Los radicales mendocinos se sentaron en sus bancas y manifestaron su apoyo al proyecto de etiquetado frontal de alimentos y las iniciativas relacionadas a los trabajadores de viñas, centrales en su provincia. El Senado provincial había solicitado que den quórum.
Con 122 diputados presentes en el recinto y al no llegar a la mayoría, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, levantó la sesión, tras lo cual se expresaron los legisladores de los diferentes bloques. Como referentes de la UCR estuvieron Claudia Najul (Mendoza) quien manifestó que “la manera de lograr consensos es con el diálogo”, y Federico Zamarbide que sostuvo: “Un modelo de representación es en el que los legisladores representamos los intereses del pueblo y eso está por encima de cualquier tipo de discusión partidaria”.
En primer lugar, habló Najul que afirmó: “Estoy para mejorar las condiciones de vida de quienes eligen proyectarse y vivir en mi provincia, muy discriminada por el Gobierno Nacional, muy discriminada en la coparticipación y en el presupuesto al ser de otro color político”, y remarcó que “la manera para lograr los consensos que la Argentina nos pide, no es este llamado y no conseguir quórum, es al revés con diálogo y es responsabilidad de todos”.
“Quiero que se vuelva al consenso y al diálogo, no avalamos los objetivos del Frente de Todos ni del Gobierno, solo queremos que los provincianos vivan mejor y merecen esta ley. Pedimos por favor que lleguen a ese consenso y se trate la ley”, solicitó la diputada mendocina.
Por su parte, su compañero Zamarbide expresó: “Junto a la diputada Najul decidimos participar por dos proyectos puntuales, una la ley de etiqueta frontal y por la ley de trabadores vitícolas porque es importante en nuestra provincia”, y agregó: “Creo en un modelo de representación en el que los legisladores representamos los intereses del pueblo y eso está por encima de cualquier tipo de discusión partidaria. Lo absurdo e injusto que un trabajador rural se jubila a los 55 años y un trabajador vitícola a los 65 años genera una enorme injustica, la tarea de la tierra es muy dura. Solicito que se trate este proyecto”.
El diputado nacional presentó un proyecto para que la asistencia económica ATP recibida por las empresas en el marco de la pandemia no sea alcanzada por el tributo.
El diputado nacional Federico Zamarbide (UCR-Mendoza) presentó un proyecto de ley para pedir la eximición del impuesto a las Ganancias del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). El legislador radical aseguró que perjudica a los emprendedores y que las empresas no toleran mayor presión fiscal.
La iniciativa, que es acompañada por Alfredo Cornejo y otros trece legisladores de Juntos por el Cambio, apunta a generar un alivio económico en aquellos trabajadores alcanzados por el subsidio. El radical recordó que el ATP: “Está destinado a personas, físicas y jurídicas, que se vieron afectadas directamente por la caída de la actividad económica, luego de las medidas de contingencia implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional durante la Emergencia Sanitaria que aún estamos atravesando”.
Actualmente, en la Ley de Impuesto a las Ganancias no existe una exención para los subsidios recibidos por parte de los empleadores y, por ende, los beneficiarios del salario complementario para empresas se encuentran alcanzados por este tributo.
“El ATP fue implementado, como se mencionó, para atenuar los efectos económicos generados por la pandemia. Por lo cual, este beneficio debería estar exento de Ganancias para continuar con su intención inicial que es, justamente, proporcionar esa ayuda económica. Lo cual, incluso, está establecido en los considerandos del decreto por el cual se otorgó dicho subsidio“, sostuvo el diputado de la oposición.
Zamarbide concluyó que “por la rigidez de la cuarentena en Argentina durante el 2020, las empresas recibieron la denominada ATP. Pero, como todo lo que hace este Gobierno, ahora perjudican a los emprendedores porque tienen que pagar impuesto a las Ganancias considerando el ATP como si fuese un ingreso de una venta. Por eso, presentamos este proyecto y le exigimos al Gobierno nacional que exima a este subsidio de Ganancias. Las empresas no toleran la enorme presión fiscal que tiene el país”.
Jimena Latorre y Federico Zamarbide pidieron dos años más para que los comercios puedan adquirir los controladores fiscales de “nueva tecnología”.
