Los mensajes en las redes a 7 años del primer Ni Una Menos

A través de distintos hashtags y en la previa de una nueva movilización contra la violencia de género, legisladoras de todo el arco político recordaron la fecha.

En la previa de una nueva marcha contra la violencia de género, a siete años de la primera movilización bajo la consigna Ni Una Menos, legisladoras de todo el arco político recordaron la fecha y reivindicaron la lucha por los derechos de las mujeres.

A través de las redes sociales y mediante distintos hashtags, este jueves fueron varias las oficialistas y opositoras que hicieron referencia al tema. “A 7 años del primer #NiUnaMenos, seguimos trabajando contra las distintas expresiones de la violencia por motivos de género”, escribió la vicejefa del bloque oficialista, Cecilia Moreau (FdT).

Y reveló que presentó un proyecto “para que se a realicen las capacitaciones establecidas en la Ley Micaela en los medios de comunicación”.

Por su parte, la presidenta de la Banca de la Mujer en el Senado, Eugenia Catalfamo (UC-FdT) publicó: “A 7 años de aquel primer grito de #NiUnaMenos seguimos alzando la voz por las que ya no están, por los derechos que nos faltan, por las brechas que resisten. ¡Nos queremos vivas, libres y en igualdad!”.

“Hoy volvemos a levantar la voz, a decir #Basta, volvemos a las calles a reclamar derechos, a pedir justicia, volvemos a gritar #NiUnaMenos. Nos queremos vivas, libres y sin miedo!”, fue el mensaje de la diputada Mónica Litza (FdT).

También desde el oficialismo, su par Marisa Uceda (FdT) recordó que “un 3 de junio de 2015 miles de mujeres marchamos para visibilizar la violencia machista que sufrimos día a día. A 7 años del primer #NiUnaMenos, nos encontramos para seguir exigiendo desde el grito colectivo: ¡Ni Una Menos! Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”.

“A 7 años del primer #NiUnaMenos nos convoca el mismo compromiso y reclamo. En nombre de todas las víctimas de violencia sexista seguimos levantando nuestra voz: #NiUnaMenos”, expresó la diputada Margarita Stolbizer (EF-JxC).

En tanto, la diputada Mónica Fein (PS) manifestó que “hace siete años, las mujeres de todo el país salíamos a las calles para pedir justicia por las víctimas de femicidios y nos uníamos al grito colectivo #NiUnaMenos. Hoy, reafirmamos nuestro compromiso con este día de lucha, pero aún queda mucho por hacer”.

“Es necesario el trabajo conjunto de todos los poderes del Estado para erradicar la violencia machista. Las mujeres ganamos las calles, juntas y unidas queremos vivir en una sociedad más igualitaria y libre de violencias”, sumó.

“7 años del primer #NiUnaMenos. Un femicidio cada 27 horas. Volvemos a salir a la calle para reclamar que se tomen todas las medidas que sean necesarias, con urgencia, y denunciar que los gobiernos y el Estado son responsables. La deuda es con nosotras, no con el FMI”, apuntó la diputada de la izquierda Myriam Bregman (PTS-FIT).

Entre la marea de tuits haciendo referencia a la fecha, la diputada Carolina Gaillard (FdT) sostuvo: “A siete años del primer #NiUnaMenos volvemos a marchar. Desde ese día a hoy, son 2 mil las mujeres que ya no podrán marchar con nosotras. Seguiremos reclamando justicia por las que ya no tienen voz y pidiendo por una Reforma Judicial Feminista”.

“Hoy volvemos a gritar ¡NI UNA MENOS! En las calles, nuevamente, nos hacemos oír. Seguimos construyendo redes feministas para vivir libres y sin violencia de género”, fue la convocatoria de la senadora Anabel Fernández Sagasti (FdT).

También desde el Senado, la tucumana Beatriz Ávila (PJS-JxC) afirmó que “en un nuevo aniversario de este hito histórico, se grita en todo el país: ¡ni una menos!”. “La violencia de género es una problemática y debemos trabajar para su erradicación, con estrategias de prevención y acciones concretas e integrales con las víctimas”, reclamó.

“Hace siete años, tras el cobarde asesinato a Chiara Páez, salimos a las calles por primera vez. Hoy volvemos a gritar #NiUnaMenos. Reafirmo mi compromiso y exijo, una vez más, políticas públicas integrales que nos protejan y combatan realmente la violencia y la desigualdad”, pidió la diputada Victoria Morales Gorleri (Pro).

Con abundantes datos, la diputada Dolores Martínez (Evolución Radical) observó que “el Estado llega tarde y mal: 1 víctima cada 27 hs. Del 1/1 al 31/5 hubo 127 femicidios, 3 trans/travesticidios y 8 femicidios vinculados de varones; 30 víctimas habían realizado la denuncia y 5 femicidas tenían medida cautelar. 147 hijas e hijos quedaron sin madre”.

“Por eso, como hace 7 años, vamos a marchar por un Estado que funcione, que dé respuestas integrales y efectivas con diagnósticos certeros, que se anticipe y este más cerca”, añadió.

La senadora Clara Vega (Hay Futuro Argentina) recordó que “hace 7 años, gritábamos por primera vez #NiUnaMenos para decirle basta a la violencia de género. Para luchar por el derecho de todas las mujeres a vivir libres y sin miedo. Y lo seguiremos haciendo por las que no volvieron, por las que estamos, por las que vendrán”.

“A 7 años del primer #NiUnaMenos. Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Con nuestro compromiso de luchar por más igualdad y terminar con las violencias que atraviesan nuestro día a día. ¡Hoy volvemos a llenar las calles!”, resaltó la diputada Mara Brawer (FdT).

La senadora Lucía Corpacci (FNyP-FdT) aseguró: “Como hace 7 años, hoy marchamos por la cantidad de femicidios que no disminuyen. Combatir la violencia tiene que seguir siendo el compromiso de la sociedad en su conjunto”.

Entre los mensajes también tuiteó el presidente Alberto Fernández, quien señaló que “hace 7 años las mujeres y LGBTI+ alzaron la voz al grito de #NiUnaMenos. Desde el Gobierno, escuchamos la demanda de las calles y la tradujimos en políticas públicas para acompañar a quienes atraviesan situaciones de violencia de género en su camino a una vida libre”.

Y compartió un hilo con imágenes con datos, entre ellas una que afirma que “el índice de femicidios, travesticidios y transfemicidios registró el valor más bajo de la historia del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina”.

“Ni Una Menos. Los argentinos estamos más juntos que nunca en la lucha para terminar con la violencia contra la mujer. En 2015 se dio un quiebre: las mujeres tomaron la calle masivamente para reclamar por sus derechos y nosotros, como Estado, tenemos que dar respuestas”, fue el mensaje del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En la previa del Ni Una Menos, Manzur dijo que la tasa de femicidios se redujo en un 13%

El jefe de Gabinete llamó a “redoblar mucho más los esfuerzos”, al tiempo que destacó las acciones realizadas en política de género por el Gobierno.

En la previa de una nueva conmemoración del Ni Una Menos, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, informó ante el Senado que la tasa de femicidios se redujo en un 13%, al tiempo que aclaró que “esto nos obliga a redoblar mucho más los esfuerzos”.

“Uno de los valores de medición más importante, la tasa que tiene que ver con el femicidio en Argentina, en 2022 con respecto al 2021 descendió. Descendió 13%, según el informe de la Corte Suprema de Justicia”, apuntó.

Durante su exposición ante los senadores, el funcionario precisó que “en el año 2020 fueron asesinadas 287 mujeres y en 2021 esto se redujo a 251”.

Manzur destacó que la consigna de Ni Una Menos “nació en Argentina con mucha fuerza, se expandió a gran parte de América Latina y hoy ya está presente en gran parte del mundo”.

“Desde el primer día de gestión este Gobierno, nuestro Gobierno, hizo de las políticas de género uno de sus ejes rectores”, resaltó y mencionó en ese sentido la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, desde donde se desplegaron “políticas específicas y respuestas concretas”, entre ellas el Plan Nacional de Acción contra la Violencia.

Legisladores expresaron su preocupación por un intento de femicidio en el barrio Ricciardelli

Desde el FdT presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de declaración en repudió al intento de asesinato que sufrió Mayra Romina Medina, una mujer de 27 años que fue atacada por su ex pareja.

