La diputada Fernanda Vallejos, presidenta de la Comisión de Finanzas, sostuvo este martes que el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas es “un acto de reparación y un puntapié inicial para tantos otros debates a partir de los cuales podamos parir una Argentina con mayor igualdad”.

Vallejos aseguró que es “mentira” la “supuesta asfixiante presión tributaria”, ya que “se está soslayando el hecho de que no estamos debatiendo un impuesto sino un aporte, por única vez, un aporte extraordinario, en una circunstancia que, probablemente, sea la más extraordinaria que le haya tocado vivir, por lo menos, a mi generación”.

“La presión tributaria en la Argentina se ubica cerca de 10 puntos por debajo de los niveles que existen en los países de la OCDE y cerca de 15 puntos por debajo de los europeos”, precisó.

También rechazó otro argumento de la oposición más dura, con respecto a que la iniciativa atenta contra las inversiones: “El aporte no recae sobre el patrimonio de las empresas, sino sobre las fortunas personales acumuladas por las menos de 9.300 personas humanas más ricas de la Argentina, en función de sus patrimonios declarados”.

“Esto también es mentira. Durante el anterior gobierno, las reformas tributarias que se instrumentaron, entre las que resalta el aplanamiento de las alícuotas de Bienes Personales, el impuesto que grava la riqueza en nuestro país, implicó que la tasa de recaudación por ese impuesto sobre el total cayera desde el 1,36% promedio durante 2003-2015, hasta el 0,74% durante 2015-2019. Cayó prácticamente a la mitad. Y, sin embargo, ¿creció la inversión cuando se redujeron los impuestos que pagan los ricos? ¡No! Mientras los ricos pagaron menos impuestos, la inversión cayó: desde una tasa promedio de 21,1% a una de 19%. Dicho de otro modo, cuando los impuestos a los ricos eran más altos, había más y no menos inversión en la Argentina”, retrucó.

La legisladora del Frente de Todos sostuvo que “iniciativas como el aporte extraordinario que estamos debatiendo son un intento de paliar en algo los vergonzantes niveles de injusticia que lastiman a nuestra sociedad”.

Según Vallejos, “tal es el nivel de concentración en pocas manos que este aporte recae sobre menos de 9.300 personas, el 0,02% de nuestra población. Pero de los aproximadamente 300.000 millones de pesos que esperamos recaudar, cerca de la mitad será aportado por solo 252 personas, las que están en la cima de la cima de la pirámide”. 

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado en la sesión de este miércoles un proyecto de ley que establece la acreditación inmediata de los pagos con tarjetas de débito en los comercios minoristas, mayoristas y pymes.

La votación resultó con 232 adhesiones, cuatro rechazos -de los diputados del Pro Luciano Laspina, Victoria Morales Gorleri, Carmen Polledo y Dina Rezinovsky- y tres abstenciones, de Omar De Marchi (Pro), Francisco Sánchez (Pro) y Aída Ayala (UCR).

La iniciativa, que conjugó propuestas de los oficialistas Ariel Rauschenberger y Carlos Ponce, modifica los artículos 2 y 15 de la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito.

El texto dispone “la obligatoriedad para las entidades bancarias y no bancarias de acreditar en forma inmediata el monto de las compras realizadas con tarjeta de débito y tarjetas prepagas en la cuenta del receptor cuando se trate de comercios minoristas o mayoristas de cualquier rubro”.

El dictamen que se había firmado en las comisiones de Finanzas y de Comercio solo refería a las tarjetas de débito, pero en la sesión se agregaron también las prepagas.

En el recinto también se dispuso una excepción, entre los comercios alcanzados, a “aquellos que estén vinculados o controlados por otras empresas o grupos económicos que no revistan la condición de mipymes”.

El proyecto faculta al Banco Central a “establecer los plazos y condiciones en que se efectivizarán las transferencias inmediatas”, y aclara que “la adecuación a la que refiere el no deberá influir en los costos de las comisiones, ni de transacción, ni de alquiler en los sistemas de captura de transacciones”.

Por último, se indica que la ley será de orden público, a aplicar en todo el país, y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

“Un volumen muy significativo de estas operaciones se realiza con estos medios de pago, donde el plazo, que va de 48 horas a varios días hasta que el monto es acreditado en la cuenta del receptor, implica una dificultad no menor para esos comercios por la imposibilidad de contar con la masa de dinero involucrada en esas operaciones”, explicó Fernanda Vallejos.

La presidenta de la Comisión de Finanzas destacó que “estamos aportando un elemento para apoyar a este sector de la economía que viene sufriendo las consecuencias de la crisis económica, y en el último año el agravamiento de esa crisis por la pandemia”.

Vallejos señaló que se busca “favorecer una mayor y mejor inclusión financiera” y en ese sentido mencionó el sistema de pagos digitales “Transferencias 3.0” que lanzó el Banco Central y que se pondrá en marcha el 7 de diciembre.

“Este es un beneficio que va a tener repercusión sobre el conjunto de la economía en la medida en que el reemplazo del efectivo por otros medios de pago, como las tarjetas, contribuye a limitar la informalidad en las operaciones y la evasión fiscal”, indicó la oficialista.

La titular de la Comisión de Comercio, Gabriela Lena (UCR), advirtió que la demora en la acreditación de las ventas con tarjeta de débito genera a su vez un retraso en el pago a proveedores.

También informó que “se ha incrementado casi un 32% el uso de débito en lo que va del aislamiento”.

El puntano Ponce, autor de uno de los proyectos unificados, indicó que “se cree que de la misma manera que se le debita al cliente, se le acredita al comerciante, pero no es así: tarda entre cuatro y seis días en acreditarse esa compra, y en ese tiempo el sistema financiero se queda con ese dinero, y mientras tanto el comerciante debe pagar a proveedores y pagar impuestos”.

“Este proyecto viene a corregir una situación injusta, desigual, que no solo afecta a comercios y pymes sino a la economía de cada rincón del país”, afirmó.

Rauschenberger, quien presentó la otra iniciativa, destacó que la ley traerá “un alivio a los comercios y contribuirá a la inclusión financiera y a la formalización de la economía, generando un efecto positivo en la recaudación”.

Además, el pampeano pidió seguir trabajando en el tema, para reducir nuevamente las comisiones que los comercios les pagan a las tarjetas de crédito y débito.

Por su parte, Alejandro “Topo” Rodríguez lanzó un mensaje a “la banca privada extranjera”: “No se les ocurra inventar vericuetos y dejar de colaborar para que se haga efectiva esta ley, si la aprueba el Senado. No corresponde que nadie haga nada en contra, y por supuesto desde el Congreso los vamos a estar mirando”.

En tanto, Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) resaltó que “nunca se pudo llegar al recinto de la Cámara de Diputados a tratar un tema que tocaba tantos intereses. Es la primera vez que estamos por dar una media sanción en ese sentido y esto habla bien de la política”.

Las comisiones de Finanzas y de Comercio de la Cámara de Diputados dictaminaron este jueves a favor de un proyecto consensuado que establece la acreditación inmediata de los pagos con tarjetas de débito en los comercios minoristas, mayoristas y pymes.

Tras escuchar en reuniones informativas a representantes de pequeñas y medianas empresas, comercios, tarjetas de crédito y bancos, el oficialismo avanzó con una redacción unificada en base a proyectos de Carlos Ponce y Ariel Rauschenberger.

Los bloques de la oposición acompañaron con su firma, y de esa forma el proyecto quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión virtual.

Rauschenberger destacó que “los avances tecnológicos se vieron acelerados en la pandemia, y también hay un Banco Central que ha tomado nota de la situación y está dando una respuesta concreta a través del programa Transferencias 3.0”.

En efecto, al inicio de la reunión se dio lectura a una nota enviada por el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, donde se refirió al lanzamiento de este programa, que se pondrá en marcha el 7 de diciembre. La nueva normativa impulsará los pagos digitales y promoverá una mayor inclusión financiera, expandiendo el alcance de las transferencias inmediatas.

“Estamos dando respuesta a una gran parte del problema. Las pymes son las más afectadas por esta situación”, planteó Rauschenberger.

A su vez, Ponce sostuvo que “hay que poner la tecnología al servicio de la economía. No es descabellado pensar que así como es posible la transferencia inmediata, no estamos lejos de que las tarjetas de débito se puedan hacer en el mismo día”.

El dictamen firmado establece “la obligatoriedad para las entidades bancarias de acreditar en forma inmediata el monto de las compras realizadas con tarjeta de débito en la cuenta del receptor cuando se trate de comercios minoristas o mayoristas de cualquier rubro”.

Se faculta al Banco Central a establecer los plazos y condiciones en que se efectivizarán las transferencias inmediatas, y se aclara que la adecuación a la ley “no deberá influir en los costos de las comisiones, ni de transacción, ni de alquiler en los sistemas de captura de transacciones”.

El oficialista Víctor Hugo Romero resaltó que ese artículo le permitirá a la entidad monetaria definir los términos de la inmediatez. “Si había algún tema operativo, el Banco Central terminará definiendo cuántas horas son”, aclaró.

En el mismo sentido, Luis Pastori (UCR) coincidió en que el artículo “cierra la idea y no nos metemos en el tema de una hermosa ley cuyo cumplimiento sea imposible”. De todos modos, propuso que el Banco Central tome como tope los tres días hábiles que actualmente fija la ley, y consideró que un “término razonable” serían 24 horas.

Las compras con tarjetas de débito alcanzaron 72.488 millones de pesos mensuales en 2019, lo que significó que los empresarios pagaran unos 652 millones en comisiones por mes y tardaran unas 48 horas o más en recibir ese dinero en sus cuentas, según datos de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME).

Dictamen-unificado-tarjetas

La Comisión de Finanzas que preside la diputada Fernanda Vallejos convocó a sus miembros para analizar los proyectos de acreditación inmediata en los comercios  minoristas, mayoristas y pymes de los pagos con tarjetas de débito, y una segunda iniciativa que establece rebajas en las comisiones que cobran los emisores de las tarjetas de débito y crédito.  La reunión será este jueves a las 15, conjunta con la Comisión de Comercio.

A través de videoconferencia, la comisión debatirá con el objetivo de emitir dictamen, luego de reuniones previas de carácter informativo donde expusieron representantes de los sectores involucrados: pequeñas y medianas empresas, comercios, tarjetas de crédito y bancos.

En el caso del proyecto del diputado del Frente de Todos Carlos Ponce, apunta a que los comercios cobren de manera inmediata las transacciones con tarjetas de débito que pagan los consumidores, ya que la banca y las compañías de créditos las cobran en el acto pero demoran en acreditarlas entre 48 y 72 horas. A su vez, el proyecto indicó que esta adecuación “no deberá influir en los costos de las comisiones, ni de transacción, ni de alquiler en los sistemas de captura de transacciones”.

Por su parte, el proyecto del diputado oficialista Ariel Rauschenberger busca que “en ningún caso”  el emisor de tarjetas de compra y crédito “efectuará descuentos ni aplicará cargos, por todo concepto, superiores al 1,5% sobre las liquidaciones presentadas por el proveedor”. Y para las tarjetas de débito, el porcentaje máximo será de 0,5%. Asimismo, sostiene que para el caso de las transacciones realizadas con tarjetas de crédito y débito a través de pymes cuyos niveles de facturación anual en ningún caso superen el máximo establecido para dicha categoría, el porcentaje máximo para la aplicación de cargos será del 0,3% y la acreditación de los importes correspondientes en las cuentas se hará en un plazo máximo de dos días hábiles.

Con respecto al proyecto de Ponce, que Vallejos motorizó desde la presidencia, los comercios y las pymes manifestaron un rotundo respaldo. Destacaron que es necesario porque aportará liquidez, en un contexto en el que en muchos casos no tienen espalda suficiente para afrontar las compras en efectivo. Además, remarcaron que la medida va a generar mayor acceso y aceptación del dinero virtual.

Por el lado de los bancos, señalaron que el proyecto es de “imposible cumplimiento” por motivos “contractuales”, y agregaron que las operatorias con débito no se regulan localmente sino por contratos internacionales.

El impacto económico de la pandemia afectó a los comercios y a las pymes, que  deben pagar las comisiones y lo correspondiente al posnet, mientras esperan hasta 72 horas para que el dinero de sus ventas por débito se acredite.

Antes de la pandemia atravesaban un complejo cuadro de situación por la recesión de los últimos dos años. Como contracara, en 2019 la rentabilidad neta de los cincuenta y dos bancos privados del país representó $302.863 millones, mientras que en 2018 había sido de $144.428 millones, según datos del Banco Central.

Las compras con tarjetas de débito alcanzaron los $72.488 millones mensuales en 2019, lo que significó que los empresarios pagaran unos $652 millones en comisiones por mes y tardaran unas 48 horas o más en recibir ese dinero en sus cuentas, según datos de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME).

Las comisiones de Finanzas y de Comercio de la Cámara de Diputados escucharon este miércoles a representantes de cámaras empresariales y asociaciones bancarias que cuestionaron, en su mayoría, los proyectos de ley sobre compras con tarjetas de crédito y débito.  

En la reunión virtual, presidida por Fernanda Vallejos (Frente de Todos), se analizaron iniciativas de los oficialistas Carlos Ponce y Ariel Rauschenberger, y también de Humberto Orrego (Producción y Trabajo) y Álvaro González (Pro).

Los proyectos buscan, por un lado, una nueva rebaja de las comisiones que cobran las tarjetas de crédito, y por otro, la acreditación inmediata de la compra realizada con tarjeta de débito en la cuenta del comerciante.

El primero en exponer fue Guillermo Fortunato, titular de Tarjeta Fértil, que cuenta con una veintena de sucursales en el interior bonaerense. “Somos sociedades anónimas que operamos en el negocio financiero, pero trabajamos con nuestros propios fondos, no tomamos dinero del público y pagamos impuestos”, describió.

Fortunato detalló cómo funciona la tarjeta y advirtió que “si por alguna ley o disposición nos obligaran a adelantar más el pago a los comercios, no lo podríamos hacer, sería imposible, porque daría un faltante de dinero que nos llevaría a tener que pedir fondos, y eso tiene un costo que no se lo podemos cobrar a nadie”.

Señaló además que con el 3% que cobran, como máximo, al comerciante, “nos hacemos cargo de toda la operación, y nos cierra”. “Si bajamos el arancel al 1,5%, para nosotros es la mitad de nuestros ingresos”, advirtió.

Norberto Etchegoyen, director ejecutivo de la Cámara de Emisores de Tarjetas No Bancarias, informó que “en Argentina hay 150 emisores de tarjetas de crédito, de los cuales 50 son bancarios y 100 no bancarios”, y estos últimos “representan el 30% del mercado y en su gran mayoría son empresas nacionales”.

“Los emisores no bancarios son sociedades anónimas no comerciales que no están regidas por las normas del Banco Central. Como emisores no bancarios, no tenemos nada que ver con el negocio de los bancos. Para nosotros, la tarjeta de crédito es nuestro único y principal negocio, en cambio para los bancos, la tarjeta es solo un servicio más de los que brindan”, aclaró.

