El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, junto a la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta, informaron que, por la Ley de Movilidad, las jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentan un 23,3 por ciento.

Será el tercer aumento en lo que va del año y el organismo prevé 27 mil pesos más durante septiembre, octubre y noviembre. De ese modo, el jubilado o pensionado cobrará al menos 114.460 pesos a fin de año. Asimismo, el haber de los jubilados de la mínima que se jubilaron con los 30 años de aportes efectivos quedará en 123.760 pesos.

La movilidad, que regirá desde el próximo mes, impactará en todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES, y alcanzará a más de 17 millones de beneficiarios.

En cuanto al refuerzo de 27 mil pesos para quienes cobran el haber mínimo, alcanzará a 5,1 millones de personas, alrededor del 70 por ciento de los jubilados y pensionados.

De esta forma, la jubilación mínima habrá tenido un incremento interanual del 127,3 por ciento. Este crecimiento “representa una recuperación del poder adquisitivo del 12,2 por ciento con respecto a diciembre de 2019”, expresaron desde el organismo.

A su vez, con este nuevo aumento por movilidad, la Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo pasarán a ser de 17.093 pesos.

Tras el anuncio, Raverta expresó: “Este aumento correspondiente a la Ley de Movilidad alcanza a 17 millones de argentinos permitiendo que, a partir de septiembre, ningún jubilado o pensionado cobre menos de 114 mil pesos”.

Por su parte, Massa agregó: “De esta manera, con el programa de refuerzos del Tesoro a la seguridad social, no solo podemos seguir recorriendo un camino de mejora y actualización de las jubilaciones y pensiones, sino también de consolidación del resto de las prestaciones de la seguridad social”.

La oposición puso este martes sobre la mesa el reclamo por la medida del Gobierno para que los organismos públicos cambien sus bonos en dólares por títulos en pesos, incluyendo a los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS. Durante la sesión en la Cámara de Diputados, desde el radicalismo y la izquierda se pidieron apartamientos de reglamento sobre distintos proyectos, pero todos ellos, que requerían los dos tercios para su habilitación, fueron rechazados al votarse a mano alzada. 

El primero en hablar fue el jefe del bloque UCR, Mario Negri, quien señaló que “la necesidad y urgencia de plantear este apartamiento marca la proporción de la gravedad del hecho del que se trata, que dejó sorpresivamente paralizado a casi todos los argentinos”. Así, cuestionó los DNU 163 y 164, publicados el jueves pasado en el Boletín Oficial: “Estamos en sesiones ordinarias, no había necesidad ni urgencia alguna para que no fuera remitidos como proyecto de ley”. También recordó que en la Bicameral de Trámite Legislativo, que no funciona hace nueve meses, “hay 67 decretos sin despachar, de los cuales 44 son DNU”. 

Al mencionar la medida por la cual “se obliga a los organismos públicos nacionales a entregar los recursos de los bonos y de los títulos en dólares a cambio de entregarles títulos en pesos”, el cordobés sostuvo que “todos sabemos que están rascando el fondo de la olla, que el problema estructural no está en la solución de la medida, sino que es solamente para estirar la llegada agónica que tiene el Gobierno con la pérdida del rumbo”. 

El radical recordó que el FGS, “aquel que anunciara el expresidente Néstor Kirchner” significaba “decirle a los jubilados que se quedaran tranquilos de por vida, que nadie les iba a meter la mano. ¿Qué diría hoy si estuviese en presencia de la decisión como actitud de desesperación que se ha tomado?”. “La pesificación del FGS está claro que es un manotazo ilegal de activos que pertenecen a los jubilados y pensionados. No puede ser tolerado, se trata de una medida inédita, irresponsable y defraudatoria de millones de jubilados. De esta manera van a ver más reducidos sus ingresos”, continuó. 

Negri enfatizó que “estos activos, al ser vendidos en el sistema bancario se van a ver favorecidos con compras a 25 dólares, cuando hace dos meses compraban bonos con bombo y platillo a 37 dólares, con plancha de 100 dólares, significan ganancias exorbitantes en cualquier proceso de mediana normalidad de cara la futuro inmediato con el cambio de gobierno para el sistema financiero al que aborrecieron, insultaron y le cruzaron los dedos, pero hoy lo ven claramente como socio o necesidad de última instancia”. 

Finalmente, el legislador aseguró que “se ha violado la Ley de Administración Financiera groseramente” y “la operatoria no está contemplada en el Presupuesto 2023”. “Estamos absortos, nunca pensamos que llegaran a tanto. ¿A dónde van? ¿Cuándo van a terminar? ¿Con qué van a terminar? Paren, no se lleven todo por delante, menos el presente y el futuro de los jubilados argentinos”, cerró. 

Por su parte, la diputada del PO-FIT Romina Del Plá planteó la solicitud para que se cite al Congreso al ministro de Economía, Sergio Massa, porque “es imperioso preguntarle al ministro y que dé explicaciones sobre el nuevo saqueo a los jubilados”. “Acá tenemos no solo una confiscación fenomenal a partir de este canje, sino también un aumento exponencial de la deuda pública”, advirtió.

La bonaerense habló de un “hipotecamiento de los jubilados actuales, que cobran una mínima de 58.665 pesos, frente a los cuales el FGS podría por ejemplo, en vez de servir a los negocios de turno del Gobierno, colocar un aumento sustancial de estas jubilaciones” y de un “hipotecamiento general del país”. 

“Hay una tendencia en querer convertir a las jubilaciones en un mero asistencialismo y no en un derecho de salario diferido como ha sido concebido el sistema”, alertó la diputada de la izquierda y añadió que “ al tomar esta medida les dan argumentos a los que después quieren decir que el sistema jubilatorio es inviable, y hay que hacer un desmantelamiento”. 

A esos pedidos se sumó el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz, que pidió citar además de Massa a la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta. El porteño apuntó que el FGS es para “cubrir los baches que se provocan en la recaudación de impuestos en momentos de actividad económica recesiva”. 

Al respecto, advirtió que “estamos entrando en un momento de recesión” y resaltó: “Sabemos que por la sequía va a haber por lo menos dos puntos más de caída de la actividad económica y va a haber una recesión cercana a los cinco puntos, porque no hay dólares, y por lo tanto no hay manera de sostener el déficit. La única manera de hacerlo es por precio o por cantidad”.

Tetaz cuestionó además que el Ministerio de Economía “está disponiendo sobre fondos que no le corresponden, que por ley están respaldados, que tienen un fin específico que será puesto a prueba este año con la recesión que estamos sufriendo”.

La radical Marcela Coli pidió también un apartamiento para tratar su proyecto que iba en el mismo sentido. Al remarcar el rol de Raverta como administradora del FGS, la pampeana cuestionó que “el Gobierno echó mano” a ese fondo y, en el mismo sentido que el jefe de su bloque, recordó que eso sucedió en pleno período de sesiones ordinarias. “Por la delicadeza del tema, tendría que haber sido un tema tratado por esta Cámara”, consideró, remarcando que “esta medida afecta a los organismos estatales, ya que los obliga a vender o subastar los bonos en dólares y canjear en títulos públicos”, y concluyó: “Estas medidas van en contra de la gente. Estamos hipotecando el futuro de nuestro país”.

La respuesta oficialista

Finalizó el debate el titular del bloque oficialista, Germán Martínez, quien pidió la palabra para fundamentar porqué no acompañaban esos pedidos. En primer lugar, rechazó el planteo de Mario Negri asegurando que estaban cumpliendo la ley que regula el régimen de decretos de necesidad y urgencia.

Luego se preguntó desde qué “lugar de autoridad” se plantaban para establecer su rechazo. Y en tal sentido recordó que su espacio fue el que “recuperó en el 2008 la administración de los fondos de pensión”, cuando por entonces la mayoría de quienes estaban este martes pronunciándose habían votado en contra de la creación del SIPA.

“Nuestro espacio ha generado mejoras en las posiciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pasando de 24 mil millones de dólares en 2003, a 66 mil millones al finalizar el gobierno de Cristina Kirchner. Después bajó a casi la mitad, quedó en 33 mil durante la gestión de Mauricio Macri. Volvimos a incrementarlo a 54 mil millones en esta gestión, y desde ese lugar recordemos también algo que ha sido votado en octubre de 2020, aquel proyecto de ley, para utilizar esos fondos en cuestiones productivas en lugar de las estrictamente financieras”, repasó el santafesino. 

Por último, destacó que “hay pocos funcionarios que han venido tanto a esta Honorable Cámara como la titular de la ANSeS… Es injusto lo que se está diciendo en el recinto”. Y concluyó cuestionando a la gestión anterior, al señalar que “el endeudamiento tomado con el Fondo Monetario ni siquiera mereció una reunión informativa en la Cámara de Diputados”.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por la radical Marcela Coli, presentaron un proyecto a través del cual solicitan que se cite de manera urgente a la directora Ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Fernanda Raverta, en su calidad de administradora del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, así como a los integrantes del Comité Ejecutivo del organismo, para que expliquen y detallen las medidas dispuestas por los Decretos 163 y 164/23 que disponen el canje de bonos en dólares estadounidenses por títulos públicos en pesos, así como la venta o subasta de las tenencias de los mismos.

Además de Coli, acompañan con su firma la citación los diputados Ricardo Buryaile, Julio Cobos, Martín Berhongaray, Gabriela Lena, Lisandro Nieri, Pedro Galimberti, Pamela Verasay, Lidia Ascarate, Jorge Rizzotti, Manuel Aguirre, Marcos Carasso, Ximena García, Soledad Carrizo y Hugo Romero.

“Los DNU 163/23 y 164/23 contienen una medida que puede traducirse en una obligación de canje de bonos en dólares bajo legislación extranjera por títulos públicos en pesos. Esto no es más ni menos que una maniobra de contención del dólar donde se ha pensado en los bancos, pero no se ha tenido el más mínimo reparo en cuestiones que se tornan graves a futuro como son las reservas, los derechos de los jubilados y pensionados y mucho menos en el futuro de todos los trabajadores argentinos”, explicó Coli.

La diputada pampeana agregó que “esta política ataca directamente lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley N° 26.425 que sostiene que ‘los recursos podrán ser utilizados únicamente para pagos de los beneficios del Sistema Previsional Argentino (SIPA) y para las operaciones permitidas por el artículo 77, segundo párrafo, de la ley 24.241 y sus modificaciones’”.

Con un sector de la oposición, el Frente de Todos en la Cámara de Diputados logró convertir en ley el plan de pago de deuda previsional, que apunta a beneficiar alrededor de 800 mil personas que no cuentan con los aportes suficientes para poder acceder a una jubilación.

La norma se sancionó con 134 votos a favor, 107 en contra y ninguna abstención.

Además del oficialismo, acompañaron la iniciativa los cuatros diputados aliados del interbloque Provincias Unidas; los cuatro legisladores del Frente de Izquierda; y 7 del interbloque Federal (no estuvo presente Florencio Randazzo). Votaron a favor también Claudio Vidal (SER) y Rolando Figueroa (MPN) Estos mismos fueron los que facilitaron la apertura de la sesión aportando al quórum.

Por su parte, Juntos por el Cambio rechazó el texto y defendió su dictamen de minoría. Todos sus miembros presentes votaron en contra, igual que Avanza Libertad y La Libertad Avanza.

El proyecto había sido aprobado en el Senado el 30 de junio de 2022 por impulso del kirchnerismo. En la Cámara de Diputados hubo dos reuniones informativas en julio y agosto del año pasado, pero finalmente el dictamen se firmó a fines de noviembre. Y se incluyó en el temario de la sesión del 21 de diciembre, que no se pudo realizar por falta de quórum.

En diciembre pasado culminó la prórroga por decreto de la última moratoria vigente, la cual no se volvió a extender por esa vía. La titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, dijo que eso era “complejo” dado que por decreto no se podía ampliar el período de la misma y que lo mejor era que saliera una nueva ley.

Raverta asistió durante febrero en dos ocasiones a la Cámara baja para reclamar por el proyecto y fustigar a la oposición de JxC por no dar quórum para que se pueda debatir.

El debate

A la hora de fundamentar el dictamen de mayoría, el diputado Carlos Heller observó que del total de los jubilados que tiene la Argentina, el 65% tienen que ver con las moratorias. “Gracias a esas moratorias, el 95% de las personas que están en posibilidad de jubilarse, pueden hacerlo”, agregó, atribuyendo la situación a un “gravísimo problema” que tiene nuestro país en materia de informalidad laboral, que provoca que “muchísimas personas lleguen a la edad de jubilarse sin los aportes suficientes”.

“En la Argentina todos sabemos que hay un tercio de la población con problemas de informalidad laboral, pero mientras tanto transcurre el tiempo y esas personas no tienen cómo jubilarse”, señaló a continuación, admitiendo de paso que se trata de “un parche, porque mientras se resuelven los problemas de fondo, los parches son los mecanismos adecuados para salir de la situación”.

A su turno, la mendocina Marisa Uceda dijo que la norma “le va a permitir a hombres y mujeres con la edad de acceder a un beneficio previsional y sin los aportes necesarios a acceder a una moratoria, pero trae una novedad como es la cancelación anticipada de aportes que se deben”.

“Se nos exige todo el tiempo ser creativos; bueno, estamos siéndolo. Le estamos dando un instrumento a la ANSeS para robustecer el sistema”.

Sobre el final, Marisa Uceda rechazó que este proyecto desfinancie el sistema. “Todos sabemos que las jubilaciones no se componen además de los aportes de los activos, sino también a través del IVA. ¿Y saben cuál es la clase social que vuelca todos sus aportes al consumo? Los jubilados, ese es el círculo virtuoso”, enfatizó.

Por el dictamen de minoría, el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace sostuvo que “el diputado Heller admitió desde el comienzo que tenemos un grave problema de informalidad laboral. El desempeño de nuestra macroeconomía es pobre del mercado de trabajo por la subocupación, la ocupación informal y el desempleo”. En ese sentido, planteó que “si tenemos 4 de cada 10 trabajadores que no tienen esas contribuciones ingresadas, llegan a la edad jubilatoria sin tener el beneficio sin poder ingresar. Esa es la realidad que tenemos, si tenemos un sistema jubilatorio que pide 30 años de aporte y prácticamente nadie puede alcanzar esa condición, menos de la quinta parte cumple con los requisitos para poder jubilarse, el resto tiene pensiones o regímenes provinciales”.

A su turno, el cordobés Rodrigo De Loredo apuntó contra el oficialismo porque “trataron de la misma manera las políticas contributivas de las no contributivas y eso trae aparejado tres consecuencias irreversibles: profundizar una política desigual, desestimulan el ahorro y estimulan la informalidad el mercado laboral”.

“Lo más grave es que al haber quebrado la sustantividad del sistema, al haberlo hecho tanto más dependiente de sus ingresos tributarios y al haber quebrado la relación que antes del 2006 era 2,6 activos y 1 pasivo y ahora es 1,5 activo y 1 pasivo, pulverizaron el poder adquisitivo de todos los jubilados y han puesto a todos los jubilados arrastrándose abajo sumergidos en la pobreza y agravaron el déficit de la totalidad el Estado porque del gasto previsional oscila el 40% del gasto público”, lanzó entre gritos.

En su intervención, la diputada Romina Del Plá señaló que “la canasta básica de la Tercera Edad medida por la defensoría de CABA hoy supera los $170000. La mínima que cobran más del 70% de los jubilados es un tercio de eso, o menos. Un Estado que abandona así a los mayores es un Estado criminal”. En referencia al proyecto sobre moratoria votado agregó que: “Hoy se votó una ley por la cual a la jubilación mínima de indigencia se les descontarán aportes que les fueron robados a las y los trabajadores. La votamos a favor porque serán muchas las personas que tendrán este paliativo para hacer frente al hambre y a la inflación del 100% de este gobierno del FMI. Desde nuestro bloque presentamos un dictamen por minoría y un proyecto de ley para que todos los y las adultos mayores tengan acceso a una jubilación universal que cubra la canasta básica de la tercera edad”.

El radical cordobés Víctor Hugo Romero detalló: “De la población activa hay un 7,1 por ciento desocupado, un 28 no asalariado y 4 de cada 10 que perciben salarios no perciben no están registrados formalmente”. A su vez, añadió: “Los trabajadores informales, el 63 trabaja en empresas de no más de 5 empleados y el 89 con menos de 25. Solo pueden cumplir las grandes empresas”.

“Desde 2005 se establecen leyes de moratoria, pero siempre con parches, nunca con solución de fondo”, aseveró. Y concluyó: “En 17 años las jubilaciones crecieron 3.730.000, pero solo 94.000 corresponde con trabajadores con aporte de 30 años, solamente creció en 2.030.000 el trabajador registrado y 7 de cada 10 cobra por bajo de la línea de pobreza”. “Este nuevo proyecto de plan de pago requiere un análisis más profundo y está lejos de generar derechos”, cerró.

Por otro lado, el diputado nacional Marcelo Casaretto (FdT – Entre Ríos), en su alocución, afirmó: “Queremos sostener esta ley de plan de pago previsional para beneficiar a 800.000 argentinos y en mi caso a 17.000 trabajadores entrerrianos”.

El diputado oficialista recordó que en 2003 el 40 por ciento no accedía a la jubilación y explicó: “Si no analizamos la perspectiva a futuro es difícil analizar el sistema previsional”.

“Estamos de acuerdo en que exista algún remedio legal para que aquellos a los que les faltan años de aporte o edad jubilatoria puedan compensar esa diferencia, pero sin exterminar el sistema jubilatorio. Estamos asistiendo al derrumbe y ruptura total del sistema previsional argentino en detrimento de nuestros jubilados con esta, mal llamada, moratoria”, señaló a su turno la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro). Y agregó: “Si tuvieran una genuina preocupación por la justicia social no se llevarían puesta a la caja de jubilaciones del país, el ANSeS, con este tipo de leyes incoherentes. Debieran generar un sistema que permita verificar que quienes quieran acceder al sistema previsional, y no tienen aportes, realmente lo necesiten. No les importa que se pueda jubilar un millonario que nunca aportó, ya que no tuvo la necesidad de trabajar. Generan injusticias bajo una supuesta ley que beneficia a todos, pero en realidad es una verdadera trampa parlamentaria que lo único que hace es desfinanciar a los jubilados de la Argentina”.

Asimismo lanzó que “si el kirchnerismo tuviera un legítimo interés por defender la justicia social no callaría que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, percibe 67 jubilaciones mínimas por mes o haya reclamado en la Justicia un aporte correspondiente a 2971 jubilaciones mínimas. Ante estas grandes inequidades de una de las principales representantes de su coalición, el Frente de Todos mira para otro lado”.

Para Alejandro “Topo” Rodríguez, las mujeres “cargan con el flagelo de la subocupación y la desocupación más las mujeres que los hombres” y comparó: “Cada 1.000 pesos que gana un hombre, una mujer recibe solo 790 pesos”. Y advirtió que “los gobiernos tienen que hacerse cargo no de asignar derechos cuando ya se rompió el derecho básico, que es a tener un trabajo remunerado con aporte jubilatorio”.

En su discurso, el oficialista santafesino Eduardo Toniolli señaló que “las moratorias permiten incluir a argentinas y argentinos que, después de haber trabajado toda su vida, no tienen los años de aportes necesarios para jubilarse. En ese sentido son un acto de justicia. No estamos hablando de regalar nada, si de reconocer el laburo de 800 mil compatriotas”.

“Los datos muestran que la gran mayoría de las beneficiarias de las primeras moratorias fueron mujeres humildes, que habían pasado años desempeñando tareas de cuidado que nunca fueron reconocidas”, señaló el legislador nacional del Frente de Todos, y agregó: “así cómo reconocemos la justicia de esta medida, también señalamos que la asignatura pendiente es la recuperación del nivel de los haberes previsionales, que guarda estrecha relación con el problema estructural de ingresos y de condiciones laborales de la población activa”.

En su intervención, el diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad – Buenos Aires) se pronunció en contra del proyecto porque consideró que “no ataca el problema y va a fracasar”. En síntesis, el libertario brindó dos razones: “Estamos buscando financiar a personas para la jubilación mínima que si no tienen un gran poder adquisitivo, difícilmente puedan terminar feliz este plan de pago”, y agregó: “Les estamos ofreciendo ser pobres hoy y ser pobres mañana”.

En segunda instancia, explicó: “La suma de las moratorias nos lleva a gastar 12 puntos del PBI”. “Me resulta inadmisible si esto no estaba previsto en la Ley de Presupuesto”, siguió.