Los diputados porteños del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de resolución en el que expresaron su “profunda preocupación” por el intento de femicidio que sufrió Mayra Romina Medina de 27 años por parte de su ex pareja Gabriel Alejandro Ovelar, el pasado 20 de julio en el barrio Padre Ricciardelli.

En los fundamentos de la medida, los opositores precisaron que la mujer es madre de una niña de seis años y que conoció a Ovelar dos años atrás. “Comenzó una relación que, al principio, fue buena, pero con el paso del tiempo se volvió inestable debido a los múltiples episodios de violencia por parte de Gabriel hacia Mayra. Tales episodios llevaban a Mayra y a su hija a huir del domicilio que compartían ambos, y a resguardarse en la casa de su madre”, aseveraron.

Además informaron que “Mayra ya había realizado una denuncia este verano, luego de haber sido atacada por él en la vía pública, lo cual le había producido múltiples golpes y rotura de ropa. El intento de femicidio por parte de Gabriel hacia Mayra fue denunciado ante la comisaría 8va. de Lugano e ingresó bajo la carátula de lesiones leves, luego de la movilización que realizó su familia y vecinas del barrio pasó a la fiscalía N° 33 de Solano, caratulada como ‘Lesiones leves agravadas’” e indicaron que “se solicitó el cambio de carátula a ‘intento de femicidio’, pero la fiscal consideró que había falta de elementos en la investigación y prometió que, una vez que Mayra recibiera el alta, se le daría un botón antipánico, el cual ya le habían suministrado a partir de la denuncia anterior por violencia de género que radicó hacia Gabriel”.

Hace poco más de un mes, la mujer tomó la decisión de alquilar una vivienda en el barrio Padre Ricciardelli junto a su hija, pero el 20 de Julio del corriente año, ambas se encontraban en su casa cuando ingresó Gabriel y atacó a Mayra, la golpeó en la cabeza con un objeto pesado que la dejó herida en el suelo y, creyéndola muerta, huyó. Dicho ataque produjo en Mayra la urgente atención en el Hospital Piñero donde se le diagnosticó fractura y hundimiento de cráneo. Este diagnóstico llevó a la derivación al Hospital Santojanni donde se le realizó una operación de urgencia para salvar su vida.

“En un contexto en el que, sólo en el año 2020, murieron 298 mujeres por motivos de género, según el observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, y en el primer semestre de este año se registraron 137 femicidios, según el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, se hace imperante que todas las políticas públicas en cuestiones de seguridad tengan la perspectiva de la prevención de la violencia de género en todas sus formas”, aseveraron y concluyeron manifestando que “la pandemia y las medidas de confinamiento profundizaron la problemática, lo cual hace fundamental generar políticas que visibilicen los distintos dispositivos que hay disponibles para evitar el aumento de la violencia, la atención a sus víctimas, como así también el acompañamiento para llevar una vida libre de violencias”.

La iniciativa lleva la firma de la presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia, Laura Velasco (FdT) y los diputados Javier Andrade, Matías Barroetaveña, María Bielli, Lucía Cámpora, Ofelia Fernández y Claudio Morresi (FdT).

La senadora Clara Vega destacó el fallo por el femicidio de Deolinda Torres

“Estos fallos son un avance para la figura de la mujer”, manifestó Vega respecto a la cadena perpetua dictada contra Santiago Condorí, expareja de la víctima.

La senadora nacional Clara Vega se refirió a la condena a cadena perpetua dictada contra Santiago Condorí, femicida de su expareja, Deolinda Torres, y manifestó: “Estos fallos son un avance para la figura de la mujer, aun así, necesitamos acciones más concretas entre los Estados Nacionales, Provinciales y Municipales para evitar más femicidios”. 

Deolinda Torres fue asesinada el 9 de enero de 2018, en una vivienda del Barrio Carlos Onetto, por su expareja Santiago Condorí, quien tenía una orden de restricción por haberla atacado físicamente en diferentes oportunidades. 

Este hecho marcó un precedente en la justicia riojana, ya que a partir de ahí se creó un juzgado especializado en casos de violencia y protección de los menores. 

En el marco del femicidio ocurrido en 2018, luego de tres años, se llevó a cabo el juicio donde se condena a cadena perpetua a Condori, estableciendo así la primera condena por femicidio en La Rioja. 

Espero que la Justicia siga actuando con mesura y resuelva los casos de violencia que las mujeres vienen denunciando hace tiempo, en lugar de priorizar otros temas menores”, agregó la senadora al respecto. 

En el mismo sentido, Vega apuntó al Gobierno nacional: “Están más atentos al lenguaje inclusivo y a la higiene menstrual, que en defender la vida de la mujer”, concluyó. 

Durango: “Cristina es perseguida por ser mujer”

La senadora pampeana conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y pidió seguir luchando por la igualdad.

En la primera sesión de la Cámara alta desde el arranque del nuevo período ordinario, la senadora Norma Durango (Frente de Todos), presidenta de la Banca de la Mujer, rindió homenaje a la lucha feminista y reclamó por el creciente número de femicidios y situaciones de violencia . “Llevamos más femicidios que días en el año”, señaló.

En un tramo de su discurso, la legisladora se refirió a Cristina Fernández de Kirchner al sostener que “como a nuestra vicepresidenta, la presidenta de nuestro cuerpo, perseguida en gran parte también por ser mujer, por su inteligencia, por defender al pueblo, por gobernar. La Justicia nos ha demostrado con creces no tener perspectiva de género”.

“Como cada 8 de marzo le ponemos palabras a la lucha por la igualdad, porque esto sigue siendo un tema pendiente”, apuntó la pampeana, que además agregó: “Alzamos nuestra voz para reclamar por el creciente número de femicidios y situaciones de violencia de todo tipo y en todos los ámbitos, violencia que en tiempos de pandemia se ha visto sensiblemente incrementada”. 

Ejemplificó con cifras de La Pampa: “En mi provincia, donde somos nada más que 353 mil habitantes, se hicieron el año pasado 815 denuncias por violencia de género”.

Para Durango, la pandemia “otra vez puso a las mujeres en la primera línea de cuidados, remunerados y no remunerados. Siempre, las mujeres y las niñas en las crisis llevamos la peor parte, pero en esta particularmente”.

La oficialista destacó la labor de “médicas, enfermeras, maestras, mucamas, administrativas, cuidadoras, científicas, investigadoras, funcionarias”, y aseguró que “las mujeres hacemos de todo y nos hemos ocupado de todo en esta pandemia”.

“La saluda señora presidenta, las saludo señoras senadoras, pero no les he deseado un feliz día el lunes. Pero no fue un día de celebración. No lo será mientras nos sigan matando y persiguiendo”, enfatizó la presidenta de la Banca de la Mujer.

Y concluyó: “Seguiremos movilizadas, militando, haciéndonos oír, porque la lucha continúa y creemos que el empoderamiento por la no violencia, por todas, las niñas. Queremos igualdad, queremos decidir, pero por sobre todas las cosas, nos queremos vivas”.

Diputados oficialistas consensuaron con la ministra Gómez Alcorta la agenda de género

En un encuentro realizado en el marco del 8M en las oficinas del bloque, se acordó impulsar la ley de cupo laboral trans y otra de sistema integral de cuidados, entre otros temas.

Diputados del Frente de Todos encabezados por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el jefe del bloque, Máximo Kirchner, se reunieron este lunes con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, para consensuar la agenda legislativa de género, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

El encuentro tuvo lugar en las oficinas del bloque oficialista, en el tercer piso del Palacio Legislativo, y participaron entre otras las diputadas Cecilia Moreau (vicejefa de la bancada), Cristina Álvarez Rodríguez (secretaria parlamentaria), Mónica Macha (titular de la Comisión de Mujeres y Diversidad), Gabriela Cerruti y Paula Penacca.

Foto: @CrisAlvarezRod

Gómez Alcorta enumeró los hitos de la gestión del Ministerio, como el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023, que busca resolver las desigualdades estructurales de género. También destacó la creación del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, y se refirió a la necesidad de federalizar las políticas vinculadas a las violencias a través de un trabajo conjunto con provincias y municipios.

En cuanto a la agenda legislativa, la ministra y los diputados oficialistas acordaron impulsar la ley de inclusión laboral travesti/trans, que establece un cupo del 1% en los tres poderes del Estado. El proyecto, consensuado entre distintos bloques, ya cuenta con dictamen favorable y está listo para ser tratado en el recinto.