Etchegoyen destacó que “las tarjetas de crédito regionales tienen una operatoria 100% en blanco” y una relación “muy estrecha con los comercios en el interior”.

Respecto del arancel que cobran, precisó que deben afrontar el impuesto a los Débitos y Créditos, Ingresos Brutos y tasas municipales de publicidad por los calcos que se pegan en las ventanas de los comercios, más el financiamiento de las cuotas sin interés. “Pensar que podemos bajar nuevamente el arancel y tener que hacer frente a todo el negocio es imposible”, dijo.

Por último, insistió en que “en el mercado de tarjetas de crédito no es todo igual” y pidió diferenciar entre emisores bancarios y no bancarios, y aquellos de índole regional, a la hora de evaluar los proyectos de ley.

César Bastien, director ejecutivo de ATACYC (Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra), mencionó que los cambios regulatorios “llevaron a que el sector se vaya achicando”, en “una lógica donde todos perdemos: pierden los consumidores, porque pierden el financiamiento del consumo; pierden los comercios, porque están perdiendo ventas; pierde el Estado, porque estamos perdiendo recaudación; y obviamente también pierden las empresas”.

Bastien informó que en el país hay en circulación 58 millones de tarjetas de crédito, distribuidas en 20 millones de usuarios únicos; el 68% del total está en manos de personas de segmentos medios y bajos de la población; y aproximadamente 1 millón de comercios aceptan compras con tarjeta.

El representante de ATACYC advirtió que entre 2018 y 2019 se perdieron 1.274.622 tarjetas y que los emisores sufrieron una “fuerte reducción de los ingresos” debido a la última rebaja del arancel cobrado al comercio, que actualmente es del 2%, siendo “el más bajo de región”.

Otros factores de esta caída, según Bastien, fueron la reducción del plazo de pagos, el programa Ahora 12 y la reducción de la tasa de interés.

En tanto, el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina, Claudio Cesário, manifestó que con la baja del arancel que se aplicó en los últimos años, “el beneficio quedó en el comercio, no hubo ningún beneficio para los consumidores”, por lo que “tampoco va a beneficiar a la economía”.

Sobre la acreditación inmediata de la compra con débito en la cuenta del comerciante, sostuvo que a nivel mundial no está prevista esta regulación, y explicó que al momento de acreditar los fondos al comerciante, se tienen que realizar retenciones impositivas.

“Las tarjetas de débito aplican aproximadamente 90 regímenes de retención, percepción e información, de los cuales más de 40 se aplican al momento de pagar a los comercios”, detalló Cesário al justificar su rechazo al proyecto, y agregó que si se convierte en ley “va a producir efectos no deseados: se va a achicar la torta, va a haber menos ventas y el Estado va a recaudar menos”.

Por su parte, el titular de la Asociación de Bancos Argentinos, Javier Bolzico, llamó a pensar la regulación en términos de un “ecosistema” donde coexisten muchos actores -usuarios, comercios, bancos, el Banco Central y la AFIP, entre otros-, con lo cual si se afecta a una de las partes, hay consecuencias sobre todo el sistema.

Por eso, Bolzico pidió que antes de avanzar se analice si estas leyes van a incrementar la cantidad de usuarios de tarjetas o el número de transacciones.

Además, habló de una “paradoja” porque “somos el país con comisiones más bajas, pero también tenemos la carga impositiva más alta”, por lo que propuso hacer foco en el tema impositivo.

Hugo Flores, director ejecutivo de la Asociación de la Banca Especializada, coincidió en que las tarjetas en Argentina cobran los aranceles más bajos de la región, y sin embargo hay cada vez menos usuarios y menos transacciones.

“Cada vez que metemos la mano en el motor, nos rinde menos kilometraje, y nuestro motor está al límite”, graficó, y añadió: “Los proyectos tienen la mejor intención del mundo, pero van a lograr el efecto contrario”.

Del encuentro también participaron Beatriz Tourn, presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias de Chaco; Alejandra Ruiz, del Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba; y Gabriel Safirsztein, de la Asociación de Empresarios para el Desarrollo.

“Disentir con un gobierno es parte de la democracia. Movilizarse, aun con el riesgo que implica en una pandemia, también. Pero promover una convocatoria a una protesta en el domicilio de una persona solo fomenta la grieta y daña esa convivencia democrática”, se quejó este lunes el presidente Alberto Fernández en referencia al escrache convocado frente al domicilio de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Marcha del odio”. Así calificó la diputada nacional Fernanda Vallejos, al igual que otras figuras del oficialismo, la movilización a la que convocaron dirigentes del macrismo. Desde el Gobierno, el ministro de Defensa Agustín Rossi cruzó a la oposición, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior Wado De Pedro criticaron al diario Clarín, que publicó la dirección del edificio de la vicepresidenta como destino de la marcha.

Desde el Gobierno, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y una serie de ministros de peso del gobierno nacional repudiaron en Twitter la maniobra y apuntaron al macrismo. Se pronunciaron Agustín Rossi -el presidente Alberto Fernández lo retuiteó-, Felipe Solá, Martín Katopodis, Juan Cabandié y Roberto Salvarezza. “Dejaron un país quebrado, endeudado, con alta inflación”, cargó Rossi contra el macrismo, y continuó: “Sin embargo, hace seis meses que salen de caravana, insultan, agreden y no se hacen cargo de nada”.

“Es repudiable que se convoque a escrachar a Cristina Kirchner, que ocupa su cargo de vicepresidenta elegida por el pueblo. Es antidemocrático y lo repudiamos en todos los casos”, reforzó Solá. Asimismo, el ministro del Interior, Wado de Pedro, afirmó: “El macrismo y Clarín convocan a una marcha frente al domicilio particular de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Es muy claro que no defienden la República ni respetan las instituciones, son los profetas del odio”. En tanto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, también en sus redes, reclamó: “Le pedimos a la oposición que se exprese contra estas prácticas peligrosas y tome el camino del diálogo democrático y la sensatez”.

La diputada Fernanda Vallejos repudió a los dirigentes de Juntos por el Cambio que convocaron a movilizarse contra el Gobierno. “El veneno que destilan es la marca de su propia decadencia. Si no fuera por su afán de lastimar al pueblo y rebajar a la Patria a la categoría de colonia, no merecerían más que la lástima que inspiran los miserables”, rechazó la legisladora.

El oficialismo calificó de antidemocrática e irracional la convocatoria al edificio de la vicepresidenta por parte de la oposición y Clarín, en cuya nota sobre la marcha incluyó la dirección del edificio donde habita Cristina Kirchner en la CABA. “¿Un panfleto convocando a la marcha del odio? ¡En la casa de la vicepresidenta! La figura de Cristina ya está tallada en la historia grande de nuestra Patria. A pesar de la frustración de los que no pudieron ni podrán correrla del lugar que le dio el pueblo”, sostuvo Vallejos.

Vallejos también pidió al resto de la dirigencia que se pronuncie. “Toda la dirigencia y las fuerzas políticas democráticas deben expresarse, sin demora, en repudio a la violencia política, a la incitación al escrache contra la Vicepresidenta de la Nación y la provocación contra el pueblo argentino que eligió a este gobierno”, resaltó.

A su vez, el diputado Leopoldo Moreau criticó la publicación de Clarín. Dijo que “es un llamado al escrache y la violencia”. Mientras que el diputado Eduardo Valdés remarcó que “el odio cegado y el no reconocimiento de la voluntad popular se llama Clarín”.

Repudiable Clarín convocando a marchar frente al domicilio de la vicepresidenta @CFKArgentina , quien fuera dos veces Presidenta de los argentinos elegida por el voto popular. Tiene un solo objetivo: Alimentar el Odio y el Golpismo.#ArgentinaUnida pic.twitter.com/JjlwASA6am

— Martin Doñate (@martindonate) October 12, 2020

“Junto con la grandeza de Cristina, también quedará escrito en la historia el repudio del pueblo por los que, vistiendo el ropaje de medios de comunicación, se pusieron a la cabeza de la causa los conspiradores, saqueadores y enemigos de la Argentina y de la Democracia”, concluyó Vallejos. Y se dirigió al jefe de Gobierno porteño. “El intendente de CABA también debe actuar en procura de poner límites a la violencia, el odio y la intolerancia, propios de los enemigos de la Democracia que, en los últimos tiempos, triste y lamentablemente, tanto nos recuerdan a comportamientos fascistas que pensamos superados”.

Otros dirigentes que expresaron su repudio fueron los intendentes Mayra Mendoza (Quilmes), Andrés Watson (Florencio Varela); los legisladores Mónica Macha, Itai Hagman, Leandro Santoro, Mariano Recalde; y la directora del Banco Provincia Juliana Di Tullio.

Por su parte, el diputado Marcelo Casaretto tuiteó que “en 2019 los argentinos votaron un Gobierno hasta 2023. Desde hace meses muchos opositores marchan para desconocer las autoridades electas y condicionarlas, con apoyo de factores de poder y grandes multimedios. En el Frente de Todos, seguimos unidos”.

nunca visto!!!! que un diario convoque a una marcha dando de referencia el domicilio de la vicepresidenta , vergonzozo !!!

— Lucía Corpacci (@LuciaCorpacci) October 12, 2020

A través de su cuenta de Twitter, la diputada nacional Fernanda Vallejos salió a contestar las acusaciones de la presidenta del Pro contra el jefe de Gabinete. La legisladora le recordó a Bullrich los vínculos de el expresidente Mauricio Macri, el exministro de Economía Alfonso Prat-Gay, y las familias Fortabat y Larreta en maniobras financieras con empresas off shore.

Vallejos inicio el hilo del siguiente modo: “Hablando de USD y notas. Aún estamos esperando que el ex presidente Macri responda qué pasó con los activos offshore que saltaron en #PanamaPapers que se había ‘olvidado’ de declarar. Lo mismo el ex pte del BCRA, Caputo, con su offshore Noctua con la que compró bonos a 100 años”.

La diputada continuó su descargo llamando la atención sobre la “sugestiva amnesia” que atribuye a la exministra de Seguridad sobre las conductas financieras de los integrantes de su propio espacio.

“La lista, claro, es mucho más larga. Como sabemos, en #PanamaPapers y #ParadisePapers fueron varios los ex funcionarios nacionales, provinciales, intendentes y legisladores de su partido que aparecieron ocultando sus fortunas en las cloacas que usan los delincuentes globales”.

“Casi me olvidaba de #BahamaLeaks. Ahí también apareció el ex presidente Macri. Acá le refresco la memoria, por si acaso la perdieron, como se preguntaba nuestro Jefe de Gabinete @SantiCafiero”.

A continuación incorporó una nota de su autoría de abril de este año donde la Presidenta de la Comisión de Finanzas explicaba “cómo operan los delincuentes globales, en guaridas para defraudar al Estado, entre otros delitos, como contrabando”, y dónde ademas recordaba que “la AFIP, entonces conducida por R. Etchegaray, denunció al HSBC por montar ‘una plataforma ilegal de evasión’. También denunció la participación de ‘facilitadores’, donde sobresalió el ex ministro Prat Gay, administrando los U$S 68 millones ocultos de Lacroze de Fortabat”.

Hablando de USD y notas. Aún estamos esperando que el ex presidente Macri responda qué pasó con los activos offshore que saltaron en #PanamaPapers que se había "olvidado" de declarar. Lo mismo el ex pte del BCRA, Caputo, con su offshore Noctua con la que compró bonos a 100 años. https://t.co/76c7ujxmsw

— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) September 26, 2020

“Allí también apareció, entre otros, un patrimonio de más de U$S 7 millones de la familia Rodríguez Larreta, administrado por Alejandro Tawil. Llamativamente, las empresas investigadas por las cuentas del HSBC, coinciden con las señaladas por fugar divisas en la crisis del 2001”.

La economista finalizó su mensaje volviendo a referirse directamente a la exministra de Seguridad: “Como puede notar, son muchas las respuestas que los argentinos y argentinas estamos esperando. Espero que estos comentarios le refresquen la memoria. Aunque, sinceramente, estoy segura que no es desmemoria. Lo de ustedes es cinismo”.

“No obstante, los argentinos y argentinas no perdemos la esperanza de contar, más temprano que tarde, con un Poder Judicial independiente (también del poder económico), aunque a ustedes eso los ponga tan nerviosos. Porque ¿sabe qué? Allí deben responder por tamaño latrocinio”, agregó Vallejos, para concluir: “Por último, me alegra que se haya recuperado. Aunque me gustaría que, en lugar de lanzarse a la campaña, en medio de una pandemia que azota al mundo entero, colaboraran para cuidar la vida y la salud de todos los argentinos y las argentinas. Que tenga un #BuenSabado”, cerró el hilo Vallejos.

La diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos destacó el dictamen de mayoría que obtuvo este viernes el proyecto de aporte extraordinario y solidario de los más ricos del país para ayudar a mitigar los impactos de la pandemia. Y cargó contra la oposición de Juntos por el Cambio por “defender los intereses” de esa minoría de contribuyentes.

“Debatimos el proyecto de aporte extraordinario de las grandes fortunas. Son las 9.300 personas más ricas de la Argentina. Y una contribución para morigerar los impactos de la peor crisis de toda la historia del Capitalismo, a la que Argentina llegó después de la tragedia macrista. Queremos un país más justo”, expresó la diputada kirchnerista.

Ante la postura adoptada por la principal oposición, Vallejos sostuvo que “algunos eligieron defender a 9.300 millonarios, en contra del interés de la mayoría. Se oponen al aporte para fortalecer el sistema de salud, construir viviendas, acompañar a las pymes y a los jóvenes. Son Juntos por los Ricos. Nosotros, elegimos defender el interés de todos. Para eso hacemos política”.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda emitió dictamen de mayoría este viernes al proyecto de “aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los impactos de la pandemia”, con 27 acompañamientos. La iniciativa establece el pago obligatorio, extraordinario y por única vez de las personas físicas de mayor patrimonio declarado, que posean bienes en el país y en el exterior iguales o superiores a $200 millones en el ejercicio 2019, con alícuotas progresivas que van de 2 a 3,5%. La ley se aplicará sobre los bienes personales desde la fecha en que entre en vigencia.

Según el informe que AFIP presentó el lunes en la comisión, se espera recaudar $307.000 millones (1,1% del PBI del corriente año), que alcanzaría a un universo potencial de 9298 personas. De ese total, 7438 ya presentaron sus declaraciones juradas de Bienes Personales y otros 1860 todavía no lo hicieron. Además, se estima que 253 personas con patrimonios de más de $3000 millones  -los más ricos, que integran la escala más alta del aporte- podrían aportar el 50% de esa recaudación potencial.

Esos fondos serán destinados a comprar equipamiento de salud para atender la pandemia (20%), apoyar a las PyMEs (20%), urbanizar barrios populares (15%), invertir en la producción de gas natural (25%) y relanzar el Progresar para los jóvenes (20%).

La presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Fernanda Vallejos, destacó del proyecto de Presupuesto 2021 presentado este martes en el Congreso que en el mismo “sobresale la drástica reducción de la partida destinada al pago de intereses de la deuda y, como contracara, el incremento del 100% en el gasto de capital, en inversión pública”.

