Sesiona el Senado, para aprobar facultades especiales al presidente

La Cámara alta sesiona desde las 14.14 con el fin de tratar entre otras iniciativas la del Ejecutivo sobre parámetros epidemiológicos y sanitarios por la emergencia del Covid.

La Cámara de Senadores se encuentra reunida desde las 14.14 con un temario que incluye como cuestión principal el proyecto del Poder Ejecutivo sobre parámetros epidemiológicos y sanitarios regulatorios de la emergencia Covid-19.

Esa iniciativa tuvo cambios respecto del dictamen emitido la semana pasada, y entre ellos se destaca que el Ministerio de Salud de la Nación podrá modificar los parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario, de acuerdo a la evolución de los casos y “previa aprobación por mayoría simple del Consejo Federal de Salud”. El texto original planteaba “previa consulta” con los ministros y ministras del país.

La iniciativa habla de criterios para definir si la situación es de “bajo”, “mediano” o “alto” riesgo en los aglomerados, departamentos o partidos de más de 40.000 habitantes; o bien de “alarma epidemiológica y sanitaria”, como actualmente se da en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los parámetros tienen que ver con el aumento de casos de los últimos 14 días; la incidencia -es decir, la cantidad de casos sobre la población total del distrito- y, en el caso de las zonas de “alarma epidemiológica y sanitaria”, se tendrá en cuenta que la ocupación de camas de terapia intensiva supere el 80%.

Por otra parte, se indica que los gobernadores y gobernadoras dictarán las medidas necesarias, “como agentes naturales del gobierno federal”, en lugar de “delegados o delegadas del gobierno federal”, un término que había hecho bastante ruido.

En la iniciativa se incorporó que “se mantendrán las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todo el país, salvo las excepciones dispuestas en la presente ley o que se dispongan dando efectivo cumplimiento a los parámetros de evaluación, estratificación y determinación del nivel de riesgo epidemiológico y condiciones establecidas por el Consejo Federal de Educación”.

Además de este proyecto, está previsto el tratamiento de una iniciativa del jefe del bloque oficialista, José Mayans, que incorpora al régimen a la ganadería de llamas, por el cual el Poder Ejecutivo deberá asignar anualmente, mediante el Presupuesto Nacional, una suma de 850 millones de pesos para la promoción de estas actividades, por el plazo de 10 años.

El proyecto establece el “Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas”, el cual estará destinado “al desarrollo sostenido de la producción, la transformación y la comercialización de la ganadería y sus productos derivados, a través de la actualización permanente, modernización e innovación de los sistemas productivos, fomentando el desarrollo sostenible de sus potencialidades, el incremento del agregado de valor y la integración horizontal y vertical de todos eslabones de la cadena, el desarrollo regional y el carácter federal del presente régimen, la radicación de la población en el medio rural y la ocupación del territorio”.

Se tratará además un proyecto de ley de la senadora santacruceña Ana María Ianni, que declara Monumento Histórico Nacional al edificio de la primera escuela rural del Lago Posadas, en la provincia de Santa Cruz.

Se abordará también un proyecto de la senadora del Frente de Todos Nancy González, que instituye el Día de la Cantora Nacional, y otro de las senadoras Norma Durango y Gladys González, que otorgan jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belem Do Pará.

El temario anunciado por la presidencia de la Cámara baja establece también otro proyecto de Nancy González para establecer el Régimen de Promoción y Participación de las Mujeres y Diversidades en el sector pesquero; y otro que fortalece la Red Nacional de Centros de Recolección de Leche Humana.

Asimismo se abordará un proyecto de ley proveniente de la Cámara baja que declara el 17 de mayo de cada año Día del Electrodependiente por Cuestiones de Salud. Además, se votarán 87 proyectos de declaración y resolución, según establece el mensaje de la Presidencia del Senado.

Los cambios al proyecto de facultades especiales para disponer restricciones sanitarias

La iniciativa del Poder Ejecutivo se tratará este jueves en el Senado, donde el Frente de Todos tiene mayoría para darle media sanción. Qué modificaciones se le introdujeron al texto.

Por Melisa Jofré

En la sesión de este jueves, el oficialismo en el Senado buscará alzarse con la media sanción del proyecto de ley enviado por el Gobierno para establecer “parámetros epidemiológicos y sanitarios regulatorios de la emergencia Covid-19”.

Tras las propuestas que se hicieron llegar a Casa Rosada, y con el objetivo de ganar respaldo de algunos bloques minoritarios en Diputados, donde los votos se prevén ajustados, el Frente de Todos en la Cámara alta introdujo una serie de modificaciones a la versión original.

La bancada de Juntos por el Cambio -y en sintonía el interbloque Parlamentario Federal- ya anticipó su rotundo rechazo a la iniciativa de facultades especiales para disponer restricciones sanitarias, al considerarla inconstitucional y en contra de la línea que marcó la Corte Suprema de Justicia a través del fallo sobre las clases presenciales. Pero también dijo que no votará a favor el rionegrino Alberto Weretilneck, quien suele acompañar al oficialismo en las votaciones.

Uno de los cambios incorporados al proyecto, al que accedió parlamentario.com, es que el Ministerio de Salud de la Nación podrá modificar los parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario, de acuerdo a la evolución de los casos y “previa aprobación por mayoría simple del Consejo Federal de Salud”. El texto original planteaba “previa consulta” con los ministros y ministras del país.

