Nos encontramos en las puertas de una nueva realidad; la crisis desatada producto de la coyuntura mundial, primero con la pandemia y luego con la guerra, ha motivado a avanzar hacia un destino incierto donde las decisiones sobre el buen uso de los recursos resultan vitales para sostener el crecimiento económico y donde el desarrollo sostenible es la norma, casi como una necesidad de preservación de la especie y su entorno. 

En este camino avanza hoy Argentina, ante la demanda de recursos energéticos, productivos y tecnológicos alternativos. En la búsqueda y creación de nuevos proyectos que permitan abastecer y satisfacer estos altos requerimientos; gestando acuerdos prometedores, orientando y revalorizando el rol de los tecnólogos y los científicos; en un contexto donde las Unidades de Vinculación Tecnológica vuelven a cobrar notoriedad como efecto dinamizante y articulador para las organizaciones más pequeñas. 

Como piezas de ajedrez, la superestructura económica se asienta sobre las bases que van consolidando los distintos actores que conforman el mapa económico productivo nacional. La articulación entre el sector público, privado, las Unidades de Vinculación Tecnológica junto al aporte académico, organizan un esquema dinámico hacia un nuevo horizonte, en el que el aporte del Estado resulta más imprescindible que nunca para alimentar esa sinergia positiva. 

Recientemente, luego que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación diera dictamen favorable a la actualización de la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado dictaminó por unanimidad el proyecto que propone actualizaciones a la Ley 23.877. Si bien se trata de una Ley que ya tiene varias décadas de vigencia, no ha quedado obsoleta frente a una nueva organización mundial. Es una normativa que habilita muchos beneficios de doble vía para la articulación inteligente del sector público y el privado. 

Con foco directo en el apoyo a las Pymes, este proyecto permite impulsar la innovación tecnológica desde las bases mismas, a partir de un avance productivo y económico ascendente. La actualización de esta Ley es fundamental para potenciar las capacidades propias y posicionar a nuestro país en el esquema internacional como potencia en la generación de recursos científicos y tecnológicos de calidad. 

Asimismo, Argentina ya trabaja sobre este posicionamiento en el imaginario mundial a largo plazo, y es candidata para organizar la Expo Especializada en San Carlos de Bariloche en 2027, bajo el lema “Naturaleza + Tecnología = Energía Sostenible. Un futuro viable para la humanidad”. 

Estas iniciativas, que parecen dispersas, hablan en realidad de una intención y una práctica. La idea de orientar la mirada global hacia las capacidades de nuestro país y generar políticas, proyectos y acciones que establezcan esta capacidad que aún necesita motivación y recursos para jerarquizarse en el contexto internacional. 

Este año ha representado una bisagra en la materia, con grandes logros y avances que nos ponen en el sendero correcto y permiten construir un futuro compartido de crecimiento económico enfocado en las capacidades que supimos construir. 

En la última década, la problemática que supone el cambio climático y la concientización de la necesidad apremiante de tomar medidas concisas que favorezcan la preservación del medio ambiente han sido temas centrales en las discusiones de estados, organizaciones y empresas. 

En nuestro campo de acción, tecnología, sustentabilidad y conservacionismo van de la mano y con foco en ello trabajamos para apoyar y desarrollar proyectos que interpelen nuestra cultura depredadora de los recursos naturales, el modo en que vivimos, nos alimentamos y encaramos en la vida cotidiana. Entre otros tantos planes de acción, recientemente, estamos introduciéndonos al conocimiento y estudio del hidrógeno para ir hacia la transición energética. 

El calentamiento global nos obliga a repensar la manera en generamos energía. La transición energética implica cambiar los sistemas actuales por otros de baja o nula emisión de carbono, basado en energías renovables. Muchos países están haciendo un esfuerzo por descarbonizar su matriz energética y este movimiento crea nuevas oportunidades, tal como un mercado del hidrógeno. Un mercado en el que Argentina tiene un gran potencial. 