En ese sentido, la economista recordó que “en el año 2019 los intereses se llevaron el 15% del gasto total ejecutado y representaron el 3,5% del PBI. Que esa partida ahora caiga al 6,64% del gasto total presupuestado y apenas al 1,5% del PBI, realmente es un logro muy importante”.

“Tenemos una hoja de ruta racional, que recupera el rol del Estado, más en la difícil situación que nos toca enfrentar. Un presupuesto que, en definitiva, señala un sendero de recuperación”, aseguró la legisladora kirchnerista tras la presentación de Martín Guzmán del proyecto de ley de leyes.

Tras las críticas de Mauricio Macri publicadas en La Nación este domingo, la diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos cargó contra el programa económico del exmandatario y su “impacto negativo” en la vida de gran parte de la población. También objetó que haya mantenido el silencio sobre el levantamiento policial que rechazó todo el resto del arco político.
La diputada nacional criticó las expresiones de Mauricio Macri, a las que calificó de “mentirosas” y de “ofensivas hacia la democracia”.

“Usted rompió mucho más que el silencio. Rompió la vida de millones de compatriotas a los que sus políticas dejaron sin trabajo, rompió el tejido productivo, con las 25.000 empresas que se extinguieron durante su gobierno, rompió el esfuerzo de una década de desendeudamiento”, señaló en el inicio de una extensa cadena de tuits, en la que agregó: “Responsabilidad, creo que nunca tuvo. Al menos, no para con la Argentina. Compromisos, sin dudas sí, con sus negocios y los de sus socios, a los que favoreció valiéndose del Estado, a costa del país, al que dejó con 40% de pobreza mientras promovía la fuga de USD 103.000 millones”.

Vallejos cuetionó el programa de Cambiemos, que calificó como “de especulación, fuga y endeudamiento. Con ese programa, volvimos al sendero de la desigualdad, cuando el 1% más rico pudo concentrar más del 15% del ingreso nacional”.

En otro pasaje, Vallejos confiesa que “siempre me llamó la atención su habilidad para el cinismo y la mentira. Y, dentro de ello, ese ejercicio de proyección permanente, de acusar a sus opositores de las prácticas más oscuras que su gobierno, como cada vez sale más a la luz, fue capaz de ejecutar”.

“De ataques a la Constitución usted, más que una columna, podría escribir un libro. No se moleste. La historia se va a ocupar de eso. De todos ellos, en lo personal, jamás olvidaré cómo, usando la CN como servilleta, ud metió al FMI por la ventana, burlándose del Congreso Nacional”, agregó, para apuntar luego que “es evidente que el ‘Nuevo Contrato Social’ que la mayoría de los argentinos y argentinas elegimos para el país, basado en la igualdad, la solidaridad y la justicia, al bloque de poder que ud representa, no es que le resulte inédito, pero sí intolerable. ¿La Democracia también?”.

Asimismo le pidió al expresidente “que se ahorre las referencias al Congreso que usted mantuvo clausurado de facto. Más, después del bochornoso espectáculo que ofreció su bloque 2 semanas atrás cuando intentó impedir la continuidad de las sesiones y censurar la agenda parlamentaria”.

“¿En serio nos va a hablar de transparencia en la gestión? Usted fue jefe de un gobierno que violó sistemáticamente la Ley de Ética Pública, colocando al frente de las áreas más sensibles del Estado a los representantes del poder económico a los que se debía controlar”, agregó Vallejos, que acusó a Maci de destuir “la industria, la ciencia, la educación, la salud, nos dejó endeudados hasta la coronilla, empobrecidos y con una recesión galopante, amén de la inflación más alta en 3 décadas. Y el hambre… Conceptos como crecimiento o desarrollo, sinceramente, le quedan grandes”.

“Para decir lo que dijo, Macri podría haber mantenido el silencio, nadie lo iba a notar”, señaló este domingo el presidente del Consejo Nacional Justicialista, José Luis Gioja, en referencia a la nota publicada por Mauricio Macri en el diario La Nación, donde cuestiona duramente la gestión de Alberto Fernández.

Gioja señaló que “el expresidente arranca diciendo ‘la responsabilidad que me cabe’, y hay que decirlo claramente: él es responsable de la debacle política, económica, social, institucional, financiera, sanitaria, vial, de política exterior y educativa, del país, previa a la pandemia”.

“Con sorpresa leemos”, sostuvo Gioja, “que Macri apela a la defensa de la Constitución; justo él se para en ese lugar, que lo primero que hizo cuando llegó a la Casa de Gobierno fue nombrar por decreto a dos jueces para la Suprema Corte de Justicia”.

El diputado por el peronismo sanjuanino agregó que “en otro tramo de su nota, dice que ‘la sociedad ha madurado’ y yo digo que la sociedad se ha cansado ya. Se ha hartado de los dirigentes como Macri y los de su espacio político, que incendiaron el país y hoy pontifican desde el diario La Nación”.

“Hay que hacer un gran esfuerzo para llegar al final de esa carta de Macri, llena de frases hechas y lugares comunes, sin autocríticas por una gestión desastrosa, no parece escrita por un líder político que fue Presidente”, finalizó Gioja.

Por su parte, el diputado nacional Itai Hagman tuiteó: “Macri escribe como gobernó. Con frases hechas, lugares comunes. Sin datos ni fundamentos. Alejado de la realidad y de las preocupaciones de la inmensa mayoría de la población. Ah, y de vacaciones obvio”.

También opinó el legislador porteño Leandro Santoro, quien señaló que “Macri en su intento por recuperar terreno en el campo opositor, siembra el miedo y pública hoy una solicitada en La Nación dónde afirma que ‘se ataca la Constitución’ y remata con: ‘Es elecciónes libres o no habrá transparencia en los resultados’”. Y concluye: “Otro irresponsable q tira del mantel”.

Por su parte, la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos calificó de “mentirosas” las expresiones del expresidente y de “ofensivas hacia la democracia”. “Usted rompió mucho más que el silencio. Rompió la vida de millones de compatriotas a los que sus políticas dejaron sin trabajo, rompió el tejido productivo, con las 25.000 empresas que se extinguieron durante su gobierno, rompió el esfuerzo de una década de desendeudamiento…”, señaló la presidenta de la Comisión de Finanzas.

“Responsabilidad, creo que nunca tuvo. Al menos, no para con la Argentina. Compromisos, sin dudas sí, con sus negocios y los de sus socios, a los que favoreció valiéndose del Estado, a costa del país, al que dejó con 40% de pobreza mientras promovía la fuga de USD 103.000 millones”, agregó en un extenso hilo de tuits.

Otro que se manifestó de manera crítica es el diputado Leopoldo Moreau, para quien “el expresidente Mauricio Macri despliega todo su desparpajo y cinismo apoyado en la creencia de estar frente a una sociedad desmemoriada”.

“Macri sostiene que el Frente de Todos, para poder gobernar sin límites, violenta la ley fundamental de la Nación que es la encargada de garantizar los derechos básicos y libertades”, señaló. Al respecto, Moreau expresó que “resulta tragicómico que el expresidente, que instrumentó y condujo el sistema de espionaje ilegal más grande de la historia democrática de la Argentina, que vulneró como nadie los derechos y garantías de los ciudadanos, quiera asumir el papel de defensor del estado de derecho”.

“A ese aparato de persecución política -destacó el diputado- se le podrían añadir las violaciones sistemáticas que Macri promovió contra la Constitución Nacional. Para enumerar sólo algunas de ellas, podemos recordar que el expresidente intentó designar por decreto a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia. También -añadió el legislador- reformó y derogó por Decreto de Necesidad y Urgencia leyes aprobadas por el Parlamento. Asimismo, impuso el desplazamiento de jueces que no eran serviles a sus políticas institucionales y económicas, a la vez que promovía la designación a dedo de otros magistrados dispuestos a servir sus órdenes”.

Moreau agregó que “además intentó desmantelar una empresa periodística, extorsionando y encarcelando a su propietario y pretendió limitar la libertad de expresión con cesantías masivas en los medios de comunicación públicos”.

“Sin duda lo suyo es de un republicanismo marketinero, que sólo pretende encubrir su vocación autoritaria”, sostuvo Moreau.

La diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos, presidenta de la Comisión de Finanzas, salió al cruce del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por recurrir a la Corte por los cambios en coparticipación, y sostuvo que esa medida apunta a “construir un país justo y desarrollado”.

“Los recursos destinados a la provincia de Buenos Aires no le pertenecen a la Ciudad, sino a la Nación. CABA no integra el régimen de coparticipación. Nación no le resta coparticipación al Estado porteño, sino que redistribuye recursos del Estado nacional”, aclaró la economista.

Vallejos remarcó que la medida apunta a “construir un país justo y desarrollado”. “Argentina es un país extenso, diverso y muy desigual. Construir un país justo y desarrollado no puede hacerse anteponiendo el color político de quien gobierna cada distrito, sino trabajando para que todos los argentinos, en cualquier rincón que vivan, seamos efectivamente iguales”, afirmó.

Según la legisladora oficialista, “las desigualdades históricas” entre un distrito y otro en la distribución de la coparticipación “se profundizaron durante el gobierno de Mauricio Macri en favor de la CABA: en 2016, acrecentó los fondos para la CABA del 1,40% del total de la masa coparticipable a 3,75%. Con el Pacto Fiscal de 2017, el porcentaje bajó levemente a 3,5%”.

“Macri decidió darle esos recursos al distrito más rico del país. Nosotros decidimos corregir ese desequilibrio y redireccionarlos hacia la provincia donde vive la mayor cantidad de argentinos y argentinas en situación de vulnerabilidad”, reforzó Vallejos en un comunicado.

Le diputada insistió en que el expresidente “triplicó los recursos nacionales recibidos por la Ciudad” y agregó: “Esos recursos excedieron las necesidades del traspaso de la policía. Ese punto excedente será distribuido hacia una provincia en la que vive la mayor cantidad de argentinos vulnerables”.

Finalmente, dijo que “no le sorprende” la decisión de Larreta de ir a la Corte. “Su espacio político se ha caracterizado por la utilización del Poder Judicial, tanto en beneficio de su interés como para la persecución de opositores”.

La diputada del Frente de Todos destacó el anuncio que hizo del presidente Alberto Fernández, para declarar “servicios públicos” a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga. Vallejos había presentado un proyecto de ley en abril para frenar los aumentos del 35% dispuestos en los primeros meses del año por las empresas de telefonía, internet y cable.

Luego del anuncio presidencial Fernanda Vallejos dijo que “desde el comienzo de la pandemia venimos trabajando para garantizar a nuestro pueblo el acceso a los servicios esenciales”.

“Con la telefonía, el cable y el servicio de internet, el Estado tenía la dificultad de que, al no ser un servicio público, no contaba con las potestades para regular estas tarifas, y esa situación fue permanentemente utilizada por las empresas prestadoras para impulsar aumentos, con una insensibilidad escalofriante, aún en medio de la pandemia”, cuestionó.

Vallejos presentó a fines de abril un proyecto para frenar los aumentos dispuestos en los primeros meses del año por las empresas de telefonía, internet y cable. En concreto, propuso suspender “cualquier tipo de modificación en los precios y tarifas de los servicios de telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable, por vínculo radioeléctrico y satelital con cobro a usuarios, a partir del 1° de marzo y durante la vigencia del ‘Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio’”.

En este sentido, la diputada afirmó que “desde el Congreso, el abuso de las empresas hacia los argentinos y argentinas, nos impulsó a presentar un proyecto de ley a fines de abril, para ponerle límite a esas conductas rapaces”, indicó. “Con esta decisión que acaba de anunciar nuestro presidente, el Estado argentino, administrado por un gobierno que defiende el interés popular, ratifica su compromiso con la defensa de derechos consagrados como lo son los de usuarios y consumidores y reafirma su vocación de cuidarnos a todos y todas, que no es otra cosa que honrar el mandato popular para el que el pueblo argentino nos honró con su voto”, reforzó.

Al proyecto habían adherido 49 diputados, entre ellos, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, el titular del Partido Justicialista y tres veces gobernador de San Juan, José Luis Gioja, el referente del radicalismo, Leopoldo Moreau y Hugo Yasky, titular de la CTA. También, contó con el respaldo del diputado José Luis Ramón, presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo.

Hemos decidido declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga. De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas.

— Alberto Fernández (@alferdez) August 21, 2020

El presidente Alberto Fernández comunicó la medida a través de su cuenta de Twitter. “Hemos decidido declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga. De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas”, señaló. De esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado. El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado”, amplió.

Fernández concluyó: “La educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación son derechos básicos que debemos preservar. Por eso hemos ordenado que de aquí en adelante haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen”.

El proyecto de sostenibilidad de la deuda bajo legislación local, que apunta a darle a los tenedores el mismo trato que aquellos que optaron por la legislación extranjera, recibió dictamen favorable con apoyo de todos los bloques y este martes se tratará en el recinto de la Cámara de Diputados.

La iniciativa avanzó en un plenario exprés de las comisiones de Presupuesto y Finanzas, luego de una videoconferencia entre los diputados del Frente de Todos y el ministro de Hacienda, Martín Guzmán, quien brindó detalles del texto.

Al abrir la reunión virtual, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, explicó que los tenedores de títulos elegibles que no adhieran a la invitación a canjear continuarían sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2021.

El legislador informó que el monto global alcanzado por esta parte de la reestructuración de la deuda es de 41.714 millones de dólares, y el objetivo es “darle a quienes aceptaron tomar deuda en moneda extranjera bajo legislación argentina el mismo trato que obtengan quienes hayan elegido la legislación extranjera”.

Esto, resaltó, “tiene un valor simbólico hacia adelante, porque quienes confiaron en la legislación nacional no van a resultar perjudicados”.

Asimismo, Heller detalló que “la tasa de interés promedio de estas colocaciones” bajará del 7,58%, al 2,39%. “Está clara la magnitud del ahorro que esto significará para el Estado nacional”, afirmó, y agregó que “la vida promedio de la deuda como está perfilada actualmente es de cinco años, y con esta propuesta será de algo más de diez años”.

Por último, el oficialista señaló que “los pagos para el 2020-2024, de acuerdo a lo que está firmado de este tramo de deuda, serían por 32.400 millones de dólares, y de acuerdo a la propuesta solo se desembolsarían 2.152 millones de dólares”.

“Se está avanzando en la dirección correcta y pedimos el acompañamiento de todas las fuerzas políticas para lograr una reestructuración integral de la deuda y que quede un sendero de sostenibilidad, fundamental para encarar cualquier programa de desarrollo y crecimiento con inclusión social”, sostuvo.

En tanto, Fernanda Vallejos, presidenta de la Comisión de Finanzas, destacó el apoyo unánime del proyecto en el Senado, y aseguró que “eso nos da un marco para el debate” en Diputados.

Vallejos puntualizó que “el valor nominal de los bonos que están sujetos a este canje equivale a aproximadamente el 13% de la deuda total, a lo que hay que sumar los intereses a pagar sujetos a reestructuración”.

