Faltando un minuto para que concluyera la media hora de espera para arrancar la reunión de la Comisión Investigadora del Fentanilo Contaminado y/o Adulterado, la presidenta de ese organismo, Mónica Fein, anunció dio por iniciado el encuentro al que habían sido convocados el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y la titular de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio. Y que tal cual todo anticipaba que sucedería, no concurrieron. “Por razones de agenda”, según coincidieron ambos.

Tal actitud representó una continuidad en lo que viene sucediendo con los funcionarios convocados por distintas razones, ya que en el caso del titular de Salud, el mismo no ha asistido tampoco a las convocatorias hechas por los diputados por ejemplo en el marco de la investigación de las irregularidades en la ANDIS.

La titular de la comisión lamentó que para hacer la elaboración del informe final no hubieran podido contar con la presencia de ambos funcionarios, más allá de la información escrita suministrada oportunamente.

Con relación al informe final -que no es dictamen, se aclaró-, acordaron circular el viernes 28 de noviembre las conclusiones, pero pidió el compromiso de todos para que el día martes 2 de noviembre se firme un informe general sobre las recomendaciones en las que hay unanimidad. Esa reunión será a las 9.30. En esa línea fijaron que hasta el martes 9 a las 10 de la mañana cada bloque podrá adjuntar opiniones, recomendaciones u obras observaciones.

La ausencia de los funcionarios

“Es una pena que dos poderes del Estado, y el soberano, que son las víctimas, han estado presentes, y el tercer poder del Estado, que tenían el deber de dar explicaciones, no estuvo aquí. Lo lamentamos mucho, pero reglamentariamente debemos informar esta situación al presidente de la Cámara, que es la representación jurídica, porque han sido intimados, lo hemos hecho en base a los dos artículos del Código Penal: de desobediencia y también de ocultamiento, para que él disponga las medidas que crea corresponden. En este caso, nuestra obligación reglamentaria es informarle a las autoridades de la Cámara y así lo solicito”, planteó a continuación el diputado de UP Ramiro Gutiérrez.

A su turno, la diputada de Encuentro Federal Margarita Stolbizer coincidió con Gutiérrez y sostuvo que “ya estamos en una instancia en la que vamos camino al informe final, recomendando que haya allí un capítulo especial referido a la responsabilidad de los funcionarios públicos, pues sin perjuicio de las responsabilidades penales que haya, “hay responsabilidades políticas de dar explicaciones ante el requerimiento de esta Cámara”.

Stolbizer pidió fijar fecha precisa para emitir el informe.

Así, pidió en ese sentido establecer una fecha límite de presentación de dictámenes, “para que no se nos vaya a ir el año sin poder hacerlo. Que no nos pase como a otras comisiones, donde no hemos podido hacerlo”.

A pedido de la radical Karina Banfi, el secretario de la comisión leyó las argumentaciones de los funcionarios ausentes. En el caso del ministro Lugones, la nota llegó a las 7.56 de este miércoles, argumentando “motivos de agenda impostergables”, y aclaró no obstante que se encontraba a disposición “para continuar colaborando por escrito, como ya lo he hecho”. En el mismo sentido se pronunciaba la titular de la ANMAT, que no había podido asistir por “cuestiones de agenda impostergables”, pero agregaba puntualmente la realización de unas jornadas, como así también señalaba también su disposición a responder por escrito preguntas, siempre y cuando no interfirieran en el desarrollo de la causa.

Karina Banfi quiso dejar claro que lo que se emitirá será un informe, no un dictamen.

Así las cosas, la diputada Banfi dejó claro que “la Constitución no concibe al Poder Ejecutivo como un ámbito autonómico, sino sometido al control del Congreso”. Alertó sobre el incumplimiento en que incurrían los funcionarios. “Se está volviendo una práctica política, un sello del Poder Ejecutivo, en no comprender el valor del acceso a la información pública de los funcionarios, que si contestan el mismo día que tienen problemas de agenda, no están tomándose en serio el rol de la representación”.

Banfi concluyó solicitando que el informe final tenga en cuenta “el incumplimiento de la Ley de Ética, y la de Información Pública, que establecen que todo funcionario político está sujeto a rendir cuentas”.

Desde la izquierda, Christian Castillo consideró “muy grave” que los funcionarios no hubieran venido, y remarcó que la última vez el ministro de Salud había argumentado problemas de agenda, pese a lo cual sí fue a Rosario para tomar parte de una actividad con la Fundación Libertad. “En una jerarquía de relevancia de temas, creo que esta comisión tenía una jerarquía más alta. Pero el ministro juzgó que esa fundación privada era más importante”, pese a representar este caso “la crisis sanitaria más importante que ha sufrido la Argentina”.

Castillo consideró que las respuestas escritas “no alcanzan”, y agregó que tenían preparado un bloque de preguntas que no obstante le harán llegar a los funcionarios. En su participación especuló con varias posibilidades que podrían haberse dado respecto de la actuación de la ANMAT, y habló de negligencia, o bien connivencia, o una falla estructural. Por eso lamentó la ausencia de la representante de la ANMAT que podría contestar las preguntas que se plantean.  “¿Si no me lo responde la ANMAT, quién me lo va a contestar? Y la ANMAT no viene”, lamentó.

Christian Castillo, muy activo durante el desarrollo de la reunión de la comisión de este miércoles.

Asimismo Castillo advirtió sobre el no cumplimiento de las normas laborales, y habló de “condiciones de precarización” que dificultaron las tareas de esterlización y seguridad. “Me permito sospechar que esa extensión de la jornada laboral no es una excepción de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. La falta de personal es una denuncia persistente”, advirtió.

A su turno, su par Vilma Ripoll habló de la necesidad de establecer una asistencia sanitaria a los familiares de las víctimas, recordando que en casos como la tragedia de Once y la de Cromañón, hubo casos de suicidios. Asimismo reclamó la clausura del Hospital Italiano de Rosario, porque a su juicio es la única manera que esos sectores “entiendan”, comparándolo con la actitud que en su momento adoptaron los boliches post tragedia de Cromañón.

Desde el oficialismo, Silvana Giudici rescató que todos los pedidos de informes reunidos permitirán poder llegar a un informe final, que permita después avanzar con proyectos de ley que ya han sido presentados.

Suscribió los dichos de Karina Banfi respecto de la asistencia de funcionarios, destacando que “cuando uno es funcionario, debe venir al Congreso. A mí, cuando presidía el ENACOM, me gustaba venir acá”. Respecto del ministro de Salud, dijo creer que había una reunión de gabinete, pero admitió que “no es excusa, no vino”, aunque aclaró que había respondido “cada pregunta”, lo mismo que la ANMAT.

Coincidió también con su par Christian Castillo, que había hablado de “impericia o connivencia”, que no descartó, y aclaró que el sumario que lleva adelante el juez interviniente es el que va a determinar las responsabilidades. “En esa profusión de normas y falta de normativa clara es donde anida la corruptela”, señaló Giudici, aclarando que eso no sucedía solo en este gobierno, sino en todos, “y en general en todos los organismos que deben controlar”. Agregó que no quería invalidar el trabajo de esa comisión porque los funcionarios no hubieran concurrido, “porque responder respondieron”. Coincidió también con Ripoll respecto de la atención de las víctimas, dado que “la red de atención falló”, y dijo que “también deberíamos recomendar en el informe final que el sistema de atención a la víctima debe reconsiderarse”.

Mónica Fein informó luego que solicitarían que el ministro de Salud reciba a las familias, sin la presencia de diputados, para escucharlos, y como varios de sus pares dijo que tomarían el pedido de Ramiro Gutiérrez respecto de hacer traslado a Martín Menem de lo sucedido con los funcionarios.

“La semana que viene tenemos que cerrar el informe”, enfatizó, proponiendo que el lunes puedan compartir la parte resolutiva para que cada diputado pueda aportar lo suyo, como así también puedan incluirse las consideraciones que cada bloque quiera realizar, además del informe de los familiares. “Es nuestro objetivo, veremos si podemos”, agregó.

Stolbizer advirtió que el planteó de Castillo era importante, pues todos pensaban que había cuestiones pendientes, mas no quería que un nuevo pedido a la ANMAT demorara la emisión del informe. “Sí o sí vamos a emitir dictamen la semana que viene y tal vez continuar el trabajo con la nueva composición, pero que ninguna cuestión pendiente nos impida llegar la semana que viene sin un dictamen”.

Por su parte, Victoria Tolosa Paz adhirió a los planteos de Stolbizer respecto de hacer la entrega del informe final, sin apurar los plazos de una Cámara de Diputados que en diciembre solo pone a consideración los temas de extraordinarias, mientras que sugirió que “esta comisión pueda garantizar que el pleno trate todas estas leyes que se presentaron y empezaron a correr”, pero abogó porque haya un seguimiento de esas normas. Solicitó también que “en la próxima sesión podamos votar la continuidad (de la comisión)  para 2026, para avanzar con normas que permitan que, como piden los familiares, nunca más tengamos en la Argentina esta catástrofe”.

Informó por último que el próximo lunes el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Salud de la provincia van a recibir a familiares de las víctimas para analizar las normativas que deberían implementar en la provincia.

Por su parte, Carlos Castagneto valoró el trabajo de la comisión y cargó contra los funcionarios que no concurrieron a las reuniones, señalando que “demuestran una impericia en el caso y un desinterés, sino hubiesen puesto las caras”.

“No puede ser costumbre que no vengan. Ha pasado en todas las comisiones, empezando por el ministro de Economía, que no vino a explicar el Presupuesto”, lanzó.