La iniciativa habla de criterios para definir si la situación es de “bajo”, “mediano” o “alto” riesgo en los aglomerados, departamentos o partidos de más de 40.000 habitantes; o bien de “alarma epidemiológica y sanitaria”, como actualmente se da en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los parámetros tienen que ver con el aumento de casos de los últimos 14 días; la incidencia -es decir, la cantidad de casos sobre la población total del distrito- y, en el caso de las zonas de “alarma epidemiológica y sanitaria”, se tendrá en cuenta que la ocupación de camas de terapia intensiva supere el 80%.

Por otra parte, se indica que los gobernadores y gobernadoras dictarán las medidas necesarias, “como agentes naturales del gobierno federal”, en lugar de “delegados o delegadas del gobierno federal”, un término que había hecho bastante ruido.

También se agregó al artículo 34 que la ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, y regirá hasta el 31 de diciembre de 2021. El plazo de la norma era otro de los planteos.

Además, se eliminó la “invitación” al Poder Legislativo y al Poder Judicial de promover la modalidad de teletrabajo; se determina la restricción de circular desde las 19 hasta las 6 del día siguiente -la versión inicial decía 20 en lugar de 19-; y se agrega que el transporte público lo podrán utilizar también quienes concurran a asistir a un familiar.

En un nuevo artículo, se prevé que “las autoridades de los establecimientos sanitarios de gestión pública o privada deberán actualizar diariamente, en el sistema que establezca el Ministerio de Salud de la Nación, los datos que indique la autoridad sanitaria nacional, para el seguimiento, en tiempo real, de los ingresos y egresos de pacientes en las salas de terapia intensiva, la cantidad de respiradores y de otros recursos críticos disponibles en cada establecimiento de salud con internación”.

El reporte será “obligatorio” para todos los establecimientos de salud, sean estos públicos o privados, que desarrollen sus actividades en el territorio nacional, independientemente de su fuente de financiamiento, garantizando la protección de datos personales de conformidad con la Ley 25.326.

Clases presenciales

En la iniciativa se incorporó que “se mantendrán las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todo el país, salvo las excepciones dispuestas en la presente ley o que se dispongan dando efectivo cumplimiento a los parámetros de evaluación, estratificación y determinación del nivel de riesgo epidemiológico y condiciones establecidas por el Consejo Federal de Educación”.

“En todos los casos se deberá actuar de acuerdo a los protocolos debidamente aprobados por las autoridades correspondientes”, reza el texto, que establece además que los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño “podrán suspender en forma temporaria las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales conforme a la evaluación del riesgo epidemiológico, de conformidad con la normativa vigente”. “Solo en caso de haber dispuesto por sí la suspensión de clases, podrán disponer por sí su reinicio, según la evaluación de riesgo”, se señala.

Sin embargo, se mantiene que “en los aglomerados, departamentos o partidos que se encuentren en situación de ‘Alarma Epidemiológica y Sanitaria’ queda suspendido el dictado de clases presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades”.

Y se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a “morigerar o dejar sin efecto la suspensión establecida” en virtud “de la mejora sostenida en los valores de los parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario, aun dentro de los niveles de alarma”. Del artículo se sacó que lo hará “previa consulta” con los gobernadores o el jefe de Gobierno porteño.

Ávila manifestó su oposición al proyecto de emergencia Covid del Gobierno

La diputada nacional sostuvo que “ningún criterio sanitario, por más científicamente correcto sea, puede estar por encima de la Constitución Nacional”.

La diputada nacional Beatriz Ávila manifestó su oposición al proyecto de ley de emergencia Covid del Gobierno, y sostuvo que “ningún criterio sanitario, por más científicamente correcto sea, puede estar por encima de la Constitución Nacional”. 

En este sentido, la legisladora tucumana consideró que el oficialismo, al no poder controlar políticamente al Poder Judicial, intenta “darle un ropaje de legalidad a una decisión soberana de otro poder del Estado Republicano en un intento por vulnerar sentencias judiciales legítimas”. 

Asimismo, Ávila advirtió que “está mal” hablar de ‘superpoderes’ al presidente, y que lo que se quiere hacer es “dotar de poderes inconstitucionales”. 

La diputada del Partido por la Justicia Social recordó en los años ‘90 la Nación decidió mediante el traspaso de las escuelas a las provincias, trasladar íntegramente la gestión educativa a la órbita provincial; mientras que hoy “la Nación no gestiona ni administra una sola escuela del territorio argentino y pretende por este medio, vulnerar las potestades provinciales quienes tienen la responsabilidad integral de su gestión. Y a este fin la presencialidad, aun en ocasión de una emergencia sanitaria como la que vivimos, es de completa competencia y decisión de las autoridades provinciales, y la presencialidad es un aspecto más de todas las herramientas de gestión que también son conducidas por las jurisdicciones provinciales”, concluyó la legisladora. 

Negri advirtió a gobernadores peronistas por cómo vayan a votar sus legisladores

Para el legislador cordobés, pagarán un “alto costo político” si sus legisladores votan “con mano de yeso”. Se mostró cauteloso respecto del resultado que vaya a tener el proyecto en la Cámara baja.