“Se promueve un tratamiento equitativo de los títulos emitidos bajo ley nacional y extranjera. Esto es sumamente positivo para el fortalecimiento de un mercado en moneda nacional al que todos aspiramos”, afirmó.

En esa línea, advirtió que “el perfil de la deuda que se intenta renegociar es realmente muy complicado, aun sin considerar la deuda con el FMI”.

Desde la UCR, Alejandro Cacace coincidió en que “es importante la igualdad de trato”, pero consideró que el artículo tercero del proyecto “no implicaría exactamente” eso, ya que “los procesos de reestructuración son por lo general voluntarios” y “acá se ha optado por un mecanismo de reperfilamiento automático”.

“Le estamos diciendo a los tenedores que a aquel que no entre al canje se le va a reperfilar la deuda automáticamente al 31 de diciembre de 2021, que es un año más, con lo cual tienen allí una pérdida patrimonial, y eso hace que no sea voluntario el trato”, alertó el radical.

En tanto, se preguntó “qué va a ocurrir con la deuda que está en manos de los organismos públicos”, como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que “tiene bonos en dólares que son el 42% de toda su cartera en dólares; prácticamente 10.000 millones de dólares en bonos bajo ley local del FGS, que de asignársele esta alternativa sufriría una pérdida patrimonial muy importante del dinero de nuestros jubilados”.

Por otro lado, reclamó la presencia del ministro de Hacienda, Martín Guzmán, “para atender a las inquietudes de los diputados de todos los bloques, no solo del oficialismo”, en alusión a la videoconferencia previa que mantuvo el funcionario con el bloque del Frente de Todos.

Luciano Laspina (Pro) consideró una “buena señal” el trato igualitario a los acreedores. “La legislación local ha sido históricamente muy maltratada en Argentina, y con esta ley estamos reivindicando la fortaleza de la legislación local, al menos en relación a la legislación extranjera”, concedió.

Laspina observó, al igual que Cacace, que “hay observaciones técnicas, pero de ningún caso pueden obstaculizar el objetivo más importante, que es el de darle un tratamiento igualitario a ambas legislaciones”.

Por su parte, Jorge Sarghini (Consenso Federal) calificó el proyecto como “altamente positivo”, al considerar que “es rigurosamente bueno que se le dé un tratamiento equitativo a quienes tomaron deuda bajo ley nacional y se los equipare a lo que se les ha ofrecido a los que están bajo ley de Nueva York”.

“Somos absolutamente conscientes de que estos avances, que hoy pueden parecer neutrales, no van a ser neutrales cuando de a poco nuestra economía empiece a tomar cierta normalidad”, dijo.

IVA a la leche

Al inicio de la reunión conjunta, Heller confirmó que tras una videoconferencia con Guzmán, se decidió que el Frente de Todos dará marcha atrás, por el momento, con el IVA del 10,5% sobre la leche, una modificación que se proponía en el proyecto de ley de ampliación presupuestaria.

“El Poder Ejecutivo está analizando una serie de cuestiones que tienen que ver con cambios en materia impositiva, y en función de esos cambios pidieron que saquemos de consideración el tema del IVA a la leche, que había generado una discusión. Por lo tanto, nuestra decisión es sacar ese tema”, confirmó Heller.

El oficialismo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió dictamen -con 27 votos a favor- al proyecto de ampliación del régimen de moratoria establecido en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva del mes de diciembre, para el pago de deudas impositivas y previsionales. Por iniciativa de la diputada Fernanda Vallejos, se añadió como beneficiarias a las organizaciones comunitarias ya que desarrollan programas de promoción y protección de derechos sociales que permiten paliar las consecuencias de la crisis. La propuesta recibió el respaldo de los diputados de Juntos por el Cambio, Luis Pastori (UCR), y de Paula Oliveto (CC). La oposición, por su parte, emitió dictamen de minoría con 22 votos.

“En el contexto de universalidad que tiene esta política, que el Poder Ejecutivo trajo para su tratamiento, me gustaría enfatizar el rol de las organizaciones comunitarias que participan en el seno de nuestra sociedad y que además han tenido un rol tan notable en el desarrollo y contención de diferentes acciones que han ayudado mucho a mitigar los impactos de esta crisis, sobre todo en los sectores más vulnerables, los que sufren más duramente las consecuencias de la crisis”, destacó Vallejos.

“Nos parece oportuno mencionar específicamente al conjunto de las organizaciones comunitarias inscriptas”, prosiguió la legisladora. “Son organizaciones que no persiguen fines de lucro en forma directa o indirecta y que desarrollan programas de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda social directa que, insisto, en este contexto en particular, están cumpliendo un rol muy importante”, destacó.

Se consideran organizaciones comunitarias a las fundaciones, las asociaciones civiles, las simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal que no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y desarrollen programas de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda social directa. De este modo, la moratoria contempla a clubes de barrio, bibliotecas populares, entidades de bien público, jardines y casas del niño, centros juveniles, culturales y deportivos.

La moratoria es parte de las medidas de recuperación de la economía del Gobierno nacional. Busca ser un alivio para empresas y personas ante la inédita crisis económica que provocó la pandemia, aseguró la administradora de la AFIP,  Mercedes Marcó del Pont. Durante su exposición dos semanas atrás ante los diputados, precisó que la deuda total a regularizar es de $534.000 millones.

Entre las modificaciones al dictamen de mayoría, por pedido de otros bloques, los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de la AFIP “podrán acogerse, por las obligaciones vencidas al 30 de junio de 2020 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, al régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones que se establecen en el presente Capítulo”.

Se excluyen de lo dispuesto en el párrafo anterior las deudas originadas en cuotas con destino al régimen de riesgos del trabajo, los aportes y contribuciones con destino a las obras sociales y  “las personas humanas o jurídicas que posean activos financieros situados en el exterior, excepto que se verifique la repatriación de al menos el treinta por ciento (30%) del producido de su realización, dentro de los sesenta (60) días desde la adhesión al presente régimen, en los términos y condiciones que determine la reglamentación”.

En otro orden, se eliminó el artículo 14 que habilitaba al Poder Ejecutivo a prorrogar la moratoria. Esa atribución será del Congreso.

También se excluyen aquellas “actividades de servicio de telefonía fija, servicio de telefonía móvil y telecomunicación vía internet, en la medida de que se verifique que han tenido un aumento en su facturación, en los términos y condiciones que determine la reglamentación”. Quedan exceptuados de esta exclusión las Cooperativas y MyPYMEs.

La tasa de interés será fija del 2 % mensual, durante las seis primeras cuotas resultando luego de aplicación la Tasa BADLAR en moneda nacional de bancos privados, aplicándose para ambos el sistema de amortización francés.

Frente a la crisis económica sin precedentes producto de la pandemia y la herencia socioeconómica macrista, la diputada Fernanda Vallejos respaldó la implementación de un ingreso universal, medida que estudia el Gobierno nacional y que se aplica en otros países, destinada a aportar una base de ingresos para aquellos sectores informales de bajos ingresos o que perdieron sus actividades de sostén.

“Es una salida muy interesante, un tema que se viene debatiendo hace mucho tiempo y en este contexto de pandemia donde debates que parecían que venían de lejos, están cobrando mucha mayor fuerza”, sostuvo la economista durante el panel virtual “Situación Económica y social post pandemia: estrategias para la equidad”, organizado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). También participó Claudio Katz, economista investigador del Conicet.

La iniciativa se viene analizando en distintas partes del mundo y más aún en los últimos meses, cuando la pandemia destruyó millones de fuentes de trabajo. Según el último Panorama Laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el segundo trimestre de este año se perdieron 400 millones de empleos a tiempo completo. A esto se añadió que la recuperación del mercado laboral es incierta e incompleta por el avance de la pandemia.

Frente a este cuadro de situación, Vallejos remarcó el valor económico de un ingreso universal. “Hay experiencias concretas que se realizaron en muchos países del mundo y han sido muy exitosas por la importancia que tendría para muchos argentinos y argentinas tener un ingreso mínimo vital asegurado que permita satisfacer las necesidades más esenciales”.

“Pero también tiene importantes aristas virtuosas que exceden lo estrictamente económico”, destacó. “Tiene que ver con lo más profundo de la libertad de las personas, porque tener garantizado un piso vital por el solo hecho de ser ciudadano o ciudadana de un país le otorgaría a la ciudadanía un piso de libertad para decidir sobre su propia vida”, prosiguió la legisladora. “Así, por ejemplo, poder elegir no aceptar trabajos denigrantes o salarios miserables a cambio del esfuerzo de su trabajo. Esto es un elemento muy importante”, subrayó.

Katz, por su parte, señaló que “nos deslizamos a una crisis económica de grandes proporciones, después de dos años recesión”. Ante esto, propuso “pensar políticas económicas para revertir el desastre a enfrentar. Hay que pensar concretamente en la redistribución, con un ingreso universal significativo y aumentos salariales”.

El tema está en la agenda del Gobierno, como una herramienta para combatir el aumento de la pobreza. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirmó que analiza propuestas con el fin de disponer ingresos básicos para los sectores informales, que incluso antes de la pandemia venían afectados por las políticas regresivas del macrismo.

Otros países han aplicado ingresos universales para garantizar pisos de derechos sociales y encarar la recuperación económica post pandemia. En España, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) vigente desde el 1º de junio alcanzará a 2,3 millones de personas, y oscila entre los 460 euros para un adulto que viva solo y los 1.000 euros para hogares de cinco miembros.

Deuda externa e impuesto a la riqueza

Otros ejes del panel pensando en la recuperación post pandemia fueron la reestructuración de la deuda que lleva adelante el ministro de Economía Martín Guzmán, la investigación del Congreso sobre las eventuales irregularidades en la toma de deuda del gobierno Mauricio Macri y el proyecto del Frente de Todos en Diputados de aporte extraordinario de las grandes fortunas para engrosar la capacidad fiscal.

Vallejos refirió a la investigación de los procedimientos mediante los cuales el gobierno de Macri contrajo su deuda externa, que realiza la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa, de la cual forma parte. Afirmó que durante el macrismo “hubieron una serie de irregularidades que tienen que ver con incumplimientos con las normas vigentes, por eso es preciso mejorar el marco legal sobre el endeudamiento”.

Vallejos se refería al impacto del endeudamiento externo en la balanza de pagos y el destino del crédito externo, que a su juicio violó la prohibición expresa de utilizar los recursos de la deuda con fines de financiar gastos corrientes. También sostuvo que Macri eludió la obligación del Congreso para autorizar el crédito stand by con el FMI por más de u$s 57.000 millones, de los que se desembolsaron u$s 44.500 millones.

“Hubo un plan de saqueo del gobierno de Mauricio Macri, donde la deuda externa y la fuga de capitales tuvieron un rol central”, subrayó la presidenta de la Comisión de Finanzas.

Katz, en tanto, también fustigó la relación entre la fuga de capitales y el endeudamiento externo durante el período macrista. “Es ilegítimo que toda la sociedad argentina pague por lo que hizo un puñado reducido de personas con sus negocios”, cuestionó.

En el plano tributario, Vallejos y Katz coincidieron en la necesidad de un aporte extraordinario de las grandes fortunas del país, debido a que son estos sectores los que acumulan sus riquezas en guaridas fiscales evadiendo al fisco argentino.

“Según los registros de AFIP, para 2017 (últimos disponibles), del total de la riqueza declarada por residentes, el 40% se encuentra fuera de la Argentina, mientras entre los más ricos ese porcentaje se eleva al 80%”, precisó Vallejos. “Pero al 31 de diciembre de 2017, el 70% de los activos externos contabilizados por el INDEC no habían sido reconocidos ante el fisco argentino”, puntualizó.

En este sentido, consideró que son estos sectores quienes deberían hacer un esfuerzo en medio de la pandemia, al igual que lo hace el resto de la sociedad. “Un desafío mayúsculo, en pos de la justicia fiscal, es ampliar la base imponible: que los dueños de las riquezas que se producen con el trabajo y los recursos argentinos tributen en el país sobre el 100% de sus patrimonios”, concluyó Vallejos.

La diputada nacional Fernanda Vallejos anunció que “el proyecto del impuesto a la riqueza se va a presentar dentro de un paquete impositivo en las próximas semanas”.

Entrevistada en el programa Siempre es Hoy, por AM 530, Vallejos detalló que “la expectativa es tratar conjuntamente el impuesto extraordinario a las grandes fortunas junto a un paquete de reformas tributarias e impositivas, en particular facilidades fiscales para las PyMEs”. 

Lea también: Vallejos: “Vicentin venía con dificultades muy serias, incluso antes del cambio de gobierno”

Señaló que “el proyecto está en proceso de negociación” y explicó que “se están trabajando en paralelo propuestas de reformas impositivas y mejoras para las PyMEs que están en situación de asfixia económica por la pandemia”.

Respecto al debate sobre Vicentín, sostuvo que “lo importante son los objetivos y no los medios” y planteó “la condición para que avance la normalización de la empresa es que sus directivos sean apartados”.“Teniendo en cuenta las acreencias, el Estado podría alcanzar el 51% de la participación accionaria y controlar la empresa”, señaló.

“La propuesta en torno a Vicentín tiene que ver con fines estratégicos para el país. El objetivo con Vicentín es evitar que termine despedazada en manos extranjeras”, amplió

Agregó que “hay una serie de operaciones sospechosas de triangulación y fuga de capitales por parte de la dirección de Vicentín que deben ser investigadas”.

La diputada nacional y presidenta de la Comisión de Finanzas, Fernanda Vallejos destacó la intervención del Estado en la empresa Vicentin para rescatarla de la quiebra o la extranjerización y, asimismo, sostener las fuentes de trabajo y los ingresos de productores, pequeños y medianos industriales que integran la cadena de valor.

“Vicentin venía con dificultades muy serias, incluso antes de que se produjera el cambio de gobierno. Esto exigía algún tipo de intervención ante el tendal de daños que ha dejado en todo este derrotero plagado de irregularidades”, subrayó la economista, con relación a las investigaciones judiciales por los mecanismos de deuda que adoptó la cerealera y por sospechas de maniobras de evasión y lavado de activos vía paraísos fiscales.

El conglomerado santafesino, que se encuentra en concurso de acreedores, acarrea deudas por $100.000 millones con bancos locales y extranjeros, y entidades comerciales. Su principal acreedor es el Banco Nación ($18.000 millones), que le otorgó una serie de préstamos bajo la conducción del Gobierno anterior. “Vicentin tiene una deuda muy importante con el Banco Nación, con el fisco y con diversas entidades fiscales y bancarias. Pero no solamente una enorme deuda, también miles de trabajadores sufren incertidumbre por las fuentes de trabajo”, puntualizó la legisladora. 

El Poder Ejecutivo Nacional Nacional aguarda la decisión de la Justicia santafesina para saber si prospera la idea del gobernador  Omar Perotti, de continuar la intervención de la empresa sin recurrir a la expropiación,  a través de un acuerdo entre el Estado, los productores y las cooperativas, para conformar una nueva sociedad nacional mixta que se haría cargo de la firma. De no avanzar esa instancia, el presidente Alberto Fernández ratificó la expropiación. El Gobierno explicó que se trata de un activo estratégico para la economía del país.