Para cerrar, expresó: “Solo una de cada diez mujeres y uno de cada diez hombres llega a jubilarse con los 30 años de aportes”, y cerró: “Si no atacamos el problema de la gran cantidad de regímenes y la informalidad vamos a fracasar”.

El diputado del Pro Luciano Laspina consideró que el proyecto debatido “es una gran injusticia para los que aportaron 40 años. Es un pasivo enorme que se carga sobre el sistema previsional sin haber tenido la contribución previa”. Y lo atribuyó a un “mecanismo electoral”, porque a su juicio “es tan clara la intencionalidad política de esto, que por eso se hace este año y no el año pasado, de regalar plata que ya no tenemos”.

Puesto a ofrecer alternativas, Laspina dijo que “tenemos desafíos del sistema previsional, generar incentivos para que la gente trabaje más tiempo en blanco, porque en un sistema de reparto, la forma de pagar buenas jubilaciones es que haya mucha más gente trabajando por más tiempo en el sistema formal”.

“Este tipo de cosas constituyen un verdadero desastre, no solo porque es una estafa a los jubilados de hoy, sino también a las generaciones futuras”, sostuvo por su parte Javier Milei. Y cerró: “Si seguimos así, lo único que vamos a hacer es que cada día Argentina sea más miserable”.

Bien sobre el final del debate, Silvia Lospennato se refirió al tema como “un problema que tenemos y que no hemos podido reparar”. Al punto tal de recordar que ha habido 1.273 normas que en la historia han modificado la ley original.

Habló de un sistema que exige 30 años de aportes y que “excluye al 80% de los argentinos que tienen la posibilidad de jubilarse y acumular esos años. Ese es el problema en serio que tenemos que elaborar y que seguimos procastinando”.

Lospennato advirtió que “no se puede seguir especulando electoralmente cuando está en juego la sostenibilidad del sistema previsional argentino”, al tiempo que reivindicó a la gestión de Cambiemos, que –dijo- le devolvió a los jubilados con la Reparación Histórica “lo que el Frente de Todos les robó durante muchos años”. reivindicó también la PUAM y la movilidad aprobada en medio de 14 toneladas de piedras. “Soportando el silencio cómplice de estos tres años en los que los jubilados no han dejado de perder mes a mes”, dijo, reconociéndole al oficialismo el “relato” que les permite erigirse a sí mismos como defensores de los  jubilados.

“Ustedes saben que hoy están votando un aumento brutal del déficit fiscal de la Argentina. No podemos dejar de señalárselo. Están gobernando, por lo menos tengan algo de responsabilidad fiscal… Siempre son pan para hoy y hambre para mañana”, disparó la diputada, que agregó que “esta nueva irresponsabilidad fiscal del kirchnerismo la van a pagar los jubilados. El único ajuste que sabe hacer el kirchnerismo lo hacen sobre los jubilados”.

A continuación, la diputada Graciela Camaño recordó que venía a votar la prórroga de la moratoria que estableció en 2017 Mauricio Macri, que a su vez tenía que ver con la primera moratoria del primer gobierno de Cristina Kirchner. “Vengo a ser consecuente”, afirmó.

“No le estamos robando los aportes a nadie”, aseguró, negando que esta crisis venga de la década del 90, sino que la atribuyó a la del 80. “Sabemos que lo que tenemos que cambiar es de una profundidad que requiere acuerdos que no podemos lograr”, agregó, advirtiendo finalmente que “si alguien cree que con esta miseria que van a hacer van a conseguir votos, no han leído el proyecto”.

El penúltimo orador fue Máximo Kirchner, quien no estaba anunciado en las listas que circularon durante el día. Y en su mensaje negó el argumento del déficit fiscal para rechazar esa iniciativa. “Los jubilados no generan déficit”, aseguró, agregando que hay no más de 10 o 15 países en superávit fiscal en el mundo. “La mayoría de los estados se encuentra en déficit fiscal, así que no creo que sea el problema”, cerró.

El cierre del debate del plan de pago de deudas previsionales estuvo a cargo del jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, quien valoró en primer lugar que se hubiera podido sesionar y agradeció puntualmente no solo a sus diputados, sino a los de los otros bloques: Provincias Unidas, los socialistas Santafesinos, Identidad Bonaerense y los de la izquierda “que nos acompañaron en el quórum, que es tan o más importante que el voto final”.

“Dimos un debate muy honesto, donde pusimos posiciones políticas muy fuertes; no sé si nos escuchamos tanto, pero hubo argumentos que también demuestran a quiénes intentamos representar”, señaló.

Reconoció finalmente que esta ley no representa una solución de fondo. “Probablemente no, pero me parece que estamos dando un paso muy importante y vamos cerrando puertas, así como reafirmamos un determinado camino, con un no a la capitalización, no a recortes a jubilados, ni al fraccionamiento del sistema previsional”.

Qué establece la flamante ley

La flamante ley establece que las personas en edad jubilatoria, pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Por otra parte, la norma contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.

Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteponiendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.

Cada unidad de cancelación de aportes previsionales abonada será registrada en la historia laboral de la persona, que podrá ir previendo la evolución de sus servicios con aportes conforme va avanzando en la cancelación de unidades y se va acercando su edad de retiro. La actualización del plan de pagos se realizará teniendo en cuenta el índice de movilidad jubilatoria informado por la ANSeS.

La directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, y el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunciaron este jueves la incorporación de 900 mil niñas, niños y adolescentes al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), beneficiando a más de 600 mil trabajadores argentinos.

Desde el mes de marzo, se igualará el tope de ingresos para percibir las Asignaciones Familiares con el piso del Impuesto a las Ganancias. De este modo, el nuevo tope pasará de 158 mil pesos a 404 mil pesos.

Esta medida es de carácter permanente. Es decir que, ante cada actualización que tenga el piso por el cual comienza a tributarse el Impuesto a las Ganancias, también se actualizará el tope hasta el cual se perciben las Asignaciones Familiares. Así, logramos que todas las hijas e hijos de los trabajadores registrados estén cubiertos por el sistema de asignaciones.

Con esta medida, la cobertura de las Asignaciones Familiares se amplía a más de 4,4 millones de niñas, niños y adolescentes y a 2,9 millones de trabajadores registrados.

Durante el anuncio, Raverta destacó que “con esta medida, a partir de marzo 900 mil chicos van a tener su Asignación Familiar, como las hijas e hijos del resto de los trabajadores de la Argentina”.

“Este anuncio es muy importante, ya que pone en valor el esfuerzo de 600 mil trabajadores. Esta medida quedará de forma permanente ya que, de ahora en adelante, cada vez que aumente el piso de Impuesto a las Ganancias también se asimilará el tope hasta el cual se percibirán las Asignaciones Familiares”.

En tanto, Massa sostuvo que “es muy importante que tengamos fortaleza en el Sistema de Seguridad Social”.

En ese marco, agregó: “La Argentina recorre un enorme desafío. Por un lado, el de recuperar el ingreso y, por el otro, garantizar la estabilidad macroeconómica. Ambos son importantes a los efectos de garantizar un desafío que tenemos como gobierno que es la recuperación del ingreso en la Argentina y la mejora en su distribución”.

La ampliación de esta cobertura implica un esfuerzo fiscal aproximado de 4000 millones de pesos mensuales.

El ministro de economía, Sergio Massa, y la directora ejecutiva de ANSeS, Fernanda Raverta, anunciaron este viernes el primero de los cuatro incrementos por movilidad y refuerzo para jubilaciones y pensiones que otorgarán en 2023.

“A partir de marzo, ninguna jubilación quedará por debajo de los $73.000”, destacó Raverta. El nuevo aumento por movilidad será del 17,04% para más de 17 millones de titulares de jubilaciones, pensiones y asignaciones y se comenzará a pagar en el mes de marzo.

Se implementará un refuerzo mensual para titulares de jubilaciones y pensiones que cobren hasta dos haberes mínimos que se pagará durante los meses de marzo, abril y mayo, hasta el próximo aumento por movilidad.

El refuerzo será de $15.000 por mes para titulares de jubilaciones y pensiones que reciban hasta 1 haber mínimo e irá decreciendo progresivamente hasta los $5.000 para quienes cobren hasta 2 haberes mínimos. Con estas medidas, la jubilación mínima pasará de $60.124 a $73.665.

“Venimos transitando un camino de recuperación y con estos aumentos en marzo las jubilaciones tendrán 11 puntos de recuperación del ingreso, algo clave para potenciar el mercado interno y sobre todo, mejorar la calidad de vida de nuestros jubilados y jubiladas”, ponderó Massa.

Con la intención de exponer sobre las consecuencias que tiene sobre 800 mil personas no contar con una herramienta que les permita jubilarse, aún sin contar con los aportes suficientes, la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, asistió este miércoles a la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, donde enfatizó que es “imprescindible” aprobar la ley de plan de pago de deuda previsional y reclamó a la oposición “que nos dejen discutir” en el recinto.

Tal como había expresado en declaraciones radiales en la previa, la funcionaria admitió que el Poder Ejecutivo está analizando prorrogar por decreto la última moratoria vigente -que venció el último 31 de diciembre- pero hacerlo por esa vía “no resuelve el problema de fondo”.

Al abrir el encuentro, la presidenta de la comisión, la camporista Marisa Uceda, reconoció que se trataba de una reunión “no es muy ortodoxa, pero ante circunstancias extremas o graves uno tiene que acudir a todas las herramientas que pueda para dar solución a conflictos como el que vamos a tratar hoy”. 

La mendocina dijo que no iba a hacer mención de quienes no estaban presentes y reveló que el encuentro fue solicitado por Raverta “ante las infinitas consultas de perjudicados porque este proyecto de ley no ha tenido la sanción”. 

Los integrantes de Juntos por el Cambio no asistieron bajo el argumento de que ese tema ya se dictaminó y ahora resta tratarlo en el recinto. 

La iniciativa salió del Senado el 30 de junio de 2022 por impulso del kirchnerismo. En la Cámara de Diputados hubo dos reuniones informativas en julio y agosto, pero finalmente el dictamen se firmó a fines de noviembre. Y se incluyó en el temario de la sesión del 21 de diciembre, que no se pudo realizar por falta de quórum. A favor de esa iniciativa, el interbloque Provincias Unidas y el Frente de Izquierda habían bajado al recinto, pero igualmente al Frente de Todos no le alcanzó el número.

En su alocución, la directora ejecutiva de la ANSeS señaló que iba a “caracterizar el momento que estamos atravesando”, el cual “requiere de una profunda reflexión”. “Nosotros vivimos en una Argentina donde, a partir de 2004, gobierno de Néstor Carlos Kirchner, se contaba con una norma para que aquellos hombres y mujeres que tuvieran la edad de jubilarse y le faltaran años de aportes”.

Al enumerar los beneficios de acceder a una jubilación, y en alusión al ingreso, la camporista defendió que “ en gobiernos nacionales y populares siempre es para arriba, nunca para abajo. En otros gobiernos sabemos que se ha recortado 13%”. 

Además, mencionó la ley que se aprobó en 2014, durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, para “poder darle continuidad a una política de inclusión previsional”. 

“Un plan de pagos significa saldar algo que debes. Digo esto porque por ahí en los medios es fácil confundir a la gente y hay quienes creen que tratamos de regalar jubilaciones”, aclaró e indicó que “siempre los que se incluyeron al sistema a través de una moratoria fueron pagando mes a mes”. 

Yendo a la cuestión, Raverta expresó que “esa normativa que teníamos los argentinos, que ya creíamos que no había manera de retroceder, terminó el último día del año pasado” y “a partir del 1ro. de enero en las oficinas de ANSeS, todos los días recibimos a hombres y mujeres que tienen la edad de jubilarse y a los que les tenemos que decir que antes del 31 de diciembre era bien fácil y ahora es bien difícil”. 

“Les tenemos explicar que es difícil porque no contamos con una norma, y que esa norma es una ley que tiene media sanción del Senado” pero en diciembre “lamentablemente los diputados y las diputadas de la oposición no vinieron a trabajar, no bajaron a la sesión y no dieron quórum”, cargó contra Juntos por el Cambio.

La funcionaria resaltó que “el plan de pago de deuda previsional se trata de que hombres y mujeres puedan acceder a lo que ya es tradición”. “El 95% de los hombres y mujeres de la Argentina que tienen edad de jubilarse, están jubilados. Queremos seguir manteniendo ese nivel de cobertura. El alcance de esas jubilaciones y pensiones es enorme, único en la región”, continuó. 

En un mensaje a la oposición, la titular de la ANSeS sostuvo: “No pedimos que alguien vote en contra de sus ideas, pedimos que nos dejen discutir, que esta ley se pueda tratar en el recinto y así de esa manera, el oficialismo, como funciona en democracia, intente juntar los votos necesarios para tener una ley que entendemos como Gobierno que es imprescindible para que 800 mil personas puedan acceder a una jubilación durante este año”. 

“El argumento de derogación presupuestaria ya está saldada. El Presupuesto ya se discutió; ya tenemos un presupuesto asignado para poder dar cumplimiento a las normas que el organismo necesita”, aseveró y señaló que “no es algo que le viene bien a nuestro Gobierno, a nuestra fuerza política, a la ANSeS. Le viene bien a los argentinos y argentinas, porque en Argentina hay una sola mujer de cada diez que tiene 30 años de aportes. Por eso es absolutamente urgente que podamos debatir en el recinto esta ley. No hay argumento de ‘no quiero porque hay otras leyes’”. 

Finalmente, recordó que cuando fue diputada, durante el gobierno de Cambiemos , se aprobó la modificación de la fórmula de movilidad, a través de la cual “se perdieron 19,6 puntos”. “Yo vine al recinto, discutí y voté en contra”, mencionó, pero igualmente “el oficialismo construyó mayoría y cambió la ley”. 

A partir de la nueva fórmula, que se debatió en 2020, “ya de esos 19,6 se recuperó 6,7 de la capacidad de compra de las jubilaciones argentinas”. “Ustedes me dirán ‘en dos años se llevaron 20 puntos de las jubilaciones argentinas y en un poco más de tres años solo recuperamos 6,7’. Sí, porque destruir es un instante y reconstruir es mucho tiempo y esfuerzo”, subrayó. 

Uno de los diputados que tomó la palabra en una sala semivacía del Anexo de la Cámara baja, donde asistieron, además de los invitados, legisladores del Frente de Todos, el Frente de Izquierda y Juntos Somos Río Negro, fue el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, quien mencionó que “había muchos comentarios en la previa de que nosotros íbamos a venir acá a chicanear, a decir cualquier cosa y me parece que quedó clarísimo con la exposición de la titular de la ANSeS que lo que estamos buscando es más información, más argumentos y más debate”. “Porque estamos tan cerca de tener una ley, que sería una pena no tenerla. Nuestro espacio político quiere una ley y para eso estamos tratando de tratarlo en extraordinarias”, ratificó. 

El resto de los expositores

Luego de Raverta, expusieron una serie de invitados, entre los que hubo un solo ausente: Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad. 

Sandra Zapatero, secretaria de Previsión y Seguridad Social de la CTA, manifestó la “preocupación por la dilación en el tratamiento de este proyecto de ley” al recordar que “una sola de cada diez mujeres y tres de cada diez varones están en condiciones de jubilarse” actualmente. Sin embargo, “esto no tiene nada que ver con los trabajadores y las trabajadores” formales, en cuyos casos “ muchos empleadores no han hecho los aportes y sí los han deducido de los salarios”. 

“Mucho más injusto es para los que estuvieron casi toda su vida laboral en situación informal, y para quienes se dedicaron a las tareas de cuidados”, añadió Zapatero, quien consideró que “necesitamos que esta reparación, que es tan justa, necesaria y urgente, sea acompañada por la participación de la riqueza nacional. Tenemos que pensar en un impuesto que grave a los más ricos”. 

En tanto, Lucía Ortega, especialista en derecho previsional, propuesta por el Frente de Izquierda, alertó que el 80% de las personas que no podrán jubilarse “son mujeres”. “Hoy en día la gran mayoría de las personas que se jubilan lo hacen gracias a una moratoria y esta opción ya está cerrada. Sólo queda acceder a la PUAM, que es una pensión un 20% más baja que el haber mínimo, y que para las mujeres significa elevar la edad jubilatoria a los 65 años”, explicó. 

“Es importante una moratoria previsional, pero es insuficiente, porque aún teniendo una ley por los próximos dos o cuatro años este problema no se va a solucionar, porque hay un problema más grave en el sistema previsional que es el del desfinanciamiento y un mercado laboral cada vez más fragmentado”, advirtió. 

A su turno, Silvana Capece, presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, aseguró que “es importante que este proyecto se trate, se debata y salga, porque la imposibilidad de acceder a las prestaciones previsionales incluye también la imposibilidad de acceder al seguro médico. Es decir, hay un agujero dentro de la obligación constitucional del Estado Nacional”. En esa línea, dijo que “si bien este proyecto se tiene que aprobar, es obligación del Estado evitar que esto suceda. Llamamos al Estado Nacional y a los Estados provinciales a que articulen las medidas que sean necesarias para el debido contralor de las prestaciones previsionales”. 

Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Micaela Branco señaló: “El concepto central de esta ley es cumplimentar con todos aquellos que por situaciones, por todos conocidas, y por algunos ejercidas, no pudieron completar. Porque de eso se trata, completar el pago de una deuda previsional en la cual incurrieron hombres y mujeres por cuestiones ajenas a su voluntad en la gran mayoría. Se trata de una deuda contraída por carencias estructurales de un sistema”. 

En la misma línea, Javier Palma, secretario de Acción Social y Previsional de la Asociación Gremial Docente, resaltó que “este debate por la moratoria nos llega en un momento en el que se ve, por parte de los trabajadores, una Argentina en negro, una Argentina informal. Esta gente que llega a la edad jubilatoria y no se puede jubilar es víctima de un largo proceso de informalidad laboral, de precarización, y no debe caer sobre ellos el blanqueo de esa situación pasada. Son las patronales las que deben pagar y el Estado también”. 

Mencionado por el oficialismo como uno de los temas más urgentes a tratar en el período de sesiones extraordinarias, el proyecto sobre plan de pago de deuda previsional, que apunta a que personas -alrededor de 800 mil- sin aportes suficientes puedan acceder a una jubilación, volverá a debatirse este miércoles, cuando se reúna la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados.

Comandada por la camporista Marisa Uceda, la comisión fue citada a las 11 para abrir nuevamente la discusión sobre la iniciativa, que ya tuvo dictamen -la oposición firmó uno propio en minoría-, pero quedó sin poder tratarse en el recinto cuando se frustró la última sesión.

Entre los invitados se destaca la presencia de la directora ejecutiva de la ANSeS, Fernanda Raverta, quien reclamará, sobre todo a los diputados de la oposición, que den quórum y aprueben cuanto antes la norma. Este martes, en declaraciones radiales, la funcionaria admitió que en el Poder Ejecutivo analizan prorrogar por decreto la moratoria que venció en diciembre pasado.

El proyecto salió del Senado el 30 de junio de 2022 por impulso del kirchnerismo. En la Cámara de Diputados hubo dos reuniones informativas en julio y agosto, pero finalmente el dictamen se firmó a fines de noviembre. Y se incluyó en el temario de la sesión del 21 de diciembre, que no se pudo realizar por falta de quórum. A favor de esa iniciativa, el interbloque Provincias Unidas y el Frente de Izquierda habían bajado al recinto, pero igualmente al Frente de Todos no le alcanzó el número.

Además de Raverta, los invitados a exponer son: Sandra Zapatero, de la CTA; Silvana Capece, de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires; Micaela Mara, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Lucía Ortega, especialista en derecho previsional, propuesta por el diputado Nicolás Del Caño; Eugenio Semino, especialista en derecho previsional; Sebastián Gramajo, abogado especialista en previsión social; y Javier Palma, secretario de Acción Social y Previsional de la Asociación Gremial Docente (UBA).

La intención es agitar el tema ante la opinión pública, como método de presión a Juntos por el Cambio, que mantiene la postura de negarse a sesionar mientras persista el interés oficial en enjuiciar a todos los miembros de la Corte Suprema.

El proyecto establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.

Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteponiendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.

La directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raverta, manifestó este lunes que la falta de sanción del Plan de Pago de Deuda Previsional afecta en mayor medida a la provincia de Buenos Aires respecto del resto del país, en ese sentido, la provincia cuenta con 268 mil bonaerenses, el 37 por ciento del total país, que este año cumplirán la edad para jubilarse y no podrán hacerlo por no contar con los 30 años de aportes.

