La Fundación Sur manifestó su preocupación por el proyecto de ley que busca agravar las penas vinculadas a las denominadas “falsas denuncias”, al considerar que la iniciativa podría afectar el acceso a la justicia de las víctimas y desalentar la denuncia de hechos de abuso, violencia o vulneración de derechos.

La entidad recordó que las denuncias falsas ya se encuentran previstas y sancionadas por el Código Penal cuando existe una conducta dolosa por parte de quien formula la acusación.

“La discusión no debería centrarse en castigar más a quien denuncia, sino en fortalecer la capacidad del Estado para investigar con seriedad, proteger a las víctimas y garantizar el debido proceso. Una denuncia que no logra acreditarse no es, por ese solo hecho, una denuncia falsa”, afirmó Laura Musa, directora de la Fundación Sur.

Según la organización, la información oficial disponible en Argentina muestra que las denuncias falsas constituyen un fenómeno marginal, por lo que no representarían un problema de política criminal que justifique una reforma de estas características.

Uno de los principales cuestionamientos de la Fundación Sur apunta al posible efecto inhibidor de la iniciativa. Advirtió que la amenaza de enfrentar consecuencias penales si una denuncia no prospera podría desalentar a víctimas, familiares, testigos y también a docentes, profesionales de la salud, trabajadores sociales y peritos que tienen responsabilidades en la detección y comunicación de situaciones de riesgo.

“La posibilidad de sanciones puede profundizar un escenario donde el silencio ya constituye uno de los principales obstáculos para la protección de niñas, niños y adolescentes”, señalaron desde la entidad.

La organización sostuvo además que el proyecto confunde dos situaciones jurídicamente distintas: una denuncia falsa, realizada con conocimiento de su falsedad y con intención de perjudicar a otra persona, y una denuncia presentada de buena fe que finalmente no puede ser acreditada durante el proceso judicial.

Desde una perspectiva de derechos de infancia, la Fundación Sur señaló que el principio rector debe seguir siendo el interés superior del niño y la obligación estatal de investigar de manera exhaustiva toda sospecha de abuso o vulneración de derechos, garantizando al mismo tiempo el debido proceso para las personas denunciadas.

“La mejor respuesta no es generar nuevas amenazas para quienes denuncian, sino mejorar los mecanismos de investigación, la producción de prueba, la evaluación de la evidencia y el acceso a la justicia. Un proyecto como este puede intimidar a víctimas, testigos y profesionales, afectando su disposición a intervenir en procesos judiciales y debilitando la protección de quienes más la necesitan”, concluyó Musa.

Mientras la atención del Senado está puesta en la sesión del jueves, la Comisión de Banca de la Mujer se reunió este marte para llevar a cabo el conservatorio “Barreras en el acceso a la justicia en casos de violencia de género y hacia las infancias”. El encuentro estuvo a cargo de la rionegrina Ana Marks, quien arremetió contra el proyecto de Falsas Denuncias.

La reunión informativa contó con la presencia de la abogada e investigadora del CONICET, Marisa Herrera; la directora del Área Jurídica del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Julieta Izcurdia; la coordinadora ejecutiva de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE), Sofía Ardusso; la periodista Agustina Vidal; las futbolistas Luana Muñoz y Camila Gómez Ares; la abogada Andrea Lucangioli; la subsecretaria de Asistencia a Víctimas y Acceso a la Justicia del Municipio de Lomas de Zamora, Claudia Perugino; la docente Lucía Cavallero; y el abogado Carlos Rozanski.

“Esperamos que este sea el primero de muchos encuentros para debatir y poner en agenda lo que necesitamos. También queremos denunciar que el proyecto de ley sobre falsas denuncias, que ya cuenta con dictamen, criminaliza a quienes denuncian, busca encubrir las situaciones de violencia y está muy lejos de responder a lo que necesitamos por parte del Estado”, cargó la senadora justicialista.

Minutos después tomó la palabra la investigadora del Conicet Marisa Herrera, quien consideró que el proyecto que impulsó Carolina Losada es “anticonstitucional”. Por su parte, la representante de ELA añadió que “atenta contra el pacto democrático de protección y erradicación de la violencia”.

También, el juez Rozanski consideró que “este proyecto de ley es un tema de crueldad”, y cuestionó que se haya tratado una iniciativa basada en un fenómeno que, según expresó, “no existe”.

La periodista Vidal y las futbolistas Muñoz y Gómez Ares expusieron sobre el caso del entrenador Diego Guacci, quien fue denunciado en 2021 por cinco jugadoras por acoso sexual y violencia psicológica. Cabe recordar que la esposa de este director técnico es una de las activistas que se expresa a favor del proyecto de Falsas Denuncias.

Integrantes del bloque Provincias Unidas se hicieron presentes en el Anexo del Palacio Legislativo este jueves y presentaron un proyecto de declaración que expresa profunda preocupación y enérgico rechazo frente a los proyectos de "falsas denuncias", como por ejemplo el que impulsó la senadora radical Carolina Losada. El texto, además, reiteró el apoyo a la posición del Comité de Expertos de la Convención Belém Do Pará.

Inicialmente, este tratado internacional era conocido como Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujeres. La República Argentina lo adoptó en 1994 y fue el primer acuerdo a nivel mundial en reconocer que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos y no un asunto privado.

La presentación del proyecto de declaración estuvo a cargo de las diputadas María Inés Zigarán y Mariela Coletta, quienes contaron con el apoyo de la cordobesa Carolina Basualdo, Pablo Juliano, el santafesino Esteban Paulón, Mónica Frade la Coalición Cívica y de Martín Lousteau, excompañero de bancada de la senadora santafesina de la Unión Cívica Radical.

Cabe recordar que la propuesta de modificación al Código Penal de la Nación en materia de falsas denuncias y el aumento de las penas previstas, que las eleva de 3 a 6 años de prisión cuando las falsas denuncias involucren situaciones vinculadas a violencia de género, abuso sexual o menores obtuvo dictamen en la Cámara alta el pasado 8 de abril pasado. Sin embargo, fuentes del oficialismo y de los bloques aliados confirmaron a parlamentario.com que el texto no corre, por lo que su tratamiento quedará nulo.

En aquella oportunidad, el proyecto de la santafesina tuvo un tratamiento casi sigiloso debido a que la reunión de comisión se convocó a la misma hora en que la Cámara de Diputados debatía la modificación a la Ley de Glaciares. Por la presentación y defensa, Carolina Losada fue denunciada penalmente por un colectivo integrado por juristas, especialistas en salud mental y referentes de Derechos Humanos, y cuestionada en público por diferentes espacios políticos del Congreso, incluido el radicalismo, al que pertenece.