Paralelamente, la bancada del Frente de Todos se comprometió a trabajar en una ley sobre sistema integral de cuidados y a introducir perspectiva de género en una eventual reforma judicial, algo que reclamaron en los últimos días tanto el presidente Alberto Fernández como la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Por último, la ministra y los diputados dialogaron sobre la necesidad de “repensar” la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; y reforzar los dispositivos electrónicos por incumplimiento de restricciones perimetrales.

Foto: @CrisAlvarezRod

“Conversamos sobre los ejes de la agenda legislativa de mujeres, géneros y diversidades que vamos a trabajar en Diputados”, expresó Álvarez Rodríguez, y amplió: “Para seguir ampliando derechos, el trabajo conjunto con el Poder Ejecutivo es clave. Vamos por la ley de inclusión laboral travesti/trans y un sistema integral de cuidados con perspectiva de género”.

Más temprano, Gómez Alcorta participó del acto de firma del “Acuerdo Federal por una Argentina Unida Contra las Violencias de Género”, junto al presidente Fernández, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y gobernadores, en la previa de una serie de movilizaciones en todo el país con epicentro en el Congreso Nacional.

En el Día de la Mujer, Cristina apuntó a jueces y fiscales

Dijo que “tienen que dejar de mirar para otro lado” en los casos de violencia de género y femicidios. La vicepresidenta redobló así sus críticas al Poder Judicial.

La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a apuntar contra jueces y fiscales en el marco del Día Internacional de la Mujer, y les pidió que “dejen de mirar para otro lado” en los casos de violencia de género y femicidios.

“Para avanzar con el cambio cultural que está protagonizando el colectivo feminista de nuestro país necesitamos el compromiso de todos los poderes del Estado”, sostuvo Cristina en su cuenta de Twitter.

Acto seguido, advirtió que “para erradicar la violencia machista y los femicidios, jueces y fiscales tienen que dejar de mirar para otro lado”.

De ese modo, la titular del Senado renovó sus críticas al Poder Judicial, tras el fuerte descargo de la semana pasada ante la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal en el marco de la causa denominada “dólar futuro”.

En esa oportunidad, Cristina volvió a hablar de lawfare y denunció que el Poder Judicial está “podrido” y que es “perverso”, entre otras duras acusaciones que incluyeron a la gestión anterior por la deuda contraída con el FMI.

“El Poder Judicial incide todos los días en la vida de los argentinos, en las mujeres que masacran en femicidios espantosos, cuando ustedes como jueces y fiscales se quedan sentados y no hacen nada”, lanzó Cristina ante el tribunal.

En la Ciudad piden eximir del pago de ABL a los beneficiarios de la Ley Brisa

Se trata de una propuesta de la Defensoría del Pueblo porteña presentó en la Legislatura un proyecto de ley para que las víctimas colaterales de femicidios sean exentas del pago de ese impuesto.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para que se exima a los beneficiarios de la Ley Brisa –la reparación económica a hijos de victimas de femicidios- del pago de las contribuciones a Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL).

Para poder acceder a este nuevo beneficio, las víctimas colaterales de femicidios deberán ser “propietarias, condómino o usufructuario de un único bien inmueble destinado a vivienda propia o inquilino de un inmueble para uso personal y ser quien paga esa contribución”. Al mismo tiempo que establece que no podrán tener otros inmuebles urbanos o rurales en todo el país y tampoco podrán percibirlo quienes hayan sido condenados como “autor, co autor o cómplice del delito contra su madre”.  

En los fundamentos de la medida, desde la Defensoría explicaron que “los Estados todavía no han logrado erradicar esta forma específica de violencia contra las mujeres, que se lleva en la actualidad la vida de casi una mujer por día” y remarcó que “la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) consigna que entre 2015 y 2018 se registraron un total de 56 víctimas de femicidios en CABA. Esto representa el 58% de los 97 homicidios dolosos de mujeres, trans y travestis”.

“La pandemia del Covid 19 y las medidas de aislamiento expusieron e incluso acrecentaron la violencia de género. La forma más extrema de esa violencia son los femicidios, los cuales no bajan”, aseveraron y explicaron que “este proyecto se propone paliar las dificultades económicas que suelen atravesar las personas que quedan a cargo de los niños y adolescentes que perdieron a su madre y vieron disuelto su hogar familiar”.

Al mismo tiempo que precisaron que estos niños se quedaron “sin ningún tipo de sustento económico porque el padre o progenitor afin, responsable del femicidio, se encuentra –en la mayoría de los casos- cumpliendo la pena de prisión dictada en su contra” y concluyeron señalando que “si bien la reparación del daño que producen los femicidios en las vidas de los niños y adolescentes a los que les han arrebatado a su madre es imposible, creemos que es necesario no sumar a ese padecimiento otros derivados de privaciones económicas”.  

8M: Desde distintos bloques impulsan declarar la emergencia por violencia de género

Desde el año pasado se presentaron al menos cinco proyectos de ley con ese fin. Proponen adoptar medidas excepcionales con un presupuesto específico. En lo que va del año hubo casi medio centenar de femicidios.

Por Carolina Ramos

A pesar de las medidas gubernamentales y las leyes vigentes contra la violencia de género, el drama de los femicidios se agudizó: según el último relevamiento de La Casa del Encuentro, en lo que va del año se registraron casi medio centenar de casos. Fue el destino trágico de Guadalupe Curual en Villa La Angostura y de Úrsula Bahillo en Rojas, dos víctimas que habían denunciado previamente a sus agresores.

Frente a este panorama, diputados de diferentes bloques presentaron desde el año pasado cinco proyectos de ley para declarar la emergencia nacional en materia de violencia de género, facultando al Poder Ejecutivo a implementar medidas urgentes y excepcionales con un presupuesto específico.

Hay una iniciativa del Pro encabezada por la cordobesa Soher El Sukaria; otra del bloque Córdoba Federal liderada por Alejandra Vigo; una tercera presentada por Enrique Estévez en coordinación con MuMaLá y Mujeres Socialistas; una cuarta impulsada en soledad por la oficialista salteña Lía Verónica Caliva; y una última del Frente de Izquierda impulsada por Nicolás Del Caño.

Los proyectos tienen giro a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Mujeres y Diversidad. “Este año vamos a trabajar distintos ejes en la comisión, y el primero es violencia por razones de género. Hay muchos proyectos que están vinculados a la temática”, dijo la oficialista Mónica Macha a parlamentario.com.

El socialista Estévez, uno de los promotores de la ley, consideró que “en un país donde muere una mujer cada 30 horas es necesario declarar la emergencia”. “No sé qué más tenemos que esperar para darle a esto el marco que corresponde”, expresó a este medio, y si bien consideró “positiva” la existencia de un Ministerio de Mujeres y Diversidad, aclaró que “eso no se traduce por sí solo en políticas públicas que prevengan y aborden esta situación”.

Según datos de MuMaLá, en 2020 fueron 329 las muertes de mujeres, lesbianas, travestis y trans por motivos de género: los femicidios y transfemicidios fueron los únicos delitos que no descendieron durante la pandemia. “Urge una decisión política para concentrar, articular y reasignar recursos económicos y humanos frente a la violencia machista”, alertó Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la organización, quien impulsa una petición en Change.org que ya reunió más de 138.000 firmas.

Qué proponen los proyectos de ley

1) Recursos para las provincias y las víctimas

Uno de los principales ejes de los proyectos presentados tiene que ver con dotar a las provincias y a los municipios del presupuesto necesario para responder más velozmente a las denuncias por violencia de género y brindarles un seguimiento adecuado. Algunas iniciativas proponen también otorgar una asignación mensual a las víctimas en situación de vulnerabilidad, y a su vez garantizar la compensación económica a hijos de víctimas de femicidios, como se estableció en la “Ley Brisa”.

2) Línea telefónica

Otro de los objetivos tiene que ver con mejorar el funcionamiento de la línea 144, que brinda atención, contención y asesoramiento a mujeres en situación de violencia. Lo que se busca es profundizar el seguimiento de las denuncias en articulación con provincias y municipios. En el primer semestre de 2020, y en el contexto del aislamiento social, 55.715 personas realizaron consultas a esta línea, según un relevamiento del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.