Al respecto, Raverta cuestionó que “la ley de Pago de Deuda Previsional estaba para tratarse en diciembre para que justamente no tengamos este bache y los diputados de Juntos por el Cambio y de la oposición decidieron no ir a trabajar, no sentarse en el recinto y nos quedamos sin ley”.

Además, afirmó que “las argentinas y argentinos merecen que los diputados bajen a sesionar y que nos den esta herramienta que no es para el gobierno ni es para ANSES, sino para la enorme cantidad de 800 mil argentinas y argentinos que durante este año cumplen la edad de jubilarse y necesitan saldar la deuda de esos años de aportes. En Buenos Aires la cifra es alarmante, están impidiendo que jubilemos a 268 mil bonaerenses”.

En cuanto a la distribución por municipio de la provincia es de, aproximadamente, 25 mil personas en La Matanza; 13 mil en General Pueyrredón; 12 mil en Lomas de Zamora; 12 mil en La Plata; 10 mil en Quilmes; 9 mil en Almirante Brown; 9 mil en Lanús; 8 mil en Merlo; 8 mil en San Isidro; 8 mil en 3 de Febrero; 8 mil en San Martín; 7 mil en Moreno; 7 mil en Tigre; 7 mil en Avellaneda; 6 mil en Vicente López; 6 mil en Esteban Echeverría; 6 mil en Florencio Varela; 6 mil en Morón; 6 mil Pilar; 5 mil en Berazategui; 5 mil en Malvinas Argentinas; 5 mil en San Miguel; 4 mil en Bahía Blanca; 4 mil en José C. Paz; 3 mil en Hurlingham; 3 mil en San Fernando; 3 mil en Escobar; 3 mil en Ituzaingó; 2 mil en San Nicolás; 2 mil en Necochea; 2 mil en Tandil; y mil en los municipios de La Costa; Zárate; Pergamino; Campana; Ezeiza; Luján; General Rodríguez; Olavarría; Junín; San Vicente; Berisso y Chivilcoy.

La directora ejecutiva de ANSeS, Fernanda Raverta, pidió a los diputados de la oposición que permitan el tratamiento de la nueva ley de Pago de Deuda Previsional ya que, si no lo hacen, aproximadamente 800 mil personas no podrán acceder a su jubilación.

“La ley de Pago de Deuda Previsional estaba para tratarse en diciembre para que justamente no tengamos este bache y los diputados de Juntos por el Cambio y de la oposición decidieron no ir a trabajar, no sentarse en el recinto y nos quedamos sin ley”, cuestionó Raverta tras inaugurar junto a la directora del PAMI, Luana Volnovich, el nuevo edificio de la obra social de los jubilados y pensionados en Mar del Plata.

“Desde el 2004 y después en 2014 contábamos con una ley que permitía jubilarse aquellos hombres y mujeres a los que les faltaban algunos años de aporte pagando su deuda y esa ley venció a principios de año”, explicó en declaraciones a la señal A24.

“Las argentinas y argentinos merecen que los diputados bajen a sesionar y que nos den esta herramienta que no es para el gobierno ni es para ANSeS, sino para la enorme cantidad de 800 mil argentinas y argentinos que durante este año cumplen la edad de jubilarse y necesitan saldar la deuda de esos años de aportes”, indicó.

Por esta razón, destacó: “Desde ANSeS esperamos que en estas sesiones extraordinarias los diputados de la oposición nos den esta oportunidad de discutir esta ley para poder contar con la herramienta que permita a las argentinas y argentinos acceder a una jubilación”.

La directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, se refirió a la falta de quórum de la Cámara de Diputados de la Nación para discutir el Plan de Pago de Deuda Previsional para que hombres y mujeres que tienen la edad jubilatoria pero no cuentan con los 30 años de aportes realizados, puedan regularizarlos. 

“Este mes se termina la vigencia de la moratoria y habrá que esperar hasta marzo del año que viene para volver a discutir este Plan de pago de deuda previsional que hubiera dado respuesta a una necesidad urgente. La oposición retrasa una ley que están esperando casi 800 mil argentinos y argentinas. Las más afectadas serán las mujeres porque, al cumplir los 60 años sin los 30 de aportes, deberán esperar sin cobertura hasta los 65 años para poder solicitar la PUAM”, expresó Raverta. 

“El plan de pago tiene efectos muy positivos y es novedoso en cuanto a que genera previsibilidad al permitir adelantar cuotas antes de cumplir la edad jubilatoria, afianzando la cultura previsional. Además, es beneficioso en términos de recaudación para el sistema, por lo que no hay motivo para que la oposición no quiera, al menos, sentarse a discutirlo. Dejar sin esta posibilidad a las argentinas y los argentinos, en lo inmediato, perjudica a casi 800 mil personas”, agregó la titular de ANSES. 

El Plan de Pago de Deuda Previsional alcanza a dos grupos: por un lado, a quienes ya cumplieron la edad jubilatoria pero no cuentan con los 30 años de aportes realizados. Estas personas podrán cancelar la deuda de aportes en cuotas descontadas de su jubilación. Por el otro, quienes están a menos de 10 años de cumplir la edad jubilatoria y no alcanzarán los 30 años de aportes. En este caso, podrán identificar y cancelar períodos pasados de aportes, lo que les otorgará derecho a acumular períodos para su futura jubilación. 

Con media sanción del Senado, alcanzada el 30 de junio de este año por 38 votos a favor, 18 abstenciones y 6 negativos, el proyecto de ley referido a la moratoria previsional impulsado desde el oficialismo no ha podido avanzar siquiera hasta el dictamen en la Cámara baja.

La última reunión en la que se abordó este tema en el marco de un plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda, data del 10 de agosto pasado. En esa oportunidad, distintos especialistas expusieron en torno al proyecto de ley. Obviamente no se avanzó con un dictamen y la presidenta del plenario, la mendocina Marisa Uceda, señaló en esa oportunidad a Diputados TV que “se van a dar todas las reuniones informativas que sean necesarias en la búsqueda de la construcción de los consensos que hagan faltan para garantizar que la ley efectivamente salga del recinto”.

La idea sería ahora reflotar el proyecto para completar su paso legislativo hasta el recinto, y para tal fin se reunieron este viernes la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau; la secretaria Parlamentaria Paula Penacca y la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta.

Sobre el tema tuiteó Cecilia Moreau, quien precisó: “Para que casi 800 mil argentinas y argentinos con edad de jubilarse puedan hacerlo, nos reunimos con Paula Penacca y Fernanda Raverta “para trabajar en el Plan de Pago de Deuda Previsional que trataremos próximamente en el Congreso”.

“En Argentina solo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres tienen la cantidad de aportes para jubilarse. Por eso, una nueva ley es fundamental para poder seguir garantizando la cobertura previsional”, agregó la titular de la Cámara baja.

El proyecto establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.

Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteniendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.

Ante la realidad de que los tiempos “no daban” para que se sancionara la ley antes del vencimiento de la moratoria vigente, el pasado 20 de julio el Poder Ejecutivo oficializó por decreto la prórroga del régimen actual hasta el 31 de diciembre de este año o hasta cuando entre en vigencia uno nuevo, que sería el que plantea este proyecto.

Otro de los nombres que pasaron este miércoles por la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, a cargo de Carlos Heller (FdT), fue la directora ejecutiva de ANSeS, Fernanda Raverta, quien detalló los objetivos centrales del organismo y resaltó que “este presupuesto prevé que para las jubilaciones y pensiones haya un 74% más de la proyección de cierre del 2022”. A su vez, comparó que en la gestión anterior “las jubilaciones y pensiones perdieron un 19.5 y hoy recuperamos un 4.7”.

En su presentación, Raverta recordó que “cuando llegamos a la gestión nos hicimos cargo del organismo en un contexto muy difícil atravesando la primera ola, la curva de contagios por las nubes, pandemia, crisis humanitaria mundial, nos propusimos dos grandes objetivos además de la urgencia de la pandemia, creíamos que teníamos que cumplir con objetivos estructurales porque para eso nos habían votado, para resolver los problemas reales y buscar soluciones definitivitas”.

“Los dos objetivos fueron recuperar tiempo perdido en relación al alcance a la cobertura de nuestras prestaciones, de los derechos que cada argentino recibe por parte del organismo mes a mes y, por el otro lado, recuperar tiempo perdido en relación al poder adquisitivo a la capacidad de compra, al valor de esas asignaciones”, precisó.

En esa línea, indicó que “volver a construir un organismo empático e inteligente nos puso a trabajar con mucho compromiso y muchas horas para asistir los 7,5 millones de jubilados y pensionados, los 8,7 millones de niños y adolescentes de los que 4,4 son de AUH y 4,3 millones de AAFF de chicos cuyos padres no tienen trabajo; 1 millón de personas con otro tipo de prestaciones”.

En ese sentido, sostuvo que “instrumentar la capacidad diaria del organismo puso como objetivo estar a la altura de un tiempo de emergencia”, y detalló: “Asistimos a 9 millones de personas con el IFE aquellas personas que tenían sus ingresos informalizados, también nos ocupamos de trabajadores en relación de dependencia achicando un aporte al sector privado y a las empresas en donde allí trabajaban pagando la mitad del salario a más de 1,8 millones de personas; REPRO II”.

Y siguió: “Bonos de Salud; había que acompañar a los trabajadores de la salud que ponían el cuerpo como todos, pero de manera especial porque era un tiempo en donde quienes trabajan en salud se sacrificaban y se exponían; el Bono de Cultura de 50 mil, porque es una Argentina que atiende a todos porque los trabajadores de la cultura no pudieron trabajar durante la pandemia se instrumentó una política de asistencia económica; bonos a jubilados y pensionados: en nueve oportunidades salimos a poner más dinero en el bolsillo, además de la instrumentación de los aumentos de la fórmula que fue votada en este Cuerpo;  el Refuerzo de Ingresos a trabajadores informales más de 7,5 millones de personas alcanzadas”.

“Estas medidas son medidas excepcionales, hubo que tomarlas en función de garantizar la cotidianeidad de un organismo que asiste, que dialoga prestacionalmente con 17 millones de personas esto sobrecarga nuestra capacidad, pero hemos podido estar a la altura de ese tiempo haciendo lo que había que hacer”, destacó Raverta.

A su vez, señaló que para garantizar esa afluencia diaria “son muchos los millones de ciudadanos que todos los días asistimos, estamos hablando de 90 mil personas por día que asistimos en las oficinas, realizamos 110 trámites por día, es decir, 2 millones de personas por mes y 2.3 millones de trámites mensuales”.

“Además de las más de 200 oficinas que teníamos, construimos 50 oficinas nuevas. Cuando nosotros llegamos en ANSeS eran 13.761 trabajadores, en 2022 estamos trabajando con 13.580 personas (-1,3%). Esto es algo que tenemos que atender porque tenemos más oficinas, más trabajo, más personas por atender, pero con menos empleados”, precisó la funcionaria.

Por otro lado, resaltó que “ANSeS llega a las familias argentinas dos grandes universos: a los chicos adolescentes, niños y niñas y a las personas mayores”. Sobre las personas mayores describió que “el alcance del sistema previsional argentino nos tiene que poner sumamente orgullosos como tenemos a una población en condiciones de obtener una jubilación asistida. El 95% de las personas que están en edad de estar jubiladas reciben una jubilación o pensión mensual”.

“Personas mayores de 60 años ¿qué hubiera sucedido si en pandemia no tenían la posibilidad de contar con una jubilación en ese contexto? Es la posibilidad de que hombres y mujeres en edad de riesgo que no son población económicamente activa, el sistema previsional garantiza que esas personas mayores tengan un plato de comida”, destacó Raverta.

En ese sentido, precisó: “Actualmente hay 8,8 millones de beneficiarios previsionales de los cuales más de 7 millones contributivos y 1,8 millones no contributivos. Este nivel de cobertura y de alcance es producto de dos decisiones políticas homologadas en este Cuerpo la Ley del año 2005 y otra el 2014 en donde los argentinos tuvieron la posibilidad de pagar su deuda con el Estado a través de una moratoria para poder tener la jubilación que otros con 30 años aportados tenían esa posibilidad”.

“Las jubilaciones de quienes tienen una moratoria son más bajas y las jubilaciones de quienes no tiene una moratoria y han tenido 30 años aportados tienen una jubilación más alta. El sistema previsional sigue garantizando ser un sistema solidario”, agregó.

Otro de los objetivos que se propusieron fue que “había que seguir garantizando el alcance para que todas las mujeres que tuvieran más de 60 años pudieran alcanzar una jubilación  y el tiempo que está vigente para pagar esa moratoria es muy chiquito para que se puedan poner al día , por lo tanto instrumentamos una política que tiene que ver con reconocer los años de aporte por las tareas de cuidado, es decir un año de aporte por cada hijo porque el Estado reconoce que ese tiempo invertido en la familia es tiempo que dedicaron a construir una Argentina mejor”, y resaltó: “Esa política permite que más de 207.000 mujeres accedan a una jubilación”.

“También nos teníamos que hacer cargo de hombres y mujeres que tenían los años aportados y no le debían nada al Estado, pero les faltaba edad y conseguir trabajo cuando sos más grande es más difícil. Con un decreto el 674/2021 se logró instrumentar una política que tenía un antecedente en el 2005 que es la jubilación anticipada para personas que a cierta fecha que se encontraran desocupados y de esta manera poder acceder a una jubilación. Son 20 mil jubilaciones anticipadas, iniciadas 16500 en el bolsillo”, explayó la titular de ANSES.

En suma, destacó que “todos los meses estamos mejorando nuestro funcionamiento, el rendimiento jubilando más gente”, y precisó que de los últimos 6 años en el mes de septiembre fue el mes donde más jubilaciones se tramitaron que fueron “556.992 nuevos beneficios previsionales en los primeros 9 meses del año”.

 “Cuando venimos a discutir un presupuesto, venimos a contarles para qué necesitamos el presupuesto y por qué necesitamos que aumente. Podemos mostrar que nuestro ejercicio cotidiano es mejorar la calidad de vida de los argentinos”, manifestó la funcionaria y retomó lo planteado al comienzo sobre “recuperar el tiempo perdido” explicando que apuntan a “mejorar el sistema previsional”.

Y cuestionó: “Arrancamos la gestión con una jubilación que había perdido 19.5 en los últimos dos años del gobierno anterior, hoy ya llevamos recuperado 4.7”, pero reconoció que “no es suficiente”, anquen señaló que “estamos en el camino correcto con una fórmula de movilidad que se votó en este Congreso para poder seguir recuperando capacidad de compra. No es fácil porque no arrancamos de cero, arrancamos de -19.5 por eso celebramos cada aumento trimestral porque nos permite seguir construyendo ese horizonte de mayor capacidad de compra con las prestaciones, con las jubilaciones y pensiones”.

“Este presupuesto prevé que para las jubilaciones y pensiones haya un 74% más de la proyección de cierre del 2022. Cuando crece el salario de los trabajadores, y la economía argentina, crece el bolsillo de los jubilados porque el presupuesto prevé que se mejore en un 79% la recaudación y un 63% los salarios y por eso necesitamos esa proyección, ese aumento”, explicó Raverta.

En otro tramo de su exposición se refirió a la seguridad social para las niñas y adolescentes que “también tenía que recuperar el alcance de la cobertura”, y enumeró la Ley 1mil días, el Programa Alimentar, el Complemento Mensual al Salario Familiar, el Refuerzo en las Asignaciones Familiares, la ampliación del PROGESAR. Son 8.7 millones de nenes a los que les llega todos los meses una asistencia que permite hace 13 años que los hijos de trabajadores tienen un plato de comida y de quienes no tienen trabajo”.

“La Asignación Universal es un esfuerzo enorme en términos presupuestarios para llegar a los hijos de los trabajadores del pueblo, desocupados, informalizados, pero también el salario familiar es un esfuerzo muy grande en términos presupuestarios”, resaltó la funcionaria.

Sobre la Ley 1000 días precisó que “teníamos 6 meses de asignación por embarazo ahora son 9, eso habla de equiparar a las embarazadas que tiene trabajo con las que no lo tienen. Son 80 mil mujeres”.

Otro de los Programas que explicó es el Alimentar, sostuvo que “son 9 mil pesos además de las AUH para los chicos menores de 14 años, $13.500 para las familias que tienen dos nenes de esa edad, y $18.000 para quienes tienen más de tres chicos. Es una erogación presupuestaria importante que es trascendente en momentos económicos complejos, prever el estimado presupuesto 2023 en $342.066 millones nos preocupa que los chicos del país puedan tener el alimento que necesitan. Además, vamos a invertir lo que sea necesaria para que ese alimento este”.

“La AUH más el Programa Alimentar garantizan un piso de ingresos para las familias más pobres de la Argentina. Recuperamos un 54.5 ese ingreso”, subrayó Raverta y remarcó que “la AUH es una política indispensable que nos pone en el mejor de los mundos en el país donde los hijos de todos tienen la misma oportunidad de ser alimentados. De esa manera construimos un lugar mejor. Va a aumentar en un 71% respecto del crédito vigente lo que representa $684.360 millones”.

Al hablar del Complemento Mensual al Salario Familiar, señaló que en octubre de 2021 duplicaron el valor de las asignaciones de Rango I y II para los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas categorías A, B, C Y D; y prestación por desempleo. “Esto alcanza a 2 millones de chicos”, detalló.

“Hace un mes decidimos aumentar a $20.000 las AAFF para el tramo 1 aumentos para los trabajadores con menos aumentos salariales. El presupuesto tiene que apuntar hacia ese lugar”, contó y comparó: “Cuando llegamos era del 83% y ahora es del 101%”.

Y cerró pidiendo que voten el Presupuesto 2023 porque “tenemos que seguir en este contexto ayudando a las familias de quienes son tiene trabajo registrado y a las familias de los trabajadores y reconocer el esfuerzo que hacen los trabajadores para llevar el país adelante”.

En el marco de la reciente sanción de la Ley 27.675 de Respuesta Integral al VIH, hepatitis virales, otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Tuberculosis (TBC), la directora ejecutiva de ANSeS, Fernanda Raverta, convocó a una mesa de diálogo con diferentes organizaciones sociales involucradas en la temática.

Durante la reunión, Raverta expresó: “Esta ley es fruto de una construcción colectiva y de la inteligencia común entre el Estado y las organizaciones sociales. Con ese mismo espíritu hoy nos convocamos para avanzar en una reglamentación que garantice que todas las personas que necesiten de la Seguridad Social cuenten con un Estado que las acompañe. Nos parece muy importante construir cada paso de manera colectiva”.

En dicho encuentro, se trabajó en relación a los artículos de la ley que involucran la implementación de las políticas competentes al organismo, como la Jubilación Especial de carácter excepcional y la Pensión No Contributiva para personas con VIH, Hepatitis B y C.

Estuvieron presentes, por parte de ANSES, la directora general de Proyectos de Niñez, Adolescencia, Juventud y Género, Paula Ferro; el director general de Diseño de Normas y Procesos, Gustavo Gioia; y la directora de Promoción de Derechos de la Seguridad Social, Lucía Corsiglia.

En tanto, participaron los integrantes de las siguientes organizaciones: por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fundación Grupo Efecto Positivo, Ciclo Positivo, Nexo Asociación Civil (FALGBT), Red de Jóvenes Positivos (RAJAP), Fundación Huésped, Red Argentina para los derechos y asistencia de las personas con VIH, Las 7H, Secretaría de VIH FALGBT, HepaRed, Grupo Convivir del Hospital Muñiz, ACT UP Argentina Buenos Aires 3D Diversidad y DDHH en Salud; por Buenos Aires, Red Bonaerense de Personas viviendo con VIH/ Sida (La Matanza), Red Argentina de Personas con VIH + 30 (La Matanza), Red Argentina de personas viviendo con VIH/ Sida (Mar del Plata); Comisión Internacional de Mujeres viviendo con VIH/ Sida (Tigre); por Misiones, Liga LGBTI de las Provincias; por Tucumán, Tucumán Peroncha; por Santa Fe, Red Dar + Red Argentina de Personas viviendo con VIH/ Sida (Santa Fe).

La actual legislación supera el enfoque biomédico por otro centrado en el género y los derechos humanos en la respuesta al VIH, hepatitis virales e ITS y TBC.

