Hace pocos días trascendió la noticia de que el femicida de Cecilia Strzyzowski en Chaco, César Sena, habría declarado autopercibirse mujer para evitar la condena por femicidio y ser trasladado a un penal de mujeres. No fue el primer caso; de hecho, la justicia ha tenido que pronunciarse ya sobre algún otro.

Por ejemplo rechazando el caso de Jonathan Luna, el asesino de la nena de 12 años Micaela Ortega, en 2016, nada menos que quien dio su noimbre a la ley de prevención del grooming. Hace pocos meses, Jonathan Luna, quien ahora se hace llamar Yoana y está detenido en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela, en un pabellón destinado a personas con diversidad de género, comenzó a presentar escritos ante la justicia para que lo trasladen a una cárcel de mujeres. Y en ese marco, los abogados de Luna pidieron cambiar la carátula del crimen que cometió para que pase de ser femicidio a ser homicidio simple, por su condición de sentirse mujer.

Es más, el 14 de abril de este año, un hombre imputado de femicidio contra una mujer brasileña en Bariloche, Fernando Alves Ferreira, dijo en una audiencia de control de acusación que se autopercibe mujer y pidió que se le modifique la carátula de la causa.

Ante esta situación, diputados de la oposición presentaron un proyecto de ley para modificar la Ley 26.763 de Identidad de Género a fin de que quien cometa un delito no pueda cambiar su género para que no sea favorecido judicialmente.

El proyecto de la diputada Marcela Campagnoli (CC-ARI) busca modificar el artículo 7 de la Ley de Género y plantea que establezca que “la rectificación registral no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral, ni surtirá efectos jurídicos en casos de juzgamientos por femicidio y/o violencia de género que hubieran ocurrido con anterioridad a la rectificación, ni las provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, las que se mantendrán inmodificables, incluida la adopción”.

Al respecto, advierte que la normativa vigente “nada señala en relación a los casos en los cuales quien comete un delito para cuya tipificación resulta condición necesaria el género del autor, si con posterioridad al hecho en cuestión la persona decide modificar su género”.

“El derecho a modificar el género debe efectuarse una salvedad a fin de asegurar que tal cambio no pueda favorecer a quien haya cometido un delito”, argumenta y suma: “Un posterior cambio de género no puede, de modo alguno, tener un efecto retroactivo al momento en el cual el hecho ocurrió aún cuando en el momento en el cual se celebre el juicio, la persona haya modificado su género”.

También plantea que “el género de quien comete un hecho de violencia contra las mujeres resulta constitutivo del mismo, de modo tal que no es posible argumentar luego que, en razón de haberse cambiado de género o percibirse de un género diferente al cual se tenía al momento de llevar adelante la acción violenta contra una mujer, ello resulta ser un eximente y/o atenuante de una responsabilidad que en modo alguno desaparece por el mero hecho de modificarse con posterioridad condiciones subjetivas vinculadas con la percepción del género de quien ha cometido un delito. El plexo normativo debe tener coherencia de modo tal que nunca la protección de ciertos derechos resulte ser vejatoria de otros”.

“Una visión coherente y completa del ordenamiento jurídico nos interpela a modificar la Ley de Identidad de género para dejar a salvo la responsabilidad de quien, portando un género cometió un delito de femicidio y/o violencia de género y luego rectifica su género. Nunca esa modificación puede eximir de una responsabilidad que es, a todas luces, preexistente”, reitera.

Y finaliza: “A fin de garantizar que quienes cometen un femicidio o hechos de violencia de género no puedan esgrimir luego que, dada la rectificación del mismo, ya no portan el género que tenían al momento de ocurrir el hecho en cuestión”.

La iniciativa es acompañada por Gustavo Hein, Alejandro Finocchiaro, Roberto Sánchez, Ingrid Jetter, Gabriela Lena, María de las Mercedes Joury, María Luján Rey, Karina Bachey, Soher El Sukaria, Gerardo Cipolini, Aníbal Tortoriello, Carlos Zapata y Lidia Ascárate.