En un horizonte cercano a 15 o 20 años, el hidrógeno azul (aquel que se obtiene también a partir de combustibles fósiles, pero sin liberación de dióxido de carbono) constituye para la Argentina una apuesta importante porque nuestro país es un gran productor de gas natural. Esto es fundamental para desarrollar tecnología propia y contribuir a la generación de nuevos puestos de trabajo. En nuestro territorio existen las condiciones necesarias para posicionarnos como una referencia global: grandes extensiones con vientos, radiación solar, aguas abundantes y una matriz energética capaz de avanzar en la transición hacia las energías renovables. El mundo se prepara para iniciar una fase de alta demanda de hidrógeno y la Argentina, junto a América Latina, tienen lo necesario para convertirse en proveedores a gran escala. Sin embargo, ese lugar privilegiado que podemos ocupar en la cadena de suministro puede verse seriamente comprometido si no nos ocupamos de lo urgente. Aunque disponemos de la Ley 26.123 de Promoción de Hidrógeno aprobada en 2006, la misma aún no ha sido reglamentada. En otros aspectos, la norma establecía la creación del Fondo Nacional de Fomento del Hidrógeno que sería financiado por el Estado y con aportes de terceros. A su vez, los proyectos contarían con beneficios fiscales para el pago del IVA y el impuesto a las ganancias para la adquisición de bienes de capital y/o para la realización de obras vinculadas a su desarrollo. Finalmente, el hidrógeno producido para ser utilizado como combustible vehicular no sería alcanzado por los gravámenes que rigen sobre los combustibles líquidos, el gas natural, el gasoil y la infraestructura hídrica. Cuando no están reglamentadas, las leyes terminan por quedar en letra muerta. La falta de reglamentación constituye una violación a los principios contenidos en la 

Constitución Nacional o Provincial, con el agravante de que esta omisión implica bloquear la voluntad legislativa. 

Estamos ante una posibilidad histórica de ser actores protagonistas de un mercado emergente, positivo para el medio ambiente, que genere posibilidades y empleos, que promueva todo el potencial de nuestros recursos humanos, ¿vamos a desperdiciar la chance? 

Es imperativa la necesidad de darle un marco legal y normativo que regule su implementación, que proponga las condiciones para la movilidad sustentable, que desarrolle incentivos, que delimite una estrategia general para acompañar al nuevo paradigma. 

Lo importante es no demorar más lo urgente. 

La pandemia que estamos viviendo hizo que los imponderables sean una parte nodal en la gestión. La situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid 19 ha obligado durante estos últimos meses a las diferentes Administraciones Públicas a dedicar todos sus medios personales y materiales a garantizar su correcto funcionamiento a través de la prestación de los servicios públicos por sus empleados de forma no presencial. En ese sentido, y para atravesar la dinámica de manera eficaz, se necesita agilidad, flexibilidad e innovación en los procesos de la Administración Pública. En ese marco, se requiere aprovechar herramientas que ya están probadas y que funcionan. Con el objetivo de comprender un poco más sobre este proceso, la encuesta realizada por el CEDyAT, el CIPPEC y la UMET revelan importante evidencia para evaluar la gestión. Ahora, llegó el momento de prevalerse de los dispositivos institucionales existentes para reforzar la presencia del Estado. 

Es difícil asociar la pandemia de Covid 19 a algún tipo de suceso positivo. No obstante, es innegable su influencia directa en el proceso de aceleración digital que ha cambiado el paradigma de las relaciones sociales, en general, y de los negocios, en particular, en prácticamente todas las empresas y sectores productivos del planeta. Así, abundan las cifras que confirman este acelerado proceso, aunque las más contundentes están relacionadas al aumento progresivo de las conexiones y los usuarios activos de internet. Por ejemplo, un informe de CISCO pronosticó que para 2023 se alcanzarán más de 5.300 millones de usuarios de internet, equivalente a 66% de la población. Junto con ello, habrá 29.300 millones de dispositivos conectados, y más de 14.700 millones de conexiones. 

En Argentina las Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT) acompañan este proceso de transformación digital ofreciendo herramientas concretas de colaboración para lograr una Administración Pública que sea posible en el país en el “post-pandemia”. Aunque la aceleración digital se caracteriza por la implementación de soluciones como la Realidad Virtual y Aumentada, Omnicanalidad, Automatización, Ciberseguridad, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas, no basta sólo con ellas para conseguir una ejecución exitosa. También es necesario que cada organización adquiera una mentalidad digital, preparando a su fuerza laboral y a sus colaboradores a migrar hacia un modelo en donde el trabajo remoto y la hiper-conectividad llegaron para quedarse. Según la encuesta realizada conjuntamente por el CEDyAT, el CIPPEC y la UMET, que analizó las condiciones de trabajo de la Alta Dirección Pública en el contexto del ASPO, se expresa la urgente necesidad de incrementar los procesos de transformación, capacitación y formación en este nuevo escenario digital. 

Así, la primera impresión que surge de las evidencias recolectadas refleja que existen obstáculos lógicos que se han presentado por un cambio que no fue planificado, que surgió de una necesidad inesperada, y que, sin embargo, se afrontó de manera razonablemente exitosa. 

Ante la crisis global del Coronavirus se generó una rápida migración de las tareas de los trabajadores públicos que se desempeñaban físicamente en oficinas hacia una modalidad virtual o a distancia mediante el uso de tecnología digital. Una gran cantidad de esos puestos de trabajo y de procesos se reformularon, adaptándose rápidamente a la nueva modalidad. En este marco, se actuó de una manera pragmática a fin de resolver problemas de la mejor manera posible. Esta nueva forma de trabajo remoto ha resuelto muchos inconvenientes provocados por la crisis y abrió infinidad de posibilidades para la ciudadanía que se encontraba cumpliendo la cuarentena en sus hogares. 

