de los cuales algunos podrían quedar en el camino como concesión, pero sin opacar la victoria de este Gobierno en extrema minoría.
Por el momento, no parece ser esa la idea de este oficialismo, que ya encuentra dificultades en la conformación de la Comisión de Trámite Legislativo. La misma todavía no ha sido formada y ahí el oficialismo tiene el primer escollo. La comisión debe tener 16 miembros, 8 diputados y 8 senadores. Unión por la Patria quiere la mitad de los correspondientes a cada cámara. No se los darán. Todo indica que les otorgarán tres lugares a los miembros de UP, basándose en la ley de Cristina Kirchner que establece que la conformación de esa comisión será “a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas”. Y hay consenso en el resto de los bloques para no darle al peronismo más que seis lugares.
Lo cual no es presagio de que La Libertad Avanza vaya a dominar esa comisión cuya presidencia este año le corresponde al Senado, y que reclama el radicalismo. Allí habrá al menos un representante del Pro por cada Cámara. La UCR quiere dos por el Senado y al menos uno por la Cámara baja. Como sea, el oficialismo no tiene garantizado siquiera un empate que resuelva un presidente de la bicameral afín.
El radicalismo es clave, y el flamante presidente del Comité Nacional, Martín Lousteau, ha manifestado su desacuerdo con el decreto. Reclama, como el resto de su partido, “una ley espejo”. Lousteau es además senador nacional. No están alineados con él todos los senadores de su bancada, pero ya adelantaron que lo que decidan será en bloque. Y la postura adelantada mayoritariamente es opuesta a aceptar que el presidente se arrogue la posibilidad de legislar.
Sin el radicalismo, ni la Coalición Cívica, ni los diputados de Cambio Federal, ni tampoco los de Innovación Federal, el decreto no tiene chances de salir en Diputados. Tampoco en el Senado, donde los senadores Camau Espínola y Edgardo Kueider, ya expresaron su rechazo al DNU. Y eso sin contar al radicalismo, que también se pronunciaría en contra.
Lo más probable es entonces que el oficialismo busque dilatar el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia in eternum. Ya quedó claro que su disposición no es tratar el tema en extraordinarias, al no incluir el presidente su tratamiento para las extraordinarias convocadas el viernes pasado.
Buscarán hacer hincapié en que el peronismo gobernante archivó un centenar de DNU de Alberto Fernández que nunca tuvieron tratamiento. Hace dos años que la comisión de DNU no se reúne para tratar decretos. La última vez fue el 6 de julio de 2021. Solo hubo una reunión después el 30 de junio de 2022: duró 10 minutos y solo fue para nombrar nuevas autoridades.
Es una estrategia arriesgada. Sin contar que tarde o temprano el tema llegará a la Corte Suprema, que muy probablemente termine fallando en contra, siempre tendría en ese caso el oficialismo el riesgo de que la oposición logre reunir una mayoría que le aseste una derrota legislativa histórica. Así y todo, la orden que bajan desde lo más alto del poder vigente es no dar el brazo a torcer en la materia. Confiados en que ni el radicalismo, ni otros partidos de JxC se atreverán a formar parte de una maniobra tal perpetrada juntamente con Unión por la Patria, para asestarle semejante golpe al Gobierno de Milei.
Finalmente se conoció el decreto convocando a sesionar este verano entre el 26 de diciembre próximo y el 31 de enero del próximo año. Qué temas se proponen.
Tal cual se había anticipado, el Poder Ejecutivo convocó este viernes por la noche a sesiones extraordinarias. Lo hizo a través de un mensaje del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que comunicó el decreto N° 76, por el cual se convoca a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación para tratar once temas, entre los que figuran Ganancias (que aparece como Impuestos a Ingresos Personales, y Boleta Única de Papel.
Las mismas han sido convocadas a partir del martes 26 de diciembre próximo, hasta el 31 de enero de 2024.
A continuación, el detalle de los proyectos a analizar en extraordinarias:
1) Proyecto de ley de reforma de las funciones del Estado.
2) Proyecto de ley modificatorio de su similar N° 19.945 respecto de establecer la Boleta Única de Papel (Exp. Senado 4-CD-22).
3) Proyecto de “Ley de Impuestos a Ingresos Personales”
4) Proyecto de Ley por el cual se solicita autorización para que el señor Presidente de la Nación pueda ausentarse del país durante el año 2024, cuando razones de gobierno lo requieran.
5) Proyecto de ley por el cual se aprueba el Convenio entre la República Argentina y Japón para la Eliminación de la Doble Imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y la Prevención de la Evasión y la Elusión Fiscal, suscripto en la Ciudad de Osaka, Japón, el 27 de junio de 2019 (Msje. 230/19).
6) Proyecto de ley por el cual se aprueba el Convenio entre la República Argentina y el Gran Ducado de Luxemburgo para la Eliminación de la Doble Imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal, suscripto en la Ciudad de Washington, Estados Unidos de América, el 13 de abril de 2019 (Msje. 120/19).
7) Proyecto de ley por el cual se aprueba el Acuerdo entre la República Argentina y la República Popular China para la Eliminación de la Doble Imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal y su Protocolo, suscriptos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2 de diciembre de 2018 (Msje. 99/19).
8) Proyecto de ley por el cual se aprueba el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República Argentina y los Emiratos Árabes Unidos, suscripto en la ciudad de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, el 16 de abril de 2018 (Msje. 133/19).
9) Proyecto de ley por el cual se aprueba el Acuerdo entre la República Argentina y la República de Turquía para Evitar la Doble Imposición en Materia de Tributos sobre la Renta y para Prevenir la Evasión y la Elusión Fiscal y su Protocolo, suscriptos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 1° de diciembre de 2018 (Msje. 98/19).
10) Consideración de Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales.
11) Consideración de Acuerdos para designaciones y promociones, y su retiro.
Con el correr de los días se desinfla la posibilidad de convocar ya a sesionar, sobre todo teniendo en cuenta que quedan apenas una decena de días hábiles este año. Sin apuro, habría mayores precisiones en materia legislativa.
Tras ganar el balotaje casi tres semanas atrás, el presidente Javier Milei, había anunciado que convocaría a sesiones extraordinarias inmediatamente después de asumir, pero a cuatro días de su jura como jefe de Estado, ese deseo se diluye y el envío de proyectos de ley sería ahora para enero, con el arranque del año.
Incluso, a 96 horas de su llegada a la Casa Rosada, no quedan claro aún las leyes por las que Milei le pedirá al Parlamento una pronta sanción. Y cada día se disipa más la idea original de una ley “ómnibus”, es decir un mega paquete de leyes contenido en un solo texto.
Los proyectos esbozados en ese lapso serían la nueva modificación en Ganancias la eliminación del pago para la cuarta categoría, que significó un 1% del PBI, según datos proporcionados en ese entonces por el Ministerio de Economía.
Ese beneficio para un sector de los trabajadores afectó la coparticipación de recursos hacia las provincias, que vieron disminuidos sus ingresos en el Tesoro, y ahora reclaman ese ingreso a sus arcas.
No haría falta modificar nada del tema exención del IVA, pues ese proyecto quedó solo con media sanción de Diputados.
Otro proyecto que iría en primera fila al Congreso sería el de modificar la movilidad jubilatoria, es decir el esquema de pagos a los jubilados y pensionados, modificado por el expresidente Alberto Fernández al inicio de su gestión, y lo propio había hecho el expresidente Mauricio Macri.
El propósito del ministro de Economía, Luis Caputo, es fijar los aumentos por decreto.
Este miércoles, el ministro del Interior, Guillermo Francos, sumó otro tema posible para debatir en el Congreso: la derogación de las elecciones PASO, bajo el fundamento de bajar el “gasto de la política”, y modificar el sistema de elección, dejar el tradicional, de boleta de papel, e ir hacia la boleta única de papel o electrónica.
El pedido fue realizado por Sabrina Ajmechet y recordó que el proyecto tiene media sanción de la Cámara baja. También coincidió con Milei en eliminar las PASO.
El electo presidente liberal, Javier Milei, ya anunció que llamará a sesiones extraordinarias luego de asumir el 10 de diciembre a fin de avanzar con las leyes y algunos diputados comenzaron a plantear qué proyectos deberían tratarse en ese período.
La diputada del Pro Sabrina Ajmechet propuso a través de su red social “X” que “hay un tema de reforma política que no debería faltar en el paquete de extraordinarias: BOLETA ÚNICA”.
Así, recordó que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde junio de 2022 votación que resultó con 132 votos a favor, 104 en contra y 4 abstenciones, pero la iniciativa quedó encajonada por el oficialismo en el Senado. Por ello, Ajmechet sostuvo que “es obligar al Senado que lo trate y sea ley. No hay nada más importante que podamos hacer para que el voto de cada ciudadano cuente”.
“Después, por supuesto que todo cambiaría con FICHA LIMPIA. Y, en términos personales, me parece bien estudiar la eliminación de la obligatoriedad de las PASO, lleva al país a estar sometido a perder el año por el proceso electoral”, manifestó la diputada del Pro, respecto de la confirmación desde La Libertad Avanza de eliminar las elecciones PASO.
El diputado oficialista afirmó: “Me parece positivo que entienda que los cambios se hacen por ley y no por decreto”, y cuestionó al gobierno saliente: “Llegó para llenar la heladera y recuperar ingresos, y eso no sucedió”.
El ex ministro de Desarrollo Social de la Nación y diputado nacional Daniel Arroyo (FdT) se refirió al anuncio que el electo presidente, Javier Milei (LLA), hizo respecto del funcionamiento del Congreso de la Nación y afirmó: “Me parece bien que convoque extraordinarias”. Por otro lado, hizo un mea culpa de la gestión oficialista estos últimos cuatro años: “Este gobierno llegó para llenar la heladera y recuperar ingresos, y eso no sucedió”.
En declaraciones por Radio Continental, Arroyo expresó: “Me parece muy bien que el presidente convoque a extraordinarias. Entiendo que hay un cambio estructural que quiere hacer y eso se debe hacer por ley y no por decreto y eso me parece positivo que convoque a partir del 11 de diciembre a extraordinarias”.
“Veremos los proyectos o ideas, por ahora son solo palabras. Yo conceptualmente estoy lejos de las ideas y políticas que está pregonando este nuevo gobierno, pero tenemos que esperar. El día 10 asume y supongo que ahí convocará a extraordinarias y veremos qué proyectos presenta”, adelantó.
Para Arroyo: “Estamos en una emergencia alimentaria muy clara de gente que no llega a fin de mes y se eso se vio reflejado electoralmente y eso en la administración pública es un problema práctico que tienen que gestionar y reordenar la asistencia social. La emergencia en términos de administración pública le da la posibilidad de ordenar las partidas presupuestarias”.
“Yo entiendo que Milei va a enviar un Presupuesto y que dentro de ese Presupuesto va a enviar proyectos de ley para reformar esas áreas del Estado de esquemas económicos y dentro de eso la emergencia alimentaria. Es algo que creo va a hacer el nuevo gobierno y cualquier gobierno debería hacer”, analizó.
En tanto, el diputado oficialista manifestó que “la idea de ‘todo al Estado a lo bestia y cada uno se arregle’ estoy muy lejos de eso, si los proyectos de ley van en esa línea claramente estoy muy lejos de eso. Creo que tenemos que ver qué proyectos e ideas presenta el gobierno, pero en términos generales todo lo que viene planteando es muy lejos de las reformas y cambios estructurales que creo que se deban hacer”.
Por otro lado, reflexionó respecto de la gestión de Alberto Fernández y cuestionó: “Este gobierno llegó para llenar la heladera, para mejorar la situación social, para recuperar ingresos, y eso no sucedió. En términos generales la elección fue entre continuidad y cambio, una parte quería continuar y una parte muy mayoritaria de la Argentina dijo ‘esto no va más’. No me refiero solo a los más pobres, sino a la gran parte de la población que siente un agobio muy grande y buscó otra expresión electoral. Todo ese conjunto de gente que está complicada, las PyMes que están tapadas en impuestos, el laburante que la rema todos los días, buscó otra opción y eso es legítimo”.
En materia económica, Arroyo planteó: “Tiene que haber más mercado, más competencia, más desarrollo y actividad económico y un Estado mejor que preste los servicios necesarios y correctamente. Eso es inversiones y desarrollo de trabajo”, y remarcó. “Tiene que haber más transparencia en el Estado, organismos de control eso es positivo y hacen al ordenamiento de la democracia”.
Al ser consultado por la denuncia hacia el ministro de Economía y excandidato presidente, Sergio Massa, respecto del dinero que dispuso para su campaña, Arroyo desconoció la presentación: “No conozco de los gastos de campaña. No lo sé sinceramente. La rendición de gastos de campaña no lo hizo ningún partido político”.
“Lo más razonable es que el Gobierno envíe un nuevo Presupuesto”, aseguró.
Sobre el préstamo en yuanes que hizo China a la Argentina, el diputado oficialista aseguró que “fue para reforzar reservas en un momento complejo y para pagarle parte al FMI. No leí la letra chica del intercambio con China, es un acuerdo que hizo Economía yo no tengo conocimiento de detalle”.
Por último, confirmó que este miércoles 29 de noviembre se llevará a cabo la Asamblea Legislativa para ratificar el resultado del balotaje: “Nos reunimos senadores y diputados para formalizar el resultado del balotaje. El día 7 se eligen diputados y las nuevas autoridades y corresponde al nuevo gobierno la elección del presidente de la Cámara”.
A lo largo de su gestión, el presidente Alberto Fernández abusó con la extensión de los temarios elegidos, pero tuvo muy poco efecto concreto en los recintos.
Por José Angel Di Mauro
El período de sesiones extraordinarios es el que utiliza el gobierno de turno para avanzar con proyectos elegidos por el Poder Ejecutivo, entre el 1 de diciembre y el último día de febrero del año siguiente. Son habitualmente utilizados para tratar temas que el presidente considera urgentes. El mandatario de turno tampoco está obligado a convocarlos.
El de Mauricio Macri fue el primer gobierno en minoría en ambas cámaras en casi cien años. Por eso, en su primer año el Ejecutivo no convocó a sesionar en el mes de diciembre. Fue a instancias del presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri, que le recomendó al Gobierno no llamar a sesiones extraordinarias hasta tanto no tuviera certeza con los números.
Recordemos que cuando esa gestión arrancó, el oficialismo tenía 87 diputados nacionales y el Frente para la Victoria tenía diez más y era primera minoría. Pero durante el verano hubo desgajamientos en el bloque K y el oficialismo pasó a ser primera minoría en Diputados. Pero le faltaban 42 diputados para el quórum… Y ni qué decir del Senado, donde la relación de fuerzas era extrema: apenas 15 senadores de Cambiemos, contra 39 del PJ-FpV.
Es la razón por la cual ese primer año de gestión Macri terminó convocando tan solo al Senado, para tratar una serie de pliegos de militares, embajadores y dar ingreso a los de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, nombrados originalmente por decreto, en una medida polémica que prontamente se corrigió.
El de Alberto Fernández es un gobierno que tampoco tiene mayoría en Diputados -sí la tenía en el Senado-, pero así y todo no tomó recaudos con relación a los períodos extraordinarios, que convocó siempre, con un amplio temario so riesgo de fracasar con el mismo. Y es lo que sucedió rotundamente los dos últimos años, pero en la primera mitad no le fue mejor.
Pruebas al canto, en el primer año de gestión, Fernández envió 11 iniciativas y solo le aprobaron 5. Fue su mejor año.
En 2021, armó un amplísimo temario de 25 temas, de los cuales solo 4 terminaron aprobados por ambas cámaras.
2022 fue un papelón: el presidente mandó 18 temas y ninguno se trató en alguno de los recintos, ni siquiera en una comisión.
El período extraordinario que acaba de concluir salió del cero el último día de febrero, cuando faltando tres minutos para que venciera el plazo del quórum, pudo reunir 129 diputados y arrancar así una sesión en la que se convirtieron en ley dos proyectos.
En resumen, de los 82 temas enviados por Alberto F en los cuatro años de períodos extraordinarios, solo fueron ley 11. Solo el 13,4% de los proyectos que envió el presidente terminaron aprobados en ese tiempo.
No quiere decir que ese casi centenar de iniciativas no hayan tenido tratamiento más tarde; solo nos circunscribimos a los períodos extraordinarios, a lo que habrá que agregar otro dato no menor: en muchos casos los proyectos pedidos nunca llegaron al Congreso.
Pareciera una costumbre del presidente Fernández la de llenar los veranos con anuncios que luego no se trasladan a los recintos. Una constante que excedió los períodos de extraordinarias. Un estilo poco favorable de mandar muchos proyectos al Congreso desentendiéndose de si son temas que pueden o no avanzar luego.
En general, los ejecutivos optan por mandar al período extraordinario temas que necesitan, pero que sobre todo consideran aprobables.
Pareciera ser que el presidente busca mostrar una gran actividad en el Parlamento, con las baterías de proyectos que suele elaborar. Pero en general, como se ve, todo queda para las ordinarias.
Está también el hecho de que muchos de los temas terminaron formando parte de extraordinarias varias veces, como el proyecto de ley Agrobioindustrial que figuró en dos y perdió estado parlamentario.
A continuación, haremos un recorrido por los cuatro años de la gestión Fernández.
Como corresponde a un gobierno recientemente elegido, el de Alberto Fernández arrancó con toda la fuerza el 10 de diciembre de 2019, cuando el Covid todavía no tenía nombre y solo era algo limitado a una desconocida región china. El 13 de diciembre ese Poder Ejecutivo convocó por primera vez a extraordinarias y lo hizo desde ese día hasta el 31 de diciembre.
En esa convocatoria inicial incluyó solo 3 temas, de los cuales el más ambicioso y urgente era el denominado “de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la reactivación económica”. Ese proyecto al que se conoció como el de las emergencias, pues se trataba de una ley ómnibus que incluían las tres emergencias que pretendía habilitar el Gobierno: económica, social y sanitaria.
Los otros dos temas eran los habituales para esa época del año, que no incluimos en el conteo como proyectos por ser de rutina, pero que corresponden mencionar: la autorización al presidente para salir del país y la entrada y salida de tropas.
Tiempo promisorio de expectativas de consenso, el día anterior al envío del decreto el Gobierno se había reunido con el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, para delinear un cronograma para el tratamiento de los proyectos. Se estableció entonces que el lunes venidero habría una convocatoria a jefes de bloques de ambas cámaras de la que podrían participar los ministros de las áreas involucradas para empezar a estudiar las iniciativas. Todo muy auspicioso por cierto.
Cinco días después del primer decreto, el Gobierno amplió el temario de extraordinarias, incluyendo la ratificación del nuevo Consenso Fiscal 2019 suscripto por el presidente con los gobernadores de 22 provincias y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.
Las emergencias fueron aprobadas en tiempo y forma, pero todo el resto quedó para el año siguiente -habiéndose ampliado entonces las sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero-, en medio de promesas de un enero muy activo, que sin embargo no fue tal: aun sin datos de la pandemia que se venía, los primeros días del año mostraban los pasillos del Palacio Legislativo con el ritmo habitual de receso: vacíos y silenciosos, salvo por las obras en ejecución.
Se hablaba entonces de retomar la actividad a partir del 20 de enero y que dos días después podría realizarse una sesión en la Cámara baja para avanzar con la aprobación del nuevo Pacto Fiscal y la autorización para el ingreso y salida de tropas, que había quedado pendiente.
Sin mayores precisiones se especulaba con incluir en el temario iniciativas vinculadas con lo ambiental y educativo, aunque sin precisiones sobre qué temas serían. Sí concretamente se anticipaba el envío por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto para modificar el régimen de jubilaciones de privilegio que perciben jueces y diplomáticos. Y otros temas como un proyecto de ley de reforma judicial y otro para la creación del Consejo Económico y Social.
En el Senado se encontraban pendientes de tratamiento las leyes de alquileres y de góndolas, aún no incluidas en la agenda de extraordinarias.
El 12 de enero Alberto Fernández ratificaba el próximo envío del proyecto de ley para crear el Consejo Económico y Social y daba detalles del mismo. Ese proyecto nunca fue enviado al Congreso y el Consejo fue creado por decreto.
Cinco días más tarde el presidente anticipó el envío para ser tratado en extraordinarias de otro proyecto que aún hoy sigue en veremos: la ley de hidrocarburos. Ante representantes del sector petrolero que lo visitaron en Casa Rosada, habló del proyecto para promover inversiones en yacimientos de hidrocarburos convencionales y no convencionales. En el texto, que aclaró que no estaba terminado, trabajaban el ministro Matías Kulfas y los entonces funcionarios Guillermo Nielsen, titular de YPF, y Sergio Lanziani, secretario de Energía.
El 21 de enero, antes de partir rumbo a Israel, Fernández firmó una nueva ampliación del temario para extraordinarias, incluyendo el proyecto de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa, cuyo envío al Congreso acababa de anunciar el ministro de Economía, Martín Guzmán. El decreto citaba el Consenso Fiscal que ya contaba con media sanción del Senado y la suspensión de las jubilaciones de privilegio para el Poder Judicial y diplomáticos.
El proyecto que pedía al Congreso amplias facultades para reestructurar la deuda externa, autorizando al Palacio de Hacienda a prorrogar la jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y renunciar a oponer defensa de inmunidad soberana respecto de reclamos en la jurisdicción que se trate, ingresó el 21 de enero. Seis días más tarde, el presidente confirmaba cuáles eran los temas que esperaba que el Congreso diera “un tratamiento rápido” en extraordinarias: la ley que permitía la renegociación de títulos emitidos con prórroga de la jurisdicción; las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial y diplomáticos; la ley de reforma de la justicia federal y la ley de góndolas, que ya tenía media sanción de Diputados.
El 29 de enero se publicó en el Boletín Oficial una ampliación del temario para las sesiones que incluía precisamente el proyecto de ley de Fomento de la Competencia en la Cadena de Valor Alimenticia. Relación entre Proveedores y Supermercados, más popularmente conocido como ley de góndolas, y la designación de la defensora y los defensores adjuntos de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.
El punto 8 del decreto suscripto por el presidente antes de emprender viaje hacia Europa correspondía a la modificación del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, la ley que debía entrar en vigencia el 1° de enero anterior y fue suspendida a través de un decreto que originó una ola de críticas de la oposición. Otro de los proyectos incluidos en el temario era el de Capitales Alternas, una iniciativa anunciada en tiempos de campaña por el Frente de Todos consistente en constituir el Gobierno una vez por mes en diversas ciudades del interior del país. Ese proyecto entró al Congreso el 12 de febrero, pero recién fue aprobado en noviembre de 2020.
El decreto incluía el tratamiento de los acuerdos para la designación de embajadores y, paralelamente, el retiro de pliegos como los correspondientes a funcionarios del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público enviados oportunamente por el Gobierno de Macri. Por ejemplo la designación propuesta para la Procuración General de la Nación de Inés Weinberg de Roca, y pliegos de jueces y fiscales.
Asimismo se retiraban los mensajes para designación de miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia y funcionarios para el Servicio Exterior de la Nación y personal superior de las Fuerzas Armadas.
El texto del proyecto que modificaba el régimen previsional de jueces y diplomáticos ingresó al Congreso el 14 de febrero, y fue aprobado en la Cámara baja el 27, en medio de un escándalo por el quórum, que el oficialismo recién alcanzó gracias a la presencia de Daniel Scioli, quien ya había sido avalado como embajador en Brasil. La oposición se retiró de la sesión en esas circunstancias.
Si bien la había anunciado a lo largo de todo el verano, la reforma judicial no alcanzó a ser enviada para su tratamiento en extraordinarias. El penúltimo día de febrero Alberto Fernández anunció que la semana siguiente enviarían el proyecto al Congreso, pero recién lo presentó el 9 de julio venidero. Y solo se aprobó en el Senado.
En una sesión realizada el 28 de febrero, la Cámara alta sancionó la Ley de Góndolas y ese mismo día saldó una deuda de 15 años al designar a Marisa Graham como Defensora del Niño.
El 30 de noviembre, día en que culminó el período legislativo 2020, el presidente firmó el decreto donde prorrogó las sesiones ordinarias hasta el 11 de diciembre y convocó a sesiones extraordinarias desde el 12 de ese mes hasta el 28 de febrero. Incluyó entonces nada menos que 25 proyectos de ley.
Sin embargo, dado que ese cronograma imposibilitaba la firma del dictamen sobre la legalización del aborto, el Ejecutivo volvió sobre sus pasos y resolvió que la prórroga del período ordinario fuera hasta el 3 de enero, y las extraordinarias, desde el 4 de ese mes hasta el 28 de febrero. En ese mismo decreto, incorporó dos nuevos temas para su tratamiento.
A fines de enero llegó un tercer decreto, donde se sumaron otros 7 temas, y finalmente el Ejecutivo firmó un cuarto y último decreto para agregar el proyecto sobre Ganancias. Fueron, en total, cuatro decretos con 35 temas a tratar, entre proyectos de ley y pedidos de acuerdo para jueces y diplomáticos. Diez de esos temas fueron tratados en la extensión de ordinarias.
El último día hábil de 2020, el presidente de la Cámara baja anunció que el 20 de enero habría una sesión para tratar la prórroga de la Ley de Biocombustibles, tal cual había acordado con los presidentes de bloques. Un día antes se trataría en las comisiones para emitir dictamen, llevándolo al recinto al día siguiente. Esa sesión no sucedió y pasarían muchos meses para que hubiera una nueva ley sobre ese tema que, provisoriamente, fue prorrogado por decreto.
Lo cierto es que enero fue, como marca la tradición, tiempo de receso. Si bien se especuló con que la Cámara de Diputados sesionara a fines de ese mes, la primera convocatoria del año se concretó recién el 11 de febrero. Más activo, el Senado sí sesionó el 4 y el 24 de febrero.
Nobleza obliga, la prórroga de ordinarias fue muy movida y se aprobaron numerosos proyectos, como la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, y por supuesto la despenalización y legalización del aborto, junto con el Programa de los Mil Días.
Otras de las leyes que vieron la luz en diciembre fueron el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas -también llamado “impuesto a la riqueza”-; las modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego; y la transferencia de fondos a la Ciudad por el traspaso de la Policía Federal, que implicó un recorte en la coparticipación porteña. Pero reiteramos: no eran extraordinarias.
Ya en febrero, se aprobó el proyecto para que el Congreso autorizara los acuerdos con el FMI y la emisión extraordinaria de deuda. Finalmente, fueron avaladas las leyes de incentivo a la construcción privada; el aumento del presupuesto en ciencia y tecnología; y la compensación económica para familiares de los tripulantes del ARA San Juan. Varios temas importantes, pero quedó pendiente nada menos que una veintena de proyectos del temario ampliado.
Entre ellos ni más ni menos que la reforma judicial y la del Ministerio Público, dos temas que mantenían en alerta a la principal bancada de la oposición. Ambas iniciativas contaban con aprobación del Senado, pero nunca lograron pasar el filtro de la Cámara baja. Pasó lo mismo con el Consenso Fiscal 2020 y las modificaciones en la Ley de Defensa de la Competencia. La suba del mínimo no imponible de Ganancias y el etiquetado frontal de alimentos también quedaron en carpeta.
Dentro del listado elaborado por el Ejecutivo también figuraban incentivos para la inversión en instrumentos financieros emitidos en pesos; la creación de un Sistema de Cobertura y Promoción del Crédito Hipotecario; y un marco legal para la elaboración, registro, comercialización y control de productos fitosanitarios y agroquímicos.
No fueron tratados en extraordinarias el nuevo Régimen Jurídico para la Prevención y Control del Dopaje en el Deporte; la suspensión de las causales de caducidad de los partidos políticos por la pandemia; la suspensión de la inscripción de las SAS (Sociedades por Acciones Simplificadas); modificaciones en el monotributo; y una ley de educación ambiental.
También iniciativas sobre reactivación de la obra pública para vivienda; la suspensión de una rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas; la implementación del Código Procesal Penal Federal; el cupo laboral travesti/trans; un acuerdo entre la Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea; y ni más ni menos que la propuesta para suspender las PASO.
Continuaron cajoneadas la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, que pese a las promesas de tratamiento el Ejecutivo no habilitó ese verano.
El tercer año de la gestión del Frente de Todos vino absolutamente mal barajado. Fue ese año electoral el que el Gobierno retrasó de manera extrema la presentación del Presupuesto 2022, que el ministro de Economía Martín Guzmán recién fue a defender a la Cámara baja el 13 de diciembre. Con la intención ambiciosa de conseguir la aprobación de esa ley de leyes en una semana.
El período ordinario había sido extendido hasta fines de diciembre y se sabe cómo terminó eso: el debate del Presupuesto arrancó el 16 de diciembre y terminó de manera intempestiva y con rechazo en la mañana del día siguiente.
Previamente el oficialismo había sufrido una primera derrota, al imponer la oposición una moción para tratar Bienes Personales el martes venidero. Sin embargo el oficialismo terminó revirtiendo al menos esa derrota y aprobó un texto deseado por el oficialismo.