El texto presentado por Provincias Unidas, también, exhorta a todos los Poderes del Estado a mantener los estándares internacionales de derechos humanos asumidos por la República Argentina, en particular los establecidos en las Convenciones de Belém do Pará y de los Derechos del Niño, ambas con jerarquía constitucional en los términos del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.

Contra el texto de Losada, manifestaron que “la promoción de iniciativas legislativas que focalizan de manera desproporcionada en la eventual falsedad de las denuncias en contextos de violencia de género y hacia personas menores de edad constituye una forma indirecta de discriminación, en tanto se apoya en prejuicios estructurales que históricamente han puesto en duda la credibilidad de las mujeres”.

Y siguieron: “La instalación de este enfoque no es neutra: produce un efecto inhibidor concreto, en la medida en que introduce un riesgo adicional para quienes evalúan denunciar, generando un contexto de temor que opera como una verdadera mordaza sobre las víctimas”.

Por último, señalaron que “el impulso de estas iniciativas configura un escenario de regresividad normativa que vulnera el principio de progresividad en materia de derechos humanos, compromete las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino y expone al país a eventuales responsabilidades internacionales por la adopción de medidas que obstaculizan el acceso a la justicia y debilitan la protección de las víctimas”.

En los últimos años comenzó a consolidarse en la Argentina un fenómeno político, judicial y cultural profundamente regresivo: la instalación de una narrativa orientada a construir sospecha estructural sobre quienes denuncian violencia de género, abuso sexual y violencia contra niñas, niños y adolescentes. Bajo la aparente defensa del debido proceso y las garantías constitucionales, determinados sectores políticos, mediáticos y judiciales empezaron a instalar la idea de que existiría un uso generalizado e instrumental del sistema judicial mediante denuncias falsas.

Lo que inicialmente aparecía como la exposición aislada de determinados casos terminó convirtiéndose en una maquinaria discursiva organizada capaz de producir efectos concretos sobre el funcionamiento institucional y el acceso a la justicia. El eje de la discusión dejó progresivamente de concentrarse en las enormes dificultades que enfrentan mujeres, niñas y niños para acceder a mecanismos efectivos de protección y pasó a focalizarse en la posibilidad de que las denuncias sean falsas, manipuladas o utilizadas estratégicamente.

Ese desplazamiento no es neutro. Produce consecuencias institucionales concretas. Cuando la sospecha se instala como punto de partida del análisis judicial, las dinámicas protectorias comienzan a invertirse: la víctima potencial pasa a ser observada como posible manipuladora; las madres protectoras son reinterpretadas bajo categorías de obstrucción o alienación; y la palabra de niñas y niños empieza a ser filtrada a través de hipótesis previas de manipulación o fabulación.

La gravedad del fenómeno aumenta cuando estas narrativas se articulan con constructos pseudocientíficos como el denominado Síndrome de Alienación Parental (SAP), utilizado reiteradamente para desacreditar denuncias de abuso sexual infantil y violencia intrafamiliar pese a carecer completamente de reconocimiento científico y haber sido rechazado por organismos internacionales especializados.

La utilización judicial del SAP constituye una de las formas más sofisticadas de lo que podría definirse como “judicialización del descrédito”: el desplazamiento del análisis desde la violencia denunciada hacia la credibilidad emocional, psicológica o moral de quien denuncia. El conflicto deja entonces de organizarse alrededor de la posible existencia de violencia para reconfigurarse alrededor de la sospecha sobre la víctima.

En este contexto, el propio sistema judicial corre el riesgo de transformarse en un espacio de reproducción institucional de la violencia. La reiteración de procesos desgastantes, las denuncias cruzadas, las revinculaciones compulsivas y la litigación abusiva generan dinámicas de revictimización capaces de desalentar futuras denuncias incluso sin necesidad de sanciones penales concretas.

Sin embargo, el dato más importante es que toda esta construcción política y mediática no encuentra respaldo en la evidencia empírica. El relevamiento federal realizado por el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos Fiscales reveló que las causas por falsa denuncia representan apenas el 0,09% del universo penal analizado. Por el contrario, el principal problema estructural continúa siendo la subdenuncia.

Las estadísticas nacionales e internacionales muestran que una enorme proporción de mujeres y víctimas de violencia sexual nunca llega siquiera a formular denuncia formal, fundamentalmente por miedo, desconfianza institucional y temor a procesos revictimizantes. Según datos de la Iniciativa Spotlight, el 77% de las mujeres que sufrieron violencia de pareja no realizó denuncia alguna. En casos de violencia sexual, el porcentaje de no denuncia asciende todavía más.

La pregunta entonces resulta inevitable: ¿por qué el debate público comenzó a girar alrededor de las falsas denuncias cuando el verdadero problema sigue siendo que miles de víctimas no denuncian?

La respuesta no es jurídica, sino política y cultural.

La expansión contemporánea de estas narrativas forma parte de un proceso más amplio de backlash anti-género orientado a cuestionar consensos democráticos construidos durante décadas en materia de igualdad y derechos humanos. La deslegitimación de políticas de género, el desmantelamiento de organismos especializados y la reinstalación de discursos sobre supuestos abusos del feminismo forman parte de una misma matriz política destinada a restaurar viejas estructuras de sospecha sobre las víctimas.

La verdadera amenaza democrática no es entonces el exceso de denuncias. Es el miedo a denunciar.

El miedo de miles de mujeres a no ser creídas.

El miedo de niñas y niños a que sus relatos sean reinterpretados como manipulación.

El miedo de madres protectoras a perder vínculos filiales por intentar denunciar violencia.

Porque el verdadero triunfo de estas narrativas no ocurre cuando una denuncia es archivada. Ocurre mucho antes: cuando miles de personas deciden callar. Cuando denunciar deja de percibirse como un derecho y empieza a sentirse como un riesgo.

Y cuando una sociedad logra que mujeres, niñas, niños y adolescentes deban preguntarse si denunciar violencia puede destruirles la vida más que la propia violencia denunciada, entonces la sospecha ya dejó de ser un discurso. Se convirtió en una forma de disciplinamiento social profundamente incompatible con un Estado de Derecho comprometido con el acceso efectivo a la justicia y la protección integral frente a las violencias.

En el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Mujeres y Diversidad y la de Familias, Niñez y Adolescentes, presididas por los diputados nacionales de Unión por la Patria Gabriela Estévez y Pablo Yedlin, respectivamente, se reunió este martes para iniciar el debate sobre violencia vicaria y el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP).