Resulta importante destacar que es posible que, entre los sucesos negativos sufridos por la Pandemia, exista una oportunidad a ser tomada por países como el nuestro, relacionada con aprovechar el impulso de cambio tecnológico que comprende a toda la sociedad a partir de la crisis del COVID-19. El paradigma del cambio tecnológico ya estaba avanzando desde hace varios años como una profunda transformación social, que sin lugar a dudas, la pandemia aceleró. Así, se está asistiendo a una nueva era basada en los datos y en el conocimiento con un sector público que deberá adaptarse rápidamente al cambio, debiendo articular fuerzas económicas dentro de un contexto digital muy distinto a épocas anteriores. 

El presente desafío para la Administración Pública va a requerir de un Estado activo y del compromiso de un sector privado como ejes principales de desarrollo tecnológico, con procesos que permitan mayor capacidad de procesamiento y con nuevas herramientas de análisis de datos. Pero, fundamentalmente requerirá personal capacitado en el uso de dichas herramientas y en un trabajo que permita realizarse de manera remota. Un gobierno tecnológico es más que simplemente hacer que el servicio gubernamental sea digital. Es, también, mejorar la gestión interna de la Administración Pública para otorgar un mejor servicio, facilitar el acceso a la información y asegurar la transparencia dentro de la gestión para aumentar la confianza pública y fortalecer la participación ciudadana. 

Por esos factores la presente encuesta adquirió entre los especialistas un valor importante. Desde nuestra mirada, el Sector Público necesitaba de un diagnóstico de la situación para poder formular un plan que permita desarrollar las actividades de un Estado eficiente que no se olvide y aborde los derechos de sus trabajadores en un equilibrio que beneficie a las partes y especialmente a la sociedad en su conjunto. 

Así, un Estado de calidad es una deuda histórica. A su vez, el mejor legado que podemos dejar para el futuro es vencer la burocracia en su concepción vinculada a trabas y limitaciones en la gestión pública. En ese contexto, la transformación digital es una de las propuestas centrales que integran el nuevo plan de gestión 4.0 que muchas organizaciones privadas y públicas se propusieron trabajar en la colaboración conjunta con ministerios, secretarías y organismos descentralizados para mejorar el funcionamiento del sector público en nuestro país. Gracias a eso, muchas de las instituciones pueden seguir funcionando en estos tiempos de pandemia. 

Una correcta inversión en digitalización genera retorno en términos de valor público. Desarrollar más y mejores UVTs, en el marco de la Ley 23.877, hace plausible evitar el empobrecimiento del campo local y la ‘fuga de cerebros’ hacia economías con mejores prestaciones para la investigación aplicada. La historia nos demuestra que esa situación impacta fuertemente en la desarticulación de equipos de trabajo, así como en una menor circulación de la producción tecnológica dentro y fuera del país. 

La acumulación de capacidades tecnológicas y la especialización en materia digital facilitan un inmenso potencial de desarrollo que permite capitalizar las múltiples experiencias transitadas durante la pandemia para luego aplicarlas en la reactivación general. La necesidad de aprender de los casos exitosos es ineludible a los efectos de promocionar fuertemente la economía del conocimiento desde Argentina hacia el mundo. 

Los expertos de la UVT- CEDyAT abordan la relación existente entre cambio tecnológico y empleo en el actual contexto de acelerada –y frecuentemente incierta– transformación y penetración de nuevas tecnologías, considerando asimismo las potenciales tendencias de mediano plazo en la materia que serán el gran desafío del siglo. Los destinatarios inmediatos del trabajo que realiza nuestra institución son las Organizaciones -Públicas y/o Privadas- que reciben la asistencia técnica de nuestros equipos. Pero el destinatario final de nuestra actividad es siempre la ciudadanía que recibe mejor atención y respuestas más rápidas a sus necesidades. De esta manera, el acelerado proceso de digitalizar las dependencias de la Administración Pública brinda una reducción de costos de operación notable debido a la gestión automatizada, como lo vemos en medio de la pandemia por el Covid 19, donde el flujo de información continuo y constante entre la administración y la población genera mayor confianza y transparencia. 

El Covid 19 ha demostrado la importancia de que el funcionariado actúe en consecuencia con las exigencias de los nuevos escenarios. En ese sentido, fue y es trascendental promover la digitalización de trámites y servicios gubernamentales para fomentar la innovación mediante la vinculación tecnológica con instituciones habilitadas por el Poder Ejecutivo Nacional. En ese contexto, y en línea con la creciente aceptación de la idea de que el mundo del futuro tendrá que ver cada vez más con la tecnología y la innovación, resultará oportuno impulsar la inclusión de este aspecto en las agendas estratégicas de concertación política y social a plantearse tras la pandemia. Lo importante es no demorar más.