Fiel a su estilo, el Gobierno se pasó el mes de enero de 2022 anunciando que convocarían a extraordinarias para el primer mes del año. Hablaban del tratamiento de un Plan Plurianual que nunca se plasmó en realidad y ponían el 24 de enero como fecha probable, pero finalmente lo postergaron hasta el 1 de febrero. Y la convocatoria se hizo el 25 de enero, con un temario de 18 proyectos que incluían el Consenso Fiscal, el Consejo de la Magistratura y la Ley de Compre Argentino.
Pero pasaron cosas. El último día de enero renunció nada menos que el presidente del bloque oficialista de la Cámara baja, Máximo Kirchner, y todo el mes de febrero estuvo signado por el tratamiento o no del acuerdo con el Fondo Monetario, que de hecho había generado la renuncia del hijo de los Kirchner.
Lo cierto es que por primera vez desde 2009, el verano culminó sin que se hubiera realizado alguna sesión extraordinaria en el Congreso. El fracaso de esas extraordinarias debió atribuirse a: 1) las idas y vueltas del Poder Ejecutivo en la convocatoria; 2) el anuncio del acuerdo con el FMI, cuestión no incluida en el temario; 3) la renuncia de Máximo Kirchner; 4) la falta de acuerdos entre el oficialismo y la principal oposición por la conformación de las comisiones, encargadas del análisis y dictamen de los proyectos.
En diciembre de 2022 hubo prórroga de ordinarias, pero no le fue bien al oficialismo. Intentó hacer dos sesiones y una se frenó por un escándalo generado por una oposición que reclamaba que el quórum se había logrado fuera de hora, y después hubo otra donde directamente no se alcanzó a tener las 129 voluntades para poder arrancar la sesión.
Así llegamos al mes de enero, en cuyo primer día el presidente anunció la intención de enjuiciar a todos los miembros de la Corte Suprema. Para eso necesitaba convocar a extraordinarias y eso hizo el 12 de enero, con un temario de 27 temas, al que más tarde le agregó la ley Lucio, con media sanción de Diputados.
El 16 de enero oficializó la convocatoria, que por supuesto incluía el enjuiciamiento de los miembros de la Corte, e iniciativas congeladas como la reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura, la ampliación de la Corte Suprema y la designación del Procurador general de la Nación.
Pero esta vez no quedó en cero porque Diputados sesionó el último día de febrero para tratar el Plan de Pagos de Deudas Previsionales y la creación del Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas de la República Argentina.
Solo dos proyectos sobre 28 temas. O 35, si consideramos que la creación de universidades se desdobla en 8 proyectos individuales. Un balance por cierto deficitario de un Gobierno incapaz de entender que exhibir sus dificultades para conseguir leyes no hace más que exponer sus carencias.
| EXTRAORDINARIAS 2020 | APROBADAS | NO TRATADAS |
| Ley ómnibus de emergencias | x | |
| Consenso Fiscal | x | |
| Jubilaciones de jueces y diplomáticos | x | |
| Reforma Judicial | x | |
| Consejo Económico y Social | x | |
| Ley de Hidrocarburos | x | |
| Sostenibilidad de la deuda | x | |
| Ley de Góndolas | x | |
| Designación de la defensora del Niño | x | |
| Economía del Conocimiento | x | |
| Capitales alternas | x |
| EXTRAORDINARIAS 2021 | APROBADAS | NO TRATADAS |
| Régimen de Inclusión fiscal para pequeños contribuyentes | x | |
| Presupuestos mínimos para la educación ambiental | x | |
| Biocombustibles | x | |
| Sostenibilidad de la deuda pública | x | |
| Incentivo a la construcción privada | x | |
| Aumento del presupuesto en Ciencia y Tecnología | x | |
| Compensación para familiares de tripulantes del ARA San Juan | x | |
| Reforma judicial | x | |
| Ministerio Público | x | |
| Consenso Fiscal 2020 | x | |
| Modificaciones en la Ley de Defensa de la Competencia | x | |
| Suba del mínimo no imponible de Ganancias | x | |
| Etiquetado frontal de alimentos | x | |
| Incentivos para la inversión en instrumentos financieros en pesos | x | |
| Sistema de Cobertura y Promoción del Crédito Hipotecario | x | |
| Marco legal para productos fitosanitarios y agroquímicos | x | |
| Régimen para la Prevención y Control del Dopaje en el Deporte | x | |
| Suspensión de las causales de caducidad de los partidos políticos | x | |
| Suspensión de la inscripción de las SAS | x | |
| Reactivación de la obra pública para vivienda | x | |
| Rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas | x | |
| Código Procesal Penal Federal | x | |
| Acuerdo entre la Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea | x | |
| Suspensión de las PASO | x |
| EXTRAORDINARIAS 2022 | APROBADAS | NO TRATADAS |
| Consenso Fiscal | x | |
| Consejo de la Magistratura | x | |
| Parque y Reserva Nacional Ansenuza | x | |
| Parque y Reserva Nacional Islote Lobos | x | |
| Respuesta integral al VIH | x | |
| Marco regulatorio del cannabis | x | |
| Promoción de la Electromovilidad | x | |
| Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz | x | |
| Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal | x | |
| Compre Argentino | x | |
| Régimen de Incentivo a la Construcción y Acceso a la Vivienda | x | |
| Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería | x | |
| Tratamiento de acuerdos | x | |
| Transferencias de inmuebles | x | |
| Creación de la Universidad Nacional del Delta | x | |
| Creación de la Universidad Nacional de Pilar | x | |
| Prevención y control de la Resistencia Antimicrobiana | x | |
| Creación del Area Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul” | x |
| EXTRAORDINARIAS 2023 | APROBADAS | NO TRATADAS |
| Alcohol Cero | x | |
| Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud | x | |
| Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 | x | |
| Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica | x | |
| Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad | x | |
| Violencia Institucional en Seguridad y Servicios Penitenciarios | x | |
| Designación del Procurador General de la Nación | x | |
| Tratamiento de otros acuerdos requeridos al Senado | x | |
| Modificaciones en la prevención y represión del Lavado de Activos | x | |
| Ampliación de la Corte Suprema de Justicia | x | |
| Consejo de la Magistratura | x | |
| Creación del Parque Nacional y de la Reserva Laguna El Palmar | x | |
| Creación del Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul” | x | |
| Régimen Previsional Diferencial para combatientes de incendios forestales | x | |
| Plan de Pago de Deuda Previsional | x | |
| Creación de 8 universidades nacionales | x | |
| Desarrollo Agroindustrial Federal | x | |
| Modificación de la Ley N° 22.990 de Sangre Humana | x | |
| Contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Trisomía 21/ Síndrome de down | x | |
| Informatización y Digitalización de Historias Clínicas | x | |
| Modificación de la Ley de Presupuesto General de Gastos | x | |
| Proyecto de ley de Exteriorización del Ahorro Argentino. | x | |
| Promoción de nuevas energías | x | |
| Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia | x | |
| Permiso para el presidente para ausentarse del país | x | |
| Proyecto de ley para modificar el Sistema Estadístico Nacional | x | |
| Monotributo Tech | x | |
| Ley Lucio | x |
Faltando apenas 3 minutos para que concluyera el tiempo para alcanzar el quórum, se reunió este martes el número suficiente para arrancar una sesión en la que se debatirán solo dos de los 28 temas enviados por el Ejecutivo para este verano: la moratoria previsional e historias clínicas digitales.
Habemus sesión. A las 10.57 el oficialismo consiguió sentar al número suficiente de diputados en sus bancas, de modo tal de poder volver a sesionar con normalidad, a poco más de tres meses de la última vez que eso sucedió.
A las 10.57 el oficialismo en su conjunto estalló en aplausos y la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, se anotó una victoria al conseguir el quórum por el que trabajó intensamente en las últimas semanas. De hecho, la cosa venía complicada por atrasos en los vuelos. Desde Juntos por el Cambio no aceptaron además una postergación del horario previsto originalmente.
Previo al debate; Moreau presentó oficialmente al nuevo Secretario General de la Cámara baja Francis Mollo, que fue recibido con aplausos y reconocimiento de todos los bloques.
En efecto, el 24 de noviembre de 2022 fue la última vez que la Cámara baja pudo desarrollar una sesión sin mayores problemas. Después vinieron la fallida sesión preparatoria del 1 de diciembre, que se cayó por falta de quórum y minutos más tardes la bochornosa reunión que terminó en escándalo y cuyo quórum fue puesto en duda por Juntos por el Cambio. Hubo tres semanas más tarde, el 21 de diciembre un último intento fallido, luego la convocatoria a extraordinarias.
Y antes de que se venciera el plazo para ese período en el que se tratan solo los temas que propone el Poder Ejecutivo, Diputados pudo romper el cero -cosa que no sucedió en el Senado-. En esta sesión se debaten solo dos temas de los 28 que mandó el presidente al Congreso: el plan de pago para deudas previsionales y el proyecto sobre historias clínicas digitales.
Recordando que JxC mantiene su decisión de no colaborar para el quórum mientras persista la ofensiva judicial del oficialismo contra los miembros de la Corte, para poder sesionar el oficialismo contó con la colaboración de sus aliados habituales, la izquierda y un sector del interbloque Federal.
En la reunión de Labor Parlamentaria acordaron establecer 12 cuestiones de privilegio; 3 homenajes, y 2 pedidos de apartamientos. Respecto de los temas a tratar propiamente dicho, habrá 50 oradores sobre el plan de pago de deuda previsional y una decían para historias clínicas.
El primero de los temas a tratar es el proyecto sobre plan de pago de deuda previsional, que apunta a que personas -alrededor de 800 mil- sin aportes suficientes puedan acceder a una jubilación.
La iniciativa salió del Senado el 30 de junio de 2022 por impulso del kirchnerismo. En la Cámara de Diputados hubo dos reuniones informativas en julio y agosto, pero finalmente el dictamen se firmó a fines de noviembre. Y se incluyó en el temario de la sesión del 21 de diciembre, que no se pudo realizar por falta de quórum.
En diciembre pasado culminó la prórroga por decreto de la última moratoria vigente, la cual no se volvió a extender por esa vía. La titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, dijo que eso era “complejo” dado que por decreto no se podía ampliar el período de la misma y que lo mejor era que saliera una nueva ley.
Raverta asistió durante febrero en dos ocasiones a la Cámara baja para reclamar por el proyecto y fustigar a la oposición de JxC por no dar quórum para que se pueda debatir.
La iniciativa establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.
Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.
Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteponiendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.
El segundo punto del temario es un proyecto de creación del “Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas de la República Argentina”, que salió del Senado en noviembre de 2020 y en caso de no ser tratado caería con el inicio de un nuevo período legislativo.
Se realizará el 23 de febrero la preparatoria para ratificar autoridades y luego se tratarán dos de los temas incluidos en extraordinarias.
Tal cual habíamos destacado, el Senado no entró aún en “modo extraordinarias”. No lo hizo en enero, como sí arrancó Diputados, ni tampoco hasta ahora se pusieron en marcha las comisiones siquiera. Salvo una, la de Salud, que este jueves trató el tema de las residencias médicas, aunque todo indica que a pesar de tratarse de un proyecto incluido en extraordinarias, quedará para las ordinarias.
Pero la Cámara alta no pasará febrero sin sesionar. Tendrá, como indica el reglamento, su sesión preparatoria la próxima semana, y el mismo día, a continuación, habrá una sesión, según pudo saber parlamentario.com.
Todo será el jueves 23 de febrero. Arrancarán con la sesión preparatoria, en la que serán reelegidas todas las autoridades actuales, a saber: Claudia Ledesma Abdala seguirá como presidenta provisional; Carolina Losada vicepresidenta; Maurice Closs vicepresidente primero y Guadalupe Tagliaferri vice segunda.
A continuación, habría una sesión, con lo que la Cámara alta cumplirá con su cuota “extraordinaria”. El potencial tiene que ver con el hecho de que todavía no ha sido oficializada, pero las fuentes consultadas la dieron por hecho. Como así también que, como la sesión prevista en Diputados para el último día de febrero, será “corta”.
Esto es, habrá solo dos temas a tratar -igual que en Diputados-: Alcohol Cero y la Ley Lucio. Ambos proyectos tienen dictamen. En el caso del primero, lo consiguió el 1 de diciembre, con vistas a darle tratamiento antes de fin de año, pero recordemos que al final la Cámara alta no alcanzó a tener una última sesión. Para esa iniciativa que modifica el artículo 48 de la Ley 24.449 reduciendo de 0,5 gramos a 0 el grado de alcohol en sangre permitido a los conductores, los familiares de víctimas les habían pedido a los senadores apurar el tratamiento antes de las fiestas de fin de año, pero no pudo ser.
Dos días antes, el 29 de noviembre, un plenario de las comisiones de Legislación General, Educación y Cultura, y Población y Desarrollo Humano había dado dictamen al proyecto de ley sobre capacitación obligatoria de derechos de niñas, niños y adolescentes, inspirado en el caso de Lucio Dupuy.
Ahora, con la condena fresca a las autoras del asesinato de ese niño pampeano, la aprobación de esa ley le pondrá al tema el broche del Congreso.
Según dijeron a parlamentario.com desde la bancada que conduce Alfredo Cornejo, los senadores de Juntos por el Cambio bajarán al recinto para la sesión preparatoria, pero no darán quórum en la siguiente reunión ya que el temario no fue acordado con ellos y, además, mantendrán la postura que determinó la Mesa Nacional. Así las cosas, el oficialismo deberá asegurarse para ese día tener sentados a todos los miembros de su interbloque y al menos dos de sus tres aliados. Con asistencia perfecta, los números los tiene.
Antes de que venza el período convocado por el presidente de la Nación, el Frente de Todos llamó a una sesión con solo dos temas previstos.
Dispuesto a evitar que le suceda lo del año pasado, en el que el período de sesiones extraordinarias convocada por Alberto Fernández pasó sin pena ni gloria -esto es, sin sesiones ni tampoco tratamiento alguno de alguno de los proyectos en las comisiones-, el oficialismo convocó a sesionar el último día de febrero.
Lo hizo, tal cual se anticipaba, con una sesión “corta”, más que lo que se estimaba: apenas dos temas puestos a consideración. La propuesta es tratar el Plan de Pago de Deuda Previsional, como así también el proyecto de digitalización de las historias clínicas en todo el país.
La moratoria previsional fue una cuestión en la que el oficialismo machacó durante todo el verano, a sabiendas de que su no aprobación impide a miles de personas sin la cantidad suficiente de años aportados poder acceder a una jubilación. En tanto que el Programa Federal Unico de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas es un proyecto que en caso de no ser tratado ese día, perderá estado parlamentario, según confió a parlamentario.com una fuente consultada. Ese proyecto fue aprobado en el Senado el 30 de noviembre de 2020.
El pedido de sesión fue suscripto este jueves por los diputados Germán Martínez, Paula Penacca, Daniel Arroyo, Rossana Chahla, Daniel Gollán, Ricardo Herrera, Gisela Marziotta, María Luisa Montoto, Marisa Uceda y Paola Vessvessian.
La pregunta del millón es de dónde el oficialismo pretende conseguir el quórum para sesionar, habida cuenta de que Juntos por el Cambio ya anticipó que no se sentará en sus bancas para dar quórum nunca, en tanto y en cuanto se mantenga la embestida oficial contra la Corte Suprema en la Comisión de Juicio Político.
Según pudo saber este medio, el Frente de Todos deberá asegurarse la presencia de sus 118 diputados -a la última sesión fallida le faltó el oficialista santafesino Roberto Mirabella-, los cuatro diputados de la izquierda y otros tantos de Provincias Unidas. Probablemente estén también el neuquino Rolando Figueroa y el santacruceño Claudio Vidal, pero los 129 necesarios solo se superarán con la presencia de algunos diputados del interbloque Federal. Según pudo saberse, probablemente la mitad de sus 8 integrantes podrían llegar a aportar su presencia en esa sesión.
Cabe recordar que la diputada nacional Graciela Camaño ha mostrado su disposición a “no paralizar el Congreso”. Los socialistas también podrían sumarse habida cuenta de que la titular de esa bancada es Mónica Fein, presidenta de la Comisión de Salud y promotora de la aprobación de la digitalización de las historias clínicas.
La idea del Frente de Todos es evitar que transcurra el período extraordinario sin poder sesionar y así es que tratan de consensuar con una parte de la oposición para conseguir el quórum.
Ya sucedió en 2022, así que no sería novedad que este período extraordinario transcurriera sin lograr abrir los recintos. No es lo que se espera en el Senado, donde se supone que habrá al menos una sesión para tratar algunos de los temas enviados por el Ejecutivo, que podrían tratarse allí sin mayores inconvenientes a pesar de la renuencia anunciada por Juntos por el Cambio a no dar quórum en ninguna de las dos cámaras mientras el Gobierno persista en avanzar con el juicio a los miembros de la Corte Suprema.
Pero la verdad es que transcurridas ya varias semanas de este período extraordinario, en la Cámara alta sigue sin haber señales sobre cuándo podrían llegar a reunirse. Y no ha habido allí hasta ahora siquiera una convocatoria a reunir alguna comisión.
Pero toda la atención está puesta en la Cámara baja, donde al oficialismo no le alcanza para el quórum y encuentra renuencia en la oposición ajena a Juntos por el Cambio para sumar la cantidad de diputados necesarios para llegar a 129.
La noticia que se conoció sobre el cierre de la semana pasada es que el oficialismo tiene confianza en poder sesionar antes de que termine febrero y en eso está trabajando. Exento de triunfalismo, no piensa en que eso suceda esta semana, pero está abocado a reunir las condiciones para conseguirlo la semana siguiente. Esto es, bien sobre el filo del cierre del período de sesiones extraordinarias.
Con ese objetivo se trabaja bajo la premisa de tratar un puñado reducido de temas, usando como punta de lanza el plan de pago para deuda previsional, ese sobre el cual viene machacando el Gobierno endilgándole culpas a la oposición por no permitir que miles de personas puedan jubilarse.
De las 28 propuestas incluidas en el temario elaborado por el Poder Ejecutivo, quedarían excluidas todas las cuestiones más ríspidas: ni pensar en el proyecto para modificar la ley del Consejo de la Magistratura, ni la ampliación de la Corte Suprema que cuentan con sendas medias sanciones del Senado. Ni siquiera estarían los proyectos que más le interesan al ministro de Economía, Sergio Massa, como el Agrobioindustrial, el blanqueo de capitales o el referido a la prevención y represión del lavado de activos, pues ninguno tiene dictamen siquiera.
La idea sería incluir temas como la creación del Parque Nacional Laguna El Palmar, que tuvo dictamen a fines de enero; el Régimen Previsional Diferencial para los trabajadores que se desempeñen o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales en organismos nacionales o provinciales de cajas transferidas.
Y también los proyectos relacionados con la salud, tales como el proyecto que modifica la Ley de Sangre Humana; el tendiente a asegurar la contención y el acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Trisomía 21/ Síndrome de Down; y el que crea el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas de la República Argentina.
Habida cuenta de que la presidenta de la Comisión de Salud y quien ha trabajado mucho por lo tanto en esos temas es la socialista Mónica Fein, el oficialismo confía en lograr con esos tres últimos proyectos doblegar las resistencias del interbloque Federal, clave para conseguir las presencias que le faltan al FdT para abrir cualquier sesión.
Debe saber el Gobierno que en el interbloque que conduce Alejandro “Topo” Rodríguez también están de acuerdo con la moratoria previsional, pero la realidad es que si bien en ese espacio hay voces que se han pronunciado en contra de paralizar el Congreso, persisten allí resistencias respecto del temario general incluido en extraordinarias. Más allá de que le siguen reprochando al oficialismo no haber consensuado un temario para tratar en este período, dadas las circunstancias complejas de la relación entre oficialismo y oposición en Diputados, debería el Frente de Todos dar muchísimas garantías de que una eventual sesión se mantendrá dentro de los carriles pactados. Y la realidad es que hasta el momento esa negociación no ha comenzado.
La falta de diálogo y actitudes hostiles, como un escrache impulsado contra legisladores opositores, conspira con esa posibilidad. Pero sobre todo el tipo de temas “institucionales” que fueron sumados al temario.
Si bien en las últimas horas comenzaron a circular nuevamente versiones sobre una eventual sesión en la Cámara baja para la próxima semana, no hay señales concretas de que la situación imperante se haya destrabado.
La realidad es que el Frente de Todos ha conseguido poner en marcha las comisiones para atender el temario de extraordinarias enviado por el Poder Ejecutivo, más no hay visos de que eso pueda traducirse en una apertura del recinto, en tanto y en cuanto se mantiene la decisión de Juntos por el Cambio de no prestar quórum a ningún tema mientras el oficialismo mantenga su decisión de avanzar con el enjuiciamiento de los integrantes de la Corte Suprema.
La realidad es que con los aliados habituales no le alcanza al Frente de Todos para abrir las sesiones. A los 118 diputados con que cuenta el oficialismo puede sumar a los 4 de Provincias Unidas; suele contar con Claudio Vidal (SER); también con el diputado del MPN, y eventualmente con los 4 diputados de la izquierda, que se sentarían si se les propone hacerlo para votar la moratoria previsional y la creación de universidades, por ejemplo.
Si todos esos estuvieran sentados, le faltaría al oficialismo un diputado para conseguir el quórum.
Sí o sí necesitan contar al menos con parte del interbloque Federal (8 diputados), donde han dicho que no bajarán a dar quórum hasta tanto no se pongan de acuerdo en sesionar el Frente de Todos y la principal oposición.
Ahora bien, ¿es homogénea esa postura? Surgieron dudas cuando la diputada Graciela Camaño aclaró que no iban a “paralizar el Congreso”.
El amplio temario enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso incluye algunos tendientes a poner incómoda a la oposición por su rechazo a sentarse a tratarlos. En primer lugar figura el plan de pago de deuda previsional, y en ese sentido es que desde el oficialismo se insiste en endilgarle a la oposición que por su culpa, miles de personas no pueden acceder a la jubilación.
¿Puede ese tema convertirse en el llamador que active una modificación en la conducta de los integrantes del interbloque Federal? La realidad es que en su momento, Alejandro “Topo” Rodríguez firmó el dictamen, acompañando con una disidencia que ya fue aclara entre las partes. Tampoco Graciela Camaño ha mostrado objeciones al tema y los cordobeses están de acuerdo, como ya lo demostró el voto en el Senado de Alejandra Vigo. Similar actitud se espera de parte de los socialistas. Todo lo cual debería abonar el optimismo oficialista en que ese sector pueda acompañar al menos esa ley.
De hecho, esos diputados estuvieron sentados inicialmente en sus bancas en diciembre pasado en aquella sesión que terminó de manera escandalosa y en la que oficialismo y oposición cerca estuvieron de irse a las manos. Para la sesión siguiente ya no buscó el oficialismo el apoyo de ese interbloque, sino que trabajaron el quórum con una parte de Evolución Radical, a partir del tratamiento de la creación de universidades. Sin embargo esos diputados de JxC terminaron no dando quórum, y la sesión se cayó.
Pero no fue solo la oposición la que estuvo ausente esa vez. También faltó ese 21 de diciembre el diputado oficialista Roberto Mirabella, quien se mostró molesto entonces con su bancada por la agenda parlamentaria. “Estamos cansados de que la agenda sean solo los problemas de Buenos Aires, cuando nuestras prioridades acá son otras”, dijo tras esa sesión fallida.
El temario posterior anunciado por el Poder Ejecutivo generó inquietud en la oposición en su conjunto, pues incluyó proyectos de carácter institucional que despiertan recelo ya no solo en JxC, sino en otras bancadas opositoras. “Al poner en el temario proyectos de carácter institucional, se han complicado la vida”, dijo a parlamentario.com un legislador en referencia al oficialismo.
Esas prevenciones tienen que ver con la posibilidad de que en una sesión que incluya la moratoria previsional pueda sumarse eventualmente, por ejemplo, la ampliación de la Corte Suprema, para cuya aprobación no necesitaría ni siquiera 129 votos.
El tratamiento de cualquier tema “imprevisto” puede ser habilitado por los dos tercios de los presentes. Si el oficialismo lo tuviera, en cualquier momento de una sesión, podría ponerse la cámara en comisión y tratar uno de los temas controvertidos incluidos en estas extraordinarias. “No hay ninguna posibilidad de que actuemos de esa manera”, aclaró enfáticamente ante este medio una fuente oficialista consultada. Sin embargo esas prevenciones son expresadas por miembros de la oposición y no necesariamente de JxC.
De tal manera, una eventual sesión necesitaría un temario absolutamente acordado y un compromiso de que “no haya sorpresas”.
En contra de apaciguar los ánimos opera una campaña de escrache que se está registrando en las delegaciones y locales de la ANSeS de todo el país. En los mismos aparecen carteles con la cara de todos los legisladores de la oposición y esta leyenda: “Buscalos. Pueden ser tus vecinos. Legislan para un pueblo que odian”.
“El escrache es una práctica repudiable que con el tono amenazante ‘Buscalos’ solo alimenta a la violencia”, se quejó el diputado socialista Enrique Estévez.
En esos carteles han sumado incluso al neuquino Rolando Figueroa, que como hemos dicho muchas veces es aliado del oficialismo. Excluyen en cambio a los diputados de Provincias Unidas y “tampoco está el diputado Mirabella, que no estuvo en esa última sesión”, alertó un legislador opositor que estaría dispuesto a votar el plan de pago de deuda previsional.
La citada campaña es realizada por uno de los sindicatos de la ANSeS, pero ese organismo es considerado por los diputados corresponsable, por haber autorizado las pegatinas.
Tampoco ayudó a aplacar ánimos el ataque en el inicio del debate del juicio político a la Corte del diputado oficialista Rodolfo Tailhade al presidente del interbloque Federal, “Topo” Rodríguez, lo que pone duda que con esos antecedentes pueda generarse un diálogo que habilite a los legisladores propensos a acompañar a hacerlo.
La inclusión del proyecto que cuenta con media sanción de Diputados había sido pedida por la titular de esa Cámara el día anterior a través de una carta.
El presidente de la Nación, Alberto Fernández, incluyó el proyecto sobre capacitación en los derechos de niños, niñas y adolescentes, también conocido como “ley Lucio” en el temario de sesiones extraordinarias. La novedad fue incluida en el Boletín Oficial a publicarse este jueves 25 de enero, pero la encargada de oficializar su inclusión fue la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, que lo anunció a través de las redes sociales.
Allí señaló que el presidente Fernández le acababa de comunicar que “cumpliendo con el compromiso asumido con los familiares de Lucio Dupuy, tomó la decisión de ampliar el temario de extraordinarias e incorporará el proyecto”.
En efecto, el propio abuelo de Lucio había comunicado días pasado que lo había llamado el presidente de la Nación para disculparse e informarle que trataría de “ampliar el temario”, pues ese proyecto había sido omitido en el decreto original del Poder Ejecutivo.
Así se lo había solicitado la propia Moreau a través de una nota enviada al presidente para que tuviera a bien “incorporar en el temario de sesiones extraordinarias el tratamiento de la ley que tiene por objeto la creación del Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
Además, Moreau remarcaba que dicha iniciativa fue aprobada en la Cámara que preside por unanimidad y, a través de ella, “se genera una política de Estado para trabajar en la prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes”.
“Entendiendo que una de nuestras mayores responsabilidades es asegurar el desarrollo pleno y armonioso de las infancias, por ello la urgencia, ya que cada día cuenta en la protección de los más vulnerables”, concluía el pedido la legisladora massista.
El proyecto obtuvo la media sanción en Diputados por unanimidad el 9 de noviembre. Inmediatamente comenzó su tratamiento en el Senado en donde logró despacho de comisión veinte días después, pero jamás llegó al recinto y la ley está encajonada.
Así lo expresó el bloque de diputados del FdT a través de un comunicado, luego de una reunión que mantuvieron este miércoles, y convocaron a “todos los bloques a tener, como otras tantas veces, una actitud positiva para avanzar en el temario propuesto”.
De cara al inicio del debate sobre del pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, el bloque de Diputados del Frente de Todos mantuvo una reunión este miércoles en el que le pidieron a la principal bancada opositora que tenga “responsabilidad política, institución y cooperación” para tratar el temario de extraordinarias.
A través de un comunicado, los oficialistas expresaron que los integrantes del oficialismo que “tenemos la responsabilidad de ser autoridades (presidentes y vicepresidentes) de las comisiones intervinientes en el tratamiento del temario de Sesiones Extraordinarias trabajaremos en cada una de nuestras comisiones para el tratamiento de los temas propuestos por el presidente de la Nación para las Sesiones Extraordinarias”.
En ese sentido, consideraron “imprescindible el tratamiento– en comisiones y en el recinto – de temas que hacen al desarrollo económico y productivo; la generación de empleo; el impulso a las economías regionales; el desarrollo de inversiones energéticas; la planificación de la ciencia y tecnología; la inclusión jubilatoria; la creación de nuevas universidades; la mejora en el acceso al derecho a la salud; la prevención del lavado de activos; la creación de áreas protegidas; y el fortalecimiento del funcionamiento del poder judicial, en sus distintos estamentos”.