3) Medidas preventivas

Los proyectos coinciden en que se deben garantizar en todo el país dispositivos de geolocalización para detectar violaciones de medidas perimetrales por parte de los agresores. Asimismo, se promueve la adopción de políticas de desarme de agentes de seguridad violentos y el cumplimiento del patrocinio jurídico gratuito para las víctimas, garantizado por ley. Por último, impulsan la producción de estadísticas oficiales unificadas.

4) Capacitaciones

Se propone además reforzar las capacitaciones de género en los tres poderes del Estado, tal como se estableció en la denominada “Ley Micaela”. En particular, apuntan a intensificar la formación de los operadores judiciales y también de las fuerzas policiales y de seguridad, así como jerarquizar la labor de promotoras territoriales que realizan tareas de prevención en los barrios.

6) Salud y educación sexual

El efectivo cumplimiento de las leyes de Salud Sexual y Procreación Responsable, y de Educación Sexual Integral, es otro de los reclamos plasmados en los proyectos de ley.

El Gobierno creó un Consejo para abordar y prevenir los femicidios

Qué dijo el presidente

En la apertura de sesiones ordinarias, Alberto Fernández no omitió el tema y convocó a que la lucha contra la violencia de género sea considerada una política de Estado.

El presidente repasó las acciones llevadas adelante en el marco del Plan contra las Violencias por motivos de Género 2020-2022, como el Programa AcompañAR y la creación del Consejo para la Prevención y el Abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios.

También informó que se incrementó en un 50% la entrega de dispositivos duales de supervisión, monitoreo y rastreo de víctimas y agresores; y anunció la construcción de 14 centros territoriales en distintas provincias para el abordaje de las violencias.

Fernández dedicó un párrafo especial al accionar de la Justicia. “La práctica judicial ha sido deficitaria en los procesos relacionados con violencia de género. Esta realidad implica la necesidad de modificar aspectos estructurales del sistema de justicia actual que han demostrado ser ineficaces para atender a las mujeres que se acercan a él en pedido de ayuda”, sostuvo.

Por la ola de femicidios, vuelven a proponer la emergencia en violencia de género

Ante la ola de femicidios en todo el país, la agrupación Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) anunció que propondrá nuevamente un proyecto de ley para declarar la emergencia nacional en materia de violencia de género. “A pocos días del inicio de sesiones legislativas, le pedimos al presidente Alberto Fernández que escuche el reclamo presente […]

Ante la ola de femicidios en todo el país, la agrupación Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) anunció que propondrá nuevamente un proyecto de ley para declarar la emergencia nacional en materia de violencia de género.

“A pocos días del inicio de sesiones legislativas, le pedimos al presidente Alberto Fernández que escuche el reclamo presente en las movilizaciones de las últimas semanas en distintos puntos del país y que avance con políticas de urgencia para evitar que la violencia machista se siga cobrando una vida cada 29 horas en nuestro territorio”, advirtió el colectivo.

La propuesta, que cuenta con el respaldo de más de 150.000 firmas, habilita con carácter de urgencia la asignación presupuestaria y de recursos humanos necesarios para implementar medidas concretas.

Algunas de esas medidas son asistencia económica a quienes atraviesan situaciones de violencia de género y a familiares de víctimas de femicidios; asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito; fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios locales para la asistencia temprana y de las organizaciones y redes sociales que actúan en el territorio; dispositivos electrónicos duales para agresores con recursos para su monitoreo; un registro único de denuncias contra agresores; protocolos de actuación y políticas de desarme en las fuerzas de seguridad para agentes con denuncias; y la aplicación de la Ley Micaela y de la Educación Sexual Integral, entre otras.

En los últimos días trascendió el caso de Guadalupe Curual, una joven de 21 años que fue asesinada por su expareja en Villa La Angostura, Neuquén. Según el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, en lo que va del año 2021 se produjeron 49 femicidios, es decir uno cada 26 horas.

Solicitan a Sáenz la adhesión al Consejo Federal para la Prevención de Femicidios

Los senadores salteños del Frente de Todos Nora Giménez y Sergio “Oso” Leavy le pidieron al gobernador de su provincia que se sume a la convocatoria del presidente.

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Los senadores del Frente de Todos de Salta, Nora Giménez y Sergio “Oso” Leavy, le solicitaron a través de sus redes al gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, “la urgente adhesión al Consejo Federal para la Prevención y Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios”, creado por el Gobierno nacional con la intención coordinar un abordaje integral, eficaz y articulado en materia de prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación de las violencias extremas por motivo de género.

El pasado miércoles, el presidente Alberto Fernández les pidió por carta a todos los mandatarios provinciales su participación en el Consejo con la intención de “llevar adelante las medidas y las transformaciones que son necesarias y a construir así, una Argentina unida contra las violencias de género”.

La carta, gestada a raíz del femicidio de la joven Úrsula Bahillo ocurrido el 8 de febrero en la ciudad bonaerense de Rojas y por el que está detenido su expareja, el policía bonaerense Matías Martínez, insta a que los dirigentes provinciales sean “protagonistas de los cambios que hacen falta para transformar esta sociedad machista en una sociedad libre de violencias por motivos de género”.

Con la misma intención, Giménez y Leavy manifestaron su compromiso “a trabajar desde lo legislativo nacional y a través de los representantes del Frente en la provincia para activar mecanismos que posibiliten evitar estas tragedias, y además avanzar como sociedad para incorporar en lo educativo y cultural el rechazo pleno a la violencia y discriminación en todos los ámbitos”.

Leavy sostuvo que “tenemos que comprometernos a trabajar entre todos para terminar con la violencia por razones de género y poner a las instituciones del Estado a la altura de las circunstancias que son graves”. “Los miembros de los tres poderes no podemos desoír, por omisión o por falta de formación en cuestiones de género de sus funcionarios, a miles de mujeres que piden reformas urgentes”, agregó el legislador.

Por su parte, Giménez resaltó que “llegó la hora de que la manifestación en torno a estos temas sea clara y contundente por parte de todos los miembros de la sociedad y especialmente en los ámbitos de gobierno”.

Femicidios: cuestionan la creación de otro organismo

Luego del anuncio del Gobierno, diputadas radicales pidieron al presidente ocuparse de la violencia de género en lugar de crear “más cargos y burocracia”.

El presidente Alberto Fernández anunció este sábado que avanza la creación del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios para dar respuesta ante los hechos de violencia extrema contra mujeres y LGBTI.

“Para poner fin a estos hechos aberrantes necesitamos llevar adelante estrategias coordinadas entre el Gobierno nacional, las provincias y los municipios de la Argentina, que ayuden a prevenir e identificar situaciones de riesgo y garantizar un Estado que responda con celeridad”, aseguró el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

Diputadas nacionales de la UCR cuestionaron la creación del nuevo organismo y reclamaron que el Gobierno “se ocupe realmente de los problemas y de salvar vidas, en lugar de seguir creando cargos y burocracia”.

La presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara baja, Roxana Reyes, remarcó que “no podemos seguir con anuncios y estructuras burocráticas. Los organismos locales, donde hay, no están implementando políticas de prevención, abordaje y menos de capacitación de sus miembros, solo titulares de diario que no salvan vidas”.

“Crear otros organismos, cuando ya hay un Ministerio, habla a las claras de que son reacciones espasmódicas, solo para la prensa, a las que ya estamos acostumbrados. Debemos trabajar en el territorio, sin tanta estructura. No se necesita tanta burocracia cuando hay capacitación y voluntad política”, agregó.

Por su parte, Claudia Najul remarcó que “hay dos maneras de gobernar:  ante un problema buscar soluciones o ante un problema crear organismos, estructuras, cargos. Alberto Fernández crea cargos dónde debería proponer soluciones”.

“No se trata de sumar ministerios, secretarias, direcciones y consejos. No puede ser todo excusa para crear cargos y sumar cuerpos a un Estado superdimensionado e ineficaz. Argentina vive uno de los momentos más críticos en materia de violencia contra las minorías, las mujeres y atropellos contra los derechos humanos. Ocúpese de eso Presidente”, agregó.

“Este gobierno quedará en la historia por los nombramientos políticos en los boletines oficiales y los retrocesos en la realidad. Está a tiempo de cambiarlo”, finalizó Najul.