La entrerriana Blanca Osuna (UP) se refirió a la nota que envió la doctora Vizzio en la cual dice que puede responder por escrito, pero criticó que “no va a responder cuestiones que entorpezcan o lesiones derechos y garantías de raigambre constitucional. Esto es paradójico y casi una burla a la labor de esta comisión y al trabajo que se hizo”.

Osuna pidió formalizar una comunicación ante el presidente de la Cámara para que efectivamente se responda al ministro y se advierta que están incumpliendo con la Constitución y sus responsabilidades. Además, solicitó que quede asentado la ausencia de los funcionarios como “una conducta maliciosa” y que “están ocultando información en un diálogo franco y personal en una comisión”.

“Los informes escritos que hemos recibido de los funcionarios son incompletos, mentirosos y ocultan información premeditadamente y eso es importante que quede constancia en el informe final”, cerró.

🏛 • El ministro empresario de la salud no apareció.

Hoy era la última reunión de la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo contaminado y/o adulterado, en la que los funcionarios nacionales debían dar explicaciones frente a los familiares de las… pic.twitter.com/9geZP5LQGU

— Florencia Carignano (@florcarignanook) November 26, 2025

La diputada santafecina Florencia Carignano (UP) expresó su bronca ante la ausencia del ministro de Salud y los funcionarios de la ANMAT. “No tienen la más mínima empatía por los familiares que presenciaron todas las reuniones a la espera de una respuesta por parte del Gobierno”, apuntó.

Carignano sumó: “Me da vergüenza tener un ministro de Salud que no viene a dar la cara ni explicaciones”, y se dirigió a los familiares de víctimas del fentanilo contaminado: “Ha ido admirable todo lo que han hecho. No encuentro explicaciones de por qué el ministro la vez pasa consideró que era más importante ir a desayunar con la fundación libertad en Rosario que estar acá en dar la cara. Esto es una masacre que se generó en el Gobierno de más de 170 personas. Me da vergüenza y debería renunciar Lugones”.

Además, destacó la labor entre los diferentes bloques a pesar de las disidencias: “Fue una comisión para la democracia”, y destacó la presencia de los diputados libertarios que “vinieron a dar la cara al menos”.

A su turno, el tucumano Pablo Yedlin (UP) ponderó el trabajo realizado por la comisión y cuestionó al Gobierno porque “no consideró la magnitud de la catástrofe que representa este fenómeno en el país. Parece que hay una idea de que esto ya pasó”.

“El volumen de muertes es de tal magnitud para un sistema de salud como el argentino que, la justicia lo tomó en serio y el Congreso, pero no así el Ministerio de Salud”, consideró y agregó: “El informe va a generar un enorme desafío porque tiene que ver con la modificación de estructuras importantes en el Estado como la ANMAT. Es por eso que el informe tiene que ser lo más claro posible, pero necesitamos que haya un compromiso real de trabajarlo con todas las fuerzas porque se necesita el trabajo del Ejecutivo”.

Al cierre, tomó la palabra el libertario Nicolás Mayoraz quien celebró la posibilidad de llegar a un informe en conjunto. En un párrafo aparte, defendió la ausencia del ministro de Salud y aclaró que se fijó para el día de la fecha la jura de los dos ministros nuevos.

Además, destacó la colaboración del ministerio y de la ANMAT en el esclarecimiento de lo ocurrido. “Estamos ante un momento crucial en el cual podemos hacer una contribución importante”, expresó.

En ese sentido, consideró como “positivo salir de la mirada política de cada uno” y celebró la posibilidad de “llegar a un informe conjunto donde los considerandos puedan ser distintos y que cada uno haga su valoración”. También, destacó “el espíritu de colaboración que han tenido siempre el ministerio de Salud como la ANMAT en el esclarecimiento de todo esto y que nadie quede encubierto por las tramas burocráticas del funcionamiento del Estado”.

Para finalizar la reunión, hizo uso de la palabra Alejandro Ayala, familiar de una de las víctimas, quien destacó el compromiso colectivo y conciliador de la Cámara de Diputados para llevar adelante las reuniones. “Nos queda un gran desafío por delante y hay que dar un ejemplo institucional”, resaltó para luego reflexionar: “Fuimos condenados a muerte y no queremos que otras familias pasen por lo mismo”.

El clima de consenso y armonía entre oposición y oficialismo se quebró este jueves en la Comisión Investigadora del Fentanilo Contaminado ante la ausencia del ministro de Salud, Mario Lugones, quien había sido convocado junto a funcionarios de la ANMAT y el INAME.

Tras duras críticas de varios diputados y de los familiares de las víctimas -ya son más de 100-, la presidenta de la comisión, Mónica Fein, procedió a someter a votación una propuesta de Ramiro Gutiérrez para que se lo convoque nuevamente bajo apercibimiento.

El legislador de Unión por la Patria citó los artículos 239 (desobediencia) y 255 (ocultamiento) del Código Penal, referidos a los delitos contra la administración pública. A mano alzada, se avaló el pedido y desde La Libertad Avanza hubo réplicas.

El tucumano Gerardo Huesen pidió entonces que vengan el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak. Esto desató una discusión del oficialista con los propios familiares. El clima siguió picante después con la fuerte intervención de la camporista Florencia Carignano.

En el cierre se informó que los representantes del Poder Ejecutivo serán nuevamente citados el próximo jueves 20 a las 10. 

Ramiro Gutiérrez

La ausencia de Lugones, que este miércoles tampoco concurrió a la Comisión de Acción Social y Salud Pública (una vez más), ni a la interpelación que semanas atrás se le hizo por el caso ANDIS, era algo esperable en la previa.

En el arranque, Fein afirmó que en el día de ayer fueron notificados que “tanto el ministro de Salud como la ANMAT no concurrirán a la reunión planteando que se siguen poniendo a disposición”. Sin embargo, destacó que se habían recibido las respuestas de ampliación de la ANMAT que habían solicitado y también desde el Ministerio de Seguridad.

“Salvo de la provincia de Formosa, hemos recibido informes de Capital, Santa Fe y Córdoba. Hemos recibido las respuestas del Ministerio de Salud de la Nación que llegaron anoche”, explicó la titular de la comisión.

En total fueron 29 preguntas las que remitieron los miembros de la comisión hacia el ministro Lugones tales como la estructura de las normas que regulan la producción de medicamentos; las reuniones del COFESA respecto de lo cual repreguntarán sobre las reuniones y las temáticas desde el inicio de las muertes por fentanilo contaminado; el accionar del Ministerio de Salud desde que se reportaron los casos de muertes por fentanilo contaminado, entre otras.

Entre las respuestas que envió el Ministerio de Salud, la diputada Victoria Tolosa Paz leyó que “la dirección de epidemiología a partir del conocimiento de la posible contaminación del fentanilo creó un nuevo evento bajo vigilancia titulado ‘infección por exposición a medicamento contaminado’”, y resaltó: “En la Argentina no había una ventana de carga para eventos masivos de esta magnitud que permite el registro de otros eventos de la salud pública, brotes asociados a fármacos. Esto posibilitar que las jurisdicciones afectadas puedan notificar los casos afectados al servicio nacional como medida de prevención”.

El diputado del FIT Christian Castillo calificó de “preocupante” y “muy grave” la ausencia de los funcionarios porque “hay 124 fallecidos que podría extenderse. El Ministerio tendría que tener la presencia permanente en la comisión y estar a disposición de las preguntas que tenemos que hacerle”.

“Los descargos por escrito dan pistas, pero hay información que queremos repreguntar cosas que no quieren contestar como por ejemplo qué falló. A mí no me conforman las respuestas por escrito porque es la responsabilidad e ellos venir acá. Tenemos que volver a citarlos porque es una política de ocultamiento que no vengan”, ratificó.

En el mismo sentido, el diputado Ramiro Gutiérrez se sumó al pedido de que convoquen nuevamente al ministro Lugones y al titular de ANMAT bajo apercibimiento de desobediencia y ocultamiento porque “necesitamos un interrogatorio libre, no a la prueba de informes”, y argumentó que “no tienen motivos suficientes para que no vengan, son testigos reticentes. Hay una responsabilidad civil como funcionarios”.

La libertaria Alida Ferreyra acusó: “No quiero que pase lo mismo que la Comisión LIBRA donde pretenden atribuirse competencias del Poder Judicial. Tenemos que ser humildes porque hemos recibido fojas y fojas del ministro, de los funcionarios, que nos obliga a estudiar lo que no sabemos”.

“Tenemos que ubicarnos en nuestro rol que es el político desde el ámbito que tiene el Poder Legislativo porque tenemos las respuestas y nosotros no somos peritos, ni fiscales ni jueces para evaluar a un testigo. Ubiquémonos en nuestro rol y no pretendamos atribuirnos competencias que no son propias”, remató.

A su turno, el tucumano Pablo Yedlin dijo: "Es una pena la verdad que no puedan venir los ministros y la gente de la ANMAT. Si tiene algún sentido desde el punto político esta comisión, era el de poder interrogarlos. El sentido de escuchar a las víctimas se ha cumplido".

En su intervención, alertó por la disposición 7998/2025 publicada días atrás en el Boletín Oficial sobre importación de medicamentos. "Cuando se importan medicamentos, si éstos vienen del países del 'anexo 1', que es una lista de países de altísima vigilancia farmacológica, esos medicamentos pueden entrar sin que se controlen las buenas prácticas de manufactura, porque se entiende que esos países han hecho ese control. Esta norma lo que hace es quitar la necesidad de controlar a todos los países del mundo, con el objetivo de bajar el precio de los medicamentos".