“En línea con lo hecho esta semana en la Comisión de Recursos Naturales y de Juicio Político, convocaremos a las comisiones que el Frente de Todos preside para avanzar en el correspondiente dictamen de cada tema que aún no cuenta con Orden del Día”, informaron tal como lo había adelantado días atrás el jefe de la bancada, Germán Martínez.
Además, solicitaron “de acuerdo al Reglamento de nuestra cámara, que las y los presidentes de comisiones de Juntos por el Cambio – involucrados en el tratamiento de los temas de Extraordinarias – convoquen a sus respectivas comisiones para debatir todos los puntos que sean necesarios, a fin de arribar a los dictámenes de cada tema”.
“Insistiremos en el necesario tratamiento de aquellos temas incluidos en las Sesiones Extraordinarias que ya tienen dictamen de las comisiones y Órdenes del Día, buscando ampliar el debate público sobre la trascendencia de su aprobación”, aclararon.
En suma, rechazaron “las expresiones efectuadas por legisladores nacionales de Juntos por el Cambio”, y los acusaron de que “buscan bloquear e impedir el tratamiento de temas incorporados en el llamado a Sesiones Extraordinarias”.
“Hacemos un firme llamado a la responsabilidad política e institucional de las y los diputados Nacionales de Juntos por el Cambio para que revean el posicionamiento expresado y cooperen para el tratamiento del temario, tanto en las comisiones como en el recinto”, exigieron.
A su vez, convocaron a “todos los bloques de esta Honorable Cámara a tener, como otras tantas veces, una actitud positiva para avanzar en el temario propuesto, dando los debates que haya que dar en cada comisión y en el recinto”.
Y finalizaron: “Dar los debates. Trabajar en las comisiones. Trabajar en el recinto. Para eso somos diputados y diputadas nacionales”.
El proyecto sobre capacitación en los derechos de niños, niñas y adolescentes fue aprobado en Diputados por unanimidad y tuvo despacho de comisión en el Senado el 29 de noviembre, pero jamás llegó al recinto. El Gobierno no la incluyó en el temario de extraordinarias
A una semana de que se conozca el veredicto en el marco del juicio por el asesinato de Lucio Dupuy, el niño de cinco años de La Pampa que murió por golpes cuyas acusadas por el crimen son su madre y la pareja de la misma, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, se sumó al reclamo de distintos diputados y le envió una nota al Gobierno para que incluya el expediente en el temario de extraordinarias.
En la nota, la oficialista le solicita al presidente que “tenga a bien incorporar en el temario de sesiones extraordinarias el tratamiento de la ley que tiene por objeto la creación del Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
Cabe recordar que el temario de extraordinarias cuenta con 27 proyectos, entre ellos el paquete judicial. Además de la ley inspirada en el caso Lucio, tampoco se encuentran Humedales ni Ley de Alquileres.
Además, Moreau remarca que dicha iniciativa fue aprobada en la Cámara que preside por unanimidad y, a través de ella, “se genera una política de estado para trabajar en la prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes”.
“Entendiendo que una de nuestras mayores responsabilidades es asegurar el desarrollo pleno y armonioso de las infancias, por ello la urgencia, ya que cada día cuenta en la protección de los más vulnerables”, concluye el pedido la massista.
El proyecto obtuvo la media sanción en Diputados por unanimidad el 9 de noviembre. Inmediatamente comenzó su tratamiento en el Senado en donde logró despacho de comisión veinte días después, pero jamás llegó al recinto y la ley está encajonada.
La secretaria parlamentaria del FdT le pidió a la bancada opositora que “deje de obturar el funcionamiento del Congreso” para poder tratar proyectos “que son de vital importancia para la ciudadanía”.
En el inicio del periodo del período de sesiones extraordinarias a las que convocó el presidente de la Nación, la secretaria parlamentaria del Frente de Todos en Diputados, la camporista Paula Penacca, le dejó un mensaje a la oposición y los criticó porque “impidieron que se pudiera tratar el proyecto de Plan de Pago de la Deuda Previsional”.
A través de su cuenta de Twitter, Penacca remarcó que “hoy arranca el período de sesiones extraordinarias y es necesario que la oposición esté a la altura y deje de obturar el funcionamiento de una de las instituciones más importantes de la democracia para que podamos tratar proyectos que son de vital importancia para la ciudadanía”.
En ese sentido, lamentó que “en las últimas dos sesiones de 2022 vimos cómo, sin querer dar quórum, impidieron que se pudiera tratar el proyecto de Plan de Pago de la Deuda Previsional”.
Asimismo, recordó las palabras de la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, cuando se aprobó el Presupuesto 2023 que “ya estaba previsto que más de 800 mil personas iban a jubilarse este año”.
“Entonces no se trata de una discusión presupuestaria; se trata de si todos nuestros adultos y adultas mayores van a poder acceder o no a su derecho. Un derecho que bien se pudo volver a reconocer a partir de las políticas llevadas adelante por Néstor y Cristina”, planteó la camporista.
En suma, cuestionó: “Pero sabemos que son los mismos que en 2017 llevaron adelante una reforma previsional que implicaba un enorme ajuste y Larreta en vez de pensar que había un pueblo movilizado defendiendo el derecho a jubilarse, terminó diciendo que habíamos venido a romper la Plaza”.
“Y así como estuvimos en esa jornada como pueblo, estamos ahora empujando para que este proyecto pueda convertirse en ley”, remató la oficialista.
En el último año de su gestión, Alberto Fernández reincidió en un estilo que lejos está de beneficiarlo, pero que a esta altura debe advertirse como una modalidad elegida. Enviar decenas de iniciativas al Congreso a pesar de las dificultades que sabe tendrá para avanzar con los mismos.
Por José Angel Di Mauro
En sus dos primeros años, esta administración dejó clara su costumbre de llenar los veranos con anuncios que no se corroboran con la realidad. Pruebas al tanto: el primer año consiguió aprobar apenas poco más de la mitad de los proyectos anunciados; pero en el segundo, más del 80% de los anuncios no se concretaron.
Peor fue en el tercer año, cuando el ciento por ciento de los proyectos anunciados para el período extraordinario quedaron sin tratar. No es que no llegaron al recinto: no se trataron siquiera en comisiones.
Es una costumbre de la administración de Alberto Fernández anunciar muchas cosas que luego no se concretan. Pero en este caso nos vamos a limitar al período extraordinario, donde las muestras son claras y marcan un estilo: mandar mucho al Congreso, desatendiendo el hecho de si son temas que puedan avanzar hacia el recinto.
No es lo habitual. Todos los ejecutivos optan por mandar al período extraordinario temas que necesitan, pero que sobre todo consideran aprobables.
Es verdad que este gobierno padece la realidad de no contar con mayorías en ninguna de las dos cámaras, aunque en el Senado esa carencia se soluciona con la participación de aliados confiables. Pero en Diputados, las elecciones intermedias no hicieron más que profundizar un problema con el que ya había arrancado en 2019.
Un ejemplo digno de atender es el de Cambiemos. Cuando las elecciones consagraron a Mauricio Macri como nuevo presidente, en octubre ya habían determinado la composición que tendría en ambas cámaras. Y el resultado era poco promisorio: minoría en las dos cámaras. En el Senado, como siempre dominaba el peronismo; pero en la Cámara baja no solo no era la primera minoría, sino que esa condición le asistía al bloque Frente para la Victoria, que sumaba 97 diputados, diez más que Cambiemos.
Fue una de las razones por las que ese Poder Ejecutivo no convocó a sesionar en el mes de diciembre. A instancias del presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri, que le recomendó al Gobierno no llamar a sesiones extraordinarias hasta tanto no tener certeza con los números. En el verano se produjeron desgajamientos en el bloque K y el oficialismo pasó a ser primera minoría. Así y todo, no convocó a sesiones extraordinarias, salvo en el Senado, solo para dar ingreso a algunos pliegos.
El estilo de Alberto Fernández es bien distinto, tal vez con el fin de mostrar una gran actividad en el Parlamento, para lo cual no hace más que elaborar grandes baterías de proyectos, aunque la mayoría quedan para las ordinarias.
Se anuncian ambiciosos temarios, más extensos que lo que debiera esperarse para un tiempo en el que generalmente solo se tratan temas urgentes, de los cuales solo termina abordando un puñado. Y vamos a los números: de los once proyectos enviados por Fernández al período extraordinario 2019/20, solo fueron aprobados 6. Al año siguiente más que duplicó la apuesta, y le fue aún peor: mandó 25 proyectos y solo se aprobaron en extraordinarias 4. Y el tercer año, en 2022, mandó en el mes de enero 18 proyectos para tratar en febrero y no se tocó ni uno.
Este año mandó 27, y más allá de las dificultades que puedan generar la falta de mayoría, el problema subyacente es la decisión anunciada por la principal oposición de no tratar ningún proyecto mientras el Gobierno insista en mantener vigente el enjuiciamiento de la Corte Suprema. Así que difícilmente el porcentaje vaya a satisfacer al oficialismo.
Como corresponde a un gobierno recientemente elegido, el de Alberto Fernández arrancó con toda la fuerza el 10 de diciembre de 2019, cuando el Covid todavía no tenía nombre y solo era algo limitado a una desconocida región china. El 13 de diciembre ese Poder Ejecutivo convocó por primera vez a extraordinarias y lo hizo desde ese día hasta el 31 de diciembre.
En esa convocatoria inicial incluyó solo 3 temas, de los cuales el más ambicioso y urgente era el denominado “de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la reactivación económica”. Ese proyecto al que se conoció como el de las emergencias, pues se trataba de una ley ómnibus que incluían las tres emergencias que pretendía habilitar el Gobierno: económica, social y sanitaria.
Los otros dos temas eran los habituales para esa época del año, que no incluimos en el conteo como proyectos por ser de rutina, pero que corresponden mencionar: la autorización al presidente para salir del país y la entrada y salida de tropas.
Tiempo promisorio de expectativas de consenso, el día anterior al envío del decreto el Gobierno se había reunido con el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, para delinear un cronograma para el tratamiento de los proyectos. Se estableció entonces que el lunes venidero habría una convocatoria a jefes de bloques de ambas cámaras de la que podrían participar los ministros de las áreas involucradas para empezar a estudiar las iniciativas. Todo muy auspicioso por cierto.
Cinco días después del primer decreto, el Gobierno amplió el temario de extraordinarias, incluyendo la ratificación del nuevo Consenso Fiscal 2019 suscripto por el presidente con los gobernadores de 22 provincias y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.
Las emergencias fueron aprobadas en tiempo y forma, pero todo el resto quedó para el año siguiente -habiéndose ampliado entonces las sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero-, en medio de promesas de un enero muy activo, que sin embargo no fue tal: aun sin datos de la pandemia que se venía, los primeros días del año mostraban los pasillos del Palacio Legislativo con el ritmo habitual de receso: vacíos y silenciosos, salvo por las obras en ejecución.
Se hablaba entonces de retomar la actividad a partir del 20 de enero y que dos días después podría realizarse una sesión en la Cámara baja para avanzar con la aprobación del nuevo Pacto Fiscal y la autorización para el ingreso y salida de tropas, que había quedado pendiente.
Sin mayores precisiones se hablaba de incluir en el temario iniciativas vinculadas con lo ambiental y educativo, aunque sin precisiones sobre qué temas serían. Sí concretamente se anticipaba el envío por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto para modificar el régimen de jubilaciones de privilegio que perciben jueces y diplomáticos. Y otros temas como un proyecto de ley de reforma judicial y otro para la creación del Consejo Económico y Social.
En el Senado se encontraban pendientes de tratamiento las leyes de alquileres y de góndolas, aún no incluidas en la agenda de extraordinarias.
El 12 de enero Alberto Fernández ratificaba el próximo envío del proyecto de ley para crear el Consejo Económico y Social y daba detalles del mismo. Ese proyecto nunca fue enviado al Congreso y el Consejo fue creado por decreto.
Cinco días más tarde el presidente anticipó el envío para ser tratado en extraordinarias de otro proyecto que aún hoy sigue en veremos: la ley de hidrocarburos. Ante representantes del sector petrolero que lo visitaron en Casa Rosada, habló del proyecto para promover inversiones en yacimientos de hidrocarburos convencionales y no convencionales. En el texto, que aclaró que no estaba terminado, trabajaban el ministro Matías Kulfas y los entonces funcionarios Guillermo Nielsen, titular de YPF, y Sergio Lanziani, secretario de Energía.
El 21 de enero, antes de partir rumbo a Israel, Fernández firmó una nueva ampliación del temario para extraordinarias, incluyendo el proyecto de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa, cuyo envío al Congreso acababa de anunciar el ministro de Economía, Martín Guzmán. El decreto citaba el Consenso Fiscal que ya contaba con media sanción del Senado y la suspensión de las jubilaciones de privilegio para el Poder Judicial y diplomáticos.
El proyecto que pedía al Congreso amplias facultades para reestructurar la deuda externa, autorizando al Palacio de Hacienda a prorrogar la jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y renunciar a oponer defensa de inmunidad soberana respecto de reclamos en la jurisdicción que se trate, ingresó el 21 de enero. Seis días más tarde, el presidente confirmaba cuáles eran los temas que esperaba que el Congreso diera “un tratamiento rápido” en extraordinarias: la ley que permitía la renegociación de títulos emitidos con prórroga de la jurisdicción; las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial y diplomáticos; la ley de reforma de la justicia federal y la ley de góndolas, que ya tenía media sanción de Diputados.
El 29 de enero se publicó en el Boletín Oficial una ampliación del temario para las sesiones que incluía precisamente el proyecto de ley de Fomento de la Competencia en la Cadena de Valor Alimenticia. Relación entre Proveedores y Supermercados, más popularmente conocido como ley de góndolas, y la designación de la defensora y los defensores adjuntos de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.
El punto 8 del decreto suscripto por el presidente antes de emprender viaje hacia Europa correspondía a la modificación del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, la ley que debía entrar en vigencia el 1° de enero anterior y fue suspendida a través de un decreto que originó una ola de críticas de la oposición. Otro de los proyectos incluidos en el temario era el de Capitales Alternas, una iniciativa anunciada en tiempos de campaña por el Frente de Todos consistente en constituir el Gobierno una vez por mes en diversas ciudades del interior del país. Ese proyecto entró al Congreso el 12 de febrero, pero recién fue aprobado en noviembre de 2020.
El decreto incluía el tratamiento de los acuerdos para la designación de embajadores y, paralelamente, el retiro de pliegos como los correspondientes a funcionarios del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público enviados oportunamente por el Gobierno de Mauricio Macri. Hablamos de la designación propuesta para la Procuración General de la Nación de Inés Weinberg de Roca, por ejemplo, y pliegos de jueces y fiscales.
Asimismo se retiraban los mensajes para designación de miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia y funcionarios para el Servicio Exterior de la Nación y personal superior de las Fuerzas Armadas.
El texto del proyecto que modificaba el régimen previsional de jueces y diplomáticos ingresó al Congreso el 14 de febrero, y fue aprobado en la Cámara baja el 27, en medio de un escándalo por el quórum, que el oficialismo recién alcanzó gracias a la presencia de Daniel Scioli, quien ya había sido avalado como embajador en Brasil. La oposición se retiró de la sesión en esas circunstancias.
Si bien la había anunciado a lo largo de todo el verano, la reforma judicial no alcanzó a ser enviada para su tratamiento en extraordinarias. El penúltimo día de febrero Alberto Fernández anunció que la semana siguiente enviarían el proyecto al Congreso, pero recién lo presentó el 9 de julio venidero. Y nunca alcanzó a ser debatido.
En una sesión realizada el 28 de febrero, la Cámara alta sancionó la Ley de Góndolas y ese mismo día saldó una deuda de 15 años al designar a Marisa Graham como Defensora del Niño.
El 30 de noviembre, día en que culminó el período legislativo 2020, el presidente firmó el decreto donde prorrogó las sesiones ordinarias hasta el 11 de diciembre y convocó a sesiones extraordinarias desde el 12 de ese mes hasta el 28 de febrero. Incluyó entonces nada menos que 25 proyectos de ley.
Sin embargo, dado que ese cronograma imposibilitaba la firma del dictamen sobre la legalización del aborto, el Ejecutivo volvió sobre sus pasos y resolvió que la prórroga del período ordinario fuera hasta el 3 de enero, y las extraordinarias, desde el 4 de ese mes hasta el 28 de febrero. En ese mismo decreto, incorporó dos nuevos temas para su tratamiento.
A fines de enero llegó un tercer decreto, donde se sumaron otros siete temas, y finalmente el Ejecutivo firmó un cuarto y último decreto para agregar el proyecto sobre Ganancias. Fueron, en total, cuatro decretos con 35 temas a tratar, entre proyectos de ley y pedidos de acuerdo para jueces y diplomáticos. Diez de esos temas fueron tratados en la extensión de ordinarias.
El último día hábil de 2020, el presidente de la Cámara baja anunció que el 20 de enero habría una sesión para tratar la prórroga de la Ley de Biocombustibles, tal cual había acordado con los presidentes de bloques. Un día antes se trataría en las comisiones para emitir dictamen, llevándolo al recinto al día siguiente. Esa sesión no sucedió y pasarían muchos meses para que hubiera una nueva ley sobre ese tema que, provisoriamente, fue prorrogado por decreto.
Lo cierto es que enero fue, como marca la tradición, tiempo de receso. Si bien se especuló con que la Cámara de Diputados sesionara a fines de ese mes, la primera convocatoria del año se concretó recién el 11 de febrero. Más activo, el Senado sí sesionó el 4 y el 24 de febrero.
Nobleza obliga, la prórroga de ordinarias fue muy movida y se aprobaron numerosos proyectos, como la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, y por supuesto la despenalización y legalización del aborto, junto con el Programa de los Mil Días.
Otras de las leyes que vieron la luz en diciembre fueron el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas -también llamado “impuesto a la riqueza”-; las modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego; y la transferencia de fondos a la Ciudad por el traspaso de la Policía Federal, que implicó un recorte en la coparticipación porteña. Pero reiteramos: no eran extraordinarias.
Ya en febrero, se aprobó el proyecto para que el Congreso autorizara los acuerdos con el FMI y la emisión extraordinaria de deuda. Finalmente, fueron avaladas las leyes de incentivo a la construcción privada; el aumento del presupuesto en ciencia y tecnología; y la compensación económica para familiares de los tripulantes del ARA San Juan. Varios temas importantes, pero quedó pendiente nada menos que una veintena de proyectos del temario ampliado.
Entre ellos ni más ni menos que la reforma judicial y la del Ministerio Público, dos temas que mantenían en alerta a la principal bancada de la oposición. Ambas iniciativas contaban con aprobación del Senado, pero nunca lograron pasar el filtro de la Cámara baja. Pasó lo mismo con el Consenso Fiscal 2020 y las modificaciones en la Ley de Defensa de la Competencia. La suba del mínimo no imponible de Ganancias y el etiquetado frontal de alimentos también quedaron en carpeta.
Dentro del listado elaborado por el Ejecutivo también figuraban incentivos para la inversión en instrumentos financieros emitidos en pesos; la creación de un Sistema de Cobertura y Promoción del Crédito Hipotecario; y un marco legal para la elaboración, registro, comercialización y control de productos fitosanitarios y agroquímicos.
No fueron tratados en extraordinarias el nuevo Régimen Jurídico para la Prevención y Control del Dopaje en el Deporte; la suspensión de las causales de caducidad de los partidos políticos por la pandemia; la suspensión de la inscripción de las SAS (Sociedades por Acciones Simplificadas); modificaciones en el monotributo; y una ley de educación ambiental.
También iniciativas sobre reactivación de la obra pública para vivienda; la suspensión de una rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas; la implementación del Código Procesal Penal Federal; el cupo laboral travesti/trans; un acuerdo entre la Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea; y ni más ni menos que la propuesta para suspender las PASO.
Continuaron cajoneadas la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, que pese a las promesas de tratamiento el Ejecutivo no habilitó ese verano.
El tercer año de la gestión del Frente de Todos vino absolutamente mal barajado. Fue ese año electoral el que el Gobierno retrasó de manera extrema la presentación del Presupuesto 2022, que el ministro de Economía Martín Guzmán recién fue a defender a la Cámara baja el 13 de diciembre. Con la intención ambiciosa de conseguir la aprobación de esa ley de leyes en una semana.
El período ordinario había sido extendido hasta fines de diciembre y se sabe cómo terminó eso: el debate del Presupuesto arrancó el 16 de diciembre y terminó de manera intempestiva y con rechazo en la mañana del día siguiente.
Previamente el oficialismo había sufrido una primera derrota, al imponer la oposición una moción para tratar Bienes Personales el martes venidero. Sin embargo el oficialismo terminó revirtiendo al menos esa derrota y aprobó un texto deseado por el oficialismo.
Fiel a su estilo, el Gobierno se pasó el mes de enero de 2022 anunciando que convocarían a extraordinarias para el primer mes del año. Hablaban del tratamiento de un Plan Plurianual que nunca se plasmó en realidad y ponían el 24 de enero como fecha probable, pero finalmente lo postergaron hasta el 1 de febrero. Y la convocatoria se hizo el 25 de enero, con un temario de 18 proyectos que incluían el Consenso Fiscal, el Consejo de la Magistratura y la Ley de Compre Argentino.
Pero pasaron cosas. El último día de enero renunció nada menos que el presidente del bloque oficialista de la Cámara baja, Máximo Kirchner, y todo el mes de febrero estuvo signado por el tratamiento o no del acuerdo con el Fondo Monetario, que de hecho había generado la renuncia del hijo de los Kirchner.
Lo cierto es que por primera vez desde 2009, el verano culminó sin que se hubiera realizado alguna sesión extraordinaria en el Congreso. El fracaso de esas extraordinarias debió atribuirse a: 1) las idas y vueltas del Poder Ejecutivo en la convocatoria; 2) el anuncio del acuerdo con el FMI, cuestión no incluida en el temario; 3) la renuncia de Máximo Kirchner; 4) la falta de acuerdos entre el oficialismo y la principal oposición por la conformación de las comisiones, encargadas del análisis y dictamen de los proyectos.
Para este verano 2023 se anunciaron hasta ahora 27 proyectos. Que en realidad son 34, pues uno de ellos corresponde a la creación de universidades, y cada una de ellas (8) tiene su propio proyecto. A fines de febrero se hará el balance correspondiente.
| EXTRAORDINARIAS 2020 | APROBADAS | NO TRATADAS |
| Ley ómnibus de emergencias | x | |
| Consenso Fiscal | x | |
| Jubilaciones de jueces y diplomáticos | x | |
| Reforma Judicial | x | |
| Consejo Económico y Social | x | |
| Ley de Hidrocarburos | x | |
| Sostenibilidad de la deuda | x | |
| Ley de Góndolas | x | |
| Designación de la defensora del Niño | x | |
| Economía del Conocimiento | x | |
| Capitales alternas | x |
| EXTRAORDINARIAS 2021 | APROBADAS | NO TRATADAS |
| Régimen de Inclusión fiscal para pequeños contribuyentes | x | |
| Presupuestos mínimos para la educación ambiental | x | |
| Biocombustibles | x | |
| Sostenibilidad de la deuda pública | x | |
| Incentivo a la construcción privada | x | |
| Aumento del presupuesto en Ciencia y Tecnología | x | |
| Compensación para familiares de tripulantes del ARA San Juan | x | |
| Reforma judicial | x | |
| Ministerio Público | x | |
| Consenso Fiscal 2020 | x | |
| Modificaciones en la Ley de Defensa de la Competencia | x | |
| Suba del mínimo no imponible de Ganancias | x | |
| Etiquetado frontal de alimentos | x | |
| Incentivos para la inversión en instrumentos financieros en pesos | x | |
| Sistema de Cobertura y Promoción del Crédito Hipotecario | x | |
| Marco legal para productos fitosanitarios y agroquímicos | x | |
| Régimen para la Prevención y Control del Dopaje en el Deporte | x | |
| Suspensión de las causales de caducidad de los partidos políticos | x | |
| Suspensión de la inscripción de las SAS | x | |
| Reactivación de la obra pública para vivienda | x | |
| Rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas | x | |
| Código Procesal Penal Federal | x | |
| Cupo laboral travesti/trans | x | |
| Acuerdo entre la Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea | x | |
| Suspensión de las PASO | x |
| EXTRAORDINARIAS 2022 | APROBADAS | NO TRATADAS |
| Consenso Fiscal | x | |
| Consejo de la Magistratura | x | |
| Parque y Reserva Nacional Ansenuza | x | |
| Parque y Reserva Nacional Islote Lobos | x | |
| Respuesta integral al VIH | x | |
| Marco regulatorio del cannabis | x | |
| Promoción de la Electromovilidad | x | |
| Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz | x | |
| Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal | x | |
| Compre Argentino | x | |
| Régimen de Incentivo a la Construcción y Acceso a la Vivienda | x | |
| Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería | x | |
| Tratamiento de acuerdos | x | |
| Transferencias de inmuebles | x | |
| Creación de la Universidad Nacional del Delta | x | |
| Creación de la Universidad Nacional de Pilar. | x | |
| Prevención y control de la Resistencia Antimicrobiana | x | |
| Creación del Area Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul” | x |
| EXTRAORDINARIAS 2023 | APROBADAS | NO TRATADAS |
| Alcohol Cero | ||
| Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud | ||
| Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 | ||
| Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica | ||
| Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad | ||
| Violencia Institucional en Seguridad y Servicios Penitenciarios | ||
| Designación del Procurador General de la Nación | ||
| Tratamiento de otros acuerdos requeridos al Senado de la Nación | ||
| Modificaciones en la prevención y represión del Lavado de Activos | ||
| Ampliación de la Corte Suprema de Justicia | ||
| Consejo de la Magistratura | ||
| Creación del Parque Nacional y de la Reserva Laguna El Palmar | ||
| Creación del Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul” | ||
| Régimen Previsional Diferencial para combatientes de incendios forestales | ||
| Plan de Pago de Deuda Previsional | ||
| Creación de 8 universidades nacionales | ||
| Desarrollo Agroindustrial Federal | ||
| Modificación de la Ley N° 22.990 de Sangre Humana | ||
| Contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Trisomía 21/ Síndrome de down | ||
| Informatización y Digitalización de Historias Clínicas | ||
| Modificación de la Ley de Presupuesto General de Gastos | ||
| Proyecto de ley de Exteriorización del Ahorro Argentino. | ||
| Promoción de nuevas energías | ||
| Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia | ||
| Permiso para el Presidente para ausentarse del país | ||
| Proyecto de ley para modificar el Sistema Estadístico Nacional | ||
| Monotributo Tech |
El proyecto sobre capacitación en los derechos de niños, niñas y adolescentes tuvo despacho de comisión en el Senado el 29 de noviembre, pero jamás llegó al recinto. El Gobierno no la incluyó en el temario de extraordinarias.
De cara a que se conozca el veredicto en el marco del juicio por el asesinato de Lucio Dupuy, el niño de cinco años de La Pampa que murió por golpes cuyas acusadas por el crimen son su madre y la pareja de la misma, diputados nacionales reclamaron al Gobierno Nacional que incorpore al temario de extraordinarias el proyecto de ley inspirado en dicho caso.
El proyecto por la cual se crea el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes, obtuvo la media sanción en Diputados por unanimidad el 9 de noviembre. Inmediatamente comenzó su tratamiento en el Senado en donde logró despacho de comisión veinte días después, pero jamás llegó al recinto y la ley está encajonada.
El autor de la iniciativa, el pampeano Martín Maquieyra expresó: “Es lamentable que el presidente no incluya el tratamiento de la Ley Lucio en el Senado. Necesitamos con urgencia que se trate cuando antes en la sesión para que finalmente sea ley. Lo único que falta es que los senadores aprueben el proyecto, no entiendo por qué el presidente decide no tratarlo”.
“Vamos a seguir reclamando para que lo traten. Junto a la familia Dupuy hemos hecho un esfuerzo enorme para tratarlo en un año y necesitamos que el Senado la apruebe con urgencia. Esperamos que el presidente reconsidere este hecho y lo incluya en el temario”, completó el legislador opositor.
“Fui co-firmante del proyecto Ley Lucio de Martín Maquieyra recibimos y escuchamos a sus abuelos, trabajamos con organizaciones de protección de la infancia. Se aprobó el 9/11/22 en Diputados, pero falta el Senado. Alberto Fernández convocó a Extraordinarias con 27 proyectos. No lo incluyó”, reclamó la secretaria parlamentaria del interbloque de JxC en la Cámara baja, Silvia Lospennato.
La vicepresidenta del bloque UCR, Karina Banfi, se sumó al pedido en redes y escribió: “Esperamos una condena ejemplar de perpetua para estas dos personas. Destitución a la jueza Pérez Ballester por mal desempeño. Justicia para Lucio exigimos y por eso impulsamos la Ley Lucio. Pedimos al gobierno nacional que se trate en extraordinarias y sea ley”.
El diputado opositor alertó que “están socavando la propia institución republicana de la división de poderes”, y preguntó: “¿Lo próximo a discutir es cerrar el Congreso o no hacer elecciones?”.