“Hay que poner en dimensión lo que significa Vicentin. Se trata de la sexta empresa del país por volumen de ventas externas agroindustriales, que representa el 9% del total, y la primera entre las exportadoras del complejo sojero que, para el año 2019, concentraba el 19% del total de exportaciones del país, en el caso de harina y pellets de soja, y el 22%, en el de aceite de soja”, precisó la presidenta de la comisión de Finanzas, en el programa de Chiche Gelblung en Crónica TV.

Capitalización

En el marco de la crisis agravada por la pandemia, Vallejos había sugerido en mayo la participación accionaria del Estado en aquellas grandes empresas que cotizan en el mercado bursátil y que se encuentran en una crítica situación económica y financiera por la crisis. Al proponerla, la diputada sostuvo que ese camino tomaron países europeos como Alemania, Francia e Italia, que salieron a rescatar sus capitales nacionales estratégicos para evitar que caigan en manos de capitales extranjeros a precios de ganga.

Durante un acto que tuvo lugar en Formosa, a fines de mayo de este año, el presidente Alberto Fernández calificó de “ideas locas” la posibilidad de que el Gobierno nacional pretenda quedarse con las empresas. “Lo que hizo el presidente fue justamente aclarar toda la maraña de confusiones que se venían generando en torno a la idea que yo había propuesto. Se dijeron una serie de barbaridades que no tenían que ver con el espíritu ni con la cuestión concreta de la idea de capitalización de empresas que había señalado, y eso es lo que expresó el presidente Alberto Fernández”, recordó Vallejos.

“Nunca voy a estar del lado del capital financiero internacional, ni de personajes como este señor que tan bien ha servido a esos intereses, como a la oligarquía local, empezando por la estatización de las deudas privadas”, sostuvo la diputada nacional del Frente de Todos Fernanda Vallejos al salir a contestarle a Domingo Cavallo, que la criticó durante una entrevista que le hicieron en el programa A dos voces, de TN.

Y agregó: “Que este señor rechace mis ideas es una tranquilidad. La que te la da la coherencia de estar siempre del mismo lado, el del pueblo trabajador, desde que empecé a militar”.

En efecto, la presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara baja salió así al cruce de Cavallo, quien durante la entrevista acusó al presidente Alberto Fernández de estar mal asesorado sobre el tema Vicentin, al haberse hecho eco de “la idea que el propio presidente había dicho que era una locura, que era la idea de la diputada Vallejos”.

En su respuesta, la diputada kirchnerista recordó que el 17 de agosto de 1989 se sancionó la Ley de Reforma del Estado, que permitió la entrega a manos extranjeras de empresas estatales y diversos entes públicos, como YPF, ferrocarriles, Aerolíneas Argentinas y las empresas de agua, luz y gas.

“A Cavallo lo bancaban los bancos extranjeros, precursores suyos de la destrucción del bolsillo de los trabajadores como Ricardo Zinn (Rodrigazo), los ‘mercados’”, señaló la diputada  través de Twitter. Y agregó que “los pibes y las pibas de mi generación, los que somos hijos de laburantes y herederos de nada más que de la dignidad de ser argentinos, aprendimos a repudiarlo en defensa propia”.

“Muchos, entre quienes me incluyo, nos abrazamos a la política con el sueño de desandar todo ese daño que este señor había infringido en nuestra patria”, puntualizó Vallejos, que precisó que “en julio de 1996, José Alfredo Martínez de Hoz celebró ante la prensa la política económica de Cavallo, como continuidad del ciclo neoliberal al que él, con la irrupción de la última dictadura cívico-militar, había dado comienzo”.

"Nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”. Se acuerdan? Cavallo fue el ejecutor de aquella política económica que le abrió la puerta al Consenso de Washington en la Argentina. pic.twitter.com/DXvd44TxBN

— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) June 11, 2020

“Soy peronista, de cuna, por convicción y de corazón, pero hasta el 2003 no tuve partido. Era difícil, para una generación que nació a la política sufriendo al menemismo. Y soy antineoliberal. Así nací a la política: peleando contra ese modelo que tanto sufrimiento había provocado (y provoca). Nunca voy a estar del lado del capital financiero internacional. Ni de personajes como este señor que tan bien ha servido a esos intereses, como a la oligarquía local, empezando por la estatización de las deudas privadas, como las de Macri y tantos otros, en el ocaso de la dictadura”, enfatizó Vallejos.

Para la presidenta de la Comisión de Finanzas, “que este señor rechace mis ideas es una tranquilidad. La que te la da la coherencia de estar siempre del mismo lado, el del pueblo trabajador, desde que empecé a militar, a mis 14, o desde que tengo memoria”.

La presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Fernanda Vallejos, destacó este lunes que la recuperación de la empresa cerealera Vicentín, a través de su intervención y posterior expropiación, “es una decisión trascendente para la Argentina”.

“El rescate de Vicentín tiene, sin dudas, enorme valor para la economía argentina y, particularmente, en un sector de especial relevancia: el mercado de granos y de cereales, un activo estratégico en nuestro mercado de exportación”, puntualizó la legisladora.

Frente a la crisis que atraviesa el Grupo Vicentín, el presidente Alberto Fernández anunció desde Casa Rosada la intervención de la firma agroindustrial, a través de un DNU, y adelantó que enviará al Congreso un proyecto de ley de expropiación, declarando a la empresa “de utilidad pública”.

 En ese marco, Vallejos subrayó que se trata de “una decisión trascendente para la Argentina, que podrá mantener, mediante la participación del Estado, a uno de los operadores de mayor envergadura del sector”.

Vicentín entró en default en diciembre del año pasado acumulando deudas millonarias por 18.000 millones de pesos, la mayor parte con el Banco de la Nación.

La legisladora del Frente de Todos subrayó en un comunicado que la decisión tomada por el Gobierno “es una garantía para 2.600 pequeños productores, que podrán seguir vendiendo su producción a la empresa” y agregó que “el Estado garantizará la continuidad de la empresa, asegurando las fuentes de empleo de sus trabajadores”.

La pandemia del Covid-19 provocó una crisis económica sin precedentes y expuso con mayor crudeza la desigualdad en América Latina. Sus Estados cuentan con un acotado margen para obtener fondos por los elevados niveles de evasión y fuga de capitales. Frente a esta situación, se impuso en el debate económico la necesidad de gravar las grandes riquezas para volcar esos recursos en los sistemas de salud y en la recuperación económica.

Los distintos casos de este tipo de impuesto centralizaron el debate del foro a distancia sobre “¿Quién paga la crisis del Covid-19? La urgente necesidad de gravar la riqueza”, en el que participaron legisladores y legisladoras de varios países de Latinoamérica.

La diputada Fernanda Vallejos fue una de las disertantes. Expuso el ejemplo del aporte extraordinario por única vez impulsado por el bloque Frente de Todos en el Congreso -contribuyó en su elaboración-, que permitirá recaudar entre U$S 3.000 y 4.000 millones. “Las grandes fortunas están lejos de contribuir en relación con su efectiva capacidad económica. El enorme esfuerzo colectivo que implica hacer frente a la crisis del coronavirus, requiere de la construcción de consensos en base a valores de solidaridad y de esfuerzo compartido, lo que supone la necesidad de que cada quien contribuya según su capacidad”, argumentó.

Vallejos hizo hincapié en la importancia de avanzar hacia un sistema tributario más justo y equitativo. “Según los registros de la administración fiscal, para 2017 (últimos disponibles), del total de la riqueza declarada por residentes (aproximadamente 1 millón de personas), el 40% se encuentra fuera de la Argentina, mientras entre los más ricos (aproximadamente 15.000 personas) ese porcentaje se eleva al 80%, pero al 31 de diciembre de 2017, el 70% de los activos externos contabilizados, no habían sido reconocidos ante el fisco argentino”, explicó Vallejos al tiempo que estimó que “si proyectamos esa relación para 2019, podemos afirmar que existen no menos de U$S 235.000 millones en el exterior que no se encuentran declarados en el país”, apuntó.

Frente a este panorama, la diputada subrayó la importancia de “mejorar la progresividad tributaria”, ya que existe una “asimetría entre quienes evaden sus obligaciones tributarias y quienes, sin tener altos ingresos ni patrimonios, pagan los impuestos más regresivos, como IVA o Ingresos Brutos”. Y, en este marco, abogó por “ampliar la base imponible: que los dueños de las riquezas que se producen con el trabajo y los recursos argentinos tributen en el país sobre el 100% de sus patrimonios. Pero, además, generar los incentivos y oportunidades para repatriar los capitales fugados y desestimular la decisión de mantenerlos afuera”, completó.

Además, recordó los cambios regresivos que tuvieron lugar durante los cuatro años de la gestión de Cambiemos. “En lo que refiere a la evolución reciente de la matriz tributaria argentina, como les comentaba antes durante el gobierno de Cambiemos, los impuestos regresivos crecieron 5,3 puntos porcentuales, los muy progresivos retrocedieron 1,4 y los progresivos, cayeron 1,3 puntos”, precisó.

Junto a la presidenta de la Comisión de Finanzas de Diputados de la Argentina, vía Zoom y Facebook Live hablaron también Rocío Silva Santisteban, congresista de Perú; Juan Luis Castro, senador de Colombia; Pabel Muñoz, asambleísta de Ecuador; Alan Fairlie, parlamentario de Perú; y Adrián Falco, secretario de la Fundación SES, quien ofició de moderador.

Fue el quinto foro de una serie de encuentros de congresistas de América Latina realizados en el último tiempo. La actividad fue organizada por la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), Proyecto Económico, la Fundación SES, la Coalición por la Transparencia financiera (FTC) y el parlamentario andino Alan Fairlie Reinoso.

En medio de las carencias económicas de los gobiernos para evitar los colapsos de los sistemas de salud y la pérdida de millones de fuentes laborales, los y las congresistas coincidieron en que los ingresos fiscales de sus Estados pierden considerable poder recaudatorio por la acumulación de las riquezas offshore de los sectores más concentrados. Y en un año en el que la contracción de la actividad económica en la región será la peor de la historia -caerá -5,3% en 2020, según la CEPAL-, se vuelve acuciante, enfatizaron, que los Estados activen mecanismos para gravar esas grandes riquezas para mitigar los efectos del aislamiento por la pandemia.

Los puntos centrales del panel giraron en torno al rechazo del pensamiento neoliberal al impuesto a la riqueza porque implica, según las usinas liberales, menor inversión y trabajo. Aquí, los congresistas destacaron que el gravamen alcanza a personas físicas y no a empresas. También, consideraron que existe margen en la región para aplicarlo. En 2018 la recaudación en América Latina era de apenas el 23,1% del PBI mientras que para los países de la OCDE ese guarismo llegaba al 34,3% o al 40,3% para la Unión Europea, según datos de ese organismo.

Los casos latinoamericanos

Los congresistas resaltaron los altos niveles de desigualdad en América Latina y la necesidad de generar una política fiscal común para gravar a las grandes fortunas con el fin de revertir ese déficit social, sobre todo en la actual situación extraordinaria por el Covid-19.

Juan Luis Castro, senador colombiano por el Partido Alianza Verde, explicó que el impuesto al patrimonio aprobado en 2018 en su país grava a personas naturales con patrimonios líquidos igual o superior a U$S 1.300.000, e incluye tanto los bienes que posean en Colombia como en el exterior. Esperan recaudar 863 millones de dólares. Sin embargo, consideró que el principal problema en la implementación, como regla general, es el “uso de offshore en paraísos fiscales como vehículo para esconder las fortunas y aminorar las cargas tributarias”.

El senador del país caribeño indicó que “se necesita un impuesto progresivo, a mayor capacidad de pago, mayor tarifa efectiva”. “Un impuesto directo que permita conseguir liquidez rápidamente”, acentuó.

Por Ecuador, uno de los países de la región donde la pandemia hizo más estragos sanitarios, el asambleísta por la bancada Revolución Ciudadana, Pabel Muñoz trazó una serie de medidas a adoptar para fortalecer la capacidad fiscal en el marco de la crisis por la pandemia, comunes a lo largo del debate. “La condonación de la deuda con organismos multilaterales, impuesto a los patrimonios más millonarios, mayor carga sobre dinámicas especulativas, enfrentar fuga de divisas y combatir guaridas fiscales”.

Muñoz agregó que “la crisis que vivimos está acentuada por el proceso de creciente acumulación de la riqueza en pocas manos en América Latina”, en el marco de “una restauración conservadora desde 2014, con el regreso del neoliberalismo que no tiene ninguna propuesta programática novedosa más que desempolvar el Consenso de Washington de 1989”.

Por su parte Rocío Silva Santisteban, congresista de Perú, otro país donde la pandemia impactó fuertemente, pidió “coordinar políticas fiscales entre los países porque los paraísos fiscales permiten los altos niveles de desigualdad, que son vergonzosos”. Añadió que para afrontar esta situación extraordinaria sanitaria y económica en su país, su espacio presentó tres propuestas. Un proyecto de impuesto a las riquezas, un bono universal y un programa para financiar los comedores escolares. Sobre todo, ante la “profunda desigualdad” en el país andino, cuestionó.

Por último, el parlamentario andino Alan Fairlie explicó “el proyecto de marco normativo para promover la justicia fiscal en la Región Andina”. “Está orientado a fortalecer los sistemas tributarios, buscando mejorar la progresividad fiscal de estos, así como la eficiencia en el gasto tributario con el fin de promover el crecimiento sostenible tanto a nivel económico como social y ambiental que permita cerrar la brecha de desigualdad existente en la región”.

Concluyó que “no alcanza un impuesto a la riqueza” sin “combatir la evasión y la elusión fiscal”. “No somos destinatarios de inversiones, somos exportadores de capital”.

En el marco de la crisis económica mundial, la diputada nacional Fernanda Vallejos (Frente de Todos) y un grupo de legisladores expondrán vía Zoom y Facebook Live qué proyectos para gravar grandes riquezas se debaten en sus respectivos países para generar fondos destinados a la recuperación económica y el fortalecimiento de los sistemas de salud.

La diputada nacional Fernanda Vallejos (Frente de Todos) participará del panel virtual “¿Quién paga la crisis del Covid-19? La urgente necesidad de gravar la riqueza”, junto a un grupo de congresistas de América Latina y el Caribe, desde las 17 de Argentina.

Junto a Vallejos, disertarán vía Zoom y Facebook Live Rocío Silva Santisteban, congresista de Perú; Juan Luis Castro, senador de Colombia; Pabel Muñoz, asambleísta de Ecuador; Alan Fairlie, parlamentario de Perú; y Adrián Falco, secretario de la Fundación SES, quien oficiará de moderador.

La actividad es el “V Encuentro con Congresistas de América Latina y El Caribe por Justicia Fiscal – Sesiones virtuales 2020”, que organiza la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), Proyecto Económico, la Fundación SES, la Coalición por la Transparencia financiera (FTC)  y el parlamentario andino Alan Fairlie Reinoso.