Al inicio del encuentro, Estévez afirmó que “es una temática importante que nos preocupa porque son temas delicados que forman parte de una agenda urgente que hace años venimos sosteniendo en el Congreso y costó mucho traerla a discusión. Hay proyectos presentados sobre ambas temáticas, pero decidimos unificarlos porque están muy relacionados entre sí”.

Durante la reunión, diferentes expositores cuestionaron duramente el proyecto de la senadora radical Carolina Losada sobre falsas denuncias que tiene dictamen de comisión en dicha Cámara y lo vincularon con el "lobby pedófilo" y lo calificaron como "una mordaza a las infancias". Diputadas libertarias manifestaron su rechazo hacia las expresiones vertidas contra la senadora y la respaldaron.

A su vez, plantearon que "el Código Penal ya contempla este tipo de delitos en el artículo 80 inc. 12. La redundancia normativa no conduce a ninguna parte. Si creen que sumar este término podría llegar a cambiar algo de lo que está sucediendo, porque el problema en el país no es la falta de leyes sino la falencia en la aplicación de las normas", sostuvo la libertaria Johanna Longo y cuestionó: "Se incorporaran conceptos ambiguos y eso es peligroso porque las leyes tienen que dar seguridad jurídica y no depender de una militancia judicial. Acá desaparece la igualdad ante la ley", y citó el caso de Lucio Dupuy y Cecilia Strzyzowski para argumentar sus dichos.

"Escuchamos un catálogo de provocaciones... instrúyase un poco", retrucó la diputada Miryam Bregman y manifestó: "Tenemos la urgencia de que el proyecto de Losada no salga, todos tenemos que comprometernos para ir al Senado y que esa iniciativa no salga y vamos a denunciar a quienes lo voten porque es una protección a pedófilos".

La palabra de los especialistas

En el uso de la palabra, Carlos Rozanski -ex juez Federal- habló sobre el falso SAP como una “iniciativa tan imprescindible” y la necesidad de una legislación sobre el tema porque “la historia de la infancia es de abuso y maltrato. La impunidad que se mantuvo a lo largo de siglos bajo la frase ‘los chicos mienten’ para descalificar cualquier intento de investigación”.

Rozanski afirmó que en Argentina hace siglos “se avanzó mucho para evitar ese patriarcado y esa frase generara impunidad. Pero cuando no alcanzó, comenzaron a analizarse las argumentaciones para que, a pesar de los avances, se logre impunidad”. Así, explicó que en los años 80 se instaló que “las madres les lavaron el cerebro a los chicos para que crean que fueron abusados. Esa es la clave para entender el SAP. Después dijeron que los mismos profesionales les lavaban el cerebro”.

El exjuez aseguró que, a través de diferentes disciplinas como psicología, antropología, derecho, empezaron a aclarar que “eso no era cierto, que no era un síndrome y no estaba en los registros. A partir de ese momento ya no alcanzaba, pero en otros lugares hay espacios del Poder Judicial donde jueces y fiscales todavía mantienen la ideología patriarcal que con una sola frase descalifican los dichos de los niños”.

“Los pedófilos, los que hacen negocios con la pornografía infantil lo que hacen es descalificar y no nombran el Síndrome de Alineación, le van cambiando la denominación”, indicó. A raíz de ello, apuntó contra la senadora nacional Carolina Losada que impulsa en el Senado un proyecto sobre falsas denuncias: “Genera el mito de las falsas denuncias como parte de un lobby pedófilo brutal que vive el país que en estos años tiene un gran avance. Hemos hecho una denuncia penal contra el proyecto porque lo que intenta es desenmascarar la operación en medio de un retroceso de derechos humanos”.

“Ese mito se instala sobre algo inexistente porque se basan en que en la Argentina hay muchas falsas denuncias sobre abusos sexuales contra las infancias”, remarcó y cuestionó al exministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, quien sostuvo en una oportunidad que hay un 70% de falsas denuncias. “Es mentira este dato, sino que salió un informe que tiene una base de 8 millones de causas penales donde se llegó a la conclusión que las falsas denuncias son del 0,09%, pero no de abusos sexuales a las infancias. No hay falsas denuncias sobre abuso sexual infantil en el país. Esto es lo grave de que en función que no existe se instale como mito y esto es lo que hizo Losada con el lobby pedófilo”.

A continuación, la psicóloga Sonia Vaccaro expuso sobre violencia vicaria, concepto que acuñó en 2012, tras escuchar múltiples mujeres víctimas de violencia de género que “muchas eran silenciadas por este falso síndrome como se pretende seguir utilizarlo”, cuyo fin es “continuar con el daño a la mujer a través de los hijos como objeto porque el sistema y las instituciones lo permiten y refuerzan”.

“La violencia vicaria es una nueva forma de violencia de género, de un hombre violento sobre la mujer y ahora, utilizando como objeto a los hijos”, definió y agregó: “Cuando se usa a los hijos como un objeto para seguir dañando a la mujer, lo que busca y ataca es el rol materno hasta hacer desaparecer a la madre de la vida de la criatura”.

La psicóloga indicó que “el patriarcado ataca lo que sabe que a las mujeres nos duele que son los hijos. A esta altura nadie duda que la justicia es un ámbito netamente patriarcal”. En esa línea, también cuestionó el proyecto de Losada: “No puedo creer que lo haya presentado una mujer porque querer hacer una ley mordaza con un delito como este que es el maltrato infantil, la violencia. Todos delitos con cifras ocultas y alarmantes porque 1 de cada 4 mujeres víctima denuncia”, y agregó: “Legislar sobre las supuestas falsas denuncias es una ley mordaza”.

Por último, precisó que el SAP es otro tipo mecanismo de violencia para dañar a la madre y detalló que la violencia vicaria tiene dos caras donde “la extrema que concluye con el asesinato de las criaturas. Ojalá se pueda erradicar la violencia vicaria, pero legislar contra el amordazamiento de las criaturas y madres es un retroceso aberrante”.

En su alocución, la exdiputada nacional Mónica Macha –autora de una de las iniciativas- expresó: “Es importante que la violencia vicaria esté tipificada porque permite política pública pensada para la capacitación, la formación de equipos y los alcances para que las denunciantes tengan un lugar donde ser escuchadas”.

“Es una deuda de la sociedad el valor que se le da realmente a la palabra de los niños y adolescentes porque el adulto centrismo es una construcción del patriarcado que tenemos que desmontar”, manifestó.