El diputado nacional Martín Tetaz (Evolución Radical) cuestionó el temario que envió el Gobierno para tratar en extraordinarias: “Es una ambiciosa agenda”, y la decisión del oficialismo de ir contra la Corte Suprema y se preguntó: “¿Lo próximo a discutir es cerrar el Congreso o no hacer elecciones?”.
“El Gobierno presenta una ambiciosa agenda de extraordinarias que no tiene nada que ver con lo que la Constitución dice de cómo tienen que ser las extraordinarias que dice que tiene que ser para circunstancias excepcionales. Aumentar los miembros de la Corte no es una circunstancia excepcional es una cosa que solo corresponde con una intención de manipular la justicia como tiene el Gobierno”, cuestionó Tetaz en diálogo por Radio Rivadavia.
Y siguió: “Por otro lado, cuando el propio Gobierno esta intentando hacer un juicio político a la Corte por que no le gusta un fallo esta poniendo en discusión si vamos o no a respetar los fallos de la justicia. Por lo cual todo lo demás no tiene sentido. El kirchnerismo quiere cambiar las reglas de juego y nosotros no lo vamos a permitir”.
“La convocatoria formal no está, nosotros todavía no fuimos notificados de la sesión del lunes ni de ninguna de la semana que viene. El kirchnerismo el año pasado hizo lo mismo, convocó a extraordinarias, pero no sesionó hasta marzo y tampoco hizo ordinarias porque casi todas las sesiones fueron especiales pedidas con un temario especial porque el Gobierno no hacia funcionar el Congreso como debía”, criticó el diputado de Evolución.
En ese sentido, planteó: “No es una discusión de poderes, están socavando la propia institución republicana de la división de poderes. Está generando el antecedente de que, si discutimos todo, la semana que viene si podemos cerrar el Congreso o podemos no hacer las elecciones presidenciales y continuar -alguien- por golpe de Estado”.
En la misma línea, Tetaz fue crítico del Gobierno por la convocatoria a sesiones extraordinarias y el juicio político contra la Corte: “No creo que haya 129 diputados dispuestos a sentarse a convalidar esta maniobra en contra de la Justicia”.
La polémica por la inclusión del proyecto de Juicio Político a la Corte Suprema en el temario para sesionar fuera del período ordinario por parte del oficialismo generó fuertes cuestionamientos por parte la coalición opositora de JxC.
Tal es así que la semana pasada se reunió la Mesa Nacional de JxC para diagramar la estrategia que utilizará para frenar la embestida de la Casa Rosada contra los magistrados de la Corte. La guerra se desató cuando el tribunal ordenara el retorno del 2,95% de la coparticipación federal a la ciudad de Buenos Aires.
En principio, el presidente Alberto Fernández se negó a acatar el fallo de la Corte, luego dio marcha atrás y anunció que efectuaría el pago, pero con bonos. La decisión fue rechazada por la administración del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y el arco opositor.
La presidenta de la Cámara de Diputados convocó a todos los legisladores “para tratar temas que están en la agenda de la gente”.
De cara al inicio de las extraordinarias, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, señaló que “es necesario que todos los diputados y diputadas sesionemos para tratar temas que están en la agenda de la gente como es el caso del Plan de Pago de Deuda Previsional” porque es un problema que “afecta a más de 800 mil personas que no están cobrando la jubilación que les corresponde”.
En declaraciones a Infoban Radio, Moreau aseveró que “la enorme mayoría de argentinos y argentinas no reúnen los 30 años de aportes, por eso es urgente que trabajemos con acciones concretas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.
Asimismo, la titular de la Cámara baja enfatizó que “otro de los temas importantes que tenemos que tratar es la creación de Universidades. Hay miles de jóvenes que quieren estudiar una carrera cerca de su casa y tenemos que darles esa posibilidad para que los hijos de los trabajadores puedan tener herramientas para formar un futuro mejor”.
“Universidades como la del Delta, la de Río Tercero en Córdoba o Cañuelas, entre otras que estamos impulsando, son necesarias para que nuestros jóvenes puedan tener un mejor acceso a una educación de calidad, abierta y federal, porque a este Gobierno sí le importa que nuestros hijos puedan progresar”, sostuvo.
Con respecto al proyecto que impulsa la declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado, Moreau coincidió con el ministro de Economía, Sergio Massa, al afirmar que “forma parte de un acto de estricta justicia tributaria”, y agregó que “si queremos ordenar en serio el sistema fiscal de nuestro país, tenemos que reducir la carga impositiva para todos aquellos que cumplen con sus obligaciones y para ello es necesario que quienes evaden sus obligaciones se pongan en regla”.
En ese sentido, apuntó: “Queremos un Estado eficiente y para eso debemos priorizar el bienestar de todos los argentinos y argentinas a través de cuentas claras y medidas justas que beneficien a la sociedad y por eso también esta es una oportunidad para regularizar el mercado y terminar con algunos vivos que no cumplen con el pago de los que les corresponde”.
El diputado oficialista cuestionó la postura la principal bancada opositora de “no asistir a ningún otro debate de leyes” en la medida en que se sostenga el tratamiento del pedido de juicio político contra la Corte
El diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos) criticó la postura de Juntos por el Cambio de “no asistir a ningún otro debate de leyes” en la medida en que se sostenga el tratamiento del pedido de juicio político contra la Corte Suprema y lo calificó de “chantaje”.
“Nosotros no hemos hecho nada que no corresponda, nadie nos ha dicho que jurídicamente hayamos hecho algo que no corresponda. Eso es un chantaje, decir ´si hacen eso, nosotros no vamos a la sesión”, consideró en diálogo por Radio Rivadavia.
De todos modos, el legislador peronista afirmó que “no va a ser la primera vez que hacen eso”, y señaló que el oficialismo seguirá adelante con los temas que considera importantes para tratar en el período de sesiones extraordinarias y mencionó como ejemplo la creación de nuevas universidades nacionales.
“Creo más en el diálogo que en la pelea. Tengo expectativa de que se lleve adelante el juicio político y de que sesionemos a la vez”, confió optimista.
Valdés encabeza las firmas del proyecto con el pedido de juicio político contra el máximo tribunal de Justicia por mal desempeño en sus funciones. La iniciativa se basa en cuatro elementos: la actuación de la Corte en la cuestión de la coparticipación federal, en la composición del Consejo de la Magistratura, el manejo de la obra social y el fallo del 2×1 a favor de los genocidas de la última dictadura militar.
“La Constitución dice que los gobernadores son agentes naturales del Estado federal. Primer elemento: los gobernadores le pidieron al tribunal ser amicus curiae, ni siquiera les contento en un tema que afecta a los recursos de todas las provincias”, indicó.
En tanto, recordó el diálogo telefónico entre el vocero de la presidencia de la Corte, Silvio Robles, con el ministro de Seguridad y Justicia del Gobierno porteño, Marcelo D´Alessandro. “Claramente es un diálogo entre (Horacio) Rosatti y (Horacio Rodríguez) Larreta”, expresó.
Sobre la cuestión del Consejo de la Magistratura, Valdés señaló que “lo que han hecho -los cuatro altos magistrado-) es decretar inconstitucional a una ley que regía desde el 2007 para reactivar una ley derogada por el Congreso, facultades que no tiene la Corte con el único objetivo de que Rosatti se nombre a sí mismo como presidente del Consejo de la Magistratura”.
“No encontré jurisprudencia en el mundo de que haya un tribunal superior de justicia que resucite una ley derogada por el Parlamento. Es algo único”, acotó al respecto.
Así lo manifestó el salteño Emiliano Estrada al referirse a la situación actual de su provincia en la que se postulará como gobernador. Por otro lado, opinó que hay “muy baja probabilidad de que haya sesiones extraordinarias”.
El diputado nacional Emiliano Estrada (FdT – Salta) confirmó que buscará ser candidato a la gobernación y aseguró que está conversando con “todos los dirigentes políticos” porque “siempre tuve la vocación de trabajar por Salta y de aportarle todo lo que me ha dado”. En ese sentido, aseguró tener “distancia con la agenda que plantea el Gobierno Nacional”. Por otro lado, opinó que “hay muy baja probabilidad de que haya sesiones extraordinarias”.
En diálogo por Radio Nacional, Estrado reconoció: “Estamos terminando de conversar con dirigentes provinciales para tener puntos de encuentro y para poder tener una idea de trabajo en común. En los próximos días vamos a tomar definiciones y en función de eso tendremos las definiciones de candidaturas. Siempre tuve la vocación de trabajar por Salta y de aportarle todo lo que me ha dado”.
El legislador aseguró estar conversando con “todos los dirigentes políticos de la provincia que no sean del oficialismo. Quienes particularmente estamos en proceso de acuerdo”.
Al ser consultado si dialoga con los radicales, aclaró: “Yo hablo mucho con Miguel Nanni, ayer salió una fake news que había una alianza entre él y yo, lo cual no es cierto, pero si dialogo con todos para poder establecer puntos de acuerdo que tienen que ver con Salta y que puedan llegar a buen puerto”, y sumó: “También hablo Carlos Zapata o el titular de Salta Independiente, Felipe Biella. Todos que quieran cambiar la situación actual”.
“Me siento bien conversando y llegando a puntos de acuerdo con gente idónea que eso es lo que va primando”, resaltó.
Consultado sobre sus distancias ideológicas con esos dirigentes, Estrada argumentó que “todas las diferencias son de índole nacional”, pero que en el plano provincial están de acuerdo con el camino a seguir porque “hay cuestiones de fondo que se resuelven cuando se llevan las políticas públicas a la práctica”.
“Después también tenes el discurso ideologizado de políticos que muchas veces no coincide con la realidad a mi me pasa eso de tener una distancia con la agenda que plantea hoy el Gobierno nacional espacio del cual soy parte”, expresó Estrada.
Y explicó: “Hay una agenda de derechos de tercera o cuarta generación que son derechos que no están saldados en Salta como el agua. La agenda de Buenos Aires va en una agenda de cuarta generación de debates como el documento no binario, y en Salta no hay agua. ¿Hasta qué punto llega esa ideologización en el marco de debatir ideas que no tiene sentido para la discusión que tienen los salteños?”.
Por su parte, el diputado oficialista se refirió a la convocatoria a sesiones extraordinarias para el Congreso Nacional, y puso en duda las chances que tiene el oficialismo en llevarlas a cabo por falta de quórum propio.
“La convocatoria no implica que efectivamente las sesiones se vayan a realizar de hecho el año pasado también hubo convocatoria y no se pudo convocar a ninguna sesión. Creo que es algo muy complejo porque el Congreso tiene los bloques mayoritarios que son JxC y FdT y para tener quórum se necesitan 129, con lo cual la oposición muy difícilmente de quórum en estos temas. Muy baja probabilidad de que haya sesiones extraordinarias”, manifestó.
“Las comisiones empiezan a funcionar en el marco de la convocatoria a extraordinarias lo que les da dinamismo y celeridad a muchos proyectos de ley. Imagino que también hay una voluntad de poder lograr los acuerdos para tener el quórum”, comentó.
Respecto del pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación que impulsa el presidente Alberto Fernández, entendió que “es un mecanismo institucional que debe seguir su curso en su momento Carrió pidió un pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti y no pasó nada”.
“No hay que poner tanto énfasis en una cuestión trascendental. Creo que abre un debate entre los vínculos de la justicia con la política que lo hemos visto con las filtraciones de los chats”, remató.
Este lunes se oficializó el anuncio hecho por el Ejecutivo sobre el jueves pasado, con 27 temas a debatir.
Se confirmó este lunes el ingreso al Parlamento de la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, para el período comprendido entre el 23 de enero y el 28 de febrero próximo.
La nota formal incluye, tal cual se adelantaba el jueves pasado, el tratamiento de “una serie de proyectos relevantes para el desarrollo del país”, que incorporan iniciativas que “tienen como objetivo mejorar el sistema de salud, otras que se vinculan con el cuidado del ambiente, y también proyectos para la prevención y represión del lavado de activos, así como regímenes de promoción de energías renovables y fomento al desarrollo agroindustrial, entre otros”.
Asimismo se destaca que se propicia el tratamiento del proyecto de ley que modifica la Ley del Consejo de la Magistratura “en virtud de lo establecido en los puntos II y III) de la parte resolutiva del fallo dictado en los autos “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ E.N. -ley 26.080 -dto. 816/99 y otros s/ proceso de conocimiento”. En dicho fallo “la Corte Suprema de Justicia exhortó al Congreso de la Nación para que, en un plazo razonable dictara una ley para organizar el citado Consejo disponiendo que, si ello no sucedía en el plazo de 120 días, el mismo debía integrarse y funcionar, en sus aspectos institucionales más relevantes, conforme una ley fenecida. Dicho plazo se encuentra largamente vencido y, hasta la fecha, el Congreso de la Nación no dio cumplimiento a la medida dispuesta por el Alto Tribunal, por lo que resulta necesario que ello se realice en el menor plazo posible”.
1) Proyecto de ley modificatorio del inciso a) del artículo 48 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449 sobre alcoholemia cero para la conducción de vehículos (Exp. Diputados 4718-D-2022 – Exp. Senado 36-CD2022).
2) Proyecto de ley tendiente a establecer el Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud (Msje. 99/22 Exp. Senado 158-PE-2022).
3) Proyecto de ley por el que se aprueba el PLAN NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2030 (Msje 87/22 – Exp. Senado 121-PE-2022 – Exp. Diputados 57-S-2022).
4) Proyecto de ley mediante el cual se propicia efectuar una serie de sustituciones a la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica N° 23.877 y su modificatoria (Msje. 72/22 Exp. Diputados 11-PE-2022 – Exp. Senado 20-CD-2022).
5) Proyecto de ley tendiente a modificar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad N° 24.660 y sus modificatorias (Msje. 44/21 Exp. Senado 26-PE-2021).
6) Proyecto de ley de Abordaje Integral de la Violencia Institucional en Seguridad y Servicios Penitenciarios (Exp. Diputados 1010-D-2022).
7) Tratamiento del Acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación.
8) Tratamiento de otros acuerdos requeridos al Honorable Senado de la Nación.
9) Proyecto de ley tendiente a introducir modificaciones en la legislación vigente, vinculada a la prevención y represión del Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP) – Modifica la Ley N° 25.246 y sus modificatorias (Msje. 28/22 Exp. Diputados 9-PE-2022).
10) Proyecto de ley de modificación del artículo 21 del Decreto Ley N° 1285/58 con el fin de ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Exp. Senado 1353-S-2022).
11) Proyecto de ley tendiente a modificar la Ley del Consejo de la Magistratura -T.O. 1999- N° 24.937 y sus modificatorias conforme lo dispuesto en los puntos II y III de la parte resolutiva del fallo dictado en los autos “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ E.N. -ley 26.080 -dto. 816/99 y otros s/proceso de conocimiento”. (Msje. 128/21- Exp Senado 151-PE-2021 – Exp. Diputados 9-S-2022).
12) Proyecto de ley de creación del Parque Nacional y de la Reserva Nacional Laguna El Palmar (Exp Senado 2553-S-2021 – Exp. Diputados 23-S-2022).
13) Proyecto de ley de creación del Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”. (Exp. Diputados 1039-D2022 – Exp. Senado 14-CD-2022).
14) Proyecto de ley por el que se establece un Régimen Previsional Diferencial para los trabajadores que se desempeñen o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales en organismos nacionales o provinciales de cajas transferidas (Exp Senado 75-S-2021 – Exp. Diputados 29-S-2022).
15) Proyecto de Ley por el cual se crea el Plan de Pago de Deuda Previsional (Exp. Senado 957-S-2022 – Exp. Diputados 21-S-2022)
16) Proyectos de leyes que disponen la creación de universidades nacionales.
17) Proyecto de ley tendiente a crear el “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador” (Msje. 93/21- Exp. Diputados 12-PE-2021).
18) Proyecto de Ley por el cual se sustituyen los artículos 23 y 45 de la Ley N° 22.990 de Sangre Humana (Exp. Senado 2309-S-2021 – Exp. Diputados 80-S-2021).
19) Proyecto de ley tendiente a asegurar la contención y el acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Trisomía 21/ Síndrome de down, para su hijo o hija en gestación o recién nacido/a. (Exp. Senado 1466-S-2021 – Exp. Diputados 85-S-2021).
20) Proyecto de ley por el cual se crea el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas de la República Argentina (Exp. Senado 1787-S-2019 – Exp. Diputados 144-S-2020).
21) Proyecto de ley por el cual se modifica la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional, en función del artículo 170 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto N° 11.672.
22) Proyecto de ley de Exteriorización del Ahorro Argentino.
23) Proyectos de ley para la Promoción de nuevas energías, e inversiones con valor agregado en el sector energético.
24) Solicitudes de Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
25) Proyecto de ley solicitando el correspondiente permiso constitucional para que el señor Presidente de la Nación pueda ausentarse del país durante el año 2023 (Msje 95/22 – Exp. Senado 143-PE-2022).
26) Proyecto de ley para modificar el Sistema Estadístico Nacional.
27) Proyecto de ley por el cual se establece un Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos (Mono- Tech).
Al presidente se lo ve por estos días activo, combativo y hasta entusiasmado. Utiliza triunfos ajenos, pero califica de pequeñas victorias resultados que resisten esa calificación. Y va a fondo en el Congreso, donde no tiene número para imponer nada.
Por José Angel Di Mauro
Créase o no, en cercanías del entorno presidencial hablan de “un Alberto empoderado”. Lo ven activo en este tiempo de receso, con actos casi diarios en los que cree estar haciendo “los deberes”: fustiga a la oposición en general y a Mauricio Macri en particular; a la Corte Suprema también y mucho; y por primera vez en su gestión pareciera tener un norte.
El objetivo es mantenerse vigente de modo tal de no ser descartado como candidato presidencial hasta último momento y, de ser posible, ser el candidato oficialista. En ese marco, para casi todo el mundo el video de casi tres minutos difundido esta semana fue una suerte de lanzamiento de campaña suyo. Arranca con Macri hablando y una descalificación de parte de Alberto Fernández, que se muestra a continuación con la primera damay su hijo Francisco, en una imagen bucólica de los jardines de Olivos. Todo bien guionado, nada de improvisación.La excusa es poder reflexionar sobre qué país le dejará el presidente a su hijo menor.
Es una pieza de manual. Se busca allí capitalizar todo tipo de celebración ajena: multitudes vivando el éxito de la Selección; los ganadores argentinos del Globo de Oro, a escasas horas de haberse consagrado. También tiene reivindicaciones, como la del Juicio a las Juntas (que el peronismo no apoyó), y al citar la recuperación de la democracia muestra a Néstor Kirchner y la bajada del cuadro de Videla. En el spot no aparece su admirado Alfonsín. Sí Cristina, atentado incluido; pero mucho de Alberto abrazado, vivado; con Lula, y de paso vuelve Macri con una foto con Jair Bolsonaro, con el que Fernández se resistió a reunirse nunca, salvo encuentros circunstanciales.
Una campaña en ciernes en la que está encaramada la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, que negó esta semana que el Gobierno esté atravesando “una crisis económica”. Planteó todo lo contrario: habló de crecimiento y dijo esperar que “más temprano que tarde el pueblo argentino va a reconocer esta verdadera epopeya de este gobierno durante estos años”.
La misma vocera celebraba al día siguiente como un logro del Ministerio de Economía que la inflación anual no hubiera alcanzado los tres dígitos. Dato importante: si la inflación no traspasó la barrera psicológica de los tres dígitos este año, se lo tendrá que “agradecer” el Gobierno a la sequía, que mantuvo el precio de la carne bajo. Pero como todo lo que no sube en una economía inflacionaria alguna vez revierte, habrá que estar preparado para cuando la carne busque recuperar lo perdido.
Más allá de spots y discursos, el presidente cimenta su candidatura en la fuerte embestida que ha lanzado este año contra la Corte Suprema de Justicia. Hoy ese es su plan: embestir contra el Tribunal Supremo y por eso arrancó el primer día del año anunciándolo. Y lo corporizó en proyecto de resolución el viernes pasado, con el texto de 410 fojas que ingresó por Mesa de Entrada de la Cámara baja la noche anterior. Fernández ha tomado esta cruzada como algo personal y la lleva adelante con los bríos que en su momento mostró con la campaña por el aborto.
Cosas bien distintas. La interrupción voluntaria del embarazo era un tema transversal que sumaba -o restaba- en todos los sectores. Para asumir mayor protagonismo en ese “logro”, Alberto comentó hace pocos días que él llamó a gobernadores para forzar los votos necesarios para la aprobación. Dijo diferenciarse con esa actitud de su antecesor.
El juicio contra la Corte Suprema no es para nada lo mismo. Muchos mandatarios no tienen el menor interés en enemistarse con los jueces supremos, razón por la cual la cosecha albertista para ese proyecto detrás del cual quiso embanderar a todos los gobernadores “propios” lució escueta. Todavía le facturan en privado a Gustavo Bordet haberse “bajado” del mismo. Revancha chiquita, pero revancha al fin, eligieron a dos entrerrianos para suscribir el proyecto de juicio político: Marcelo Casaretto y Blanca Osuna están entre los 15 diputados elegidos para firmarlo. Además, la presidenta de la Comisión de Juicio Político es la entrerriana Carolina Gaillard.
Todos coinciden en que el juicio político no tiene ninguna posibilidad de prosperar en la Cámara baja. Como ya hemos dicho y repetido, nadie tiene los dos tercios en ninguna de las dos cámaras para nada. Pero ya hemos dicho también que el oficialismo tiene el número suficiente para su objetivo único. Erosionar a los integrantes de la Corte Suprema lo suficiente, enlodar a sus miembros con la puesta en escena que tendrá lugar probablemente a partir del 26 de enero. Desde entonces y con dos capítulos por semana, habrá una sesión televisada que el Gobierno espera concite una atención que no será la del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, pero atención al fin.
El oficialismo tiene herramientas para hacer más farragoso el trance. Lo anticipan en las medidas previstas en el proyecto de resolución presentado. Por ejemplo donde piden “se le de intervención a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) y/o organismo que se entienda competente, en los términos que la Comisión lo considere pertinente, para establecer llamadas entrantes y salientes de las líneas telefónicas que resulten relevantes a los efectos de la investigación, como así también para informar entrecruzamientos de llamadas, y toda medida de similar naturaleza que aparezca conducente para el esclarecimiento de los hechos”.
La Dajudeco depende de la propia Corte. Desde la oposición advierten que la comisión no tiene facultades para tomar esas medidas sin la intervención de un juez. En el oficialismo sostienen lo contrario y afirman que ya lo han hecho en el marco de la Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, y la Dajudeco accedió. Dos mastines del kirchnerismo duro que integran esa bicameral están también en Juicio Político: Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade. También forma parte de la Bicameral Eduardo Valdés, quien figura como primer firmante del proyecto de enjuiciamiento.
Medidas como esa son las que sostienen la decisión mayoritaria de JxC de participar de las reuniones de la Comisión de Juicio Político, donde algunos sectores siguen objetando asistir. Quisieran “vaciar” la comisión y no “convalidar el show” participando. Prevaleció la decisión mayoritaria de asistir: porque no es algo ilegal que esa comisión se reúna para llevar adelante un juicio político, y para no dejarle toda la centralidad al oficialismo. Así lo decidieron los 14 integrantes que se reunieron por Zoom el domingo pasado.
Dos días después la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio suscribió esa decisión y planteó que “mientras siga este atropello contra la Corte no vamos a prestar quórum y darle viabilidad a ningún proyecto que impulse el Gobierno nacional o el Frente de Todos”.
Como un desafío a esa postura sonó la decisión del Poder Ejecutivo de convocar a extraordinarias con un temario extensísimo. Porque no es habitual que a extraordinarias se manden demasiadas iniciativas. Solo se abre el Congreso en esa época para los temas urgentes y cuando el Ejecutivo sabe que podrá aprobarlos. Pero es norma en esta administración hacer lo contrario. Tiene un problema de origen que es el de anunciar demasiado y concretar muy poco. De hecho, este es el Ejecutivo al que menos proyectos propios se le han aprobado. Algunos quedaron en mero anuncio, sin siquiera llegar a ser debatidos en comisión.
En su primer año de gestión, Alberto Fernández envió 11 proyectos en extraordinarias y le aprobaron 6; en el segundo anunció 25 y le aprobaron apenas 4. El año pasado armó un temario de 18 proyectos, de los cuales no llegó a tratarse siquiera en comisión, en extraordinarias, ninguno.
Este año manda 27, una exageración. Hay de todo, pero solo podrán avanzar los proyectos que necesitan su aprobación en el Senado. Son temas pendientes de aprobación que quedaron “colgados” por la ausencia en la Cámara alta de una sesión final, motivada por los problemas de ausencias en el Cuerpo.
El Gobierno envía a extraordinarias temas que nunca llegaron a tratarse siquiera en comisión, como la reforma del Consejo de la Magistratura o la ampliación de la Corte. También reflotó el interés por el nombramiento del procurador general de la Nación, siendo que fue el kirchnerismo el que se resistió a tratar el pliego de Daniel Rafecas. Ahora, si bien en su momento Elisa Carrió había recomendado aprobar su nombramiento, es muy improbable que el tema pueda avanzar en el Senado. Primero, habría que ver si hay disposición ahora sí en el kirchnerismo; y después, la oposición no convalidará su nombramiento a meses de un probable cambio de gobierno.
Difícilmente pueda el oficialismo mover los temas en la Cámara baja, donde sí avanzará hasta donde pueda la Comisión de Juicio Político. Con presencias muy curiosas anticipadas en el detalle de testigos sugeridos, tales como el español Baltazar Garzón -echado de la Justicia en España- y organizaciones como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo; HIJOS, el CELS, la APDH de La Matanza y Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz. Un menú de testigos tan ecléctico como el temario de proyectos sugeridos para debatir este verano.
La vicepresidenta del bloque UCR en Diputados planteó que “la mitad” de los proyectos que incluyó el Ejecutivo en el temario tratarse en extraordinarias “no tienen dictamen”, y criticó: “Están llevando a un deterioro extremo de las instituciones”.
La vicepresidenta del bloque UCR en Diputados, Karina Banfi, criticó el spot del presidente de la Nación y adelantó que presentará un proyecto para establecer un régimen de transparencia de los gastos de los cónyuges presidenciales. Por otro lado, cuestionó el temario de las extraordinarias porque “la mitad de los proyectos no tienen dictamen” que son “de puro y exclusivo interés del oficialismo”.
En diálogo por Radio Rivadavia, Banfi fue consultada por el costo del sport que lanzó Alberto Fernández esta semana y lanzó: “¿Cuánto no sale la familia presidencial no? Porque parece que en un país con todas las necesidades que tenemos, con una inflación como la de ayer que de carambola no llega a los tres dígitos, la verdad que tener que bancar toda una familia sin ningún tipo de rendición de cuentas es obsceno esto lo estamos siguiendo”.
En esa línea, adelantó que “el primero de febrero voy a presentar un proyecto para establecer un régimen de transparencia a los cónyuges presidenciales porque como no son funcionarios y cuando vos les pedís algún tipo de información te dicen que ellos no están ni son sujetos obligados a la Ley de Ética Pública, ni sujetos obligados a la Ley de Acceso a la Información Pública, porque no tienen ninguna responsabilidad institucional, cosa que es cierto, el problema es que mientras tanto hacen y deshacen con la plata de todos los argentinos”.
“Usan los aviones oficiales, porque hay un decreto de la PSA que dice que por cuestiones de seguridad deben viajar en aviones oficiales, en otros países no sucede así porque si son países pobres, la verdad lo que nosotros tenemos que usar justamente son los aviones comerciales, y asegurarle sin duda, a través de todo el cuerpo de seguridad que tienen, el personal asignado a la seguridad tanto del presidente como de los hijos, quizás eso nos saldría más barato, no lo sabemos”, agregó Banfi.
Respecto al temario de extraordinarias, la radical propuso: “Me gustaría, ya que vemos el proliferado temario que el presidente envió al Congreso para que tratemos en un mes y medio de todos proyectos que son de puro y exclusivo interés del Poder Ejecutivo o del oficialismo, donde hoy ni siquiera tiene los números para poder sentarse porque no llegan, yo voy a proponer que se ponga en tratamiento el proyecto de régimen de transparencia y rendición de cuentas de cónyuges para que este año ya podamos saber efectivamente en qué gasta la palta de todos los argentinos la señora Yánez”.
“Es increíble el temario, es una falta de respeto a los temas que necesita hoy la argentina tratarse”, lanzó y contó: “Nosotros estamos estudiando, llegó ayer a última hora y estamos estudiando cada uno de los proyectos que la mitad no tienen tratamiento en el recinto, no tienen dictamen por lo tanto los vamos a tener que discutir en las comisiones, pero para eso tienen que estar todos los diputados. La pregunta es si sus diputados, porque la oposición está lista entendemos cuál es la responsabilidad, lo que sí es que no vamos a dar quórum para tratar nimiedades”.