Los diputados Jimena Latorre y Federico Zamarbide (UCR-Mendoza) solicitaron este jueves al Poder Ejecutivo Nacional que extienda por dos años el plazo para que los comercios adquieran los controladores fiscales de “nueva tecnología”.
Según lo establecido en la Resolución de AFIP N° 4444/2019, artículo 6 punto 4, el cambio obligatorio de los equipos clasificados como de “vieja tecnología” debe realizarse a partir del 1° de abril de 2021. El valor promedio de un controlador fiscal con las características que se requiere asciende a $ 75 mil más su correspondiente homologación.
“La crisis económica que atraviesa el país impacta directamente sobre el sector privado. Los comercios pequeños y medianos que han logrado subsistir este último año sufren la caída de las ventas y en muchos casos han adquirido deudas para cumplir con sus obligaciones. El Gobierno debe contemplar la gravedad de la situación y tomar medidas para evitar la asfixia del sector y el quiebre definitivo de los que aún quedan en pie”, afirmó Latorre.
Zamarbide expresó que “por supuesto que estamos a favor de las tecnologías que permiten un mejor control para evitar la competencia desleal, pero no es momento para exigirle a los comerciantes un gasto tan significativo. Se contactaron con nosotros desde la Cámara de Comercio de San Rafael y sabemos la opinión de muchas entidades que nuclean a comerciantes de todo el país. Así es que en virtud de la crisis económica generada por la cuarentena que impuso el gobierno creando un desastre, creemos que esto debe prorrogarse”.
Entre los fundamentos del proyecto de resolución se incluyen los datos informados por el INDEC en febrero del corriente, el 2020 finalizó con un desplome de la actividad económica de 10%, el retroceso más pronunciado desde la crisis de finales de 2001, cuando la caída osciló el 11%. De acuerdo con Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) del INDEC, que refleja la evolución mensual de la actividad del conjunto de los sectores productivos a nivel nacional, en diciembre de 2020 se midió una contracción interanual de 2,2%, en línea con lo sucedido en los meses previos.
En ese escenario y luego de un 2020 marcado por una cuarentena extensa que paralizó la actividad económica, las consecuencias golpean fuertemente al sistema productivo, industrial y comercial. Con un saldo de más de cuatro millones de pérdidas de puestos de trabajo, el sector comercial ha sido de los más perjudicados, lamentando a la fecha el cierre irreversible de miles de comercios en todo el territorio de nuestra República.
En 2020 se votó en el Congreso una Ley de “Solidaridad y Reactivación Productiva”, en este contexto de doble emergencia, sanitaria y económico financiera, resulta necesario incorporar nuevas herramientas que permitan paliar esta difícil situación que genera el impacto del COVID-19, en el sector privado que debe hacer un gran esfuerzo para sostener los puestos de trabajo a pesar de la paralización o semiparalización de las distintas actividades.
Según un relevamiento llevado a cabo por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), no todo el sector comercial ha vuelto a la actividad: el 67,8% de las empresas se encuentra completamente operativa, el 26,3% está parcialmente operativa y 5,8% permanece sin operaciones.
Según la encuesta, realizada entre el pasado 22 de febrero y 2 de marzo en empresas de comercio mayorista y minorista de todo el país, para 21,1% las ventas cayeron más de 50%, un 19,3% consideró que las ventas cayeron entre 26% y 50% y un 18,7% que las ventas cayeron entre 1% y 25% respecto de la situación previa a la pandemia en el primer bimestre de 2020. Además, el 50,3% de los encuestados manifestó encontrarse atrasado en el pago de impuestos, un 33,4% adeuda servicios y 26,3% está demorado en el pago de salarios.
“Aplicando los mismos criterios que llevaron al Poder Ejecutivo Nacional a reducir y/o suspender aportes y contribuciones en algunas actividades particularmente afectadas por la emergencia sanitaria, con el consecuente impacto fiscal, entendemos necesario y oportuno que se extienda el plazo para la reconversión a la Nueva Tecnología exigida por la AFIP” afirman los mendocinos y concluyen “no se discute la necesidad y conveniencia de su implementación sino que no resulta oportuno obligar a los comercios a afrontar un gasto a poco de haber reanudado paulatinamente sus actividades y en un contexto macroeconómico de recesión”.