En su capítulo VII concerniente a la Seguridad Social, artículos 24 al 27, crea una jubilación anticipada y contributiva para quienes viven con VIH, Hepatitis B o C, cuyos requisitos son tener 50 años de edad a la solicitud, 20 años de servicios con aportes en cualquier régimen y 10 años desde el diagnóstico.

Asimismo, en los artículos 30 al 32 crea una Pensión No Contributiva, vitalicia, para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social consistente en el 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.

El Gobierno oficializó este miércoles la prórroga de la moratoria previsional, a la espera de que el Congreso apruebe una nueva ley, que es impulsada desde el kirchnerismo y ya cuenta con media sanción del Senado pero que era complicado pudiera aprobarse antes del 23 de julio, día en que vencía el actual régimen especial para la regularización de deudas previsionales.

Mediante la resolución 174/22, publicada en el Boletín Oficial, y que lleva la firma de la titular del organismo, Fernanda Raverta, se estableció extender hasta el 31 de diciembre de 2022 “el plazo de adhesión al régimen especial de regularización de deudas previsionales establecido por la Ley N°26.970” y prorrogado por la resolución en junio de 2019, para las mujeres que cumplieran la edad jubilatoria y fueran menores de 65 años.

Además, la medida aclara que esa prórroga “quedará sin efecto, de pleno derecho, si durante su transcurso entrara en vigencia un nuevo régimen para el acceso a las prestaciones previsionales, a través de un plan de regularización de deuda previsional”.

En los considerandos se destacó que “los regímenes de regularización de deuda previsional han sido la herramienta principal a través de la cual las personas mayores han podido acceder a una prestación previsional, y han sido implementados de forma ininterrumpida desde fines del año 2004 en nuestro país”.

“La necesidad de regularizar períodos de aportes se explica por las dificultades que las personas atravesaron en sus trayectorias pasadas para sostener inserciones continuadas en modalidades laborales registradas, y estas dificultades tienen su origen, en enorme medida, en las reiteradas crisis del mercado de trabajo en los pasados 30 años”, se señaló.

Respecto al Congreso, se remarcó que “se han presentado diferentes proyectos legislativos, los cuales se encuentran actualmente en tratamiento, para dar continuidad a estas herramientas que permiten a las personas mejorar su situación previsional para acceder a una jubilación contributiva”.

Sin embargo, “de prolongarse en el tiempo el tratamiento legislativo de los proyectos en curso, podría ponerse en riesgo la prestación alimentaria que se deriva de los beneficios previsionales”.

“En materia de seguridad social debe primar, a fin de que no se desnaturalicen los fines superiores que la rigen, la protección de las personas desde una perspectiva de derechos, implementándose medidas que generen respuestas a las condiciones de los sectores de la ciudadanía con mayores necesidades”, se agregó.

En el arranque de la semana, el presidente Alberto Fernández se reunió con Raverta y anunció por redes sociales que se tomarían medidas ante el inminente vencimiento de la moratoria actual.

El proyecto impulsado en el Senado por el Frente de Todos contempla un plan de pagos al que podrán acceder, durante un período de dos años, aquellas personas que ya cumplieron o estén por cumplir la edad jubilatoria (60 las mujeres y 65 los hombres) y no tengan los 30 años de aportes exigidos. Se busca regularizar los períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008, inclusive. Esto se podrá hacer con un pago en hasta 120 cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Por otra parte, la iniciativa establece la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.

El proyecto recibió media sanción el 30 de junio pasado por 38 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones. En la Cámara de Diputados, la iniciativa ya comenzó a ser analizada en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, cuya titular la camporista Marisa Uceda.

A diferencia del Senado, en la Cámara baja el texto también pasará por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, algo reclamado desde la oposición ya que prevé el costo fiscal para el 2022 sería de un 0,02% del PBI, mientras que para el 2023 del 0,3% PBI.

Luego de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, extendiera por decreto la moratoria previsional que vence el próximo sábado 23 de julio hasta tanto salga la ley del Congreso, la titular del ANSeS, Fernanda Raverta, celebró dicha decisión y remarcó: “Queremos que haya una nueva ley que permita regularizar aportes”.

En el marco de declaraciones radiales, la directora ejecutiva de ANSES señaló que la extensión del plazo de la moratoria vigente será “hasta la sanción en el Congreso de una nueva ley de pago de deuda previsional”.

De este modo, resaltó que “con esta prórroga garantizamos que las mujeres de entre 60 y 64 años inclusive puedan continuar jubilándose con las condiciones vigentes”.

Asimismo, Raverta indicó: “Queremos que haya una nueva ley que permita regularizar aportes porque son muchas las argentinas y argentinos que necesitan que el Estado les dé la posibilidad de pagar esa deuda previsional para jubilarse”.

Finalmente, la funcionaria afirmó que “vamos a seguir trabajando para que en nuestro país no haya ninguna persona mayor sin un ingreso”.

Tal cual se esperaba, el presidente Alberto Fernández extenderá por decreto la moratoria previsional que vence el próximo sábado 23 de julio, hasta tanto salga la ley del Congreso.

El propio mandatario lo anunció a través de las redes sociales, donde contó que este lunes se reunió con la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, para analizar la situación de los jubilados de Argentina y las medidas a tomar por el vencimiento del plazo de la moratoria previsional sancionada en el 2014. En ese sentido señaló que dicha moratoria “fue una política indispensable en nuestro país para garantizar que millones de mujeres mayores puedan acceder a su jubilación”.

“Por eso tomamos la decisión de extender su plazo hasta que el Congreso sancione una nueva ley”, precisó el presidente de la Nación, que agregó que “de este modo, reforzamos nuestro compromiso con garantizar que todas las personas mayores, después de toda una vida de trabajo, puedan acceder a su jubilación”.

El diputado nacional oficialista Marcelo Casaretto aplaudió la medida, al tuitear este lunes: “Excelente decisión del presidente. Nuestro gobierno decidiendo ampliar derechos, para argentinos y argentinas que teniendo la edad jubilatoria no tienen los años de aportes necesarios. Tenemos que sancionar una ley en el Congreso, que ya empezamos a debatir hace algunas semanas”.

El proyecto impulsado en el Senado por el Frente de Todos contempla un plan de pagos al que podrán acceder, durante un período de dos años, aquellas personas que ya cumplieron o estén por cumplir la edad jubilatoria (60 años las mujeres y 65 los hombres) y no tengan los 30 años de aportes exigidos. Se busca regularizar los períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008, inclusive. Esto se podrá hacer con un pago en hasta 120 cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Fue aprobado el pasado 30 de junio la Cámara de Senadores aprobó con 38 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones. En la Cámara de Diputados el proyecto ya comenzó a ser analizado en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, cuya titular Marisa Uceda anticipó que citarían a Silvina Batakis para preguntarle sobre el tema. Cabe aclarar que Presupuesto y Hacienda participará también del tratamiento de esta norma que beneficiaría a cerca de 800 mil personas (477 mil mujeres y 295 mil hombres) que están en edad de jubilarse pero no tienen los años de aportes, y según se anticipa desde el oficialismo, el costo fiscal para el 2022 sería de un 0,02% del PBI. Para el 2023, el gasto sería del 0,3% PBI.

La senadora nacional Lucía Corpacci y el intendente Sebastián Noblega recibieron en la ciudad de Tinogasta a la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, para concretar la inauguración de la Unidad de Atención Integral (UDAI) seccional Tinogasta, ubicada en la calle Juan Domingo Perón 475. 

Acompañando a la titular de la cartera de ANSES estuvo presente Juan Manuel Tignanelli, subdirector ejecutivo de Prestaciones y la directora general de Proyectos Paula Ferro. Además, participó el ministro de Gobierno de Catamarca, Jorge Moreno, el gerente de ANSES de Catamarca Enzo Carrizo, funcionarios municipales, provinciales y legisladores.     

Durante la apertura, Raverta destacó que “cada vez que abrimos las puertas de una oficina nueva sentimos una enorme emoción porque sabemos que implica el acceso a los derechos de la seguridad social en distintas etapas de la vida. Es una alegría abrir esta nueva delegación de ANSES con la que reforzamos nuestro compromiso de llegar de forma ágil y moderna a cada rincón de nuestro país. Seguimos construyendo un organismo cada día más empático y cercano al servicio de las y los argentinos”. 

A su turno, el intendente Noblega expresó: “Es un hecho histórico para nuestro futuro, para el progreso y desarrollo del departamento. Este es un compromiso para seguir fortaleciendo la presencia del Estado Nacional en nuestra provincia y en el interior para que cada vecino y vecina viva mejor”. 

Corpacci, en tanto, señaló: “Todos los días escuchamos en las noticias que la política es mala, que el Estado no sirve para nada, etc. Que la directora de ANSES este hoy aquí, que se haya decidido abrir una oficina en Tinogasta es política. Son las diferentes miradas que tienen los diferentes espacios políticos sobre los ciudadanos y ciudadanas argentinas lo que hace la diferencia, para algunos los ojos siempre están puestos en las grandes ciudades, para nosotros todos y todas tienen los mismos derechos”. 

Al concluir la inauguración, y junto a la Unión de Prestadores de Servicios Turísticos y la Cámara Económica de Tinogasta, se llevó a cabo una reunión en la iglesia Nuestra Señora de Andacollo, punto emblemático en la Ruta del Adobe a los efectos de dar a conocer la puesta en valor del monumento histórico catamarqueño.   

Antes de cerrar la visita en Tinogasta, los presentes compartieron un momento con adultos mayores residentes del hogar de ancianos. Allí Raverta sostuvo: “Para nosotros es fundamental hablar a diario con las jubiladas y jubilados, que nos cuenten sus historias, sus miradas y proyectos que tanto nos guían a la hora de pensar nuevas políticas para consolidar derechos”. 

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, realizó un fuerte descargo en sus redes sociales luego de que un informe periodístico denunciara que en La Casa de Todos, una sede de La Cámpora en el distrito, “se utilizan recursos del Estado” para hacer política partidaria. 

“Voy a exigir que se esclarezca lo sucedido y se determinen responsables. Le pido a la directora de Anses, Fernanda Raverta, que tome decisiones urgentes para detener estas prácticas nefastas y cortar los vínculos de la oficina de Caseros con toda acción partidaria en nuestro Municipio”, expresó el jefe comunal. 

Además, Valenzuela remarcó que utilizar los recursos que pertenecen a toda la comunidad “a favor del Frente de Todos y para la gestión de los punteros es alejarse de la sociedad y de los problemas reales que tienen hoy los argentinos. Desde que asumí como Intendente encaré un cambio cultural profundo, decidimos sacar a todos tramitólogos para transparentar todos los trámites y servicios municipales”. Y agregó “No podemos tolerar que se abusen los derechos de los que menos tienen y que los manipulen para beneficiar sus intereses políticos”. 

“Para nosotros el Estado no puede representar los intereses de la política. Solo haciendo las cosas bien se mejora la vida de los vecinos. Nada nos va a detener para construir el Tres de Febrero que soñamos desde 2015”, concluyó el intendente. 

En la ciudad de Mendoza, la directora ejecutiva de ANSeS, Fernanda Raverta, presentó el nuevo Régimen Previsional para Obreros y Obreras, Empleados y Empleadas y para Contratistas de Viñas, que permite que trabajadores del sector que cuentan con 25 años de aportes, puedan jubilarse a los 57 años de edad. Estuvo acompañada por la senadora nacional y autora del proyecto de ley, Anabel Fernández Sagasti, y el jefe de la Regional Cuyo de ANSeS, Carlos Gallo.

Este nuevo régimen previsional fue reglamentado el pasado 27 de febrero y mejora los requisitos para las personas trabajadoras de esa actividad para la obtención de su jubilación. Durante el encuentro realizado en la finca Linares, dieron inicio al trámite de las primeras jubilaciones con estas características de los trabajadores viñateros, en la Unidad de Atención Móvil que ANSeS puso a disposición de los empleados.

Al respecto, Raverta expresó que “este nuevo régimen significa un paso más en materia de derechos para las y los trabajadores, en este caso de quienes hacen el trabajo de cultivo de vid, una tarea tan sensible a nuestra cultura nacional y tan importante para el crecimiento y desarrollo de nuestro país”.

“Es un día muy importante, por eso junto a la senadora Anabel Fenández Sagasti, vinimos a acompañar a los primeros viñateros que van a jubilarse y a tener acceso a un sistema previsional que piensa en la particularidad de este sujeto colectivo que tan bien le hace a la provincia, a la región y a la Argentina”, agregó.

Asimismo, Fernández Sagasti mencionó: “Como mendocina siento un inmenso orgullo de presentar acá las primeras jubilaciones anticipadas para viñateros y contratistas de viña, en esta Vendimia que hoy es un poco más justa porque son las trabajadoras y los trabajadores los verdaderos hacedores junto a los productores”.

También, la titular de ANSES entregó a los trabajadores del organismo dos camionetas para las unidades de atención móvil y equipamiento informático para las oficinas locales.

Nuevo régimen previsional para trabajadores de la vid

El decreto 99/22 reglamentó este nuevo régimen, sancionado en noviembre pasado por el Congreso de la Nación a través de la Ley N° 27.643, que fija la edad de acceso en 57 años indistintamente para mujeres y varones, y la acreditación de servicios con aportes en 25 años. Asimismo, establece un incremento de 2 puntos porcentuales en la contribución patronal.

El nuevo régimen para trabajadores y trabajadoras de viñas tiene importantes similitudes con el Régimen de Trabajo Agrario (Ley N° 26.727), porque comparte muchas de las condiciones por el tipo tareas que contempla. En la ley se explica que la vid no encuentra otra forma de ser trabajada que no sea a través de distintos trabajos manuales de hombres o mujeres, que hacen que el obrero y la obrera de viña transformen su cuerpo en su principal herramienta de trabajo y generen un proceso de desgaste y envejecimiento prematuro en relación con las condiciones de otras actividades laborales.

Actualmente hay 12.500 trabajadoras y trabajadores registrados en empresas con actividad principal de cultivo de vid para vinificar. Durante 2022, 2.250 de ellos, alcanzarán la edad para poder jubilarse a través de este nuevo régimen.

El 71% del total de las personas que podrán acceder durante este año a su jubilación, 1.587 trabajadoras y trabajadores, son de la provincia de Mendoza. Otros 533, son de la provincia de San Juan (24%), mientras que el resto de las trabajadoras y trabajadores de viñas que alcanzarán este año la edad de retiro se reparten entre el resto de las provincias.

Innumerables fueron los saludos hacia la vicepresidenta Cristina Kirchner este sábado, con motivo de su cumpleaños. Pero también hubo mensajes críticos, como el de la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli, quien tuiteó: “Hoy es el cumple @CFKArgentina, un feliz cumpleaños no se le niega a nadie. Fiestón se mandará con los más de 2.500.000 de pesos de jubilación que cobra por mes y que Fernanda Raverta le empezó a pagar antes del fallo judicial q se la otorgó y que ANSeS nunca apeló. Pobres los jubilados de a pie”.

Hoy es el cumple @CFKArgentina,un feliz cumpleaños no se le niega a nadie. Fieston se mandará con los mas de 2.500.000$ de jubilación q cobra por mes y q @FerRaverta le empezo a pagar antes del fallo judicial q se la otorgó y q @ansesgob nunca apeló. Pobres los jubilados de a pie

— Marcela Campagnoli (@M_Campagnoli) February 19, 2022

La diputada nacional Graciela Ocaña (Pro) se presentó ante la Cámara Federal de la Seguridad Social con el objeto de que se declare la nulidad del desistimiento efectuado por ANSeS en el caso de las dos pensiones vitalicias de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Solicito nuevamente se me autorice a intervenir como tercero,  ya que el orden público está obviamente comprometido, generándose una situación de gravedad institucional, en tanto aquí se cuestionan circunstancias que exceden el mero interés individual de las partes y afectan de modo directo a la comunidad”, sostuvo la legisladora de Juntos por el Cambio.

En el escrito presentado, con el patrocinio del exdiputado Lucas Incicco, la compañera de fórmula de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires señaló que “resulta más evidente y necesaria que nunca la protección de los intereses de la sociedad y de los ciudadanos, especialmente los jubilados, en nuestro carácter de representantes del pueblo”.

Para Ocaña, por parte de la ANSeS, organismo dirigido por Fernanda Raverta, existió “un vicio en la voluntad de la Administración”. “Asimismo, destaco que el desistimiento del organismo produce un enorme perjuicio al erario público, que es el dinero recaudado con el esfuerzo de todos los argentinos, que en nuestro carácter de representantes del pueblo nos vemos obligados a defender, ante la escandalosa actitud de los funcionarios que deberían ocuparse de ello”, enfatizó.

Y apuntó que esta decisión “viene a coronar una cadena de hechos que configurarían un delito por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y principalmente por mala administración de los fondos públicos, que será objeto de la denuncia penal pertinente”.

Días atrás, la ANSeS presentó un escrito en la Justicia en el que desistió de apelar el fallo que ordenó devolverle la doble pensión a la vicepresidenta.

Con la firma del jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, se presentó este jueves en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de tarifas diferenciales de gas para más de tres millones de personas, que amplía el beneficio que actualmente rige para la región patagónica.

La iniciativa propone subsidiar el gas a toda la provincia de Mendoza, parte de San Luis y San Juan y 54 municipios bonaerenses, que por sus bajas temperaturas se consideran “zonas frías”.

El proyecto fue fruto de un trabajo en conjunto con la oposición, por el cual se unificaron propuestas de los diputados Liliana Schwindt (Frente de Todos), José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) y Alejandro “Topo” Rodríguez (Consenso Federal).

La presentación formal, realizada en el Salón de Honor, fue encabezada por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y participaron la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, y las diputadas Cecilia Moreau, Cristina Álvarez Roríguez y Jimena López, además de los autores de los proyectos.

Massa destacó que la iniciativa “implica llevar alivio a los usuarios y usuarias de gas y eso genera un impacto directo en el bolsillo”.

Por su parte, Máximo Kirchner explicó que el proyecto significa “un cambio de paradigma en relación a lo que se hizo en cuatro años del gobierno de Juntos por el Cambio con las tarifas”.

“Quienes desconocen la realidad de la Argentina y hablaban de veredas calefaccionadas o de que los argentinos y argentinas malgastaban el gas le hicieron un gran daño al poder adquisitivo de nuestro pueblo”, agregó.

El oficialista explicó que “lo que (los usuarios) no destinen al gas, lo van a usar para mejorar sus calefactores, que en las zonas más frías además tienen más uso porque la temporada de bajas temperaturas dura más tiempo”.

Para Kirchner, “este proyecto está en línea con el compromiso que asumimos en 2019 junto con el presidente: buscar alternativas para, de a poco y a pesar de la pandemia, en un contexto complejo donde muchos han perdido a seres queridos, ir avanzando y salir del infierno en el que nos dejaron”.

“Es muy saludable que lo hagamos de manera conjunta con otros bloques y vamos a darle tratamiento lo más pronto posible porque es en beneficio de nuestra gente”, concluyó el titular de la bancada oficialista.

De qué trata el proyecto

El proyecto da respuesta a una demanda histórica por parte de asociaciones de defensa de usuarios y consumidores de las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta y 54 municipios de la provincia de Buenos Aires que se suman al beneficio que ya tiene la región patagónica.

Lo que se establece es una disminución de entre el 30% y el 50% sobre las facturas de gas de usuarios residenciales, dependiendo de la situación de mayor o menor vulnerabilidad -se tomaron quienes están comprendidos en el decreto presidencial 311/20-.

En las nuevas localidades, la rebaja del 50% abarcará a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo; titulares de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a cuatro veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; y monotributistas sociales.

El beneficio también comprende a jubilados y pensionados; trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a cuatro Salarios Mínimos Vitales y Móviles; y monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en cuatro veces el SMVM.

Otros beneficiarios serán los usuarios que perciben un seguro de desempleo; electrodependientes; usuarios incorporados al Régimen de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares; usuarios exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza; y veteranos de guerra que perciban una pensión vitalicia.

En tanto, el resto de los usuarios residenciales de las zonas incorporadas accederá a la reducción del 30% de la tarifa de gas.

Además, se incluye a la garrafa para las mismas regiones, provincias, departamentos, municipios y partidos que se incorporan al beneficio.