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresó –durante la sesión ordinaria de este jueves- su solidaridad y acompañamiento a la familia de Cecilia Basaldúa, a más de dos años de su femicidio.

Fue gracias a una iniciativa impulsada por los legisladores del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Amanda Martín y Gabriel Solano, quienes en los fundamentos de la misma recordaron que Cecilia Gisela Basaldúa tenía 35 años al momento de su asesinato y había regresado de un viaje de mochilera por Latinoamérica que duró 5 años.

Por ese entonces estaba escribiendo un libro en Capilla del Monte, ciudad en la que residía durante el aislamiento por la pandemia. El 5 de abril de 2020 fue vista con vida por última vez. Veinte días después, su cuerpo sin vida fue hallado por un vecino del lugar en un descampado con signos de abuso sexual y muerte por estrangulamiento.

“Se trató de uno de los primeros casos de violencia y femicidio que cobró estado público en Córdoba durante el transcurso del aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de Covid-19, en abril del 2020, momento en que se experimentaba un crecimiento exponencial de la violencia de género puertas adentro de los hogares”, señalaron los legisladores y detallaron que “el caso, que tuvo en vilo al país durante los veinte días de su búsqueda, conmocionó a la sociedad entera. El movimiento de mujeres de Córdoba, organizado por la Asamblea Ni Una Menos, abrazó la causa rápidamente, primero exigiendo la búsqueda inmediata de Cecilia, luego luchando por justicia”.

Además precisaron que “su familia, su papá Daniel y su mamá, que convirtieron su dolor en fuerza para luchar por la justicia en memoria de Cecilia y porque estos tipos de crímenes no sucedan más”.

Por lo que concluyeron señalando que “su compromiso es ejemplo de lucha y debe movilizarnos a continuar trabajando para la erradicación de la violencia por razones de género”.

En el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”, la Legislatura porteña aprobó por unanimidad un proyecto a través del cual exigieron que se investigue el presunto femicidio de Lola Villares, una adolescente de 17 años que fue hallada muerta en la casa de un amigo que le proveía drogas. El hombre de  40 años se dio a la fuga después de la intervención de la Policía de la Ciudad.

En ese sentido, la Casa expresó “su pesar por el fallecimiento de Lola Villares en un presunto contexto de femicidio” y pidió “el pronto esclarecimiento de los hechos”.

La iniciativa fue presentada por la presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, Laura Velasco (FdT), quien aseguró que es necesario que “con mucha celeridad se investigue cual fue el proceder de la Policía de la Ciudad en relación con este caso, que permitió que se escapara el sospechoso; y luego que se avance con el esclarecimiento, pedir Justicia por esta joven”.

“Necesitamos llevar adelante políticas concretas en la Ciudad de Buenos Aires, que puedan detener los femicidios, en términos del fortalecimiento de los Centros Integrales de la Mujer, de todas las políticas que hacen a la prevención y a la atención porque, como vamos a decir en la movilización del 25N, Ni Una Menos”, continuó y resaltó que “hoy no tenemos claridad sobre el funcionamiento de los CIM de las comunas 12 y 15, en los que recientemente se dio de baja los convenios con ONGs por falta de financiamiento, zona donde ocurrió el presunto femicidio de Lolita Villares”.

Por otra parte, la diputada adelantó que “el año que viene volveremos a presentar todas estas iniciativas porque creemos que en la Ciudad es indispensable contar con un ministerio que jerarquice el área y la dote de un presupuesto acorde, para llevar adelante políticas públicas concretas que den respuesta mujeres y personas LGBTIQ+ que hoy necesitan de un Estado presente también en la Ciudad de Buenos Aires” y concluyó señalando que “seguiremos insistiendo para que se fortalezca la atención en los CIM y se creen nuevos, sobre todo en cercanía a los barrios populares, para lo cual también hemos presentado varios proyectos desde el Frente de Todos”.