Además, reclamó que “tenemos que hablar es como bajamos la inflación. Ayer el ministro Sergio Massa estaba casi asustado hablando de que el tema de la inflación era un tema de todos. No hay ni un proyecto para bajar la inflación, no hay ningún marco normativo que se necesita para bajar la inflación”.
“Si necesitan recaudar porque estamos en una de las sequías más difíciles que vamos a tener que enfrentar mucha más complicada que la del 2018, pero lo más importante del eje va a ser puesto en el circo que van a armar en la comisión de juicio político”, cuestionó la radical.
En tanto, expresó: “La verdad que es tristísimo, están llevando a un deterioro extremo de las instituciones sabiendo que van a perder este año las elecciones y entregándonos las migajas de lo que quede de la República”.
“Vamos a tener que hacer grandes esfuerzos para no perder la mesura y para no perder la racionalidad en estos debates a los que nos van a llevar que van a ser una locura, porque discutir cuál es la posición o la facultad exclusiva del Congreso y la Cámara de Diputados de iniciar el Juicio Político a algún funcionario y encontrarnos en donde van a tratar proyectos que solo a ellos les interesa”, adelantó Banfi y cerró: “Hay 9 proyectos de juicio político al presidente de la República que no están puestos ahí, y nosotros también tenemos facultades para pedirlos son exclusivas metiéndolo en un temario de extraordinaria es un poco raro y desnaturaliza cual es el rol del Congreso”.
El titular de la Coalición Cívica en Diputados advirtió que “no se puede poner de rehén a la población en una pelea de poder” respecto al temario enviado por el Ejecutivo para tratar en extraordinarias.
El presidente del bloque de la Coalición Cívica-ARI en la Cámara de Diputados, Juan Manuel López, reconoció que “el Congreso va a estar trabado por un tiempo”, y afirmó que “cuando el oficialismo decide la agenda no puede no esperar que si no la acuerda con la oposición haya una reacción”.
“Va a estar trabado por un tiempo el Congreso. Espero que se destrabe. Ojalá el Congreso pueda funcionar en el último año del Gobierno del Frente de Todos con cierta normalidad”, sostuvo el vicepresidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja.
En declaraciones radiales, el dirigente de Juntos por el Cambio señaló que “cuando el oficialismo decide la agenda no puede no esperar que si no la acuerda con la oposición haya una reacción, que en este caso es trabar algunas leyes, que no van a solucionar la vida de los argentinos”. De todos modos, el abogado aclaró que “no se puede poner de rehén a la población en una pelea de poder”.
“Hay que acostumbrarse a que va a haber gobiernos con parlamentos repartidos. Estábamos acostumbrados a que había oficialismos con mayoría en dos cámaras”, añadió.
Al referirse al pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema, López indicó que “se da en un contexto de una cantidad de proyectos para dominar al Poder Judicial”, y consideró que “los números en el Congreso no están para destituir, pero sí para desgastar, para desprestigiar”.
“Nos parece una iniciativa peligrosa, que desgasta mucho a las instituciones y a la política, que va a estar discutiendo un problema del poder y no los problemas de la sociedad”, manifestó el dirigente opositor.
En otro tramo de la nota sostuvo que los chats entre funcionarios judiciales y dirigentes del Pro “fueron la excusa” para impulsar el pedido de juicio político. “Si hay que dar ese debate, habría que haberlo dado en otro clima, no en medio de un fallo que no le gusta al oficialismo”, planteó López en alusión a la decisión del máximo tribunal sobre los fondos de coparticipación que reclama la Ciudad de Buenos Aires.
Al ser consultado sobre la actual conformación del máximo tribunal, López consideró que “es una Corte independiente”, aunque definió al juez Ricardo Lorenzetti como “un equilibrista del poder”. En tanto, manifestó que los magistrados Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz “se han sabido separar de la política partidaria”.
Cuatro iniciativas de peso fueron incluidas por el Ejecutivo en el temario de sesiones previstas para este verano. Con el juicio a la Corte como dato previsto y destacado.
Se sabía que la máxima atención oficial está puesta este verano en la cuestión judicial. Estaba previsto que el juicio contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia figuraría a la cabeza de las prioridades del oficialismo cuando se convocara a extraordinarias.
Y así fue. En la lista a publicarse en el Boletín Oficial figuró en el puesto 24°, de esta manera: “Solicitudes de Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Fuera de ese tema, el resto llamó poderosamente la atención. Porque el Ejecutivo incluyó el tratamiento del acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación. Esto es, la designación del juez Daniel Rafecas, anunciada por el presidente Alberto Fernández en los albores de esta gestión, mas sin que nunca se iniciara el tratamiento de su pliego en la Comisión de Acuerdos del Senado.
El otro tema fue el proyecto de ley para modificar la Ley del Consejo de la Magistratura. Ese proyecto obtuvo media sanción del Senado el 7 de abril del año pasado, por 37 votos a favor y 33 en contra. De acuerdo con el proyecto, el Consejo de la Magistratura estaría integrado por 4 jueces, 6 legisladores, 4 abogados, un representante del Poder Ejecutivo y 2 representantes de los ámbitos académicos y/o científicos.
En Diputados el proyecto fue defendido por el ministro de Justicia, Martín Soria, pero nunca obtuvo dictamen.
Otro tema que fue aprobado en el Senado, mas su tratamiento no avanzó en Diputados es la ampliación de la Corte Suprema de Justicia.
Se aprobó el 22 de septiembre del año pasado por 36 votos a favor contra 33 negativos. El proyecto eleva de 5 a 15 el número de integrantes del Máximo Tribunal, con paridad de género.
No son las únicas leyes de corte judicial incluidas dentro del amplio temario de extraordinarias, pero sin duda son los proyectos más controvertidos en esa materia.
Así lo expresaron Ximena García y Francisco Monti quienes integran la Comisión de Juicio Político tras conocerse el temario y la convocatoria a extraordinarias por parte del Ejecutivo.
Luego del anuncio del llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso, los diputados nacionales de la UCR Ximena García (Santa Fe) y Francisco Monti (Catamarca), quienes integran la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, rechazaron el intento del Frente de Todos de arremeter contra la Corte Suprema de Justicia. Además, aseguraron que el proyecto no tiene ninguna posibilidad de prosperar.
“Este intento de juicio político no va a tener ningún destino, porque necesitan 2/3 de la Cámara baja para ser aprobado. Por lo que ellos no buscan tener éxito, sino que solo quieren generar un quiebre institucional, un escenario propicio para que la condena contra Cristina Kirchner sea deslegitimada”, aseguró García.
Por su parte, Monti consideró: “El juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación es completamente absurdo desde el punto de vista técnico. Está basado en dos planteos que no tienen ningún asidero. Por un lado, el espionaje ilegal, lo cual nulifica cualquier tipo de pretensión por parte del Frente de Todos. No se puede, en base a una supuesta prueba nula generar prueba válida”.
“Por otro lado, se plantea una disconformidad respecto del fallo relativo a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual es atendible desde el punto de vista de la conformidad o disconformidad, pero no constituye un mal desempeño”, agregó.
Además, los legisladores acusaron al kirchnerismo de atacar al sistema republicano. “Están desesperados para garantizar la impunidad de Cristina Kirchner, llevando a las instituciones, en este caso a la Corte Suprema, a un lugar de crisis institucional gravísima, en un país con casi 100% de inflación, 50% de pobres, con un crisis económica y social sin precedentes”, sostuvo García.
“El 2022 terminó con una condena contra Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita, en marzo se van a conocer los fundamentos del fallo, y ellos quieren meter a todos en un mismo lodo para bajar la vara y generar la idea de que todo es lo mismo. El Poder Judicial debe trabajar de manera independiente, sin condicionamientos”, añadió la diputada nacional por Santa Fe.
Y aclaró: “Nosotros vamos a seguir trabajando para poner límites a los abusos K, como cuando intentaron reformar la Justicia Federal, cuando quisieron ampliar los miembros de la Corte o con el proyecto del Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal, todos proyectos que fueron frenados por Juntos por el Cambio en Diputados”.
Monti, destacó: “Lo que está haciendo el kirchnerismo, desde el punto de vista político, es ponerse en una zona de marginalidad atacando a las instituciones, primero deslegitimando la democracia con esta auto proscripción de Cristina Fernández de Kirchner y deslegitimando al sistema republicano y a la cabeza de uno de estos tres poderes, que es el Poder Judicial”.
“Desde Juntos por el Cambio tenemos una postura muy clara de defender el modo de convivencia que la democracia, y también el equilibrio de poderes”, concluyó el diputado.
Eso expresó la portavoz presidencial en conferencia de prensa este jueves en la que detalló el temario que enviará el Ejecutivo al Congreso para tratar en extraordinarias y bregó para que “la oposición no sea lo suficientemente irresponsable como lo ha venido siendo este último tiempo”.
La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, apuntó este jueves en su tradicional conferencia de prensa contra JxC y les pidió que “dejen de intentar extorsionar al Gobierno con solo tratar los temas que a ellos les interesa”, luego de detallar los 27 proyectos que enviará el Ejecutivo al Congreso para que sean tratados en extraordinarias, cuya convocatoria será publicada esta noche en el Boletín Oficial.
Según aseguró Cerruti el temario incluye un total de 27 proyectos en el que está incluido pedido de juicio político a la Corte, reforma del máximo tribunal y Consejo de la Magistratura. “El periodo de extraordinarias según la convocatoria se va a extender desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero”, precisó.
Sobre el pedido de juicio político contra la Corte Suprema, que Juntos por el Cambio ya avisó que sus legisladores participarán del debate para bloquear el proyecto, Cerruti sostuvo que espera que “la oposición no sea lo suficientemente irresponsable como lo ha venido siendo este último tiempo”.
“Siempre hay tiempo para recapacitar y sentarse en el lugar del diálogo democrático que es el Congreso”, planteó y agregó: “Tenemos un extenso temario de 27 proyectos. Temas importantísimos para los argentinos que tienen que ver con el desarrollo productivo, con temas judiciales como la designación del Procurador, la reforma del Consejo de la Magistratura, temas que la misma Corte ha pedido que se lleven adelante”.
“El temario es lo suficientemente importante y extenso como para que la oposición entienda que en el libre juego democrático y de las instituciones hay que sentarse a debatir en el Congreso que es el lugar de los debates, de los consensos”, lanzó.
Y acusó a la oposición de intentar “extorsionar al Gobierno o a la sociedad con solo tratar los temas que a ellos les interesa”.
“Nosotros no tenemos ninguna duda de que la justicia socaba el Estado de Derecho”, disparó la funcionaria y sumó: “Eso lo comprobamos con la reunión de Lago Escondido que demuestra que la justicia en la Argentina actúa en contra del Estado de Derecho cuando un grupo de jueces se reúne con un empresario periodístico, con funcionarios y para organizar fallos judiciales y luego arman un intento de encubrimiento”.
Y siguió embistiendo contra la justicia: “Además por el fallo del Consejo de la Magistratura en la cual se autoproclamó presidente del Consejo el actual presidente de la Corte o por el fallo que hay con respecto a la Ciudad de Buenos Aires donde avanzaron sobre el resto de las provincias”.
“En Argentina hace falta una reforma judicial y por eso estamos enviando, y esperamos que la oposición lo tenga en cuenta, muchos proyectos como la designación del Procurador, como la ley del Consejo, como la designación de jueces, que tiene que ser tratado lo antes posible para”, remarcó.
Así lo confirmó este jueves la portavoz presidencial en conferencia de prensa. Uno por uno los proyectos.
La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, confirmó este jueves en su tradicional conferencia de prensa que el Poder Ejecutivo la publicación en el Boletín Oficial de la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, con un temario de 27 proyectos que incluye juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, ampliación del Tribunal Superior y Consejo de la Magistratura.
Según aseguró Cerruti el temario incluye un total de 27 proyectos. “El periodo de extraordinarias según la convocatoria se va a extender desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero”, precisó.
A continuación, procedió a leer uno por uno los proyectos:
Desde la principal bancada opositora adelantaron que no darán quórum en las extraordinarias, aún no definieron una postura respecto de las reuniones de comisión. El jefe del bloque FdT les solicitó que “no se escondan tratando de impedir el funcionamiento de la Cámara”.
Mientras se aguarda que el Poder Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias a través de un DNU y envié el temario para darle comienzo al pedido de juicio político contra la Corte Suprema, desde la vereda de enfrente ya adelantaron que no darán quórum. En ese sentido, el jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, le pidió a la oposición que se presente a las reuniones de la Comisión de Juicio Político porque “es una enorme oportunidad para la democracia argentina poder dar este debate en voz alta”.
El dirigente santafesino cuestionó la “decisión política” de la alianza opositora “no solamente de no dar quorum en las sesiones, sino tampoco prestar colaboración en las comisiones”.
“Hay que seguir haciendo un esfuerzo para tener la capacidad de separar los temas: si Juntos por el Cambio considera que algunos temas no le gustan, que vaya a las comisiones, manifieste su posición”, planteó el oficialista y exigió que “no se esconda tratando de impedir el funcionamiento de la Cámara de Diputados”.
En declaraciones radiales, el dirigente peronista remarcó que “el quórum, bajar o no bajar, abrir o no una comisión, es una decisión política, no una cuestión de tomo y me das, es la decisión política de querer funcionar”.
“Tenemos que ser capaces de funcionar más allá de las diferencias”, destacó Martínez, quien expresó su “deseo” de que Juntos por el Cambio participe de la Comisión de Juicio Político de Diputados para tratar el expediente contra la Corte Suprema. En ese sentido, manifestó: “Es una enorme oportunidad para la democracia argentina poder dar este debate en voz alta, no escondernos detrás de ninguna excusa menor”.
Para el jefe de la bancada oficialista en Diputados, es la chance de “abrir un nuevo ciclo político-institucional” en el que el Congreso y todas las fuerzas políticas pueden ponerse “como defensores de la democracia”.
Finalmente, al ser consultado sobre el temario de las sesiones extraordinarias que convocará el presidente Alberto Fernández en los próximos días, el santafesino indicó: “Definir la agenda de extraordinarias es una facultad privativa del Poder Ejecutivo, que es el que tiene que definir los temas y los tiempos de la convocatoria”.
Del temario elaborado por el Poder Ejecutivo en el verano, solo se aprobó poco más de un tercio de las iniciativas promovidas. Varios proyectos no comenzaron aún a ser analizados.
Dieciocho temas fueron incluidos en el menú elaborado por el Gobierno nacional para ser tratados en las sesiones extraordinarias convocadas para febrero de este año. Como se recordará, el dato saliente fue que ninguno alcanzó a ser tratado.
Contrariamente a lo que se esperaba, no se incluyó en ese temario el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que de hecho fue el factor que provocó un estallido en el seno del oficialismo, con la renuncia presentada por Máximo Kirchner el último día del mes de enero, precisamente por estar en desacuerdo con el texto que terminó aprobándose en el mes de marzo.
Y fue precisamente el debate interno que desató esa renuncia lo que complicó la discusión del temario de extraordinarias, al punto tal que por primera vez desde 1983, ninguno de los proyectos propuestos alcanzó siquiera a ser tratado.
De ese temario, solo dos tenían inicio en el Senado de la Nación: el Consenso Fiscal y la reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura. También figuraba el Marco regulatorio del cannabis medicinal y cáñamo industrial, que ya había pasado por la Cámara alta y tenía media sanción.
Comencemos entonces con esos dos temas. En el caso del Consenso Fiscal, el acuerdo busca la instrumentación de una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones que participen, y fue rubricado el pasado 27 de diciembre de 2021 por la mayoría de las jurisdicciones, salvo el caso de CABA.
No fue tratado en extraordinarias, pero tampoco se inició nunca su debate en la Cámara alta.
En el caso del Consejo de la Magistratura, corría en febrero la cuenta regresiva dispuesta por la Corte Suprema de Justicia para que el Parlamento elaborara una ley antes de que concluyeran los 180 días de tiempo que había dado el Tribunal Supremo para ese fin, y sin embargo el debate en comisión en el Senado arrancó recién promediando el mes de marzo, aprobándose en el recinto el 7 de abril, por 37 votos a favor y 33 en contra. En Diputados el proyecto está trabado, pues el oficialismo no cuenta con el número necesario para su aprobación, tal cual llegó del Senado y la oposición teme que eventuales reformas que se hicieran en Diputados no prosperen en la Cámara alta.
Por la Cámara baja ya pasaron funcionarios y especialistas para explicar la norma, pero no hay perspectivas de tratamiento en el recinto.
Uno de los temas que está en veremos todavía es el proyecto de Promoción de la Electromovilidad, un proyecto del Ejecutivo que propone fijar las bases para difundir la producción y venta de autos eléctricos en la Argentina, y pone como fecha el 1 de enero de 2041 para la prohibición de la fabricación de motores de combustión interna en el país. El proyecto ingresó formalmente el 24 de enero pasado a la Cámara baja y fue girado a las comisiones de Industria y Presupuesto y Hacienda, donde todavía no arrancó su discusión.
El proyecto que sí fue debatido es el de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz. La iniciativa del Poder Ejecutivo busca promover las inversiones en todos los eslabones de la cadena de valor automotriz, es decir, terminales y autopartistas de los diferentes anillos, sistemistas y empresas que agregan valor a partir de procesos industriales.
El 5 de julio tuvo media sanción en Diputados por 227 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención.
El Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal fue enviado por el Poder Ejecutivo el 11 de noviembre de este año y ya comenzó su tratamiento en las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Industria y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, donde el 6 de julio se realizó una reunión informativa.
Compre Argentino fue otro de los proyectos del PEN y su tratamiento arrancó antes, pero se complicó en las comisiones, donde se le introdujeron modificaciones para garantizar su aprobación. Sin embargo, el 24 de mayo se emitieron dos dictámenes y si bien desde el oficialismo se aseguraba que los números estaban para su aprobación, la demora en su envío al recinto expresa lo contrario.
La iniciativa impulsada desde el oficialismo eleva la preferencia de empresas nacionales en licitaciones públicas.
También fue incluido en el temario de extraordinarias el Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, que establece una prórroga sobre los plazos de la Ley 27.613 que busca promover el desarrollo o inversión en proyectos inmobiliarios mediante incentivos a la construcción. Este proyecto sí fue aprobado en la Cámara de Diputados y está en el Senado, donde obtuvo dictamen el pasado 6 de julio.
El proyecto de Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería tiene por objetivo mejorar la calidad de las trayectorias profesionales, fortalecer el sistema sanitario aumentando el personal y a las enfermeras y enfermeros en su formación continua. El proyecto cuenta con dos dictámenes y por lo tanto está listo para llegar al recinto de la Cámara baja.
Una de las leyes más ponderadas de las aprobadas este año es la de Respuesta integral al VIH. Una norma que busca dar una respuesta integral a personas con Virus de la Inmunodeficiencia Humana, hepatitis virales, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual y que fue aprobada en Diputados el 5 de mayo.
El Senado lo transformó en ley el 30 de junio por 60 votos a favor y 1 en contra.
Otra norma que se convirtió en ley es el Marco regulatorio del cannabis medicinal y cáñamo industrial. Tuvo sanción definitiva en Diputados por 155 votos a favor, 56 en contra y 19 abstenciones, en la sesión del 5 de mayo. La norma había recibido media sanción del Senado en julio de 2021.
Crea un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial.
El capítulo medio ambiente incluía la creación del Parque y Reserva Nacional Ansenuza, en Córdoba, y otro en el Islote Lobos, en Río Negro. La Cámara baja aprobó ambos el 16 de junio y fueron convertidos en ley el 30 de junio en el Senado.
No arrancó en cambio el debate de la creación de dos universidades nacionales: la del Delta y la de Pilar. La primera fue impulsada a través de un proyecto presentado por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y su compañera de bancada Alicia Aparicio, en tanto que la de Pilar fue impulsada por otro diputado oficialista, Ramiro Gutiérrez. Se aguarda el tratamiento de ambos proyectos en las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda.
En cuanto a la creación del Area Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”, la iniciativa establece también que “ninguna cuota de pesca para dicha zona puede ser renovada, ni otorgarse nuevas una vez vencidas o revocadas las vigentes”. Fue aprobada en la madrugada del 6 de julio por 127 votos afirmativos, 2 negativos y una abstención, al cabo de una áspera polémica en la que desde Juntos por el Cambio cuestionaban el giro que el tema había tenido a las comisiones y terminaron levantándose de sus bancas. Solo se logró la votación por la permanencia de los diputados del bloque Encuentro Federal, de Emilio Monzó y Margarita Stolbizer.
En caso de que se hubiera caído la sesión por esa polémica con el Agujero Azul, no hubiera podido aprobarse la norma puesta a consideración a continuación, la de Prevención y control de la Resistencia Antimicrobiana. El proyecto propicia el uso responsable de los antibióticos y regula cuestiones referidas al expendio de los medicamentos y tuvo media sanción por 199 votos a favor y uno en contra en esa misma madrugada, a continuación de la media sanción de Agujero Azul.
Completaban el temario de extraordinaria una serie de acuerdos y transferencias de inmuebles, que ya fueron tratados.
Sacando entonces esos temas, de los 16 restantes solo 4 completaron el ciclo legislativo y son ley; 5 tienen media sanción y 7 esperan todavía llegar a uno de los recintos.
En sus dos primeros años, esta administración ya ha dejado clara su costumbre de llenar los veranos de anuncios que no se corroboran en la realidad. Pruebas al tanto: el primer año consiguió aprobar apenas poco más de la mitad de los proyectos anunciados. Pero el segundo, más del 80% de los anuncios no se concretaron.
Muchos se sorprendieron cuando el mes de enero transcurrió en el Congreso sin pena ni gloria. Tras reiterados anuncios de convocatoria a extraordinarias, el Poder Ejecutivo terminó enviando el decreto correspondiente recién a fin de mes y llamando al Congreso a reunirse a lo largo del mes de febrero. Nadie debiera sorprenderse: tal cual informara oportunamente parlamentario.com, es absolutamente inhabitual que el Congreso sesione durante el primer mes del año; por el contrario, en los últimos 20 años solo se reunió en enero cuando la crisis de 2001, aunque también hay que reconocer que con Alberto Fernández en el poder también lo hizo en enero de 2020, el primer verano de la gestión actual.
Fue tal vez la búsqueda del Gobierno de Fernándezde mostrarse entonces activo en el Parlamento luego de haber anunciado una gran batería de proyectos, buena parte de los cuales quedaron para ordinarias.
Pues esa parece ser una constante de esta administración: el anuncio de ambiciosos temarios, más extensos que lo que debiera esperarse para un tiempo en el que generalmente solo se tratan temas urgentes, de los cuales solo termina abordándose un puñado. Pruebas al tanto: de la decena de proyectos anunciados en el primer año de la gestión albertista, solo fue aprobado poco más de la mitad; y el segundo año, de los proyectos incluidos en extraordinarias, se aprobó menos del 20%.
Ahora el Poder Ejecutivo envió 18 iniciativas, la mayoría de las cuales no reviste mayor urgencia; hasta puede incluir más, pero a esta altura nadie se sorprendería si los recintos de ambas cámaras terminaran cerrados a lo largo de todo el verano.
Como corresponde a un gobierno recientemente elegido, el de Alberto Fernández arrancó con toda la fuerza el 10 de diciembre de 2019, cuando el Covid todavía no tenía nombre y solo era algo limitado a una desconocida región china. El 13 de diciembre ese Poder Ejecutivo convocó por primera vez a extraordinarias y lo hizo desde ese día hasta el 31 de diciembre.
En esa convocatoria inicial incluyó solo tres temas, de los cuales el más ambicioso y urgente era el denominado “de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la reactivación económica”. Ese proyecto al que se conoció como el de las emergencias, pues se trataba de una ley ómnibus que incluían las tres emergencias que pretendía habilitar el Gobierno: económica, social y sanitaria.
Los otros dos temas eran los habituales para esa época del año, que no incluimos en el conteo como proyectos por ser de rutina, pero que corresponden mencionar: la autorización al presidente para salir del país y la entrada y salida de tropas.
Tiempo promisorio de expectativas de consenso, el día anterior al envío del decreto el Gobierno se había reunido con el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, para delinear un cronograma para el tratamiento de los proyectos. Se estableció entonces que el lunes venidero habría una convocatoria a jefes de bloques de ambas cámaras de la que podrían participar los ministros de las áreas involucradas para empezar a estudiar las iniciativas. Todo muy auspicioso por cierto.
Cinco días después del primer decreto, el Gobierno amplió el temario de extraordinarias, incluyendo la ratificación del nuevo Consenso Fiscal 2019 suscripto por el presidente con los gobernadores de 22 provincias y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.
Las emergencias fueron aprobadas en tiempo y forma, pero todo el resto quedó para el año siguiente -habiéndose ampliado entonces las sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero-, en medio de promesas de un enero muy activo, que sin embargo no fue tal: aun sin datos de la pandemia que se venía, los primeros días del año mostraban los pasillos del Palacio Legislativo con el ritmo habitual de receso: vacíos y silenciosos, salvo por las obras en ejecución.
Se hablaba entonces de retomar la actividad a partir del 20 de enero y que dos días después podría realizarse una sesión en la Cámara baja para avanzar con la aprobación del nuevo Pacto Fiscal y la autorización para el ingreso y salida de tropas, que había quedado pendiente.
Sin mayores precisiones se hablaba de incluir en el temario iniciativas vinculadas con lo ambiental y educativo, aunque sin precisiones sobre qué temas serían. Sí concretamente se anticipaba el envío por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto para modificar el régimen de jubilaciones de privilegio que perciben jueces y diplomáticos. Y otros temas como un proyecto de ley de reforma judicial y otro para la creación del Consejo Económico y Social.
En el Senado se encontraban pendientes de tratamiento las leyes de alquileres y de góndolas, aún no incluidas en la agenda de extraordinarias.
El 12 de enero Alberto Fernández ratificaba el próximo envío del proyecto de ley para crear el Consejo Económico y Social y daba detalles del mismo. Ese proyecto nunca fue enviado al Congreso y el Consejo fue creado por decreto.
Cinco días más tarde el presidente anticipó el envío para ser tratado en extraordinarias de otro proyecto que aún hoy sigue en veremos: la ley de hidrocarburos. Ante representantes del sector petrolero que lo visitaron en Casa Rosada, habló del proyecto para promover inversiones en yacimientos de hidrocarburos convencionales y no convencionales. En el texto, que aclaró que no estaba terminado, trabajaban el ministro Matías Kulfas y los entonces funcionarios Guillermo Nielsen, titular de YPF, y Sergio Lanziani, secretario de Energía.
El 21 de enero, antes de partir rumbo a Israel, Fernández firmó una nueva ampliación del temario para extraordinarias, incluyendo el proyecto de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa, cuyo envío al Congreso acababa de anunciar el ministro de Economía, Martín Guzmán. El decreto citaba el Consenso Fiscal que ya contaba con media sanción del Senado y la suspensión de las jubilaciones de privilegio para el Poder Judicial y diplomáticos.
El proyecto que pedía al Congreso amplias facultades para reestructurar la deuda externa, autorizando al Palacio de Hacienda a prorrogar la jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y renunciar a oponer defensa de inmunidad soberana respecto de reclamos en la jurisdicción que se trate, ingresó el 21 de enero. Seis días más tarde, el presidente confirmaba cuáles eran los temas que esperaba que el Congreso diera “un tratamiento rápido” en extraordinarias: la ley que permitía la renegociación de títulos emitidos con prórroga de la jurisdicción; las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial y diplomáticos; la ley de reforma de la justicia federal y la ley de góndolas, que ya tenía media sanción de Diputados.
El 29 de enero se publicó en el Boletín Oficial una ampliación del temario para las sesiones que incluía precisamente el proyecto de ley de Fomento de la Competencia en la Cadena de Valor Alimenticia. Relación entre Proveedores y Supermercados, más popularmente conocido como ley de góndolas, y la designación de la defensora y los defensores adjuntos de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.
El punto 8 del decreto suscripto por el presidente antes de emprender viaje hacia Europa correspondía a la modificación del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, la ley que debía entrar en vigencia el 1° de enero anterior y fue suspendida a través de un decreto que originó una ola de críticas de la oposición. Otro de los proyectos incluidos en el temario era el de Capitales Alternas, una iniciativa anunciada en tiempos de campaña por el Frente de Todos consistente en constituir el Gobierno una vez por mes en diversas ciudades del interior del país. Ese proyecto entró al Congreso el 12 de febrero, pero recién fue aprobado en noviembre de 2020.
El decreto incluía el tratamiento de los acuerdos para la designación de embajadores y, paralelamente, el retiro de pliegos como los correspondientes a funcionarios del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público enviados oportunamente por el Gobierno de Mauricio Macri. Hablamos de la designación propuesta para la Procuración General de la Nación de Inés Weinberg de Roca, por ejemplo, y pliegos de jueces y fiscales.
Asimismo se retiraban los mensajes para designación de miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia y funcionarios para el Servicio Exterior de la Nación y personal superior de las Fuerzas Armadas.