Impulsan que la pena se aumente cuando la víctima tenga más de 65 años o se encuentre en una situación especial de vulnerabilidad.
Para que se termine de una vez por todas con el lamentablemente ya famoso “cuento del tío” que han sufrido muchas personas sobre todo durante la pandemia, el diputado nacional por Mendoza Federico Zamarbide propuso una modificación al Código Penal. El objetivo es que la pena al estafador, se aumente cuando la víctima sea un adulto mayor de 65 años o se encuentre en una situación especial de vulnerabilidad.
Para ello, lo que técnicamente propone el legislador radical es incorporar el artículo 173bis al Código Penal Argentino, ley 11.179, para que quede redactado de la siguiente manera:
“Artículo 173 bis. – Será reprimido con prisión de tres años y seis meses a ocho años el que realizare algunas de las acciones previstas en el artículo 172 contra una persona mayor de 65 años o que se encontrare en un especial estado de vulnerabilidad, siempre que no resultare un delito más severamente penado”.
Entre los motivos que fomentan la presentación de esta iniciativa, para cuyo desarrollo fueron consultadas fuentes de investigaciones de la Policía de Mendoza y el procurador General de la Provincia, Alejandro Gullé, está que este tipo de delitos son cada vez más frecuentes. Un ejemplo de ello es que entre marzo y noviembre de 2020 se recibieron 497 denuncias de este tipo estafas en la primera circunscripción judicial de Mendoza. Es decir, más de dos denuncias diarias y sólo en ésa jurisdicción.
Así, explica también Zamarbide, en este tipo de conductas delictuales se observan dos factores en común: por un lado, que las víctimas son adultos mayores, tanto mujeres como varones, y por otro, se caracterizan por utilizar diversos ardides abusando de la confianza de las personas, su poco conocimiento en sistemas informáticos o prometiendo soluciones ante la burocracia estatal.
Estas circunstancias, agrega también el diputado de Juntos por el Cambio en su proyecto, son un caldo de cultivo óptimo para estafadores que se hacen pasar por gestores, representantes, oficiales públicos e, incluso, familiares de las víctimas prometiendo la realización de determinados trámites y gestiones. Se trata de personas que, sabiendo que no van a ir a prisión, aprovechan aún más la posibilidad que tienen de cometer estos delitos.
“Al aumentar la pena mínima en estas estafas a 3 años y 6 meses, la condena pasaría a ser de cumplimiento efectivo, por lo que no sería posible la aplicación del artículo 185 del Código Procesal Penal que impide la aplicación de prisión preventiva. Entendemos que aumentando las sanciones, aumentará la coerción general de la pena y eso desalentará la comisión de estos delitos que tanto daño hacen a uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad”, concluyó Zamarbide.
El legislador nacional radical pidió al Ejecutivo que informe el motivo que hace a la diferencia entre los precios de los vuelos, y sostuvo que “no hay federalismo real” y que “se perjudica al sur mendocino”.
El diputado nacional Federico Zamarbide pidió al Ejecutivo que informe el motivo que hace que la diferencia entre los precios de los vuelos de cabotaje sea de más del doble, según desde dónde se parte. Plantea que “no hay federalismo real” y que “se perjudica al sur mendocino”.
El legislador sostiene que “hay una diferencia abismal de precios” entre los pasajes en avión Mendoza-Buenos Aires y San Rafael-Buenos Aires, y presentó un pedido de informe. Selaña que el objetivo es que el Ministerio de Transporte y Aerolíneas Argentinas S. A. explique el motivo por el cual es mucho más caro viajar a la capital del país desde el sur provincial.
Es que un pasaje promedio desde Mendoza a Buenos Aires cuesta alrededor de $ 12.000 y, partiendo desde San Rafael hacia el mismo destino y por la misma aerolínea, unos $ 36.000. “Los precios desde el departamento son irrisorios comparados con salir desde el aeropuerto El Plumerillo. Además, considerando que se trata de la misma aerolínea de bandera e, incluso, de una distancia similar, es inaceptable”, manifestó el legislador radical.