En muchas bancas del recinto de Diputados que volvió a funcionar con muchos miembros de manera presencial colocaron carteles haciendo referencia al crimen de la joven de 19 años Ursula Bahillo. Y sobre el tema expuso, a la hora de las cuestiones de privilegio, el diputado de izquierda Nicolás del Caño. “Estos días son de dolor y de bronca por el brutal femicidio de Ursula -dijo-. Una joven de la localidad de Rojas, en la provincia de Buenos Aires”.

Del Caño habló de “una enorme indignación que recorre el país”, a partir de la cual se expresaron “millones de mujeres que están hartas de la violencia machista”. El legislador señaló que “en este aberrante hecho queda más que claro lo que muchas organizaciones de mujeres denuncian hace tiempo: que el Estado es responsable; porque Ursula hizo todo lo que dicen que hay que hacer, múltiples denuncias que no fueron escuchadas”.

Agregó que “Martínez, el femicida de Ursula tenía muchas denuncias de otras mujeres, cerca de 40 en total, y sin embargo en la Comisaría de Rojas se lo protegió, por eso el Estado es responsable. Es responsable porque la Justicia también es cómplice”.

Luego apuntó hacia la policía. Del Caño dijo haber visto el día anterior un acto en el que el gobernador Axel Kicillof y el mnistro Sergio Berni “entregaban patrulleros y chalecos para las fuerzas represivas”, y en ese marco el ministro de Seguridad no había dicho una sola palabra sobre el tema, siendo que el homicida no solo era parte de la misma, sino que la policía “lo había encubierto”.

“Llevamos la cifra de 44 femicidios en apenas 42 días de este año -agregó-. Correpi publicó que de estos femicidos, el 20% son perpetrados por miembros de las distintas policías y fuerzas de seguridad, y esa fuerza es premiada, protegida”.

Sobre el final, Del Caño recordó que con Myriam Bregman en 2015 presentaron un proyecto de emergencia en la materia, con medidas que podrían combatir la violencia machista, los femicidios. “Nunca se trató. Muchos discursos, pero cero recursos. No quieren poner un centavo”, denunció. Y concluyó con un ejemplo: Ursula estaba en lista de espera para recibir el botón antipánico.

La senadora nacional del radicalismo Silvia Elías de Pérez pidió preferencia en la sesión de este jueves para tratar una declaración de repudio por el femicidio de Paola Tacacho, y expresar también “la gran preocupación por el crecimiento exponencial de los femicidios” en la provincia de Tucumán, que “nos ha llevado a encabezar las tasas de femicidios en el país”.

En su breve exposición, la senadora tucumana contó que el sábado último la sociedad de esa provincia se despertó con la noticia de que Paola Tacacho, una joven de 32 años, profesora de inglés y “llena de sueños”, había sido asesinada. Y lo que es peor, agregó, había sido durante cinco años “acosada, perseguida y amenazada, y había pedido ininterrumpidamente ayuda al Estado… y el Estado le dio la espalda”.

Elías de Pérez recordó que la víctima había radicado en sede judicial penal nada menos que 13 denuncias, y una más en sede judicial civil. Además de haber recurrido a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema en Tucumán. “Ninguno fue capaz de ocuparse”, enfatizó. En ese marco, solo hubo una audiencia de conciliación, en la que una abogada se dio cuenta de que además podía haber una cuestión patológica en quien terminaría convirtiéndose en asesino. “Pero eso también se cerró”, lamentó Elías de Pérez, que agregó que cuando una de las denuncias llegó finalmente a juicio, el juez Francisco Pisa absolvió al denunciado.

Recordó además la senadora que ese mismo juez, que “fue puesto a dedo, sin concurso”, también tiene “la causa de Leiva, en la cual ha pedido a un juez que regule la intensidad en la causa en la que está un legislador acusado de acoso”.

La senadora tucumana concluyó enfatizando que ese proyecto de declaración se trata “sin duda de un clamor, un pedido de ayuda de mi provincia”.