El texto del proyecto que modificaba el régimen previsional de jueces y diplomáticos ingresó al Congreso el 14 de febrero, y fue aprobado en la Cámara baja el 27, en medio de un escándalo por el quórum, que el oficialismo recién alcanzó gracias a la presencia de Daniel Scioli, quien ya había sido avalado como embajador en Brasil. La oposición se retiró de la sesión en esas circunstancias.
Si bien la había anunciado a lo largo de todo el verano, la reforma judicial no alcanzó a ser enviada para su tratamiento en extraordinarias. El penúltimo día de febrero Alberto Fernández anunció que la semana siguiente enviarían el proyecto al Congreso, pero recién lo presentó el 9 de julio venidero. Y nunca alcanzó a ser debatido.
En una sesión realizada el 28 de febrero, la Cámara alta sancionó la Ley de Góndolas y ese mismo día saldó una deuda de 15 años al designar a Marisa Graham como Defensora del Niño.
El 30 de noviembre, día en que culminó el período legislativo 2020, el presidente firmó el decreto donde prorrogó las sesiones ordinarias hasta el 11 de diciembre y convocó a sesiones extraordinarias desde el 12 de ese mes hasta el 28 de febrero. Incluyó entonces nada menos que 25 proyectos de ley.
Sin embargo, dado que ese cronograma imposibilitaba la firma del dictamen sobre la legalización del aborto, el Ejecutivo volvió sobre sus pasos y resolvió que la prórroga del período ordinario fuera hasta el 3 de enero, y las extraordinarias, desde el 4 de ese mes hasta el 28 de febrero. En ese mismo decreto, incorporó dos nuevos temas para su tratamiento.
A fines de enero llegó un tercer decreto, donde se sumaron otros siete temas, y finalmente el Ejecutivo firmó un cuarto y último decreto para agregar el proyecto sobre Ganancias. Fueron, en total, cuatro decretos con 35 temas a tratar, entre proyectos de ley y pedidos de acuerdo para jueces y diplomáticos.
El último día hábil de 2020, el presidente de la Cámara baja anunció que el 20 de enero habría una sesión para tratar la prórroga de la Ley de Biocombustibles, tal cual había acordado con los presidentes de bloques. Un día antes se trataría en las comisiones para emitir dictamen, llevándolo al recinto al día siguiente. Esa sesión no sucedió y pasarían muchos meses para que hubiera una nueva ley sobre ese tema que, provisoriamente, fue prorrogado por decreto.
Lo cierto es que enero fue, como marca la tradición, tiempo de receso. Si bien se especuló con que la Cámara de Diputados sesionara a fines de ese mes, la primera convocatoria del año se concretó recién el 11 de febrero. Más activo, el Senado sí sesionó el 4 y el 24 de febrero.
Nobleza obliga, la prórroga de ordinarias fue muy movida y se aprobaron numerosos proyectos, como la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, y por supuesto la despenalización y legalización del aborto, junto con el Programa de los Mil Días.
Otras de las leyes que vieron la luz en diciembre fueron el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas -también llamado “impuesto a la riqueza”-; las modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego; y la transferencia de fondos a la Ciudad por el traspaso de la Policía Federal, que implicó un recorte en la coparticipación porteña. Pero reiteramos: no eran extraordinarias.
Ya en febrero, se aprobó el proyecto para que el Congreso autorice los acuerdos con el FMI y la emisión extraordinaria de deuda. Finalmente, fueron avaladas las leyes de incentivo a la construcción privada; el aumento del presupuesto en ciencia y tecnología; y la compensación económica para familiares de los tripulantes del ARA San Juan. Varios temas importantes, pero quedó pendiente nada menos que una veintena de proyectos del temario ampliado.
Entre ellos ni más ni menos que la reforma judicial y la del Ministerio Público, dos temas que mantenían en alerta a la principal bancada de la oposición. Ambas iniciativas contaban con aprobación del Senado, pero nunca lograron pasar el filtro de la Cámara baja. Pasó lo mismo con el Consenso Fiscal 2020 y las modificaciones en la Ley de Defensa de la Competencia. La suba del mínimo no imponible de Ganancias y el etiquetado frontal de alimentos también quedaron en carpeta.
Dentro del listado elaborado por el Ejecutivo también figuraban incentivos para la inversión en instrumentos financieros emitidos en pesos; la creación de un Sistema de Cobertura y Promoción del Crédito Hipotecario; y un marco legal para la elaboración, registro, comercialización y control de productos fitosanitarios y agroquímicos.
No fueron tratados en extraordinarias el nuevo Régimen Jurídico para la Prevención y Control del Dopaje en el Deporte; la suspensión de las causales de caducidad de los partidos políticos por la pandemia; la suspensión de la inscripción de las SAS (Sociedades por Acciones Simplificadas); modificaciones en el monotributo; y una ley de educación ambiental.
También iniciativas sobre reactivación de la obra pública para vivienda; la suspensión de una rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas; la implementación del Código Procesal Penal Federal; el cupo laboral travesti/trans; un acuerdo entre la Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea; y ni más ni menos que la propuesta para suspender las PASO.
Continuaron cajoneadas la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, que pese a las promesas de tratamiento el Ejecutivo no habilitó ese verano.
Muchos de esos temas serían tratados en el futuro, otros no. Pero en definitiva lo que demuestra la experiencia de esos dos primeros años y la del actual es que este Gobierno anuncia mucho y concreta poco. Por razones inexplicables, es su modus operandi.
| Extraordinarias 2019 | Aprobadas | No tratadas |
| Ley ómnibus de emergencias | X | |
| Consenso Fiscal | X | |
| Jubilaciones de jueces y diplomáticos | X | |
| Reforma Judicial | X | |
| Consejo Económico y Social | X | |
| Ley de Hidrocarburos | X | |
| Sostenibilidad de la deuda | X | |
| Ley de Góndolas | X | |
| Designación de la defensora del Niño | X | |
| Economía del Conocimiento | X | |
| Capitales alternas | X |
| Extraordinarias 2020 | Aprobadas | No tratadas |
| Régimen de Inclusión fiscal para pequeños contribuyentes | X | |
| Presupuestos mínimos para la educación ambiental | X | |
| Biocombustibles | X | |
| Sostenibilidad de la deuda pública | X | |
| Incentivo a la construcción privada | X | |
| Aumento del presupuesto en Ciencia y Tecnología | X | |
| Compensación para familiares de tripulantes del ARA San Juan | X | |
| Reforma judicial | X | |
| Ministerio Público | X | |
| Consenso Fiscal 2020 | X | |
| Modificaciones en la Ley de Defensa de la Competencia | X | |
| Suba del mínimo no imponible de Ganancias | X | |
| Etiquetado frontal de alimentos | X | |
| Incentivos para la inversión en instrumentos financieros en pesos | X | |
| Sistema de Cobertura y Promoción del Crédito Hipotecario | X | |
| Marco legal para productos fitosanitarios y agroquímicos | X | |
| Régimen para la Prevención y Control del Dopaje en el Deporte | X | |
| Suspensión de las causales de caducidad de los partidos políticos | X | |
| Suspensión de la inscripción de las SAS | X | |
| Reactivación de la obra pública para vivienda | X | |
| Rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas | X | |
| Código Procesal Penal Federal | X | |
| Cupo laboral travesti/trans | X | |
| Acuerdo entre la Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea | X | |
| Suspensión de las PASO | X | |
El diputado cordobés opinó sobre el primer entendimiento con el Fondo el cual consideró que “evita el default” y manifestó que “el Ejecutivo puede sumar el tema a extraordinarias”.
Tras participar de la reunión de la Mesa Nacional de JxC, el jefe del bloque en Diputados de la UCR Mario Negri (Córdoba) opinó sobre el acuerdo al que llegó el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional y destacó que “evita un default” al tiempo que sugirió que “si el Ejecutivo tiene una carta de intención avanzada con el Fondo, puede perfectamente sumar el tema a extraordinarias”.
El legislador radical ponderó en su cuenta de Twitter: “Este primer entendimiento con el FMI evita el default, que hubiera sido tremendo para el país”, y agregó: “Esta negociación continuará, debe haber detalles definitivos y todo se deberá traducir en una suerte de memorando de entendimiento que discutirá el Congreso”.
Sin embargo, advirtió: “Hay que ser cuidadoso. Está claro que se está arribando al entendimiento definitivo que superará a esta administración y comprometerá a las futuras administraciones. Por eso hay que ser prudente y no equivocarse. El Congreso analizará todo con mucho cuidado”.
“Nosotros, desde JxC, no damos golpes bajos porque está por delante el país, se compromete el futuro de muchas generaciones de argentinos”, afirmó Negri.
Por último, hizo referencia al temario de las sesiones extraordinarias a las que convocó el Gobierno para el mes de febrero y sugirió: “Si el PEN tiene una carta de intención avanzada con el Fondo, puede perfectamente sumar el tema a extraordinarias o bien esperar a marzo. Nosotros estamos esperando en el Congreso”.
Legisladores del oficialismo y la oposición opinaron de la convocatoria presidencial para el 1 de febrero.
Posiciones encontradas se expusieron luego de oficializarse la convocatoria del Congreso de la Nación a sesionar durante el mes de febrero.
Desde la oposición, la diputada santafesina Ximena García hizo hincapié en el faltante del decreto: “Los humedales no son una prioridad para este gobierno. El temario enviado por el PE para las sesiones extraordinarias no incluyó este proyecto, por lo que deberemos comenzar nuevamente el proceso para lograr que sea ley”.
Para el diputado libertario José Luis Espert, el decreto incluye 18 temas de los cuales “uno solo es urgente”, en referencia al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. “Decidir una nueva conformación del Consejo de la Magistratura que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema el 16-12-2021 por considerar que se ha alterado el equilibrio entre los distintos estamentos que lo componen (en criollo, la ley K Nº 26.080 del 22-02-2006 la llenó de políticos). El resto de los temas no son para extraordinarias y es grave la omisión del acuerdo con el FMI en el temario. Era lo más urgente”, expresó.
El socialista Enrique Estévez también mencionó que el temario no incluye “la tan necesaria y cajoneada Ley de Humedales”, y agregó: “Esperamos que el ministro de Ambiente Juan Cabandié esté a la altura y pida por su incorporación. No hay tiempo para doble discurso”.
Desde la pantalla de La Nación+, la diputada de Juntos por el Cambio Sabrina Ajmechet expresó: “El llamado a extraordinarias no tiene ninguna empatía con el ciudadano común. Tenemos un escenario en donde no hay un plan para resolver ninguno de los problemas que tenemos. ¿Por qué en vez de discutir los problemas de la vicepresidenta con la justicia no discutimos los problemas que afectan a la gente? Por decir alguno, la ley de alquileres. Y en este largo temario, a 30 días de empezar las clases, no hay ni un solo proyecto para recuperar a los 500 mil chicos que abandonaron la escuela”.
Desde el Frente de Todos, la diputada Carolina Gaillard celebró que el presidente haya incluido en el temario el marco regulatorio para Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial, como así también la nueva ley de VIH.
A su vez, el diputado Nicolás Rodríguez Saá felicitó al intendente de Pilar Federico Achával, “por tu incansable esfuerzo por concretar lo que está tan cerca de hacerse realidad Universidad Nacional de Pilar. ¡Ya entró en temario de extraordinarias!”.
El que avisa no traiciona: el Presidente dijo hace mucho que no cree en los planes y lo demuestra en la negociación con el Fondo, que le reclama principalmente demostrar cómo cumplirá los objetivos previstos.
Por José Angel Di Mauro
En el primer mensaje presidencial que se conoció la noche del 14 de noviembre del año pasado, Alberto Fernández anunció un Plan Plurianual que enviaría al Congreso en la primera semana de diciembre. Aunque nadie del gobierno lo admita, cuando grababan ese discurso en la residencia presidencial, temían una catástrofe electoral.
La derrota que se conoció horas más tarde fue contundente para el gobierno, que aun así la vivió con alivio. Le alcanzó con haber achicado la diferencia en la provincia de Buenos Aires, donde igual perdió, y solo revirtió resultados en Chaco y Tierra del Fuego, pero así y todo cuando el Presidente volvió a hablar esa noche -ahora en vivo- se veía bien distinto. Había estado al borde del abismo y ahora sentía que tenía una vida más.
¿Habrá olvidado esa misma noche el Programa Plurianual? Difícil, no funciona así un gobierno; aunque es verdad que esta administración se caracteriza por anunciar muchas cosas y la mayoría terminan siendo solo anuncios. Como el llamado a extraordinarias, del que desde el año pasado ha venido dando detalles periódicamente, incluyendo proyectos que son puro humo, como la nueva ley de hidrocarburos, sobre la cual el secretario de Energía llegó a presentarse en el Senado, pero está absolutamente trabada y se sabe que cuenta con la resistencia de varios gobernadores. Así y todo, los voceros oficiales siguen incluyéndola en el hipotético temario de unas extraordinarias que prometieron para enero y que obviamente serán en febrero. Si son convocadas.
Es el modus operandi de este gobierno que ya mostró esa costumbre en su primer verano de gestión, aun antes de que la pandemia trastocara todo.
Con un Congreso complicadísimo para el gobierno numéricamente hablando, lo que siempre se pensó que sería el tema del verano era el eventual acuerdo con el Fondo. Y el Plan Plurianual, claro, que no mandó el gobierno en la primera semana de diciembre como había prometido Alberto, ni en el resto de ese mes, ni tampoco en enero. Cuando quien esto escribe le preguntó a una alta fuente legislativa qué pasaría con ese plan complementario del acuerdo con el FMI, el encumbrado dirigente oficialista relativizó la posibilidad de que el mismo llegara a ver la luz, al no haber sido aprobado el Presupuesto 2022. “Si el primer escalón no está, difícil llegar al segundo”, ejemplificó.
– ¿Entonces no habrá Plan Plurianual? -se le insistió.
– Yo no digo eso, pero es difícil en estas circunstancias… -fue más o menos la respuesta. Y de ese programa ni noticias, a la fecha.
No es novedad que el Presidente tiene un problema con los planes. Se lo reveló con honestidad brutal al Financial Times cuando transitaba la mitad de su primer año, en plena pandemia: “Francamente, no creo en los planes económicos. Creo en los objetivos que nos podemos fijar y trabajar para conseguirlos”, dijo esa vez Alberto Fernández, quien curiosamente es conocido por decirle a cada interlocutor lo que el mismo quiere escuchar. No fue ese el caso, seguramente. Pero lo cierto es que dadas las circunstancias debe ser una de las verdades más contundentes reveladas por el Presidente desde que está en el cargo.
El FMI le reclama conocer un plan para avanzar con el acuerdo para refinanciar la deuda contraída por Mauricio Macri. Y todo indica que el gobierno se resiste a cumplir con esa premisa, como pudo verse también con las explicaciones que dio el ministro de Economía durante la presentación que hizo ante los gobernadores. “Creo en los objetivos que nos podemos fijar y trabajar para conseguirlos”, dijo el Presidente al FT y ese parece ser el modo de negociar con el Fondo, prometiendo objetivos sin establecer la manera de alcanzarlos. Aunque tampoco satisfaciendo en materia de plazos: promete déficit cero para 2027. ¿Cómo? A través del crecimiento, explica sin explicar. Como sea, el FMI quiere ese objetivo para 2024.
La oposición también objeta que no haya un plan, y es lo que hubiera reprochado de haberse concretado la reunión prevista para el martes pasado, ya suspendida definitivamente. Resulta inexplicable lo que sucedió con ese cónclave. Es verdad que nunca había sido confirmada, pero el propio Alberto Fernández había dicho al cierre del encuentro con los gobernadores, el 5 de enero, que en los próximos días él se reuniría con la oposición.
En este mismo espacio contamos que desde el bloque de diputados que conduce Máximo Kirchner salieron a torpedear luego el encuentro molestos porque Juntos por el Cambio pusiera condiciones para reunirse. Resultado: se suspendió. Pero el propio Alberto Fernández y Sergio Massa siguieron trabajando para que la reunión se realizara y el domingo siguiente el gobernador Gerardo Morales confirmó que se haría en el Congreso el lunes o martes de la semana que pasó. El jujeño es amigo del presidente de la Cámara baja y habló también por lo menos dos veces con el primer mandatario esos días
Sin embargo el clima comenzó a enrarecerse hacia el fin de semana, cuando trascendió que Martín Guzmán no iría al Congreso y que los recibiría en el ministerio. En JxC había resistencias para ir allí, aunque en ese caso hubieran estado al menos los gobernadores. El lunes 17 fuentes del Palacio de Hacienda aclararon que el encuentro no estaba en la agenda del ministro. Pasado el mediodía el propio Gerardo Morales confirmó que no se hacía.
El presidente del radicalismo, que se había mostrado más propenso a la negociación, terminó exhibiendo su fastidio: “Guzmán no quiere dar cuenta del ajuste que pactó con el Fondo”, expresó dejando de lado las buenas formas que se había esforzado en mantener. Y a continuación toda la dirigencia de Juntos por el Cambio se dedicó a criticar con dureza al gobierno por semejante desaire. Nada mejor para un JxC que venía exhibiendo diferencias que la posibilidad de unificar voces y críticas ante la actitud del gobierno.
Es inentendible que ese encuentro no se haya hecho, en un momento en que el gobierno necesita dar señales de cohesión para el avance de las negociaciones por la deuda. Es verdad que las críticas al cabo del fallido encuentro podrían haber sido muy duras, pero podrían haber tratado de acordar cierta moderación.
Lo cierto es que todo lo que sucedió no hizo más que certificar que en el gobierno conviven dos posturas encontradas particularmente sobre la deuda y ello quedó claramente expuesto. Un sector buscó deliberadamente abortar ese encuentro y el otro sector no hizo mucho por concretarlo. Más aún, en lugar de abonar esa relación con el presidente del radicalismo para potenciar las eventuales diferencias internas en JxC, el mismo día en el que debía haberse concretado la reunión de la oposición con el ministro de Economía, el titular de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, visitaba en Jujuy a Milagro Sala junto a la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elisabeth Gómez Alcorta -exabogada de la líder de la Tupac Amaru-. No fue además una visita de cortesía, sino toda una señal que el ministro camporista rubricó con un tuit en el que habló de la necesidad de “reconstruir una Justicia que no persiga opositores y que garantice a las y los argentinos sus derechos, más allá de los poderes de turno”.
Wado es uno de los principales alfiles de la vicepresidenta, que cuando va a la Rosada no se dirige al despacho presidencial, sino al del ministro del Interior. Y nadie duda de que el viaje a Jujuy fue a instancias de ella. Como cuando Wado encabezó la serie de renuncias post PASO. Y nada inquieta más a Gerardo Morales que la situación de Milagro Sala, de modo tal que su relación con el gobierno hoy está detonada.
En el mismo sentido podría interpretarse la nueva carta de Cristina Kirchner difundida justo cuando el canciller Santiago Cafiero se reunía con Antony Blinken, para auscultar un apoyo político del gobierno norteamericano en la difícil negociación con el FMI. La misiva vicepresidencial no aportó ninguna novedad a su postura conocida, ratificando críticas a Macri por pedir semejante crédito y al Fondo por dárselo. No es que el texto vaya a generar mayores discordias, pero a nadie le es ajeno el efecto que el protagonismo de la exmandataria puede generar en el país del Norte.
Así como Wado de Pedro no iría a ver a Milagro Sala sin la venia de la vicepresidenta -para más datos, viajó en el avión oficial del Chaco, cuyo gobernador Jorge Capitanich visitó a Cristina en Santa Cruz días pasados-, Oscar Parrilli tampoco hace nada que no sepa o mande su jefa. Así debe interpretarse el proyecto para reestatizar un tercio de los partidos de la Liga Profesional. “No le costará un peso al Estado”, aclaraba el senador el viernes, que bien sabe que los contratos vigentes son hasta 2030 con Disney y 2027 con TNT, empresas que no aceptarían impávidas semejante medida.
Según las fuentes oficiales el Ejecutivo postergó para febrero las sesiones extraordinarias. El diputado radical le exigió que “debe enviar proyectos para mejorar la situación económica”.
Los días pasan y el Gobierno aún no convocó al Congreso a sesiones extraordinarias en enero, aunque según fuentes oficiales aclararon que se decidió postergar la citación al menos hasta febrero. En este contexto, el diputado nacional Miguel Ángel Bazze (UCR – Buenos Aires) le exigió al Gobierno nacional a través de su cuenta de Twitter que “deje de dar vueltas, convoque a extraordinarias y envié proyectos”.
“El gobierno hasta acá no ha hecho más que mentir. Tiene que dejar de dar vueltas, convocar a extraordinarias y enviar proyectos para mejorar la situación económica. Los estamos esperando. Sus irresponsables enfrentamientos internos y su incapacidad siguen paralizando al país”, reprochó Bazze.
Fuentes oficiales insistían con una inminente convocatoria al Congreso para debatir un temario con proyectos que originalmente se esperaba incluyeran el ahora en veremos Plan Plurianual. La agenda fue sufriendo sucesivas postergaciones.
Contrariamente a lo que se había anunciado de manera informal, el Gobierno no convocó al Congreso a sesiones extraordinarias en el primer mes del año. Si bien esta última semana se había dejado trascender la intención de una inminente convocatoria por parte del Ejecutivo a partir del lunes 24 de enero, pasó la semana sin que el esperado decreto se publicara en el Boletín Oficial. Ahora fuentes consultadas aclararon que se decidió postergar la citación al menos hasta el 1 de febrero. Se verá.
Esto es, habrá que esperar entonces que a lo largo de la próxima semana el presidente rubrique finalmente la convocatoria para las sesiones extraordinarias a partir de febrero. Mientras tanto, continúa analizando los temas que serían incluidos en el decreto en cuestión.
En efecto, luego de mucha insistencia respecto de que el mes de enero tendría bastante actividad, se aclaró que la misma se iniciaría a partir de la segunda quincena. Esto es, se les dieron instrucciones a los legisladores para que estuvieran dispuestos para trabajar a partir del 17 de enero.
Así y todo, no hubo ninguna convocatoria para reanudar la tarea esta última semana y todo quedó para el 24, y ahora para el mes que viene.
Lo cual tiene que ver con la historia misma del Congreso de la Nación. Recordemos que tal cual informara parlamentario.com, de los últimos 20 años el Congreso funcionó en enero solamente en 2002, cuando la crisis de fines de 2001, y en el inicio de la gestión de Alberto Fernández, que llamó a sesionar el 29 de enero de 2020, antes de la pandemia.
Ahora, con un Congreso tan ajustado en ambas cámaras y luego de haber perdido las elecciones intermedias, el Gobierno debe tomar sus recaudos antes de convocar a sesionar. De tal manera, debe elaborar una lista de proyectos que puedan ser consensuados con la oposición, de manera de ahorrarse sorpresas.
Se espera que en las eventuales sesiones de febrero puedan tratarse temas como el Consenso Fiscal 2022, firmado por todos los gobernadores, menos el jefe de Gobierno porteño, a través del cual las provincias pueden modificar impuestos para readecuar la estructura recaudatoria.
Un tema que sí o sí debiera figurar en el temario es la reforma del Consejo de la Magistratura, a partir de la imposición de la Corte Suprema de Justicia que le puso plazo hasta el 15 de abril a que el Congreso elabore una nueva ley, luego de declarar inconstitucional la ley sancionada en 2006. O bien que recomponga directamente el Consejo, elevando su número a 20 miembros.
Se especula con que también se incluya en el eventual temario el proyecto de ley marco para la producción medicinal de cannabis y cáñamo industrial, como así también la ley de electromovilidad para el mercado de los autos eléctricos; la ley de agroindustria y el régimen de promoción industrial automotriz.
Y si se alcanza un acuerdo con el Fondo Monetario en el transcurso de febrero, debería enviarse al Congreso la carta de intención para su aprobación, y eventualmente el Plan Plurianual, que Alberto Fernández había prometido enviar en la primera semana de diciembre, y que quedó envuelto en una nebulosa, sobre todo a partir del fracaso del tratamiento del Presupuesto 2022.
Un análisis exhaustivo realizado por parlamentario.com de los últimos 20 años muestra que en ese tiempo hubo 129 sesiones en ambas cámaras entre diciembre y febrero. A razón de 68 sesiones en Diputados y 60 en Senado.
Una y otra vez el Gobierno anuncia el envío de proyectos para su tratamiento en extraordinarias, en lo que ya representa una constante de esta administración. En el inicio de la misma, el Gobierno de Alberto Fernández hizo tantos anuncios referidos al envío de proyectos para su tratamiento durante el verano, que muchos se preguntaban por qué no reservaba material para el período ordinario.
Más tarde se verificaría que era un modo de gestión el anunciar iniciativas que en algunos casos ni siquiera llegarían a las comisiones. Lo cierto es que el esquema servía para dar señales de una supuesta actividad legislativa en tiempos de receso; es muy necesario para todo gobierno dar la señal de que se tiene el control del Congreso y esta administración encontró esa vía para dar esa señal, a sabiendas de que los números en Diputados nunca le fueron muy favorables. También le sirvió para mantener atentos tanto al oficialismo como a la oposición por eventuales convocatorias.
Lo que sucedió en el verano 2020 se repitió en 2021 y persiste en la actualidad, con el anuncio de temarios para extraordinarias que pecan por exceso. Hoy por ejemplo se mencionan temas que van desde la nueva ley de hidrocarburos, a la ley agroindustrial, compre argentino y electromovilidad, por citar solo algunos proyectos a los que se puede agregar el Consenso Fiscal 2022, que debe pasar por el Congreso.
No es de los temas que mencionan desde el Gobierno como prioritarios, pero sin dudas debería tratar el Congreso un nuevo proyecto para reformar el Consejo de la Magistratura y cumplir así con lo dispuesto por la Corte Suprema, que dio un plazo perentorio para avanzar con el tema para antes del 16 de abril.
De manera omnipresente está la cuestión de la deuda y ya se sabe que cuando avancen las negociaciones y se alcance el eventual acuerdo con el Fondo Monetario, el proyecto deberá pasar por el Congreso de la Nación. Y también el plan plurianual, que el 14 de noviembre del año pasado el presidente anticipó que enviaría al Parlamento en la primera semana de diciembre, pero eso no sucedió y no hay señales de cuándo va a ser enviado, si eso sucede.
En este marco se les pidió a los legisladores estar disponibles a partir del 17 de enero para la eventual convocatoria a extraordinarias, que tarde o temprano llegará. Pero hay que recordar también que todos los proyectos que vayan al recinto deberán pasar por comisiones que antes tendrán que constituirse, ya que la única que ha sido conformada en diciembre pasado fue la de Presupuesto y Hacienda en ambas cámaras, para tratar la Ley de Leyes y Bienes Personales.
Diciembre fue precisamente una muestra en ese sentido. El Poder Ejecutivo prorrogó las sesiones ordinarias hasta fin de año, pero solo se trataron esos dos proyectos, con los resultados polémicos que todos recuerdan. Y con un escenario tan ajustado como mostraron las votaciones de fin de año, seguramente el oficialismo lo analizará profundamente antes de exponerse a abrir las puertas de los recintos.
Es absolutamente común que los poderes ejecutivos pongan a funcionar al Congreso en el verano con las sesiones extraordinarias. Mas no en enero, a decir verdad. En efecto, más allá del caso de 2002, consecuencia del estallido de 2001, en los últimos veinte años solo una vez el Congreso sesionó en el primer mes del año. Y como para darle cierto crédito a este Gobierno cuando anticipa un inminente llamado a extraordinarias, hay que decir que el único antecedente fuera del ya citado de 2002 le corresponde a esta administración.
En efecto, en su primer año el Gobierno de Alberto Fernández llamó a sesionar en el mes de enero de 2020: el miércoles 29, cuando todavía la pandemia era un mal lejano y desconocido, la Cámara de Diputados sesionó para tratar el proyecto de sostenibilidad de la deuda y el Consenso Fiscal 2019. Ese era un gobierno recientemente consagrado por una abrumadora cantidad de votos y así fue que el proyecto de sostenibilidad de la deuda salió por consenso, aprobado por 224 votos afirmativos y solo dos en contra (de la izquierda), más una abstención, del socialista Enrique Estévez.
En el caso del Consenso Fiscal, que suspendía la rebaja de Ingresos Brutos y otros impuestos, tuvo 157 votos a favor, 54 negativos y 7 abstenciones.
El Senado no sesionó ese año sino hasta el mes de febrero, y entonces lo hizo en tres oportunidades.
Un análisis exhaustivo realizado por parlamentario.com permite observar que en los últimos 20 años, hubo 129 sesiones en ambas cámaras entre diciembre y febrero. A razón de 69 sesiones en la Cámara de Diputados y 60 en el Senado.
¿Cuál fue el mes en el que hubo más sesiones? Siempre diciembre es el más activo; el 73% de las sesiones estivales se realizaron desde 2002 al presente en el último mes del año en la Cámara baja, mientras que ese porcentaje es del 70% en la Cámara de Senadores.
Veamos la Cámara baja: 50 sesiones se realizaron en el mes de diciembre, 5 en enero y 13 en febrero.
En el Senado hubo 42 sesiones en diciembre, ninguna en enero y 18 en el mes de febrero.