Aunque vio como bueno ese objetivo, pues los remedios se han tornado "impagables", el presidente de la Comisión de Salud subrayó que no se puede "importar de cualquier laboratorio". En ese sentido, puso como ejemplo que India "exporta medicamentos de excelente calidad, pero también tiene de los otros" que han causado "desastres sanitarios en distintos países del mundo".

Por eso, cuestionó que el Ministerio de Salud estén tomando medidas que "van totalmente en contra de esta comisión", la cual está "trabajando para que esta tragedia no vuelva a pasar".

Pablo Juliano

Muy efusivo, el jefe del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, lanzó: "Son unos truchos los funcionarios que no dan la cara y es un delito. ¡Hay que traerlos de los pelos! El rol de esta comisión es dar la cara. Se adulteró un medicamento y le dan de respuesta a madres e hijos 26 páginas de morondanga. ¡No es capaz de mandar a un changuito cualquiera para dar explicaciones!".

"Nosotros ya tenemos detectadas qué leyes hay que corregir, y desde distintos partidos políticos, nadie hizo bandería en ese aspecto. Pero república es la cosa pública y los funcionarios tienen obligación de dar respuesta", señaló y advirtió que "un gobierno, cualquiera sea el color, no puede malinterpretar el resultado electoral creyéndose 'cocorito' de que tiene impunidad".

El bonaerense insistió que "lo único que pedimos es una respuesta humana, ni política, ni judicial, ni tergiversando nada". "No vengamos acá a taparle la ausencia a los tipos que tienen que dar la cara. Sino que renuncien", expresó y sentenció: "En el informe hay que hacerlos pedazos".

"Yo coincido en que los funcionarios del Ministerio de Salud tienen que venir y los vamos a volver a citar", arrancó la flamante libertaria Silvana Giudici, quien rechazó "hablar de esta manera sin haber leído las respuestas". "A los familiares les tenemos que dar la tranquilidad de que comisión nosotros estamos trabajando", afirmó y sugirió "poner racionalidad".

La diputada oficialista dijo que "tenemos que buscar explicaciones en otras cuestiones que pasaron esta semana que a mí me llenan de intranquilidad. No lo voy a decir para no malograr el clima que hasta aquí, antes de estos discursos, podíamos entender que íbamos a trabajar juntos hasta el final". "Pero yo le recomendaría que mire las novedades de la causa y quiénes son los representantes de estos delincuentes que ojalá estén presos durante mucho tiempo", lanzó.

Por su parte, Ferreyra aclaró: "Me refería a nuestro rol, no estaba justificando a un funcionario. Nuestro rol no es intervenir en el Poder Judicial o venir a hacer un discurso de barricada, sino ponernos a estudiar lo que recibimos".

La diputada nacional Silvana Giudici presentó un proyecto de ley que modifica la normativa vigente sobre laboratorios farmacéuticos, incorporando requisitos más estrictos para su habilitación. La iniciativa surge como respuesta a la crisis sanitaria provocada por el fentanilo clínico adulterado, que dejó decenas de víctimas y expuso graves fallas en los controles sobre quienes dirigen estos establecimientos.

El proyecto propone que no puedan ser titulares ni directores técnicos de laboratorios aquellas personas con antecedentes penales por delitos dolosos, vinculados a la salud pública, el tráfico de estupefacientes, delitos económicos contra la administración pública o contra la fe pública. Además, se exige que los solicitantes —tanto personas físicas como jurídicas— presenten un certificado de antecedentes penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia.

Otro eje central de la propuesta es la obligación de declarar el origen y la licitud de los fondos destinados a la constitución, ampliación o modificación de laboratorios. Esta declaración jurada será requisito indispensable para la aprobación de la habilitación, y cualquier irregularidad detectada deberá ser informada a la Unidad de Información Financiera (UIF), en el marco de la Ley de Lavado de Activos.

En los fundamentos del proyecto, Giudici menciona el caso del empresario Ariel García Furfaro, vinculado a los laboratorios HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo S.A., señalados como responsables de la producción de lotes de fentanilo adulterado. Según la diputada, estos hechos evidencian “deficiencias en los mecanismos de verificación de antecedentes” y la necesidad de incorporar criterios éticos y legales como condición previa para autorizar el funcionamiento de laboratorios.

“Este proyecto apunta a no permitir que en la Argentina, delincuentes como García Furfaro, puedan adquirir o fundar laboratorios o empresas farmacéuticas. Quedó claro que este señor, con sus familiares hoy todos presos por las muertes que provocaron, obtuvo esos permisos y operó a través de sus vínculos políticos durante 10 años con impunidad. Esta proyecto busca prohibir que personas con antecedentes penales o que no puedan acreditar el origen de los fondos, manejen la producción y comercialización de medicamentos y opiáceos en general”, expresó Giudici.

La iniciativa cuenta con el respaldo de legisladores de distintos bloques, entre ellos Mónica Fein, Victoria Tolosa Paz, Nicolás Mayoraz, Karina Banfi, Silvia Lospennato, Pablo Juliano, Eduardo Valdés, Margarita Stolbizer, Martín Maquieyra, Gerardo Huesen, Pablo Ansaloni, Paula Oliveto Lago, Eduardo Toniolli, Pablo Raúl Yedlin, María Florencia Carignano, Carlos Castagneto, Natalia Sarapura, Marcela Coli, Esteban Paulón, Lilia Lemoine y  Alejandro Bongiovanni.

La diputada Giudici agregó: “La crisis del fentanilo, con 124 muertos y sus familias que aún piden justicia por el envenenamiento con fentanilo adulterado, obliga a todos los partidos políticos a actuar con responsabilidad y llegar hasta el fondo de la investigación para conocer los vínculos que le permitieron a García Furfaro enriquecerse durante la pandemia y seguir operando con total impunidad”.

La Cámara de Diputados se prepara para una semana con debates calientes en las distintas comisiones, ya que entre los platos fuertes de la agenda se encuentra el Presupuesto 2026, la investigación por el caso de fentanilo contaminado y el caso $LIBRA entre otros.

Las reuniones comenzarán temprano este martes a las 11 en el Anexo “C” del 2° piso con un plenario de comisiones de Deportes, Comunicaciones e Informática y de Presupuesto y Hacienda para dar cumplimiento al emplazamiento realzado el pasado 8 de octubre para emitir dictamen sobre el financiamiento del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).

Una hora más tarde, hará lo miso la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo contaminado y/o adulterado que se reunirá en la sala 6° del Anexo “A” a la cual fueron invitados a exponer el director general de Calidad y Atención Médica del Ministerio de Salud de la Nación, Juan Carlos Vivas; el presidente de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), Jorge Belluzzo; y representantes de Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, Mirtha Jaime. También, recibirán a familiares de las víctimas.

A las 13, la Comisión de Presupuesto y Hacienda llevará a cabo su quinta reunión informativa para continuar con el debate del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2026 que se realizará en el Anexo “C” con la presencia del secretario de desregulación, Alejandro Cacace; y el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Matías Fariña.

Finalmente, a las 15 en la Sala 5 del Anexo “A” se reunirá la Comisión Investigadora del caso Criptomonedas $LIBRA con el objetivo de determinar nuevas medidas de prueba.

Por su parte, el miércoles 22 de octubre a las 10 volverá a reunirse la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el Anexo “C” en cuya ocasión recibirán al secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Gabriel Cordero; y la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, María Gabriela Real.

En tanto, a las 11 la Bicameral de la Defensoría del Pueblo Seguimiento se reunirá en el Salón Arturo Illia para realizar el seguimiento del proceso de selección del Defensor del Pueblo de la Nación y del Procurador Penitenciario de la Nación.

En el inicio de una nueva reunión de la Comisión Investigadora de los casos de Fentanilo contaminado y/o adulterado, su presidenta, Mónica Fein informó que el lunes por la noche llegaron las respuesta de ANMAT a las preguntas formuladas por esa comisión, y consideró “muy positivo que hayamos obtenido respuesta de cada una de las preguntas”.

Ante la cantidad de reuniones de comisiones previstas para este lunes, que apretaron mucho los tiempos de todos los encuentros, la diputada socialista informó que los representantes de CILFA, Sigman, Malbrán y FESPROSA habían sido citados para la semana venidera.

Y buscaron acordar cuándo será la reunión prevista a realizar en Rosario, resolviéndose que la misma tenga lugar el lunes 3 y se transmita por televisión, de modo tal que pueda ser vista por todos los integrantes de la comisión.

El primero de los invitados a la reunión de este martes era Tirso Vásquez, licenciado en Ciencias Farmacéuticas y Bioquímico, quien explicó cómo funciona el proceso de producción de inyectables. “Es el producto más crítico, los controles o exigencias son las mayores”, explicó el especialista, remarcando que en los casos de inyectables intradérmicos, se aplican de manera indovenosa, una vía de administración que no tiene vuelta. “No hay forma de revertir -por ejemplo con lavado gástrico-, con lo cual las exigencias son las mayores”.

“A su vez, el fentanilo por su naturaleza química tiene la particularidad de que no se puede esterilizar al final del proceso. Un suero, por ejemplo, se esteriliza después de hecha la muestra. En el caso del fentanilo, ese resguardo final no está, con lo cual se hace una elaboración aséptica y la filtración esterilizante con una membrana que no deja pasar la bacteria es una de las fórmulas que tiene para garantizar la esterilidad”, explicó.