Argentina es un país en permanente construcción. El coronavirus está poniendo a prueba nuestro sistema social. Todo se torna más complicado. Sin embargo, en momentos difíciles, sale a relucir la irremplazable gestión del conocimiento científico y tecnológico que organizaciones con perfil bajo complementaron en muchísimas oportunidades a las actividades del Estado durante diferentes gobiernos.  

Ese proceso requiere un trabajo para cualquier Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT- Ley 23.877) de enorme complejidad que, en ocasiones, ha sido relentizado por la rutinaria desconfianza de los funcionarios a los expertos independientes. Si esta epidemia se está viviendo de una forma totalmente diferente a cualquier otra es gracias a la vinculación tecnología, desarrollada mundialmente. Ningún otro brote en la historia ha podido ser rastreado e investigado con tanto nivel de detalle y casi en tiempo real. Y, aunque disponer de tanta información está impulsando la sensación de alarma y ansiedad, también permite a los investigadores entender y desarrollar una vacuna contra el virus, algo que está sucediendo de forma muy rápida.  

Desde que el coronavirus empezó a propagarse en China, el país más poblado del mundo, este se apoyó en su fuerte sector tecnológico y específicamente en la inteligencia artificial (IA), la ciencia de datos y la tecnología para rastrear y combatir la pandemia. 
 

De allí la importancia de revalorizar la existencia de las unidades de vinculación tecnológica en el país, dado que es una entidad técnica habilitada por el Poder Ejecutivo Nacional para la identificación, selección y formulación de proyectos de investigación y desarrollo, transferencia de tecnología y asistencia técnica. Que permite, que el sector privado y el público, converjan sus esfuerzos de mejorar organizaciones, instrumentar proyectos y conocimientos existentes. 

Hace unos días antes del aislamiento social preventivo y obligatorio, participe de la presentación del “IISIM -Instituto de Innovación en Salud e Ingeniería Médica” gestado en la histórica UVT, “Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción”. Allí pude escuchar a Conrado González, su actual presidente, uno de los impulsores de la Ley 23.877 (de creación de las UVTs), junto con Néstor Barbaro y Roberto Juarez, que actualmente es uno de los más calificados referentes de la gestión de innovación y la de tecnología quién expresó: “estos tiempos requieren que las unidades de vinculación tecnológica sean valoradas por los múltiples beneficios que otorga a la sociedad, porque durante estas décadas, a pesar de los distintos avatares del país, siempre nos movimos claramente en dos ejes fundamentales. El primero, fomentamos innovaciones que impliquen investigación y desarrollo; transmisión de tecnología y asistencia técnica. El otro, aportamos nuestra estructura jurídica para facilitar la gestión, organización y el gerenciamiento de los proyectos”. 

Universidades, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil han sido responsables de brindar la asistencia técnica y/o capacitación y/o acompañamiento para la promoción y fortalecimiento de los proyectos de innovación durante estas décadas, contando con una características ventajosa, el modo organizacional, que permite la conformación rápida de redes de trabajo, equipos interdisciplinarios, que funcionan como estructuras temporales, formadas para solucionar un problema puntual  y disueltas tras resolverlo, sin sumarse a la estructura estatal. 

En este contexto, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT) creó  la Unidad Coronavirus COVID-19, que forma junto con el CONICET y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i). Al día de la fecha miles de miembros del sistema científico y tecnológico envían sus propuestas para contribuir en la emergencia, que serán seleccionadas en virtud de su carácter innovador y su aplicabilidad en el corto plazo, en términos de prevención, diagnóstico, tratamiento, investigación, monitoreo, control y/u otros aspectos que permitan mejorar la capacidad nacional de respuesta frente al Coronavirus. 

En este marco de situación la Jefatura de Gabinete, a cargo de Santiago Cafiero, está reconfigurando las partidas del presupuesto nacional para adquirir equipos de protección para el personal sanitario de primera línea, equipar los laboratorios de diagnóstico, mejorar la vigilancia y la reunión de datos; establecer y mantener unidades de cuidados intensivos; fortalecer las cadenas de suministro; acelerar la investigación y el desarrollo de vacunas y terapias; y adoptar otras medidas decisivas para ampliar la respuesta de salud pública interinstitucional a la pandemia. 

En el futuro cercano, las UVT´s seguiran abriendo caminos nuevos. A veces institucionales, otros más informales, pero siempre con la finalidad de generar mejores condiciones para el desarrollo del sistema nacional de innovación. Lo importante es no demorar más los cambios y simplificar las acciones que esta época demanda.