El futuro de la Argentina debe replantear modificaciones estructurales en varios aspectos y marcar una situación diferente a la que se vive en la actualidad. El tiempo que se viene en el país permite pensar la actualización de las normas laborales que regulan las relaciones de trabajo: la ley de Contrato de Trabajo, la de Asociaciones Sindicales y la de Convenciones Colectivas de Trabajo son tres elementos que requieren una profunda revisión -entre otros-.

¿Acaso es lo mismo un comercio de barrio que una multinacional instalada en el país? La respuesta lógica es que no. Sin embargo, en la Argentina de hoy, el Estado le plantea a ambas las mismas exigencias y compromisos -y muchas veces no reparte los mismos beneficios-. La consideración de actualizar las normas laborales tiene que ver justamente con esto: encontrar y encuadrar legalmente las nuevas relaciones laborales, las diversas modalidades de empleo, las diferentes condiciones que proponen los empleadores y no alterar los derechos de los trabajadores.

Si tomamos los textos normativos enunciados en el primer párrafo encontraremos un denominador común. Los tres datan del siglo pasado (1974 la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo, 1988 la de Asociaciones Sindicales y 1953 la de los Convenios Colectivos) y con ellos cargan la falta de actualización para los tiempos presentes: en esta materia, nada de lo surgido en el siglo pasado puede tener un sustento lógico en el tiempo presente.

Animarse a abrir el camino de actualización de estas será un ejercicio que tendrá grandes virtudes: permitirá generar una Argentina de consensos ya que una modificación de esta característica permitiría a cada sector realizar su aporte con una premisa clara: no vulnerar derechos de los trabajadores e incorporar los elementos que los empresarios consideren oportunos y necesarios en tal sentido. Quizás el error del pasado haya sido transmitir un concepto confuso sobre la base que la reforma laboral avasalla derechos. Y hay que generar todo lo contrario: más derechos, más oportunidades y más respaldo legal para quienes apuesten por nuestro país.

En este escenario el rol de los sindicatos se torna fundamental. Tanto para acompañar las actualizaciones necesarias como para velar por la implementación de las mismas: los grandes sindicatos serán los que aporten ideas en este rico debate. Y deberán ser también quienes se adapten a estas nuevas actualizaciones y acompañen las nuevas etapas.

En ese sentido, en la Argentina de hoy existen más de tres mil sindicatos. Ahora bien, ¿cumplen todos con la ley? ¿Es el ministerio de Trabajo el garante que estos funcionen en el marco de las exigencias de las normas? Estas preguntas encuentran su necesidad de respuesta en el accionar de dicho ministerio: es clave también rever el rol y las funciones de un espacio de gobierno que debe ser actualizado.

Está claro que se viene una obligación de viajar al siglo 21 en materia laboral. La falta de inversión, generación de empleo privado, genuino y de calidad, y la ausencia de la clase trabajadora organizada expone un límite y punto final para esta realidad. Deberá asumirse el compromiso y la convicción de que el cambio es necesario. El desafío pasa entonces por lograr el equilibrio entre las demandas de los trabajadores -representados siempre en sindicatos- y los empresarios, siempre con el Estado como juez de esto. Actualizar el marco legal es el primer paso para hacerlo. 

El reciente anuncio del ministro de Educación nacional de agregar una hora más de clase a las escuelas primarias de todo el país para alcanzar las 950 horas anuales en las escuelas primarias se convirtió en el anuncio más destacado de la gestión de Alberto Fernández al frente del Poder Ejecutivo. Sin embargo, no obtuvo el tajante y unánime apoyo de los gremios docentes oficialistas, como sí lo tuvieron todas las medidas adoptadas hasta entonces, incluyendo las trabas que se dieron para habilitar el regreso a la presencialidad en la provincia de Buenos Aires, y gran parte del país. 

Es loable que, tras dos años de abogar activamente por las escuelas cerradas, desde la cartera nacional den un guiño hacia un planteo que trasciendo lo político: la importancia y defensa de la educación debe ser un tema que supere la grieta. Para ello, hacen falta políticas educativas urgentes que viren el rumbo que está tomando el sistema educativo, tan debilitado, en nuestro país.  

Este proyecto, que ubicaría a nuestro país como uno de los primeros en la región en materia de horas de clase del nivel primario, carga con la oportunidad de recuperar parte de lo perdido en materia de enseñanza y vinculación socio-pedagógica con las escuelas, pero, también, en avanzar hacia la extensión de la jornada completa a lo largo y ancho de nuestro país. 

Si bien hay jurisdicciones que ya cuentan con medidas de este estilo -la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ya cuenta con más del 60 por ciento de escuelas de Jornada Completa, y complementa con otras iniciativas para alcanzar dicho número de horas de clase-, la realidad en el resto del país indica una deuda histórica para con la educación, los chicos, y su rol en el sistema educativo. Ante esto, estoy convencido que los niños, niñas y adolescentes deben ser la prioridad absoluta, pues el derecho a la educación es el más fundamental e importante de todos y se debe garantizar y revalidar de forma incuestionable. 