Además de la Patagonia, quedarán comprendidos:

• Toda la provincia de Mendoza;

• En San Juan, los departamentos de Jáchal, Sarmiento, Ullum, Zonda, Calingasta, Iglesia, Albardón, Capital, Chimbas, 9 de Julio, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, San Martín, 25 de Mayo, Angaco y Caucete;

• En Salta, los departamentos de Cachi, Cafayate, La Paloma, Los Andes, Rosario de Lerma y San Carlos;

• En San Luis, el departamento de General Pedernera;

• En provincia de Buenos Aires, los municipios del Partido de La Costa, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, General Pueyrredón, General Alvarado, Lobería, Necochea, Tres Arroyos, San Cayetano, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Coronel Rosales, Bahía Blanca, Villarino, Patagones, Tandil, Olavarría, Azul, General La Madrid, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Coronel Pringles, Laprida, Benito Juárez, Gonzales Chaves, General Juan de Madariaga, General Lavalle, Ayacucho, Rauch, Pellegrini, Salliqueló, Guaminí, Tres Lomas, Daireaux, Balcarce, Puán, Adolfo Alsina, Tapalqué, General Guido,  Castelli, Dolores, Maipú, Tordillo, Hipólito Yrigoyen, Carlos Tejedor, Bolívar, Pehuajó, Trenque Lauquen, General Alvear, Rivadavia, General Villegas y Carlos Casares.

La titular ejecutiva del ANSES Fernanda Raverta se refirió a la aprobación del proyecto de modificación del Impuesto a las Ganancias que establece un nuevo piso, y afirmó que “con la modificación, 130 mil jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas dejarán de abonar el Impuesto a las Ganancias y solo el 0,4 por ciento de ellos continuarán haciéndolo. Al tiempo que destacó: “Este cambio es muy importante porque el dinero se volcará al consumo interno, moviendo así el círculo virtuoso de la economía y ayudando directa e indirectamente a toda la actividad productiva de la Argentina”. 

La Cámara alta de la Nación convirtió en ley el proyecto de modificación del Impuesto a las Ganancias que establece un nuevo piso. En el caso de las jubilaciones y pensiones se eleva el Mínimo No Imponible (MNI) de 6 haberes mínimos (123.429 pesos) a 8 haberes mínimos (164.572 pesos), beneficiando a 130 mil jubilados y pensionados que dejarán de abonar el impuesto.  

Además, la ley estipula que el MNI se ajuste trimestralmente: en marzo, junio, septiembre y diciembre, es decir, acorde a la fórmula de movilidad, acompañando el incremento de los haberes de manera automática.  

El impacto de esta medida en los beneficios previsionales será de entre 3.100 y 4.200 pesos mensuales, según el monto de los haberes, para cada uno de los jubilados y pensionados que dejan de pagar el impuesto.  Esto se traducirá en un total de 6.200 millones de pesos.  

Cabe destacar que en diciembre de 2015 pagaban el impuesto 62 mil beneficiarios, mientras que, en el mismo mes de 2019 este número se elevó a 163 mil. Con la implementación de la nueva ley lo abonarán tan sólo el 0.4% del total jubilados y pensionados.  

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff apeló el fallo del juez federal Ezequiel Pérez Nami que había autorizado a Cristina Kirchner la posibilidad de cobrar una pensión como expresidenta y otra por ser la viuda del expresidente Néstor Kirchner, además de intereses retroactivos y sin pagar el Impuesto a las Ganancias. 

Asseff, titular del Partido UNIR, consideró que “la pensión honorífica acordada por la Ley 24.018 no es acumulable a todos los beneficios previsionales como se quiere demostrar en esta causa, y la pensión aludida es única”. Y agrega que “hay que impedir este atropello hacia los jubilados que cobran una miseria en materia previsional pues la carga incorrecta de este doble beneficio hace la necesidad moral y jurídica de intervenir en este caso”. 

El diputado analizó también la actuación de la directora ejecutiva de Anses, María Fernanda Raverta, y sostuvo que “ha dejado mucho que desear en esta causa como en todo su desempeño desde su nombramiento al frente del organismo previsional”. Y agregar que se puede sospechar de “complicidad entre las partes, ya que la actual vicepresidente de la nación cumple con un rol esencial en la función de Estado y aparentemente ha optado por complacerla ya que no ha hecho nada por detener, complicar o dilatar el expediente, es más parecería que está conforme con la estrepitosa suma de dinero a pagar, cuando a la fecha no se han cumplido con las sentencia de 23 los jubilados que siguen esperando que se les pague los haberes que después de 8 o 10 años de litigio se efectivicen”. 

Por último, Asseff argumentó que “el Poder Ejecutivo aprobó en el Congreso la Ley de Emergencia (Ley 27.541) donde, por un lado, el oficialismo marcó la situación crítica de las finanzas argentinas y de los sectores más vulnerable, y por otro lado suspendió la movilidad del régimen general de jubilaciones (Ley 24.241), dejando a salvo a los regímenes especiales, donde se encuentran los de los presidentes, vicepresidentes, Ministros de la Corte Suprema y magistrados y funcionarios judiciales”. Y concluyó diciendo que “mientras se sancionaba una ley de movilidad paupérrima y con un gran deterioro a los haberes de todos los jubilados, a escondidas se le otorgaba el doble beneficio a la expresidenta”. 

La presidenta del Concejo Deliberante de San Andrés de Giles Laura Branchini y su colega y compañera de bancada Mariana Cané presentaron su renuncia luego del escándalo que protagonizaron semanas atrás en el municipio, donde se aplicaron la vacuna Sputnik V en forma irregular, levantando todo tipo de quejas y protestas de los vecinos.  

Cabe resaltar que el plan provincial de vacunación, que en una primera instancia está enfocado al personal de salud se alteró en el distrito de la Segunda Sección Electoral, donde al menos 20 personas fueron vacunadas en forma irregular, entre ellas, las dos renunciantes concejalas del Frente de Todos, que gobierna el distrito.  

Mediante una nota Branchini y Cané presentaron su renuncia, que el cuerpo legislativo seguramente avalará en la próxima sesión.  

Las exconcejalas responden políticamente a Marina Moretti, número dos de la ANSES y mano derecha de Fernanda Raverta en el organismo previsional.

En su descargo la ahora extitular del Concejo explicó que “fui llamada porque una persona no respondía el llamado del vacunatorio” mientas se “encontraba trabajando en la calle”  

Por su parte, Cané expresó que “dar un paso al costado es la mejor manera de despejar toda duda respecto a la campaña de vacunación que se aproxima”, y agregó que “en ningún modo se trató de un acto de abuso de poder y que no obré, bajo ninguna circunstancia, de mala fe”  

“Quiero pedir disculpas como ya lo hice oportunamente a toda la comunidad por el error cometido que desató un sinfín de presunciones, algunas malintencionadas y seguramente en busca de una ventaja política, que están muy alejadas de la realidad”, completó la edil.  

Más allá de las renuncias, autoridades del municipio resolvieron iniciar un sumario que podría traer sanciones a enfermeros, la coordinadora del vacunatorio Sandra Cabral, directores y hasta al secretario de Salud de la comuna Fernando Romero. 

En el marco de la apertura de la oficina Garín, partido de Escobar, la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, se refirió a la aprobación con 132 votos a favor de la Ley de Movilidad Jubilatoria en la Cámara de Diputados: “Esta fórmula que estuvo vigente de 2009 a 2017 permitió que nuestros jubilados y jubiladas tengan un incremento en su capacidad de compra de un 26 por ciento, mientras que con la del gobierno anterior perdieron casi un 20 por ciento respecto de la inflación. Por lo tanto, esta nueva ley actualizará ingresos para 17 millones de personas, entre jubiladas y jubilados, chicas y chicos de la Asignación Universal y el salario familiar”. 

Acompañada por el diputado nacional, Máximo Kirchner, y el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, la titular del organismo agregó que “el aumento de los haberes será cada tres meses -marzo, junio, septiembre y diciembre- y entrará en vigencia a partir del primero de marzo del año entrante”. 

“Recibimos una Argentina hecha pedazos, un pueblo al que le buscaron quebrar la autoestima. Cuando vemos esta oficina en condiciones laborales absolutamente dignas demuestra como desde el Estado se trabaja para que las argentinas y argentinos vivan un poco mejor todos los días”, expresó Kirchner.  

En tanto, Sujarchuk le agradeció a Raverta por “la apertura de esta delegación. Este año, y con pandemia, en cuatro meses lo pudimos hacer para todos los vecinos de Escobar”.  

Ley de Mil Días y Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo 

Asimismo, Raverta resaltó tanto la aprobación por unanimidad de la Ley nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia (Mil Días) como la aprobación con 38 votos a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).  

Sobre la Ley de Mil Días, la directora ejecutiva sostuvo que “llegará a las mujeres y personas gestantes en situación de vulnerabilidad social durante el embarazo, nacimiento, puerperio y primeros años de crianza, para reducir la mortalidad infantil, la malnutrición y la desnutrición, y proteger los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional”. Acerca de la IVE, afirmó que “fue una gran decisión del presidente Alberto Fernández enviar al Congreso esta ley en esta sociedad que pelea por construir una patria de iguales y de ampliación de derechos”. 

Estuvieron también presentes las siguientes autoridades de la ANSES: la subdirectora ejecutiva de Prestaciones, Marina Moretti; el jefe de la Regional Conurbano I, Santiago Debandi; y el jefe de la delegación Escobar, Leonardo Moreno. 

La directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, sostuvo este lunes que la fórmula de movilidad propuesta por el Poder Ejecutivo da “certeza, tranquilidad y previsibilidad a los jubilados”, y aseguró que “no hay que hacer muchos pronósticos para ver que ha funcionado”.

Raverta participó del plenario de comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados que debate el proyecto. La funcionaria se conectó desde Río Grande, Tierra del Fuego, donde viajó para acompañar al presidente Alberto Fernández con motivo de una reunión del Gabinete en esa provincia.

“Venimos de un año donde hemos hecho un gran esfuerzo desde el Poder Ejecutivo”, dijo Raverta, y añadió: “Hemos logrado que los jubilados puedan tener, en sus aumentos trimestrales por decreto, la garantía de no perder en el año de la pandemia”.

En ese sentido, recordó que el aumento anual, a partir de los distintos aumentos trimestrales, fue del 35,3%.

“Esta es una fórmula que puede otorgar certeza, tranquilidad y previsibilidad a los jubilados, y ofrece una estrategia virtuosa porque ya ha actualizado los haberes entre 2008 y 2017”, enfatizó la titular de la ANSES, y agregó: “No hay que hacer muchos pronósticos para ver que ha funcionado”.

Desde la sede de la ANSES, el secretario general, Santiago Fraschina, puntualizó que con la fórmula aplicada en el kirchnerismo la recomposición de los haberes previsionales en términos reales fue de casi el 26%, mientras que con la fórmula del macrismo -que combinaba en un 70% el IPC y en un 30% la variación salarial- hubo una caída del 19,5%.

“Si la fórmula de 2017 se hubiese aplicado en el período 2009-2017, los jubilados hubieran perdido poder de compra”, analizó.

Asimismo, destacó que la fórmula propuesta por este gobierno está vinculada a los recursos de la seguridad social, mientras que con la implementada durante la gestión de Cambiemos “se alcanzó un déficit récord de 250.000 millones de pesos”.

Fraschina coincidió con Raverta en que a pesar de la pandemia, gracias a los cuatro aumentos por decreto -en marzo, junio, septiembre y diciembre- y los tres bonos otorgados, termina el año con un “35,3%” de aumento en el haber mínimo, y “el 70% de los jubilados mantienen su poder de compra”.

Además de eso, el funcionario ponderó los ingresos indirectos, como la suspensión del cobro de las cuotas de los créditos ANSES, el congelamiento de tarifas de servicios públicos y la provisión de medicamentos gratuitos a afiliados del PAMI.

El secretario general de la ANSES informó que la fórmula impactará en 16,8 millones de beneficiarios, incluyendo 4,4 millones de personas que reciben la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo; 4,4 millones que reciben asignaciones familiares por hijo; 7,2 millones de jubilados y pensionados, y 0,8% receptores de asignaciones por cónyuge.

Las jubilaciones y el FMI

Al responder preguntas de los diputados, Fraschina se refirió a la supuesta incidencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el nuevo cálculo de los haberes.

“Si analizan los distintos comunicados del FMI, siempre criticó la fórmula de 2008 porque justamente implicaba un aumento de la jubilación real. La crítica del FMI a la fórmula de 2008, que es la que estamos promoviendo, era porque querían un criterio mucho más fiscalista”, aclaró el secretario general de la ANSES.

Y amplió: “Justamente el FMI es el que siempre insiste en que las jubilaciones se tienen que aumentar por inflación, porque el objetivo del FMI es que la jubilación no aumente en términos reales, sino que, como mucho, la empate, y tratar de congelar la situación que heredamos”.

“Si le haríamos caso al FMI, estaríamos congelando la situación de caída del 19,5% en los haberes de los jubilados”, dijo Fraschina, en alusión al resultado que dejó la fórmula macrista.

Arranca esta semana corta en Diputados el debate sobre la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que ya cuenta con aprobación del Senado y es resistida por el grueso de la oposición en la Cámara baja.

El proyecto será tratado este lunes a las 14 en las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y de Presupuesto y Hacienda, que conducen, respectivamente, Marcelo Casaretto y Carlos Heller.

Asistirán al plenario el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la titular de ANSeS, Fernanda Raverta, quienes ya se presentaron en el Senado.

La intención del oficialismo es sancionar la ley el próximo martes 29, pero lo cierto es que está obligado a negociar con bloques minoritarios de la oposición, ante el rechazo de Juntos por el Cambio y de parte del Interbloque Federal.

Tendrá tiempo de hacerlo durante toda la semana, pues las reuniones de las comisiones continuarán el martes a partir de las 10 y concluirán el miércoles a las 10, fecha en la que debe suscribirse el dictamen correspondiente.

La iniciativa que aprobó el Senado combina en un 50% la recaudación de la ANSeS y en otro 50% la variación salarial, surgida de la que resulte más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).

“Volvemos a la fórmula de 2008 con la que los jubilados ganaron un 26% por encima de la inflación, y salimos de la fórmula de Macri de 2017 con la que los jubilados perdieron un 19%”, ratificó el diputado Marcelo Casaretto en vísperas del debate. Agregó el legislador que “la Argentina crecerá en 2021, y crecerán los salarios y la recaudación. Queremos que los jubilados tengan aumentos por encima de la inflación y mejoren su poder adquisitivo”.

Comenzará la semana próxima en Diputados el debate sobre la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que ya cuenta con aprobación del Senado y es resistida por el grueso de la oposición en la Cámara baja.

El proyecto será tratado el próximo lunes -en horario a confirmar- en las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y de Presupuesto y Hacienda, que conducen, respectivamente, Marcelo Casaretto y Carlos Heller.

Según supo parlamentario.com, ese día asistirían al plenario el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la titular de ANSES, Fernanda Raverta, quienes ya se presentaron en el Senado.

La intención del oficialismo es sancionar la ley el próximo martes 29, pero lo cierto es que está obligado a negociar con bloques minoritarios de la oposición, ante el rechazo de Juntos por el Cambio y de parte del Interbloque Federal.

La iniciativa que aprobó el Senado combina en un 50% la recaudación de la ANSeS y en otro 50% la variación salarial, surgida de la que resulte más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).

Por Melisa Jofré

Luego de casi tres horas de debate, el bloque Frente de Todos en el Senado pasó a la firma el dictamen del proyecto de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, en el marco de un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

Tras las exposiciones del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y de la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, el oficialismo avanzó con el despacho para poder tratarlo en el recinto la semana próxima. El interbloque Juntos por el Cambio ratificó su oposición a la propuesta.

La nueva fórmula presenta un esquema similar a la aplicada durante los años 2008-2017, al combinar en partes iguales la recaudación de la ANSeS y la variación salarial, teniendo en cuenta el aumento salarial más alto que haya otorgado un gremio o sector.

A instancias del Frente de Todos, y tras reuniones con la Casa Rosada, se introdujo una modificación por la cual el aumento del 5% otorgado recientemente no será a cuenta del que se otorgará en marzo de 2021. Además, las actualizaciones en los haberes no serán semestrales sino trimestrales.

Las exposiciones de los funcionarios

En primer término, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, recordó que la fórmula de movilidad sancionada durante la gestión de Cambiemos se suspendió en diciembre pasado en “una situación de emergencia”.

Luego, con la llegada de la pandemia, el funcionario habló del 2020 como “el peor año de la historia económica argentina”. “No tengamos duda, esto fue peor que 2002”, agregó, y dijo que en ese momento los jubilados “perdieron más de 20 puntos”.

Sin embargo, ante este contexto “hemos conseguido que el 75% de los haberes previsionales van a terminar el año levemente arriba o empatando con la inflación, cosa que no sucedía hace muchos años”. En ese sentido, Moroni destacó que los haberes mínimos tuvieron “un 34,9% de incremento, sin contar lo que dimos como bonos fijos”, que representó “un 8% más de incremento”.

“No puede considerarse esto un fracaso, al contrario es un gran éxito”, resaltó el titular de la cartera laboral, al tiempo que aseguró que la nueva fórmula debe verse “acorde con nuestro proyecto económico, político y social” de “una Argentina en crecimiento”, por eso justificó las variables de variación salarial y recaudación.

En su exposición también defendió que a partir de 2008, cuando empezó a regir la fórmula impulsada por el gobierno de Cristina Kirchner, se dio “el período de mayor incremento de los haberes previsionales”. A continuación, el ministro valoró que se volverá a este esquema y que además “el período de ajuste en vez de ser semestral va a pasar a ser trimestral”.

“Esta fórmula, en un proyecto de país creciente, es lo que debe ser. Hay que atar los ingresos de los queridos pasivos a los ingresos de los trabajadores activos. Es el mejor modo de garantizarles un crecimiento real. No podemos seguir pensando que solo hay que mantener el nivel adquisitivo, tenemos que lograr el crecimiento del salario, y logrando ese crecimiento vamos a lograr el crecimiento de los haberes previsionales. Ese es el proyecto de país y eso es lo que vamos a hacer”, completó.

Luego fue el turno de la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, quien mencionó que “en la historia argentina hubo solo dos leyes que implementaron fórmulas de movilidad” y ambas “han tenido características muy distintas”.

Con diapositivas en pantalla, la funcionaria comparó que el esquema utilizado entre 2008 y 2017 “logró que los jubilados y jubiladas crecieran en su valor adquisitivo y capacidad de compra un 25,8%”, mientras que el cálculo impulsado por el gobierno macrista hizo que “los jubilados perdieran en un 19,5%, casi 20 su capacidad de compra”.

Al referirse a la pandemia, la directora del organismo mostró los números de “un año que puso de manifiesto una crisis mundial, global y sanitaria”. Entre ellos, apuntó que se registró un 4,4% de caída del PBI mundial; un 8,1% de caída del PBI en América del Sur; y un 12,1% de caída del PBI de Argentina.

A pesar de ese escenario, Raverta defendió que la decisión del Gobierno fue “no dejar sin cuidado, sin protección a una enorme cantidad de argentinos”. Por ello, se realizó “un esfuerzo presupuestario en términos de acompañamiento”, con medidas que alcanzaron el 6,7% del PBI, y específicamente en las relacionadas con la ANSeS representaron más de dos puntos del PBI -IFE, ATP, bonos de salud y bonos Sostener Cultura-.

“Durante este año el Estado nacional estuvo a la altura de acompañar a cada argentino y argentina”, enfatizó y habló de la “preocupación” por los jubilados: “Los aumentos que se dieron por decreto durante 2020 lograron que los jubilados crecieran en su haber un 35,3%, mayor al de cualquier actividad de trabajadores”.

La titular de la ANSeS afirmó que se logró “que más del 70% de los jubilados le ganara a la inflación”, sumado a “medidas de ingreso indirecto” para el sector pasivo como la reducción de la tasa de interés de los créditos del organismo, la suspensión de la capitalización de los intereses en los meses que no pagaron, el congelamiento de tarifas de servicios públicos y la provisión de medicamentos sin cargo a los afiliados de PAMI.

“Los decretos fueron decisiones a favor de los jubilados”, ponderó y sobre la nueva fórmula, que restituye la de los años de los mandatos de Cristina Kirchner, consideró que “trae certeza y seguridad” y es “una ecuación que les da previsibilidad” a los jubilados.

La funcionaria diferenció: “El círculo virtuoso de la producción, la industria, el trabajo, el salario y el consumo hace que las dos fórmulas sean bien distintas, antagónicas. En una obviamente aumentó el PBI, aumentaron los salarios, aumentó la recaudación, por el modelo económico instrumentado en 2008, y obviamente aumentaron los haberes. Y en la otra obviamente cayó el PBI, los salarios, la recaudación y los haberes de las jubilaciones”.