Vásquez señaló que por eso participan “operarios altamente calificados”, con vestimenta que no permita la exposición de la piel sobre el medicamento; las áreas donde se hacen son las más exigentes y ese proceso de producción consiste en una ampolla de vidrio lavada y esterilizada. “Tiene un sistema donde siempre está recirculando a temperaturas mayores a 80°, controles en línea, sistema de validación que se va repitiendo en el tiempo y todo eso es parte de las buenas prácticas y hay que cumplirlo”, especificó.

“A su vez está la droga y algún excipiente que lleve -continuó-. Si todos esos componentes están aprobados previamente se mezclan en un reactor y esa solución luego se va a fraccionar. Antes de eso se hace el proceso de filtración esterilizante. Y ese es uno de los procesos que aseguran que en cada una de esas ampollas se inyecta la solución y se cierran con un soplete. Lo hace una máquina -continuó-. Luego se revisan las ampollas, garantizar que sea hermético y que no tenga partículas. Todo automático. Luego queda un proceso de cuarentena, control de calidad toman muestra y analizan según los requerimientos de inyectables”.

Tiene que ser estéril, el ensayo de esterilidad es estadístico, señaló, precisando en ese sentido que se trata de un ensayo que soporta a todo lo demás, que son las buenas prácticas. Esto es, si tienen que controlar ampolla por ampolla, no habría lote.

“Se demora 14 días el ensayo, si no cumplen, no puede salir ese medicamento al mercado”, concluyó el especialista, que agregó que “el registro de lote es totalmente trazable. Ese lote está -si está bien hecho- fielmente documentado en lo que es el registro de lote. Si sale todo bien, se libera y sale al mercado”.

Ante las preguntas de los diputados, Tirso Vásquez aclaró que “está bien especificado en la industria farmacéutica lo que es un lote”. Y respecto a si se puede contaminar una vez que está cerrada la ampolla, aclaró que eso es imposible, ya que la ampolla tiene un soldado a fuego. “Es  imposible adulterar una ampolla. Si hubiese sido un frasco ampolla, podemos discutirlo; pero en este caso es un vidrio cerrado, es imposible acceder”, explicó.

El diputado Christian Castillo le preguntó sobre posibles causas, a lo que respondió que “si se cumpliesen las buenas prácticas, no tendría que haber ocurrido nada. Evidentemente algún paso de todos los que nombré no se cumplió”. Al respecto advirtió que algunos sospechan del agua, pero dijo que “es cierto que si hubiese sido eso, los otros lotes también estarían contaminados. En la filtración, si el filtrado es correcto, tendría que haber amortizado la mayoría de las bacterias que podrían haber estado en el agua o la mezcla. Se tendría que haber atenuado. Ese proceso tiene un control que se llama punto de burbuja, ahí podría ser… Si hubiese pasado eso y la contaminación es la que ya está probada, algo en control de calidad no lo detectó”.

La gerente de Asuntos Institucionales de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), Victoria Álvarez, enmarcó lo sucedido con el fentanilo como “una tragedia sin precedentes”. En ese sentido, remarcó que “la calidad es y debe ser innegociable, ya que es el principio rector que orienta cada decisión técnica, científica y productiva”. Y, luego, subrayó que “asegurar la calidad no es una etapa puntual del proceso, sino un compromiso transversal que comienza desde el diseño mismo del producto y se sostiene hasta la llegada al paciente”.

“La seguridad del paciente debe ser el centro del sistema sanitario”, afirmó Alvarez, para quien “en Argentina vivimos una situación atípica  y podríamos decir peligrosa: no se exige la demostración de equivalencia terapéutica, o bioequivalencia, para todas las copias de medicamento de síntesis química. Esto implica que solo algunas de las copias disponibles del mercado pueden considerarse verderos genéricos, que han demostrado producir un efecto terapéutico equivalente al del medicamento original. Es clave que se exija a todas las copias de medicamentos que demuestren que son tan seguras y eficaces como el original”.

Desde el mismo organismo, CAEME, participó Carolina Sian, su directora de Asuntos Regulatorios, quien señaló que “Argentina tiene normativas respecto a buenas prácticas de fabricación y control que están actualizadas y están al nivel de los estándares internacionales”.

Dispersada la posibilidad de que haya una sesión especial esta semana, la Cámara de Diputados tendrá nueve reuniones de comisión este martes. Los platos fuertes de la jornada serán el dictamen de la modificación a la Ley 26.122 (marco regulatorio de los DNU) en el plenario de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, y también las informativas de las Investigadoras del Caso $LIBRA y Fentanilo Contaminado.

La ardua jornada comienza a las 10 de la mañana con las reuniones de Derechos Humanos y, en paralelo, la de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. El primer encuentro se realizará en la Sala 6 del Anexo para tomar denuncias por presunta violación a los DD. HH. en Santiago del Estero; la segunda serpa para analizar junto a invitados el proyecto de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de envases (modificación de la Ley 20.628).

Al mediodía, la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo contaminado y/o adulterado tendrá su segunda reunión informativa, en presencia de familiares de las víctimas y con el objetivo de aprobar la petición de informes a organismos públicos. El encuentro se llevará a cabo en la sala del segundo piso del Anexo C del Palacio Legislativo.

El plato fuerte de la jornada será a las 14.00, cuando las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento den cumplimiento al emplazamiento aprobado en el recinto y en reunión plenaria pasen a la firma el dictamen de la modificación al marco regulatorio de los DNU establecidos en la Ley 26.122.

Dos horas después, la Comisión de Defensa Nacional pondrá en consideración el trámite parlamentario para autorizar la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la posterior salida de fuerzas nacionales. También se abordarán las iniciativas por las cuales se reconoce al brigadier (R) “VGM” Jorge Francisco Martínez en la “Guerra del Atlántico Sur” y concédase la medalla “La Nación Argentina al Valor en Combate”.

A esa misma hora, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados comenzará el debate de los textos que proponen elevación de penas por siniestros viales cometidos en conducción con alcohol en sangre. A último momento, se incorporó el tratamiento del proyecto sobre suspensión y computo especial de la prescripción penal en delitos de homicidio sin hallazgo de cuerpo que se dará en presencia de expositores y especialistas en la materia.

Con una segura ausencia de los funcionarios citados en la última reunión, la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA recibirá declaraciones testimoniales de nuevos invitados y, culminadas las intervenciones, procederán a aprobar nuevas citaciones y nuevos pedidos judiciales para la comparecencia de los ministros convocados.

La jornada va a finalizar con dos reuniones de la Comisión de Cultura: la primera serpa para declarar Monumento Histórico nacional a la Iglesia de San Isidro Labrador, ubicada en Valle Viejo, provincia de Catamarca; a la Ermita Monseñor Angelelli, entre otros temas; y para debatir en presencia de referentes las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo Nacional sobre el cierre inminente de CineAr y CineAr Play.

Después del escándalo desatado por la remoción de Diego Spagunuolo en la ANDIS, diputados nacionales de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el radicalismo presentaron una nota ante Miguel Pichetto, en su rol de presidente de la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, para exigir que la Auditoría General de la Nación revise los contratos de la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina.

“Consideramos que la gravedad de esta situación amerita una urgente intervención de este Congreso, en general, y de la comisión a su cargo en particular. El Poder Legislativo no puede mantenerse indiferente ante hechos graves y cuya magnitud no hemos terminado aún de conocer”, señalaron los legisladores firmantes del escrito.

La nota fue encabezada por Pablo Juliano, Mariela Coletta, Danya Tavela, Marcela Coli, Carla Carrizo y Fernando Carbajal de Democracia para Siempre; Nicolás Massot, Margarita Stobizer, Esteban Paulón, Mónica Fein y Juan Brügge de Encuentro Federal; Juan Manuel López, Paula Oliveto y Mónica Frade de la Coalición Cívica; y Natalia Sarapura, Gabriela Brouwer de Koning, Julio Cobos y Fabio Quetglas de la Unión Cívica Radical.

Así las cosas, los diputados mencionados señalaron en el texto motorizado: “Nos referimos a las graves denuncias de sobornos que involucran a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) y que alcanzan los más altos rangos del Poder Ejecutivo Nacional. Así como también, la peligrosa y lamentable situación sanitaria producida por el fentanilo contaminado”.

Remarcaron, además, que resulta “imprescindible llevar adelante un control externo del funcionamiento de la ANDIS que despeje dudas sobre su labor en general y, muy específicamente, sobre el presunto pago de sobornos en los contratos suscriptos con la Droguería Suizo Argentina”.

Además, pidieron llevar a cabo auditorías sobre la ANMAT con el objetivo de “obtener conocimiento preciso de cuáles son sus procedimientos y sistemas de alerta”. Y agregaron que “particularmente, en relación a las observaciones realizadas a la farmacéutica HLB Pharma Group y el Laboratorio Ramallo”.

La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, presidida por Silvia Lospennato (Pro), retomó el análisis de los proyectos que proponen la conformación de una Comisión Especial Investigadora sobre la comercialización y uso de fentanilo contaminado en instituciones sanitarias.

Durante la reunión hubo fuertes críticas a la postura del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, que sigue sin convocar a su comisión para poder avanzar con el dictamen. Esto viene sucediendo desde la semana pasada, siendo la excusa que Mayoraz es miembro de la Convención Constituyente en Santa Fe, y esas tareas lo obligan a permanecer allí. Pero todos dejaron claro que es la excusa del oficialismo para evitar avanzar con la comisión.

De hecho, la propia Lospennato reconoció que su comisión debería ser la cabecera y no Asuntos Constitucionales, como se le asignó desde la Presidencia de la Cámara.