El presidente del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, consideró este jueves que los gobernadores del justicialismo pagarán un costo político “muy alto” si apoyan la ley que otorga facultades especiales al Poder Ejecutivo.

“Creo que los gobernadores peronistas deberían preocuparse, porque si sus legisladores votan esta ley estarán avalando inconstitucionales. En definitiva, las facultades que se les está queriendo sacar a las provincias son los ciudadanos”, advirtió Negri y agregó: “Es de un alto político votar esto con mano de yeso”.

“Desde Juntos por el Cambio debemos explicarle a la sociedad que no hay un país que funcione seriamente sobre la base de concentración de poder en una persona que gobierna, eso no es una democracia. Eso es ir camino a una autocracia y no podemos permitirlo”, sostuvo el diputado radical en declaraciones realizadas este jueves por la mañana.

Negri explicó los motivos de fondo para rechazar el proyecto del Ejecutivo: “Acá no hay ningún rechazo caprichoso, no es una ocurrencia de la oposición para no votar algo que envía el Gobierno. Se trata de un rechazo a violar la Constitución, es un rechazo a ser sordo y ciego frente a un fallo de la Corte Suprema que ha sido ejemplar. Esta iniciativa expresa esa obsesión incorregible del kirchnerismo de pensar ‘yo voy a hacer lo que quiera, no hay división de poderes, ni competencias originarias de las provincias, y pretenden meter todas esas ideas en una ley”.

“No queremos votar una ley plagada de inconstitucionalidades y que el Congreso le dé facultades al Ejecutivo que no puede cederle porque son de las provincias”, remarcó Negri.

“La Corte Suprema ha dicho muy claramente que la emergencia no es una franquicia que te dan para que violar la Constitución. El kirchnerismo vivió de las emergencias durante todos sus gobiernos, para ellos la emergencia es un insumo necesario de su pensamiento sobre el Estado”, dijo el diputado cordobés.

El presidente del interbloque JxC se mostró cauto sobre el resultado que podría tener el proyecto cuando llegue a Diputados. “Yo creo que no solo Juntos por el Cambio va a rechazar esta ley. Creo que hay otros bloques, como el interbloquenbloque Federal, donde mayoritariamente no van a acompañar esto. Supongo que habrá otros legisladores sueltos y veremos qué dice la izquierda”.

Consultado por la prensa en caso de que la ley sea finalmente sancionada, Negri coincidió en que lo más probable es que se judicialice y sea declarada inconstitucional. “Yo creo que, si este proyecto sigue este camino, abre puertas de judicialización que uno lamenta”. “El control de constitucionalidad lo tiene en última instancia la Corte Suprema, no lo hace Alberto Fernández ni la vicepresidenta, les guste o no les guste a ellos”, remarcó.

Complicado, el oficialismo necesita convencer a 4 diputados para aprobar la ley de facultades especiales

Descontando la segura media sanción en el Senado, el poroteo realizado por parlamentario.com en la Cámara baja sugiere un resultado “ajustadísimo”. En principio, los votos todavía no estarían. De quiénes depende el Frente de Todos.

El Poder Ejecutivo tiene especial prisa en lograr la aprobación del proyecto de ley de emergencia Covid, que otorga facultades especiales al Gobierno, de modo tal de poder evitar reveses judiciales como el que se generó en la Corte Suprema de Justicia a partir de la presentación hecha por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el tema de las clases presenciales. El objetivo oficial -difícil, por cierto- es conseguir su aprobación antes de que venza el decreto vigente, el próximo 21 de mayo. Así lo expresó el presidente Alberto Fernández antes de partir a Europa, pero está claro que los tiempos están demasiado acotados para lograr tal objetivo.

Por eso es que el oficialismo le dio un tratamiento “súper exprés” al proyecto este miércoles en el Senado, convocando a funcionarios y especialistas y firmando el dictamen en el plenario correspondiente, todo en el mismo día. El tema es que la mayoría con la que cuenta en el Senado le garantiza al oficialismo poder hacer esas cosas; no es el panorama que se presenta en cambio en Diputados.

Muy por el contrario, será complicado para el Gobierno forzar un tratamiento similar al de la Cámara alta la próxima semana. Eso implicaría el debate y segura aprobación del proyecto de ley el miércoles que viene, un eventual tratamiento en comisión al día siguiente y, dictamen en mano, llevarlo al recinto el viernes. Amén de la posibilidad demasiado hipotética de poder llevar adelante semejante tratamiento acelerado, la pregunta del millón es si el oficialismo cuenta con los votos suficientes para aprobar ese proyecto de ley. Los interrogantes se irán resolviendo con el correr de los días.

Pero la búsqueda de esos votos arrancó mal para el Gobierno, habida cuenta de que los cuatro votos que corresponden al bloque Córdoba Federal no están, según anticiparon desde esa bancada este jueves. Esos votos son clave para toda ley que se proponga aprobar el oficialismo en una votación ajustada.

Pasa que con el previsible rechazo anticipado por Juntos por el Cambio, la suerte de esta ley queda en manos -como tantísimas otras veces- del universo intermedio compuesto por 21 diputados. Esto es, los diputados ajenos al Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y a los dos de la izquierda, Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano.