La psicóloga de Rosario, Natalia Amatiello, alertó que 1 de cada 4 mujeres sufrió violencia de género en las infancias. “La marca de un abuso sexual en un niño es imborrable por eso es importante que los profesionales que trabajamos con esos casos tengamos esas preparaciones para poder ayudar a dar cuenta de eso”, y planteó que “muchos casos de suicidio en la adolescencia tienen que ver con maltratos o abusos sexuales que no pudieron ser trabajadores por eso la utilización del SAP”.

También expuso Analía Sosa, representando al Frente de Madres de Víctimas de Violencia Vicaria en Argentina, quien manifestó que “la violencia vicaria es una de las formas de violencia más crueles donde los hijos son utilizados como parte de un plan perverso. El sistema judicial hoy no cuenta con herramientas preventivas suficientes para detectar tempranamente estas dinámicas y termina siendo utilizado para perpetuar el daño”.

“El problema no es la falta de la norma, necesitamos descomprimir un sistema judicial colapsado para que los niños que sí necesitan atención urgente sean atendidos, ya que no existe reparación ulterior. Las políticas públicas deben ser preventivas y no reparadoras. El Estado no puede desoír el sufrimiento de niños y madres. Argentina necesita una ley contra la violencia vicaria con perspectiva de infancia y una justicia con perspectiva de infancia. El derecho a una vida sin violencia no puede ser un privilegio”, reflexionó.

Desde Somos Muralla, Carolina Rodríguez, solicitó que “el Poder Legislativo escuche esta problemática que tiene que dejar de ser invisibilizada. Necesitamos que la violencia vicaria sea nombrada, reconocida y sancionada por Argentina, porque ninguna infancia debería crecer atravesada por la manipulación emocional, el silencio institucional y la violencia”. En esa línea, sintetizó: “Les pedimos compromiso, humanidad y una ley”.

Durante el encuentro, además hicieron uso de la palabra Sofía Quiroga, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); Yamila Corín, de Madres Protectoras; y la docente Renata Vismara, de Incidencia Feminista.

Al comienzo de la reunión plenaria, se terminaron de completar las autoridades que estaban vacantes en ambas Comisiones. En Mujeres y Diversidad fue designada para ocupar la Secretaría la diputada nacional Valentina Ravera (LLA). Y, en el caso de Familias, Niñez y Juventudes, también para una Secretaría, fue avalada María Inés Zigarán, legisladora de Provincias Unidas.

Un colectivo integrado por juristas, especialistas en salud mental y referentes de Derechos Humanos presentó una denuncia penal contra la senadora nacional Carolina Losada (UCR) a raíz del proyecto de ley de su autoría que propone endurecer las penas por falsas denuncias y falsos testimonios en causas vinculadas a violencia de género, abuso sexual y delitos contra niños, niñas y adolescentes.

La denuncia fue radicada en la Justicia Federal y tiene entre sus principales impulsores al ex juez de la Cámara Federal Carlos Rozanski, la psicóloga y periodista Liliana Hendel y la socióloga e investigadora Dora Barrancos. En el escrito, acusan a la legisladora santafesina de impulsar una iniciativa que podría funcionar como un mecanismo de coacción e intimidación, especialmente sobre profesionales que intervienen en la atención de víctimas de abusos sexuales.

Según los denunciantes, la propuesta legislativa carece de sustento empírico y se apoya en una premisa falsa: la supuesta proliferación de denuncias deliberadamente inventadas en este tipo de causas. Para fundamentarlo, citan un relevamiento del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, elaborado sobre más de ocho millones de casos penales tramitados en 17 provincias entre 2023 y 2025. De ese total, apenas el 0,09% correspondió a investigaciones por denuncias presuntamente falsas, mientras que los falsos testimonios representaron solo el 0,025%.

Además, el informe señala que el 86% de las falsas denuncias detectadas se originaron en conflictos patrimoniales o laborales, y no en situaciones de violencia de género o intrafamiliar, que constituyen el núcleo del proyecto impulsado por Losada. Para los autores de la presentación, estos datos desmienten la necesidad de una reforma penal en los términos planteados.

La iniciativa de la senadora radical consiguió en el mes de abril que la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que preside Gonzalo Guzmán Coraita, le diera dictamen favorable y dejó el proyecto en condiciones de ser tratado en el recinto. La propuesta eleva de tres a seis años la pena de prisión cuando la falsa denuncia se vincula con violencia de género, abuso sexual o involucra a menores de edad.

Durante el debate en comisión, Losada defendió la iniciativa y sostuvo que las sanciones actuales son “prácticamente inexistentes”. Aseguró que las falsas denuncias consumen recursos del Estado y generan daños irreparables en las personas acusadas. Desde 2022, dijo, el proyecto fue objeto de múltiples jornadas de discusión y no responde a divisiones partidarias ni sociales.

El diputado nacional Esteban Paulón anticipó este lunes su rechazo al proyecto de ley dio que propone modificaciones al Código Penal de la Nación en materia de falsas denuncias, que cuenta dictamen de la Cámara de Senadores, y lo calificó como “todo lo que está mal”.

La iniciativa fue impulsada por la senadora radical Carolina Losada, la cual busca endurecer las penas previstas, elevándolas de 3 a 6 años de prisión cuando las falsas denuncias involucren situaciones vinculadas a violencia de género, abuso sexual o menores.

Al respecto, Paulón se opuso en redes al proyecto de “falsas denuncias porque busca disciplinar a las víctimas y de abuso y violencia para que no denuncien", y señaló que "establece estándares inaceptables de prueba, aplica penas mayores a las previstas para los perpetradores y favorece la impunidad para pedófilos, abusadores y violentos. No debe ser aprobado".

La diputada nacional Myriam Bregman (FIT) salió a cuestionar en duros términos la iniciativa que busca aumentar las penas para quienes realicen falsas denuncias, sobre todo en caso de violencia de género, una propuesta impulsada por la senadora radical Carolina Losada.

“El proyecto de ‘falsas denuncias’ de la senadora Carolina Losada que propone penalizar a quienes denunciaran ‘falsamente’ por haber sido víctimas o testigos de violencia sexual -y de género en general- con penas de 3 a 6 años de prisión, que se aprobó en comisiones del Senado, no busca actuar sobre ningún vacío legal. Mienten”, aseveró.

En tal sentido, la porteña apuntó que “esto no solo porque la falsa denuncia ya está tipificada en el Código Penal argentino, sino porque los datos muestran que el sistema judicial no está saturado de denuncias falsas, sino -por el contrario- que éstas representan alrededor del 0,25% de las condenas penales y, en su mayoría, se vinculan a delitos económicos, no a violencia de género”.