En medio de la crisis global por la pandemia del Covid-19, cada uno de ellos explicará qué proyectos se debaten en sus respectivos países para gravar a las grandes fortunas con el fin de generar políticas que mitiguen los efectos económicos y sociales por la caída de la actividad económica.

La diputada nacional Fernanda Vallejos sigue siendo noticia. Una semana después de haber puesto el tema en debate a través de una serie de tuits, volvió a referirse a su propuesta para que el Estado se quede con parte de las empresas a las que auxilie.

Lo hizo esta vez a propósito de un duro editorial del periodista Luis Majul, que en su programa La Cornisa se preguntó “¿por qué Alberto Fernández no dice nada ante el delirante proyecto de Fernanda Vallejos?”.

“¿Se enteraron en qué mundo estamos viviendo? ¿Cómo mueren personas todos los días? ¿Se enteraron el país que recibimos el 10 de diciembre?”, se preguntó como réplica la diputada kirchnerista, que agregó: “¡Gracias a Dios, el presidente está organizando un país para salvar vidas, no se dedica a opinar sobre lo que escribe una diputada!”.

Se enteraron en qué mundo estamos viviendo? Cómo mueren personas todos los días? Se enteraron el país que recibimos el 10 de diciembre?
Gracias a Dios, el presidente está organizando un país para salvar vidas, no se dedica a opinar sobre lo que escribe una diputada! https://t.co/7dXszRmx3t

— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) May 25, 2020

“Digo sobre lo que escribe una diputada porque sería, en el mejor de los casos, de lo único que alguien podría opinar. Difícilmente pueda hacerse sobre un proyecto, como expresan en la consigna, porque, como conté en ese mismo canal, no existe tal proyecto, sino sólo una idea”, expresó la presidenta de la Comisión de Finanzas a través de una serie de tuits.

Fernanda Vallejos continuó: “En cambio, confieso, delirante me resulta leer o escuchar un periodismo tan desinformado o tan poco honesto intelectualmente. Teniendo en cuenta que todos los Estados de los países desarrollados avanzan en la capitalización de sus empresas, exactamente la idea que sugerí”.

Y concluyó: “O tal vez, les resulta delirantemente insoportable la posibilidad de que, en el mundo que podría asomar después de esta crisis, resurja un Estado equilibrador que siembre algo de justicia allí donde hoy conviven la extrema riqueza y la extrema pobreza. Para eso vamos a trabajar”.

Figuras de la política, el empresariado y organizaciones gremiales y sociales, de abogados laboralistas, intelectuales, periodistas y comunicadores se mostraron a favor de avanzar con la propuesta de capitalización de las compañías en dificultades económico-financieras que formuló la diputada y titular de la Comisión de Finanzas, Fernanda Vallejos.

Se pronunciaron, entre otros, los ministros de Trabajo y Educación, Claudio Moroni y Nicolás Trotta; los legisladores Oscar Parrilli y Carlos Heller. También Vallejos contó con el respaldo del vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti y el CEO de Aluar y FATE, Javier Madanes Quintanilla. Y del Grupo Curas en Opción por los Pobres, Eduardo de la Serna.

En el ámbito partidario, la iniciativa entusiasmó al presidente del Partido Justicialista y diputado nacional, José Luis Gioja. Los líderes sindicales Pablo Moyano (camioneros), Hugo Yasky, y Pablo Micheli, hicieron explícito también su apoyo.

La diputada Fernanda Vallejos propuso esta semana la capitalización por parte del Estado de las empresas que cotizan en el mercado bursátil. Desde ese momento, la legisladora oficialista ha recibido un contundente apoyo de miembros del Gabinete Nacional, legisladores, dirigentes empresarios, abogados laboralistas, sindicatos, organizaciones sociales y de la Iglesia, intelectuales y periodistas.

En efecto, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, evaluó como “interesante” la iniciativa ya que “es un tema que se está discutiendo a nivel mundial”. Desde el gabinete nacional también se pronunció el ministro de Educación, Nicolás Trotta: “Se necesitan más recursos y el Estado tiene que participar”, señaló, y añadió que “se necesita un Estado que no ahogue al sector privado sino que lo promueva, inclusive que sea socio de los beneficios, no desde el lucro, sino desde la reinversión privada”.

La autora de la iniciativa basa el sustento de la misma en medidas de salvataje que se instrumentaron antes y ahora en Estados Unidos y Europa, para rescatar a las empresas a cambio de una participación accionaria del Estado. Esto es “en un contexto mundial en el que entró en crisis el modelo de globalización y la ayuda pública se consolida como la principal herramienta para mitigar el impacto de la pandemia en la actividad económica”, sostiene.

Según el FMI, este año el desplome de la actividad económica internacional será superior al 3%, el declive más pronunciado desde la Gran Depresión. Mientras que la Organización Mundial del Trabajo (OIT) estimó que la mitad de las fuentes de trabajo del mundo se podrían perder por la pandemia.

En este marco, Alemania, Francia, Italia se han propuesto comprar parte del paquete accionario de empresas estratégicas en riesgo de quiebra o de ser absorbidas por empresas extracomunitarias por su debilidad bursátil.

Incluso, es de público conocimiento que el propio Estado argentino posee participación accionaria en muchas de las grandes empresas. Algunas de estas son Telecom Argentina, Edenor, Banco Macro, Grupo Financiero Galicia y Molinos Río de La Plata. Los ejemplos internacionales que pone señalan a Estados de otras partes del mundo que son accionistas de empresas emblemáticas. Alemania es accionista de Volkswagen, Francia de Renault y Air France, Estados Unidos de Chrysler y General Motors, Italia de Finmeccanica, España de Hispasat y el Reino Unido del Lloyds Bank.

En este sentido, Alfredo Serrano Mancilla, doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona (AAB), se mostró satisfecho con la propuesta argentina al recordar que “son muchos los ejemplos de los países de Europa en los que el Estado sale a ayudar a empresas privadas de sectores estratégicos a cambio de la participación en la propiedad de la misma”.

La idea de Vallejos apunta a “impedir que capitales buitres compren empresas nacionales aprovechando su fragilidad por la crisis. Pero que, en simultáneo, las compañías rescatadas por el Estado argentino, garanticen, con una porción equivalente de sus acciones, que, cuando acabe el período de emergencia económica y se recupere la senda del crecimiento, le reintegrarán al fisco el dinero que aportaron los contribuyentes”, apuntaron desde el equipo de la legisladora kirchnerista.

Múltiples apoyos

En el Congreso, el senador del Frente de Todos Oscar Parrilli recordó que “en Europa están analizando estas posibilidades” como “una manera de que el Estado recomponga, mantenga o salve empresas que frente a la crisis del coronavirus están cerca de la quiebra”. Afirmó que quienes “se asustan por esto tienen prejuicios ideológicos, y porque no están viendo la realidad de lo que ocurre en el mundo y en Argentina”. “Yo aspiro a que después de esta crisis económica mundial no volvamos a la dictadura financiera internacional en donde nos gobernaban los sistemas especulativos”, concluyó.

En declaraciones radiales, el presidente del Partido Justicialista y diputado nacional José Luis Gioja consideró que “a lo que está exponiendo Fernanda Vallejos hay que darle contenido, hay que avanzar en eso. Se está haciendo en todo el mundo”.

Mientras que Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, dijo que la idea “la lanza una diputada y merece ser debatida, porque muchas de esas empresas tienen participación estatal hoy”.

“¿Es tan loco pensar que esas grandes empresas, que tienen una incidencia en la vida de los argentinos, amerite que el Estado tenga una presencia y una participación en las decisiones que se toman?”, expresó.

En el ámbito gremial, acompañaron la iniciativa de Vallejos, el secretario general adjunto del sindicato de Choferes de Camiones, Pablo Moyano, el diputado y secretario General la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky  el referente, Pablo Miceli, Daniel Catalano (ATE-Capital) y Carlos Quintriqueo (ATE y CTA-Neuquén).

Al respecto, Yasky afirmó que “los recursos del Estado son los recursos de todo nuestro pueblo y que, por lo tanto, un mecanismo para capitalizar parte de lo que reciben las grandes empresas para afrontar la crisis en concepto de compra de acciones, es un mecanismo que va a permitir reciclar esos fondos”.

El dirigente del Movimiento Evita y secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro, dijo que la propuesta “no se trata de intervencionismo estatal” y planteó que “estamos hablando de la contraprestación de un préstamo tal como el mundo capitalista dice y le pide a la Argentina que cumpla sus obligaciones. ¿Por qué los empresas no deberían tener obligaciones?”.

Otros referentes políticos que mostraron públicamente su apoyo fueron Fernando “Pino” Solanas, representante argentino ante la UNESCO; Humberto Tumini, presidente del Movimiento Libres del Sur y el diputado nacional Marcelo Koenig.

En el mundo empresario, Guillermo Moretti, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) le expresó su respaldo a la iniciativa y también se pronunció, en un programa de televisión, a favor de instaurar “un salario universal para todos los argentinos”.

Al respecto, el CEO de Aluar y FATE, Javier Madanes Quintanilla, señaló: “El motivo por el cual no me resulta algo incómodo la presdencia del Estado dentro de la actividad privada es porque hoy nos encontramos en la coyuntura de la subsistencia de muchos sectores dentro de la economía argentina”.

Por su parte, Javier Martín, presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, formuló declaraciones públicas alentando la idea de “capitalización” de las grandes empresas. “En este momento donde todo se está cayendo a pedazos, el Estado está pensando herramientas para que no se les caigan las grandes empresas y, en cascada, no se caigan las empresas chicas. Es un mecanismo que no está pensado para la normalidad”, indicó.

En el ámbito de las pymes, dio su respaldo Leo Bilansky, por la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC).

Y, en otro orden, la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina (AIERA). Desde esta entidad se manifestaron “de acuerdo con la compra por parte del Estado de acciones de grandes empresas especialmente las estratégicas para el desarrollo del país por tratarse de una medida que bien implementada permitiría evitar la desnacionalización, el quiebre y la pérdida de puestos de trabajos”.

También se pronunció a favor de la iniciativa, el juez Juan Ramos Padilla, titular de la Cámara del Tribunal Oral Nº 29 de la Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo que el referente de la colectividad judía Sergio Burstein.

Por su parte el presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, sostuvo que “lo que planteó Fernanda Vallejos es algo absolutamente razonable que se discute en el mundo, no es una invención argentina o de Vallejos, porque el Estado está invirtiendo para salvar empresas que por ahí no pueden devolver inmediatamente ese crédito. Entonces, ¿por qué no lo pueden devolver con acciones o con una participación?”.

El Grupo de Curas en la Opción por los Pobres (COPP), habitualmente cercanos a los fenómenos políticos y sociales debido a su cercanía con los sectores más vulnerables, se manifestó a través de los curas Francisco “Paco” Olveira y Eduardo de la Serna. Este último puntualizó que la propuesta “es razonable y justa”.

Del mismo modo, se mostraron públicamente a favor los periodistas Horacio Verbitsky, Roberto Navarro, Alejandro Bercovich, Daniel Tognetti, Ari Lijalad, entre otros.

El presidente del bloque de diputados nacionales del Pro, Cristian Ritondo, se refirió a la idea de la diputada Fernanda Vallejos, que busca quedarse con parte de las empresas que recibieron una ayuda durante la pandemia.

“No critico esta idea confiscatoria con prejuicio ideológico, sino con sentido común. La ayuda que el Gobierno les brinda a las empresas va directamente a la cuenta sueldos, ¿a quién se le ocurre exigirle una participación accionaria a alguna de las empresas asistidas?”, se preguntó Ritondo.

Y agregó: “En los países europeos en los que el Estado se ha quedado con la participación en algunas empresas es porque ha acudido en salvatajes millonarios para evitar que grandes compañías se derrumben. No estamos hablando de ayudas para el pago de salarios”.

Por otra parte, el titular de la bancada Pro, remarcó que “no queda claro cuáles son los grandes grupos económicos a los que se refiere la diputada y a los que quiere confiscarles acciones. El concepto ‘grupos económicos’ es ambivalente, se presta a malas interpretaciones, y no son fundamentación para un futuro proyecto de ley”.

“Sería positivo para el Parlamento que se busquen soluciones realistas, sin olvidarse que la realidad es superior a cualquier ideología”, finalizó Ritondo.

El titular de la cartera de Educación, Nicolás Trotta, brindó su apoyo al proyecto de Fernanda Vallejos para que el Estado pueda quedarse con una parte de las empresas que sean asistidas en el marco de esta crisis sanitaria. Es el segundo ministro en expresarse en ese sentido, pues el de Trabajo, Claudio Moroni, ya había calificado de “interesante” la iniciativa esta semana.

Trota observó este jueves que “el Estado tiene que tener participación en el sector productivo”, y remarcó que “se necesita un Estado que no ahogue al sector privado, sino que lo promueva, inclusive que sea socio de los beneficiados. No desde el lucro, sino desde la reinversión privada”.

La diputada Fernanda Vallejos viene promoviendo que el Estado adquiera una participación de capital en las empresas a las que asiste en el marco de esta pandemia. La presidenta de la Comisión de Finanzas sostiene que la ayuda estatal debe tener ciertos límites vinculados con el comportamiento de los sectores que piden asistencia.

Su propuesta apunta a los grandes grupos que salen a pedir asistencia del ESado. Si éste les brinda subsidios a esos sectores, dijo, “sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías”.

El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, Carlos Heller, relativizó este jueves la posibilidad de llevar al recinto de manera cercana un proyecto como el que impone un aporte especial para las grandes fortunas del país, al admitir que el sistema virtual que está utilizando ahora el Congreso para sesionar “no se banca un debate controvertido como puede ser un proyecto de esta naturaleza”.

Reconoció que el sistema necesita ser aceitado y aclaró que el tema no pasa solo por cuestiones técnicas sino por los propios legisladores, pues a algunos se les hace más sencillo que a otros operar en el sistema.

Un día después de haberse vuelto a reunir junto al diputado Máximo Kirchner con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para hablar sobre ese proyecto, Heller puntualizó que fue “una reunión de tipo informativa. El presidente nos invitó a charlar y que le contáramos cómo va ese tema”, remarcando que eso no significa una injerencia puntual del mandatario en la cuestión. “Nos cuesta asumir que el presidente tiene una actitud respetuosa de la división de poderes”, observó en diálogo con radio Mitre.

En el diálogo con el periodista Jorge Lanata, Heller reconoció que se trata de una medida polémica, pero aclaró una vez más que “está muy acotada a un núcleo de 12 mil personas”. En efecto, precisó que la elección de esas grandes fortunas tiene que ver con la declaración de bienes personales de los alcanzados por la norma, en función de sus inmuebles tomados a valor fiscal. Deben ser superiores a 200 millones de pesos (3 millones de dólares). “De ahí para arriba, en un escalonamiento que arranca en el 2% y llega al 3,5 cuando se superan los 3.000 millones de pesos”.

Y recordó que es “por única vez, como lo dice expresamente en el título” del proyecto.