Raverta manifestó tener “orgullo” por el “día histórico” de presentar una fórmula que “le permite a los argentinos y argentinas crecer” y “dejará a los jubilados por encima de la inflación”. “Se proyecta una recuperación de los salarios y, obviamente, que aumente la recaudación en términos reales”, pronosticó y añadió: “Estos aumentos van a ser superiores a la fórmula que fue suspendida”.

Intercambio con los senadores

Durante la extensa reunión, Raverta contestó varias preguntas de los senadores, incluyendo en algunos tramos las quejas de senadores de Juntos por el Cambio por las “no respuestas” de la funcionaria, o incluso la “tergiversación” de los dichos, como le reprochó Martín Lousteau (UCR). Por momentos, el encuentro se vio envuelto con gritos por interrupciones en los discursos, protagonizados por Lousteau y también Esteban Bullrich (Pro).

Tras hacer un repaso de la historia del sistema previsional argentino desde el ’94 hasta la actualidad, Lousteau planteó la necesidad de contar con “cálculos, análisis de sustentabilidad y evolución de los beneficios reales”, y pidió a los funcionarios que si los tenían “por favor nos lo den, porque es la manera más responsable que tenemos de votar”.

“Para poder discutir esto en profundidad necesitamos poder estar tranquilos que lo que se vota hoy no tiene un problema mañana”, reiteró. Al momento de las respuestas, el secretario general de la ANSeS, Santiago Fraschina, aseguró que durante la gestión de Cambiemos “no se hizo ningún estudio actuarial” y que “el último se había hecho en 2015”. “Este año lo hicimos y lo vamos a mandar”, afirmó.

A su turno, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) consultó, entre otras cuestiones: “¿En qué plazo se estima que se va a dar la recuperación de los haberes jubilatorios de nuestros jubilados a partir de la aplicación de esta fórmula?”.

“Nosotros estamos partiendo la recuperación de los haberes de los jubilados y jubiladas no en cero, no en menos diez, sino en menos veinte. Por lo tanto, la temporalidad para poder recuperar los haberes no la podemos precisar”, sostuvo Raverta, que hizo énfasis entonces en la “recuperación del 35% de los haberes mínimos” este año.

Y remarcó: “Con la fórmula anterior, la que estuvo vigente entre 2017 y 2019, que contemplaba la inflación, los jubilados y jubiladas perdieron ante la inflación”.

A favor de la iniciativa, el chubutense Mario Pais (FdT) opinó que la nueva fórmula “implica una absoluta mejora”. Además, recordó que cuando se votó la fórmula en diciembre de 2017 “no se requirió ningún cálculo actuarial y se votó”.

Para el oficialista, “las paritarias hacen prever que el año que viene va a haber una recuperación de salario”. “Esta movilidad es realmente positiva y me remito a los antecedentes”, expresó y agregó que “estamos reinstalando un mecanismo que cumple el artículo 14 bis de la Constitución”.

“¿Los jubilados con la suspensión de la fórmula en 2020 ganaron más o ganaron menos?”, preguntó el macrista Esteban Bullrich, que argumentó que la fórmula impulsada por Cambiemos “tenía virtuosismo en el largo plazo”, y por eso lamentó que se suspendiera.

“Los jubilados tienen más ingreso de lo que hubieran tenido con la fórmula de Macri”, respondió la titular de la ANSeS. Pero más tarde Bullrich reclamó que no le había contestado, al igual que sus pares los radicales Julio Cobos, María Belén Tapia y Julio Martínez, que consultaron la misma duda.

Al final de su exposición, Raverta informó: “Entre los aumentos por decreto y los bonos, los jubilados de la mínima en Argentina ganaron 7.000 pesos más que lo que hubieran ganado con la fórmula macrista”.

En el cierre, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, cuestionó que durante la gestión anterior los jubilados “sufrieron” y “vieron cómo día a día iba cayendo el valor de las asignaciones que tenían”. También, recordó que cuando Cristina Kirchner dejó el gobierno en 2015 “no había déficit del sistema previsional”.

“Ahora volvemos a la fórmula que les dio garantía de crecimiento. Está en las pruebas”, manifestó y advirtió que la caída de la economía, producto de la pandemia, “no está para nada superada, por supuesto”, pero “la visión es recuperar los ingresos de los jubilados”. “No venimos a improvisar, venimos con una fórmula que ya demostramos que funciona, por eso Macri la cortó”, añadió.

Al presentarse ante los diputados para defender el proyecto de “los mil días”, la directora Ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), Fernanda Raverta, expresó su confianza en que esta ley “va a ampliar derechos” para “el nuevo tiempo” que viene para la Argentina, que es “el de la reconstrucción”.

“Vamos a poner en pie de igualdad a los chicos y chicas que van a nacer en la Argentina con los que nacen en familias asalariadas; esto quiere decir ampliar la cobertura de la asignación universal por embarazo”, señaló.

Raverta habló de una nueva transferencia de ingresos a las familias que tienen chicos de entre 0 y 3 años: 3 pagos anuales de una prestación para el cuidado de la salud integral. Esto es, los chicos que tengan ya una asignación, van a tener una asignación universal más al año durante sus primeros tres años de vida.

La segunda prestación tiene que ver con poner en pie de igualdad a las mamás que cursan un embarazo y son mamás de una familia asalariada; a partir de esta ley, la asignación universal por embarazo se cobrará los 9 meses.

La tercera cuestión elimina un requisito que tenían las madres para cobrar la asignación por nacimiento y adopción, que tenía que ver con antigüedad, el requisito de 6 meses de manera registrada en un empleo formal y continuo. Esa antigüedad se elimina y ahora las madres con trabajo en relación de dependencia van a poder cobrar esa asignación sin importar la antigüedad que tengan.

La cuarta tiene que ver con ampliar la asignación por nacimiento y adopción, incluyendo a los padres que no tengan trabajo registrado: los trabajadores de la economía informal o desocupados podrán contar con la asignación por nacimiento y por adopción una vez que los tengan.

Raverta precisó que en la Argentina hoy 4.298.146 chicos perciben AUH; las personas gestantes se calculan en 70.012, que son las que hoy están cobrando la asignación por embarazo. A través de filminas agregó en referencia al impacto de la inversión social estimada que la asignación por cuidado de salud integral alcanzaría a 736.846 chicos, de entre 0 y 3 años, con una inversión social anual estimada en $2.765 millones de pesos; la extensión de la asignación por embarazo alcanzaría a 70.012 personas e implicaría $1.561 millones, y por último la ampliación de la asignación por nacimiento y por adopción involucraría a 175.812 recién nacidos, estimándose una erogación de $763 millones. En síntesis, se estaría hablando de una inversión social de $5.089 millones.

En lo que representó el inicio formal del tratamiento de la legalización del aborto y el proyecto conocido como de “los 1.000 días”, en la Cámara de Diputados, funcionarios nacionales exponen por videoconferencia brindando detalles de esta última iniciativa, que es la novedad que incluye este debate que ya se dio en el Congreso en 2018.

Para eso se presentaron ante un plenario de las comisiones de Salud Pública y Acción Social, y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta; la directora Ejecutiva de la ANSeS, Fernanda Raverta; el secretario de Interior del Ministerio del Interior, José Lepere,  y la directora de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio de Salud de la Nación, Gabriela Bauer.

Desde la Casa Rosada, la ministra Gómez Alcorta consideró que tanto el proyecto de los mil días como el del aborto legal “dialogan entre sí”, por cuanto hacen a la salud pública y precisó con relación a la formalmente denominada “Atención y cuidado de la salud durante el embarazo y la primera infancia” un proyecto “estratégico” por cuanto “pone en la centralidad de la agenda pública un tema fundamental para la salud colectiva”.

“Toda mujer que curse un embarazo tiene que contar con un Estado presente”, señaló la funcionaria, afirmando que ninguna mujer debe sentirse sola en esas circunstancias, y que “nadie se vea obligado a hacer algo que no quiera hacer”, en referencia al aborto, por razones económicas.

“El cuidado integral de la salud y en especial de las mujeres gestantes es una cuestión de salud pública”, enfatizó.

Gómez Alcorta remarcó que el proyecto “amplía derechos, crea una institucionalidad, a la vez que asegura un abordaje integral de la atención y el cuidado”. Habló de “políticas públicas que tienen como objetivo alcanzar el bienestar social bajo un enfoque de derechos”.

El proyecto se enmarca en dos leyes, la de protección integral de los derechos del niño, niña y adolescente, y la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y amplía derechos en distintos capítulos. “Pero todos los capítulos se deben leer según una serie de principios rectores”, dijo la funcionaria, entre los que mencionó la simplificación de trámites necesarios para el acceso a una serie de derechos, el diseño de política públicas que brinden la asistencia apropiada para que las familias puedan asumir adecuadamente las responsabilidades del cuidado de la salud, el interés superior del niño… “Todas cuestiones que garantizan centralmente una mejor calidad de vida”, sintetizó Gómez Alcorta.

“Pretendemos alcanzar con los beneficios de esta ley un mayor número de personas gestantes y de niños y niñas en sus primeros años a fin de efectivizar el pleno goce de sus derechos”, precisó sobre el final de su exposición inicial.

A continuación, la directora de la ANSeS, Fernanda Raverta, consideró que esta ley “va a ampliar derechos” para “el nuevo tiempo” que viene para la Argentina, que es “el de la reconstrucción”. “Vamos a poner en pie de igualdad a los chicos y chicas que van a nacer en la Argentina con los que nacen en familias asalariadas; esto quiere decir ampliar la cobertura de la asignación universal por embarazo”, señaló.

Raverta habló de una nueva transferencia de ingresos a las familias que tienen chicos de entre 0 y 3 años: 3 pagos anuales de una prestación para el cuidado de la salud integral. Esto es, los chicos que tengan ya una asignación, van a tener una asignación universal más al año durante sus primeros tres años de vida. La segunda prestación tiene que ver con poner en pie de igualdad a las mamás que cursan un embarazo y son mamás de una familia asalariada; a partir de esta ley, la asignación universal por embarazo se cobrará los 9 meses.

La tercera cuestión elimina un requisito que tenían las madres para cobrar la asignación por nacimiento y adopción, que tenía que ver con antigüedad, el requisito de 6 meses de manera registrada en un empleo formal y continuo. Esa antigüedad se elimina y ahora las madres con trabajo en relación de dependencia van a poder cobrar esa asignación sin importar la antigüedad que tengan.

La cuarta tiene que ver con ampliar la asignación por nacimiento y adopción, incluyendo a los padres que no tengan trabajo registrado: los trabajadores de la economía informal o desocupados podrán contar con la asignación por nacimiento y por adopción una vez que los tengan.

Por su parte, el secretario de Interior, José Lepere, explicó que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) trabajará sobre cuatro artículos incluidos en el proyecto que están vinculados con el Derecho a la Identidad y que apuntan a que todos los argentinos y argentinas cuenten con su DNI. “En estos cuatro artículos se pretende abordar una problemática que, si bien no es masiva, sí afecta a un porcentaje importante de población que no accede debidamente a su documentación. Esa falta de registro impide acceder a esas familias, a esos niños y niñas, muchos de los derechos que ya garantiza el Estado nacional y que se está ampliando a partir de esta ley”, señaló el funcionario nacional durante su exposición virtual realizada desde el Salón Norte de Casa Rosada. 

La Coalición Cívica-ARI apuntó contra el Gobierno que “sigue sin presentar una formula y aplica un fuerte ajuste a los jubilados”, tras el aumento por decreto para los haberes previsionales que anunciaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la titular de ANSeS, Fernanda Raverta.

“El aumento de las jubilaciones del 5% para el mes de diciembre significa que, en el acumulado entre los meses de marzo 2019 y febrero 2021 en los cuales estuvo suspendida la fórmula de movilidad votada en el 2017, el haber medio se incrementará un 31,6% mientras que la fórmula arrojaba un aumento del 42%”, afirmó el partido.

De esta manera, la CC detalló que “el haber medio pasa a $28.729 en lugar de los $31.000 que daría la fórmula suspendida. El ahorro acumulado por el gobierno en esos 12 meses de fórmula suspendida es de 135.500 millones de pesos, equivalentes al 0,5% del PBI”.

“Como consecuencia de que el primer aumento por decreto, realizado en marzo de 2020 no fue homogéneo, sino que se hizo con una suma fija más un porcentaje, la pérdida de los beneficiarios respecto del 42% que hubiera dado la fórmula no es igual. Un jubilado o jubilada que en febrero de 2020 cobraba la mínima acumulará un aumento del 35,3%, o sea 7 puntos menos que con la fórmula. Alguien que cobraba $30.000 acumulará un aumento del 28,4%, es decir 12 puntos menos que con la fórmula. Alguien que cobraba hasta $103.000 acumulará un aumento del 24,3%, son 16 puntos menos que con la fórmula. Quienes cobraban jubilaciones especiales (“de privilegio”) no tuvieron pérdidas ya que sus movilidades no se suspendieron”, finalizó la CC ARI.

La Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional se reunió este jueves para darle punto final a las propuestas en torno a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Así, se firmó un dictamen de mayoría, elaborado por el Frente de Todos, mientras que la oposición suscribió uno en minoría, que básicamente critica el del oficialismo y cuestiona que haya avanzado con el mismo de manera unilateral.

El proyecto del oficialismo tuvo 11 firmas, -entre las que suscribieron los funcionarios integrantes de la comisión especial-, mientras que el de la oposición consiguió 6.

La fórmula elaborada por el oficialismo se compone de una combinación entre la evolución salarial (índice RIPTE) y la recaudación de la ANSES, por partes iguales, similar a que se aplicó entre 2008 y 2017.

La comisión que preside el entrerriano Marcelo Casaretto recibió a la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, quien afirmó que “nuestra fórmula tiene que ver con reparar algo que salió muy bien, con una fórmula, y muy mal con otra”. Comparaba a la aplicada a partir de 2009, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que permitió, dijo, que evolucionaran los haberes de tal manera que crecieran en un 25,8% por arriba de la inflación. En el gobierno de Mauricio Macri, en cambio, hasta 2019 los haberes perdieron contra la inflación un 19,5%, explicó.  

Según la funcionaria, este año de pandemia los jubilados “pudieron estar mejor que la inflación. Los de la  mínima recuperaron más del 5% de su capacidad de compra; más del 80% de los beneficiarios tuvieron un aumento superior a la inflación”. Agregó que en diciembre y enero recibieron bonos de 5 mil pesos y en abril otro de 3 mil, a lo que agregó beneficios tales como la suspensión del cobro de cuotas de los créditos ANSeS, y el congelamiento de las tarifas de servicios públicos.

Raverta reseñó las 17 reuniones que tuvo la bicameral para desarrollar su trabajo y destacó que la fórmula elaborada por el oficialismo “toma en cuenta los principales argumentos presentados por los expertos que expusieron en la comisión y busca consolidar acuerdos sociales de largo plazo”.

Asimismo, dijo, “tiene algunas cuestiones técnicas como reducir los rezagos, sobre la importancia de utilizar datos que sean los más recientes posibles para el cálculo de la fórmula”, al tiempo que puntualizó que la fórmula considera, como la de 2007, la evolución de los salarios, los recursos de la ANSeS y la evolución de los beneficios de ese organismo. Acompañando su exposición con filminas, la funcionaria señaló que la propuesta oficial “garantiza que los beneficiarios se vean favorecidos ante el aumento de los salarios y la recaudación por sobre la inflación. En los 9 años que estuvo vigente, permitió que la movilidad superara a la inflación en casi un 26%”.

Para mí en lo personal es conmovedor, porque en este lugar no voté la fórmula anterior, que la realidad demostró que no era una buena fórmula. Esta es absolutamente reparadora”, afirmó Fernanda Raverta.

Por otra parte afirmó que “la fórmula tiene sustentabilidad jurídica al recuperar la esencia de la fórmula de 2008, que no ha tenido litigios y es jurídicamente robusta”.

En cuanto al desarrollo de la fórmula, Raverta señaló que “si la Argentina no crece, estamos en un problema grave”, pero afirmó que “nuestro Gobierno vino a hacer crecer a la Argentina. Porque somos un gobierno que cree que los salarios le ganan a la inflación y que si hay más consumo, hay más ingresos tributarios”. En ese sentido afirmó que “vamos a volver a esa idea de que cuando un jubilado accede a una jubilación no lo hace para quedarse en su casa y sobrevivir, sino para seguir proyectando sueños”.

“Para mí en lo personal es conmovedor, porque en este lugar no voté la fórmula anterior, que la realidad demostró que no era una buena fórmula. Esta es absolutamente reparadora, tiene la posibilidad de ser cotejada con la realidad porque estuvo vigente en la Argentina”, diferenció la titular de la ANSeS.

La oposición se manifestó sorprendida

Por la oposición expuso en primer lugar el diputado radical puntano Alejandro Cacace, que confesó “cierta decepción política por la forma como se ha llegado a esta  propuesta. Hubo 16 jornadas con la idea siempre de arribar a un consenso y una propuesta conjunta, y nos encontramos con la sorpresa de que el Ministerio de Economía el lunes emitió un comunicado con la fórmula, en vísperas de la visita del Fondo Monetario Internacional”.

“Creímos que tras todos esos expositores, íbamos a tener una instancia para buscar ponernos de acuerdo, y el ver que la decisión sobre la fórmula es prácticamente idéntica que la que regía durante la presidencia de Cristina Kirchner nos hace pensar que todo fue una puesta en escena para una decisión que estaba tomada de antemano”, expresó el diputado de Juntos por el Cambio.

Al analizar el fondo de la cuestión, confesó que había cosas en las que coincidía con Fernanda Raverta y otras en la que difería. “No desconozco los resultados”, admitió, pero sugirió tener en cuenta que no se deben confundir las variables con el contexto. En ese sentido señaló que entre 2008 y 2017, hubo años con fuerte crecimiento económico, como 2010. “No es la situación económica que tenemos hoy, donde las variables están muy deprimidas, los salarios crecieron 6 meses por debajo de la inflación, la recaudación ha tenido una caída estrepitosa y justo esas dos variables son las que se toman para esta fórmula”, aclaró.

Por otra parte, Cacace expresó lo que definió como una “preocupación sustancial”, y es la de que la fórmula del oficialismo remueve la variable de la inflación. “Pensemos en el perjuicio que ha generado la suspensión de la movilidad este año: ha resultado  que todos los jubilados pierdan entre mil y 18 mil pesos por beneficio. Lo cual ha resultado un ahorro de más de 72 mil millones para el Estado”, sostuvo. Y remarcó que “quitar la inflación como variable es quitar la garantía de que los jubilados puedan proteger su poder adquisitivo”.

En cuanto a la sustentabilidad, Cacace dijo que la oposición no cree que ese elemento deba ser hecho a través de la recaudación: “Es innecesario, porque hemos acordado y sancionamos una ley de defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad; creemos que con la ley que está aprobada tenemos los elementos para que cualquiera sea la fórmula elegida, no necesitamos introducir la recaudación para garantizar la sustentabilidad, porque tenemos el FGS, que podemos usar como fondo anticíclico para ese  propósito”.

“La situación de la recaudación y su inclusión no es buena para los jubilados y la economía -agregó-. Para los jubilados, porque los hace sujetos a las variaciones que el Estado tiene respecto de la economía; necesitan tener un ingreso estable, reducir su volatilidad. Lo que más la reduce es la inflación. Si bien es cierto que puede haber salarios que crezcan por encima de la inflación, la mayor volatilidad la otorga la actualización por el IPC. Además, es malo para la economía porque las hace procíclicas. La contracara es que en los momentos de recesión es cuando menos crecen los haberes y eso impacta negativamente sobre el bolsillo de los jubilados”.

Quitar la inflación como variable es quitar la garantía de que los jubilados puedan proteger su poder adquisitivo”, expresó Alejandro Cacace.

El diputado radical señaló que “Argentina es uno de los países que más recesiones ha tenido en los últimos años, y es por la característica estructural de nuestra economía. Aumentamos gasto corriente en los momentos de auge”, precisó, ante lo cual sugirió: “No construyamos esa fórmula que profundice ese carácter procíclico de gasto público”.