Hagamos una salvedad relacionada con el período más convulsivo de la política contemporánea, que fue el de la crisis que sucedió a la caída de Fernando de la Rúa. Como se recordará, hubo una sucesión de 5 presidentes y por eso se registraron entre diciembre 2001 y enero 2002 tres asambleas legislativas para designar a Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Duhalde. De ahí que contabilizamos esas tres sesiones en la Cámara baja, porque allí se realizaron geográficamente, pero con la presencia obvia de senadores nacionales.
Ese 2001/2002 se registraron entonces dos asambleas legislativas en diciembre y una sesión de prórroga de ordinarias, en tanto que en el Senado hubo 2 sesiones extraordinarias en diciembre de 2001. El 1° de enero de 2002 se registró la tercera asamblea legislativa, en la que designaron a Duhalde presidente, y luego hubo 3 sesiones de prórroga de ordinarias ese mes, y una más en febrero. En el Senado, hubo dos sesiones extraordinarias en el mes de diciembre y una en febrero.
Solo dos veces no hubo sesiones extraordinarias en los últimos 20 años. La más notoria fue en el período ordinario 2009, cuando no hubo ninguna reunión en la Cámara baja y solo una de prórroga de ordinarias en el Senado, el 2 de diciembre de 2009.
Formalmente tampoco hubo sesiones extraordinarias en 2008, pero los recintos estuvieron muy activos pues hubo prórroga de ordinarias en diciembre y en ese marco se registraron 6 sesiones en la Cámara baja y 3 en la Alta.
Cuatro veces no hubo actividad en el recinto de la Cámara baja entre diciembre y febrero. Fue en los años 2009, 2010, 2013 y 2015. En esas oportunidades sí se reunió el Senado. En 2009, como dijimos, el 2 de diciembre; en 2010 hubo dos sesiones extraordinarias en diciembre en la Cámara alta; en 2013 el Senado tuvo una prórroga de ordinarias el 4 de diciembre y una sesión extraordinaria el 18, y en el período 2015 hubo una sesión de prórroga de ordinarias el 3 de diciembre, otra sesión en minoría el 9 de diciembre venidero y dos sesiones extraordinarias el 11 y el 23 de febrero de 2016.
Estamos hablando de la gestión de Mauricio Macri, quien antes de asumir había recibido la recomendación de los más experimentados de los suyos de no llamar a sesiones hasta tanto no tuviera certeza con los números, pues de hecho Cambiemos había arrancado siendo segunda minoría en la Cámara baja. En el verano se produjeron desgajamientos en el bloque K y el oficialismo pasó a ser primera minoría en la Cámara baja, pero aún muy lejos del quórum. Así, solo sesionó el Senado para tratar acuerdos de embajadores.
Un recurso muy utilizado por los gobiernos es extender las sesiones ordinarias, lo cual permite el tratamiento de todo tipo de temas, a diferencia de las extraordinarias, en que solo se admite el análisis de la agenda habilitada por el Poder Ejecutivo.
Es lo que hizo el Gobierno de Alberto Fernández este año al prorrogar las sesiones ordinarias hasta el último día de diciembre, lo cual permitió que la oposición forzara el tratamiento de la modificación de Bienes Personales.
Y fue lo que ya había hecho en diciembre de 2020, cuando hubo dos sesiones de prórroga de ordinarias en cada una de las cámaras. En febrero, ya habilitó extraordinarias para realizar una sesión en la Cámara baja y dos en el Senado.
No fue la modalidad adoptada por Mauricio Macri, que como dijimos en su primer verano solo llamó a sesionar al Senado para tratar pliegos de embajadores. Esa vez el gobierno saliente prorrogó ordinarias hasta el 9 de diciembre y así realizó una sesión en el Senado el 3 de diciembre de 2015 e intentó volver a reunirse el 9 de diciembre, último día de la gestión de Cristina Kirchner, pero no reunió quórum y lo hizo en minoría.
Si hablamos de sesiones en minoría, son las alternativas que salvo el caso mencionado trata de impulsar la oposición aprovechando la prórroga de ordinarias. Solo hubo cuatro casos en los últimos años: el mencionado de 2015 en el Senado, y en la Cámara baja una sesión en 2006 y dos en 2008.
Ya que mencionamos 2008, incluimos en este racconto una sesión de homenaje celebrada en la Cámara baja el 10 de diciembre de ese año para conmemorar los 25 años de la recuperación de la democracia.
El período 2005 fue el de más sesiones extraordinarias con 12: 7 en la Cámara baja (5 en diciembre y 2 en febrero) y 5 en el Senado (3 en diciembre y 2 en febrero).
Si bien no hemos contabilizado en este trabajo las sesiones preparatorias ni las asambleas legislativas por la asunción de presidentes (salvo los de la crisis de 2001/2002), sí contabilizamos la asamblea legislativa de febrero de 2008 en homenaje al presidente brasileño Lula Da Silva. Otra actividad que contabilizamos fue la asamblea informativa de febrero de 2020 en la que el ministro Martín Guzmán informó al pleno sobre la deuda externa.
A continuación, veremos el detalle de todos los períodos de verano en el Congreso de la Nación en materia de sesiones:
| Diciembre | Enero | Febrero | |
| Diputados | Prórroga Especial 10/12/2020 | Extraordinarias 11/02/2021 | |
| Prórroga Especial 29/12/2020 | |||
| Senado | Prórroga Especial 04/12/2020 | Extraordinarias 04/02/2021 | |
| Prórroga Especial 29/12/2020 | Extraordinarias 24/02/2021 |
| Diciembre | Enero | Febrero | |
| Diputados | Extraordinarias 19/12/2019 | Extraordinarias 29/01/2020 | Extraordinarias Informativa Especial 12/02/2020 |
| Extraordinarias cont. 19/12/2019 | Extraordinarias 27/02/2020 | ||
| Senado | Extraordinarias 20/12/2019 | Extraordinarias 05/02/2020 | |
| Extraordinarias 20/02/2020 | |||
| Extraordinarias 28/02/2020 |
| Diciembre | Enero | Febrero | |
| Diputados | Extraordinarias 05/12/2018 | ||
| Extraordinarias 06/12/2018 | |||
| Extraordinarias 18/12/2018 | |||
| Senado | Extraordinarias 19/12/2018 | ||
| Extraordinarias 12/12/2018 |
| Diciembre | Enero | Febrero | |
| Diputados | Extraordinarias 14/12/2017 | ||
| Extraordinarias 18/12/2017 | |||
| Extraordinarias cont. 19/12/2017 | |||
| Extraordinarias 21/12/2017 | |||
| Senado | Extraordinarias 27/12/2017 |
| Diciembre | Enero | Febrero | |
| Diputados | Extraordinarias 06/12/2016 | ||
| Extraordinarias 22/12/2016 | |||
| Extraordinarias 15/02/2017 | |||
| Senado | Extraordinarias 14/12/2016 | ||
| Extraordinarias 21/12/2016 |
| Diciembre | Enero | Febrero | |
| Diputados | — | — | — |
| Senado | Prórroga de ordinarias 03/12/2015 | ||
| En minoría 09/12/2015 | |||
| Extraordinarias 11/02/2016 | |||
| Extraordinarias 23/02/2016 |
| Diciembre | Enero | Febrero | |
| Diputados | Prórroga Especial 04/12/2014 | ||
| Prórroga Especial 16/12/2014 | |||
| Extraordinarias 25/02/2015 | |||
| Senado | Prórroga de Ordinarias 03/12/2014 | ||
| Prórroga de Ordinarias 10/12/2014 | |||
| Prórroga de Ordinarias 17/12/2014 | |||
| Extraordinarias 29/12/2014 | |||
| Extraordinarias 12/02/2015 |
| Diciembre | Enero | Febrero | |
| Diputados | — | — | — |
| Senado | Prórroga de Ordinarias 04/12/2013 | ||
| Extraordinarias 18/12/2013 |
| Diciembre | Enero | Febrero | |
| Diputados | Extraordinarias 19/12/2012 | ||
| Extraordinarias 27/02/2013 | |||
| Senado | Extraordinarias 19/12/2012 | ||
| Extraordinarias 21/02/2013 |
| Diciembre | Enero | Febrero | |
| Diputados | Extraordinarias 14/12/2011 | ||
| Extraordinarias 15/12/2011 | |||
| Senado | Extraordinarias 14/12/2011 | ||
| Extraordinarias 21/12/2011 | |||
| Extraordinarias 22/12/2011 |
| Diciembre | Enero | Febrero | |
| Diputados | — | — | — |
| Senado | Extraordinarias 15/12/2010 | ||
| Extraordinarias 22/12/2010 |
| Diciembre | Enero | Febrero | |
| Diputados | — | — | — |
| Senado | Prórroga de Ordinarias 02/12/2009 |
| Diciembre | Enero | Febrero | |
| Diputados | Prórroga Especial 03/12/2008 | ||
| Prórroga de Ordinarias 03/12/2008 | |||
| Prórroga Especial Homenaje 10/12/2008 | |||
| Prórroga de Ordinarias 10/12/2008 | |||
| Prórroga Especial 17/12/2008 | |||
| Prórroga de Ordinarias cont. 17/12/2008 | |||
| Prórroga Especial en Minoría 18/12/2008 | |||
| Prórroga Especial en Minoría 18/12/2008 | |||
| Senado | Prórroga de Ordinarias 10/12/2008 | ||
| Prórroga de Ordinarias 17/12/2008 | |||
| Prórroga de Ordinarias 18/12/2008 |
| Diciembre | Enero | Febrero | |
| Diputados | Prórroga de Ordinarias cont. 04/12/2007 | ||
| Prórroga Especial 19/12/2007 | |||
| Prórroga de Ordinarias 26/12/2007 | |||
| Extraordinarias Pte. Lula 22/02/2008 | |||
| Extraordinarias 28/02/2008 | |||
| Senado | Prórroga de Ordinarias 05/12/2007 | ||
| Prórroga de Ordinarias 12/12/2007 | |||
| Prórroga de Ordinarias 19/12/2007 | |||
| Prórroga de Ordinarias 26/12/2007 | |||
| Extraordinarias 13/02/2008 | |||
| Extraordinarias 27/02/2008 |
| Diciembre | Enero | Febrero | |
| Diputados | Prórroga de Ordinarias cont. 06/12/2006 | ||
| Prórroga de Ordinarias 06/12/2006 | |||
| Prórroga Especial Minoría 13/12/2006 | |||
| Prórroga de Ordinarias cont. 13/12/2006 | |||
| Prórroga de Ordinarias 13/12/2006 | |||
| Prórroga de Ordinarias cont. 14/12/2006 | |||
| Prórroga de Ordinarias 14/12/2006 | |||
| Prórroga de Ordinarias cont. 14/12/2006 | |||
| Prórroga de Ordinarias 20/12/2006 | |||
| Extraordinarias 13/02/2007 | |||
| Extraordinarias 27/02/2007 | |||
| Senado | Prórroga de Ordinarias 06/12/2006 | ||
| Prórroga de Ordinarias 13/12/2006 | |||
| Prórroga de Ordinarias 20/12/2006 | |||
| Extraordinarias 13/02/2007 |
| Diciembre | Enero | Febrero | |
| Diputados | Extraordinarias 14/12/2005 | ||
| Extraordinarias cont. 15/12/2005 | |||
| Extraordinarias cont. 21/12/2005 | |||
| Extraordinarias 22/12/2005 | |||
| Extraordinarias cont. 22/12/2005 | |||
| Extraordinarias 22/02/2006 | |||
| Extraordinarias 23/02/2006 | |||
| Senado | Extraordinarias 14/12/2005 | ||
| Extraordinarias 21/12/2005 | |||
| Extraordinarias 22/12/2005 | |||
| Extraordinarias 15/02/2006 | |||
| Extraordinarias 22/02/2006 |
| Diciembre | Enero | Febrero | |
| Diputados | Prórroga de Ordinarias 01/12/2004 | ||
| Prórroga Especial 14/12/2004 | |||
| Prórroga Especial cont. 15/12/2004 | |||
| Prórroga de Ordinarias 16/12/2004 | |||
| Extraordinarias 09/02/2005 | |||
| Senado | Prórroga de Ordinarias 01/12/2004 | ||
| Prórroga de Ordinarias 16/12/2004 | |||
| Prórroga de Ordinarias 16/12/2004 | |||
| Extraordinarias 03/02/2005 | |||
| Extraordinarias 24/02/2005 |
| Diciembre | Enero | Febrero | |
| Diputados | Prórroga de Ordinarias cont. 03/12/2003 | ||
| Prórroga de Ordinarias cont. 04/12/2003 | |||
| Prórroga de Ordinarias 17/12/2003 | |||
| Senado | Prórroga de Ordinarias 04/12/2003 | ||
| Prórroga de Ordinarias 17/12/2003 | |||
| Extraordinarias 24/02/2004 |
| Diciembre | Enero | Febrero | |
| Diputados | Prórroga Especial 19/12/2001 | ||
| Asamblea Renuncia De la Rúa 21/12/2001 | |||
| Asamblea Juramento Rodríguez Saá 22/12/2001 | |||
| Asamblea Juramento Duhalde 01/01/2002 | |||
| Prórroga Especial 05/01/2002 | |||
| Prórroga Especial 23/01/2002 | |||
| Prórroga Especial 30/01/2002 | |||
| Prórroga Especial 28/02/2002 | |||
| Senado | Extraordinarias 18/12/2002 | ||
| Extraordinarias 26/12/2002 | |||
| Extraordinarias 26/02/2002 |
De 31 proyectos de ley incluidos en cuatro decretos, solo se sancionaron 11. Los cambios en Ganancias, el Consenso Fiscal y la reforma judicial, entre los principales temas pendientes para el período ordinario que comenzará el lunes.
Tras la intensa actividad parlamentaria del año pasado, el Congreso no logró estar a la altura del ambicioso temario propuesto por el Poder Ejecutivo para este verano. De los 31 proyectos incluidos en la prórroga de ordinarias y la convocatoria a extraordinarias, solo 11 fueron convertidos en ley, mientras que el resto será abordado a partir del próximo lunes, tras la Asamblea Legislativa a cargo de Alberto Fernández.
Enero fue, como marca la tradición, tiempo de receso. Si bien se especuló con que la Cámara de Diputados sesionara a fines de ese mes, la primera convocatoria del año se concretó recién el 11 de febrero, mientras que el Senado realizó ya tres sesiones, el 4 y el 24 de febrero, incluyendo la preparatoria de renovación de autoridades.
Por eso, una vez que el presidente deje inaugurado el 139° período de sesiones ordinarias, el oficialismo buscará acelerar la votación de algunas leyes clave, como el Consenso Fiscal y las modificaciones en el impuesto a las Ganancias, antes de que empiece a rodar el calendario electoral.
El 30 de noviembre, día en que culminó el período legislativo 2020, el presidente firmó el decreto donde prorrogó las sesiones ordinarias hasta el 11 de diciembre y convocó a sesiones extraordinarias desde el 12 de ese mes hasta el 28 de febrero. Incluyó entonces nada menos que 25 proyectos de ley.
Sin embargo, dado que ese cronograma imposibilitaba la firma del dictamen sobre la legalización del aborto, el Ejecutivo volvió sobre sus pasos y resolvió que la prórroga del período ordinario sea hasta el 3 de enero, y las extraordinarias, desde el 4 de ese mes hasta el 28 de febrero. En ese mismo decreto, incorporó dos nuevos temas para su tratamiento.
A fines de enero llegó un tercer decreto, donde se sumaron otros siete temas, y finalmente el Ejecutivo firmó un cuarto y último decreto para agregar el proyecto sobre Ganancias. Fueron, en total, cuatro decretos con 35 temas a tratar, entre proyectos de ley y pedidos de acuerdo para jueces y diplomáticos.
En un fin de año frenético, el Congreso sancionó la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que dará sus frutos en marzo con el primer aumento -rondará el 8%-. Pero además, en una jornada histórica, se aprobó la despenalización y legalización del aborto, junto con el Programa de los Mil Días, orientado al embarazo y la primera infancia.
Otras de las leyes que vieron la luz en diciembre fueron el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas –también llamado “impuesto a la riqueza”-; las modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego; y la transferencia de fondos a la Ciudad por el traspaso de la Policía Federal, que implicó un recorte en la coparticipación porteña.
Ya en febrero, se aprobó el proyecto para que el Congreso autorice los acuerdos con el FMI y la emisión extraordinaria de deuda. Finalmente, fueron avaladas las leyes de incentivo a la construcción privada; aumento del presupuesto en ciencia y tecnología; y compensación económica para familiares de los tripulantes del ARA San Juan.
Nada menos que veinte proyectos del temario ampliado quedaron pendientes para el año legislativo, entre ellos ni más ni menos que la reforma judicial y la del Ministerio Público, dos temas que mantienen en alerta a Juntos por el Cambio, la principal bancada de la oposición.
Ambas iniciativas cuentan con aprobación del Senado y ahora dependen de Diputados, así como el Consenso Fiscal 2020 y las modificaciones en la Ley de Defensa de la Competencia. La suba del mínimo no imponible de Ganancias y el etiquetado frontal de alimentos son otros de los temas en carpeta en la cámara presidida por Sergio Massa.
Dentro del listado elaborado por el Ejecutivo también figuraban incentivos para la inversión en instrumentos financieros emitidos en pesos; la creación de un Sistema de Cobertura y Promoción del Crédito Hipotecario; y un marco legal para la elaboración, registro, comercialización y control de productos fitosanitarios y agroquímicos.
Asimismo, se incluía un nuevo Régimen Jurídico para la Prevención y Control del Dopaje en el Deporte; la suspensión de las causales de caducidad de los partidos políticos por la pandemia; la suspensión de la inscripción de las SAS (Sociedades por Acciones Simplificadas); modificaciones en el monotributo; y una ley de educación ambiental.
Finalmente, quedaron pendientes iniciativas sobre reactivación de la obra pública para vivienda; la suspensión de una rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas; la implementación del Código Procesal Penal Federal; el cupo laboral travesti/trans; un acuerdo entre la Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea; y ni más ni menos que la propuesta para suspender las PASO, por ahora sin consenso.
De esos últimos proyectos, el vinculado a Ganancias es uno de los principales, ya que sería utilizado para compensar la futura suba del mínimo no imponible. Es que según se estableció en la reforma tributaria de 2017, las empresas debían tributar un 25% en 2021, pero dada la necesidad de recaudación se busca retornar a la alícuota original del 30% que se aplicó en 2018, 2019 y 2020.
Por otra parte, en Diputados sigue cajoneada la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, y de no tratarse, en mayo caducarán los beneficios impositivos para más de medio centenar de plantas productoras. A pesar de los reclamos y las promesas de tratamiento, el Ejecutivo nunca habilitó el debate en el verano.
A los proyectos pendientes se suman los acuerdos que debe tratar el Senado para el Poder Judicial, el Ministerio Público, personal superior de las Fuerzas Armadas y el Banco Central.
Será en el marco de dos sesiones que tendrán lugar a partir de las 14: la preparatoria y luego arrancará la última sesión extraordinaria en esa cámara.
El Senado tendrá a partir de las 14 de este miércoles una doble jornada: en primer lugar se realizará la tradicional sesión preparatoria y luego, a partir de las 15, arrancará la segunda sesión extraordinaria de este año que ha sido citada por la vicepresidenta Cristina Kirchner para tratar una serie de proyectos, entre ellos el Consenso Fiscal 2020 firmado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores de 21 provincias.
En primer lugar, tal como establece el reglamento, la Cámara alta renovará sus autoridades y se espera que todas ellas sean ratificadas por un nuevo año: la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, y los vicepresidentes Martín Lousteau (UCR-Evolución), Maurice Closs (Frente de Todos) y Laura Rodríguez Machado (Pro).
Luego, el Senado abordará un temario de cuatro proyectos de ley y tres pliegos de candidatos a embajadores, Luis Ilarregui (Cuba), Ariel Basteiro (Bolivia) y Sabino Vaca Narvaja (China), quienes cuentan con aval de la Comisión de Acuerdos.
El tema principal de la sesión será la ratificación del Consenso Fiscal firmado el 4 de diciembre pasado por el presidente y 21 de los 24 gobernadores -las excepciones fueron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los mandatarios de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y de La Pampa, Sergio Ziliotto-.
A través de este nuevo pacto, que actualiza el firmado originalmente en 2017, se suspenderán hasta el 31 de diciembre las exenciones y reducciones impositivas que habían sido pactadas en ese entonces, debido a la pandemia del Covid-19 y la necesidad de mayor recaudación.
A su vez, se le permitirá a las provincias tomar deuda en pesos y se limitará el endeudamiento en dólares, y se suspenderán por un año las demandas judiciales contra el Estado Nacional, uno de los motivos por los cuales Rodríguez Larreta, que presentó una demanda ante la Corte Suprema por el recorte de la coparticipación, se negó a firmar el documento.
En ese sentido, también se establece que la transferencia de servicios, competencias y funciones de Nación a provincias ya no será a través de la coparticipación, sino de partidas presupuestarias.
El Senado también tratará otros tres proyectos que ya cuentan con aprobación de la Cámara de Diputados, el primero de ellos para promover la construcción de obras privadas nuevas a través de diferentes beneficios impositivos, como por ejemplo la exención del impuesto a los Bienes Personales, durante dos años, a los activos financieros que se apliquen a esas construcciones.
Otra de las iniciativas apunta a incrementar de forma progresiva el presupuesto destinado a ciencia y tecnología, desde el 0,28% del PBI en 2021 hasta alcanzar el 1% en 2032, con una perspectiva federal en el reparto de esos fondos.
Por último, se votará una reparación económica de carácter extraordinario para familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, por un monto de alrededor de 7.000.000 de pesos que serán entregados por única vez a los hijos, progenitores, cónyuges o convivientes de las víctimas, según corresponda.
El diputado “Topo” Rodríguez calificó como una “provocación” que en la tercera ampliación del temario se excluyera el proyecto que el oficialismo se comprometió a tratar.
Luego de que se publicara en el Boletín Oficial una nueva ampliación del temario de sesiones extraordinarias para tratar las reformas en el impuesto a las Ganancias, el diputado de Consenso Federal Alejandro “Topo” Rodríguez criticó que se excluyera la prórroga de la Ley de Promoción de los Biocombustibles, un proyecto que cuenta con aprobación del Senado y que el oficialismo se había comprometido a tratar durante el verano.
Rodríguez advirtió que “el gobierno del Frente de Todos sigue negándose a cumplir el compromiso parlamentario de tratar la prórroga a la Ley de Biocombustibles en el período de sesiones extraordinarias”.
“No puede interpretarse de otra manera que no sea una provocación el hecho de que el Poder Ejecutivo apruebe cuatro decretos para poner 35 proyectos en la agenda de extraordinarias y se niegue de manera sistemática a incorporar lo que es un compromiso parlamentario y también un compromiso público”, amplió el legislador lavagnista.
A fines de diciembre, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, informó que en enero se trataría la prórroga del Régimen de Biocombustibles, pero el Ejecutivo no incorporó el proyecto en ninguna de las tres ampliaciones de temario, por lo que podrá ser tratado recién a partir de marzo.
Hace un mes, el bloque Consenso Federal -integrado por Rodríguez, Graciela Camaño y Jorge Sarghini- le envió una nota a Massa reclamando el tratamiento “urgente” de la iniciativa, ya que los beneficios impositivos dispuestos en la ley caducan en mayo y comprenden a productores de 54 plantas asentadas en diez provincias.
El Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el decreto ampliatorio del temario y el debate comenzaría la semana próxima en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Tal como había anunciado el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el Poder Ejecutivo publicó este jueves en el Boletín Oficial el decreto 106/21 que amplía el temario de las sesiones extraordinarias incorporando el proyecto presentado por el bloque del Frente de Todos para elevar a 150.000 pesos el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias.
Con las firmas del presidente Alberto Fernández y de Cafiero, el Ejecutivo autorizó así a que la iniciativa liderada por el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, pueda ser tratada antes del 1ro de marzo, día en que se inaugura el nuevo período de sesiones.
Con el decreto en mano, el oficialismo convocaría para la semana próxima a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Heller, para empezar a discutir el proyecto en reuniones informativas con la participación del ministro de Economía, Martín Guzmán, y de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
De esta forma, la votación en el recinto quedaría para las primeras semanas de marzo, según confiaron fuentes del oficialismo, que espera contar con amplio apoyo de la oposición, ya que tanto Juntos por el Cambio como el Interbloque Federal y Unidad Federal para el Desarrollo expresaron su aval.
Sin embargo, el interbloque presidido por Mario Negri propondrá algunas modificaciones, que tienen que ver con la brecha entre los trabajadores en relación de dependencia y los autónomos; el método de actualización (que sea semestral y no anual, y en base a la inflación y no al RIPTE); y las escalas del impuesto.
El proyecto liderado por Massa eleva a 150.000 pesos el piso a partir del cual se paga Ganancias, que actualmente es de 74.810 pesos para solteros y de 98.963 para casados con dos hijos.
A esa iniciativa se sumará otra encabezada por el “dipusindical” Facundo Moyano -que se dará a conocer este viernes y que cuenta con aval de gremios- para que el aguinaldo, las horas extra, viáticos y otros conceptos queden excluidos del impuesto.
Según las estimaciones del bloque presidido por Máximo Kirchner, hasta 2020 el 25,6% de los trabajadores y jubilados tributaban Ganancias, mientras que con la nueva ley dejarán de pagar este impuesto 1.267.000 contribuyentes.
Así lo anticipó el jefe de Gabinete, que anunció que la próxima semana publicarán la ampliación del temario con el proyecto de Sergio Massa.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunció este sábado que el Poder Ejecutivo Nacional habilitará la próxima semana el tratamiento del proyecto de ley de modificación del impuesto a las Ganancias presentado los últimos días por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.
De esta manera, el Gobierno enviará al Congreso una nueva ampliación del temario para las sesiones extraordinarias.
En declaraciones a Radio 10, el funcionario sostuvo que tienen la expectativa de que el tema “se apruebe cuanto antes”, ya que esos cambios permitirán que “1.200.000 personas dejen de pagar Ganancias, y eso se va a volcar directamente al consumo”.
Por otra parte, Cafiero le reclamó de paso a la Cámara de Diputados el tratamiento del proyecto de reforma judicial que ya cuenta con media sanción de la Cámara alta. “Durmió todo el año pasado en Diputados porque la oposición no lo quiere tratar”, se quejó el jefe de Gabinete.
“Necesitamos imperiosamente que las reformas que impulsamos se lleven adelante”, enfatizó Cafiero.
Sin mencionar puntualmente proyecto alguno sobre el tema, el Gobierno se hizo eco del pedido de un grupo de gobernadores para considerar la cuestión.
Un dato saliente de la reciente visita del presidente de la Nación a Chilecito, provincia de La Rioja -en el marco de la implementación de Ley de Capitales Alternas- fue sin dudas el pedido formulado por un grupo de gobernadores del norte para suspender las PASO. Un nuevo intento dentro del seno del oficialismo en favor de un deseo que hasta aquí fue atendido por Alberto Fernández, pero no encontró eco por lo menos en el Congreso de la Nación. Y cuando todo indicaba que no habría novedades en la materia, atento a la resistencia de la conducción del oficialismo parlamentario para dar curso a esa demanda de los mandatarios provinciales, el presidente dio a última hora del viernes un paso hacia su consideración.
Lo hizo al publicar el decreto 38/2021, a través del cual se amplía nuevamente el temario de sesiones extraordinarias, y si bien no incluye puntualmente el proyecto de la suspensión de las PASO, es como sí: incluye en el temario la “Emergencia Sanitaria y Calendario Electoral 2021”. A buen entendedor…
Con las firmas del presidente Alberto Fernández y su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el decreto contiene siete puntos y el mencionado es el último, que como se ve no aporta detalles, pero deja abierta la posibilidad a la posibilidad de alterar el cronograma electoral. Esto es, y no debe dejar de considerarse, modificar las fechas de las elecciones: algunas versiones vienen mencionando las últimas semanas la posibilidad de hacer un corrimiento; se habla de llevar las PASO al mes de octubre y las generales a diciembre.
En los temas mencionados en el decreto figura el proyecto de ley del Poder Ejecutivo mediante mensaje N°158/20 de fecha 27 de diciembre de 2020, correspondiente a un acuerdo para designar al defensor público oficial adjunto ante la Cámara Federal de Casación Penal a Guillermo Ariel Todarello; el tratamiento de acuerdos para la designación de autoridades del Banco Central, donde los últimos días hubo cambios; la reactivación de obra pública para vivienda -la semana pasada el presidente de la Cámara baja recibió al ministro del área, Jorge Ferraresi, para hablar del tema-; la implementación del Código Procesal Penal Federal; el Proyecto de ley de Promoción de Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, conocido como la ley Diana Sacayán – Lohana Berkins; y el proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo Marco entre la República Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea sobre Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación sobre el Centro Regional del Convenio de Basilea para la Capacitación y la Transferencia de Tecnología y sus Anexos.