“Hoy no vamos a poder emitir dictamen, pero sí vamos a agotar el análisis de este tema y elevar un informe. Luego dependerá de la Comisión de Asuntos Constitucionales convocar para dictaminar”, explicó Lospennato al inicio del encuentro. “Le hemos enviado tres notas al diputado Mayoraz”, señaló la diputada del Pro para ratificar de quién era la responsabilidad de no poder dictaminar. “No quiero hacerme cargo de algo que no tengo que hacerme cargo”, aclaró.

La comisión ya había recibido a familiares de las víctimas, quienes respaldaron la iniciativa mediante una carta en la que reclamaron “compromiso y acción inmediata” ante la gravedad del caso.

Como sea, todos coincidieron en que tendrán que terminar emplazando a Asuntos Constitucionales para poder dictaminar.

Se debatió mucho sobre los proyectos para crear la comisión investigadora. Y como todo indica que habría dos textos, Lospennato calculó que no habría mayor trabajo en consensuar un solo proyecto, ya que las diferencias no eran insalvables.

Sobre la comisión investigadora que se crearía, Juan Manuel López (CC) dijo que le parecía mucho para una comisión investigadora 31 miembros. Pero luego de la experiencia de la Comisión de Juicio Político, que trabajó todo 2023 con el juicio a la Corte Suprema, revirtió su pensamiento, concluyendo que se puede trabajar muy bien con esa cantidad de legisladores.

Durante el debate, el diputado Fabio Quetglas (UCR) recordó que el tema salió a la luz gracias a una investigación periodística que reveló “una verdadera tragedia humana con responsables”. “El número de víctimas no está determinado con exactitud, pero es agraviante”, advirtió.

Por su parte, María Luján Rey, directora del Observatorio de Víctimas de Delitos de la Cámara baja, destacó la importancia de que las víctimas tengan representación en el tratamiento legislativo de estos temas. “Podemos ser un puente con las familias, que muchas veces quieren impulsar proyectos para evitar que estas situaciones se repitan”, señaló.

Desde el Frente de Izquierda, Christian Castillo expresó que “todos queremos investigar algo de enorme gravedad” y subrayó el interés de los familiares en que se llegue “hasta el final” en la búsqueda de responsabilidades.

Victoria Tolosa Paz (UP) remarcó que, ante la diversidad de proyectos presentados, se trabajó en una síntesis para dar una respuesta concreta. “El 8 de abril se aplicó la primera ampolla en el Hospital Italiano de La Plata. El 13 de mayo ANMAT denunció el contenido adulterado. Ya pasaron meses. Necesitamos avanzar”, reclamó.

También se pronunció Silvana Giudici (Pro), autora de otro proyecto, quien detalló los delitos que podrían imputarse a los 17 acusados: producción, distribución y comercialización de medicamentos adulterados; tráfico de estupefacientes; y falsificación de pruebas. “El mayor aporte que podemos hacer es generar una comisión que dé respuestas a los familiares sin entorpecer la causa penal”, concluyó.

La Comisión de Peticiones Poderes y Reglamento que preside la diputada del Pro Silvia Lospennato volverá a reunirse este jueves con el fin de tratar la creación de una comisión investigadora del caso del fentanilo adulterado.

Será a partir de las 14, en la segunda jornada de debate sobre el tema, sin posibilidades de suscribir el dictamen correspondiente, dado que necesitan contar con la presencia de Asuntos Constitucionales, cabecera de ese tema.

El tema expone una vez más el problema creciente con los proyectos que quiere retrasar el oficialismo, que apela a sumar giros para los proyectos y, sobre todo, a frenarlos en las comisiones que elige como cabeceras.

Esas comisiones, obviamente, son manejadas por diputados de La Libertad Avanza. Figura emblemática en ese sentido es el economista José Luis Espert, quien se ha acostumbrado desde el sitial principal de la Comisión de Presupuesto y Hacienda a no convocar a reuniones cuando desde la oposición lo reclaman. Pero también viene creciendo en ese sentido el papel del libertario santafesino Nicolás Mayoraz, presidente de Asuntos Constitucionales.

Esta situación motivó fuertes críticas este martes en Acción Social y Salud Pública, cuando su presidente Pablo Yedlin cuestionó los “aumentos de giros”, y lamentó que no se pudiera avanzar con el tema fentanilo, que definió como “la peor tragedia autoinfligida de nuestra historia, con casi cien muertos por un laboratorio que no previó ni las cosas más obvias”.

Y advirtió que la comisión investigadora fue pedida por varios diputados dado que los pedidos de informes no tuvieron ningún efecto.

En el caso de los muchos proyectos que hay sobre el tema fentanilo, todos tenían giro a la Comisión de Salud, pero para crear la comisión investigadora unificaron en Peticiones. Yedlin recordó que Silvia Lospennato se comprometió oportunamente a hacer una informativa y otra reunión para dictaminar. Sin embargo la Cámara aumentó un giro y puso de cabecera Asuntos Constitucionales.

La semana pasada no hubo plenario con esa comisión porque Mayoraz estaba en Santa Fe participando de la Convención Constituyente. Este jueves tampoco se sumará a Peticiones, por lo que tampoco habrá plenario. Así las cosas, no se podrá dictaminar y todo indica entonces que en la próxima sesión los diputados tendrán que volver a apelar al recurso del emplazamiento.

Los proyectos que están siendo considerados pertenecen a Silvana Giudici (Pro), para crear una comisión investigadora, igual que el proyecto del diputado de UP Jorge Araujo Hernández, otro de Pablo Juliano (Democracia para Siempre), uno más de Christina Castillo (PTS-FIT) y Victoria Tolosa Paz (UP).

Después de la crecida del escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad y los presuntos audios de Diego Spagnuolo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, brindará este miércoles 27 de agosto a las 12 el informe de gestión en el recinto de la Cámara de Diputados.

Será la tercera vez en el año que el jefe de Gabinete asista a la Cámara baja. La primera vez estuvo relacionada a la interpelación por el Caso $LIBRA y la otra fue meramente informativa. Ambas fueron en el mes de abril.

Guillermo Francos regresa al Congreso tras la abrupta sesión informativa en el Senado, cuando se retiró del recinto ofendido por las acusaciones de la fueguina Cristina López, quien le endilgó la palabra “mentiroso” el pasado 26 de junio.

Me dijeron que Francos ya está practicando para el miércoles que viene, tema coimas:

"Yo no, no manejo el sistema... así que no le puedo contestar esa pregunta."
"Yo no sé si fue el primero, el segundo o el tercero."
"Yo no soy técnico en esto, no se lo puedo decir."
"Bueno, no… pic.twitter.com/d2oMlhrqul

— Julia Strada (@Juli_Strada) August 22, 2025

Sin embargo, la oposición hizo eco del anuncio de la sesión informativa y se prepara para ahondar en temas como la partida contaminada de Fentanilo que causó un centenar de muertes, los presuntos audios de Spagnuolo y la polémica en torno a la Secretaría General de Presidencia de la Nación y, nuevamente, el Caso $LIBRA.

Sobre los audios del extitular de la ANDIS, removido de su cargo esta semana, el jefe de Gabinete, consultado por la prensa, manifestó que "no pongo las manos en el fuego por ningún funcionario".

Este viernes, Diego Spagnuolo fue retenido en una casa en el barrio La Isla de Nordelta. La Justicia secuestró su teléfono celular y fue allanada una máquina de contar billetes.

Las diputadas nacionales Mercedes de Mendieta del Frente de Izquierda y Julia Strada de Unión por la Patria ya anticiparon a través de mensajes en X que buscarán profundizar estos tres temas cuando Francos se siente en el estrado del recinto.

Con más de 100 muertes a causa de fentanilo contaminado, la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, que preside la diputada Mónica Frade (CC), mantuvo este martes un segundo encuentro en el marco del estudio de drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas (NSP) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

En esta ocasión, el doctor en Ciencia Política, Luis Ignacio García Sigman, coordinador de proyectos sobre drogas sintéticas de la UNODC para la Región Andina y el Cono Sur, expuso sobre los “Mercados ilegales de opioides sintéticos en el Cono Sur”.

"El foco lo vamos a poner en los mercados ilegales de opioides en la región", indicó Sigman en el inicio del encuentro y definió a los opioides como “todas aquellas sustancias cuya estructura molecular es afín a los receptores opioides del sistema nervioso central y también del sistema gastrointestinal”.

Así, procedió a explicar los diferentes tipos de sustancias: “Podemos hablar de opioides naturales como el opio la morfina y la codeína, que habitualmente son conocidos como opiáceos. Por otro lado, podemos hablar también de opioides semisintéticos que son aquellos opioides que requieren de una base orgánica y, además de la intervención de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, en un proceso de fabricación lícito para obtener los como la heroína. Finalmente podemos hablar de opioides sintéticos que no requieren de ninguna base orgánica para su obtención, sino que se pueden obtener a partir de la síntesis derivada de la utilización de precursores químicos. Encontramos el fentanilo y remifentanilo”.

“Una dosis letal de heroína son 20 mg, de fentanilo son 2mg y carfentanilo son 0.2mgs”, precisó por lo que destacó que “la cooperación internacional es fundamental para el abordaje de este tipo de casos”.

Asimismo, alertó que “vemos un incremento en la frecuencia de procedimientos en los que se secuestra fentanilo farmacéutico, lo que forma parte de una tendencia amplia a nivel regional en América latina y el Caribe”.  A nivel nacional, destacó que: “Casi la mitad de los procedimientos recientes se dieron en CABA Y PBA; y uno en las provincias de Formosa, Misiones y Mendoza."