Reyes también señaló que “existe de parte del Gobierno un total desconocimiento de lo que tiene que ver con el trabajo hacia las personas que sufren o son víctimas de violencia. Por ejemplo, nosotros desde nuestro equipo, sin ministerios, sin consejos federales, secretarías o subsecretarías, hemos trabajado muchísimo en Santa Cruz con lo que tiene que ver con la prevención, concientización de la Violencia de Género, hemos trabajado en los barrios, hemos hecho trabajo de nocturnidad”.

“Hemos trabajado muchísimo en la difusión de la línea 144 -continuó-, todo esto yendo al territorio, con el acompañamiento de los comercios, yendo a lugares donde se reúnen los jóvenes. Para esto no se necesita más burocracia, se necesita personal capacitado. No puede ser que quien va a hacer una denuncia se encuentre que una comisaría de la mujer le dice que no puede hacer una denuncia por violencia si el agresor no es su pareja o ex pareja. Hay una falta de capacitación absoluta”.

“Hoy los lugares que tienen referentes están trabajando exclusivamente en lo que es asistencia alimentaria. La Secretaría de la Mujer de Río Gallegos se dedica a asistencia alimentaria y no a trabajar en violencia. Lo vemos de cerca y todos los actores lo están viendo en cada uno de los municipios y provincias. Esto es muy grave”, finalizó Reyes.

Quieren interpelar a Santiago Cafiero y Gómez Alcorta por el femicidio de Ursula

Diputados de Juntos por el Cambio quieren que a partir de este caso los funcionarios brinden explicaciones en torno a cómo se está trabajando en la materia a nivel oficial.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por la radical Lidia Ascárate, presentaron un proyecto para solicitar la interpelación del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y de la ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, por el caso de la joven de 19 años Ursula Bahillo, quien el lunes pasado fue apuñalada y asesinada por su expareja en la localidad bonaerense de Rojas.

“Es necesario que los funcionarios nacionales nos expliquen a los representantes del pueblo cómo está trabajando en este flagelo, cuáles son sus políticas públicas y cómo utiliza su presupuesto en la lucha contra la violencia de género”, indicó la parlamentaria radical. El cuestionario incluye varias cuestiones relacionadas a la ejecución presupuestaria del área, las medidas de seguridad que se brindan a víctimas de violencia de género y las herramientas de monitoreo y seguimiento de estos casos, entre otras cuestiones.

“Nuestro país se encuentra en un inicio de año marcado por la violencia de género. A las 320 femicidios de 2020 se suman 26 muertes más solo en el mes de enero de este año. Entre ellas la de Úrsula, que a pesar de haberlo denunciado ante la Justicia 18 veces, su pedido de auxilio fue en vano. Hoy el país entero lamenta su muerte”, manifestó Ascárate.

La diputada radical comparó lo sucedido hace unos días, con el brutal femicidio de Paola Tacacho ocurrido en noviembre del año pasado en Tucumán: “En nuestra provincia lloramos el femicidio de Paola, quien denunció en 17 oportunidades a su acosador y asesino ante la Justicia, y que también, al igual que con Ursula, actuó con silencio e indiferencia. No podemos seguir viviendo con un Estado que hace oídos sordos a una realidad que lamentablemente padecemos”, finalizó la diputada.

Acompañaron la iniciativa los diputados Roxana Reyes, Mario Arce, Sebastián Salvador, Federico Zamarbide, Hernán Berisso, José Cano, Soledad Carrizo, Virginia Cornejo, Mónica Frade, Ximena García, Gabriela Lena, Claudia Najul, Cármen Polledo y José Luis Riccardo.

La Banca de la Mujer reclamó visibilizar la violencia contra las mujeres

En el marco de la conmoción generada por un nuevo femicidio, la comisión del Senado advirtió que “una mujer muere por día en la Argentina, y miles son golpeadas y abusadas”.

“Una vez más las senadoras que integramos la Comisión Banca de la Mujer, sumamos nuestras voces a las de las ciudadanas y ciudadanos, y organizaciones de la sociedad civil, que hoy reclaman visibilizar la violencia que atravesamos las mujeres a lo largo y ancho de este país”, expresó este jueves el organismo encabezado por la senadora Norma Durango.

La comisión del Senado que agrupa a todas las integrantes femeninas de ese cuerpo recordó que en Argentina una mujer es asesinada cada 23 horas, son 44 los femicidios en estos primeros 40 días del 2021. Advirtió que “la pandemia empeoró la situación porque para prevenir el Covid-19, muchas mujeres deben pasar más horas en un mismo lugar con sus agresores, y en otros casos empezó a aparecer la agresión en vínculos dónde antes no se había manifestado”, y destacó que en este último año se incrementaron notablemente las llamadas al 144 y los pedidos de asistencia.

“Una mujer muere por día en la Argentina, y miles son golpeadas y abusadas. Niñas, adolescentes, adultas, adultas mayores y trans. No son un número, tampoco son una estadística, son vidas e historias de mujeres víctimas del machismo y del patriarcado, que son violentadas y asesinadas, por su condición de ser mujeres”, expresó la Banca de la Mujer a través de un comunicado.

En el marco de la conmoción que generó el femicidio de Ursula Bahillo, la Banca de la Mujer señaló que “no es esta la primera vez que lo decimos, es una problemática que no es nueva, y que como hemos dicho y reiterado hasta el cansancio, atraviesa todos los niveles sociales y todas las edades. La prevención y las herramientas institucionales que hoy existen para hacerle frente, son insuficientes”.

 En ese marco, consideran necesario “que se profundice la aplicación de la legislación con que contamos, como la Ley 26485”, como así también “que se involucren todos los sectores de la comunidad”.

También, que “los medios de comunicación le den relevancia a las informaciones sobre hechos que vulneren los derechos de las mujeres, sin revictimizarlas”.

“Necesitamos que las distintas jurisdicciones y organismos provinciales y nacionales realicen acciones conjuntas de prevención, asistencia y seguimiento”, señala el comunicado que concluye señalando que “es imprescindible continuar la tarea de articular las áreas de los tres poderes del Estado, la Justicia, los centros de atención de la violencia, las fuerzas de seguridad, los servicios de asistencia de las mujeres y personas trans, en las áreas municipales, provinciales y nacionales. Si no se interactúa, se comparte información y se realiza un abordaje integral, las mujeres seguiremos desamparadas y solas”.

Femicidios: Mirkin pide a Diputados tratar un proyecto suyo

A propósito del homicidio de Ursula Bahillo, la senadora tucumana reclamó el tratamiento de una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado.

Sigue dando que hablar el femicidio de Ursula Bahillo, la joven de 19 años apuñalada por su expareja. Sobre el tema se pronunció este miércoles la senadora nacional Beatriz Mirkin (Frente de Todos – Tucumán), quien reclamó a la Cámara de Diputados tratar un proyecto de su autoría que cuenta con media sanción del Senado.

El mismo consiste en que se le pongan tobilleras electrónicas a los agresores a los que ya se les ha dictado prohibición de acercarse a las mujeres. “Las tobilleras permiten a la policía detectar si el agresor  no cumple y se acerca”, explicó la senadora tucumana. Y agregó: “No podemos permitir que las mujeres sean las que están privadas de libertad de circular por miedo. El feminicidio es la forma extrema de la violencia contra las mujeres y las leyes deben cumplirse para protegerlas”.

Repudian a un sacerdote que justificó los femicidios

El diputado José Riccardo salió al cruce del prelado riojano que reaccionó de la peor manera ante la sanción de la ley IVE.

Ante la justificación de los femicidios como respuesta “natural” ante la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, expresada por un sacerdote riojano, el diputado nacional puntano José Riccardo presentó un pedido de repudio en la Cámara de Diputados, acompañado por una decena de legisladores nacionales. ¿Qué había dicho el sacerdote Nicolás Vilches ante la aprobación de la ley del aborto? “No se quejen después de los femicidios”.

En efecto, el párraco Nicolás Vilches publicó en su cuenta de Facebook, a la que luego de la trascendencia que tomaron sus declaraciones decidió dar de baja, “quien siembra muerte, engendra y cosecha muerte. No se quejen después de los femicidios. La naturaleza es sabia. Felicitaciones a los que apoyan la muerte de inocentes”.