“Además, el proyecto ignora el enorme subregistro que atraviesa a ese sistema judicial: hoy, a 10 años del primer Ni Una Menos, solo 1 de cada 4 mujeres denuncia violencia de género y, en casos de violencia sexual, la cifra desciende hasta el 10% (según datos de ELA)”, precisó.

Para Bregman, “de fondo, la intención es construir una respuesta punitiva que no se corresponde con la evidencia, sino con una operación política: reinstalar la sospecha sobre quienes se animan a denunciar, profundizando el negacionismo de género para amedrentar a las víctimas y silenciarlas”.

“En ese marco, se reactivan figuras intencionalmente construidas, como la ‘mala víctima’, la ‘madre manipuladora’ o el interés económico, junto con el uso del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), una construcción sin respaldo científico que invierte la carga de la prueba, y campañas de desprestigio que presentan las denuncias como operaciones destinadas a dañar la imagen de los acusados”, enfatizó.

La legisladora, además, señaló que “se desconoce un punto central del funcionamiento del sistema penal: la falta de condena no equivale a falsedad de la denuncia. Muchas causas no prosperan por dificultades probatorias propias de delitos que ocurren en la intimidad y en contextos de desigualdad”.

“El informe técnico de ELA, CELS, INECIP, Amnistía Internacional y Ni Una Menos advierte que esta reforma introduce un efecto concreto: desalentar la denuncia, al ampliar el riesgo penal sobre denunciantes, testigos y profesionales en un sistema ya atravesado por barreras estructurales”, remarcó.

Bregman afirmó así que “el proyecto consolida un escenario de silenciamiento y se articula con el recorte de políticas de género y la negación de la violencia estructural, y produce un resultado previsible: menos denuncias y más impunidad”. “Por eso, lo rechazamos de plano y apostamos a la fuerza organizada y a la lucha persistente del movimiento de mujeres”, finalizó.

El proyecto recibió dictamen de comisión el pasado 8 de abril, pero todavía no hay fecha para que se debata en el recinto del Senado.

Mientras en la Cámara alta avanza un proyecto de la senadora Carolina Losada contra las falsas denuncias, que ya cuenta con dictamen, en Diputados un legislador de La Libertad Avanza presentó una iniciativa de contenido similar, con el objetivo de endurecer las penas previstas para quienes denuncien delitos inexistentes de manera deliberada. La propuesta reaviva una discusión sensible, en la que se cruzan la protección frente a acusaciones falsas, el funcionamiento del sistema penal y las garantías de acceso a la Justicia.

El proyecto, encabezado por el diputado Álvaro Martínez junto a otros integrantes del bloque libertario, propone modificar el artículo 245 del Código Penal. En lugar de la pena actualmente vigente —de dos meses a un año de prisión o multa—, habilita al juez a aplicar una sanción proporcional a la del delito falsamente denunciado, con una reducción en la escala mínima y máxima. De este modo, quien imputara en forma dolosa un hecho grave podría enfrentar una pena significativamente mayor que la actual.

En los fundamentos, los autores sostienen que existe una “desigualdad palmaria” entre el riesgo que corre una persona falsamente acusada y las consecuencias casi inexistentes para quien formula la denuncia. Señalan que en delitos con penas elevadas, como homicidios o abusos sexuales agravados, la mera imputación puede llevar a procesos largos, prisión preventiva y daños irreversibles, aun cuando luego no se pruebe el hecho. Frente a ese escenario, consideran que el castigo previsto para la falsa denuncia resulta desproporcionadamente bajo.

La iniciativa pone el acento en el componente doloso de la conducta. Para que se configure el delito, remarcan, debe acreditarse que el denunciante actuó sabiendo que el hecho era falso. Los legisladores reconocen que esa prueba no siempre es sencilla, pero advierten que la ausencia práctica de consecuencias alienta el uso del sistema penal con fines ajenos a la búsqueda de justicia, como venganzas personales o disputas privadas.

El texto también cuestiona ciertas dinámicas judiciales actuales. En particular, menciona que en algunos tipos de delitos se avanza con imputaciones severas aun con evidencias débiles o de carácter subjetivo, mientras que las denuncias falsas rara vez son investigadas con la misma intensidad. Esa asimetría, afirman, erosiona la confianza pública y desvía recursos del Estado hacia causas inexistentes, en detrimento de la persecución de delitos reales.

Los autores del proyecto reconocen una de las principales objeciones a este tipo de reformas: el temor a que una agravación de penas desaliente a víctimas genuinas a denunciar, especialmente en casos complejos donde la prueba es difícil de obtener. Sin embargo, sostienen que el eje está puesto en la intencionalidad y no en el resultado del proceso, y que una denuncia realizada de buena fe no debería dar lugar a sanción alguna.

La presentación en Diputados se inscribe así en una agenda legislativa más amplia. Con el proyecto de Losada avanzando en el Senado y una iniciativa análoga en la Cámara baja, la cuestión de las falsas denuncias vuelve a ocupar un lugar central en el debate penal. El desafío será encontrar un equilibrio entre desalentar abusos del sistema y preservar el derecho de las víctimas a recurrir a la Justicia sin temor a represalias.

Un día después de que el tema motivara una jornada en la Cámara alta, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el salteño Gonzalo Guzmán Coraita, dio tratamiento este miércoles al proyecto de ley de autoría de la senadora Carolina Losada (UCR – Santa Fe), que propone modificaciones al Código Penal de la Nación en materia de falsas denuncias.

La iniciativa busca endurecer las penas previstas, elevándolas de 3 a 6 años de prisión cuando las falsas denuncias involucren situaciones vinculadas a violencia de género, abuso sexual o menores.

Al respecto, el presidente de la comisión explicó que, tras haber perdido estado parlamentario, el dictamen vuelve a ser puesto a consideración para su tratamiento.

En su intervención, Carolina Losada recordó que las penas existentes hoy sobre el tema son “prácticamente inexistentes”, y que ya se desarrollaron siete jornadas sobre el tema. Aclaró que el tema trasciende a los partidos políticos y estratos sociales. “Son personas de cualquier ámbito; niños que son alejados de sus papás, mamás, abuelos, tíos o hermanos. Algo muy grave está sucediendo: ayer vino una mujer a verme y me contó que hace mucho tiempo que no ve a su hijo, estando el tema resuelto por la justicia hace muchos meses. No merece discusión que las mentiras existen y no responde a un solo género”, señaló la senadora.