Así es que, lo que solicita en concreto Zamarbide al Poder Ejecutivo Nacional es un informe de los vuelos de cabotaje entre Buenos Aires, desde los aeropuertos ministro Pistarini o Jorge Newbery según corresponda, y hacia el aeropuerto Santiago Germanó de San Rafael. Precisamente:}
“La frecuencia actual de entre uno y dos vuelos semanales, que coincide con el inicio de la temporada turística autorizada por el Ejecutivo nacional, es una situación preocupante para la conectividad del departamento. La escasez de vuelos dificulta la recepción del turismo. También, la posibilidad de viajar a Buenos Aires por motivos laborales, comerciales y de salud, no sólo a los sanrafaelinos, sino a todos los ciudadanos del sur mendocino que recurren por su cercanía al aeropuerto Santiago Germanó”, concluyó Zamarbide.
El legislador nacional Federico Zamarbide presentó un proyecto solicitando un aporte no reintegrable mensual equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada empleado de su nómina de personal docente y no docente registrado, por el plazo de 90 días.
El diputado nacional radical Federico Zamarbide presentó un proyecto para la creación de un “Fondo de asistencia financiera” a los jardines maternales no incluidos en la enseñanza oficial de gestión privada, social y cooperativa, que brindan educación y cuidado a la primera infancia. Se solicita un aporte no reintegrable mensual equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada empleado de su nómina de personal docente y no docente registrado, por el plazo de 90 días.
“A partir del Aislamiento Preventivo Obligatorio debido a la pandemia del Covid 19, los jardines maternales en todo el país atraviesan una grave situación, provocada por la baja en la matrícula y en el pago de las cuotas, llegando en varios casos al cierre definitivo por la imposibilidad de afrontar los gastos de alquiler, impuestos, servicios y salarios”, explicó el diputado mendocino.
En este sentido, advirtió que, según el Observatorio Argentino por la Educación, uno de cada tres niños argentinos va a un jardín privado, aumentando este porcentaje en las edades de lactantes y deambuladores, que son precisamente quienes asisten a jardines maternales. Con el correr del aislamiento social, se ha producido un proceso de refamiliarización de las tareas de cuidado, en la mayoría de los casos, suspendiendo el pago de la cuota de los jardines, dada la delicada situación económica que afronta la mayoría de la población.
El diputado Zamarbide justificó este pedido con datos concretos: “Según el registro elaborado por la Junta Nacional de Educación Privada (JUNEP), los jardines maternales y de infantes que cerraron por la crisis económica durante la emergencia sanitaria suman 146 instituciones en 15 provincias de todo el país, pero que, al estimar los datos de las jurisdicciones faltantes y aquellas instituciones en proceso de cierre, probablemente se acerquen a los 300 jardines que no pueden continuar con su actividad. La mayoría si bien solicitaron la Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP) para poder solventar el 50% del salario del personal afectado, no pudieron acceder a tales beneficios”.
“Creemos necesaria la creación de un fondo específico que atienda la grave situación que atraviesan los jardines maternales, asistiéndolos tanto en el pago de los sueldos como en las contribuciones patronales, y capacitándolos a su vez para la paulatina reanudación de las actividades, con los protocolos adecuados para garantizar la seguridad e higiene en el marco de la pandemia por el Covid”, concluyó Zamarbide.
El proyecto también solicita la eximición del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino a los jardines maternales no incluidos en la enseñanza oficial de gestión privada, social y cooperativa por el plazo de noventa días. El Estado nacional establecerá las erogaciones necesarias para el pago de las mismas. Se pide al Ministerio de Educación el dictado de una capacitación virtual de protocolos de seguridad e higiene para la actividad en jardines maternales de carácter obligatorio para e lpersonal de los jardines maternales que accedan a los beneficios de la presente ley.
Acompañan el proyecto los diputados Carla Carrizo, Albor Cantard, Juan Martín, Lidia Ascarate, Ezequiel Langan, Federico Angelini, Roxana Reyes, Carmen Polledo, Lorena Matzen, Pablo Torello, Silvia Lospennato, Gabriela Lena, Estela Regidor y Camila Crescimben