Consultado respecto de la propuesta de la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos para que el Estado se quede con parte de las empresas que sean subsidiadas en esta emergencia, el diputado del Frente de Todos recordó que esa ayuda estaba en principio destinada a las PyMEs y luego se extendió a todo el sector privado, a pedido por ejemplo de la UIA. “La ayuda es a las empresas y no a las personas”, precisó cuando se le cuestionó que la asistencia para los sueldos incluyeran salarios elevadísimos. Y recordó que la asistencia no puede superar los dos salarios mínimos.

“El Estado está haciendo un esfuerzo fenomenal, y va a haber un déficit monumental, un enorme gasto público necesario y que ha salvado vidas, por lo tanto es altamente positivo. Ese gasto tiene que estar administrado de la mejor manera posible -apuntó Heller-, y parece razonable que esté limitado el acceso a esos recursos a quienes no cumplen con una serie de requisitos básicos”.

El presidente de Presupuesto y Hacienda recordó en ese sentido que existe “una serie de limitaciones de lo que no se puede hacer si tenés el beneficio”. Agregó que “pasa una cosa parecida con el agro: para acceder a créditos a tasa subsidiada, (el beneficiado) no tiene que tener un acopio mayor al 5% de la cosecha”.

Heller señaló que hay “una caída de las exportaciones fenomenal, que no es producto de que se cosechó menos. Se habla de una cosecha récord, incluso. Supongamos que vos tenés derecho a que no querés vender y lo querés guardar, pero me pedís crédito a tasas subsidiadas… Ahí tenemos un conflicto de intereses”, puntualizó, dando el derecho entonces al Estado a que le reclame: “Vendé la cosecha e ingresá las divisas”.

Con relación a que las reglas de juego fueran cambiadas “en medio del partido”, Heller señaló que la AFIP sacó una resolución complementaria para que las empresas pudieran cancelar el crédito si desean cancelar el beneficio.

Aclaró no obstante, ante la polémica con relación a la iniciativa de Fernanda Vallejos que “ni siquiera yo he visto un proyecto. La diputada Vallejos, en su ejercicio de legisladora, puede presentarlo, pero después el proyecto debe reunir mayorías. Las únicas iniciativas que prosperan son las que reúnen mayoría, acá y en la China”.

“Vallejos tiene derecho, como los 257 integrantes de la Cámara, a presentar la iniciativa que crea conveniente. Primero debería contar con el consenso en el bloque; sino, no pasa de ser una discusión, no es algo que se haya discutido”, señaló, aunque aclaró luego que “merece ser debatida, pero muchas de esa empresas tienen participación estatal hoy”, dijo, recordando la presencia estatal que tienen producto de la estatización de las AFJP. Y se preguntó: “¿Es tan loco pensar que esas grandes empresas que tienen una incidencia tan grande en la vida de los argentinos podría ameritar que el Estado pueda tener una presencia para participar en las medidas que se toman?”.

Con todo, enfatizó que “a las grandes corporaciones no les gusta que las controlen, y los que asumimos representación pública tenemos la obligación de pensar mecanismos que defiendan los intereses de la gente frente a las corporaciones”.

La diputada nacional Fernanda Vallejos (Frente de Todos) se refirió sugestivamente, a través de Twitter, a su propuesta para que el Estado adquiera una “participación de capital” en las empresas a las que asiste por la crisis desatada con la pandemia de Covid-19.

Luego que la iniciativa fuera muy criticada por la oposición y el sector empresario, la legisladora escribió en su red social: “El otro día les comentaba la anécdota de Roosevelt con los gremialistas que, en una reunión, le estaban exigiendo reivindicaciones laborales. Al final, Roosevelt se levanta y les dice: ‘Está bien. Estoy de acuerdo con esas medidas. Ahora salgan a la calle y oblíguenme a tomarlas'”.

“Lo importante son ustedes. No cuán peronistas nos auto autopercibamos los dirigentes. Porque el peronismo es el que late en el pecho del pueblo trabajador. Si, como dirigentes, somos capaces de interpretarlos, vamos a hacer peronismo. Y en política ‘por sus obras los conocereis'”, agregó.

Este martes, consultado al respecto, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, sostuvo que este es “un tema que se está discutiendo a nivel mundial y que es realmente interesante”. “Quizá le veo algunos problemas operativos, pero no discuto el tema de fondo”, expresó.

El otro día les comentaba la anécdota de Roosevelt con los gremialistas que, en una reunión, le estaban exigiendo reivindicaciones laborales. Al final, Roosevelt se levanta y les dice: "Está bien. Estoy de acuerdo con esas medidas. Ahora salgan a la calle y oblíguenme a tomarlas"

— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) May 20, 2020

Luego de que la diputada nacional Fernanda Vallejos sugiriera este domingo que si el Estado brinda subsidios a los grandes grupos empresarios, pueda hacerlo “a cambio de una participación en el capital de las compañías”, el diputado nacional Luis Petri le salió al cruce. Sin nombrarla, expresó en Twitter que “no es posible que el Gobierno, aprovechando el estado de necesidad de las empresas, intente quedarse con su paquete accionario a cambio de ayuda”. Con un grupo de legisladores voy a presentar la prohibición de condicionar la ayuda estatal a la participación accionaria del Gobierno”.

“Con esta medida de tomar por asalto empresas, el Gobierno comienza a señalizar la autopista que nos conduce a Venezuela. Vamos a defender la República y la Constitucion! No pasarán!”, aseguró el legislador mendocino en un hilo en Twitter.

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Además, manifestó que “es una locura populista, solo así puede describirse la propuesta de aprovechar la pandemia y la crisis económica para apropiarse de las empresas que propone el kirchnerismo”. Y concluyó: “El Gobierno, que por razones sanitarias obliga a las empresas a cerrar sus puertas, ahora busca apropiárselas cuando les ofrece ayuda para mantenerlas a flote. Es psicótico”.

Más sintético, su correligionario José Cano señaló que “el deseo de la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos: querer adueñarse de las empresas que el Estado ayuda en este momento de pandemia. Y eso que ya intentaron con Ciccone y les fue mal”.

Por su parte, Jorge Enríquez (Pro) sostuvo: “Ni en medio de la pandemia aflojan su voracidad. El Estado incapaz de generar riqueza, quiere quedarse con lo que producen los demás”.

“Esto es lo que se juega en la Argentina, mientras algunos siguen anesteciados por el coronavirus, mientras el presidente Alberto Fernández les pide dibujitos a los niños y nos aconseja bebidas calientes, el Kirchnerismo esta vez, sí, va por todo, concluyó el diputado.

Por su parte, el diputado radical Alvaro de Lamadrid afirmó: “Reforma Agraria, Reforma Judicial, Ciberpatrullaje, Junta Nacional de Granos y ahora esté proyecto que implica ni más ni menos que expropiaciones. El Coronavirus acelera el vamos por todo. Esto es un disparate”.

En tanto la diputada jujeña Gabriela Burgos afirmó: “Diputada del Frente de Todos expresó que el Estado podría participar en el capital de las compañías a las que ayude financieramente. Aunque le cambien los atuendos sigue siendo el ‘Modelo Populista’ implementado en ‘Venezuela’”.

Finalmente, el formoseño Ricardo Buryaile remarcó: “Con la plata de todos los argentinos, buscan extorsionar al sector privado con créditos subsidiados a través de los impuestos que pagamos todos, para lograr cargos de directores para los militantes en empresas asfixiadas por la crisis. Volvieron peores!”.

En el marco de las serias consecuencias económicas que está generando la pandemia y la consecuente cuarentena, el Estado ha tenido que salir a brindar ayuda a buena parte del empresariado víctima de la parálisis. Ante ello, la diputada nacional kirchnerista Fernanda Vallejos advirtió que esa ayuda estatal debe tener ciertos límites vinculados con el comportamiento de los sectores que piden asistencia.

Por eso anticipó lo que define como “un criterio básico de exclusión”. El mismo consistiría en “negarle la ayuda a aquellas empresas que operan offshore, fugan divisas y evitan tributar lo que les corresponde al fisco argentino”. En este sentido, Vallejos anticipó que “vamos a presentar un proyecto de ley que complemente los criterios ya establecidos”.

Pero también les apunta a los grandes grupos que salen a pedir asistencia del Estado. Si éste les brinda subsidios a esos sectores, dijo, “sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías”.

1. Es claro que estamos ante una situación extraordinaria que, por la enorme cantidad de dificultades sanitarias, económicas y sociales que implica la pandemia, demanda una fuerte capacidad de respuesta del Estado.

— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) May 17, 2020

Estos razonamientos forman parte de un extenso hilo de tuits en los que la economista analiza la asistencia que están brindándose a distintos sectores en esta emergencia. “Es claro que estamos ante una situación extraordinaria que, por la enorme cantidad de dificultades sanitarias, económicas y sociales que implica la pandemia, demanda una fuerte capacidad de respuesta del Estado”, señala la diputada nacional al referirse a la inyección de una importante cantidad de recursos desetinados por el Estado para “garantizar la preservación del tejido productivo y el bienestar de las familias mientras dura el confinamiento”.

Para la presidenta de la Comisión de Finanzas esto es “crítico” para el éxito de la propia estrategia sanitaria. En este marco, sostiene, el Estado tiene dos grandes opciones: una es aplicar una política de transferencia de ingresos y distintos mecanismos de ayuda de carácter universal, la otro es asignar esos recursos sólo a quienes el Estado evalúa que los necesitan.

Vallejos señala que el Gobierno ha optado por este segundo camino, de ayudas focalizadas. Y en ese sentido señala al IFE, asistencia para la cual se deben cumplir una serie de requisitos, lo mismo ocurre con las facilidades crediticias y fiscales para empresas y otras personas, así como con el resto de los programas.

“En ese marco, los criterios aplicados para determinar quiénes acceden y quienes son excluidos de las ayudas, se tornan cruciales -considera Vallejos-. Esto es lo que ha ocurrido con el programa ATP, que paga parte de los salarios del sector privado”.

A continuación, la diputada kirchnerista advierte que “la noticia de que varios grupos económicos de los que se tiene conocimiento que han protagonizado distintos episodios de fuga de capitales, que tienen sede o vinculaciones con guaridas fiscales, etc, accedieron al ATP, plantea la necesidad de revisar esos criterios”.

“Es evidente que, si los recursos no alcanzan para todos, resulta injusto que empresas con probada capacidad y recursos propios para afrontar los salarios de los trabajadores, capturen recursos públicos que deberían servir para cualquier otro fin de primer orden”, expresó la diputada, que sugiere como responsabilidades prioritarias del Estado homologar convenios salariales que eviten el recorte del 25%, aumentar jubilaciones, ampliar la cobertura y/o el monto del IFE, asistir más fuertemente a empresas en verdaderas dificultades, entre otras.

En medio de una crisis sanitaria y social sin precedentes por la pandemia del Covid-19, la diputada Fernanda Vallejos presentó un proyecto de ley para suspender “cualquier tipo de modificación en los precios y tarifas de los servicios de telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable, por vínculo radioeléctrico y satelital con cobro a usuarios, a partir del 1° de marzo y  durante la vigencia del ‘Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio’ establecido  por el Decreto 297/2020”.

La iniciativa apunta a mitigar el impacto económico que implica el parate de la actividad por el aislamiento social, en línea con el amplio paquete de medidas que tomó el gobierno nacional para trabajadores informales, asignaciones sociales, empresas y monotributistas, entre otros sectores. Y se produce luego del fuerte aumento de hasta 30% aplicado por las empresas telefónicas y cableras en precios en telefonía, TV por cable e Internet, según señaló Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Defensa de los Usuarios y Consumidores (ADDUC).

El proyecto es acompañado por otros 49 legisladores, entre los cuales se encuentran el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, el titular del Partido Justicialista y tres veces gobernador de San Juan, José Luis Gioja, el referente del radicalismo, Leopoldo Moreau y Hugo Yasky, titular de la CTA.

“Consideramos especialmente que en el marco de la pandemia del coronavirus Covid-19 y ante la significativa disminución de los ingresos que la mayor parte de la población está padeciendo, el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados  y restringiendo decisiones de ajuste tarifario en plena pandemia”, argumentó el proyecto de la presidenta de la Comisión de Finanzas.

Los servicios de telecomunicaciones, Internet fija y móvil y servicios digitales fueron declarados como “servicios esenciales en la emergencia”, según el Decreto 311/2020, que determinó la prohibición de proceder al corte o suspensión de los servicios en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternativas por el plazo de ciento ochenta días para un conjunto de determinados usuarios para los servicios de telefonía fija y móvil, Internet, y TV por Cable y satelital.

Este viernes, mediante el Decreto 426/2020 y considerando la evolución de la pandemia, el Poder Ejecutivo extendió la prórroga para no suspender los servicios mencionados que estableció el decreto 311/2020. Sobre todo, en defensa del desarrollo de la vida diaria y más aún  en el actual estado de aislamiento que vuelve esenciales estos servicios para obtener información en materia de salud, conocer las nuevas disposiciones oficiales y poder acceder a los contenidos educativos de los programas virtuales para niños, niñas y adolescentes.

Por su parte, Telefónica reconoció en un comunicado que envió a Vallejos los aumentos aplicados. “En relación al aumento que impactó en el mes de marzo de 2020, cabe mencionar que se trata de cambios en las condiciones comerciales que Movistar notificó a sus clientes en noviembre de 2019, con entrada en vigencia a partir del 9 de diciembre de 2019”.

El proyecto de Vallejos se sustenta en el artículo 42º de la Constitución Nacional,  en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en cuanto a la relación de consumo, protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a la vez que a una información adecuada y veraz.

También se enmarca en el pedido que hicieron el jueves  una veintena de asociaciones de usuarios y consumidores al Enacom, para la anulación de los aumentos dispuestos por las empresas prestatarias de los servicios de televisión por cable, internet, telefonía fija y móvil durante la cuarentena.

La diputada Fernanda Vallejos, presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara baja, manifestó este jueves que la oferta anunciada por el ministro Martín Guzmán sobre la deuda externa “expresa con racionalidad y realismo la capacidad de pago de Argentina” en el contexto de la emergencia sanitaria.

“El Gobierno nacional presentó la que será la oferta de reestructuración de la deuda externa con privados, que incluye tres años de gracia, extensión de plazos, una amplia quita de intereses y alivio de capital. La propuesta expresa con racionalidad y realismo la capacidad de pago de Argentina y la búsqueda de recuperar la sostenibilidad, después de cuatro años de endeudamiento desenfrenado”, analizó la legisladora del Frente de Todos.

Y agregó: “Lo cierto es que hoy, cuando los gobiernos de todo el mundo están colocando el cuidado de la vida y la salud de sus pueblos como prioridad, Argentina -igual que otros países periféricos- no puede seguir atendiendo los pagos de la deuda”.

“Estamos en una situación extraordinaria y la obligación de los Estados es proteger el derecho supremo de la vida”, concluyó Vallejos.

La presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Fernanda Vallejos, estimó que el impuesto extraordinario a las grandes fortunas, un proyecto que prepara el oficialismo por orden de Máximo Kirchner, podría alcanzar a unas 15 mil personas.