Tenemos la responsabilidad de acompañar las medidas que busquen mejorar la educación, sin distinción de banderas políticas. Como secretario general de SEducA, siempre trabajé por la presencialidad, y las aulas llenas, entendiendo que la educación debe venir primero, y esto incluye que esté por encima de cualquier diferencia partidaria. La prioridad es la educación. 

Es por esto que resulta necesario abrir el debate, cuanto menos. Salir a rechazar algo tan categóricamente a minutos de su anuncio resulta inexplicable, y habla de una carencia de fundamentación importante. Y un tema tan trascendental debe ser tratado con la altura necesaria. Por eso, este proyecto nos encontrará siempre del lado de la defensa de las condiciones laborales docentes, y sus derechos, pero también, del de los chicos a educarse y formarse. Y tengo la certeza que somos la mayoría de los docentes que amamos nuestra profesión y queremos estar en las aulas llenas. Por eso apelamos a la responsabilidad y la coherencia para transformar, de una vez por todas y a gran escala, nuestro sistema educativo. 

Enmarcado en el complejo escenario de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional que mantienen en vilo a nuestro país, tras dos años de una pandemia que hizo estragos en el tejido social -y principalmente en nuestro sistema educativo- la Ciudad anunció la modificación del Estatuto Docente en la pasada apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, y, algunos días más tarde, una legisladora presentó el proyecto de manera formal. Ante esto, la pregunta que surge: ¿es momento para reformar el Estatuto Docente en la Ciudad? 

Toda transformación debe contemplar el momento histórico que atravesamos. Y como ya anunció el Gobierno Nacional, el acuerdo con el FMI obligará a modernizar todos los convenios colectivos de trabajo a nivel nacional. Por eso, estos cambios que apuntan a la “transformación educativa” con la que la Ciudad pretende posicionarse a la vanguardia, en relación con el resto del país, en cuanto a formación docente, contenidos pedagógicos y condiciones laborales en las Escuelas, que complementan los anuncios de las nuevas escuelas bilingües y la eliminación de las “horas libres”, entre otros puntos positivos, deben ser mirados bajo una óptica coherente, para no jugar con el tiempo de los argentinos. 

Nosotros, como sindicato docente, estamos convencidos del rol que debemos ocupar como garante de la educación, y no obstaculizándola. 

Remarco esto para poner en perspectiva qué está bien y qué está mal en esta reforma del Estatuto: creará más puestos de trabajo de forma directa (a través de los nuevos cargos docentes que se crean) e indirecta (fomentando la formación continua de docentes, impulsando la creación de nuevas carreras), y aumentando el poder adquisitivo en función de la jerarquización de la tarea docente. La contracara de esto es que en ningún momento se nos consultó, ni se nos informó. Claro que, tras el anuncio mediático y político, los docentes en las escuelas necesitaban saber más, y nosotros como sindicato docente, también. Si cuando se implementó la UNICABA fuimos consultados, y para la presencialidad, hubo diálogo -para remarcar dos grandes “batallas” de los últimos tiempos-, ¿Qué cambió ahora en el Gobierno de la Ciudad? 

En estos momentos tan delicados que atravesamos como país, y ante la frágil y vulnerable situación social a la que han sumido a los chicos y chicas nacidos en nuestro suelo, debemos convocar a todas las partes involucradas para salir adelante. Como dirigente, entiendo que años de mala fama han ponderado a los sindicatos como asociaciones en contra del progreso. Pero no somos todos iguales. Es una oportunidad histórica de modernizar, transparentar, y democratizar a los Sindicatos. Y desde SEducA estamos a favor de la tarea docente, y su profesionalización. Porque eso implicará más oportunidades, mejor remuneradas e impactará positivamente en la formación en las escuelas, creando más y mejor futuro para todos. La única forma de parar ese espiral de pobreza del que nunca parecemos poder salir es a través de la modernización y del progreso, y queremos ser parte de la solución. Pero también tenemos la responsabilidad de representar a los docentes que día a día están en las escuelas, e interpretar sus demandas. Ahí radica la importancia de no invisibilizar nuestro rol. 

Por eso, creo que debemos entender que hoy nuestro país nos necesita, y nos está convocando de forma urgente a todos a comprometernos en la solución. La transformación educativa es fundamental, pero no deja de ser parte de un gran entramado de cambios que nos vemos obligados a enfrentar para salir adelante, en la Ciudad, la Provincia y en todo nuestro territorio Nacional. Dejemos las mezquindades de lado, y apuntemos a una construcción democrática y transparente que convoque a todos los sectores involucrados. Reconociendo lo bueno, y lo malo de esta, y todas las reformas que necesita nuestra educación, y nuestro país, pero siempre siendo conscientes del momento y la oportunidad para proponerlas.