El sacerdote riojano ejerce su ministerio en la parroquia “Encarnación del Señor”, y en representación de la Iglesia Catóica tiene la misión de difundir la  palabra de Dios. Ante ello, Riccardo expresó: “Quienes compartimos el culto, conocemos a un Dios misericordioso, no vengativo, que busca persuadir con buenas acciones, no castiga con la muerte”. Y continuó: “Sin embargo, ante la sanción de una ley, de acuerdo a lo establecido por la Constitución Nacional, que disponen para creyentes y no creyentes, no ha tenido otra idea que justificar un delito gravísimo, como es el femicidio, en un acto verdaderamente apologético. Textual expresión frente a la ley que autoriza, bajo las condiciones y en las circunstancias allí establecidas, la interrupción voluntaria del embarazo. Podría haber amenazado con el infierno, si interpretase que la sola sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es un pecado. ¿Pero decir -parabólicamente- que la respuesta de la Naturaleza es el femicidio?”.

Para Riccardo, justamente si hay un crimen deplorable, y al que afortunadamente hoy el Derecho ha calificado de manera especial, es el asesinato cometido contra una mujer -a veces niña o adolescente- donde su condición lo motivó, facilitó o hizo presumir que “había derecho” a hacerlo.

“La Justicia deberá decir si se cometió apología del delito (tipificado en nuestro sistema penal), y las autoridades eclesiásticas deberán revisar la forma en que se expresan sus ministros”, concluyó.

Proponen crear un registro nacional de femicidas en el ámbito del Ministerio de Justicia

El proyecto fue presentado por el diputado de Juntos por el Cambio Alberto Asseff, con el impulso de la abogada especialista en género Virginia Luna.

El diputado nacional Alberto Asseff (Juntos por el Cambio) presentó un proyecto de ley que propone la creación del Registro Nacional de Femicidas en la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación, como una instancia superadora del Registro Nacional de Femicidios, con el fin de diseñar políticas preventivas.

De acuerdo a la propuesta, el registro tiene por objetivo “organizar y unificar la información de todo el país sobre la temática; establecer la cifra real sobre la cantidad de femicidas; identificarlos con nombre, apellido, documento de identidad, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión u ocupación, vínculo con la víctima, naturaleza de los hechos y la condena recibida”.

Debido a la información sensible del contenido solo tendrán acceso para consultar y conformarlo las “autoridades provinciales y municipales para la conformación de políticas de seguridad; y todo particular que realice el pedido de informe por la vía correspondiente con expresa indicación de los motivos que lo justifica, según el caso concreto”.

La doctora Virginia Luna, abogada especialista en Equidad de Género y Prevención de la Violencia, impulsora de la propuesta que presentó Asseff, sostuvo que “el Registro Nacional de Femicidas es un complemento a las estadísticas criminales. Es información cierta, objetiva y concreta con el objetivo de poder contar con datos oficiales y ‘blancos’ para establecer una verdadera política de género en todo el país”.

“Este proyecto busca establecer un orden centralizado en la figura del victimario, conocer objetiva y fehacientemente quién estuvo detrás del delito, para favorecer la configuración de perfiles delictivos y potenciales reincidentes”, continuó y señaló que “resulta pertinente conocer al femicida para entender los lugares, vínculos y motivos estándares que poseen como denominador común este tipo de psicópatas”.

Asimismo, agregó: “Sabido es que la conducta criminal del femicida tiene una evolución en su escalada violenta y progresiva en la repetición de sus crímenes. Muchas mujeres sufren violencia y abusos pero un alto número aumenta las estadísticas y las noticias policiales cada día en todo nuestro país y sin distinción social”.

“En este 2020 fuimos testigos de indicadores alarmantes, de mujeres que perdieron sus vidas en sus propias casas, mujeres que quedaron cautivas de sus victimarios, que dejaron huérfanos a sus hijos, mujeres que no pudieron defenderse, mujeres a quienes la justicia no protegió a tiempo. Buscamos crear un registro de quienes cometen femicidios. Buscamos trabajar en la educación por la paz desde temprana edad, en políticas de estado y en normas drásticas para detener este crimen”, concluyó la abogada.

El legislador José María Canelada reclamó que se trate el pedido de juicio político contra el juez Pisa

El presidente del bloque UCR de Tucumán insistió en que el gobernador no acepte el pedido de renuncia del juez que intervino en la causa del femicidio de la docente de inglés Paola Tacacho.

El legislador tucumano José María Canelada presentó un pedido para que se constituya el jurado de enjuiciamiento y se desplace al juez Francisco Pisa por su “repudiableintervención en la causa de Paola Tacacho; a la vez que pidió a la Corte Suprema que intervenga auditando todas las causas que tiene el magistrado por violencia de género. “Quizás estamos a tiempo de evitar otro femicidio, por la desidia de este juez que es una vergüenza para los tucumanos”, sostuvo el presidente de la bancada del radicalismo.

El femicidio de Paola Tacacho conmocionó a todo Tucumán. La profesora de inglés había realizado al menos 13 denuncias en el fuero penal contra quien finalmente fuera su perpetrador, una en el fuero civil por daños y perjuicios y obtuvo una denegación de atención de su caso en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia. Seis de esas presentaciones fueron archivadas, siete quedaron sin resolución y una habría llegado a pedido de elevación a juicio, pero el juez Pisa decidió sobreseer al acusado y archivar la causa. 

El juez tucumano Francisco Pisa, que intervino en una de las denuncias que realizó la docente, presentó su renuncia este miércoles por la mañana, luego de que se presentaran dos pedidos de juicio político contra él. 

Este juez debió dictar sentencia de manera rápida, con perspectiva de género, contemplando que había una mujer que venía denunciando acoso y amenazas desde hacía años. Pero Pisa se tomó nueve meses para resolver un tema urgente y archivó la causa, sobreseyendo al acosador. El final de todo este proceso mal llevado fue un femicidio”, advirtió. 

Canelada afirmó que Pisa no puede seguir en la Justicia: “Es aterradora la idea de que este señor pueda ser el causante de otro femicidio en Tucumán, por eso es que también le he pedido la auditoría a la Corte. De Pisa no se puede esperar nada, es un juez que ha venido a garantizar la impunidad”, dijo. Y añadió: “La Corte debe intervenir con énfasis y dejar de mirar al costado. Están pasando cosas muy graves en la Justicia de Tucumán. Le pedimos que deje de tener una actitud absolutamente negligente frente a lo que pasa y que se ponga los pantalones largos porque lo que ha pasado es de una gravedad inusitada”. 

Ofelia Fernández: “sin feminismo no hay esperanza posible”

La legisladora del FdT repudió el crecimiento de los casos de femicidios en el país e insistió en la necesidad de avanzar con “una reforma judicial con perspectiva feminista”.

A raíz de la difusión que tuvo la desaparición y femicidio de Julieta Delpino, la diputada del Frente de Todos (FdT) y militante feminista, Ofelia Fernández, volvió a pedir que se avance con “una reforma judicial con perspectiva feminista” y expresó su profunda preocupación por el crecimiento de los feminicidios en todo el país.

Es así que en sus redes sociales lanzó un contundente descargo en el que afirmó que “cuando decimos que nos tienen que escuchar porque se nos va la vida en el camino, es abrumadoramente literal” y advirtió que el caso de Delpino “no es aislado, es parte de una violencia permanente que desde que empezó la cuarentena lleva 92 femicidios”.

Al mismo tiempo que explicó que “112 niños se quedaron sin madre, en muchos casos porque sus propios padres así lo quisieron” y precisó que “el 71% de los crímenes sucedieron en la vivienda de las víctimas, el 64% fueron ejecutados por la pareja o ex pareja”.

“Uno de los datos más alarmantes, a mi entender, es que de esas 92 mujeres, una de cada siete ya había denunciado por violencia de género al agresor que la terminó matando”, manifestó y subrayó que “la Justicia no es solamente condenar a un femicida, es también y sobre todo actuar a tiempo para no tener que llorar a una compañera. El Poder Judicial tiene esa oportunidad permanente y la desperdicia con su misoginia e indiferencia de siempre”.

Además consideró que “todas vivimos torturadas, porque la sensación de que ante el riesgo no podes contar con que te salven, es violentísima. Tan violenta que se hace verdad en cada mujer asesinada” y aseguró que “sin feminismo no hay esperanza posible”.

A su vez indicó que “es información de la más dolorosa, pero hay que tejer con tenacidad una estrategia que nos salve” y concluyó pidiéndole a sus pares: “pensemos como discutir una reforma judicial con perspectiva feminista, estudiemos y acompañemos los planes nacionales contra la violencia de género de las últimas semanas. Pongamos el cuerpo y la cabeza porque nadie lo hará por nosotras, y porque esto no se aguanta más”.