El oficialismo suele apostar al interbloque Federal, integrado por 11 miembros, pero el mismo no suele mostrarse homogéneo. Sí en general el interbloque de 6 denominado Unidad Federal para el Desarrollo. También conocido como “los Ramones”, por ser conducido por el mendocino José Luis Ramón. Pero en esta oportunidad hay un dato que preocupa al Gobierno: de los tres sectores que componen este interbloque, el rionegrino Luis Di Giácomo, que tiene una bancada unipersonal, votaría en contra. Esa presunción surge de la postura expuesta el miércoles por el senador Alberto Weretilneck durante el debate en el Senado. En el plenario que analizó el proyecto, el exgobernador rionegrino advirtió su rechazo por considerar que el proyecto “no resuelve nada”, por lo que sugirió “volver al camino de los consensos entre el presidente y los gobernadores”.

Así las cosas, los apoyos del bloque de los Ramones se reducirían a 5 -Ramón, Juan Ansaloni, y los tres del Frente de la Concordia Misionero-.

El oficialismo confía en contar con el voto de dos exCambiemos que hoy componen el bloque Acción Federal, el riojano Felipe Alvarez y el santacruceño Antonio José Carambia, mas no se ilusiona con otra exCambiemos que suele alinearse con el voto opositor, razón por la cual se despegó hace tiempo de Unidad Federal para el Desarrollo, la tucumana Beatriz Avila.

Sí cuenta el oficialismo con la neuquina Alma Sapag, y con eso estaría sumando 125 voluntades. Le restaría conseguir 4 votos más, que debería encontrar dentro del ya citado interbloque Federal, que -repetimos- tiene 11 miembros.

Si no puede contar  con los 4 de Córdoba Federal y ya los 3 de Consenso Federal anticiparon su rechazo, quedan solo 4 votos en los que, como se ve, se juega el todo por el todo. Descuenta el Frente de Todos que puede contar con los dos del bloque Justicialista –Eduardo “Bali” Bucca y el salteño Andrés Zottos-. No es seguro en cambio con los dos santafesinos restantes: Luis Contigiani y el socialista Enrique Estévez.

Como están las cosas, el oficialismo necesitaría “sí o sí” contar con esos cuatro votos para aprobar, con lo justo, esa ley en Diputados.

A menos que durante la semana que resta hasta el tratamiento del proyecto en el Senado, se produzcan modificaciones que alteren el escenario que a priori se presenta. Esto es, que se le abra el juego al rionegrino Weretilneck para que cambie su postura, como sucedió el año pasado con el tema del aborto, cuando le garantizaron modificaciones en la reglamentación para que votara afirmativamente como hizo, luego de adelantar reparos en el último debate en comisión. Desde el Frente de Todos mostraron disposición en ese sentido.

En el oficialismo piensan en los radicales que responden a sus gobernadores. Particularmente el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Mario Fiad, que responde al gobernador jujeño Gerardo Morales, hizo conocer su posición durante el debate en el plenario del miércoles, en el que señaló que “esta ley se podría llegar a salvar en lo constitucional si fuera de adhesión y no de orden público”. Es lo que expresaron oportunamente los gobernadores Morales y Rodolfo Suárez, de Mendoza. Con todo, no es lo que en principio estaría dispuesto a ceder al Gobierno.

Más probable es que avancen con la negociación de “cambios” que habiliten consensos. Consultado al respecto el diputado Enrique Estévez, uno de esos cuatro de los que depende la suerte del Gobierno, fuentes cercanas al legislador santafesinos señalaron a parlamentario.com que “estamos dispuestos a trabajar para encontrar acuerdos dentro de los límites que establece la Constitución”.

Los diputados de Schiaretti adelantaron su rechazo a las facultades especiales

Los cuatro integrantes de Córdoba Federal confirmaron su posición por considerar que el proyecto del Ejecutivo “avasalla” autonomías provinciales.

bloque diputados cordoba federal

Malas noticias para el Gobierno: el bloque Córdoba Federal anticipó su rechazo al proyecto de ley de emergencia por Covid. Así lo anticipó el presidente de esa bancada clave para el andamiaje de la Cámara de Diputados, Carlos Gutiérrez.

En declaraciones a Cadena 3, Gutiérrez expresó que su bloque va a rechazar ese proyecto por considerar que avasalla las autonomías provinciales. Y agregó: “No entendemos cuál es el sentido de este proyecto, que no sea contradecir lo que ya la Corte Suprema de Justicia dijo hace pocos días al respecto”.

El bloque Córdoba Federal está compuesto por Gutiérrez, Pablo Cassinerio, Claudia Márquez y la esposa del gobernador Juan Schiaretti, Alejandra Vigo.

Con todo, Gutiérrez admitió que el proyecto que este miércoles consiguió dictamen en la Cámara alta y al que el oficialismo aspira a dar media sanción la semana que viene no implica “superpoderes”, como algunos insisten en denominarlo. Pero como sea, el legislador cordobés insistió en que van a rechazar “toda ley que avasalle la autonomía provincial”.

Laspina, sobre el proyecto de restricciones: “Es un avasallamiento a las autonomías provinciales”

El diputado del Pro se manifestó en contra de la iniciativa que ingresó al Senado y consideró que habrá presentaciones judiciales. Puso el duda la capacidad del oficialismo para reunir el quórum en Diputados.

luciano laspina sesion 27 marzo 2021

El diputado nacional Luciano Laspina (Pro) se refirió al proyecto de ley enviado por el Gobierno sobre las facultades especiales para regular las restricciones por la pandemia y opinó que “es un avasallamiento sobre las autonomías provinciales”.

