“Lamentablemente tengo que hacer un Twitter porque no tengo noticias de mi papá desde que salió del sanatorio, no responde su celular, no atiende en la puerta y Verónica Ghío nos bloqueó a mi hermana y a mí”, escribió Cora Reutemann en la red social Twitter.

Así, la hija mayor del senador santafesino Carlos Reutemann (JxC) acusó públicamente a la actual esposa de su padre, Verónica Ghío, de no brindarle noticias sobre su estado por teléfono ni atender los llamados a la puerta de la casa, y amenazó con iniciarle acciones penales.

“Siempre la traté con respeto a Verónica y nos llevábamos relativamente bien, pero es la segunda vez que tiene esta actitud y siempre después de un tema de salud. La primera la dejé pasar, pero esta vez es demasiado abusivo. Aún sin noticias”, manifestó la joven en uno de los últimos mensajes de una serie de tuits.
Y continuó: “Lamentablemente tengo que hacer un twitter porque no tengo noticias de mi papá desde que salió del Sanatorio, no responde su celular, no atiende en la puerta y Verónica Ghio -la actual pareja de su padre- nos bloqueó a mi hermana y a mí”, escribió en una serie de tuits que luego borró.

También señaló: “Espero noticias cuanto antes y de no ser así iniciaré acciones penales”.

Cora es la hija mayor de Reutemann, y la menor se llama Mariana, ambas fruto del primer matrimonio del excorredor de automovilismo, con la santafesina Mimicha Bobbio.
Reutemann fue dado el 21 de mayo tras permanecer 16 días internado a causa de una hemorragia digestiva de la que se recuperó luego de una intervención.
El senador, dos veces gobernador de la provincia de Santa Fe, sufrió una hemorragia digestiva que lo llevó a internarse por sus propios medios el 5 de mayo pasado.
Tres días más tarde fue trasladado a una institución médica de Rosario en la cual fue intervenido el 12 de este mes, luego de ser sometido a una enteroscopía, un procedimiento que se utiliza para observar el interior del intestino delgado.

La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, que preside Roxana Reyes (UCR), realizó este jueves la primera de una serie de reuniones informativas para reflexionar sobre la situación de niños, niñas y adolescentes en el contexto de la pandemia.

Del encuentro virtual participaron representantes de UNICEF Argentina y de Infancia en Deuda, un colectivo de organizaciones de la sociedad civil entre las que se encuentran CIPPEC, ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), Doncel, Aldeas Infantiles y ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género).

En representación de UNICEF, Luisa Brumana expuso los resultados de una encuesta telefónica realizada primero en mayo, y luego en julio, sobre 2.537 hogares de todo el país.

Según este sondeo, en julio el 45% de los hogares vio reducidos sus ingresos laborales. “Más allá de la apertura de actividades, del relajamiento de la cuarentena en parte del país y del programa ATP, hay 2,6 millones de hogares que vieron sus ingresos laborales reducidos”, advirtió Brumana.

Asimismo, señaló que el 15% de los hogares tuvo que recurrir a algún préstamo o fiado por parte de algún comercio para comprar alimentos, y en el 10% de los hogares relevados se detectó que un integrante debió acudir a un comedor comunitario.

Entre los hogares con al menos un niño de hasta seis años, se manifestaron algunos cambios desde el inicio de la cuarentena: casi la mitad notó alteraciones con las comidas, con el sueño y, en menor grado, problemas de comunicación.

Por otro lado, “en el 95% de los hogares los niños tuvieron continuidad pedagógica durante el aislamiento”, aunque “el 13% tuvo baja o nula intensidad en las actividades escolares”, y se registró una alta incidencia de los recursos del programa Seguimos Educando en los niños más vulnerables y sin conectividad.

En este contexto, el 65% de los adultos manifestó “temor” a que sus hijos se contagien de coronavirus cuando regresen a la escuela, y “cerca de un 10% de estudiantes quizá no regresen”, esto es, “un millón de chicos”, advirtió Brumana.

La encuesta de UNICEF también arrojó que “siete de cada diez adultos está de acuerdo” con combinar educación presencial y remota.

En el caso de los adolescentes, en abril un 15,7% dijo sentirse “angustiado frente a la incertidumbre que presenta este contexto”, mientras que en julio esa cifra ascendió al 26,8%. Consultados sobre “qué es lo que más les cuesta de la cuarentena”, un 73% respondió “no ver a sus amigos”.

También se evaluó la sobrecarga de tareas de cuidado: según la encuesta, solo el 39% de los hogares declaró poder conciliar las demandas del mercado laboral y del hogar.

Por su parte, en nombre del colectivo Infancia en Deuda, Carmen Ryan se refirió a “las vulneraciones de derechos que se profundizaron en el contexto de la pandemia” y pidió “asegurar que en el Presupuesto se cumpa la Ley 26.061 de Protección Integral”, que indica el presupuesto dirigido a niños, niñas y adolescentes no puede verse reducido.

En nombre de CIPPEC, José Fiorito propuso “eliminar restricciones en la AUH”, puntualmente para los hijos de inmigrantes con menos de tres años de residencia y las familias con más de cinco hijos. También sugirió “dar una discusión sincera sobre una fórmula de actualización de las asignaciones familiares”.

Asimismo, y en consonancia con la ONG Doncel, Fiorito pidió que se controle en el Presupuesto 2021 el sostenimiento del programa de egreso de jóvenes de los dispositivos de cuidado, tales como orfanatos.

Desde ACIJ, Francisco Rodríguez sostuvo que “la conectividad es un requisito esencial en este contexto para acceder a la educación”, y advirtió que “cerca de un 60% de los estudiantes de escuelas estatales” no accede a un dispositivo virtual o no cuenta con conectividad.