Existe ya un proyecto para suspender las PASO, presentado a fines del año pasado por el diputado nacional del Frente de Todos Pablo Yedlin, a instancias del gobernador de su provincia, Juan Manzur, que pide suspender por única vez la realización de las elecciones primarias, atento a la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19. Por lo que se sabe, hasta ahora no hay disposición de la conducción del bloque oficialista -léase Máximo Kirchner- para avanzar con esa cuestión.
Con la adhesión del lavagnismo a la prórroga del Protocolo de Funcionamiento Remoto, el Frente de Todos consiguió el apoyo de todos los bloques minoritarios de la oposición para concretar la primera sesión del año el 26 o 27 de enero.
El oficialismo intentará sesionar la semana próxima en la Cámara de Diputados aun sin acuerdo de Juntos por el Cambio, que sigue firme en su postura de no acompañar la prórroga del Protocolo de Funcionamiento Remoto hasta tanto no se acuerde el temario a tratar, en miras de bloquear el posible tratamiento de temas conflictivos, como las reformas en la Justicia.
El bloque presidido por Máximo Kirchner sumó este martes el apoyo de Consenso Federal a través de la firma de Alejandro “Topo” Rodríguez, y con él se terminó de completar el espectro opositor que prestó su aval para seguir sesionando en modo mixto -con mayoría presencial y una minoría en modo virtual- hasta el 12 de febrero inclusive.
El acta cuenta con las firmas de Cecilia Moreau (Frente de Todos), José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo), Eduardo “Bali” Bucca (Interbloque Federal), Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal), Ricardo Wellbach (Frente de la Concordia Misionero), Andrés Zottos (Justicialista), Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino), Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro)Felipe Ávarez (Acción Federal), Enrique Estévez (Partido Socialista), Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) y el mencionado Rodríguez.
Desde el oficialismo aseguran que con todos esos adeptos ya existe un “consenso mayoritario” para habilitar las sesiones a pesar de que Juntos por el Cambio es, con 115 diputados, la segunda minoría de la Cámara.
Fuentes cercanas a la Presidencia recordaron que la Justicia ya determinó que Diputados tiene facultades para funcionar bajo sus propios reglamentos. En efecto, en octubre pasado, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1, Enrique Lavié Pico, rechazó un amparo presentado por Juntos por el Cambio sobre la validez de las sesiones remotas.
El magistrado argumentó entonces que “no corresponde al Poder Judicial intervenir y modificar la votación y decisión de cuestiones que son propias de los órganos correspondientes, en el caso, lo dispuesto por la Cámara de Diputados de la Nación”.
Bajo ese paragüas, el titular del cuerpo, Sergio Massa, podría convocar a una sesión para el 26 o 27 de enero, con un temario a definir entre la veintena de proyectos enumerados en el decreto de extraordinarias.
En ese sentido, el bloque lavagnista -integrado por Rodríguez, Graciela Camaño y Jorge Sarghini- reclamó este martes que se cumpla el acuerdo para tratar, antes de fin de mes, la prórroga hasta 2024 del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, que vence en mayo.
Sin embargo, ese proyecto -que cuenta con media sanción del Senado- todavía no puede tratarse porque no está incluido en el temario original del Poder Ejecutivo, y el decreto ampliatorio se hace esperar.
Otras de las iniciativas en danza tienen que ver con el aumento del presupuesto en ciencia y tecnología, la sostenibilidad de la deuda externa, incentivos para la construcción privada y un beneficio económico para familiares de los tripulantes del ARA San Juan, entre otras.
El protocolo fue renovado en los mismos términos que en diciembre y establece la “regla de asistencia presencial” de los diputados para garantizar el funcionamiento de la Cámara.
Así, se indica que “desde la fecha de la prórroga del protocolo y en las condiciones de su vigencia, las reuniones que realicen las distintas comisiones que conforman la Cámara, en las cuales se proceda a considerar y despachar asuntos sometidos a su consideración, tendrán plena validez”.
Únicamente quedarán exceptuados de asistir presencialmente los diputados que por razones de edad o salud no puedan movilizarse, y para ello deberán acreditar debidamente su condición sanitaria mediante un certificado médico remitido a la Secretaría General de la Presidencia.
El seguimiento de los certificados médicos estará a cargo de una subcomisión de diputados integrada por los oficialistas Ayelén Spósito, Daniela Vilar y Leonardo Grosso; Dolores Martínez (UCR); Rubén Manzi (Coalición Cívica); Soher El Sukaria (Pro) y Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro).
De este modo, los legisladores que resulten exceptuados quedarán autorizados a participar remotamente de las sesiones, y quienes no lo sean serán computados como ausentes.
Al momento del quórum y las votaciones, todos los diputados -incluidos los presentes en el recinto- deberán loguearse en la aplicación de la Cámara a través de la red VPN.
En una nota enviada a Sergio Massa, el bloque Consenso Federal pidió que el Ejecutivo amplíe el temario de extraordinarias para poder tratar el proyecto la semana próxima.
El bloque de diputados de Consenso Federal, integrado por Graciela Camaño, Jorge Sarghini y Aejandro “Topo” Rodríguez, pidió que se trate de modo “urgente” la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, ya que esta semana no pudo concretarse la sesión pautada por falta de acuerdo entre el oficialismo Juntos por el Cambio.
Los legisladores de Consenso Federal, que responden al exministro Roberto Lavagna, le enviaron una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, solicitando que vote lo antes posible el proyecto aprobado en el Senado, ya que el régimen caduca en mayo.
La iniciativa prevé beneficios impositivos hasta diciembre de 2024 para los productores de las 54 plantas asentadas en diez provincias argentinas.
“La continuidad del régimen es vertebral para la producción federal, el agregado de valor y el sosteniendo del trabajo en gran parte del territorio nacional”, sostuvieron los diputados de Consenso Federal en un comunicado.
Además, señalaron que “las necesidades y compromisos ambientales del país aconsejan no distraer esfuerzos en materia de biocombustibles. Su uso es una manera eficaz e ineludible de contribuir al cumplimiento efectivo del Acuerdo Climático de París, suscripto por la República Argentina y ratificado por el Congreso de la Nación en 2016”.
“La utilización de biocombustibles reduce entre un 70% y un 80% los gases de efecto invernadero, comparados con los combustibles fósiles. Avanzar en la ratificación del régimen también contribuirá a cimentar confianza y construir las certezas imprescindibles para atraer inversiones productivas. Cuanto menos se dependa de los devaneos de la política, más virtuosa resultará la planificación y concreción de ese tipo de inversiones”, consideraron en la nota.
Por eso, exigieron que el Poder Ejecutivo dicte un nuevo decreto ampliando el temario de extraordinarias, ya que el proyecto en cuestión no fue incorporado originalmente.
“Está claro que la agenda parlamentaria en sesiones extraordinarias debe ser fijada por el Poder Ejecutivo Nacional. El caso al que nos estamos refiriendo registra el compromiso de que se aprobará un decreto presidencial para incorporar la prórroga de la Ley de Biocombustibles en el temario de extraordinarias. Por eso es que solicitamos su cumplimiento”, aseguraron.
Por último, aclararon: “No está en nuestro ánimo ni forma parte de nuestras acciones imponer asuntos a ser tratados ni limitar el tratamiento de los que están previstos. Solo pedimos que se cumplan los acuerdos”.
La principal bancada de la oposición aun no adhirió a la prórroga del protocolo virtual, a la espera de que se establezcan de antemano los temas a tratar. La semana próxima podrían empezar a funcionar las comisiones.
Avanzan las tratativas en la Cámara de Diputados para concretar, tras un intenso año de trabajo, la primera sesión del año, que se realizaría la última semana del mes con un temario acordado entre la veintena de proyectos que el Poder Ejecutivo colocó en la convocatoria a extraordinarias.
Si bien el titular del cuerpo, Sergio Massa, había anunciado que la sesión se realizaría el miércoles 20, fuentes parlamentarias adelantaron que el evento se perfila para la última semana del mes, mientras que la semana próxima se destinaría al trabajo en comisiones para dictaminar los proyectos.
Juntos por el Cambio mantiene firme su resistencia a tratar temas conflictivos durante el verano y es por eso que todavía no firmó, a diferencia de otros bloques de la oposición, la prórroga del Protocolo de Funcionamiento Remoto, que tendrá validez hasta el 12 de febrero.
El interbloque presidido por Mario Negri exige conocer de antemano cuáles serán los proyectos a debatir, ya que el extenso listado elaborado por el Ejecutivo incluye leyes del tenor de la reforma judicial y las modificaciones en el Ministerio Público.
Sin embargo, desde el oficialismo aseguran que los primeros debates del año girarán en torno a temas consensuados, que además son prioritarios para el Gobierno, como el nuevo proyecto de sostenibilidad de la deuda pública externa y beneficios impositivos para la construcción.
En el Ejecutivo también buscan acelerar la discusión sobre los proyectos de monotributo y de prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, aunque para poder votarlos en extraordinarias deberá dictar una ampliación del temario en un nuevo decreto, ya que no habían sido incorporados en el original.
El protocolo virtual será extendido en los mismos términos que en la actualidad, es decir, con mayor cantidad de diputados presentes en el recinto y unas pocas excepciones por cuestiones sanitarias para aquellos legisladores que integren grupos de riesgo, quienes podrán participar desde sus provincias.
La intención del Frente de Todos es convocar a las comisiones competentes la semana próxima para firmar los dictámenes necesarios antes de la sesión, algo que también tendrá que hacerse con mayoría presencial.
Los bloques prorrogarán una vez más el documento para continuar con el funcionamiento mixto. Solo falta la firma de Juntos por el Cambio. Tratativas para sesionar la semana que viene o la próxima con temas no conflictivos.
Comenzó el movimiento en la Cámara de Diputados: tras un 2020 con intensa actividad a pesar de la pandemia y dos semanas de receso legislativo, los jefes de bloque ya comienzan a delinear la agenda de los próximos días y los temas de la primera sesión del año, aunque antes deberán renovar una vez más el Protocolo de Funcionamiento Remoto.
Si bien el presidente del cuerpo, Sergio Massa, había anunciado una sesión para el 20 de enero, no se descarta una postergación para la última semana del mes; todo dependerá de cómo avancen las negociaciones entre oficialismo y oposición y de los dictámenes que se lleguen a firmar antes de ese día.
Fuentes parlamentarias indicaron a parlamentario.com que el protocolo, que venció junto con la prórroga de sesiones ordinarias el pasado 3 de enero, será extendido hasta el 12 de febrero en los mismos términos que hasta ahora, es decir, con la presencialidad como regla y unas pocas excepciones autorizadas por motivos sanitarios.
De este modo, los diputados que integran grupos de riesgo podrán continuar sesionando desde sus provincias, mientras que la gran mayoría deberá asistir al recinto, donde se seguirán aplicando las medidas de higiene y distanciamiento social.
En la nueva prórroga del protocolo solo falta estampar una firma, la del interbloque Juntos por el Cambio, que se mantiene en estado de alerta ante la posibilidad de que el oficialismo intente debatir en extraordinarias temas controvertidos, como la reforma judicial o la del Ministerio Público Fiscal.
La bancada liderada por Mario Negri propondría que, en un documento anexo, se enumeren cuáles serán los temas a tratar antes del 1ro. de marzo entre los veinte que quedaron pendientes del mes de diciembre, para no encontrarse con ninguna sorpresa.
Lo cierto es que, si bien el presidente Alberto Fernández le pidió a sus diputados avanzar este año con los cambios en la Justicia, el proyecto aprobado en el Senado no está, por ahora, en el radar del Frente de Todos, que apunta a tratar primero otras iniciativas.
Una de ellas es la ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda, donde se busca que el Congreso apruebe los futuros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que la emisión de deuda por fuera de los límites establecidos en el Presupuesto también deba ser autorizada por el Parlamento.
También podría avanzar un proyecto sobre beneficios impositivos para la construcción de obras privadas; otro para otorgar por única vez una asignación económica a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan; y una iniciativa para incrementar gradualmente el presupuesto destinado a ciencia y tecnología.
El oficialismo quiere avanzar además con la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2024, del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, pero el proyecto no figura en el temario de extraordinarias, por lo que Diputados espera que el Ejecutivo dicte un decreto ampliatorio incorporando este y otros temas, como los cambios al régimen de monotributo.
Dado que la mayoría de las iniciativas no cuentan con dictamen, las comisiones respectivas deberán reunirse en los próximos días, lo que también implica activar una logística en pleno verano, ya que los despachos se firman -según el último protocolo- con mayoría presencial.
Desde la reforma judicial hasta la ley de sostenibilidad de la deuda, pasando por los proyectos de etiquetado de alimentos y financiamiento de la ciencia y tecnología, el Congreso tiene numerosos temas para abordar durante el verano. La actividad se retomaría a fines de este mes.
El Congreso transita el período extraordinario de sesiones con numerosos temas en agenda, entre los que se encuentran la reforma judicial, las modificaciones en el Ministerio Público y una ley para fortalecer el rol del Congreso en la negociación de la deuda externa. La actividad podría retomarse a fines de enero, virtualidad mediante, para empezar a abordar el extenso temario elaborado por el presidente Alberto Fernández.
El Poder Ejecutivo dispuso la prórroga del período ordinario hasta el 3 de enero y la apertura de extraordinarias a partir del 4, a través del decreto 964/20, donde se enumeraron nada menos que 25 temas. Luego, a través de otro decreto -el 967/20- el presidente amplió el temario original con otros dos proyectos.
Durante la prórroga de sesiones ordinarias, el Congreso sancionó siete leyes de ese temario: la despenalización y legalización del aborto; el Programa de los Mil Días; la nueva fórmula de movilidad jubilatoria; el denominado impuesto a la riqueza; el recorte de la coparticipación a la Ciudad por la transferencia de la Policía; las modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego; y un permiso para que el presidente pueda ausentarse del país durante 2021.
Así las cosas, quedaron varios temas pendientes -algunos, de especial interés para el Gobierno- y es por eso que el Congreso no tardará en volver a la actividad antes del próximo 1ro. de marzo, en medio de la incertidumbre por el aumento exponencial de contagios de Covid-19 en el país.
El año saliente tuvo como una de las prioridades económicas del Gobierno la negociación de la deuda externa y, mientras el ministro Martín Guzmán trabaja para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, espera que el Congreso sancione una ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda.
El proyecto fue aprobado por el Senado el último día del período ordinario y busca que el Congreso apruebe los futuros acuerdos con el FMI, algo que no sucedió durante la gestión de Mauricio Macri. Además, la iniciativa apunta a que la emisión de deuda por fuera de los límites establecidos en el Presupuesto también deba ser autorizada por el Parlamento.
Otros de los proyectos económicos en la agenda parlamentaria tienen que ver con incentivos fiscales para fomentar la inversión en instrumentos financieros emitidos en pesos; y otros beneficios impositivos para promover la inversión en la construcción de obras privadas nuevas, luego de la caída que produjo la pandemia en este rubro.
El listado de proyectos surgidos desde el Ministerio de Economía se cierra con un proyecto de creación de un sistema de cobertura y promoción del crédito hipotecario. Se propone la creación de un Fondo Fiduciario de Cobertura y Promoción (FFCP) para brindar sustentabilidad al sistema.
Otro tema de particular interés para el Gobierno nacional y las provincias es el Consenso Fiscal 2021, firmado hace exactamente un mes por el presidente y 21 de los 24 gobernadores, en medio de una tensión creciente con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por la coparticipación que recibe la Ciudad.
Justamente, uno de los ítems del Consenso Fiscal es que la reasignación de recursos por la transferencia de competencias -como el caso de la Policía de la Nación a la Ciudad- se implemente a través de fondos del Tesoro Nacional y no de recursos de la coparticipación federal. Además, las provincias no podrán iniciar demandas judiciales por un año y deberán desistir de las ya iniciadas.
El nuevo Consenso Fiscal también prorroga, hasta el 31 de diciembre, la suspensión de la reducción progresiva de impuestos que se había dispuesto en el primer acuerdo, firmado en 2017 durante la gestión de Macri y suspendido días después de la asunción de Fernández.
El otro gran tema que se viene es el tratamiento, en la Cámara de Diputados, de la reforma judicial, formalmente llamada “ley de organización y competencia de la Justicia Federal con asiento en la CABA”. El texto fue aprobado el 28 de agosto en el Senado y, entre otras cosas, crea un nuevo fuero Penal Federal, a través de la fusión de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico.
La reforma judicial fue tema de conversación en el encuentro que mantuvo el presidente la semana pasada con diputados del oficialismo en la residencia de Olivos. Allí, Fernández le pidió a los legisladores dirigidos por Máximo Kirchner que avancen con el proyecto, cuestionado duramente por Juntos por el Cambio.
El segundo proyecto caliente tiene que ver con la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que flexibiliza la mayoría de votos necesaria para nombrar al procurador general, llevándola a la mitad más uno de los senadores, es decir 37 en lugar de 48. También se acota su mandato a cinco años y se refuerza el rol de control del Congreso.
En la convocatoria a extraordinarias también hay acuerdos para designar magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, aunque no se especifica cuáles.
El temario elaborado por el Ejecutivo incluye la ley de etiquetado frontal de alimentos, que establece que aquellos productos con exceso de sodio, azúcar y grasas deberán llevar un sello de advertencia negro en sus envases, con el propósito de promover la alimentación saludable y combatir la malnutrición.
El texto, que ya cuenta con aprobación del Senado desde el 30 de octubre, fue evaluado con especialistas en cuatro comisiones -Legislación General, Salud, Defensa del Consumidor e Industria- y solo falta la firma del dictamen para poder votarlo en el recinto, aunque no se descarta que la redacción reciba cambios.
También quedó para extraordinarias una iniciativa consensuada que eleva progresivamente el presupuesto destinado a la ciencia, tecnología e innovación productiva, pasando del 0,28% del PBI en 2021 al 1% en 2032. El proyecto estaba listo para ser tratado en la última sesión ordinaria de Diputados, pero dado que se extendió durante largas horas, hubo acuerdo para posponer su tratamiento.
A su vez, está pendiente el tratamiento de un marco legal para la elaboración, el registro, la comercialización y el control de productos fitosanitarios y agroquímicos utilizados en cultivos; y de un proyecto que modifica el Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte.
La lista continúa con un proyecto enviado por el Ejecutivo que busca suspender hasta el 31 de diciembre la aplicación de las causales de caducidad de los partidos políticos de todo el país, a raíz de las dificultades para el cumplimiento de la ley por la pandemia del coronavirus.
Otros proyectos buscan otorgar por única vez un beneficio extraordinario a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan; modificar diversos artículos de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia; y suspender por 180 días la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).
En la ampliación del temario original, el presidente incluyó además un “régimen de sostenimiento e inclusión fiscal para pequeños contribuyentes”, y una ley de presupuestos mínimos para la educación ambiental, que ya cuenta con dictamen favorable en Diputados.
Por último, se tratarán acuerdos para designar Personal del Servicio Exterior de la Nación y promover al Personal Superior de las Fuerzas Armadas.
Desde la reforma judicial hasta la ley de sostenibilidad de la deuda, pasando por los proyectos de etiquetado de alimentos y financiamiento de la ciencia y tecnología, el Congreso tiene numerosos temas pendientes para abordar durante el verano. La actividad se retomaría a fines de enero.
El Congreso ingresó este lunes en el período extraordinario de sesiones con numerosos temas en agenda, entre los que se encuentran la reforma judicial, las modificaciones en el Ministerio Público y una ley para fortalecer el rol del Congreso en la negociación de la deuda externa. La actividad podría retomarse a fines de enero, virtualidad mediante, para empezar a abordar el extenso temario elaborado por el presidente Alberto Fernández.
El Poder Ejecutivo dispuso la prórroga del período ordinario hasta el 3 de enero y la apertura de extraordinarias a partir del 4, a través del decreto 964/20, donde se enumeraron nada menos que 25 temas. Luego, a través de otro decreto -el 967/20- el presidente amplió el temario original con otros dos proyectos.
Durante la prórroga de sesiones ordinarias, el Congreso sancionó siete leyes de ese temario: la despenalización y legalización del aborto; el Programa de los Mil Días; la nueva fórmula de movilidad jubilatoria; el denominado impuesto a la riqueza; el recorte de la coparticipación a la Ciudad por la transferencia de la Policía; las modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego; y un permiso para que el presidente pueda ausentarse del país durante 2021.
Sin embargo, quedaron varios temas pendientes -algunos, de especial interés para el Gobierno- y es por eso que el Congreso no tardará en volver a la actividad antes del próximo 1ro. de marzo, en medio de la incertidumbre por el aumento exponencial de contagios de Covid-19 en el país.
El año saliente tuvo como una de las prioridades económicas del Gobierno la negociación de la deuda externa y, mientras el ministro Martín Guzmán trabaja para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, espera que el Congreso sancione una ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda.
El proyecto fue aprobado por el Senado el último día del período ordinario y busca que el Congreso apruebe los futuros acuerdos con el FMI, algo que no sucedió durante la gestión de Mauricio Macri. Además, la iniciativa apunta a que la emisión de deuda por fuera de los límites establecidos en el Presupuesto también deba ser autorizada por el Parlamento.
Otros de los proyectos económicos en la agenda parlamentaria tienen que ver con incentivos fiscales para fomentar la inversión en instrumentos financieros emitidos en pesos; y otros beneficios impositivos para promover la inversión en la construcción de obras privadas nuevas, luego de la caída que produjo la pandemia en este rubro.
El listado de proyectos surgidos desde el Ministerio de Economía se cierra con un proyecto de creación de un sistema de cobertura y promoción del crédito hipotecario. Se propone la creación de un Fondo Fiduciario de Cobertura y Promoción (FFCP) para brindar sustentabilidad al sistema.
Otro tema de particular interés para el Gobierno nacional y las provincias es el Consenso Fiscal 2021, firmado hace exactamente un mes por el presidente y 21 de los 24 gobernadores, en medio de una tensión creciente con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por la coparticipación que recibe la Ciudad.
Justamente, uno de los ítems del Consenso Fiscal es que la reasignación de recursos por la transferencia de competencias -como el caso de la Policía de la Nación a la Ciudad- se implemente a través de fondos del Tesoro Nacional y no de recursos de la coparticipación federal. Además, las provincias no podrán iniciar demandas judiciales por un año y deberán desistir de las ya iniciadas.
El nuevo Consenso Fiscal también prorroga, hasta el 31 de diciembre, la suspensión de la reducción progresiva de impuestos que se había dispuesto en el primer acuerdo, firmado en 2017 durante la gestión de Macri y suspendido días después de la asunción de Fernández.
El otro gran tema que se viene es el tratamiento, en la Cámara de Diputados, de la reforma judicial, formalmente llamada “ley de organización y competencia de la Justicia Federal con asiento en la CABA”. El texto fue aprobado el 28 de agosto en el Senado y, entre otras cosas, crea un nuevo fuero Penal Federal, a través de la fusión de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico.
La reforma judicial fue tema de conversación en el encuentro que mantuvo el presidente la semana pasada con diputados del oficialismo en la residencia de Olivos. Allí, Fernández le pidió a los legisladores dirigidos por Máximo Kirchner que avancen con el proyecto, cuestionado duramente por Juntos por el Cambio.
El segundo proyecto caliente tiene que ver con la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que flexibiliza la mayoría de votos necesaria para nombrar al procurador general, llevándola a la mitad más uno de los senadores, es decir 37 en lugar de 48. También se acota su mandato a cinco años y se refuerza el rol de control del Congreso.
En la convocatoria a extraordinarias también hay acuerdos para designar magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, aunque no se especifica cuáles.
El temario elaborado por el Ejecutivo incluye la ley de etiquetado frontal de alimentos, que establece que aquellos productos con exceso de sodio, azúcar y grasas deberán llevar un sello de advertencia negro en sus envases, con el propósito de promover la alimentación saludable y combatir la malnutrición.
El texto, que ya cuenta con aprobación del Senado desde el 30 de octubre, fue evaluado con especialistas en cuatro comisiones – Legislación General, Salud, Defensa del Consumidor e Industria- y solo falta la firma del dictamen para poder votarlo en el recinto, aunque no se descarta que la redacción reciba cambios.
También quedó para extraordinarias una iniciativa consensuada que eleva progresivamente el presupuesto destinado a la ciencia, tecnología e innovación productiva, pasando del 0,28% del PBI en 2021 al 1% en 2032. El proyecto estaba listo para ser tratado en la última sesión ordinaria de Diputados, pero dado que se extendió durante largas horas, hubo acuerdo para posponer su tratamiento.
A su vez, está pendiente el tratamiento de un marco legal para la elaboración, el registro, la comercialización y el control de productos fitosanitarios y agroquímicos utilizados en cultivos; y de un proyecto que modifica el Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte.
La lista continúa con un proyecto enviado por el Ejecutivo que busca suspender hasta el 31 de diciembre la aplicación de las causales de caducidad de los partidos políticos de todo el país, a raíz de las dificultades para el cumplimiento de la ley por la pandemia del coronavirus.
Otros proyectos buscan otorgar por única vez un beneficio extraordinario a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan; modificar diversos artículos de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia; y suspender por 180 días la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).
En la ampliación del temario original, el presidente incluyó además un “régimen de sostenimiento e inclusión fiscal para pequeños contribuyentes”, y una ley de presupuestos mínimos para la educación ambiental, que ya cuenta con dictamen favorable en Diputados.
Por último, se tratarán acuerdos para designar Personal del Servicio Exterior de la Nación y promover al Personal Superior de las Fuerzas Armadas.
A través de un decreto, el presidente prorrogó las sesiones ordinarias hasta el 11 de diciembre, y a partir del 12 habrá extraordinarias. Aborto legal, aporte solidario, reforma del Ministerio Público y Consenso Fiscal son algunos de los proyectos.
Con un amplio temario que incluye 25 proyectos de ley, y con el aborto legal en el tope de la agenda, el Poder Ejecutivo prorrogó las sesiones ordinarias hasta el 11 de diciembre y convocó a sesiones extraordinarias desde el 12 de ese mes hasta el 28 de febrero, por lo que el Congreso trabajará todo el verano.
El decreto fue firmado este lunes por el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y contiene un anexo donde están detallados los proyectos que podrán tratarse tanto en lo que resta del año como en 2021.
El primer punto de la convocatoria es el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que comenzará a ser tratado este martes en las comisiones de Legislación General, Salud, Legislación Penal y Mujeres y Diversidad.
Para la primera jornada asistirán los ministros Ginés González García (Salud) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad), junto a la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, para luego dar lugar a expositores a favor y en contra, una decena por cada sector.
En paralelo, el decreto de extraordinarias contiene el proyecto que crea el “Programa de los 1.000 días”, orientado a asistir a las personas gestantes y a sus hijos durante la primera infancia.
La iniciativa obtendría dictamen en los próximos días, tras comenzar el tratamiento este lunes en un plenario de comisiones de Diputados, previo a la sesión.
Otro de los proyectos a tratar es el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas, que fue aprobado en Diputados el 18 de noviembre y en el Senado ya cuenta con dictamen favorable, por lo que el oficialismo buscaría sancionarlo la semana próxima.
También figura la reforma del Ministerio Público Fiscal, que apunta a que la designación del procurador general sea con mayoría absoluta del Senado y no dos tercios, además de acotar su mandato a cinco años, entre otros cambios.
El proyecto fue duramente rechazado por la oposición en el Senado, pero el Frente de Todos impuso su mayoría para aprobarlo -con la ayuda de aliados-, y ahora el oficialismo debe trabajar para juntar los votos en Diputados.
Asimismo, el decreto incluye el proyecto de sostenibilidad de la deuda externa, con el objetivo de que todo endeudamiento que supere los límites fijados en el Presupuesto Nacional, así como los futuros acuerdos con el FMI, deban ser aprobados por el Congreso.
El texto, promovido por el ministro de Economía, Martín Guzmán, obtuvo media sanción en el Senado este mismo lunes con apoyo de la oposición -recibió 65 votos a favor, ninguno en contra y una abstención-.
Entre los temas más picantes también figuran la fórmula de movilidad jubilatoria, que ingresó el viernes pasado por el Senado y es cuestionada por la oposición; y la postergada reforma judicial, que desde que se aprobó en la Cámara alta permanece “congelada” en Diputados.
Otros de los puntos de la ampliación de ordinarias y la citación a extraordinarias son dos proyectos del Ejecutivo sobre promoción de la construcción privada y de créditos hipotecarios; y la propuesta de Máximo Kirchner para prohibir el cambio de uso de las tierras afectadas por incendios.
Asimismo, se incluye el proyecto de etiquetado frontal de alimentos, que promueve la alimentación saludable; y el otorgamiento, por única vez, de un beneficio extraordinario a familiares de los tripulantes del ARA San Juan.
El último punto de la convocatoria es el Consenso Fiscal, que el Gobierno nacional negocia desde hace tiempo con los gobernadores, con el fin de darle más libertad a las provincias para incrementar impuestos a cambio de ciertas condiciones, como la renuncia a iniciar demandas judiciales por coparticipación y el retiro de las ya formuladas.