“Dado que el DNU (241/21) fue cuestionado por el fallo de la Corte Suprema, el Gobierno ahora dice ‘queremos redoblar la apuesta y vamos a hacerlo por un proyecto de ley'”, señaló el macrista, que pronosticó que en caso de aprobarse la norma habrá presentaciones judiciales.

Respecto al tratamiento de la iniciativa en la Cámara baja, luego que llegue de parte del Senado, el legislador de Juntos por el Cambio anticipó: “Vamos a tratar de llevar este debate de una manera lo suficientemente contundente en los argumentos, de modo tal de poder quebrar las alianzas que el kirchnerismo necesita, al menos en la Cámara de Diputados, para llegar al quórum y a la mayoría simple”.

En ese sentido, Laspina recordó que el interbloque que conduce el mendocino José Luis Ramón y una parte del Interbloque Federal -como son los diputados Eduardo “Bali” Bucca y Andrés Zottos- suelen acompañar al oficialismo en las votaciones.

Para el diputado, el proyecto “parte de dos supuestos implícitos que nosotros no compartimos”. “Uno es desconfiar de la autoridad o de la responsabilidad de los gobernadores e intendentes en el manejo de la crisis sanitaria en sus distritos. Intervenir en la cuestión sanitaria según algunos parámetros objetivos, que además se autodelega la capacidad de ir modificándolos según considere la autoridad de aplicación, el Ministerio de Salud”.

El otro aspecto es que plantea que “las clases presenciales son parte del problema y no parte de la solución” cuando “no ha habido hasta ahora ninguna estadística de que haya más riesgo de contagio de los chicos en las aulas con protocolos muy estrictos, respecto a que se queden en sus casas y en la mayoría de los casos probablemente saliendo y juntándose en las casas de sus amigos sin protocolos, o jugando en la calle”.

“Además de delegarse facultades vuelve a invadir de alguna forma la autonomía de las provincias y genera un precedente bastante peligroso, más allá de lo sanitario y la excepcionalidad”, insistió el santafesino, que opinó que de aprobarse la ley habrá “presentaciones que van a volver a llevar el conflicto a la Corte, y presentaciones de las propias provincias”.

En declaraciones a radio CNN, Laspina agregó que al proyecto lo ve “como un capricho” por parte del Poder Ejecutivo, algo “bastante parecido a lo que nos tiene acostumbrados Cristina Kirchner”.

Por otra parte, el legislador del Pro aseguró que ve “muy golpeado” al ministro de Economía, Martín Guzmán, “por esta tensión que se generó respecto a las tarifas”. “Me preocupa porque Argentina está en una situación muy vulnerable. Justo ahora estamos atravesando la mejor etapa del año, con un precio récord de la soja que genera una liquidación histórica en dólares para el campo argentino, pero después viene un largo segundo semestre donde ya los dólares no van a abundar”, observó.

Y manifestó la preocupación por “un presidente débil” al que se le suma “un ministro de Economía que no puede tomar decisiones”. “Creo que Guzmán está tratando de tomar aire para ver si se puede recuperar, pero va a ser muy difícil si él no trata de volver a imponer su palabra”, expresó y, en esa línea, hizo alusión a las negociaciones por la deuda con el FMI. “Hay un sector muy duro del kirchnerismo que se prepara para ir a una confrontación durísima con el Fondo y eventualmente a romper con el Fondo”, advirtió el economista.

Cruce entre dos diputados mendocinos por el proyecto del Gobierno sobre las restricciones

El radical Luis Petri y el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo tuvieron un intercambio a través de Twitter.

Dos diputados mendocinos se cruzaron este martes, a través de Twitter, por el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para establecer “parámetros epidemiológicos y sanitarios regulatorios” de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid.

Para el radical Luis Petri, la iniciativa “supone un brutal avance sobre el federalismo, desconociendo el fallo de la Corte”, que la semana pasada le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires sobre las clases presenciales.

El legislador de Juntos por el Cambio consideró que “quienes voten a favor después no digan que luchan por el federalismo o que van al Congreso a defender a sus provincias porque las están entregando con moño con esta ley”, y mencionó en el tuit a su par José Luis Ramón.

El jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo le respondió: “Mi querido @luispetri si la intención de su frente estuviera puesta en la protección de la ciudadanía tendrían la vocación de leer los proyectos primero y negarse después. Pero como se manejan por capricho, primero niegan y después ven qué hacen”.

“El doble discurso se ve a la legua. @rodysuarez se lava las manos y le tira el fardo a Nación, pero ahora sus legisladores nacionales van en contra de que Nación se haga cargo. Primero debatamos el proyecto, unifiquemos los criterios sanitarios y pongámosle un tope de tiempo”, agregó Ramón, aliado del oficialismo en la Cámara baja.

Petri defendió entonces que el gobernador Rodolfo Suárez “ha sido un ejemplo en el manejo de la pandemia, buscando equilibrar razonablemente salud, economía y educación, algo que no ocurrió a nivel Gobierno nacional”.