“Es un proyecto que venimos trabajando desde 2022”, dijo y afirmó que "las falsas denuncias llenan de causas los tribunales y utilizan recursos del Estado, recursos que deberían ir a las verdaderas víctimas". Agregó que este tipo de denuncias "arruinan vidas".

Por su parte, el senador  justicialista Daniel Bensusán advirtió que, tal como está redactada la iniciativa, podría generar que "las víctimas tengan miedo de denunciar". Señaló además que en muchos casos no se logra acreditar el delito por tratarse de hechos ocurridos en el ámbito intrafamiliar, y remarcó que "denuncia falsa y falta de prueba no son lo mismo".

“Muchas veces las pruebas han desaparecido”, ejemplificó, advirtiendo que “si avanzamos en este proyecto vamos a lograr que hasta las víctimas tengan miedo de denunciar; porque uno denuncia un hecho con un indicio, una prueba, y después es un fiscal el que determina si logró comprobar que hay delito”. En este marco, al ser más severas las penas por falsas denuncias, el denunciante puede tener miedo de denunciar.

El senador pampeano aclaró no obstante que estaba de acuerdo con castigar penalmente a aquellas personas que hacen una falsa denuncia para perjudicar a un tercero. Pero le apuntó a la justicia, donde dijo que radica el problema, ya que “no actúa rápidamente; está dos años, tres, en un proceso de si es falsa o no la denuncia y la persona está acusada. El problema es la justicia, no el tipo penal que establece el código”.

“Por eso pongo un signo de interrogación en esto”, dijo el senador Bensusán, aclarando que sus observaciones tenían por objeto mejorar el proyecto. Y ejemplificó: “Hoy un abuso simple tiene una pena de 3 años; tiene que ser muy rave para que la pena llegue a 6, en general se aplican 3 años. Y nosotros vamos a elevar la pena a una persona que haya denunciado y que después el hecho no se pudo comprobar, que tenga una pena mayor al que abusó… Es un contrasentido absoluto”.

Aclaró sobre el final que no criticaba por criticar, y que coincidía con su colega Losada, pero se expresaba para tratar de mejorar la iniciativa, “en el sentido de no perjudicar el sistema del menor. De aprobarse esto, creo que vamos a meter la pata, vamos a lograr que aquella persona que tenga que denunciar un hecho, tenga cierto miedo a ser denunciado y tener una pena como la que estamos hablando”. Por eso pidió invitar en una próxima reunión a otros operadores de la justicia para que brinden su opinión.

Losada le contestó reconociendo la buena fe de la crítica de Bensusán, pero advirtió que una falsa denuncia “no dispara automáticamente otra denuncia y va presa”. Por el contrario, aclaró que “tiene que haber un nuevo juicio en donde se denuncia a esa persona y en ese juicio el denunciado corre con presunción de inocencia y además hay que demostrar que el que denunció lo hizo con el solo objetivo de lastimar a otra persona y a sabiendas de la falsedad de lo que estaba denunciando”.

Por último dijo que la redacción fue modificada justamente por eso. “Le agradezco la pregunta para dar la posibilidad de explicarlo.

A su turno, el senador Luis Juez (LLA) felicitó a la senadora Losada y sostuvo que "las consecuencias que generan las falsas denuncias producen un perjuicio irreparable".

Intervino también la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien reconoció que en “el problema que existe es que esta denuncia que al principio uno no sabe si es falsa o no, genera un mundo alrededor de la persona denunciada”.

“Esta ley no es solamente para los niños, es para todos. Tenemos que plantear también cómo trabajamos la protección de la persona frente a una denuncia. La lógica sería que esa denuncia no tenga consecuencias públicas que le genere a la persona una cuestión reputacional que la destruya”, observó, reconociendo que “hemos visto repetición de casos que se sabía que iban a pasar, que no hubo reacción y esa omisión trajo la muerte”, y puso el caso Lucio como ejemplo.

Se preguntó sobre el final si “podemos en una sociedad mediática tener actores que cuiden a aquellos que sufren aquella denuncia antes de saber si esa denuncia es real o falsa. Porque cuando se comprueba que la denuncia es falsa, esa persona ya está destruida. No hay vuelta atrás; tampoco al revés, cuando la víctima termina muerta”. Bullrich cerró pidiendo pensar “una lógica de protección de los casos de denuncias que involucran violencia de género”.

Durante la reunión, el dictamen puesto a consideración de los senadores que integran la comisión recibió despacho favorable.

Además de la agenda del Poder Ejecutivo que el oficialismo se encamina a tratar en el Senado en las próximas semanas, en carpeta se metió un proyecto sobre falsas denuncias, motorizado hace tiempo por la radical Carolina Losada, de aceitada relación con La Libertad Avanza.

Con el respaldo de la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, la santafesina logró introducir nuevamente el tema dentro del paquete de iniciativas que se pondrían en debate en el corto plazo. Como primer paso, el martes 7 de abril a las 16.30 se desarrollará una jornada en el Salón Azul.

Losada ya había presentado su proyecto en 2023, pero éste recién se trató en 2024, cuando también se realizó una actividad similar a la programada ahora para luego de Semana Santa, cuando expondrán "víctimas que brindarán sus testimonios", según se informó oficialmente.

En noviembre de 2024, el texto se dictaminó en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, a donde asistió el entonces ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, quien calificó al proyecto como "magnífico".

El despacho contó con las firmas de LLA, la UCR y senadores de bloques provinciales. No firmaron los integrantes del interbloque peronista.

Tras perder estado parlamentario, Losada lo volvió a presentar en 2025, sobre la base de ese dictamen, que consta de 5 artículos.

La polémica gira en torno al agravamiento de penas en el caso de que se tratare de denuncias por violencia de género, lo que genera críticas y resistencia por parte organismos de derechos humanos y el movimiento feminista.

Según el proyecto, se modifica el artículo 245 del Código Penal, el cual quedaría redactado: "Se impondrá prisión de uno a tres años al que denunciare falsamente a persona determinada o indeterminada de un delito ante la autoridad. Si la falsa denuncia ante la autoridad fuera en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, la pena será de prisión de tres a seis años".

En tanto, en el artículo 275 se aumentan las penas de uno a cuatro años de prisión sobre "el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad". Si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de dos a seis años de reclusión o prisión; mientras que en una causa criminal en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, en perjuicio del inculpado, la pena se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo que corresponda de reclusión o prisión del punto anterior.