Por su parte, Laura Musa (Fundación Sur Argentina) puso énfasis en “los chicos que están institucionalizados” y que “han visto agravada su situación” ya que “en los hogares hay personal contagiado o con muchas licencias y esto hace que la atención a los chicos sea muy dificultosa”.

Por Carolina Ramos

“Si hay posibilidades de aflojar la cuarentena, hay que comenzar por los niños”, consideró este viernes el titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Gabriel Lerner, en la previa del anuncio presidencial acerca de la nueva fase del aislamiento social obligatorio y las nuevas excepciones que entrarán en vigencia a partir del próximo lunes.

Lerner expuso ante la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, que preside la radical Roxana Reyes, en la última reunión informativa de la semana, donde destacó que “casi todas las medidas” tomadas por el Gobierno nacional durante la pandemia del Covid-19 “tienen a los niños en el centro”.

En momentos donde se especula con la posibilidad de que la cuarentena se flexibilice para este sector, el funcionario reconoció que “sería muy razonable que los niños vuelvan a las plazas y a los espacios públicos”, aunque aclaró que “eso está condicionado a que no se ponga en tensión la estrategia de prevención de contagios”, ya que “es falsa la idea” de que los niños están menos expuestos.

“Para salidas de tipo lúdico, deportivo o recreativo, los niños primero”, reforzó el titular de la SENAF, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y señaló que, a poco de cumplirse seis semanas sin clases y cinco de aislamiento, los niños presentan “un grado mayor de vulnerabilidad desde el punto de vista físico, psíquico y emocional”.

Por otra parte, Lerner sostuvo que “las tareas de protección de la infancia son tareas esenciales” y por lo tanto es correcto que hayan sido exceptuadas del aislamiento social obligatorio dispuesto en el DNU 297/20, ya que “si son interpretadas en un sentido contrario, eso debilita enormemente la capacidad de intervención de las áreas de niñez”.

También indicó que poco después de dictarse el aislamiento, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dictó una resolución que regula la posibilidad del traslado de niños y sus progenitores por razones de salud; porque los padres cumplen tareas esenciales y deben delegar el cuidado; y en los casos de niños a los que la cuarentena los sorprendió en un lugar diferente de su centro de vida habitual.

Asimismo, dado que el decreto faculta a las personas a hacer compras en comercios de cercanía, Lerner observó que se permite la circulación “con niños pequeños que no pueden ser dejados en su domicilio por tratarse de un cuidado monoparental”.

Tras repasar todas las medidas tomadas por el Gobierno nacional para atender distintas situaciones derivadas de la pandemia, resaltó que “casi todas tienen a los niños en el centro”, y citó una encuesta realizada por UNICEF que concluyó que “las medidas vinculadas a la seguridad social y la cobertura alimentaria” tienen “un altísimo impacto, reconocido por la inmensa mayoría de la población”.

Sin embargo, aclaró que “no hay acciones específicas” de la SENAF en ese sentido, ya que los recursos presupuestarios con que cuentan “poco pueden mover la aguja en términos de reducir la pobreza”. “Deseamos una SENAF más fuerte. Encontramos una SENAF extremadamente desfinanciada, funcionando al 25%, 30% de sus capacidades”, alertó, al referirse a la gestión anterior.

El funcionario también se refirió a la línea telefónica 102, que brinda un servicio gratuito de asesoramiento sobre los derechos de los niños, y explicó que está instalada en 17 provincias, mientras que otras siete pusieron en funcionamiento líneas con una función similar, pero con distintos protocolos.

En 2018 -último año del que hay cifras disponibles-, las provincias que cuentan con la línea 102 recibieron en conjunto “164.482 llamadas” para denunciar maltratos, abandono, abusos y violencia psicológica, entre las principales violaciones de derechos, aunque “solo entre el 2% y el 3%” de esas denuncias fueron formuladas por los propios niños, advirtió Lerner.

Si bien coincidió en la “preocupación” sobre el incremento de la violencia infantil, opinó que esa problemática “se va a poder mirar cuando acabe la pandemia”, y en ese sentido recordó que “la Justicia está de feria, los organismos de protección local están cerrados y las escuelas están cerradas”.

En cuanto al programa “Seguimos Educando”, lanzado por el Ministerio de Educación para continuar con el ciclo lectivo de manera remota, el secretario señaló que “en algunos casos, los padres registran un escaso nivel educativo” y “eso genera angustias” a la hora del aprendizaje.

Por eso, consideró que “ni siquiera el intento de aprender nuevos contenidos puede poner en tensión la situación de bienestar” de los niños, y destacó la postura adoptada por el ministro Nicolás Trotta acerca de que “no son tiempos de evaluación” de los alumnos.

Lerner también destacó una campaña conjunta con UNICEF, denominada “Acá estamos”, que “convoca a niños y adolescentes a expresarse en las redes sociales” durante la cuarentena.

En otro orden, informó que con la pandemia se redujo entre un 20% y un 25% la cantidad de niños y adolescentes privados de su libertad en establecimientos de encierro, en línea con recomendaciones internacionales, por lo que ahora esa población ronda entre 800 y 900 chicos y jóvenes.

Hacia el final, el secretario consideró que la asignación económica otorgada por el PAE (Programa de Acompañamiento para el Egreso de Adolescentes y Jóvenes sin Cuidados Parentales) “no es incompatible” con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el bono de 10.000 pesos otorgado para asistir económicamente a trabajadores de la economía informal afectados por la emergencia.