Y completó que leyó el proyecto ingresado al Senado y “confirma nuestras sospechas, es una delegación de facultades que viola la Constitución y atropella las autonomías provinciales. La Corte se pronunció sin dejar dudas y el Gobierno utiliza al Congreso para desafiarla”.

Negri, contra el proyecto de facultades delegadas: “El Ejecutivo quiere actuar como si fuéramos un país unitario”

Para el jefe del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, la iniciativa contradice al menos dos artículos de la Constitución Nacional. Rechazo cerrado.

El presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, advirtió este lunes que “el Poder Ejecutivo quiere actuar como si fuéramos un país unitario”, al referirse al proyecto de ley enviado al Senado que establece parámetros epidemiológicos y sanitarios para la implementación de restricciones.

“Somos un país federal, donde deben convivir armónicamente las provincias autónomas, la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional. Y la Constitución Nacional les da la obligación a los gobernadores de cuidar esa autonomía y a sus gobernados. Que no se confunda el Poder Ejecutivo Nacional, que no pretenda actuar como si éste fuera un país unitario”, avisó Negri. 

El cordobés recordó que el artículo 128 de la Constitución nacional dice que “los gobernadores son agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación”.

“Dice mucho este artículo corto de nuestra Carta Magna: los gobernadores no son delegados del Gobierno, como pretende decir el proyecto del Ejecutivo. La Constitución los faculta, los empodera, para velar por el cumplimiento de la Carta Magna. Sobre todo, y antes que nada, para hacer respetar la forma de gobierno del artículo primero, que es representativa, republicana y federal”, analizó.

Negri alertó que “una vez más el Ejecutivo cree que el Congreso es una escribanía, que va a votar a libro cerrado lo que proponga. Las facultades que el presidente pretende que se le deleguen son facultades legislativas. Corresponde al Poder Legislativo, entonces, determinar si se las delega y por cuanto tiempo lo hará. Somos una República y cada rama de la administración tiene sus funciones delimitadas. No corresponde que el Ejecutivo pretenda apropiarse de una de ellas”.

Además, cuestionó que el proyecto de ley pide una delegación de facultades sin plazo determinado, cuando la Constitución exige en el artículo 76 que toda delegación de facultades debe tener un “plazo fijado para su ejercicio”.

En este sentido, el diputado observó que “el artículo cuarto del proyecto establece que la duración de la delegación de facultades será igual a la duración de la emergencia sanitaria. Pero, curiosamente, la duración de la emergencia sanitaria la viene definiendo el propio Ejecutivo por DNU. Así, la delegación de facultades no terminará hasta que el Ejecutivo no haya determinado la finalización de la emergencia sanitaria. Esto es completamente contrario del espíritu del artículo 76 de la Constitución nacional”.

Negri finalizó con una dura advertencia a los bloques minoritarios de la oposición en la Cámara de Diputados: “Ojalá el resto de la oposición no caiga en la tentación centralista del kirchnerismo. La sociedad los castigará en las urnas”.

El Ejecutivo envió al Senado el proyecto para gestionar la pandemia según criterios epidemiológicos

La iniciativa consta de 34 artículos y establece criterios para la toma de medidas a través de una delegación de facultades al presidente. Los detalles.

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El Poder Ejecutivo envió este lunes al Congreso, tal como estaba previsto, el proyecto de ley de delegación de facultades especiales al presidente Alberto Fernández para administrar la pandemia del coronavirus en base a determinados parámetros epidemiológicos y sanitarios.

La iniciativa ingresó cerca de las 18 por el Senado, donde el Frente de Todos tiene mayoría propia para definir los tiempos del debate y avanzar con la rápida aprobación a pesar del rechazo anticipado de Juntos por el Cambio, la principal bancada de la oposición.

El debate será en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud, presididas respectivamente por la oficialista María de los Ángeles Sacnun y el radical Mario Fiad.

El texto, que consta de 34 artículos, lleva las firmas de Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y los ministros de Salud, Carla Vizzotti; de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; de Trabajo, Claudio Moroni; de Transporte, Alexis Guerrera; de Educación, Nicolás Trotta; y de Seguridad, Sabina Frederic.

Independientemente de la fecha de su sanción en el Congreso, la futura ley entrará en vigencia el 22 de mayo, es decir, el día siguiente al vencimiento de las disposiciones del último DNU de medidas sanitarias, el 287/21.

En qué consiste el proyecto

El proyecto tiene como objetivo “establecer medidas sanitarias generales de prevención que se aplicarán en todo el país y disposiciones sanitarias locales y focalizadas de contención y disminución de contagios por Covid-19”.

A su vez, se busca que tanto el Poder Ejecutivo Nacional como los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, según el caso, “adopten medidas sanitarias ante la verificación de parámetros epidemiológicos y sanitarios con el fin de mitigar la propagación del virus Sars-Cov-2 para prevenir y contener su impacto sanitario”.

Para eso, se establecen una serie de criterios para definir si la situación es de “bajo”, “mediano” o “alto” riesgo en los aglomerados, departamentos o partidos de más de 40.000 habitantes; o bien de “alarma epidemiológica y sanitaria”, como actualmente se da en el Área Metropolitana (AMBA).

Los parámetros tienen que ver con el aumento de casos de los últimos 14 días; la incidencia -es decir, la cantidad de casos sobre la población total del distrito- y, en el caso de las zonas de “alarma epidemiológica y sanitaria”, se tendrá en cuenta que la ocupación de camas de terapia intensiva supere el 80%.