“El derecho penal está pensado y hecho por varones”, advirtió Gómez Alcorta ante diputados

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad expuso en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y Mujeres y Diversidad. Sostuvo que hay que pensar al derecho penal como “como reproductor de la desigualdad”.

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, sostuvo este lunes que “el derecho penal está pensado y hecho por varones” y advirtió que “el sistema judicial está claramente verticalizado y con enormes rasgos machistas”, al exponer en una reunión conjunta de comisiones en la Cámara de Diputados.

La funcionaria habló por videoconferencia ante las comisiones de Legislación Penal y Mujeres y Diversidad, presididas respectivamente por Carolina Gaillard y Mónica Macha, a pocos días de que el Gobierno anunciara el Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género para los próximos dos años.

Al abrir el encuentro, Gaillard destacó el trabajo coordinado de ambas comisiones “para elaborar mejores herramientas, miradas integrales y unificar criterios”, y agregó: “Estos encuentros pusieron en evidencia la estructura binaria y heteropatriarcal con la que se piensan las leyes y sobre todo las leyes penales y desmitificaron la voluntad punitivista del feminismo”.

En el mismo sentido, Macha consideró “central” esta tarea de “poder articular estos dos mundos como son el pensamiento penal y las cuestiones que venimos militando y trabajando las mujeres, lesbianas, no binaries, travestis y trans”.

La Justicia “patriarcal”

Gómez Alcorta señaló que “al momento no hay ninguna prueba de que el derecho penal previene conductas delictivas” y en ese sentido “el aumento de las penas en sí mismo no va a posibilitar un mejor abordaje” de la problemática.

Por eso, llamó a “salir de la lógica de que la creación de nuevos tipos penales va a mejorar la situación de las personas que sufren este tipo de violencia”, y pidió generar “no más penas o más delitos, sino mayores capacidades para intervenir con la especificidad que tienen estos delitos”.

De todos modos, consideró necesaria una revisión integral del Código Penal por los “parches” que sufrió a lo largo de los años.

La ministra explicó que “el derecho penal tiene un impacto diferencial en mujeres y diversidades” y advirtió que según estudios, la tasa de comisión de femicidios y travesticidios “se mantiene bastante estable en el tiempo”, con entre 200 y 300 muertes anuales.

También indicó que “la desigualdad estructural en todos los ámbitos de nuestra vida impacta en la autonomía económica, física y política de las mujeres y personas LGBT”.

Asimismo, se refirió a los “obstáculos reales para acceder a la garantía de acceso a la justicia”, no solo a la hora de contar con un abogado, sino también al momento del cumplimiento de las decisiones judiciales.

Gómez Alcorta enfatizó que “el derecho penal está pensado y hecho por varones” y que “pensar el derecho como reproductor de la desigualdad es una tarea urgente”. “El sistema judicial está claramente verticalizado y con enormes rasgos machistas”, añadió.

Por otra parte, aseguró que “hay una falta de coordinación federal en materia de delitos de violencia de género” porque “a excepción de la trata de personas, que es un delito federal, todos los otros delitos tramitan en las administraciones de Justicia provinciales” y esto además “dificulta la posibilidad de contar con estadísticas unificadas sobre estos delitos”.

En tanto, lamentó la “falta de implementación del sistema acusatorio, que puede facilitar el abordaje de muchos de estos hechos”, y por otro lado advirtió que muchas mujeres víctimas de femicidios no formularon antes la denuncia porque creen que “el Estado no las representa como un lugar de ayuda”, y pidió trabajar para revertir esa situación.

Asimismo, alertó que “cuando la Justicia se enfoca en la investigación de la vida de las mujeres que denuncian en lugar de investigar al imputado de violencia , se está desplazando la responsabilidad hacia ellas”.

Con apoyo del oficialismo, un gremio exige la ley de emergencia por violencia de género

La UTEP, que nuclea a trabajadores de la economía popular, impulsa un proyecto que avalan Leonardo Grosso, Itai Hagman y Juan Carlos Alderete, entre otros.

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), a través de su Secretaría de Mujeres y Diversidad, exigió este miércoles la sanción de una ley para declarar la emergencia social por violencia de género, en el marco de la conmemoración del Ni Una Menos.

El gremio tiene elaborado su propio proyecto, el cual cuenta con apoyo de los diputados nacionales Leo Grosso, Verónica Caliva, Itai Hagman, Federico Fagioli, Juan Carlos Alderete y Claudia Bernazza, todos del Frente de Todos.

Diputados oficialistas y mujeres de la UTEP, durante una reunión virtual la semana pasada

La iniciativa busca atacar la violencia machista en los barrios populares, con el foco en la dificultad de la precariedad económica y habitacional.

En ese sentido, propone crear en todo el territorio nacional una red para atención y albergue de las mujeres víctimas de violencia, sobre todo en aquellos casos en los que la permanencia en su domicilio implique una amenaza para su integridad psicofísica o la de sus hijos.

Por otro lado, también propone entregar un subsidio a la víctima para poder ayudarla a lograr la independencia económica.

El proyecto también busca fomentar una red de promotoras territoriales de prevención contra la violencia de género, algo que ya existe pero sin reconocimiento ni salario para esas mujeres.

“Hoy más que nunca necesitamos que se trate esta ley. Con el aislamiento obligatorio, la Justicia casi paralizada y sin posibilidad de generar ingresos por cuenta propia, las mujeres que sufren violencia están en una situación desesperante”, advirtió Jakeline Flores, referente de la Secretaría de Mujeres y Diversidad de la UTEP.

Del Plá participó de un acto por Ni Una Menos en Plaza de Mayo

Fue convocado por la Asamblea de Mujeres y Disidencias de la izquierda. La diputada advirtió que en la pandemia “las urgencias de las mujeres se tornan aún más graves”.

La Asamblea de Mujeres y Disidencias de la izquierda realizó este miércoles un acto en Plaza de Mayo, con la participación de la diputada nacional Romina Del Plá (Partido Obrero), con motivo de conmemorarse el quinto aniversario de Ni Una Menos.

La concentración fue convocada por las redes sociales y las manifestantes aseguraron haberse movilizado “con todas las medidas de seguridad e higiene”.

Del Plá expresó su “enorme preocupación frente a las declaraciones del presidente respecto a que el aborto legal no está en su agenda porque, lejos de pasar a segundo plano en la pandemia, las urgencias de las mujeres se tornan aún más graves”.

“Lo vemos en los hospitales, donde el lobby clerical no permite a las niñas, adolescentes y mujeres acceder a sus derechos; en la crisis de violencia de género y femicidios en el contexto de encierro; y en el aumento de despidos, suspensiones y recortes salariales, que a las mujeres precarizadas las golpea en primer lugar”, sostuvo la legisladora.

Durante el acto se leyó un extenso documento que tuvo como ejes la violencia de género, los femicidios y travesticidios; el aborto legal, seguro y gratuito y la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI); el no pago a la deuda externa y la ruptura con el FMI; los derechos laborales de mujeres, lesbianas y trans; y las redes de trata de personas.

“En este 3 de junio, tras cinco años de ganar las calles masivamente al grito de Ni Una Menos, desde esta Asamblea de Mujeres y Disidencias continuamos reivindicando que las vidas de las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, no binares y de todes les trabajadores y trabajadoras valen, por eso seguimos organizadas y en las calles diciendo que Vivas nos queremos, Ni Una Menos, el Estado y los gobiernos son responsables”, señala el documento.

El texto contó con la adhesión de numerosas organizaciones políticas, gremiales, de Derechos Humanos, estudiantiles y culturales, además de movimientos piqueteros.

Piden declarar la emergencia social en materia de violencia de género

Durante el aislamiento se recrudeció la violencia machista ante la falta de redes de contención y el agravamiento en las condiciones de aquellas mujeres y disidencias que atraviesan situaciones de violencia en el ámbito convivencial.

En el marco de “Ni Una Menos”, las Mujeres Socialistas, a través de su diputado nacional Enrique Estévez, presentaron este miércoles en el Congreso un proyecto de ley para que se declare la emergencia pública en materia social por violencia de género. Por un lado, la iniciativa procura implementar de forma inmediata una serie de acciones y políticas concretas en materia de prevención y asistencia integral de la violencia por razones de género durante el aislamiento. Pero también busca generar herramientas que permitan un adecuado abordaje territorial de la problemática de la violencia de género y tengan un impacto positivo real en la calidad de vida, el empoderamiento y la autonomía de quienes padecen este flagelo.