En cuanto a las organizaciones delictivas, Sigman, explicó que “se identificaron grupos delictivos que contaban con al menos alguno de sus miembros relacionados con el ámbito de la salud.” “También detectamos organizaciones que tenían tradición en la venta de drogas que prevalecen en la región, pero que también operaban con ampollas de fentanilo farmacéutico. Y organizaciones que contrabandean fentanilo farmacéutico en la región", detalló.

"El alcance de la dinámica criminal, hasta 2025, tanto la operación de desvío como la oferta ilícita se daba dentro del territorio nacional, a partir del 2025, identificamos operaciones de tráfico intrarregional", agregó.

En la segunda parte de su exposición, Sigman abordó las diferencias entre los mercados ilegales de opioides sintéticos con los de América del Norte y los riesgos potenciales para la región.

Diputados nacionales del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) se reunirán este martes con familiares de víctimas del fentanilo contaminado.

Así lo anunció la diputada Karina Banfi, vicepresidenta del bloque, quien precisó que el encuentro fue convocado para las 16 en la oficina de la bancada radical, en el quinto piso del edificio Anexo del Congreso.

El objetivo de la reunión es escuchar de primera mano a los familiares, acompañarlos en el reclamo de justicia y exigir el esclarecimiento del caso, así como el avance de las investigaciones.

“Las familias necesitan respuestas urgentes. Es indispensable que la Justicia avance y que los responsables enfrenten las consecuencias. No podemos tolerar la impunidad en una tragedia que ya se cobró casi un centenar de vidas”, dijo la diputada Banfi.

La diputada nacional Silvana Giudici presentó un proyecto de ley que apunta a reformar el Código Penal y la Ley de Farmacias para endurecer las sanciones contra quienes manipulen de forma negligente medicamentos de alto riesgo. La iniciativa surge como respuesta directa a la crisis sanitaria provocada por la distribución de fentanilo contaminado, que ya ha causado al menos 76 muertes en el país.

El proyecto, titulado “Ley de Responsabilidad Sanitaria en el Manejo de Medicamentos de Alto Riesgo”, propone incorporar un nuevo artículo al Código Penal —el 201 ter— que establece penas de prisión de cinco a diez años e inhabilitación especial de hasta quince años para quienes, en violación de sus deberes legales, generen un “riesgo cierto para la salud pública” en el manejo de medicamentos incluidos en un listado especial elaborado por la autoridad sanitaria.

“Será de aplicación a estos supuestos el artículo 201 bis si de la conducta resultase la muerte de alguna persona, junto con la accesoria de inhabilitación para ejercer el comercio por el doble de tiempo de la condena”, señala el texto presentado por la diputada del Pro.

La propuesta también modifica la Ley 17.565 de Farmacias, incorporando un nuevo artículo 45 bis que agrava las sanciones administrativas cuando las infracciones se cometan con negligencia, imprudencia o impericia, especialmente si involucran medicamentos de alto riesgo.

“La multa podrá ser elevada hasta el doble del máximo previsto […] La inhabilitación profesional podrá extenderse hasta diez años, cuando la conducta comprometa la seguridad sanitaria o la integridad de pacientes o terceros”, detalla el proyecto.

Un caso testigo: HLB Pharma

En los fundamentos, Giudici hace referencia explícita al caso de la droguería HLB Pharma, autorizada por el Estado pero implicada en graves irregularidades en la manipulación y almacenamiento de opioides como el fentanilo. A pesar de la magnitud del daño, ningún responsable ha sido citado a declarar.

“Esta situación pone de manifiesto no solo la debilidad de los mecanismos de fiscalización, sino también la insuficiencia del marco penal actual para intervenir con firmeza frente a hechos de tamaña gravedad”, argumenta la diputada.

El proyecto busca llenar ese vacío legal, al permitir sancionar no solo conductas dolosas, sino también aquellas que, por su negligencia grave e inexcusable, generan un riesgo sanitario concreto.

“La legislación penal debe contar con herramientas que permitan una penalización con proporcionalidad a quienes incumplan sus deberes legales y generen un riesgo cierto para la salud pública”, sostiene Giudici.

La diputada aclara que la iniciativa no busca criminalizar errores menores ni obstaculizar la actividad farmacéutica, sino sancionar con firmeza los incumplimientos graves que comprometen la salud pública.

“Esta figura penal no busca criminalizar errores menores ni obstaculizar el legítimo ejercicio de la actividad farmacéutica, sino penalizar aquellas formas de incumplimiento profesional que, por su gravedad, ameritan una respuesta directa”, explica.

El proyecto fue acompañado por otros legisladores del Pro, entre ellos Martín Yeza, Cristian Ritondo, Sabrina Ajmechet y María Florencia De Sensi.

El texto establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo no mayor a 90 días desde su promulgación. En paralelo, el bloque del PRO impulsa otras iniciativas complementarias, como la creación de una comisión investigadora y un sistema nacional de trazabilidad y alerta temprana bajo la órbita de la ANMAT.

“La trazabilidad, la conservación y la guarda adecuada de medicamentos son pilares esenciales de toda política sanitaria moderna. Cuando estos pilares se vulneran, no solo se afecta a los pacientes directamente expuestos, sino que se debilita todo el entramado institucional destinado a proteger la salud pública”, concluye Giudici.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados aprobó esta semana un dictamen unificado para reclamar al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), un detallado informe sobre el escándalo del fentanilo contaminado que ya provocó muertes y decenas de internaciones.

El pedido, impulsado por legisladores de distintos bloques, incluye 26 preguntas concretas que apuntan a establecer la magnitud del brote, identificar los lotes adulterados, precisar responsabilidades y evaluar medidas de control para evitar que se repita una tragedia similar.

Las preguntas que los diputados elevaron al Ejecutivo son las siguientes:

1) Cantidad total de casos confirmados, probables y sospechosos asociados al uso de fentanilo contaminado, discriminados por fecha de inicio de síntomas, jurisdicción, institución de salud y condición clínica (alta, en tratamiento, fallecidos).

2) Número total de fallecimientos confirmados con detalle de edad, sexo, comorbilidades, situación clínica previa, institución de salud y jurisdicción.

3) Cronología de la detección del brote: primera notificación, alertas sanitarias nacionales, comunicaciones oficiales y protocolos activados por el Ministerio de Salud, ANMAT y otras jurisdicciones.

4) Identificación completa de los medicamentos y lotes contaminados (incluyendo 31202, 31244, 31200 y otros bajo investigación), con número de lote, fechas de elaboración y vencimiento, laboratorio productor y fraccionador, cantidades producidas, distribuidas y recuperadas, provincias o instituciones receptoras, canales de distribución y droguerías participantes.

5) Lotes adicionales bajo investigación y resultados de análisis microbiológicos.

6) Acciones de ANMAT desde los primeros casos: inspecciones, clausuras, sanciones, retiro de productos, alertas sanitarias y modificaciones en protocolos de control de calidad y trazabilidad.

7) Estado de habilitación de HLB Pharma y Ramallo S.A. al momento de la producción y distribución, y grado de cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura.

8) Medidas para garantizar el retiro efectivo de los lotes, con porcentaje recuperado y stock remanente en circulación, detallando droguerías, instituciones de salud y jurisdicciones.

9) Descripción del sistema de trazabilidad de medicamentos controlados y explicación de las fallas detectadas, incluyendo por qué no se detectó la contaminación antes de su distribución masiva.

10) Protocolos de vigilancia activa para detección temprana de infecciones inusuales asociadas a medicamentos inyectables.

11) Listado completo de expedientes, inspecciones y sumarios iniciados por ANMAT contra HLB Pharma y Ramallo S.A. desde marzo de 2020, con fechas, motivos, hallazgos, medidas correctivas, sanciones y estado de las actuaciones.

12) Composición societaria, autoridades, apoderados y accionistas de HLB Pharma, Ramallo S.A. y la droguería Alfarma S.R.L., desde su constitución hasta la actualidad, indicando cambios o transferencias.

13) Detalle sobre denuncias previas relacionadas con medicamentos producidos por HLB Pharma y Ramallo S.A. difundidas a través de sociedades científicas, revistas especializadas y otros medios.

14) Contratos, licitaciones, compras o adjudicaciones obtenidas por HLB Pharma, Ramallo S.A. y Alfarma en los últimos cinco años, en todos los niveles del Estado, con montos, objeto, modalidad y fecha, e investigación sobre posibles sobreprecios.

15) Participación de Alfarma en la distribución de los lotes contaminados y su vinculación societaria o contractual con HLB Pharma.

16) Solicitudes de autorización para importación, exportación, comercialización o uso de fentanilo, morfina u otros opioides, con fechas, volúmenes, origen y destino, e irregularidades detectadas.

17) Investigaciones sobre posibles desvíos de morfina, fentanilo y otros opioides producidos por estos laboratorios hacia el mercado ilegal, considerando las “mermas” reportadas en la producción.

18) Actuaciones de la Dirección General de Aduanas sobre ingreso o egreso de mercaderías de las empresas mencionadas desde marzo de 2020, con hallazgos, sanciones y procedimientos.

19) Robo del 11 de mayo de 2025 denunciado por HLB Pharma: documentación sustraída, intentos de destrucción de pruebas y medidas adoptadas.

20) Medidas adoptadas para atención médica, psicológica y económica a víctimas y familias, y seguimiento de secuelas.

21) Detalles de la articulación interjurisdiccional con provincias y municipios, incluyendo mecanismos de alerta epidemiológica.

22) Denuncias penales o querellas del Estado Nacional, y participación de otros querellantes.

23) Acciones legales contra responsables y eventuales medidas de reparación a víctimas y familiares.