De todos modos, el proyecto faculta al Ministerio de Salud nacional a modificar esos parámetros “en forma fundada” de acuerdo a la evolución de la pandemia, y previa consulta con los ministros provinciales en el marco del Consejo Federal de Salud.

En el artículo cuarto se indica que los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño “dictarán las medidas necesarias” para implementar la ley “como delegados del gobierno federal, conforme lo establece el artículo 128 de la Constitución Nacional”, pero “sin perjuicio de las medidas que deban adoptar las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios en ejercicio de sus competencias propias”.

Para el Ejecutivo nacional, las bases de la delegación de facultades serán dos: la “adopción de medidas razonables, temporarias y oportunas para proteger la vida y la salud pública en relación con la pandemia”; y la “creación de condiciones para el acceso a la atención y asistencia médica adecuada de las personas afectadas”.

Luego se enumeran siete medidas sanitarias de prevención para todo el país: distancia mínima de dos metros; uso de tapabocas; ventilación de ambientes; higiene de manos; la obligación de toser y estornudar con el pliegue del codo; cumplimiento de los protocolos de cada actividad; y prohibición de circulación para personas contagiadas, sus contactos estrechos y casos sospechosos.

Como quedó establecido en los últimos Decretos de Necesidad y Urgencia, se suspenden en todo el país -con excepción de las zonas de riesgo “bajo”- los viajes de egresados, estudiantiles y de jubilados, y las reuniones sociales de más de 20 personas en domicilios particulares.

En tanto, las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas y recreativas podrán realizarse en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria que corresponda.

Además, se fomenta el teletrabajo; se ratifica la suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo para las personas indicadas en las distintas resoluciones del Ministerio de Trabajo; y se limita el uso del transporte público al personal calificado como esencial.

Para las zonas de riesgo “alto”, se agregan las suspensiones ya vigentes de reuniones sociales en domicilios particulares; reuniones de más de diez personas en espacios públicos; práctica de deportes y eventos de cualquier tipo en lugares cerrados; y apertura de bingos, discotecas, salones de fiesta, cines, teatros, clubes y gimnasios, entre otros.

En los locales gastronómicos se mantienen los horarios vigentes y el aforo del 30% en relación con la capacidad máxima habilitada; y se prohíbe la circulación nocturna entre las 0 y las 6 horas, aunque los gobernadores podrán ampliar el rango horario, “siempre que el plazo de restricción de circular no supere el máximo de diez horas”.

Por último, para los aglomerados urbanos, departamentos o partidos de más de 300.000 habitantes en situación de “alarma epidemiológica y sanitaria”, como el caso del AMBA, se suma la suspensión de centros comerciales y ferias en lugares abiertos o cerrados y el cierre de los locales comerciales a las 19 horas.

Los gobernadores podrán aplicar medidas adicionales y focalizadas por un plazo máximo de 21 días corridos, y si no hay una evolución favorable de los parámetros, el Poder Ejecutivo Nacional estará facultado para adoptar restricciones “adicionales, proporcionadas y razonables”, siempre de manera fundada y con previa consulta a los mandatarios provinciales.

Otra de las claves del proyecto está en el artículo 21, que suspende las clases presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades en las zonas de “alarma epidemiológica”, tal como dispuso el Poder Ejecutivo Nacional en el AMBA a través de dos DNU, de los cuales el primero fue objetado por la Corte Suprema de Justicia en el fallo que le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires.

En este aspecto, se faculta al Ejecutivo Nacional, previa consulta con el gobernador correspondiente, a “morigerar o dejar sin efecto la suspensión (de las clases presenciales) en virtud de la mejora sostenida en los valores de los parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario, aun dentro de los niveles de alarma”.

En el proyecto también se establecen como disposiciones generales para todo el país el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias; el acompañamiento de pacientes internados por Covid u otras enfermedades “en sus últimos días de vida”; y los controles se seguridad en la vía pública y accesos.

Además, prohíbe el ingreso al país de extranjeros no residentes en Argentina por el término de 30 días corridos, con algunas excepciones, como las personas afectadas a la operación de vuelos y traslados sanitarios.

El proyecto

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JxC rechaza dar superpoderes y Fernández les respondió

Representantes de la principal oposición se mostraron renuentes a votar más facultades para el presidente, quien contestó desde Europa.

Ante la llegada del proyecto oficial que brindará facultades especiales al Congreso en tiempos de pandemia, desde la oposición se han puesto en guardia.

El presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, adelantó en ese sentido que “no vamos a votar  superpoderes para el presidente”. El legislador cordobés remarcó que “desde que asumió gobierna con leyes de emergencia, facultades delegadas y a puro DNU. Los resultados están a la vista: pésima gestión de la pandemia y de la economía”.

“La emergencia no está por encima de la Constitución Nacional, concluyó el legislador cordobés.

Consultado por Infobae respecto del rechazo anticipado desde la oposición, el presidente Alberto Fernández respondió desde Europa: “Antes de oponerse, que primero lean la ley”.