Según datos del Observatorio “Adriana Marisel Zambrano” de la Casa del Encuentro, entre el 20 de marzo y el 14 de mayo del corriente se registraron 49 casos de femicidios. Además, sólo en este primer mes de aislamiento, aumentaron un 40% las consultas por violencia de género en la línea 144.

“Es necesario mejorar la capacidad de respuesta del Estado en el marco de la emergencia sanitaria por lo que proponemos que se declare actividad esencial los servicios y dispositivos de atención y asistencia integral a personas en situación de violencia por razones de género”, enfatizó el diputado Enrique Estévez.

Asimismo, el dirigente socialista expresó: “El acceso a la Justicia está tremendamente limitado en tiempos de cuarentena; necesitamos un Poder Judicial ágil, con canales de denuncias accesibles, para mejorar la capacidad de respuesta y adoptar medidas de protección en tiempo oportuno”.

Además, el diputado nacional del bloque Socialista señaló la necesidad de contar con estadísticas oficiales y consolidar un “Registro Único de Casos de Violencia de Género a nivel nacional”. “El Estado no cuenta con un registro de situaciones de violencia por razones de género unificado y actualizado a nivel nacional, que nos permita contar con estadísticas claras y precisas para elaborar políticas en la materia”, precisó.

El proyecto presentado contempla la necesidad de reforzar y ampliar los canales y líneas de atención telefónica gratuita, para el acompañamiento, contención y asesoramiento, e Intensificar las campañas de difusión en materia de prevención y asistencia de la violencia por razones de género. Asimismo, propone que el Ministerio de Educación incluya en las trayectorias escolares a distancia los contenidos curriculares en materia de perspectiva de género, la problemática de la violencia por razones de género y Educación Sexual Integral (ESI), y además que se realicen capacitaciones obligatorias en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

El diputado Estévez pide crear un “Registro Único de Casos de Violencia de Género a nivel nacional”.

“Esta problemática no sólo se circunscribe al contexto de pandemia. Es necesario fortalecer las políticas públicas destinadas a la prevención, asistencia y erradicación de las situaciones de violencia por razones de género en todo el país”, amplió el diputado santafesino.

Por eso el proyecto del Socialismo propone incrementar el presupuesto asignado al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación para implementar el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia por Razones de Género, y para que se asista a los gobiernos provinciales y municipales con recursos y capacitaciones permanentes para la conformación de las unidades especializadas en violencia en el primer nivel de atención.

En el mismo sentido, el proyecto indica que dicho ministerio debe crear y fortalecer en todo el territorio nacional centros de desarrollo integral, y casas de protección y acompañamiento como instancias de tránsito para las personas que atraviesan situaciones de violencia por razones de género en caso de que la permanencia en su domicilio implique una amenaza a su integridad psicofísica y sexual y/o de las personas a su cargo.

La violencia no es sólo física o psicológica, también es económica. Por eso las Mujeres Socialistas proponen en el proyecto de ley una asignación económica especial para las personas víctimas de violencia de género que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y no posean recursos económicos suficientes para su subsistencia. Asimismo, sostienen que ¨para lograr la autonomía económica y que las víctimas puedan salir de los contextos de violencia necesitamos un Estado presente, que brinde respuestas en materia habitacional, de reinserción socio-laboral y terminalidad educativa”.

Por último, el diputado Enrique Estévez dijo que “resulta imprescindible fortalecer los mecanismos de acceso rápido y efectivo a los servicios de salud sexual y reproductiva”, y ese sentido reclamó el “urgente tratamiento” en el Congreso “para lograr el derecho al aborto legal, seguro y gratuito”.

Denuncian otro “lamentable y evitable femicidio” en Entre Ríos

El diputado radical Eduardo Solari se refirió al crimen de Romina Ayelén Roda, quien fue asesinada por su expareja el domingo pasado en la ciudad de La Paz.

El diputado entrerriano Eduardo Solari se refirió al crimen de Romina Ayelén Roda, quien fue brutalmente asesinada por su expareja el domingo pasado en la ciudad de La Paz.

“El Juzgado de Familia de La Paz publicó en su portal de Facebook algunas consideraciones sobre el crimen de Romina Ayelén Roda. Allí remarca que, a raíz de la denuncia realizada el 13 de mayo de 2018 por Romina, se dispuso la instalación del botón antipánico en el celular y se encomendó la realización de rondas policiales por el domicilio de la joven”, indicó el legislador radical.

Se refirió al accionar gubernamental y judicial en este caso, que nuevamente quedó bajo la lupa a partir del reclamo y el repudio de organizaciones sociales que se refirieron al tema durante estas jornadas.

Debería informar a los entrerrianos la ministra Rosario Romero si funcionó el botón antipánico instalado y si había control policial asignado para vigilar la casa de Romina Roda” requirió Solari, y agregó: “Espero que no se esconda nuevamente -como ya hizo el jueves último- para no dar explicaciones al requerimiento que efectuamos los diputados radicales por el femicidio evitable de Fátima Florencia Acevedo ocurrido a principio de marzo en Paraná”.

“O tal vez debería aclarar los hechos el jefe de los fiscales de la provincia Jorge García, con precisión, sin palabrerío inconsistente y teorizaciones vacías, efectuadas solo para zafar y que todo caiga en el olvido como lo hizo en la conferencia de prensa del pasado 8 de marzo”, finalizó el diputado provincial Eduardo Solari.

Adolfo Rodríguez Saá pide que se declare la emergencia del sistema de protección a las mujeres

La propuesta del senador nacional incluye, entre otras medidas, la excepción a las víctimas de circular durante el aislamiento para facilitar las denuncias penales.

El senador nacional Adolfo Rodriguez Saá propone que se declare la “Emergencia del Sistema de Protección a las mujeres”, en el contexto de la pandemia del Covid 19, que, entre otras medidas, incluye la excepción de circular durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio para facilitar denuncias penales de las victimas ante diferentes hechos de violencia. 

Una innovación en la problemática de las victimas apunta a “otorgar un subsidio equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, mensual, a toda mujer que no cuente con un ingreso proveniente de trabajo con relación de dependencia y/o autónoma, ni recibiere asistencia económica de su familia, persona o institución”. 

Dicha propuesta atiende el reclamo de distintos sectores en un momento que en los 30 día que comenzó la cuarentena la estadística marca que se registraron “25 casos de víctimas” en distintas situaciones que dieron lugar al proyecto de ley que el legislador presentó en el Senado, donde se propicia la “Declaración de Emergencia del Sistema de Promoción y Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”. 

El pedido de excepción de circulación incluido en una cláusula transitoria contempla a las situaciones por las cuales “las mujeres o personas LGTTBI solas o junto a sus hijos e hijas salgan de sus domicilios a los fines de realizar las pertinentes denuncias penales” por “hechos de violencia o se dirijan a requerir auxilio, asistencia o protección en razón de la situación de violencia que se encuentren transitando”. 

Asimismo, el legislador, en su compromiso contra la violencia, propone “incorporar la perspectiva de género en el registro estadístico Nacional de Seguridad, desarrollo social, trabajo, producción, hábitat, población”. 

Dentro de otras medidas se reclama la “aplicación urgente de dispositivos electrónicos para agresores sexuales y agresores que incumplen medidas judiciales”, como así también la “implementación Federal inmediata de Hogares y Refugios”.

Dichos lugares deben contar con dispositivos de alojamiento, recuperación y atención a las víctimas de violencia doméstica y/o sexual, trata de personas, niñas y adolescentes embarazadas”. 

Asimismo, deberán disponer de equipos interdisciplinarios de abogadas/os, psicólogas/os, trabajadoras/es sociales y facilitadoras/es, quienes acompañen la vida cotidiana dentro del refugio hogar. 

Para cumplimentar todas esas acciones se establece que se deben disponer “aportes a las provincias para crear y fortalecer Áreas de Políticas de género”, que incluya a Organizaciones de la Sociedad Civil como sindicatos, vecinales, clubes y espacios culturales. 

Finalmente, dentro de las urgencias se incluye “la implementación de la Ley Micaela de formación obligatoria con perspectiva de género para efectores judiciales, de salud, educación y seguridad”.