“Basándonos, solamente en lo que es el impuesto a los bienes personales y teniendo en cuenta los datos del 2017, estamos hablando de alrededor de 15 mil personas”, indicó, lo que representa “un 0,03% de la población argentina”, remarcó la legisladora.

La oficialista afirmó que todavía no está definida la alícuota, pero “en el escenario más conservador, con una alícuota del 1%, se recaudarían 800 millones de dólares”. “Con esa mínima de 1% se podría incrementar en un 50% la asistencia prevista para las provincias en el marco de la crisis del coronavirus”, señaló.

En declaraciones a FM La Patriada, la economista consideró “razonable” que quienes “tienen los activos exteriorizados, que es algo que genera enormes perjuicios para el desenvolvimiento de nuestra economía, deberían tener una alícuota diferencial”.

Proyectando una escala de alícuotas del 1% al 3%, de acuerdo al patrimonio, y duplicando ese porcentaje para quienes tienen los activos en el exterior, esa recaudación “nos permitiría duplicar la asistencia que está prevista para las provincias” además “135 mil millones para el Estado Nacional”, que podría destinar a otras políticas.

En otro tramo, Vallejos resaltó que “entre 2015 y 2019 (durante el gobierno de Mauricio Macri), la brecha de ingresos escaló de 16 a 21 veces”. “Eso quiere decir que el 10% más rico de la población se apropió en ese período de 5 puntos porcentuales extra sobre el ingreso nacional, la torta de lo que produce Argentina, y esto nos da una pauta de quiénes están en mejores condiciones en Argentina para hacer un aporte excepcional”.

La diputada también ratificó que “el proyecto está en fase de preparación, de debate, de intercambio de ideas, y seguramente a finales de esta semana esté terminado”.

En la previa de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, presente el plan de reestructuración de la deuda -previsto para el 31 de marzo-, la diputada nacional Fernanda Vallejos consideró que hay que “suspender el pago de las deudas soberanas de las naciones y buscar una solución integral”.

En medio de la crisis de la economía mundial a raíz de la aparición del coronavirus, la presidente de la Comisión de Finanzas sostuvo que “el problema de la deuda, que golpea al conjunto de los países -y especialmente a los periféricos-, debe ser repensado integralmente”.

“Como debe ser repensada una ingeniería financiera que sostiene la apropiación y el ocultamiento de las riquezas de las naciones en guaridas fiscales”, agregó.

La legisladora del Frente de Todos resaltó que “pueblos y gobiernos estamos dando, en todo el mundo, una batalla por la vida. Ningún otro bien o valor puede estar por encima de ella. La necesidad de suspender el pago de deudas soberanas debe ser motivo de unidad entre los países y un acto de responsabilidad de los acreedores”.

En declaraciones al diario Clarín, Vallejos expresó que “necesitamos una solución definitiva al problema de la deuda, incluida la del FMI, como ya se ha hecho frente a situaciones excepcionales de guerras y catástrofes. Y la recuperación de la riqueza fugada, incluyendo un punto final a la existencia de ‘paraísos’ fiscales”.

Tras la aprobación en Diputados del proyecto de ley que modifica el régimen especial de jubilaciones del Poder Judicial y diplomáticos, la diputada nacional Fernanda Vallejos sostuvo que “necesitamos cuidar nuestro sistema previsional público y solidario, tan apetecido por los fondos financieros internacionales, que ansían la privatización de los fondos de los trabajadores y de los jubilados, que rescatamos de la estafa de las AFJP”.

“Estamos en una economía en emergencia, los que hoy no se sentaron a dar quórum y luego se retiraron en medio de un acting bochornoso, dejaron un país con 40% de pobreza, dos dígitos de desocupación, una sociedad dolorosamente desigual y una deuda monstruosa”, sostuvo la diputada.

“No se escandalizaron cuando su gobierno destruía la economía y desfinanciaba el sistema previsional, mientras derrumbaba las jubilaciones y les quitaba los remedios a nuestros adultos mayores -continuó-. Pero se escandalizan hoy, cuando se trata de eliminar privilegios. Privilegios inaceptables para una sociedad lastimada, que exige de todos un aporte. Los jueces no pueden estar al margen”, amplió la legisladora.

La presidenta de la Comisión de Finanzas de Diputados, Fernanda Vallejos, destacó el pronunciamiento del Fondo Monetario Internacional en torno a la deuda argentina, pero reclamó de ese organismo una quita, tal cual propuso desde Cuba hace dos semanas la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Justificó su postura la economista en que entre junio de 2018 y noviembre de 2019, la totalidad de los desembolsos del préstamo del organismo se fugaron de la economía argentina, a pesar de que su estatuto lo prohíbe.

“El FMI reconoció lo que sabemos desde el momento mismo que se firmó el acuerdo: la deuda de la Argentina es insostenible”, afirmó la diputada, tras el comunicado que emitió el FMI, donde sostiene que la deuda que dejó el Gobierno de Mauricio Macri “no es sostenible”, en concordancia con la posición que venía adoptando el gobierno.

El comunicado del organismo financiero fue luego de la visita de la misión técnica en Buenos Aires, donde sus representantes analizaron el plan económico argentino. “Compartimos el objetivo general de las autoridades de restablecer el crecimiento y reducir la pobreza, y al mismo tiempo fortalecer los equilibrios fiscal y externo”, señalaron.

El Gobierno recibió con beneplácito el comunicado, ya que insta a los tenedores privados a hacer concesiones. El presidente Alberto Fernández celebró que “el FMI reconozca la posición argentina respecto de los procesos de endeudamiento”. El mensaje del Fondo, en tanto, considera que “se requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados”. El Gobierno apunta a restaurar el pago de la sostenibilidad de la deuda por su alto volumen, los apretados calendarios de vencimientos entre 2020 y 2023, y a mejorar los plazos, montos y/o tasas.

En este sentido, la diputada Fernanda Vallejos sostuvo que “el reconocimiento de lo que es una realidad inobjetable con los números a la vista, implicó que el FMI reclame una contribución significativa, es decir, una quita importante de los tenedores privados”.

Para la economista, “la crisis de la deuda fue producto del modelo económico anterior”. Según datos de Proyecto Económico, equipo técnico que conduce Vallejos, la deuda externa pública, que era del 10% del PBI en 2015, ascendió en 2019 hasta el 45%. En ese mismo año, el Gobierno destinó el 20% de los recursos presupuestarios a pagar intereses de la deuda. Esto en el marco de un fin de ciclo con 3 de 4 años en recesión, una caída de 34% de PBI per cápita, 20.000 empresas extintas, dos dígitos de desocupación, la inflación más alta en 28 años y 40% de pobres.

Vallejos sostiene que buena parte del acuerdo con el FMI por US$ 57.000 millones -de los cuales se desembolsaron US$ 44.500 millones-, se fugaron de la economía argentina, a pesar de que el artículo VI de su estatuto lo prohíbe. Entre junio de 2018, cuando ingresó el primer desembolso, y noviembre de 2019, se fugaron US$ 40.650 millones en Formación de Activos Externos y US$ 10.150 millones por salida de capitales especulativos, según el Banco Central. “Son US$ 6.000 millones más que la totalidad de los desembolsos del organismo”, apuntó Vallejos.

“La conclusión de esto es clara: la ‘contribución apreciable’ también tiene que hacerla el FMI, porque ese organismo es co-responsable de la crisis de deuda y de la crisis económica que hoy sufre nuestro país, y que también reconocen en el comunicado”, aseveró Vallejos.

De cara a lo que viene en el curso de las negociaciones, el ministro Martín Guzmán se reunirá con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en el marco de la reunión de ministros de Finanzas del G20, con el fin de “definir los próximos pasos de la relación entre el FMI y la República Argentina”, concluyó el organismo en su comunicado.

La diputada nacional Fernanda Vallejos consideró este jueves que el ministro de Economía, Martín Guzmán, dejó “muchas precisiones” y “tuvo definiciones transcendentes” durante su exposición en la Cámara baja sobre la renegociación de la deuda externa.

La oficialista destacó que “fue una presentación muy significativa, un hecho casi inédito, que no ocurría desde el año 1995” y “una explicación cargada de contenido y muy robusta conceptualmente”.

“El ministro realmente capturó la atención de todos los sectores, con mucho respeto y mucho interés”, sostuvo. Consultada en radio AM950 por la postura de Juntos por el Cambio, que aseguró haberse quedado con “gusto a poco”, la legisladora dijo: “Es más una pose política, que tiene que ver con el lugar de oposición que ocupan, pero la verdad que no se condice con lo que ocurrió durante la exposición del ministro, ni tampoco con la historia presente que tenemos los argentinos”.

En ese sentido, la presidenta de la Comisión de Finanzas criticó que durante el gobierno anterior “el Congreso estuvo completamente ausente”. “Nos cansamos de reclamar al Poder Ejecutivo que le diera intervención al Parlamento en torno a la deuda externa”, enfatizó y señaló que el expresidente Mauricio Macri “avanzó de manera unilateral” con el endeudamiento.

“Reclamar lo que está absolutamente lejos de lo que se hizo no tiene mucho tino”, afirmó la economista, que insistió con que “el ministro dio muchas precisiones y tuvo definiciones muy transcendentes”.

Vallejos resaltó que Guzmán habló de “la necesidad de construir un nuevo sendero fiscal”, explicó “el fracaso de la política tributaria durante el gobierno anterior” y “el fracaso de los acuerdos con el FMI”. Además, el funcionario “mencionó la necesidad de robustecer el sector externo de nuestra economía y fortalecer el perfil comercial”.

“Habló de sostenibilidad y razonabilidad, que son principios fundamentales que la Argentina lleva justamente a la mesa de negociación con los acreedores externos y el FMI”, continuó y valoró que el titular de la cartera económica haya pedido constituir la Bicameral de Seguimiento de la Deuda para “investigar qué es lo que ha ocurrido con este proceso de endeudamiento”.

También, la diputada subrayó que expresó “la importancia del rol del Congreso en esta etapa que sigue para instrumentar las herramientas necesarias para que efectivamente estos procesos no se vuelvan a dar en Argentina”.

El presidente del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, respondió a los tuits y declaraciones de la presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara baja, Fernanda Vallejos, que reclamó investigar la deuda contraída por Cambiemos durante su gestión de gobierno.

El diputado Negri salió al cruce de Vallejos a través de una serie de tuits en los que replicó: “No se hagan los rulos: su relato no quedará en pie, los números serán lapidarios para el kirchnerismo, que pretende hacer creer que la deuda es hija de los últimos 4 años”.

1) JxC pidió por la Bicameral de Seguimiento de la Deuda por escrito y en la última sesión.
2) No se hagan los rulos: su relato no quedara en pie, los números serán lapidarios para el kirchnerismo, que pretende hacer creer que la deuda es hija de los últimos 4 años (abro hilo) https://t.co/4syrdvbJ6H

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) February 2, 2020

“El kirchnerismo contribuyó en forma decisiva en la década perdida, en el incremento de la deuda, con tasas descomunales con Venezuela, pagos sobredimensionados al Club de París, la oscura historia de Aerolíneas y el vaciamiento del Banco Central entre otras cosas”, expresó el presidente del interbloque Juntos por el Cambio.

Negri concluyó señalando: “Es tan bueno saber qué se hace ahora con la deuda como conocer la verdadera responsabilidad de cada uno”.

Ante ello, la diputada Vallejos respondió también por Twitter: “Estoy muy de acuerdo con usted, diputado. Investiguemos juntos. El pueblo merece y debe conocer la verdad sobre la evolución y condiciones de contratación de la deuda, así como las responsabilidades sobre la misma”.

El Congreso de la Nación dio el primer paso para investigar todo lo hecho por la administración Cambiemos en materia de deuda externa entre fines de 2015 y 2019.

En sintonía con un pedido que verbalizó Máximo Kirchner, la presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara baja, Fernanda Vallejos, solicitó la conformación de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa.

“Es de nuestro máximo interés poner en funcionamiento la comisión bicameral de control de la deuda, para que la sociedad sepa que pasó, cómo llegamos hasta acá, y que esta discusión que estamos teniendo y esta necesidad de volver a reestructurar una deuda no se repita nunca más”, puntualizó Vallejos en un mensaje público que hizo a través de la red social Twitter.

"Es de nuestro máximo interés poner en funcionamiento la comisión bicameral de control de la deuda, para que la sociedad sepa que pasó, cómo llegamos hasta acá, y que esta discusión que estamos teniendo y esta necesidad de volver a reestructurar una deuda no se repita nunca más" pic.twitter.com/Oz1j99qYqj

— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) February 2, 2020

En efecto, mientras se discutía el proyecto de ley para darle un marco que permita garantizar la sustentabilidad del pago de la deuda, el titular del bloque oficialista, Máximo Kirchner, adelantó que “estoy muy de acuerdo con que la Bicameral de la deuda se ponga en marcha, cuando quieran la ponemos en marcha para saber cómo fue el proceso de endeudamiento y la trazabilidad de la deuda para saber cómo funciona la economía en la Argentina”.

De acuerdo con un trabajo de Proyecto Económico, en base a datos oficiales, la deuda pública externa “pasó de representar menos del 14% del PBI en 2015 (contabilizando la deuda pendiente de reestructuración) a superar el 45% en 2019, con lo cual la deuda externa pública, como porcentaje del producto, más se triplicó en un plazo de cuatro años”. El mismo informe advierte que la deuda emitida bajo legislación extranjera representaba en 2015 el 24,5%, y saltó al 44,2% en 2019. Otro dato llamativo es que, a consecuencia del acuerdo que el entonces presidente Mauricio Macri selló en marzo de 2018 con el FMI, la deuda con organismos financieros internacionales trepó a más del 21% del PBI en 2019, cuando en 2015 sólo representaba el 6% del PBI.

En el plano judicial, el presidente Mauricio Macri, el exministro de Economía Nicolás Dujovne y el extitular del  Banco Central Guido Sandleris, fueron denunciados en diciembre de 2019 por presuntas irregularidades al contraer el acuerdo con el FMI. La denuncia fue presentada en el juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 2 a cargo del juez Sebastián Roberto Ramos por el exdiputado nacional y actual director del Banco Nación Claudio Lozano y Jonathan Emanuel Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Los denunciantes entienden que los exfuncionarios podrían haber cometido los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y administración fraudulenta contra administración pública”.

Antes, cuando se habilitó la venta de dólares provenientes de los desembolsos del FMI en el mercado de cambios, la misma Vallejos también radicó en marzo de 2019 una denuncia penal en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7 contra Macri, Dujovne y el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña. De acuerdo a la denuncia presentada en el juzgado de Sebastián Casanello, el acuerdo con el FMI constituyó un hecho de “administración fraudulenta contra la administración pública, violación de deberes de deberes de funcionario público y abuso de autoridad”. En su desarrollo, la denuncia judicial de Vallejos alertó que “el acuerdo con el Fondo apunta a sostener la fuga de divisas y pone al país en riesgo de cesación de pagos por el tamaño de la deuda pública generada”.