La de Negri no fue la única voz opositora que adelantó su rechazo a más poderes para el presidente. “La estrategia sanitaria del Gobierno falló a pesar de tener el poder necesario. No le vamos a otorgar más poder a Alberto Fernández. Lo que sí necesita es una gestión clara consiguiendo las vacunas para todos los argentinos”, expresó el también radical Alfredo Cornejo.

Otro diputado mendocino, Luis Petri, advirtió que “todo lo que suponga superpoderes o delegación de facultades no lo vamos a votar. Lo que el Gobierno no obtuvo en la Corte para avanzar contra el federalismo no debería lograrlo en el Congreso. La Corte fijo los límites del Gobierno y las facultades que retienen las provincias”.

Agregó Petri que “desde el DNU 297 que dispuso el ASPO, el Gobierno dictó 22 DNU sin acudir al Congreso, órgano natural para la reglamentación de los derechos. Ahora frente a provincias y CABA que se oponen al cierre de escuelas, busca en el Congreso el cheque en blanco que lo habilite a imponerlo”, y concluyó: “Un presidente desapoderado en un Gobierno con Superpoderes. Un presidente que no preside en Gobierno que declaró la emergencia cuando asumió, restableció los superpoderes, gobernó por decreto toda la pandemia y hoy se acuerda del Congreso por los límites que le impuso la Corte”.

El Gobierno enviará este lunes el proyecto que dará más facultades al presidente

Antes de partir rumbo a Europa, el presidente repasaba los últimos detalles del texto que el oficialismo buscará aprobar con rapidez.

Una semana después de anunciarlo a través del mensaje en el que anticipó las últimas medidas dispuestas para esta etapa de la pandemia, el presidente Alberto Fernández confirmó durante un acto en el que participó a través de Zoom que antes de emprender su gira europea estaba dedicado a repasar y pulir el proyecto de ley que enviará su Gobierno al Congreso. El objetivo del mismo es otorgarle más facultades al presidente en este marco de pandemia y, como dijo este viernes, evitar que “sigamos teniendo los vaivenes a los que nos somete la Justicia con su peculiar modo de ver las cosas”.

En efecto, el proyecto surge como respuesta al fallo de la Corte Suprema de Justicia que dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires respecto del decreto sobre la presencialidad en las clases, y buscará facultar al presidente de la Nación y a los gobernadores a dictar medidas de cuidado de la población, con el fin de evitar la judicialización de las mismas.

Así las cosas, el presidente Fernández quería irse de viaje habiendo dado un vistazo definitivo al proyecto de ley que fue elaborado por la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y es también analizado por la Jefatura de Gabinete antes de ser remitido este lunes al Congreso de la Nación, según deslizaron fuentes oficiales.

Alberto Fernández anticipó el pasado 30 de abril que enviaría al Congreso un proyecto de ley que le permita tener más facultades a la hora de tomar medidas para contener la pandemia. “En los próximos días enviaré un proyecto de ley al Congreso de la Nación para que, en función de criterios científicos, claros y precisos, se faculte al presidente de la Nación y a los gobernadores a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional”, dijo en su discurso.

El mandatario afirmó entonces que “de este modo estoy ratificando mi vocación de diálogo. La pandemia nos exige una inmensa responsabilidad. Y es la política quien debe tomar las decisiones y encontrar las respuestas al desafío que enfrentamos”.

“Esto es mi responsabilidad y es nuestra tarea colectiva. Los convoco a todos y todas a que sigamos redoblando unidas y unidos los cuidados y la vacunación en las próximas semanas”, pidió.

Fernández argumentó que las medidas adoptadas “son las que se han tomado en todo el mundo. Con el virus, es imposible negociar. Frente al virus, tenemos que tomar medidas firmes”.

Esperan en el Congreso la llegada del proyecto para dar más facultades al presidente

La iniciativa podría ingresar por Diputados a fines de esta semana o principios de la próxima.

El presidente Alberto Fernández anunció el último día de abril el envío de un proyecto de ley al Congreso para contar con más facultades en tiempos de pandemia. Pese a la prisa del Poder Ejecutivo en contar con esa herramienta legislativa, sobre todo a partir del fallo de la Corte Suprema que supuso un severo traspié para el Gobierno nacional, el proyecto aún no llegó al Parlamento.

En rigor, están trabajando en el texto en la Secretaría de Legal y Técnica que conduce Vilma Ibarra y la Jefatura de Gabinete, y el proyecto podría ser enviado al Congreso sobre el final de esta semana o principios de la próxima, según confió este miércoles la vicejefa del bloque del Frente de Todos de la Cámara baja, Cecilia Moreau.

En declaraciones radiales, la diputada Moreau confirmó el apuro oficial para sacar esa ley, argumentando la “urgencia” que amerita “en medio de una pandemia”. A su juicio, “si hay buena voluntad podemos hacerlo rápido, entendiendo que es una urgencia en medio de una epidemia”.

El proyecto ingresaría así a través de la Cámara de Diputados, y no el Senado, donde tendría el trámite veloz que le garantiza la mayoría con la que cuenta el oficialismo allí. Sin embargo de nada le serviría eso si después se trabara como ha sucedido con otras iniciativas importantes en la Cámara baja. Por eso preferirían que el proyecto que busca dar más facultades al presidente ingrese a través de Diputados, donde podrían hacerse modificaciones sugeridas por aquellos legisladores cuyos votos podrían garantizar su aprobación.