“Es muy difícil discutir cuando se hace una negación absoluta de la realidad”, dijo a su turno Carlos Heller. Señaló en ese sentido que acababa de mostrar Fernanda Raverta un gráfico que demostraba que entre 2008 y 2017 las jubilaciones habían subido un 25%, aplicando la fórmula anterior, mientras que con el Gobierno de Cambiemos bajaron 19 puntos. A su vez, los haberes se recuperaron a través de los decretos de esta administración, dijo, afirmando que “esos son los datos reales, y después sobre esos datos se empiezan a construir supuestos de distinta naturaleza. La fórmula anterior era imaginada para un país donde la inflación iba a estar contenida”.

Heller sostuvo que “la realidad es que el nuevo índice propuesto ha demostrado ser exitoso a lo largo de un período extenso; este índice es muchísimo mejor que el que se está dejando atrás, porque desvincula primero a la inflación de la fórmula y al atarla al salario, que viene muy deprimido producto de las políticas anteriores y que está en el marco de  una política donde se dice expresamente que entre los objetivos está la recomposición salarial. Ese es un elemento que alienta a pensar que va a llevar a una recomposición real de los ingresos previsionales. No se puede descolgar el análisis de la fórmula, si se la saca del contexto y los objetivos que tiene el gobierno que la va a aplicar”.

“No se pueden considerar fórmulas si no se consideran en el marco de las políticas en las que fueron aplicadas”, remarcó, asegurando que “estamos pensando en un país donde se van a recuperar las variables”.

Luego fue el turno de la senadora santacruceña María Belén Tapia, que cuestionó que la fórmula presentada por el Gobierno “de ninguna manera salió del seno de la comisión que integramos y no atiende lo que los expositores dijeron. El final de esta puesta en escena pone al descubierto el ahorro que significó para el estado la suspensión de la fórmula jubilatoria. Fuimos un mal necesario para un plan premeditado por ustedes”.

“Discursos sobran, demagogia también, pero los hechos son los que se analizan”, concluyó.

A su turno, el senador cordobés Carlos Caserio (Frente de Todos) salió al cruce de los cuestionamientos opositores respecto de que se volvía a la fórmula implementada durante la gestión de CFK. ¿Por qué las cosas buenas no pueden repetirse? Cuando un gobierno tiene buenas medidas y otro aplica políticas que son negativas, es lógico volver a la situación anterior”.

“Estamos hablando de situaciones ya desarrolladas que permitieron una época de virtuosidad”, agregó, afirmando que volvían a esa fórmula “porque es buena para los jubilados”, y dijo sentirse “muy satisfecho” porque durante la pandemia el presidente hubiera podido darle a los jubilados a través de decretos “un aumento que superó en 5 puntos la inflación”.

Admitió el senador cordobés que “ninguna fórmula es perfecta, porque depende de la evolución de la economía; pero hay algunas mejores que otras. Esta es una fórmula previsible que va a permitir que el país se desarrolle y los jubilados puedan estar mejor. El año que viene los haberes de los jubilados van a crecer y no solo con relación a la inflación, sino respecto de la otra fórmula”.

Fue el turno entonces del diputado radical Luis Pastori (Misiones), que se detuvo en analizar las formas, “porque hacen al fondo de la cuestión”. Manifestó entonces su “decepción, desazón, porque después de seis meses de funcionamiento de la comisión, nos venimos a enterar el lunes a través de una gacetilla de prensa que el oficialismo ya había decidido cuál iba a ser la fórmula que vendrían a imponer en esta comisión”.

“El proyecto no fue elaborado en el seno de esta comisión -se quejó-. Hemos sido actores de reparto de una comisión que debería haberlo discutido en profundidad. Raverta habló de consenso… ¿Consenso entre quiénes? Esta fórmula es muy parecida a la vigente durante el período 2009-2017, con algunas correcciones que la empeoran. Nos sentimos usados, yo sé que no es la palabra, pero es la forma como nos sentimos”.

Por su parte,, el senador pampeano Daniel Lovera aseguró que “esta propuesta de fórmula de movilidad tiene como objetivo recomponer el haber de los jubilados y corregir el sistema previsional de los argentinos, que ha sido dañado fuertemente en la gestión anterior”. Y tras cuestionar “las imprudencias que dicen quienes fueron gobierno hasta recientemente”, dijo que “estamos convencidos de que esta fórmula es más justa y equitativa”.

A su turno, Roberto Arias, secretario de Políticas Tributarias del Ministerio de Economía, afirmó que se está llegando a “una fórmula que expresa lo mejor que tuvo en los últimos años la seguridad social”. Agregó que “combatir la desigualdad genera también una mejora en las posibilidades de crecimiento económico, porque la seguridad social, cuando tiene efectos distributivos, genera que el crecimiento económico se vaya dando a partir de ese proceso de distribución”.

El diputado del Pro Luciano Laspina criticó que “hemos escuchado a muchísimos expositores, pero no nos hemos oído. Porque la enorme mayoría recomendó aplicar lo que se aplica en el resto del mundo: fórmulas que tratan de preservar el poder de compra de las jubilaciones. La mayoría de países aplica criterios que permiten preservar el poder de compra”.

“Esta fórmula tiene como defecto sustancial mezclar la discusión del ajuste con la del nivel de las jubilaciones. Entonces hace un debarajuste que no entiende nadie”, criticó. Y luego afirmó: “Dato mata relato… El haber mensual para alguien que gana dos jubilaciones mínimas, con la ley de 2017 tendría que cobrar 38.274 pesos; con el decreto de Alberto Fernández ganó 34.547 pesos. O sea, le sacan por esa vía a ese jubilado que es de clase media baja, 3.727 pesos. Datos, es un 10% de recorte que se  hizo. Claro, la fórmula  no funcionó… si le sacaste el 10% de recomposición real que tenía que tener. Justamente para eso fue diseñada nuestra fórmula”.

“Por supuesto que salió mal”, admitió, y agregó: “Porque cortaron ustedes cuando la fórmula tenía que operar lo que tenía que hacer”. Y calculó el ahorro fiscal que tuvo el Gobierno por esa vía en 100 mil millones. “A vuelo de pájaro”, estimó.

El dictamen del oficialismo

IF-2020-77065363-ANSES-ANSES-Firmada

El dictamen de minoría

DICTAMEN-MINORIA-INDICE-MOVILIDAD-COMISION-LEY-27541

La directora ejecutiva de la ANSeS, Fernanda Raverta, se refirió a la aprobación de la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS): “La ley plantea soluciones para una serie de problemas que afectaban el normal funcionamiento del Fondo, con el objetivo principal de restablecer su capacidad de financiar programas vinculados al fomento de la inversión y el consumo. En relación con los Créditos ANSeS, la ley autoriza que se condonen los intereses acumulados desde la suspensión de las cuotas y además la ANSeS dispondrá de una baja de tasas adicional a la instrumentada en diciembre de 2019. Así, las familias endeudadas bajo el programa de Créditos ANSeS habrán gozado de casi un año de financiamiento a tasa cero en conjunto con una reducción en las cuotas a pagar”.

“El Fondo le pertenece a los 7 millones de jubiladas y jubilados. Esta ley es una herramienta para defender sus activos, porque logramos mantener esa garantía para las generaciones futuras, para los jubilados del mañana”, agregó Raverta. Estas declaraciones fueron realizadas este lunes en el marco de la entrega de viviendas del Procrear en San Martín, provincia de Buenos Aires.

Con respecto a la Asignación Universal por Hijo (AUH) Raverta planteó que ya se identificaron a más de 700 mil niñas, niños y adolescentes que no la estaban recibiendo. Además remarcó que “el presidente de la Nación firmó un decreto para poder ir a buscar a más de 1 millón de chicas y chicos que no tienen Asignación Universal, ni Salario Familiar por distintas cuestiones. En este contexto tan complejo que le toca vivir a las argentinas y los argentinos somos un gobierno que no niega la realidad y que va en busca de mejorar la calidad de vida”.

“Queremos estar cerca y que cada ciudadano tenga el derecho que le corresponde. De este millón de niños, 723 mil ya los tenemos localizados y en poco tiempo, en pocos días, van a tener su Asignación Universal y vamos a hacer de la Argentina un lugar más justo”, finalizó la directora ejecutiva de la ANSeS.

En el marco de un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, se inició este viernes en el Senado el debate del proyecto de ley de defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino. Y para informar sobre el mismo se hizo presente la directora Ejecutiva de la ANSeS, María Fernanda Raverta.

Al inicio de la presentación, Raverta habló de “cinco soluciones” que viene a traer la ley en consideración, a saber: el financiamiento de la Reparación Histórica; los préstamos que tienen las provincias con el FGS; las inversiones productivas del FGS; la regularización de los créditos ANSeS; y los derechos políticos de las acciones de las sociedades en cartera del FGS.

La funcionaria recordó que el programa de Reparación Histórica, sancionado durante la gestión anterior, “se iba a pagar con el dinero que se incorporara a partir del blanqueo de capitales”, mientras que “la segunda fuente de financiamiento iba a ser los activos del FGS”. Usar ese insumo, dijo Raverta, haría que con el tiempo “no haya más Fondo de Garantía para la totalidad de los jubilados”.

Lo que se busca, explicó Lisandro Cleri, director ejecutivo de FGS, es “cambiar el orden de estos pagos”, es decir, “poner a la Reparación Histórica en igualdad con el resto de los programas”, con una financiación a través de recursos del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), o con las reasignaciones presupuestarias que determine el Ministerio de Economía. De lo contrario, entre 7 y 10 años desaparecería el FGS y todavía no habrían pagado la mitad de lo correspondiente.

Raverta agregó que “el FGS es para los más de 7 millones de jubilados y pensionadas, y la Reparación Histórica es únicamente para un colectivo de 900.000” jubilados que adhirieron a ese programa, y que ahora recibirán el beneficio “a partir del Ministerio de Economía, del Tesoro, para que podamos resolver esa obligación sin afectar una garantía para el 100% de los jubilados” como es el FGS.

En cuanto al préstamo de las provincias, Raverta dijo que se busca una manera de que la deuda pueda ser refinanciada, “poner otros parámetros para que esta deuda pueda ser cobrada”, en un marco de crisis como la que encontró este Gobierno, más el tema de la pandemia. En ese sentido, Cleri señaló que pospusieron los vencimientos de este año y el próximo, “para poder trabajar en un bono de mediano plazo con todas las provincias. Un bono de 7 años”, precisó.

La deuda tiene que ver con un vencimiento de 24.752 millones de pesos, precisó la titular de la ANSeS. Cleri agregó que “necesitamos de estos recursos para pagar la reparación histórica”. El total de la deuda son 101.000 millones de pesos, precisó Raverta, al justificar la necesidad de solucionar la deuda.

En cuanto a las inversiones productivas del FGS, Raverta destacó que “apuntar a fondos de inversión que tengan que ver con proyectos productivos estratégicos para la Argentina pone énfasis en la idea de que reconstruir la Argentina va a ser a partir del trabajo y la producción. Por eso invertir 100 mil millones de pesos en la creación de un fondo para reconstruir la Argentina pensando en esta idea de la economía virtuosa, a nosotros nos permite pensar que el país también se desarrollará”.

En cuanto a la regularización de los créditos de la ANSeS, para diciembre del año pasado había un 98% de las titulares de la AUH endeudada, comentó Fernanda Raverta. También el 31,6% de los jubilados estaban endeudados, y más del 50% de las pensiones no contributivas tienen deuda con la ANSeS, detalló, lo cual generó “una profunda, enorme crisis en la realización de cada familia”, expresó.

Por eso se buscó “frenar esa idea de endeudamiento”, no cobrando a partir de diciembre esas cuotas. “Creemos que las familias tienen que devolver esas obligaciones, pero durante los meses que no pagaron las cuotas fueron acumulando interés y eso generó que ahora estén con algún problema”, expresó la funcionaria, anticipando que se buscará con esta ley condonar ese interés acumulado y que solo se devuelva la deuda original. En cuanto a los derechos políticos de las acciones de las sociedades en cartera del FGS, por un lado se igualarán las condiciones de los directores que representan al FGS al resto de los directores del Estado, y por el otro, aquellos que sean funcionarios públicos y también sean directores de una empresa, no perciban los honorarios como directores de las empresas, y se crea un fondo específico adonde se derivan esos ingresos.

A la hora de las preguntas, la senadora Laura Rodríguez Machado salió al cruce de una crítica que Raverta había deslizado contra la gestión anterior al hablar de la “enorme crisis” generada en cada familia por el endeudamiento contraído ante los créditos otorgados en ese tiempo. “Además de endeudar a la Argentina, endeudaron a las familias de una manera sistemática”, señaló. La senadora cordobesa defendió los objetivos de la tarjeta Argenta, ante lo cual la titular de la ANSeS replicó que durante la anterior gestión kirchnerista esos créditos procuraban que los abuelos pudieran llevar a sus nietos a conocer las cataratas, comprar una computadora, o arreglar la casa. “Esa idea del crédito asociada al consumo para mejorar la calidad de vida es a lo que vamos a apostar siempre”, garantizó Raverta, anticipando que “vamos a relanzar esa tarjeta Argenta después de resolver los créditos anteriores”. E insistió en que “en el gobierno anterior el crédito estuvo orientado hacia otro lugar, a sostener la vida diaria: la comida, los medicamentos, los servicios, y esto lo que generó fue que no hubiera más consumo ni se generaran puestos de trabajo”.

“Nosotros somos un organismo de seguridad social, que necesitamos que la Argentina tenga una política de crecimiento económico con inclusión social, porque nuestros ingresos dependen de lo que ocurra en la economía argentina”, agregó la funcionaria, que insistió: “Antes los créditos se usaban para comer y comprar medicamentos, y por lo tanto no generaban, a partir del consumo, nuevos puestos de trabajo que nos permitieran tener más ingresos”, dijo, reiterando que en la gestión anterior se registró una “política de endeudamiento de las familias, y lo que terminó sucediendo es que el 30% de las asignaciones universales no se cobraban y cada vez les alcanzaba para menos”, y concluyó: “Nosotros vamos a volver a orientar el crédito en la Argentina hacia el consumo, hacia la mejora en la calidad de vida, pero por supuesto un crédito que además permita sostener esta idea del crecimiento económico a partir de la producción y en la producción a partir de la generación de puestos de trabajo, que además hacen más sustentable nuestro sistema previsional”.

“Yo le voy a alcanzar un cuadro que prueba que comprar comida y medicamentos también genera consumo, y que no  había antes ninguna prohibición para que se pudiera destinar para otro bien”, repuso Rodríguez Machado, que dejó ese debate para cuando el tema se discuta en comisión.

Ante una consulta del senador Julio Cobos relacionada con la reparación histórica, Fernanda Raverta señaló que esa norma “no solo agravó la situación del sistema previsional argentino, poniendo en riesgo la garantía de los más de 7 millones de jubilados, sino que además generó una cosa absolutamente incorrecta, en términos del objetivo, que era bajar la litigiosidad para con el Estado nacional”. En ese sentido señaló que solamente 48.000 jubilados habían ido al Poder Judicial a reclamar un reajuste de haberes, y 839.571 no habían ido. Ante ello, la funcionaria concluyó que “Reparación Histórica construyó un enorme problema para los argentinos en general, no resolvió lo que la ley decía expresamente, que era reducir los índices de litigiosidad, y de hecho, la cantidad de presentaciones de juicios entre 2014 y 2016 no ha tenido ninguna alteración, y de 2016 en adelante creció un montón. 29.000 liquidaciones de sentencia teníamos en stock antes de junio de 2016, hoy cuando llegamos al organismo después el 10 de diciembre tenemos 86.000 expedientes”.

“Esto no resolvió el problema de litigiosidad que teníamos en el organismo”, insistió.

“¿Usted cree que las personas que se presentaron a la Reparación Histórica están peor que antes?”, le preguntó más adelante el senador riojano Julio Martínez, que consideró que con la norma en debate se estaba siendo “injustos”. Raverta señaló que el 30% del haber promedio del haber promedio de un jubilado en la Argentina “en el Gobierno anterior fue utilizado para pagar medicamentos, cosa que resolvimos a partir de nuestro Gobierno nuevamente con una política de medicamentos gratuitos para casi 5 millones de jubilados que son afiliados del PAMI”. Sumó el congelamiento de tarifas, más los tres bonos otorgados que a su juicio “hicieron que la calidad de vida de los jubilados y las jubiladas sea mejor”. Puntualmente en términos de reparación histórica, señaló que “hay más de 27 mil jubilados que accedieron a la reparación histórica que cobraron menos de 50 pesos en esa reparación histórica; así que generar una afirmación en relación a la calidad de vida de la generalidad que son los 900 mil jubilados, sería incorrecto si no supiéramos cómo se modificó ese haber en función de ese reajuste del haber a partir de la liquidación de la reparación histórica”.

Arranca en el Senado el debate sobre el proyecto de ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional, que contempla la refinanciación de las deudas que las provincias tienen con la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), que cuenta con sanción de la Cámara baja.

Será a partir de este viernes, en el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, que presiden el pampeano Daniel Lovera y el cordobés Carlos Caserio, respectivamente, que ha sido convocada para las 17. De la misma tomará parte la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta.

En vísperas de su visita al Senado, Raverta estuvo este jueves en la Cámara alta, donde se reunió con su titular, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, para analizar las características del encuentro de este viernes.

El proyecto fue aprobado el pasado 24 de septiembre en Diputados, durante la sesión en la que se produjo el incidente protagonizado por el exdiputado nacional Juan Ameri. Precisamente ese tema estaba siendo debatido cuando el representante salteño fue visto realizando actos indecorosos durante la exposición del miembro informante del oficialsmo.

Con la futura ley, 21 de los 24 distritos -las excepciones son Córdoba, San Luis y Santa Fe- podrán rediscutir sus deudas con la ANSES en un plazo de ocho meses, de cara a la firma de un bono donde se establecerán las condiciones del pago.

Para no afectar fondos de los jubilados, el proyecto aprobado indica que el programa de Reparación Histórica será financiado a través de recursos propios de la ANSeS y del Tesoro, ya que la ley sancionada en la gestión anterior ponía como fuente de recursos al blanqueo de capitales y, en segunda instancia, el FGS.

A pesar de algunas objeciones, Juntos por el Cambio acompañó la votación del proyecto en Diputados, esperándose igual actitud en la Cámara alta.

El proyecto de ley que busca refinanciar la deuda de las provincias con la ANSES y, paralelamente, modificar el financiamiento de la Reparación Histórica para proteger los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), recibió dictamen favorable este martes en la Cámara de Diputados.

A pedido de la oposición, el Frente de Todos aceptó modificaciones que fueron acordadas en un cuarto intermedio con la ANSES, aunque Juntos por el Cambio pidió tiempo hasta este miércoles para definir si acompañará con su firma, tras un debate interno.

El debate se dio en un plenario virtual de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social, que contó con la participación de la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, y el responsable del FGS, Lisandro Cleri.

Al inicio de la presentación, Raverta explicó que este proyecto viene a traer “soluciones” sobre cinco “problemas”: el financiamiento de la Reparación Histórica; los préstamos con las provincias; las inversiones productivas del FGS; la regularización de los créditos ANSES; y los derechos políticos de las acciones de las sociedades en cartera del FGS.

La funcionaria recordó que el programa de Reparación Histórica, sancionado durante la gestión anterior, “se iba a pagar con el dinero que se incorporara a partir del blanqueo de capitales”, mientras que “la segunda fuente de financiamiento iba a ser los activos del FGS”.

Lo que se busca, explicó Lisandro Cleri, es “cambiar el orden de estos pagos”, es decir, “poner a la Reparación Histórica en igualdad con el resto de los programas”, con una financiación a través de recursos del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) en primer lugar, “y en caso de que haya un déficit transitorio, pasaría a cubrirlo el FGS”.

Raverta agregó que “el FGS es para los más de 7 millones de jubilados y pensionadas, y la Reparación Histórica es únicamente para un colectivo de 900.000” jubilados que adhirieron a ese programa, y que ahora recibirán el beneficio “a partir del Ministerio de Economía, del Tesoro, para que podamos resolver esa obligación sin afectar una garantía para el 100% de los jubilados” como es el FGS.

“Volvemos a la idea de que el FGS le pertenece a la totalidad de los jubilados”, puntualizó la directora ejecutiva de la ANSES.

El diputado radical Alejandro Cacace planteó dudas respecto al cambio en la modalidad de financiamiento de la Reparación Histórica, ante la posibilidad de que “una vez agotadas las partidas” del Presupuesto, los pagos corran riesgo.