24) Reformas previstas en habilitación, inspección y control de laboratorios y droguerías para prevenir hechos similares.

25) Medidas legislativas o reglamentarias que el Poder Ejecutivo considere necesarias para fortalecer la farmacovigilancia, control de calidad y trazabilidad.

26) Toda otra información de interés que permita esclarecer las circunstancias que posibilitaron la tragedia y garantizar que no se repita.

Con este extenso pliego de interrogantes, los diputados buscan no solo esclarecer el origen y la magnitud del episodio, sino también detectar fallas estructurales en el sistema de control de medicamentos críticos. El Ejecutivo tendrá ahora la responsabilidad de responder punto por punto, en un contexto de máxima preocupación pública.

Finalmente el Congreso se metió de lleno este miércoles en la cuestión del escándalo generado por la contaminación de fentanilo en la Argentina, que al día de hoy ha causado por lo menos 96 muertes, dictaminando de manera unánime un pedido de informes sobre el tema.

Fue en el marco de una reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública convocada de urgencia, en la que se unificaron todos los proyectos que hay sobre el tema y se avanzó con las firmas para dar presta respuesta a esta demanda. Sobre el final de la reunión, que comenzó pasadas las 9 de la mañana y se extendió hasta las 10.30, se expresó que el dictamen llegaría directamente a la presidencia del Cuerpo para que se mandara rápidamente al organismo respectivo en busca de respuestas.

El texto firmado incluye 26 preguntas consensuadas por todos los bloques, según los expedientes unificados de diputados como Silvana Giudici, Victoria Tolosa Paz y Pablo Yedlin, entre otros. Las preguntas van dirigidas al Poder Ejecutivo, básicamente al ANMAT, y se indaga incluso sobre la composición accionaria de los laboratorios involucrados.

“La historia de los organismos de control de medicamentos en el mundo habitualmente tiene que ver a partir de escándalos y situaciones gravísimas con medicamentos”, señaló en el inicio de la reunión el presidente de la comisión, Pablo Yedlin, quien agregó que también ha sido así en la Argentina. Citó en ese sentido el caso del propóleo contaminado con un anticoagulante que generó muertes en la Argentina, sobre todo en niños. Por eso se creó justamente el ANMAT en el país, y comentó de paso que ese mismo contaminante fue el que generó una reacción similar en Estados Unidos casi un siglo antes, por el cual se creó la FED.

“Me atrevo a decir que esta es la peor situación de intoxicación medicamentosa en la Argentina desde la creación de la ANMAT, por eso queremos que ese organismo nos de explicaciones”, expresó el diputado tucumano.

El primero en exponer fue el jefe del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, quien habló de la necesidad de mantener la trazabilidad y determinar quién aprobó los lotes contaminados. “Acá el punto está en aclarar que no es el ANMAT quien liberó la utilización de estos lotes”, remarcó, destacando que la cantidad de muertos que tiene este caso supera los de la tragedia de Once y el atentado a la AMIA.

Cuestionó en ese marco los dichos del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que le apuntó al papel de la ANMAT y alertó sobre los riesgos de eliminar controles. “Por eso vamos a firmar este pedido de informes, porque no sabemos cuántos muertos más van a aparecer y tenemos que mandar un mensaje a los familiares. El silencio de este Congreso no puede ser atroz”, enfatizó.

La diputada santafesina Mónica Fein sugirió tener en cuenta los antecedentes del laboratorio involucrado, y citó el incidente que tuvo el laboratorio Apolo en su provincia, donde explotó una caldera y se fueron a otra provincia, donde pusieron otro laboratorio.

Destacó el papel de los laboratorios públicos y cuestionó que el intendente de Mar del Plata hablara mal de los mismos. “Hace muchos años que nuestra provincia los tiene y certifican los productos y tienen materia prima de primera calidad”. Señaló además que “le debemos a las familias una seria acción para ver si los mecanismos que tiene el Estado para actuar rápidamente ante una denuncia y generar controles de la sustancia ha sido el correcto”, señaló, aclarando que los problemas no vienen del último año, sino que “hay que mirar hacia atrás”.

“Esto nos tiene que hacer mejorar los mecanismos de control”, comentó, expresando su preocupación porque “la respuesta ante un problema donde el Estado puede tener deficiencias, sea que el Estado no debe participar”. Abogó en cambio porque “este mecanismo de participación nos permita ver si hubo fallas, si la trazabilidad que tuvo este medicamento fue el adecuado”, y adelantó su apoyo al pedido de informes y verificar cómo avanza el tema judicial, que “también será en paralelo el que esclarecerá este tema”.

Su par Esteban Paulón hizo hincapié en la cantidad de muertos: 96, lo que le da una dimensión al caso. También cuestionó los dichos de Sturzenegger en función de eliminar los controles. “Lo que tenemos que hacer es pensar en mejores controles. Ojalá el Gobierno responda (el pedido de informes), porque son bastante perezosos en hacerlo y abran la posibilidad de crear una comisión investigadora”, comentó. Volvió sobre Sturzenegger al señalar sus expresiones en el sentido de que “uno no puede pensar en la mala fe de los empresarios, le escuchamos decir… Mire, mejor nos curamos en salud, ajustamos los controles y salimos del ejercicio de pereza intelectual de que lo que no funciona o funciona mal lo cerramos”. Por el contrario, reivindicó el trabajo de la ANMAT, y sostuvo que “el Congreso tiene que plantarse y defender el rol de las instituciones y organismos de control que durante tanto tiempo han funcionado bien, y ver hacia atrás si  hay responsabilidades políticas y mejorar controles hacia adelante”.

Autora de uno de los proyectos puestos a consideración y quien ya viene insistiendo con la investigación desde hace tiempo, la diputada del Pro Silvana Giudici agradeció la convocatoria a la comisión y pidió firmar el pedido de informes todos juntos, para que “conozcamos cada una de las incógnitas que vamos teniendo”. Señaló que el fentanilo es una de las drogas más controladas en la Argentina y destacó las fallas observadas en la elaboración del medicamento.

“Vamos a dejar de lado la cuestión política y las conexiones que surgen en la causa”, pidió. Comentó que el dueño del laboratorio del fentanilo mortal, HLB Pharma, Ariel García Furfaro, dijo que quiere ir al Congreso. “Sería bueno que vengan todos a contar cómo durante estos años ese laboratorio Apolo puede seguir funcionando. Hubo más de cien alertas del ANMAT… Cuando el juez (Ernesto) Kreplak manda la primer medida de allanamiento, descubre que había 5 kilos de fentanilo en polvo, y cuando llega no están. Y cuando preguntan, aparentemente ese laboratorio dice que habían sido incinerados”.

“No queremos que se hable de tragedia: es la mayor crisis sanitaria causada por medicamentos adulterados de la Argentina”, remarcó la diputada del Pro, que destacó que el pedido de informes buscará determinar la responsabilidad de las autoridades habilitantes y responderle a las familias de las víctimas porqué se les ocultó la información. No hablemos de comorbilidades, no hay que ampararse en la misma excusa que una institución médica puede decir”.

Giudici sostuvo también que “más allá de esta investigación, tenemos que contener, escuchar, presionar para que esta causa empiece a dar resultados concretos, y no negar la responsabilidad de este Congreso de ir más allá”. Y se preguntó “cómo puede ser que este laboratorio (en referencia a HLB Pharma) haya trabajado todos estos años sin responsable técnico”.

Pidió también investigar la conexión de la familia propietaria del laboratorio y sus testaferros con el narcotráfico, aunque aclaró que son causas paralelas que llevan adelante distintos jueces. Y enfatizó en saber “porqué este laboratorio trabaja desde hace 5 años con tanta impunidad”.

En tanto, el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda socialista) avaló las iniciativas: “Tenemos el objetivo de juzgar a los verdaderos responsables”.

Finalmente, la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli consideró necesario “convocar también a la ANMAT para que dé respuesta".

La diputada nacional del Pro Silvana Giudici encabezó este martes un encuentro en el Congreso con familiares de víctimas fallecidas por el consumo de fentanilo adulterado. El encuentro contó con la presencia de legisladores de los bloques Pro, La Libertad Avanza (LLA) y la Unión Cívica Radical (UCR), quienes se comprometieron a impulsar medidas legislativas para enfrentar esta crisis sanitaria.

Participaron los diputados Nicolás Mayoraz (LLA), Cristian Ritondo, Marilú Quiroz, María Sotolano, Martín Ardohain, Patricia Vásquez, Fernando Iglesias, Sergio Capozzi, Gerardo Milman y Sabrina Ajmechet (todos del Pro) y Karina Banfi (UCR), junto a familiares de las víctimas Leonel Ayala, Renato Nicolini, Daniel Oviedo y Ramón Álvarez.

Durante la reunión, Giudici expresó: “Seguiremos trabajando en Diputados y vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia por estos crímenes causados por el fentanilo adulterado. No vamos a permitir que esta tragedia sanitaria quede impune”.

Alejandro Ayala, hermano de Leonel Ayala, habló en nombre de los familiares: “Estamos destruidos. Es la primera vez que nos sentimos escuchados. Esto es una crisis sanitaria y una tragedia nacional que nos mancha a nivel mundial. Aún no hay personas citadas a declarar ni transparencia en el proceso”.

El diputado Cristian Ritondo reafirmó el compromiso del bloque Pro: “Desde el Congreso seguiremos elevando la voz y no permitiremos que este tema se apague. Vamos a acompañar a las familias en su reclamo y brindar todo nuestro apoyo para que se haga justicia”.