Otro de los cambios es en el artículo 277, sobre el cual Losada fundamentó: "Proponemos proteger a los niños, niñas y adolescentes y dar mayor valor a sus bienes jurídicos y derechos como víctimas con el agravamiento de la figura penal del encubrimiento en caso en que la víctima del delito encubierto fuere un menor de edad".

"Hemos vivido como sociedad, la difusión de denuncias a través de medios periodísticos o redes sociales, que condenaron de antemano al acusado, dejando de lado, la presunción de inocencia que condice nuestra Constitución Nacional, en su artículo 18. En muchísimos casos, la condena social frente a casos aberrantes denunciados, oficialmente o no, contra la integridad de un niño o en el contexto de violencia de género, no tarda en manifestarse, aun sin contar con las pruebas suficientes ni el proceso judicial correspondiente", sostuvo la senadora en sus argumentos.

Y señaló que "esto lleva a la exclusión, el rechazo y en muchos casos al escrache público de forma totalmente injusta y por un hecho falso y que hoy no posee una sanción penal adecuada debido a la exigua pena con la cual se encuentran conminadas estas conductas".

"¿Cuál es el precio que se puede pagar por una situación que genera una falsa denuncia y cuál es la pena que recae sobre el que la hace?", se preguntó Losada y respondió: "Creo que no hace falta aclarar que es más liviana la pena que recae sobre quien realiza la falsa denuncia que la que se desploma abruptamente sobre el que es denunciado".

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto, se reunió este martes para dictaminar sobre el proyecto de ley para castigar las denuncias falsas por violencia de género, que contó con la presencia y disertación del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y diversos especialistas en la materia.

Desde el Salón Azul, el funcionario calificó de “magnífico” el proyecto presentado por la senadora radical Carolina Losada. “Tenemos un mandato en la sociedad del Gobierno que es ordenar la situación actual en materia económica, de seguridad y no podemos olvidar la situación de la justicia. Hay que sanearla porque hoy está en un desprestigio tremendo. Es una de las instituciones que se encuentra debajo de todo. Una misión que me he propuesto es reconciliar a la sociedad con la justicia”, expresó.

“Nunca se ha consagrado y respetado tanto la división de poderes. Nosotros no intervenimos en el Poder Judicial. No tenemos ninguna vocación de hacer y no lo hemos hecho. Nuestro trabajo en el Ministerio de Justicia es darles a los jueces y al sistema acusatorio las herramientas legales para esta ley por eso estamos construyendo en todo el país edificios, internet, medios de pruebas para que los jueces puedan trabajar de forma independiente libre del poder político”, comentó.

Sobre el proyecto de ley de ley señaló que es “una práctica que se ha vuelto recurrente en nuestro sistema que es la falsa denuncia y el falso testimonio que, a mi juicio, son actos muy perjudiciales para el funcionamiento adecuado del sistema de justicia y que les produce un daño a otros bienes jurídicos, el honor, el patrimonio la vida, la propiedad, etcétera”, y planteó: “Nosotros no podemos tolerar la mentira, el engaño y que se abuse del sistema judicial porque es gratuito y dañar a otros semejantes para obtener beneficios ilegítimos”.

“La falsa denuncia no solo daña a la víctima de esa denuncia mentirosa, sino que vulnera todo el sistema en general y la credibilidad de las instituciones y, en concreto, está en el título vinculado a la administración pública, concretamente la administración de justicia, y esta nueva Argentina que entre todos tenemos la misión de crear, está en un proceso de regeneración moral y restauración del orden de los últimos 100 años y es que no puede tolerarse la mentira al juez, al fiscal, a la policía”, expresó.

Cúneo Libarona manifestó que “no puede tolerarse utilizar una herramienta judicial para obtener un beneficio personal o de un tercero y, entonces, tienen que ser castigados los que cometen delitos y máxime los que acusan falsamente autores ser víctimas, falsos de delitos hay que proteger a los argentinos”.

En tanto, remarcó la necesidad de reformar de forma “urgente” el Código Penal que “fue creado en 1921 antes de la Segunda Guerra Mundial, tiene más de 100 años y la sociedad evolucionó. Cuando se creó el Código Penal no existían los automotores, no existían las tarjetas de crédito, no existe internet, no existía lo que hoy viene que es el ciberdelito. Lo penal tiene que estar antes que el delincuente y ser ejemplar. Tuvo 900 reformas. Estamos a un cambio rotundo en la normativa”.

Así, destacó: “Esta es una iniciativa y un cambio de enfoque genera. Esta es una intervención quirúrgica y la sociedad que ustedes representan y a sus provincias clama por un marco normativo penal adaptado al mundo actual, que sea moderno, que responda a este clamor social y castigue los nuevos delitos porque el delincuente no puede ir más rápido de la justicia. Tenemos que adaptarnos a la realidad de lo que vamos viviendo, nuevos fraudes, nuevas modalidades delictivas”.

El funcionario contó que el ministerio está en máxima comisión trabajado tanto en el orden procesal como en el orden penal. “Es una tarea que la sociedad necesita y vamos a estos dos delitos que están relacionados con otro delito que es la calumnia, la falsa denuncia”, sumó y explicó que la calumnia un delito creado recién en 1949 por la Ley 13.569.

En ese sentido, explicó que inicialmente estaba como un delito de desacato y explayó: “¿En qué consiste? en simular un delito. Una persona acusa falsamente que se cometió un delito y sabe perfectamente con dolo directo que no se cometió”.

El ministro informó que el falso testimonio está “encadenado ya es viejísimo, viene del código del siglo 23 antes de Cristo, son delitos gravísimos y no tienen la ridícula penalidad que tienen en nuestro sistema. Los valores sociales de 1886 no son los valores actuales que nos tocan transitar en este mundo actuales mentiras”.

“El falso testimonio es una persona que va personalmente al juez y le dice en la cara o al fiscal una mentira. ¿Por qué lo hace?  para ayudar a un amigo, por plata, por interés personal de cobrar un seguro, por ejemplo y miente y esto produce un efecto perjudicial tremendo”, contó.

Así, ponderó: “Me resulta una saludable iniciativa que no tengo ninguna duda de que el país y nuestra sociedad necesita. El delito de falsa denuncia que está contemplado en el actual artículo 245 tiene una pena de 2 meses a un año de prisión, o sea, un delito prácticamente insignificante de los de menor pena del Código Penal”, y reiteró indignado: “Una pena de meses a un año. No tiene agravantes y tiene una multa no actualizada que es insignificante".

"El falso testimonio está en el artículo 275 tiene una pena mayor de un mes a cuatro años de prisión y solamente contiene agravantes cuando es en una causa penal en perjuicio del inculpado o un cohecho y otra multa insignificante”.

