La reunión plenaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y de Justicia y Asuntos Penales buscaban debatir sobre la protección de la fauna silvestre y la elevación de penas. Quiénes fueron los únicos presentes en el Salón Arturo Illia. Ya son 3 las reuniones que no logran quórum en lo que va de la semana.
A la baja actividad legislativa en el Congreso, hay que sumarle la falta de quórum de algunas reuniones convocadas: este miércoles, las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y la de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta debían reunirse en un plenario para abordar iniciativas, entre otros temas, relacionados a la protección de la fauna silvestre, pero no lograron el quórum reglamentario y no fueron abordadas.
La reunión conjunta estaba citada a las 13.30, pero trascurridos los 30 minutos reglamentarios de espera, la senadora chubutense Edith Terenzi, en su rol de titular de Ambiente y Desarrollo Sustentable, comunicó la caída del plenario. Una hora antes, esta comisión tampoco logró reunir quórum para pasar a la firma la declaración de "capital nacional del Pingüino de Penacho Amarillo" a la ciudad santacruceña de Puerto Deseado y a la especie arbórea Fitzroya Cupressoides, conocida como alerce, como monumento nacional histórico.
De la Comisión de Ambiente, solamente estuvieron presentes la presidenta Terenzi, Vilma Bedia, Pablo Blanco, Natalia Gadano, Fernando Rejal, Sonia Rojas Decut, Mónica Silva y Mercedes Valenzuela. Mientras que se ausentaron a ambas reuniones Martín Goërling Lara, Ezequiel Atauche, Stefanía Cora, Lucia Corpacci, María Eugenia Duré, Silvina García Larraburu, Celeste Giménez Navarro, Nora Giménez y Carlos Linares.
Del lado de Justicia y Asuntos Penales, fueron a la reunión el presidente Juan Carlos Pagotto junto a Beatriz Ávila, Carlos Arce, Pablo Blanco, Carolina Losada, Natalia Gadano y Carolina Moisés. Y se ausentaron del plenario Luis Juez, Carlos “Camau” Espínola, Eduardo Vischi, Lucia Corpacci, Sandra Mendoza, Juan Manzur, Sergio Uñac, Martín Doñate y Florencia López.
El temario a debatir en el plenario estaba compuesto por cuatro proyectos de ley relacionados a la protección y conservación de la fauna silvestre vinculado a la actualización de penas y montos en las infracciones. Los textos fueron impulsados por Silvina García Larraburu -ausente en la reunión-, por el salteño Sergio Leavy, la misionera Sonia Rojas Decut y la tucumana Beatriz Ávila.
Sobre los ausentes en el Salón Arturo Illia, hubo senadores que se encuentran en sus provincias y optaron por no viajar hacia la Ciudad de Buenos Aires esta semana. En cambio, hubo otros que decidieron atender otros compromisos: Goërling Lara estuvo presente en la cumbre del Pro a pocas cuadras del Palacio Legislativo; y las camporistas Eugenia Duré y Stefanía Cora encabezaron la reunión de la Comisión Banca de la Mujer celebrada temprano en el Auditorio Emar Acosta, donde también estuvo Florencia López.
Si se contabiliza la reunión ordinaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, más el plenario junto a Justicia y Asuntos Penales ya son tres las reuniones que se caen por falta de quórum esta semana en el Congreso: este martes, en la Cámara de Diputados, la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios tampoco reunió la cantidad de vocales necesarios para abordar dictámenes.
La iniciativa de Silvina García Larraburu prevé un incremento en las penas por caza indiscriminada de animales autóctonos.
La senadora nacional de Unidad Ciudadana Silvina García Larraburu presentó un proyecto de ley con el objetivo de preservar la fauna silvestre de la Argentina e incrementar las penas por la caza indiscriminada de animales autóctonos.
En la actualidad, el país cuenta con un único régimen de preservación de la fauna silvestre que contempla sanciones penales, que es la Ley 22.421, la cual data de 1981. La propuesta es modificarla, puesto que en su ordenamiento original considera a los delitos casi como faltas administrativas. El proyecto actualiza las penas haciéndolas más gravosas, con el objetivo ulterior de dotar de más herramientas a los fueros penales a la hora de perseguir estos actos.
La Senadora ejemplificó la necesidad de realizar esta modificación, enumerando las especies que sufren este flagelo: “El yaguareté es una especie protegida, una de las joyas de la naturaleza en nuestro país, pero lamentablemente la caza indiscriminada y la eliminación de su hábitat han provocado su casi extinción en el territorio nacional. Es por esto que se han tomado diversas medidas desde el Estado a fin de revertir este hecho, como declarado Monumento Natural. Sin embargo, el 29 de diciembre de 2022, en la localidad formoseña de Clorinda, se difundieron dos videos grabados por un cazador, uno cuando seguía las huellas del animal de más de 150 kilos y luego ya con el ejemplar abatido”.
“Otro ejemplo es el Huemul, especie típica de la zona cordillerana de la Patagonia el cual fue víctima de la caza furtiva durante las últimas décadas en su hábitat por lo que se redujo considerablemente su población, sumado a la amenaza de los incendios forestales, por lo que se calcula que no hay más de 700 ejemplares en la actualidad, y se encuentran dispersos entre áreas aisladas y fragmentadas de los bosques de la Patagonia andina y la estepa patagónica. Asimismo, el huillín y el cauquén colorado, especies originarias de la zona aledaña al Parque Nacional Nahuel Huapi se encuentran en peligro de extinción a causa de matanzas indiscriminadas entre 1960 y 1980 por considerarlos plaga”, agregó.
Concluyó: “Tomado estos casos como testigos, ya que desgraciadamente es algo que sucede en todo el territorio nacional, es que he decidido presentar el Proyecto, mediante el cual se modifican varios artículos de la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna”.
La norma es impulsada por la diputada Alicia Aparicio, que la presentó formalmente en un acto celebrado en la Cámara baja que contó con la presencia del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié.
Por Lourdes López
El proyecto de modificaciones a la ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre que fue presentado hace algunos días por la diputada del Frente de Todos Alicia Aparicio, tiene el propósito resguardar la biodiversidad de nuestro país frente a la constante depredación de la que es objeto. A esto se le suma que es una ley que tiene 42 años y las sanciones que plantea están gravemente desactualizadas.
También es importante la presencia de instituciones como la Administración de Parques Nacionales, quienes acompañan la iniciativa con el objetivo de endurecer las penas para la caza furtiva y la comercialización de animales protegidos. Justamente esta entidad es la que en los últimos días participó como querellante en el marco de la causa de caza ilegal de un ejemplar de Yaguareté (Panthera Onca) en Formosa.
El hecho, que quedó registrado en un video, tuvo lugar el pasado 19 de diciembre y fue valuado como daño ambiental irreparable en más de 370 millones de pesos. Se consideró lo establecido por el artículo 25 de la ley de Conservación de Fauna Silvestre así como diversos aspectos económicos y de conservación.
El Yaguareté es una especie emblemática del norte argentino, fue declarado Monumento Natural a nivel provincial y nacional, además de estar considerado en peligro crítico de extinción en el país. La población de la región del Chaco es la más diezmada, siendo la caza ilegal su principal motivo de disminución.
“Es importante determinar nuevos parámetros de conducta respecto a la caza y pautas de aprovechamiento de la fauna silvestre”, sostuvo la diputada Aparicio.
Queda pendiente el tratamiento en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano para modificar la legislación.