Al finalizar el encuentro, los legisladores acordaron avanzar en la conformación de una comisión investigadora y respaldar los proyectos presentados por Giudici, orientados a mejorar el sistema de alerta sanitario, endurecer las penas por manipulación de drogas peligrosas y garantizar el seguimiento de las causas judiciales en curso.

En medio de la situación generada por los fallecidos, la Comisión de Acción Social y Salud Pública convocó de urgencia a un encuentro informativo para este miércoles 13 de agosto a las 9 con el objetivo de tratar los proyectos vinculados a la distribución del Fentanilo que afectó a cuatro distritos y ocasionó más de 50 muertes.

El temario incluye tres pedidos de informes al Poder Ejecutivo Nacional: uno presentado por Esteban Paulón y Mónica Fein; un proyecto de resolución con el mismo espíritu del correntino Manuel Aguirre; y el proyecto que encabeza Silvana Giudici con apoyo del Pro para conocer cuestiones relacionadas a los Laboratorios HLB Pharma Group s.a. y Laboratorios Ramallo SA.

Según consultó parlamentario.com, los tres proyectos serán dictaminados y quedarán listos para ser aprobados en el recinto en una próxima sesión.

El propio presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin, presentó un detallado pedido de informes al Ministerio de Salud de la Nación y a la Anmat. En la misma línea, Victoria Tolosa Paz presentó un texto similar.

A causa del Fentanilo contaminado, se estima que han sido más de 90 las víctimas fatales. También, hay un centenar de personas afectadas por el lote involucrado.

Intento fallido en el recinto

Desde el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria fueron presentados dos proyectos de resolución que exigen pedidos de informes al Poder Ejecutivo Nacional vinculados a la situación del brote con pacientes fallecidos provocado por la distribución y uso de fentanilo inyectable contaminado en hospitales públicos y privados ocurridos en CABA, PBA, Santa Fe y Neuquén.

La primera iniciativa fue impulsada por el tucumano Pablo Yedlin, quien le solicita al Ministerio de Salud, al ANMAT y ANLIS-Malbran cuestiones vinculadas al brote de infecciones y muertes ocasionadas por la administración de fentanilo inyectable contaminado con Klebsiella pneumoniae (Kpn) metalobetalactamasa (MBL) no betalactamasa de espectro extendido (BLEE) y Ralstonia spp, detectado en abril de 2025.

Entre los tópicos solicitados, Yedlin exigió la cantidad de casos confirmados, probables y sospechosos; el número total de fallecidos; la cronología de los hechos; las medidas adoptadas por la ANMAT desde que se conocieron los primeros casos; conocer si existieron fallas en los sistemas de control y trazabilidad de medicamentos; y la identificación completa de los medicamentos y lotes involucrado.

También solicita información sobre los lotes adicionales bajo investigación, medidas preventivas y resultados de análisis microbiológicos; el detalle de inspecciones y auditorías realizadas por ANMAT a HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A. en los últimos cinco años; el estado de la habilitación de ambos laboratorios al momento de la producción y distribución de los lotes contaminados; y el detalle de protocolos de control de calidad y trazabilidad a todo nivel que se aplican a medicamentos inyectables críticos.

Finalmente, el pedido de informes contempla un listado de las instituciones de salud, públicas y privadas, que recibieron los lotes contaminados; las medidas implementadas para garantizar el retiro efectivo de los lotes; el detalle de las droguerías que intervinieron en la distribución; la colaboración (documentación y reportes) prestada por ANMAT y el Ministerio de Salud a la justicia federal en el marco de la causa en trámite; las acciones legales y administrativas iniciadas contra los responsables de la producción; y los avances en la investigación sobre la denuncia acerca del robo ocurrido el 11 de mayo de 2025 en las oficinas de Garantía de Calidad de HLB Pharma y medidas adoptadas para preservar pruebas.

El segundo proyecto ingresado en mesa de entradas es de Victoria Tolosa Paz, quien exigió la misma información que solicitó Yedlin. “Las muestras analizadas por el Instituto Malbrán confirmaron la presencia de bacterias altamente peligrosas, tales como Klebsiella pneumoniae (productora de metalo-betalactamasa) y Ralstonia pickettii, ambas con características de multirresistencia y potencial letal para pacientes críticos o inmunocomprometidos”, referenció en los fundamentos.

Según la diputada, “hasta la fecha se han confirmado 52 personas fallecidas y 78 pacientes afectados por infecciones severas vinculadas al uso hospitalario de ampollas de fentanilo contaminadas producidas por los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A.”.

En el final, manifestó que “el caso ha evidenciado fallas significativas en los aspectos sanitarios, administrativos y en los sistemas de trazabilidad de medicamentos, lo que pone de manifiesto no sólo un serio déficit de supervisión estatal, sino también la existencia de vínculos institucionales poco claros y circuitos de actuación que requieren una revisión integral y transparente, a fin de garantizar que los procesos de control y habilitación se ajusten a los estándares de calidad y legalidad exigidos por la normativa vigente”.

La diputada nacional del Pro Silvana Giudici solicitó en la sesión de este miércoles un apartamiento del reglamento para que se trataran proyectos referidos al fentanilo contaminado. A pedido del jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, la cuestión se dejó para el final, con el objetivo de buscar acuerdos. Sin embargo, eso no sucedió. Cuando llegó el final de la sesión y buena parte de los diputados se habían parado y estaban recogiendo sus cosas para irse, después de que se votara contra los decretos presidenciales, Giudici tomó la palabra y reclamó que se cumpliera en votar la creación de la comisión, cosa que ya no podía hacerse porque no había quórum, según expresó Martín Menem.

Eran las 0.40 de este jueves ya, y obviamente lo tenía claro Giudici, quien quiso dejar en claro al menos que el tema “no le importa al kirchnerismo” e insistió con vincularlo a las vinculaciones de dirigentes de ese sector con el laboratorio involucrado.

Más temprano en la tarde, la legisladora había recordado que esta era la tercera vez que planteaba en el recinto este tema, el cual es “una situación de extrema gravedad” que “ya se ha cobrado 68 víctimas”. “Más de 90 personas han sido afectadas y esta semana nos enteramos de una de las víctimas más impactantes, que es un bebé de solo 3 meses en la provincia de Córdoba, envenenado con este opiáceo que ha sido manipulado de modo indebido”, señaló.

Además, la bullrichista mencionó que a fines de mayo había presentado junto a su bancada un proyecto de resolución proponiendo crear una comisión investigadora, en tanto que este miércoles elevó un pedido de informes sobre el tema.

“Lo más grave que está sucediendo en este momento es que hay lotes completos de fentanilo adulterado que no han sido identificados ni pueden ser recuperados del sistema sanitario”, enfatizó.

Sobre el laboratorio HLB Pharma y su socio Ramallo S.A., Giudici apuntó que fue habilitado en 2017 y “tuvo conexiones directas con el intendente Mario Ishii y el ministro Ginés González en su momento para exportar la vacuna Sputnik”.

En la Justicia “se abrieron 267 expedientes en contra de HLB Pharma”, indicó la diputada y añadió que “hay al menos dos sumarios y está inhibido porque la planta no había estado habilitada”.

“Al juez (Ernesto Kreplak) le pedimos que apure un poquito la causa, porque la verdad 68 muertos y todavía no hay una persona imputada y mucho menos presa”, reclamó y continuó: “Hay demasiadas curiosas coincidencias que ponen a los protagonistas de este laboratorio en un esquema de corrupción mayor, que claramente excede la producción de fentanilo o medicamentos. Va más allá y tiene vinculaciones con un laboratorio descubierto en Ciudad de Este”. En esa línea, habló de investigar una presunta “ruta del fentanilo”.

La porteña consideró que “no podemos dejar a este Congreso fuera de la discusión” y volvió a apuntar contra HLB Pharma, al señalar que “uno de los domicilios legales de (Ariel) García Furfaro está ubicado en la casa de la madre de Lázaro Báez”, mientras que “un diputado en ejercicio de esta cámara comparte un domicilio legal de su empresa en el mismo inmueble donde está inscripto HLB Pharma”.

En una pequeña intervención, el jefe de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, sostuvo que “el Gobierno tiene la responsabilidad con la ANMAT de informar claramente qué está pasando con este tema”. “Es un tema de salud pública y no una mera cuestión de tipo administrativo el tema que aparece hoy denunciado por el Ministerio de Seguridad”, agregó.

La diputada nacional Silvana Giudici presentó un proyecto de ley para la creación de una comisión especial investigadora que indague respecto a los sucesos que vinculados a la comercialización y uso de fentanilo contaminado en el sistema de salud. “Es muy importante que el Congreso ponga la mirada en la conexión con dirigentes kirchneristas que comparten domicilio jurídico con las empresas que manejan los laboratorios implicados”, acusó.

La iniciativa surge tras la muerte de 34 personas y la afectación de 35 pacientes, producto de ampollas contaminadas con bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, elaboradas por Laboratorios Ramallo S.A. y HLB Pharma Group S.A. del mismo modo, el texto busca esclarecer responsabilidades, evaluar fallas en los controles y proponer medidas para reforzar la trazabilidad de medicamentos en hospitales públicos y privados.

Acompañaron el texto de Giudici, los diputados nacionales Gerardo Milman, Marilú Quiroz, Sabrina Ajmechet, José Núñez, Martín Ardohain y Patricia Vásquez.

A través de X, la diputada nacional Silvana Giudici cargó: “El kirchnerismo y sus aliados se movieron rápidamente para la creación de la investigación sobre la criptomoneda $LIBRA, imagino que acompañarán este proyecto ya que las consecuencias directas de este escándalo suman ya 34 fallecidos”.