Por eso, Cacace pidió a los funcionarios que garanticen que “se van a pagar integralmente los beneficios más allá de los límites que pueda imponer una partida presupuestaria”.

En el mismo sentido, Graciela Camaño (Consenso Federal) advirtió que “sabiendo que tenemos una manta muy corta, debemos tener un claro mensaje respecto a que bajo ningún punto de vista la Reparación Histórica va a estar atada a los recursos del Presupuesto. Es lo mínimo que podemos hacer para que el sistema tenga algún viso de credibilidad para nuestros jubilados, a los cuales cada vez que hay un problema económico les manoteamos sus fondos”.

Ante este planteo, el oficialismo aceptó modificar la redacción del artículo 2, agregando que el programa de Reparación Histórica “será cubierto en su totalidad” con las partidas presupuestarias “sin poder fijarse límites a los pagos”.

Por su parte, el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, consideró que “el proyecto es superador en materia de protección del FGS”, pero sugirió modificaciones en materia de créditos de ANSES “en defensa de los consumidores”.

El proyecto también establece que el FGS “asistirá financieramente para el pago de beneficios del SIPA con el fin de compensar el impacto eventual de los recursos previsionales ocasionados por la pandemia del Covid-19 durante el ejercicio 2020”.

Así, se establece que el Ministerio de Economía y la ANSES “deberán calcular dicho impacto y determinar el monto total de la asistencia financiera”.

Sobre este punto, Nicolás Del Caño (PTS-FIT) preguntó “en qué medida estos recursos del SIPA se ven afectados por la pérdida de recaudación por la caída actividad económica, y en qué medida a causa de las propias medidas del Poder Ejecutivo”, como “la reducción del pago de contribuciones patronales de las grandes empresas”.

Al responder, Cleri aclaró: “No vamos a cubrir la asistencia por decisiones o políticas del Estado, sino por todo aquello que haya impactado por el Covid”.

De todos modos, para no dejar lugar a dudas, el Frente de Todos incorporó un párrafo al artículo 4, indicando que “a los efectos de determinar este impacto, se considerarán los efectos de la pandemia del Covid-19 sobre la recaudación de los recursos tributarios que forman parte de los ingresos de la ANSES”.

En cuanto a la deuda de las provincias con la ANSES -a excepción de Córdoba, Santa Fe y San Luis-, Raverta señaló que “es un año muy particular y para las provincias es muy difícil cumplir esa obligación que tienen para con el FGS, por eso proponemos una forma nueva de financiar esa deuda”.

El proyecto, en su artículo 8 -que también fue mejorado a pedido de la oposición- establece que “en un plazo de ocho meses se pueda rediscutir provincia por provincia la deuda”, informó Raverta.

En tanto, Heller aclaró: “Algunos interpretan que los ocho meses son el plazo para pagar. Los ocho meses son un plazo para negociar con las provincias y llegar a un acuerdo, y ese acuerdo consistirá en la emisión de un bono de largo plazo en las condiciones que se acuerden”.

La titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, analizó este lunes junto a diputados del Frente de Todos el proyecto de ley que permite renegociar las deudas entre las provincias y el organismo previsional y que busca proteger los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Raverta participó de una videoconferencia junto al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa; la secretaria parlamentaria de la bancada oficialista, Cristina Álvarez Rodríguez; y el titular del FGS, Lisandro Cleri.

Si bien todavía no fue prorrogado el Protocolo de Funcionamiento Remoto, lo que impide dictaminar y aprobar proyectos, Massa aspira a debatir la iniciativa este jueves en sesión especial, previo debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Ante el bloque presidido por Máximo Kirchner, Raverta dio detalles del proyecto, que contempla la renegociación de las deudas con las provincias y una reforma del sistema de financiamiento del pago de retroactivos establecidos en la Ley de Reparación Histórica.

Paralelamente, a través de una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo postergó por 45 días el pago de préstamos de 17 provincias (Buenos Aires, CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán).

La Comisión de Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales de la Cámara de Diputados acordó este miércoles citar para una próxima reunión a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y a la titular de la ANSES, Fernanda Raverta.

Durante la primera reunión del año, el presidente de la comisión, el misionero Luis Pastori (UCR), informó que tanto en abril como en mayo se enviaron notas a la Secretaría de la Presidencia solicitando la presencia de Marcó del Pont. Sin embargo, pese a las respuestas con visto bueno, nunca se pudo concretar una visita “virtual” de la funcionaria.

Ante esto, Pastori propuso que cada legislador que tenga consultas o preguntas pueda presentarlas ante la secretaría de la comisión y la semana próxima se evalúen, y posteriormente se envíen a la titular de la AFIP. En tanto, volverán a solicitar su presencia, al igual que la de Raverta, a quien todavía no se había invitado.

El vicepresidente primero de la Cámara, el macrista Álvaro González, advirtió sobre los temas de las preguntas, dado que “ingresaría al Congreso un proyecto de amplia moratoria” y, si muchas de las consultas tratan sobre eso, luego “nos vamos a chocar, en el medio, con que viene el proyecto” y algunas perderían sentido.

Por su parte, la oficialista Hilda Aguirre aseguró: “No tengo dudas que Mercedes Marcó del Pont podrá hacerse un tiempo para que nosotros podamos evacuar todas nuestras dudas”. La vicepresidenta de la comisión argumentó el retraso en la visita debido a que no se había puesto en marcha la comisión, e insistió: “Para nosotros es indispensable contar con su informe, al igual que el de Raverta”.

“Tenemos que ver entre todos como paliamos estos momentos tan duros, producto de la pandemia, pero también de un país que ya venía con problemas económicos muy grandes”, agregó la riojana.

Por la oposición, el macrista Omar De Marchi señaló que “al no haber enviado el Gobierno el Presupuesto estamos a ciegas sobre cuál es la estrategia recaudatoria”. “Una súper moratoria implica un súper paquete de recursos que dejan de ingresar al Estado”, añadió, y por eso coincidió en que se necesita la exposición de Marcó del Pont para “recibir información mayor de cómo se va a sostener lo que el Gobierno anuncia”.

En tanto, el oficialista Germán Martínez sugirió “armar una sinergia” con las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Previsión y Seguridad Social, y de la bicameral especial mixta de movilidad jubilatoria, al tiempo de conformar “una hoja de ruta propia” para la agenda de trabajo.

La comisión mixta que debe elaborar una nueva fórmula previsional se reunió este lunes y acordó requerir  informes a organismos públicos y convocar a especialistas, luego de haber prorrogado la semana pasada el plazo original para proponer el nuevo cálculo de las jubilaciones.

En la reunión, realizada de manera virtual, se aprobó por unanimidad el reglamento de la comisión y una metodología de trabajo para que, previo a cada encuentro, los temas sean abordados por los asesores técnicos de los integrantes.

Participaron los diputados Marcelo Casaretto (presidente), Carlos Heller, Hilda Aguirre, Luciano Laspina, Alejandro Cacace y Luis Pastori; los senadores Belén Tapia, Carlos Caserio, Daniel Lovera y Esteban Bullrich; los secretarios de Políticas Tributarias, Roberto Arias, y de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y el jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Miguel Baelo.

En la reunión pasada, el oficialismo impuso su mayoría y, por ocho votos contra cuatro de Juntos por el Cambio, se aprobó un dictamen para solicitar la prórroga, hasta el 31 de diciembre, del plazo para elaborar la nueva fórmula previsional.

La decisión se tomó “en atención a la situación de crisis que diera lugar a la sanción de la Ley 27.541, que se ha visto agravada por la pandemia del Covid-19,  y en tanto ello torna imposible contar con elementos, índices o indicadores técnicos adecuados para llevar adelante el cometido”.

Juntos por el Cambio insistió en rechazar esta medida. “Debe recobrar vigencia la ley de movilidad hasta tanto se sancione una nueva, pero no es esta la voluntad del oficialismo, que ha solicitado el PEN y al Congreso que se continúe con la suspensión de la movilidad por seis meses más”, advirtió Cacace.

“En los próximos días seguramente veremos el envío de un proyecto de ley al Congreso para prorrogar la emergencia por 180 días o el dictado del DNU en el mismo sentido, todo esto antes del 20 de junio que es la fecha en que expira el plazo de trabajo para la comisión”, agregó el radical.

A pesar de las críticas, el oficialismo avaló este lunes el acta de la última reunión y convalidó así el dictamen.

Por otra parte, se incorporó a la comisión la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, y se acordó requerir informes al organismo sobre la situación de los distintos regímenes especiales, para poder evaluar su sustentabilidad financiera.

Asimismo, Cacace y Laspina propusieron convocar a representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), CIPPEC, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

Bulit Goñi expresó el apoyo del Poder Ejecutivo y finalmente se acordó elaborar un listado de invitados propuestos por oficialismo y oposición, para comenzar con la ronda de exposiciones.

Por José Angel Di Mauro

Con una imagen positiva bien por arriba del 70%, cuesta hablar de “la peor semana” de Alberto Fernández en el gobierno, como más de uno se animó a definir la que pasó. Porque si los sondeos -siempre cuestionados, pero indispensables- se hicieran ahora, al cabo de los últimos acontecimientos -con las dificultades de medir que vienen de hace tiempo, pero más ahora en cuarentena-, volverían a verificar que el Presidente sigue gozando de una popularidad solo comparable con 2011, con la Cristina que ganó con el 54% y, sobre todo, el Néstor Kirchner de 2004/2005, con el país creciendo a tasas chinas, commodities por las nubes mediante.

Pero convengamos que este fenómeno que se está dando con Alberto Fernández no es algo excepcional en este mundo pandémico. Prácticamente todos los gobernantes que han tenido la desgracia de ser atravesadas sus gestiones por esta adversidad inédita han visto crecer su ponderación. Le pasa a Angela Merkel, reconocida una vez más como líder indiscutida, esta vez por la manera exitosa como Alemania viene manejando la crisis sanitaria, pero también a Giuseppe Conte en Italia y Pedro Sánchez en España, dos países donde el coronavirus causó miles de víctimas. Incluso a Donald Trump en Estados Unidos, donde se vota en noviembre y por ahora es favorito, y a Sebastián Piñera, cuya imagen había caído a un dígito y hoy pasa los 20 puntos. Obviando a Jair Bolsonaro -un caso aparte-, ante crisis semejantes, los pueblos suelen acompañar a sus líderes.

El anuncio de Fernández marcó el primer cortocircuito en la relación armoniosa que lleva el mandatario con los gobernadores en estos días de aislamiento general.

Lo cual no implica que la que pasó no haya sido una mala semana para el Presidente, que arrancó viendo cómo los gobernantes de los principales distritos se desmarcaban del párrafo más saliente de su mensaje del sábado: ese que alentaba las salidas recreativas, a una distancia de 500 metros. En rigor, el anuncio de Fernández marcó el primer cortocircuito en la relación armoniosa que lleva el mandatario con los gobernadores en estos días de aislamiento general. Fue porque en los diálogos previos que mantuvo con todos no les adelantó semejante detalle. “Se me pasó”, justificó Fernández semejante omisión que generó al día siguiente una resolución conjunta de Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe aclarando que por el momento nada cambia.

Salvo la poco convincente de Alberto, no hubo explicaciones desde el entorno presidencial, así que ganó cuerpo la interpretación de que la suya fue una respuesta a cierta crítica que le atribuye al Presidente haberse “enamorado de la cuarentena”. Así, con su concesión no aceptada, les tiró la pelota a los gobernadores: ¿Ven que no soy yo el rígido?

Está claro que en los días previos al 10 de mayo volverán a anunciar otra prórroga de la cuarentena, pero no hay margen para mucho más. Nótese además un dato que no por previsible deja de ser importante: poco más del 60% de los casos que diariamente van reportándose corresponden a Buenos Aires y CABA. Esos serán los últimos distritos en levantar la cuarentena, aunque la pregunta del millón es cuánto aguanta la sociedad el encierro económico.

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, reconoció que se necesita flexibilizar el aislamiento, “porque si no nos va a matar el hambre antes que el virus”. Es quizá  el anticipo de una flexibilización que si no se da por derecha, se dará per sé y de manera desorganizada. Y hoy la capacidad sanitaria parece adecuada para cuando se nos presente ese pico que no llega.

El balance de la semana fue negativo para el gobierno por la polémica de las prisiones domiciliarias. No hay nada que incomode más a una administración que las cacerolas, y a este ya lo había alterado el cacerolazo que hace algunas semanas tuvo el mismo origen y que entonces atribuyó a “trolls” del gobierno anterior. Lo mismo piensa respecto de la atronadora protesta del jueves -que se repitió en algunos barrios al día siguiente-, pero lo cierto es que si bien el gobierno responsabiliza públicamente del tema a la Justicia y también a los medios de comunicación, debería reconocer que hizo su aporte en la materia. El propio Presidente salió a tomar distancia del tema en la semana y luego mandó a su amiga Marcela Losardo a ponerle el cuerpo a la situación, cuando las cacerolas acababan de sonar. La ministra de Justicia rompió el silencio con un discurso medido, pero lo cierto es que semanas atrás un subordinado suyo, el secretario de Derechos Humanos había pedido la prisión domiciliaria de Ricardo Jaime y el hijo de Lázaro Báez, y después se supo que también había reclamado lo mismo para Luis D’Elía. Por esos días desde el gobierno se había sugerido que el Presidente se había molestado por ese pronunciamiento y le había pedido explicaciones a Horacio Pietragalla. Lo curioso es que la última semana apareció avalándolo.

El balance de la semana fue negativo para el gobierno por la polémica de las prisiones domiciliarias.

Ofició también como disparador de las protestas carcelarias la prisión domiciliaria otorgada con discutibles argumentos al condenado Amado Boudou.

Más allá de las explicaciones del Presidente y luego las de Losardo -llamó la atención que no se sumaran otras voces del Frente de Todos, salvo la de Sergio Massa, que cuando puede hace su juego-, en los hechos el gobierno tomó distancia recién cuando apartó de la mesa de las negociaciones con los presos al secretario de Justicia, el cristinista Juan Martín Mena. En la primera negociación ese funcionario había estado y no por nada su ausencia fastidió a los presos en el encuentro del jueves pasado.

El cuadro expone claramente rasgos que complican el andar de esta administración. En esa primera reunión estuvo el secretario de Justicia y no el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, simplemente porque todavía no ha sido designado. A cinco meses de gestión, son muchos los lugares vacantes aún en la administración de Alberto Fernández. Y además, Juan Martín Mena es otra muestra del parcelamiento extremo que exhibe el gobierno del Frente de Todos.

Losardo es mucho más que una funcionaria albertista: es, como dijimos, amiga del Presidente, con el que compartió el estudio de abogados que tenían hasta que Alberto llegó a la presidencia. Y su segundo es, como vemos, un cristinista. Lo mismo que Horacio Pietragalla, secretario de DDHH, hombre de La Cámpora.

El mismo esquema se multiplica en el resto de la administración Fernández. Es lo que se daba hasta esta semana en la ANSeS, donde el miércoles fue finalmente eyectado Alejandro Vanoli. Muchos pensaron que por haber sido presidente del Banco Central en tiempos de Cristina Kirchner, respondía a la vicepresidenta; pero no, el hombre habría perdido su confianza cuando el último día de mandato de CFK renunció a la presidencia del BCRA, sin resistir, como por ejemplo hicieron Alejandra Gils Carbó o Martín Sabbatella. A Vanoli lo eligió Santiago Cafiero, que fue quien el miércoles le pidió la renuncia. Y como segundo le habían puesto a Santiago Fraschina, de La Cámpora, con el que se llevaba muy mal y hasta dicen que llegaron a irse a las manos. Detalles de un “loteo” de cargos que ya había quedado expuesto con Daniel Arroyo en Desarrollo Social, donde las segundas líneas corresponden a Kolina, la agrupación de Alicia Kirchner.

Alejandro Vanoli venía haciendo “méritos” para terminar como terminó.

Otro botón de muestra estuvo en el ENACOM, donde su vicepresidente, el cristinista Gustavo López, habló en la semana de regular los contenidos de los portales de noticias, y el mismo día lo desmintió el presidente de ese organismo, el massista Claudio Ambrosini.

Vanoli venía haciendo “méritos” para terminar como terminó. Pero la escandalosa experiencia con los jubilados el último viernes de marzo no fue desencadenó su caída, sino la demora en la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pero sobre todo el retraso en designar directores por parte del Estado en Techint y Telecom. “Se durmió”, le reprocharon. Otra vez la influencia del cristinismo en la toma de decisiones.

La salida de Vanoli permitió eliminar el “doble comando” en un organismo clave. Ahora en la ANSeS, todo el poder estará en manos de La Cámpora, que ha ganado espacio de una manera que impresiona desde que Alberto y Cristina llegaron al poder. Y la vicepresidenta entronizó a referentes de la agrupación que conduce su hijo en las principales cajas del país. En la ANSeS fue designada Fernanda Raverta, y el lugar que ella dejó en el gabinete de Axel Kicillof será cubierto por Andrés “Cuervo” Larroque, secretario general de La Cámpora. En el PAMI ya estaba Luana Volnovich, exdiputada camporista muy cercana a Máximo Kirchner, hoy jefe del bloque oficialista en la Cámara baja.

Y ya que mencionamos al Congreso, al frente de las cajas de ambas cámaras Cristina puso a dirigentes de La Cámpora: Rodrigo “Rodra” Rodríguez en la Secretaría Administrativa de Diputados y María Luz Alonso en la del Senado. Prueba de la confianza extrema que la expresidenta tiene en sus seguidores más fieles, y de la construcción política que está haciendo pensando en 2023.

Legisladoras del oficialismo celebraron en las redes sociales la designación como directora de la ANSeS de Fernanda Raverta, exdiputada nacional y quien era hasta ahora ministra de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires.

“Ella siempre da todo por los demás. Es una enorme compañera. Éxitos en esta nueva etapa @FerRaverta!!”, escribió la vicepresidenta del bloque Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.

Ella siempre da todo por los demás.
Es una enorme compañera.
Exitos en esta nueva etapa @FerRaverta !! 💪🏼💜🇦🇷 pic.twitter.com/XZu5OUEbGm

— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) April 30, 2020

Por su parte, Mónica Macha felicitó a la flamante titular del organismo y sostuvo: “Sé de tu compromiso, tu sensibilidad y tu capacidad de trabajo. Tu designación frente al @ansesgob me genera mucho orgullo y felicidad”.

“Felicitaciones y un gran abrazo a la compañera @FerRaverta por su designación como titular de la Anses. Conocemos tu enorme capacidad de trabajo y de tu compromiso. Es un orgullo ver tantas compañeras en lugares protagonistas en este momento trascendental para el país”, destacó la misionera Cristina Britez.

Al compartir la publicación de Alberto Fernández, la porteña Paula Penacca llamó a Raverta “la mejor de las mejores”, mientras que la cordobesa Gabriela Estévez publicó: “Felicitamos a @FerRaverta, una compañera con una capacidad de trabajo sobresaliente y, sobre todo, con un corazón enorme al servicio de lxs demás”.

“Gran decisión de @alferdez designar a @FerRaverta al frente de @ansesgob por su formación, su capacidad pero por sobre todas las cosas su sensibilidad y compromiso con los sectores más vulnerables. Grosa!!!”, manifestó la entrerriana Carolina Gaillard.

Felicitaciones @FerRaverta por este nuevo desafío al frente de @ansesgob. En este tiempo tan especial es fundamental el trabajo de compañeras tan comprometidas como vos. pic.twitter.com/HA6QXJMkI5

— Rosana Bertone (@RosanaBertone) April 30, 2020

Por su parte, la fueguina Rosana Bertone la felicitó “por este nuevo desafío al frente de @ansesgob. En este tiempo tan especial es fundamental el trabajo de compañeras tan comprometidas como vos”. “Con esta decisión el presidente @alferdez designó a una mujer con una importante trayectoria política y social para este cargo de enorme responsabilidad en nuestro país”, resaltó.

En tanto, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, vicepresidenta del bloque Frente de Todos en el Senado, tuiteó: “Felicitaciones compañera @FerRaverta. Conozco la dedicación y el amor que ponés en tu trabajo, estoy segura de que vas a cumplir tu nueva función con mucha responsabilidad”.

Felicitaciones compañera @FerRaverta.

Conozco la dedicación y el amor que ponés en tu trabajo, estoy segura de que vas a cumplir tu nueva función con mucha responsabilidad. https://t.co/EbAiwK7Z0p

— Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) April 30, 2020