“Los tribunales no le dan atención al falso testimonio y son causas no tienen conciencia la gravedad que tienen. No tienen conciencia de que les están faltando el respeto a los mismos tribunales”, expresó y opinó: “Es gravísimo mentirle en la cara al policía para obtener un beneficio, es burlarse de la autoridad, es faltarle el respeto”.

El funcionario pidió que la pena “tiene que ser ejemplar porque es inventar un delito un hecho falso, inventar un culpable ponerle todo el aparato judicial en funcionamiento, costos que pagan los argentinos con esfuerzo de impuestos, tiempo tribunales plagados de causas, todo con falsedad, con abogados inescrupulosos que los asisten y buscan engañar por interés”.

“El delito ataca la administración pública, pero algo más grave es que ataca a la persona en su honor, al patrimonio, hay un montón de bienes jurídicos que se ven perjudicados. Hay muchas denuncias falsas y falsos testimonios para cobrar planes sociales, numerosos testigos falsos y todo esto tiene que limitarse con el ejemplo y el ejemplo es el Código Penal que existe para sancionar las conductas unibles que son valiosas para la sociedad y gran parte de las falsas denuncias son por cuestiones de violencia y producen daños irreversibles”, manifestó.

El abogado señaló que se crean “situaciones injustas, gente que va a prisión por denuncias de casos de género, gente que se ha suicidado, destrucción de la familia, impedimento de contacto inmediato con la simple denuncia sin necesidad de prueba alguna del impedimento del padre con el hijo, desprestigio familiar, desprestigio social, pérdida laboral y entre otros efectos dolorosos”.

“Una denuncia de género falsa destruye la vida de una persona”, sentenció Cúneo Libarona. “Se creó una concepción hipócrita de que la mujer no miente, 'hermana tenés que denunciar y te vamos a acompañar' y eso no es siempre así”, parafraseó el relato dominante de la mano del feminismo en su versión kirchnerista.

Luego de ejemplificar con diferentes casos, como el de los rugbiers franceses que estuvieron detenidos por una denuncia de abuso sexual en Mendoza, remarcó que “estas denuncias matan, y nosotros lo que queremos es proteger a todas las víctimas de violencia sin usos políticos por justicia y el sistema que está actualmente no funciona. Los jueces y fiscales son parciales en la toma de decisiones que, a veces, tienen miedo. La sociedad le exige que sean imparciales y justos en todos los casos y acá hay presión. Entonces los jueces tienen miedo, les preocupa la prensa, les preocupa a las organizaciones que criminalizan a veces estos hechos”.

“Tiene que haber un cambio, es el cambio que yo pienso, propongo y acompaño un régimen penal más justo. En primer lugar, no puede tenerse en consideración el marco de pena tan irrisorio que tiene un delito tan grave como son las falsas denuncias y falsos testimonios”, propuso.

Cúneo Libarona indicó que “son delitos graves. Hay un valor en la acción y un des valor en el resultado. Es tremendo el perjuicio, es tremenda la motivación, es espuria hay solo directo de engañar a la justicia”.

“En segundo término, al margen de incrementar el marco punitivo, tiene que considerarse agravantes como el proyecto denuncias falsas cometidas en el contexto de delito sexual violencia de género o que afecte a los niños y adolescentes porque es mucho mayor el daño que se provoca a una falsa denuncia o falso testimonio simple”.

El ministro señaló como tercer agravante que “es muy importante cuando sea un funcionario público el mentiroso porque tiene un deber de lealtad y de veracidad que supera al ciudadano normal y, el cuarto caso, es importante explicarlo jurídicamente porque el Código Penal actual es un mamarracho y un desorden tremendo. El Código Penal te dice ‘cuando calumnias a una persona imputas a una persona la comisión de un delito’. Es calumnia falsa denuncia no tenes que imputar a nadie entonces la calumnia cuando le imputaste a alguien tiene una pena de multa de $3000”.

“Para mí el honor no tiene precio. Es muy perjudicial destruir a alguien en su honor. Para mí esta discusión tiene que agotarse por vía legislativa y las soluciones suprimir el delito de calumnia, que es un delito de instancia privada, tiene que impulsarlo y tiene esta penita de multa y dejar la falsa denuncia que comprenda la mentira sea por un hecho sin dar un autor”.

Por último, expresó: “Con agravantes en caso de los contextos de violencia de género, delitos sexuales, afectar niños, la destrucción de la familia lo impedimento de la relación familiar que incluya personas determinadas y sacar la calumnia y la denuncia del funcionario público que tiene ese plus de lealtad y veracidad y de esta manera quedaría sin efecto el plenario del año 53 y había claridad”.

“Estamos haciendo cambios drásticos en orden a lo que se venía haciendo que no funciona el sistema judicial. Estamos haciendo cambios profundos que no se hicieron en años y creo que tenemos un rumbo claro, firme e indudable con una decisión política de avanzar en un cambio en la justicia. Lo necesitamos todos”, finalizó.

El diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Mendoza Álvaro Martínez presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 245 del Código Penal Argentino con el fin de aumentar las penas en aquellos casos que se presenten falsos testimonios fundamentalmente en los delitos referidos contra la integridad sexual de las personas.

“El proyecto busca una mayor equidad en los procesos judiciales y una respuesta más justa en aquellos casos donde se ha vulnerado la verdad de los hechos. Para los casos de abuso sexual con acceso carnal la pena puede llegar hasta los 20 años de prisión si es agravado, la pena para quien denuncia falsamente es casi inexistente”, afirmó Alvaro Martínez.

La modificación del Código Penal que impulsa el legislador mendocino propone que aquellos que incumplan el principio de declaración y mientan atentando contra un tercero, puedan ser penados por un juez con una condena acorde a la circunstancia.

Esta iniciativa tiene como finalidad la disminución de falsas denuncias que se perciben diariamente. “Con este proyecto queremos eliminar una palmaria desigualdad. El falsamente denunciado arriesga no solo muchos años de prisión, sino que en realidad lo que enfrenta es una grave condena social. Mientras que quien denuncia falsamente prácticamente queda impune, aun cuando sea evidente su falsedad y mala fe”, concluyó Martinez.

Acompañan el proyecto de ley los diputados de La Libertad Avanza Lorena Villaverde, Nicolás Mayoraz, Nadia Marquez, Carlos Zapata, Manuel Quintar, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, María Emilia Orozco, Romina Diez, José Peluc, Benedit Beltrán y el presidente del bloque Gabriel Bornoroni.